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El mandatario mexicano aseguró que “se tienen todas las pruebas, cuando se me informó de cómo se habían realizado estos hechos, el informe que está en Internet hay que leerlo, habla de los responsables y hay una relatoría de todo lo que va sucediendo, día con día, quiénes intervienen y en ese informe la comisión menciona los nombres de los responsables».
El presunto líder criminal fue detenido hace cuatro años como parte del cumplimiento a una orden de detención provisional con fines de extradición.
Murillo Karam fue quien calificó como “verdad histórica” su versión de los hechos: que los jóvenes normalistas fueron capturados por policías locales y entregados a criminales, y que éstos los mataron, los quemaron a todos en una gran hoguera en un basurero y arrojaron los restos a un río.
Jesús Murillo Karam es acusado por los delitos de tortura, contra la administración de la justicia y hasta de desaparición forzada por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En la audiencia de este sábado, el Juez determinará si fue legal la detención que realizó la FGR, con base en una orden de aprehensión por presunta responsabilidades en los delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia.
La FGR no sólo concedió a Robles Berlanga la solicitud para irse a su casa por razones de edad y enfermedad, sino que tampoco ejecutó contra la exfuncionaria la orden de aprehensión que obtuvo por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada que también le imputa.
Jesús Murillo Karam, padre de la “verdad histórica” en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” y extitular de la PGR en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue detenido el viernes en la Ciudad de México, acusado de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso Ayotzinapa.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó este viernes su respeto ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó la orden de aprehensión en contra del Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por lavado de dinero y delincuencia organizada.
La detención ocurrió tras el reporte de un convoy armado en la localidad de Tiamba en Uruapan, Michoacán; fueron decomisadas 182 armas de distintos calibres, dos granadas, dos lanzagranadas y 24 vehículos.
Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que judicializará el delito contra el dueño de la mina “El Pinabete” tras el derrumbe donde quedaron atrapados 10 trabajadores mineros, la Organización de Familiares de Pasta de Conchos manifestó que también estas acciones deben ir contra todo el círculo que permitía la operación.
La FGR informó que buscará vincular penalmente a un hombre llamado Cristian Solís como presunto responsable de la dirección, administración y la explotación ilícita de la mina de carbón en Sabinas. Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una audiencia para imputar el delito de explotación ilícita […]
El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado este jueves a esperar los resultados de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre las denuncias en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por presuntos actos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La Ministra Margarita Ríos-Farjat explicó que con la sentencia aprobada este día en la Primera Sala de la Suprema Corte, por una doble desaparición forzada ocurrida hace 15 años en Oaxaca, la Fiscalía General de la República tendrá que solicitarle a la Comisión Nacional de Búsqueda que integre una comisión multidisciplinaria para indagar todo lo posible en la localización de estas personas.
La exdirigente del PRI, Dulce María Sauri Riancho, habló con SinEmbargo Al Aire sobre la situación política que hay detrás de la elección del Estado de México, consideró que la investigación contra Enrique Peña Nieto “tiene un tufo” a este proceso electoral y al tiempo señaló cómo la oposición debe ir en bloque en esta entidad.
De acuerdo con un oficio al que Milenio tuvo acceso, el agente del Ministerio Público refirió que la información obtenida del priista era necesaria «para estar en posibilidad de contar con todos los elementos que permitan el esclarecimiento de los hechos que dieron origen a la indagatoria».
Las autoridades fiscalizadoras destacaron que revisarán si los trabajadores estaban registrados en el IMSS; la concesión para la explotación del carbón; y las inspecciones que se hayan realizado por parte de la Secretaría del Trabajo previas al derrumbe que dejó 10 mineros atrapados.