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Los padres de los 43 piden pruebas irrefutables sobre la muerte de los normalistas

viernes, agosto 26th, 2022

La detención del exprocurador Jesús Murillo Karam representa para los padres un avance en el camino del acceso a la justicia porque reconoce lo que ellos dijeron desde un principio y les dio la razón: que la versión ofrecida por el Gobierno de Peña Nieto era una gran mentira.

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- La oscuridad aún continúa para los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos a casi ocho años y a pesar del nuevo informe de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa (CoVAJ), mismo que aceptaron, pero bajo reserva, pues indicaron que no aceptarán indicios o la hipótesis de que sus hijos fueron asesinados, si no les muestran pruebas irrefutables.

“A pesar de las inclemencias del tiempo, nosotros los padres, mientras no tengamos verdad saldremos a las calles. […] A casi ocho años hemos sufrido tragos amargos y llorado lágrimas de sangre por la desaparición de nuestros hijos. La oscuridad continúa, el alba no aparece en el horizonte. Es como si se hubiese detenido esa noche lluviosa y oscura del 26 de septiembre”, indicó la señora Hilda Legideño Vargas, mamá de Jorge Antonio Tizapa Legideño, al leer el posicionamiento conjunto.

La lluvia arreció esta tarde de viernes mientras se desarrollaba la marcha de la Acción Global por Ayotzinapa sobre el Paseo de la Reforma. El contingente caminó con pancartas y consignas de exigencia para el esclarecimiento del caso, justicia y que todos los implicados —no sólo en la desaparición forzada, sino en la construcción de la mal llamada “verdad histórica”— sean llamados a rendir cuentas.

Este viernes, a un mes de que se cumplan ocho años de la desaparición de los 43 normalistas, los padres de los jóvenes salieron a marchar en la Ciudad de México. Foto: Romina Gándara, SinEmbargo.

Los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa reiteraron su postura de que no aceptarán sólo indicios de que sus hijos están muertos si el Gobierno no les presenta pruebas científicas e irrefutables del paradero de los normalistas.

“Las madres y los padres necesitamos pruebas científicas indudables del destino de nuestros hijos. No podemos irnos a casa con los indicios preliminares que no aclaran a cabalidad donde están y qué pasó con ellos”, señalaron.

El reciente informe de la CoVAJ ha sido relevante para los padres, indicaron, pues tiene elementos positivos que ayudarán al conocimiento de la verdad y a obtener justicia.

Entre los aspectos que reconocieron y aplaudieron está el reconocimiento por parte de Gobierno de que los hechos acontecidos la noche del 26 de septiembre y madrugada del 27 de septiembre de 2017 se trataron de un crimen de Estado.

“El reconocimiento es significativo ya que evidencia que diversas entidades estatales participaron en la desaparición de nuestros hijos y que deberán ser investigadas y sancionadas […] Los hechos de Ayotzinapa fueron complejos. Se desarrollaron en varios lugares porque fue una agresión de gran magnitud que implicó la participación de diversas corporaciones estatales y grupos delictivos que les permitieron controlar y dirigir la agresión cobarde contra nuestros hijos”, dijeron.

Hoy marcharon para pedir el esclarecimiento del caso. Foto: Romina Gándara

No obstante, no todo está dicho, ni aclarado y aún falta un largo camino por recorrer para los padres, aclararon.

Emiliano Navarrete, padre de José Ángel destacó que mientras no haya evidencias sólidas, mientras no les pongan en la mesa a ellos las pruebas científicas e irrefutables de los hechos, ellos no pueden aceptar una versión preliminar.

El padre también cuestionó que hasta el momento solo el exprocurador Jesús Murillo Karam sea el único enjuiciado y demandó que los demás involucrados, principalmente altos mandos del Ejército y el expresidente Enrique Peña Nieto, rindan cuentas ante la justicia.

“¿Por qué no han tocado a Enrique Peña Nieto a Salvador Cienfuegos? Tantos personajes políticos de alto nivel involucrados, pero ¿Y Peña Nieto? Claro que él también fue partícipe y colaboró por acción u omisión”, dijo el hombre.

Emiliano recordó que Peña Nieto se burló de los padres al decir que los jóvenes estaban muertos. “A mí me sigue dando coraje este tipo tan despreciable que se burló de nuestro dolor y miren donde está viviendo ahora. ¿Vive en México? No. Roban y se van; y son aceptados en otro país”

Emiliano Navarrete, padre de José Ángel. Foto: Romina Gándara, SinEmbargo.

El padre de José Ángel Navarrete insistió en entrevista con medios de comunicación que ellos seguirán en la lucha social y que no descansarán hasta saber qué pasó exactamente con sus hijos y, sobre todo, dónde están.

—Pero, ¿está consciente que al ser algo tan difícil podrían quizá nunca saberlo? —le preguntó un periodista.

—Si no hay paz para nosotros, no habrá paz para el Gobierno —dijo el hombre.

Por su parte, Clemente Rodríguez Morena, papá de Cristian Rodríguez Telumbre, también destacó que él necesita respuestas concretas y claras para saber qué ocurrió con su hijo y dónde está. Su hijo es uno de los tres estudiantes de los cuales ya encontraron un resto y este fue identificado con el estudio de ADN realizado en la Universidad de Innsbruck.

Sin embargo, para Clemente eso no es prueba suficiente y pidió que su hijo sea entregado completo, es decir, todo su cuerpo.

“Ese día que me dan la noticia de mi hijo Cristian, del fragmentito, ellos hablaban de restos. Pero yo les digo ‘dónde están los restos?’ Yo no me puedo quedar satisfecho con un fragmentito, yo para poder aceptar, quiero el cuerpo completo porque a mi hijo le pueden cortar una pierna, me pueden cortar un brazo y la esperanza no me la pueden quitar”, recordó.

Don Clemente coincidió con los demás padres que el reciente informe de la CoVAJ es un avance porque el Gobierno mexicano ya aceptó que participó el Estado.

“A mí parecer, desde mi punto de vista, queda uno satisfecho que el caso no diera carpetazo, que las investigaciones siguen, entonces esperemos que pronto las investigaciones avancen porque ya se van a cumplir 8 años y más que nada el Gobierno mexicano ya va de salida”, dijo.

Uno de los contingentes alistándose para la marcha. Foto: Romina Gándara, SinEmbargo.

Sin embargo, el padre coincidió en que aún faltan investigaciones y procesar a más culpables.

“Se habla de ciertos funcionarios que van a detener, pero que aporten más información, a lo que nosotros nos importa es dónde están los jóvenes y lo dije yo como padre de familia y la consigna va a ser esa, que, así como se los llevaron vivos así los queremos, la fe mueve montañas y pues el Gobierno mexicano debe de seguir todas las líneas de investigación”, expresó.

La detención del exprocurador Jesús Murillo Karam representa para los padres un avance en el camino del acceso a la justicia porque reconoce lo que ellos dijeron desde un principio y les dio la razón: que la versión ofrecida por el Gobierno de Peña Nieto era una gran mentira.

“Murillo Karam condujo una investigación turbia, irregular, plagada de tortura, manipulación y siembra de pruebas construyendo así una mentira que impidió saber el paradero de nuestros hijos. De haberse explorado otras líneas de investigación a escasos días de la desaparición el éxito de saber su paradero pudo haber sido más objetivo, sin embargo, la acción criminal y humana de este señor y otros funcionarios lo impidieron. Por ello, es importante no dejar impune la actuación ilegal de tales funcionarios, por lo que estamos pendientes del proceso penal que se le sigue a esta persona”, señalaron en su posicionamiento.

Finalmente reiteraron que seguirán “la exigencia de presentación con vida de los 43. No podemos claudicar en la lucha hasta no tener prueba plena que indique su paradero”.

Las conferencias de Murillo por Ayotzinapa se le revierten: FGR las usa como pruebas

viernes, agosto 26th, 2022

La Fiscalía General de la República ha basado de su acusación en contra de Jesús Murillo Karam, en las conferencias de prensa que dio como Procurador y como principal responsable de la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Curiosamente, la defensa del funcionario del Gobierno Peña Nieto ha empleado la misma evidencia para desestimar los cargos.

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- Las al menos cinco conferencias que Jesús Murillo Karam dio entre octubre de 2014 y enero de 2015 como Procurador General de la República y principal responsable del caso Ayotzinapa forman parte de la evidencia que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó en contra del más alto funcionario del sexenio de Enrique Peña Nieto que hasta ahora ha sido colocado en el asiento de los imputables por la desaparición de los 43 normalistas, ocurrida en septiembre de 2014.

Se trata de las ruedas de prensa ofrecidas los días 6, 7 y 27 de octubre de 2014; la del 7 de noviembre del mismo año y la del 27 de enero del 2015, en la que presentó su “verdad histórica”, así como la reunión conclave celebrada entre altos funcionarios en Iguala, en la que salieron relucir los nombres del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre y el actual Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quienes han rechazado los señalamientos.

La Fiscalía ha basado su acusación en esas conferencias en las que el propio Murillo Karam expuso lo que —para el Ministerio Público— son indicios clave para imputarlo por los delitos de tortura, contra la administración de justicia y desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y mantener abierto el proceso en su contra.

En el mensaje del 6 de octubre, por ejemplo, Murillo Karam anunció que, por instrucción del entonces Presidente, él se haría cargo de la investigación del caso Ayotzinapa y que sería el responsable de resolverlo; en la del 27 de octubre, el entonces funcionario habló de la detención de uno de los hombres que —después se supo— apenas estaba siendo arrestado justo en ese momento. En tanto que en la conferencia del 27 de enero fue cuando presentó la “verdad histórica”, que también ha sido tomada por la Fiscalía como evidencia, sobre todo porque esta versión ha sido derrumbada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y recientemente por la Comisión de la Verdad y Justicia del caso Ayotzinapa.

Las declaraciones de Murillo Karam en estos mensajes públicos han adquirido relevancia en el caso que se sigue en su contra, como advirtió el Presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que el propio exprocurador se había autoincriminado cuando declaró que él y el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio —detenido en Israel en espera de ser extraditado a México— eran los responsables directos de la investigación.

“En el caso del Procurador Murillo Karam, su detención, independientemente de declaraciones de los implicados, él mismo se inculpa, de acuerdo al informe y a la investigación de la Fiscalía [General de la República]… Existe la prueba, es pública, existe la conferencia de prensa, está citando lo que dijo el Procurador: ‘Nosotros somos los responsables’”, expresó López Obrador en su conferencia de prensa matutina del pasado 23 de agosto.

En enero de 2015, Jesús Murillo Karam, entonces Procurador General de la República, participó en la VI reunión plenaria de senadores del PRI y PVEM.

En enero de 2015, Jesús Murillo Karam, entonces Procurador General de la República, es cuando presentó la “verdad histórica”. Foto: Rodolfo Angulo, Cuartoscuro

El peso que la Fiscalía ha dado a las ruedas de prensa también generó que la defensa estableciera en la audiencia del miércoles una estrategia para desestimarlas como elementos de prueba. Los abogados de Murillo Karam argumentaron que no contaban como pruebas porque vulneraban el derecho a la no autoincriminación, porque se trata de declaraciones que no se hicieron frente a un Ministerio Público o ante un Juez, y porque el exprocourador no estaba acompañado de un representante legal.

La Fiscalía defendió las conferencias como elementos probatorios al destacar que no podían considerarse autoincriminatorias porque al momento en que se realizaron el exfuncionario no tenía calidad de indiciado y porque, además, fueron ofrecidas de manera pública y cuando Murillo Karam ostentaba un cargo público.

A pesar de los esfuerzos de los abogados defensores, el Juez de Control Marco Antonio Fuerte Tapia desestimó los argumentos, vinculó a proceso al exfuncionario y lo mantuvo en prisión ante un posible riesgo de fuga. La defensa indicó en ese sentido que buscarán mantener sus argumentos por medio de recursos de amparo.

¿COMO SE VINCULAN LAS CONFERENCIAS A LOS DELITOS?

Los delitos que se le imputan a Murillo Karam están vinculados a la construcción de la “verdad histórica”. La tortura que se le imputa es porque esta versión, señala la Fiscalía, se maquinó a base de la supuesta tortura ejercida a los presuntos sicarios detenidos por la desaparición de los 43 normalistas.

La acusación por la administración en contra la justicia se basa en que se habrían alterado hechos y escenas; y el de desaparición forzada porque a raíz de su “verdad” habría provocado el ocultamiento del paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, mediante una versión falsa para cerrar el caso, lo cual propició que se obstaculizaran investigaciones alternas que permitieran encontrar a los estudiantes .

Para sostener a Murillo Karam como auto material de la verdad histórica y su participación, la Fiscalía presentó ante el Juez al menos tres testimonios clave: el de Bernardo Cano Muñozcano, exsecretario particular del Tomás Zerón de Lucio, quien habría reconocido que él grabó a las cuatro personas que fueron torturadas para que dijeran exactamente lo que las autoridades querían sobre el caso Ayotizinapa; el de Erika Ramírez Ortiz, exministerio Público Federal adscrita a la Unidad Antisecuestros de la PGR, quien testificó que le ordenaron alterar informes y documentos para poder cuadrar y procesar a las personas que habían sido torturadas y fueran presentadas como responsables de la desaparición de los estudiantes; y el testimonio de Mercedes Doretti, integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), a quien Murillo Karam durante un vuelo por el Río de Cocula le habría adelantado que ya tenía a las personas que iban a decir que en ese lugar estaban los restos de los estudiantes.

La Fiscalía basó gran parte de su hipótesis y evidencia contra Murillo Karam en las siguientes conferencias de prensa:

6 de octubre de 2014: En esa conferencia Murillo Karam habría girado órdenes a Tomas Zerón de Lucio, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal y ahora prófugo de la justicia, a actuar con toda la fuera y con todo el peso de la ley.

La Fiscal, Lydia Bustamente, quien estuvo al frente de la parte acusadora desde la audiencia inicial en contra de Murillo Karam, explicó que esas declaraciones evidenciaban que Murillo, al ser el superior de Tomás Zeron, tiene responsabilidad, pues era ilógico pensar que su subordinado cometía actos de tortura.

7 de octubre de 2014: Los representantes de la Fiscalía General de la República señalaron durante la audiencia del sábado que Murillo Karam había organizado una reunión, o “cónclave”, para fraguar la entonces llamada “verdad histórica” sobre el caso Ayotzinapa, que postulaba la incineración de todos los normalistas en el basurero de Cocula.

En la reunión, realizada en Iguala, habrían participado, entre otros, Omar García Harfuch, hoy Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y que en aquel momento era delegado de la extinta Policía Federal en Guerrero, algo que él ha negado.

Jesús Murillo Karam se encuentra en prisión preventiva en el Reclusorio Norte. Foto: Cuartoscuro.

27 de octubre de 2014:  Jesús Murillo Karam, entonces Procurador General de la República y Tomás Zerón de Lucio, entonces Director en Jefe de la AIC, realizaron la conferencia de prensa a las 16:00 horas informando que habían detenido a 4 integrantes del grupo Guerreros Unidos y que eran las primeras detenciones que realizaban de quienes habían confesado que participaron en la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos, incluyendo la historia del basurero de Cocula y el Río San Juan.

La Fiscalía resaltó que eso cobraba especial relevancia pues en ese momento, los detenidos ni siquiera habían sido puestos a disposición de la PGR, ni habían declarado, por lo que estaban informando sobre hechos que, al menos en el expediente, aún no habían ocurrido.

Además, la Fiscalía citó la declaración de una testigo protegida a la que sólo identificó como Ericka, quien testificó que previo a esa conferencia en las instalaciones de la SEIDO, vio que llegaron los detenidos y que sus superiores estaban nerviosos porque no sabían como “iban a cuadrar” los delitos. Además, señaló que a ella le pidieron alterar informes y las fechas de la puesta a disposición para que pareciera que los detenidos ya habían sido presentados ante un Juez.

Por su parte, de acuerdo con el Tercer Informe del GIEI,  un día después de esta acción “de la que no existe registro alguno” en la investigación del caso, se llevó a cabo otra diligencia —de la cual sí se tiene constancia—, el 28 de octubre, la cual fue instruida por Murillo Karam y operada por Tomás Zerón de Lucio, quien fue visto “junto a uno de los detenidos que tenía evidentes signos de tortura, y posteriormente algunos peritos de medicina legal, en una diligencia que no constaba en ninguna actuación en el expediente”.

7 de noviembre: En esta rueda de prensa, el entonces Procurador dijo que que no se había dejado “un día sin que haya habido una acción de búsqueda sin que haya habido una acción con el propósito de encontrar a los desaparecidos por parte del Gobierno de la República”, y en la que respondió con un “ya me cansé” a los cuestionamientos de la prensa,

27 de enero del 2015: Fue la primera vez que el extitular de la PGR expuso la “verdad histórica”, según la cual “los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al Río San Juan, en ese orden. Esa es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia como se muestra en el expediente”.

Ahora, a siete años de esa construcción sobre los sucesos ocurridos en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, Jesús Murillo Karam enfrenta a la justicia, con sus propias palabras empleadas en su contra.

Murillo Karam defendió una mentira histórica, no es una víctima: Epigmenio Ibarra

jueves, agosto 25th, 2022

Epigmenio Ibarra indicó que Jesús Murillo Karam no es el único funcionario que debe ser juzgado por el caso Ayotzinapa. Personajes como el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong tuvieron una participación directa en los hechos, señaló.

Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- El exprocurador Jesús Murillo Karam “no es una víctima, sino un victimario” que impidió que se conociera la verdad sobre los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, afirmó el productor y periodista Epigmenio Ibarra.

“Murillo Karam no es una víctima, es un victimario, no es un perseguido, es el hombre que impidió la persecución de los criminales, e impidió, no solamente que se conociera la verdad, es corresponsable directo, junto a Enrique Peña nieto, de la suerte corrida por los 43 estudiantes de Ayotzinapa”, dijo Ibarra en entrevista con Álvaro Delgado en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

El productor televisivo indicó que Murillo Karam no puede ser considerado una víctima de persecución política, pues él fue uno de los principales actores de la llamada “verdad histórica”.

“Hacer justicia se le llama persecución y liberar culpables se le llama justicia, en el mundo al revés de la oposición en México los criminales son perseguidos y a los criminales liberales se les ha hecho justicia. Lo político es la argumentación en sentido contrario, lo político fue la toma de posesión de la prensa, de los columnistas, de los intelectuales orgánicos a favor del régimen defendiendo la mentira histórica”, comentó.

Jesús Murillo Karam, entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), en una conferencia de prensa de diciembre de 2014.

Jesús Murillo Karam, entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), en una conferencia de prensa de diciembre de 2014. Foto: Guillermo Perea, Cuartoscuro

El pasado 24 de agosto, el Juez de Control Marco Antonio Tapia determinó que el exprocurador Jesús Murillo Karam permanecerá en prisión.

Al exfuncionario de Enrique Peña Nieto se le vinculó a proceso por los delitos contra la administración de justicia, tortura y desaparición Forzada —reclasificado con base en el Código Penal Federal— en el caso de los normalistas de Ayotzinapa, ocurrido en septiembre de 2014.

El priista Jesús Murillo Karam, padre de la “verdad histórica” en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” y extitular de la Procuraduría General de la República (PGR) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue detenido la tarde del pasado 19 de agosto por la Fiscalía General de la República (FGR), justo un día después de que se presentara el Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.

En 2014, el exfuncionario calificó como “verdad histórica” su versión de los hechos: que los jóvenes fueron capturados por policías locales y entregados a criminales y que éstos los mataron, los quemaron en un basurero y arrojaron sus restos a un río.

El ex Presidente Enrique Peña Nieto y Jesús Murillo Karam, quien se desempeñó como encargado de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) cuando desaparecieron los 43 jóvenes. Foto: Adolfo Vladimir, Cuartoscuro

Epigmenio Ibarra indicó que Jesús Murillo Karam no es el único funcionario que debe ser juzgado por el caso Ayotzinapa, pues dijo, personajes como el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong tuvieron una participación directa en los hechos.

“Murillo Karam es un hombre que con Peña Nieto, Osorio Chong, el director del CISEN y todos los que estaban involucrados diseñó una operación de encubrimiento, de distorsión de los hechos, de obstrucción de la justicia que permitió que se consumara el objetivo final de los criminales, borrar de la faz de la tierra todo rastro de los 43 para que no fueran bandera, para que no se aglutinara en torno a ellos el malestar popular”.

Finalmente, el periodista indicó que las autoridades se empeñaron en ocultar a como diese lugar los cuerpos de los restos para evitar una manifestación masiva.

“La finalidad del régimen era negar los restos, lo de los ataúdes es absolutamente relevante, imagínate una manifestación con 43 ataúdes, se cae Peña”.

La FGR solicitó un plazo de seis meses para el cierre de investigación al señalar lo complejo del caso. No obstante, la defensa de Murillo Karam indicó que le parecía excesivo el tiempo, en vista de que la medida cautelar era privativa de la libertad para su representado. Finalmente se estableció un tiempo de 90 días naturales.

CRÓNICA | Cabizbajo y aferrado a la ‘verdad histórica’, Murillo encaró su audiencia

jueves, agosto 25th, 2022

El exprocurador Jesús Murillo Karam es la máxima autoridad hasta el moment0 que ha sido presentada ante el juez y que enfrenta en la cárcel las acusaciones por la “verdad histórica” y por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- Sentado, con los hombros hacia delante y cabizbajo. Así escuchó el exprocurador Jesús Murillo Karam los intentos de sus defensores, primero, para que no lo vincularan a proceso y, después, para que no le impusieran prisión preventiva como medida cautelar. La derrota se dibujó en el rostro del exfuncionario en la audiencia de ayer en el Reclusorio Norte: se tapó la cara y la dejó caer sobre sus manos, las cuales mantuvo casi todo el tiempo en los bolsillos de su chamarra color beige, que portaba junto con un pantalón cargo del mismo color; el que usan los internos del penal. La defensa no logró ninguna de sus dos cometidos y el padre de la llamada “verdad histórica”, a la que se aferró y defendió ayer, permanecerá en prisión por su papel frente al caso Ayotzinapa.

“Los datos de prueba son razonables. […] Sí es razonable la hipótesis de la Fiscalía”, dijo el Juez Fuerte Tapia al concluir que los indicios presentados por los fiscales y los abogados coadyuvantes fueron pertinentes, idóneos y lícitos y eran suficientes para la vinculación a proceso del exfuncionario.

El exprocurador enfrentará la investigación de su proceso penal dentro del Reclusorio Norte cuando menos tres meses, así lo dice la medida cautelar que este miércoles reafirmó el Juez de Control Marco Antonio Fuerte Tapia después de casi 12 horas de audiencia en los juzgados federales que se encuentran al lado del penal.

La relación entre Peña Nieto y Murillo es importante y crucial para ambos. Foto: Cuartoscuro.

Inicialmente la Fiscalía había solicitado seis meses como plazo para el cierre de la investigación, pues dijo que necesitaba tiempo suficiente debido a la complejidad del caso y porque debía de allegarse de más pruebas, como solicitar la bitácora de vuelos de Murillo Karam cuando visitó el basurero de Cocula, registros telefónicos de cuando fue Procurador así como el testimonio de personas que señalaron haberlo visto en el lugar de los hechos entre otros.

La defensa argumentó que era excesivo ese tiempo, en vista de que a su representado le habían impuesto privación de la libertad como medida. La Fiscalía no debatió la solicitud de la defensa. Esa fue su única batalla ganada: el juez determinó 90 días naturales como periodo de investigación.

“El justiciable”, así se referían a él como imputado de los delitos de tortura en contra de cuatro personas y desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, ambos en calidad de autor material, así como el delito contra la administración de justicia, éste último por ser el que artífice de la llamada “verdad histórica”.

El riesgo de que abandone el país y de que pueda obstaculizar el proceso quedaron sentados desde la primera audiencia y confirmados en la vinculación como la justificación para imponerle prisión.

También se dio a conocer que junto a las cinco propiedades que tiene repartidas en Ciudad de México, Hidalgo y Guerrero, hay una más que no estaba en el radar de la Fiscalía: un departamento ubicado en la calle Edgar Allan Poe en Polanco, una de las zonas exclusivas de la Ciudad de México.

Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega, experto en medidas cautelares citado por la defensa como “prueba de descargo”, trató de disuadir al Juez diciendo que Murillo Karam era un hombre de prestigio, respetable, con arraigo familiar y que quería mucho a sus dos perritos.

Además, dijo que el exprocurador tiene gastos que oscilan entre los 80 mil a 120 mil pesos y que “vive de sus ahorros, de sus rentas e inversiones”. Y aunque esa información fue presentada por la defensa, la Fiscalía la utilizó para reafirmar las condiciones económicas y facilidades que tiene el acusado para huir del país.

El experto citado por la defensa trató de disuadir al Juez diciendo que Murillo Karam era un hombre de prestigio, respetable, con arraigo familiar y que quería mucho a sus dos perritos. Foto: Rodolfo Angulo, Cuartoscuro

El debate de la audiencia se centró, en buena parte, en dos temas: en la pertinencia de considerar las ruedas que ofreció Murillo Karam, notas de prensa donde reconoció que estaba a cargo de la investigación del caso Ayotzinapa y en la temporalidad de los delitos de desaparición forzada y tortura.

La defensa de Murillo, integrada por los abogados José Javier López García, Antonio López y Alba Vázquez, trató de derrumbar las acusaciones, primero señalando que las conferencias no podían ser utilizadas como indicio, bajo el argumento de que tenía derecho a la no autoincriminación, y segundo, al indicar que el delito de tortura y desaparición forzada habían prescrito.

La parte acusadora, integrada por las fiscales Lidia Bustamante Vargas y Daniela Aguirre, asesoradas por los abogados coadyuvantes, Daniela Aguirre, representante de las víctimas de tortura, y Santiago Aguirre, representante de los padres de los 43, refutó y derrumbó con argumentos sólidos los dichos por los abogados defensores.

El Juez les dio la razón a los fiscales: “Hay indicios que corroboran estos hechos”.

Las ruedas de prensa Jesús Murillo Karam, fue uno de los principales elementos que ahora lo hundieron. Foto; Cuartocscuro

Al lado, en una sala contigua, se encontraba la madre de uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa acompañada por el abogado de las familias, Vidulfo Rosales. Al final, la mujer confrontó al exfuncionario.

“Necesito exigir a Murillo que se haga justicia. Queremos la verdad y saber dónde están nuestros hijos. ¿A dónde los dejó?”, expresó la madre al final de la audiencia confrontando a Murillo Karam, quien en la sesión de ayer defendió su “verdad histórica”.

“Desde hace siete, ocho años han buscado alternativas, han inventado muchas y todas se caen. Hubo restos encontrados, sí, en la Barranca (de la Carnicería) y en el camino. Podemos aceptar algunos errores, pudo haber fallas, problemas y aceptar cosas que se hicieron mal, pero no la han podido tirar”, expresó a mitad de la audiencia, tiempo en el que ya tenía su mascarilla en la barbilla.

La defensa ha alegado que el exprocurador padece enfermedades crónico degenerativas y por ello pidió que llevara su proceso en libertad, sólo entregando el pasaporte y con una firma periódica, lo cual fue rechazado.

La “verdad histórica” fue uno de los ejes torales de la Fiscalía, pues eso permitió que Murillo Karam, aunque no haya participado de manera directa en la desaparición de los estudiantes, sí contribuyó a la misma al crear “dolosamente” una versión falsa para cerrar el caso, lo que provocó el ocultamiento del paradero de los jóvenes, porque el desvió de la investigación no permitió otras líneas alternas que permitieran conocer la verdad y dar con el paradero de los estudiantes.

Al salir de los juzgados, José Javier López García, abogado del exprocurador y que también ha representado a Juan Collado, dijo en entrevista que van a analizar “a la luz de la calma” si interponen un recurso de amparo.

Los abogados defensores no se veían contentos con la determinación del Juzgador, pues incluso uno de ellos, Antonio López, fue apercibido por el juez y regañado por la forma en la que expuso su argumentación en la que insistía que Murillo Karam, presuntamente no debía ser juzgado por el delito de desaparición forzada con la nueva Ley General de Desaparición Forzada, pues los hechos que le atribuían se cometieron entre octubre de 2014 a enero de 2015, antes de la expedición de dicha legislación, que fue en 2017, y eso violentaba el principio de retroactividad, que dice que no puede aplicarse en perjuicio de un gobernado.

Ya en la noche de los juzgados una vez concluida la audiencia y con Murillo Karam en prisión preventiva, Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, pidió que se procese a los demás funcionarios involucrados.

“Vamos a seguir exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos, hasta encontrarlos, hasta saber la verdad y que se castigue a los responsables”.

Murillo Karam defiende su “verdad histórica”: la tratan de tumbar y no pueden, dice

miércoles, agosto 24th, 2022

El Juez Marco Antonio Tapia apercibió al inicio de la audiencia a la defensa de Jesús Murillo Karam luego de que dijera que el exprocurador no puede ser juzgado por el delito de desaparición forzada, por que al hacerlo se aplicaría la Ley de manera retroactiva.

Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).– Jesús Murillo Karam defendió nuevamente su “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa y acusó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de tratar de tumbar su versión, según la cual los 43 normalistas fueron asesinados e incinerados la misma Noche de Iguala, pero no lo han logrado.

“Desde hace siete, ocho años han buscado alternativas, han inventado muchas y todas se caen. Podemos aceptar algunos errores, pudo haber fallas, problemas y aceptar cosas que se hicieron mal, pero no la han podido tirar”, dijo el exprocurador durante la audiencia, en la que se determinará si es vinculado o no a proceso.

Luego de escuchar los argumentos de la defensa y los de la Fiscalía General de la República (FGR), Murillo Karam quiso declarar y, después de consultarlo con sus abogados, insistió en defender su versión de la investigación y acusó no sólo al GIEI, sino a los activistas y representantes de los padres de los 43 normalistas de tratar de desacreditarla.

“Me puedo decir orgulloso de que yo pedí la intervención de este Grupo Interamericano (sic) que participó en absolutamente toda la averiguación. Fueron ellos (el GIEI) quienes escogieron el lugar donde hacer el análisis, el que vigiló, trajo restos y escogió llevarlos a (la Universidad de) Innsbruck”, dijo.

Murillo insistió en que se encontraron restos en la Barranca de la Carnicería, localizada en Cocula, Guerrero, “y en otro lugar”, y aunque reconoció que hubo errores y cosas que se hicieron mal, nadie ha podido ” tirar” su investigación.

El extitular de la Procuraduría General de la República (PGR) en el sexenio de Enrique Peña Nieto es acusado por la Fiscalía General por los delitos de tortura en contra de cuatro personas, contra la administración de justicia y por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Al inicio de la audiencia, el Juez de Control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Tapia, regañó e hizo un apercibimiento a la defensa de Murillo Karam, luego de que leyera una tesis que aludía ineptitud del juzgador, en caso de vincular a proceso al exprocurador por el delito de desaparición forzada.

La defensa sostuvo que Murillo Karam no puede ser juzgado por el delito de desaparición forzada con base en la Ley General de Desaparición de Personas porque los hechos que le atribuyen ocurrieron entre octubre de 2014 y enero de 2015, y esta legislación entró en vigor hasta 2017, por lo que no se puede aplicar de manera retroactiva, sino en beneficio del imputado.

En ese sentido, el abogado leyó una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que dice que el juzgador que aplique una legislación retroactiva en perjuicio del Gobernador cae en la ineptitud. El planteamiento le valió a la defensa del exprocurador del Gobierno de Enrique Peña Nieto un apercibimiento del Juez.

“Debe moderar su intervención, su actitud al enfrentarme, al levantar la voz y al invocar una tesis tergiversada. Lo apercibo, este no es un debate, ni una charla, y si sigue con esa, lo voy a expulsar de la sala”, le dijo el Juez Marco Antonio Tapia a la defensa, quien siguió con su exposición y pidió desestimar las pruebas de la FGR por ser ilegales.

El exprocurador Murillo Karam al arribar el sábado al Reclusorio Varonil Norte. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro.

La audiencia de vinculación a proceso en contra del exprocurador Jesús Murillo Karam inició este miércoles alrededor de las 9:30 horas en las salas de los juzgados federales ubicados en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. La defensa sostuvo al arranque de la audiencia que la Fiscalía General de la República, en las más de 20 mil hojas de la carpeta de investigación que presentó, no cuenta con testimonios, ni pruebas contundentes que acrediten la participación directa de Murillo Karam en los delitos de tortura y desaparición forzada.

También refutó que la Fiscalía le impute los delitos con base en las conferencias de prensa que el exprocurador dio en octubre de 2014 y enero de 2015, lo cual, afirmó, no debe tener carácter probatorio porque serían autoincriminatorias.

Explicó que hay un derecho del imputado a que se excluyan declaraciones que lo autoincriminen, sobre todo si son declaraciones que no se realizaron ante un Ministerio Público o ante un Juez, y sin la presencia de un abogado defensor.

De igual forma pidió desestimar las acusaciones de tortura y en contra de las administración de la justicia, pues aseguró que esos delitos ya habían “prescrito”.

La Fiscalía, por su parte, acusó a los abogados defensores de querer confundir con interpretaciones “nebulosas y ociosas”, al decir, que los delitos ya fueron prescritos y que utilizar las conferencias de prensa de él, como autoridad, vulnera su derecho a la no incriminación.

Los fiscales que llevan el caso llegaron con al menos 10 maletas de viaje con el o los expedientes. Foto: Romina Gándara, SinEmbargo.

“QUEREMOS LA VERDAD”

En la audiencia, presidida por el Juez de Control Marco Antonio Fuerte Tapia se resolverá la situación jurídica de Murillo Karam, toda vez que los fiscales presenten los elementos de prueba. Esta mañana, arribaron a los juzgados con al menos 10 maletas de viaje con el o los expedientes.

“Queremos la verdad”, dijo Cristina Bautista, una de las madres de los 43 estudiantes, al llegar a los juzgados cerca de las 7:30 de la mañana.

Fue en punto de las 7:00 horas cuando arribó un primer grupo de abogados defensores del exfuncionario, encabezado por José Javier López García, quien también ha representado a Juan Collado, el cual no quiso dar declaraciones ante los medios de comunicación.

Media hora después llegó al lugar el otro abogado defensor Antonio López Ramírez, quien dijo brevemente a la prensa: “Vamos a plantear nuestra versión de los hechos”.

Durante la primera audiencia del sábado, que se extendió por 12 horas y donde se le dictó prisión preventiva por riesgo de fuga, los fiscales fueron regañados por el Juez de Control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte, por “no estar preparados” al grado de que les advirtió “dar parte a sus superiores jerárquicos de la FGR por el desorden”.

La Fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero ha sido cuestionada por la conducción que ha tenido en los casos del exdirector de Petróleo Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por el caso Odebrecht; contra Rosario Robles Berlanga, por la Estafa Maestra, y por exonerar a Salvador Cienfuegos, señalado por la DEA por supuestos nexos con el narcotráfico.

Jesús Murillo Karam, entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), en una conferencia de prensa de diciembre de 2014.

Jesús Murillo Karam, entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), en una conferencia de prensa de diciembre de 2014. Foto: Guillermo Perea, Cuartoscuro

Dentro del mismo caso de los estudiantes de Ayotzinapa, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, sigue sin ser extraditado de Israel; a la par que persisten las dudas sobre si la Fiscalía indagará en el algún momento al Presidente Enrique Peña Nieto o al exsecretario General Cienfuegos sobre el caso.

“Está en manos de jueces. Y sí coincido de que tardan mucho, o sea, porque no hay sentencias. Deben de acelerar más los procesos para que haya sentencias”, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador esta semana.

El abogado de las familias del caso Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, aseguró en entrevista con Los Periodistas, en SinEmbargo al Aire, que Murillo Karam tuvo “una intención deliberada” de ocultar el paradero de los jóvenes, por lo que están pendientes de la audiencia de este día y esperan que se avance con las detenciones de los otros responsables –incluyendo militares y al expresidente Enrique Peña Nieto– para que no parezca “un tema de índole política”.

“De parte de los padres, decir que no hay un afán de ajustar cuentas, más bien un afán de que se sepa qué fue lo que ocurrió, ese es el interés”, aseveró. “Que se pase de inmediato a ejercer las acciones penales ya, a procesar a esas personas porque se anuncia nada más que se detiene al señor Murillo Karam, se anuncia la existencia de acciones penales como un tema más político, pero si esto no es seguido de acciones penales, no le vemos mucho sentido”.

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Israel no puede estar protegiendo a personas como Tomás Zerón: AMLO; pide extradición

miércoles, agosto 24th, 2022

El Presidente López Obrador detalló que el Primer Ministro israelí le envió una carta donde expresaba su intención de cooperar; sin embargo, aseguró que “ya pasó mucho tiempo” de ese momento.

Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador instó al Gobierno de Israel para que proceda con el proceso de extradición de Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Invstigación Criminal (AIC) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y presunto implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Aprovecho para enviar un recordatorio respetuoso al Gobierno de Israel: no pueden estar protegiendo a personas así. El Primer Ministro de Israel se ha portado muy bien, me mandó una carta de que iban a cooperar, que iban a apoyar, pero ya pasó mucho tiempo”, dijo durante la conferencia matutina de este miércoles.

El día de ayer, el Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, afirmó que la extradición de Tomás Zerón “va por buen camino”, aunque la decisión final aún depende del Gobierno israelí.

 

“Ya está integrado todo el expediente, ya la mayor parte de información que solicitó el Gobierno de Israel, según nos ha informado la Fiscalía General de la República, ya se entregó”, dijo al ser cuestionado al respecto.

“Y nosotros, allá está el director jurídico, viendo todo lo que sea apoyo a la gestión de la Fiscalía General de la República, pero yo diría que vamos por buen camino”, expuso, y reconoció que justo ahora no es posible contar con una fecha de extradición. Lo anterior, debido a que México no tiene un tratado de extradición con dicho país.

Tomás Zerón fue director de la AIC y ha sido señalado como un agente clave detrás de la “verdad histórica” junto al exprocurador Jesús Murillo Karam, recientemente detenido por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes en septiembre de 2014.

 

Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, informó el pasado jueves 18 de agosto que Tomás Zerón rechazó el criterio de oportunidad que le ofreció la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa para que cooperara en el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas.

Dio a conocer que  la Comisión de la Verdad sostuvo un encuentro con Zerón de Lucio los días 16 y 17 de febrero pasado, en la cual, le ofrecieron un “criterio de oportunidad que no aceptó”.

El Subsecretario de Gobernación detalló que la comunicación y reunión con el extitular de la AIC, quien se encuentra en Israel desde el 13 de agosto de 2019, se realizó de forma independiente al proceso de extradición que encabeza la Fiscalía General de la República, (FGR) con el acompañamiento de la SRE.

 

Además, aseguró que se mantenía comunicación con los abogados de Zerón de Lucio con la esperanza de que pronto puedan avanzar y concretar un acuerdo de colaboraciones y no esperar el proceso de extradición.

Con respecto al tema de extradición, Encinas dijo que desconocía los motivos por lo que se ha dilatado tanto el proceso. “Yo también quisiera saber por qué ha tardado tanto. Es un asunto que encabeza la FGR”, dijo.

— Con información de Sugeyry Romina Gándara

Murillo Karam presenció cuando me torturaron en la SEIDO, denuncia expreso político

martes, agosto 23rd, 2022

David Vargas Araujo detalló que él y 13 maestros de la sección 22 de Oaxaca fueron detenidos y torturados durante cinco días en las oficinas de la SEIDO. El expreso político detalló que el entonces Procurador Jesús Murillo Karam fue testigo del maltrato al que fue sometido e incluso, dijo, llegó a amenazarlo.

Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).- El exprocurador Jesús Murillo Karam presenció y autorizó actos de tortura en contra de maestros de la sección 22 de Oaxaca dentro de las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), afirmó David Vargas Araujo, expreso político.

“Yo lo vi nada más dos veces a Murillo Karam pero estuvo presente en la tortura, lo que sí puedo decir es que él daba ordenes para que se agilizaran las declaraciones ministeriales”, dijo Vargas en entrevista con Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas que se transmite en YouTube a través del programa de SinEmbargo Al Aire.

David Vargas Araujo utilizó su cuenta de Twitter para denunciar los actos de tortura y amenazas que sufrió en 2013 cuando fue detenido, de manera arbitraria, por su supuesta participación en el secuestro de unos niños en Oaxaca.

“A mí me detuvieron el 17 de mayo de 2013, en ese entonces yo era asesor en la Cámara de Diputados por parte del PRD, me comisionaron a Oaxaca, el entorno era la movilización del magisterio en relación a la mal llamada Reforma Educativa. Yo fui a platicar con una candidata del PRD porque se avecinaban las elecciones locales, la candidata lleva a su cuñado, que era parte del movimiento magisterial y a otros maestros, éramos como 4 o 5. Al salir de la reunión mi me levantan en una camioneta blanca, lo único que veo es que se abre una puerta corrediza, se bajan como 7 policías federales y me llevan a casa clandestina en Oaxaca que resultó que eran las oficinas de la PF en Oaxaca”.

El denunciante detalló que él y 13 maestros de la sección 22 fueron detenidos y torturados por cinco días en las oficinas de la SEIDO, para finalmente ser trasladados al Penal de Puente Grande en Jalisco en donde permaneció preso por más de cinco años.

“Me tienen torturando, me ponen bolsa de plástico, de me dan toques eléctricos, fue una tortura fuerte. El delito que se me acusa fue el delito de unos niños, pero el secuestro de esos niños fue en enero de 2013 y la detención fue en mayo de 2013, a mí se me acusa conjuntamente con los maestros de la sección 22 de Oaxaca que éramos secuestradores de niños”.

Vargas Araujo recordó que Murillo Karam lo vio en al menos dos ocasiones atado de pies y manos, e incluso, dijo, se acercó a él para decirle que a pesar de lo que pudiera llegar a decir “nadie podría salvarlo”.

“La segunda vez que lo veo estaba yo tirado en el baño, todo el tiempo estuve tirado, golpeado, asfixiado, la tortura en la SEIDO fue constante, abre la puerta del baño y me dice ‘a ti nadie te va a salvar y ya sé que el día de mañana vas a decir quieres preso político, que te fabricamos un montaje, eso ya lo sabemos, lo que importa es que te vas a ir a un penal’”.

Finalmente, después de permanecer cinco años y siete meses en prisión, David Vargas fue liberado por falta de pruebas en diciembre de 2018, tan solo unos días después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador rindiera protesta.

“Soy de los primeros liberados de López Obrador, el Presidente entra en funciones el 1 de diciembre de 2018, a los 21 días salimos los 13 de Puente Grande”.

El priista Jesús Murillo Karam, padre de la “verdad histórica” en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” y extitular de la Procuraduría General de la República (PGR) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue detenido la tarde del pasado 19 de agosto por la Fiscalía General de la República (FGR), justo un día después de que se presentara el Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.

De acuerdo con la FGR, el exprocurador y encargado de esclarecer el caso de la desaparición de los normalistas la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, fue detenido en su casa de las Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa.

Juez ordena garantizar la vida, salud y comunicación de Murillo Karam en reclusorio

lunes, agosto 22nd, 2022

Un Juez en Materia Penal de la Ciudad de México instó al director del Reclusorio Norte a que existen las condiciones óptimas para que el exprocurador Jesús Murillo Karam tenga garantías de salud y vida, a fin de evitar contraer la COVID-19; el extitular de la PGR también está amparado para no permanecer incomunicado mientras esté preso.

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- Un Juez de amparo concedió una suspensión de plano a Jesús Murillo Karam, extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), para que reciba la atención médica necesaria, se garantice su integridad física y su vida, y se evite que esté incomunicado durante su permanencia en el Reclusorio Norte.

El Juez del Juzgado Segundo de Distrito de Amaro en Material Penal de la Ciudad de México, Antonio González García, fue la autoridad judicial que admitió que se tramitara la demanda de garantías para el exprocurador detenido el pasado viernes.

“Dado el contexto de la pandemia derivada del virus COVID-19, a efecto de garantizar su derecho a la salud y de encontrarse al quejoso en las instalaciones que ocupa el Reclusorio Norte de la Ciudad de México: El director [del Reclusorio Norte de la Ciudad de México] queda obligado a garantizar, por sí o por conducto de quien corresponda, la salud e integridad física y psicológica [de Murillo Karam]”, dijo el Juez González García.

El exprocurador Murillo Karam arribó al Reclusorio Varonil Norte para ser presentando ante un Juez tras su detención ayer. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro

El Juez de Distrito agregó que la autoridad penitenciaria deberá de ser respetuosa de la dignidad y derechos humanos de Murillo Karam durante su permanencia en el Reclusorio Norte de la capital del país, evitando que haya cualquier tipo de acto que pretenda afectar su esfera personal.

Además, fue Rosa Azucena Vargas Hernández quien presentó en nombre de Jesús Murillo Karam la petición de demanda de garantías de conversación de la vida y no estar incomunicado.

El pasado sábado, el Juez de Control Marco Antonio Fuerte Tapia determinó la prisión preventiva como medida cautelar contra Jesús Murillo Karam al considerar como válidos los argumentos de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre que el exfuncionario cuenta con recursos suficientes para fugarse. La dependencia lo acusa de los delitos de tortura y desaparición forzada en el caso Ayotzinapa.

En una audiencia de más de 12 horas, el Juez consideró que hay elementos suficientes del riesgo de fuga, pues dijo que se trata de una figura de alto perfil y que la Fiscalía entregó indicios objetivos que hacen suponer que puede abandonar el país, porque tiene vigente su pasaporte. Además, hay antecedente de que ha salido del país en vuelos privados y que cuenta con solvencia económica para hacerlo. Las altas penas de los delitos que se le imputan pueden influir en la decisión de querer huir.

Durante la audiencia en el Reclusorio Norte, la Fiscalía acusó al exprocurador Jesús Murillo Karam por delitos de tortura y de administración de la justicia –en calidad de intelectual– y hasta de desaparición forzada –en calidad de autor material– en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

Por su parte, la defensa de Murillo Karam solicitó la duplicidad del término de plazo Constitucional para la audiencia de vinculación a proceso, por lo que la siguiente audiencia se realizará el próximo miércoles 24 de agosto a las 8:00 horas. Ahí se decidirá su situación jurídica. Los abogados defensores salieron sin dar declaraciones.

Los representantes legales argumentaron el mal estado de salud del exprocurador, quien tiene enfermedades crónicas como hipertensión arterial, insuficiencias vascular cerebral, y enfermedad pulmonar crónica (por fumar), para pedir que el proceso lo lleve en libertad sólo con una firma periódica y la entrega de su pasaporte para que no pueda huir del país. Pero el Juez no concedió estas medidas.

Murillo Karam fue detenido el pasado viernes al exterior de su domicilio en La Lomas de Chapultepec y después fue trasladado en un convoy de cinco camionetas pertenecientes a la FGR y a la Secretaría de Marina (Semar) desde muy temprano para el inicio de la audiencia.

— Con información de Sugeyry Romina Gándara

Exprocurador mintió, permitió tortura y creó falsa verdad en sexenio de EPN: informes

sábado, agosto 20th, 2022

Jesús Murillo Karam, padre de la “verdad histórica” en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” y extitular de la PGR en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue detenido el viernes en la Ciudad de México, acusado de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso Ayotzinapa.

Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).– Fue el 7 de noviembre de 2014. Habían transcurrido más de 40 días desde que los 43 normalistas de Ayotzinapa habían sido desaparecidos forzadamente en Iguala, Guerrero, en una acción concertada entre integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos y autoridades municipales. También habían pasado 33 días desde que la Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía, había atraído el caso. El entonces Procurador Jesús Murillo Karam —detenido ayer en la Ciudad de México— aseguró en esa ocasión que no se había dejado “un día sin que haya habido una acción de búsqueda sin que haya habido una acción con el propósito de encontrar a los desaparecidos por parte del Gobierno de la República”.

Mentía, ahora se sabe. La conferencia de ese día, ya hace casi 8 años, marcó el rumbo que tomaría el discurso oficial en el sexenio de Enrique Peña Nieto sobre este caso, que ha sido reconocido por el actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como “un crimen de Estado”. Esa rueda de prensa la remataría, todavía, con su famoso “ya me cansé”, frase con la cual respondió a las presiones de la prensa sobre su “verdad”. Murillo Karam pronunciaría semanas después, en su mensaje a medios del 27 de enero de 2015, la llamada “verdad histórica”, según la cual los 43 normalistas habían sido privados de su libertad para ser llevados al basurero de Cocula, donde, de acuerdo con sus palabras, fueron asesinados y sus cuerpos calcinados.

“Los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al Río San Juan, en ese orden. Esa es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia como se muestra en el expediente”, dijo Murillo Karam en esa ocasión.

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Esta versión ha sido señalada por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa como una “acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del Gobierno que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes”.

“La verdad histórica es resultado de una acción concertada del aparato organizado del poder en la que participaron en su implementación: el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam; el Subprocurador de la SEIDO, Rodrigo Archundia; el encargado del despacho de la SEIDO, Hugo Ruiz; el titular de la Unidad Especializada en Materia de Delitos contra el Secuestro, Gualberto Ramírez Gutiérrez, y el director de la AIC, Tomás Zerón (quien está en Israel en espera de ser extraditado a México por su actuar en el caso), quien ha informado de la participación de autoridades del más alto nivel del Gobierno federal”, señala el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.

El documento precisa que la desaparición de los 43 normalistas “constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes de Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones diversas del Estado mexicano” y que no hay “indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida; por el contrario todos los testimonios, evidencias, acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”.

En una imagen del 27 de enero de 2015, Tomás Zerón y el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, explicaron a los medios que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron privados de la libertad, calcinados y sus restos fueron arrojados al Río San Juan, en Cocula, Guerrero. Foto: Rodolfo Angulo, Cuartoscuro

En una imagen del 27 de enero de 2015, Tomás Zerón y el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam. Foto: Rodolfo Angulo, Cuartoscuro

Además refiere que las detenciones que dieron sustento a esta versión anunciada por el entonces Procurador Murillo Karam estuvieron a cargo de policías federales ministeriales, policías federales, elementos de la Semar y Sedena, “quienes permitieron o participaron en los actos de tortura para obtener las declaraciones”.

“En sus declaraciones los detenidos Agustín N, ‘El Chereje’; Jonathan N, ‘El Jonás’; Patricio N, ‘El Pato’; Miguel Ángel N ‘El Duva’ o ‘El Duvalin’, y Felipe N ‘El Cepillo o El Terco’, hacen referencia al basurero de Cocula como el lugar de ejecución de los estudiantes. En estas declaraciones, los detenidos señalan que después de la ejecución de los estudiantes, los restos y las cenizas fueron recogidas en bolsas negras de basura y aventadas al río San Juan”, se lee en el informe.

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Ayer, la Fiscalía General de la República dio a conocer que el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, le concedió una orden de arresto contra Murillo Karam “por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso Ayotzinapa”, la cual permitió que el exprocurador fuera detenido a fuera de su domicilio en la Ciudad de México. El Subsecretario de Gobernación y presidente de esa comisión, Alejandro Encinas, ya había adelantado en 2019 que Murillo Karam era uno de los altos funcionarios que estaba en la mira de las autoridades.

“Si hubo violaciones al procedimiento, pues adelante, que se castigue a quien las haya hecho. No tengo ningún inconveniente en eso, estoy en la mejor disposición, estoy aquí a la hora que gusten, estoy a sus órdenes, a mí nadie me ha buscado, nadie me ha llamado, y estoy a sus órdenes para que esta investigación se haga correcta y debidamente“, dijo Murillo Karam el pasado 17 de septiembre 2019 a Imagen Televisión, luego de que aumentó la presión y cuestionamientos en el presente Gobierno sobre su versión con la cual la Procuraduría, entonces a su cargo, condujo el caso.

La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia señala en su reporte que en la “verdad histórica”, término que adoptó el Procurador Murillo Karam, “prevalecen contradicciones, rupturas argumentativas y vacíos narrativos que acreditan abuso de poder, que derivó en el entorpecimiento de los procesos de búsqueda y de las investigaciones, generando vicios y deficiencias que obstaculizaron el acceso al derecho a la verdad y la justicia”.

Peña Nieto y Jesús Murillo Karam. Foto: Adolfo Vladimir, Cuartoscuro

“[La detención] es importante porque fue el constructor de la verdad oficial, la verdad histórica, donde se aseguraba que mis compañeros, se los había llevado el narco y los habían calcinado en un basurero además de que el trato que tenía hacia las familias y los sobrevivientes, esas ganas de encontrar vínculos con la delincuencia organizada por parte de los estudiantes eran de él, entonces la emoción es mucha, pero que no sea demás, esperemos que se hagan efectivos estos señalamientos de tortura y desaparición forzada”, señaló Omar García, uno de los sobrevivientes de la Noche de Iguala, a Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas que se transmite en SinEmbargo Al Aire.

La información de la Comisión indica que se configuran al menos cuatro elementos de violaciones graves a los derechos humanos en materia de desaparición forzada de personas: 1) Privación de la libertad, 2) Homicidio, 3) Participación e involucramiento de agentes estatales o grupos de personas que actúan con el apoyo y consentimiento del Estado, y 4) Negativa, ocultamiento y manipulación de información e investigaciones por parte de las autoridades gubernamentales.

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Desde marzo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) exhibió en su Tercer Informe sobre el caso cómo peritos de la PGR, acompañados por elementos de la Marina y la Policía Federal, manipularon el basurero de Cocula en presencia de Murillo Karam y de Tomás Zerón, la madrugada del 27 de octubre de 2014, once días antes de la conferencia en la que el Procurador dijera que en ese lugar habían sido ejecutados y calcinados los estudiantes.

En esa ocasión el Grupo de Expertos difundió una grabación inédita en la que se aprecian al menos 12 elementos de la Secretaría de Marina (Semar) que manipularon el basurero de Cocula, y en la que aparece el exprocurador Murilló Karam, quien arribó al lugar de las diligencias horas después de la alteración de la escena.

“De todas estas ilegalidades se tuvo conocimiento dentro de la PGR al más alto nivel en esa época. El 27 de octubre de 2014 a las 16.00 horas, Jesús Murillo Karam, entonces Procurador General de la República y Tomás Zerón de Lucio, entonces Director en Jefe de la AIC, realizaron una conferencia de prensa informando que habían detenido a 4 integrantes del grupo Guerreros Unidos y que eran las primeras detenciones que realizaban de quienes habían confesado que participaron en la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos, incluyendo la historia del basurero de Cocula y el Río San Juan. En ese momento, los detenidos ni siquiera habían sido puestos a disposición de la PGR, ni habían declarado, por lo que estaban informando sobre hechos que, al menos en el expediente, aún no habían ocurrido”, dice el informe del GIEI.

Camino rumbo al basurero de Cocula. Foto: Cuartoscuro.

Un día después de esta acción “de la que no existe registro alguno” en la investigación del caso, se llevó a cabo otra diligencia —de la cual sí se tiene constancia—, el 28 de octubre, la cual fue instruida por Murillo Karam y operada por Tomás Zerón de Lucio, quien fue visto “junto a uno de los detenidos que tenía evidentes signos de tortura, y posteriormente algunos peritos de medicina legal, en una diligencia que no constaba en ninguna actuación en el expediente”, señala el informe del Grupo de Expertos.

En ese sentido, el reporte de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia señala que con “las investigaciones del caso Ayotzinapa, se generó una narrativa a conveniencia fundada en las declaraciones obtenidas mediante tortura a los presuntos responsables de la desaparición de los estudiantes, donde las víctimas —los estudiantes— fueron revictimizadas y estigmatizadas”.

“La verdad histórica privilegió la lógica jurídica con un enfoque penal por encima de la salvaguarda de los derechos humanos y derechos al acceso a la verdad. Así se construyó una narrativa que forzó y manipuló el sistema de procuración de justicia a fin de evitar una investigación profunda que permitiera conocer la verdad de los hechos, orientando la investigación al tema de secuestro y crimen organizado de autoridades y grupos delictivos locales”, se puntualiza en el informe de la Comisión

Detención de Murillo Karam es “inaceptable”, reprocha “Alito”; Delgado la aplaude

viernes, agosto 19th, 2022

Políticos expresaron su rechazo o aplauso ante la detención del exprocurador de Justicia, Jesús Murillo Karam, acusado de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia relacionados con el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio en el sur de México en 2014.

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).– Tras la detención del exprocurador de Justicia, Jesús Murillo Karam, personajes como el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y el líder priista Alejandro Moreno Cárdenas acudieron a las redes sociales para compartir sus opiniones y críticas al respecto.

“Alito” Moreno –quien igualmente fue requerido por la Justicia recientemente pero en el estado de Campeche– llamó “inaceptable” la aprehensión del exfuncionario, pues consideró que se trata de una persecución del Gobierno federal.

“Es inaceptable que el Gobierno federal persiga a exfuncionarios públicos que buscaron resolver y procurar justicia en un caso tan relevante y triste como el de los estudiantes de Ayotzinapa”, opinó el Diputado federal.

En un hilo de Twitter, el exgobernador de Campeche indicó que la detención de Murillo Karam buscó distraer a la población de la crisis de inseguridad, la inflación, desempleo, pobreza y crisis en el sistema de salud pública.

“Lo esperado es que el Gobierno hubiera detenido a quienes desaparecieron y agredieron a los estudiantes. Pero no, buscan culpar a los que atrajeron la investigación, la cual involucraba a varios funcionarios vinculados desde ese entonces a quienes hoy están en Morena”, acusó Moreno.

Expresó su respaldo al exprocurador, a quien esperó que los jueces federales hagan justicia, así como a las familias de las personas desaparecidas. “Nadie quiere un ‘chivo expiatorio’ en este doloroso hecho”, recalcó.

En tanto, el morenista Mario Delgado aseguró que se generó un avance “en el compromiso de que haya verdad y se haga justicia” por el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa en el 2014.

Por medio de Twitter, el político expresó: “La ‘#VerdadHistórica’ y el ‘#YaMeCansé’ quedarán en el basurero de la historia al igual que el sexenio de Peña Nieto. Con la aprehensión del exprocurador #MurilloKaram se avanza en el compromiso de que haya verdad y se haga justicia en el caso #Ayotzinapa. ¡Ayotzinapa vive!”.

Igualmente, el partido por el que Murillo Karam logró su trayectoria política, el Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que la detención responde más a un tema político, que de justicia.

“Esta acción no da respuesta a las familias de las víctimas. Esperamos que las autoridades dejen de ejercer acciones selectivas y den con los responsables materiales de los hechos”, publicó el partido en su cuenta de Twitter en solidaridad con Murillo Karam.

El PRI acusó al Gobierno de utilizar los aparatos del Estado en contra de los opositores.

“Hoy al Gobierno de Morena le sirve irse contra el exprocurador, mañana será contra cualquier opositor o ciudadano que les incomode. Nuestro respaldo absoluto con él. No nos quedaremos callados ante un Gobierno que utiliza el aparato de Estado en contra de los opositores”, destacó.

Caso Lozoya: Nuevos audios exhiben llamada entre Gertz y papá de exdirector de Pemex

jueves, junio 23rd, 2022

En una de las grabaciones se escucha a Lozoya Thalmann siendo buscado por Gertz Manero en sus oficinas.

Ciudad de México, 23 de junio (SinEmbargo).–  Unas nuevas grabaciones donde se escuchan presuntas negociaciones telefónicas entre Emilio Lozoya Thalmann, papá de Emilio Lozoya Austin, con el Fiscal Alejandro Gertz Manero y el Subprocurador Juan Ramos, fueron difundidas esta tarde.

En los nuevos audios se escucha que ambos funcionarios hablan con Emilio Lozoya Thalmann, quien en repetidas ocasiones le pide al Fiscal “una amplísima disculpa” por el actuar de la defensa legal del exfuncionario.

“Bueno, nada más para que no vaya a haber una… yo no acepto dobles lenguajes ¿eh? Ni las jugadas de ese pinche bandido del abogadete (SIC) ese ¿eh?”, se le escucha decir al Fiscal Gertz en una de las llamadas.

Alejandro Gertz Manero es el Fiscal General de la República. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro.

En una de las grabaciones se escucha a Lozoya Thalmann siendo buscado por Gertz Manero en sus oficinas, mientras que en las otras dos es el padre del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) el que llama para conversar con Juan Ramos y agradecerle las atenciones que han tenido a su caso.

La conversación de esas llamadas se puede leer a continuación:

LLAMADA UNO:

Emilio Lozoya Thalmann (ELT): Señor Fiscal, a tus órdenes.

Alejandro Gertz Manero (AGM): Mira, me acaban de notificar que tú y tu hijo se ampararon en contra de…

ELT: No, no, no, no

AGM: No, no, me lo acaban de notificar ¿eh?

ELT: Sí, es un error, se adelantaron, no tiene nada que ver, no lo hicieron ni con la autorización nuestra.

AGM: Bueno, nada más para que no vaya a haber una, un… yo no acepto dobles lenguajes ¿eh?

ELT: Para nada.

AGM: Ni las jugadas de ese pinche bandido del abogadete ése ¿eh?

ELT: Por eso lo puse en orden ayer, te pido una amplísima disculpa y lo voy a reiterar ahora en unos minutos.

AGM: Que se desista de inmediato porque así yo no juego ¿eh?

ELT: Está muy claro, te pido nuevamente una disculpa y voy a meter orden acá, estamos muy agradecidos de ayer, trabajando sobre lo que la orientación que nos indicaste, o sea, colaborar.

AGM: Que se desista del amparo, ya no metas a ese cabrón, por favor, enfrente, porque las cosas las va a echar a perder.

ELT: Te voy a pedir tu consejo, vamos a buscar una salida.

AGM: Busca una gente decente que te defienda.

ELT: Correcto, lo vamos a buscar, te pido nomás tu comprensión para que sea gradual ¿verdad? Lo más pronto posible.

AGM: Ándale, no hay cuidado

ELT: Un abrazo y una disculpa, señor fiscal.

Emilio Lozoya Thalmann, padre de Emilio Lozoya Austin.

Emilio Lozoya Thalmann es el padre de Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Pemex. Foto: Pedro Valtierra, Cuartoscuro

LLAMADA DOS

ELT: Aquí molestándolo.

Ramos (R): Estoy revisando.

ELT: Correcto.

R: ¿Quiere venir mañana?

ELT: ¿El viernes le parace bien? A las 11. A las 11 ahí estaremos. En España ya empezaron con casos de coronavirus. Pero ahí estaremos.

El exdirector de Pemex enfrenta dos juicios: el primero por la compra a sobreprecio de la planta Agronitrogenados y por los sobornos recibidos de Odebrecth. Foto: Félix Márquez, Cuartoscuro

LLAMADA TRES

ELT: Licenciado, muy amable. Cumplo con lo indicado, ya empecé a localizar lo que usted me pidió. Acta de nacimiento, matrimonio, certificado médico y el comprobante de domicilio.

R: Bien.

ELT: ¿Hay alguna noticia de cuándo llegaría?

ELT: Lo que usted ordene, el señor fiscal y usted. No nos vayamos a cruzar.

R: No tengo noticias.

ELT: Quería ponerme a sus órdenes. ¿Quiere que vayamos?

R: No, eso lo deben tener ustedes para que cuando llegue su esposa, los abogados lo solicitan y acreditan lo que le dije. Ustedes lo tienen que tener. Para que se vaya adelantando.

ELT: Lo que usted ordene. Le reitero mi disculpa por mi ignorancia.

R: Cuando ella llegue, se lleva directo al juzgado.

ELT: ¿Nosotros debemos estar en el juzgado?

R: Sí.

ELT: ¿Ahí nos daría alguna indicación?

R: No, ahí les darán acceso a ella, a los que estén presentes. Nosotros no, porque si no va a parecer que somos su defensora.

ELT: No, no, no.

R: Se lo explico porque usted le lleva eso a su abogado. Ellos ya saben cómo presentarlo. Se lo comenta a su abogado, por si le pide más cosas.

ELT: Una disculpa… algo que usted supiera.

R: Si sabemos algo, le decimos.

ELT: Le agradecemos la paciencia. Siempre estuve en otras áreas. Nuestro agradecimiento.

Lozoya fue arrestado a comienzos de 2020 en España y extraditado a México como testigo protegido de la Fiscalía a cambio de inculpar a otros políticos. Foto: Guillermo Perea, Cuartoscuro

En 10 años, 346 denuncias por tortura se fueron a un cajón. Y ya. Así PGR. Y así FGR

jueves, enero 27th, 2022

Da lo mismo, Procuraduría o Fiscalía: el nombre no hizo la diferencia. Esas 346 denuncias por tortura tuvieron averiguaciones previas o carpetas de investigación, y ya. Se guardaron. No hubo investigaciones. Muchas veces ni siquiera entrevistaron a los presuntos responsables, y es más: ni intentaron buscarlos.

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) dejó en el olvido denuncias por tortura que involucran a autoridades en por lo menos los últimos 10 años, así lo confirman 19 sentencias emitidas por juzgados y tribunales colegiados federales.

Estos fallos involucran a la Fiscalía General, las fiscalías especiales y los ministerios públicos porque no investigaron con la debida diligencia, ni en los plazos correspondientes, lo cual, fue en detrimento de las personas sobrevivientes a estos tratos, revela la misma información.

La Secretaría Técnica de Combate a la Tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) encontró que, en 346 denuncias por tortura, la Fiscalía y antes Procuraduría General de la República (PGR) ya habían iniciado desde hace una década averiguaciones previas y carpetas de investigación, pero las indagatorias no continuaron su debido curso ya que ni siquiera se entrevistaron a los presuntos responsables.

“Están abiertas desde hace más de 10 años sin que la Fiscalía haya hecho absolutamente nada, más que lo que coloquialmente llamamos ‘investigación de escritorio’, es decir, todo lo quieren resolver con constancias, es decir, que los ministerios públicos sólo piden información al juzgado, constancias o copias, pero no entrevistan a los presuntos responsables, ni los intentan buscar”, explicó Salvador Leyva Morelos Zaragoza, Secretario Técnico de Combate a la Tortura, en entrevista con SinEmbargo.

El funcionario detalló que desde el año 2019 crearon herramientas para el monitoreo y la identificación de posibles casos de tortura de personas que se encuentran en un proceso penal y a partir de eso realizaron las denuncias ante las autoridades investigadoras correspondientes.

Dentro de esa labor, explicó, lograron ubicar al menos 8 mil casos de los cuales se presentaron, entre junio de 2019 a diciembre de 2021, al menos 4 mil 601 denuncias por posibles actos de tortura en México, ocurridos desde el año 2011 a diciembre de 2021. De esas, al menos 2 mil 10 se presentaron ante la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, por tratarse de hechos presuntamente cometidos por elementos federales.

Sin embargo, al denunciar ante la FGR se percataron que, de esas 2 mil denuncias, en al menos 346 casos ya había una investigación abierta.

Al respecto, la Secretaría Técnica ha presentado al menos 230 juicios en los que se reclama al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, a la Fiscal especializada en materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, y al Fiscal especial en la investigación del delito de tortura, Juan Carlos Chávez, así como a las y los ministerios públicos a cargo de esas investigaciones, la dilación injustificada y la falta de debida diligencia.

Como resultado de esos 230 amparos, se han obtenido al menos 19 sentencias en las que tribunales han confirmado que la FGR “no investiga con la debida diligencia, ni en el plazo razonable, todo esto en detrimento de personas sobrevivientes de tortura”.

Otro aspecto destacado de las sentencias, es que los colegiados ordenaron dar vista al órgano de control interno de la Fiscalía General de la República para que abran investigaciones administrativas en contra de la Fiscal especializada en materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, porque “no puede ser posible que la Fiscal en materia de Derechos Humanos esté violando derechos humanos”.

El uso de la tortura por las fuerzas de seguridad continúa sin control en México. Foto: InSight Crime, Especial

LA TORTURA EN MÉXICO
La tortura es una grave violación a los derechos humanos generalizada en México, es decir, que se aplica en la mayor parte del territorio y por casi todas las autoridades y en todos los contextos, como han podido constatar organizaciones civiles, la propia ONU, y como se refleja en las estadísticas.

Entre septiembre de 2019 y julio de 2020 habían más de 5 mil investigaciones por tortura, de las cuales, sólo se judicializaron dos, de acuerdo con datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

De las más de 4 mil 601 denuncias presentadas por la Secretaría Técnica, al menos mil 193 fueron actos que se registraron desde el año 2014 a diciembre de 2021: 374 se habrían cometido en el año 2014; 219 en el 2015; 103 en el 2016; 100 en el 2017; 158 en 2018; 439 en 2019, 395 en 2020 y 359 cometidas durante el año anterior.

Además, es una grave violación de derechos humanos en la que la impunidad es casi absoluta y, por lo que ha encontrado Secretaría Técnica, ni siquiera se investiga.

El no contar con los suficientes recursos humanos, ni capacidad técnica, ni estrategia son parte de los problemas estructurales en la FGR, señaló Leyva citando los fallos de los jueces y magistrados, pero, sobre todo, dijo, destaca la falta de voluntad.

“Hay falta de voluntad, de querer hacer estas mega investigaciones […] porque si no tienes la capacidad, ya tendrías que haber hecho —como titular o como responsable— las gestiones administrativas para crecer a tu equipo, para capacitarlo y para formarlo”.

La Policía Federal es la corporación que más denuncias de tortura ha acumulado. Imagen ilustrativa. Foto: Carlos Alberto Carbajal, Cuartoscuro

EL PROCESO DE IDENTIFICAR
Salvador Leyva explicó que las defensoras y defensores públicos por lo general no denunciaban la tortura y mucho menos se presentaban quejas ante las comisiones de derechos humanos y tampoco ante la Fiscalía federal y las estatales, mucho menos en las fiscalías especializadas.

“Un primer paso para saldar un poco esta deuda fue la creación de la Secretaría Técnica y a partir de ahí se empezó a construir un mecanismo permanente de monitoreo de posibles casos de tortura, en donde se empezaron a documentar y ubicar todos los posibles casos de tortura que hubiesen sido realizados desde el año 2011”, narró el funcionario.

Detalló que primero solicitaron a las 987 defensoras y defensores del país los posibles casos de tortura. De 8 mil casos que se obtuvieron aproximadamente, estos se remitieron a la Secretaría técnica, y de ahí resultaron en 4 mil 601 denuncias.

Del total de las denuncias, 2 mil 500 se presentaron ante las fiscalías locales y 2 mil 10 ante la Fiscalía Especial de investigación del delito de Tortura de la FGR.

“Estas denuncias fueron presentadas entre junio de 2019 y diciembre de 2021, es decir, hoy por hoy no tenemos rezago”, abundó.

Fue entonces que, a raíz de ese proceso, encontraron que 346 de las denuncias ya contaban con una “carpeta de investigación en la FGR”, pero que nunca fueron investigadas debidamente.

“Cuando tuvimos conocimiento de estas investigaciones sin que la Fiscalía haya hecho absolutamente nada, más que lo que coloquialmente llamamos como investigación de escritorio, comenzamos a presentar juicios”.

En total se presentaron 230 demandas de juicio en contra de autoridades de la FGR y, las menos, contra autoridades estatales.

“Tenemos juicios en todo el país y estos son en beneficio de 304 personas, las cuales entran en esos 346 casos que sabemos que existía una investigación”, abundó Leyva.

Otra de las omisiones en que ha incurrido la FGR es que a más de tres años de la entrada en vigor de la Ley General para prevenir investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas degradantes no existe el Registro Nacional del delito de Tortura (RENADET) y la consecuente falta de inscripción de las personas sobrevivientes de tortura en el mismo.

Frente a ello se iniciaron 150 juicios en contra de autoridades federales por la falta de instalación y operación del RENADET y su uso como herramienta de información estadística y de investigación.

“Ese registro se debió haber creado 180 días después de publicarse la Ley General para prevenir investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas degradantes, en junio de 2017″, dijo.

La tortura es una grave violación a los derechos humanos que se mantiene con una impunidad casi absoluta. Foto: Cuartoscuro, Archivo

Tras dos años de litigio, se han emitido 19 sentencias por parte de juzgados y tribunales colegiados federales que han determinado la responsabilidad del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, de la Fiscal especializada en materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, y del Fiscal especial en la investigación del delito de tortura, Juan Carlos Chávez, así como de los ministerios públicos.

“Es decir los cuatro son responsables y sus omisiones, una tras otra, han originado que el último eslabón, que es el Ministerio Público a cargo de la investigación, genere esta dilación que ha permitido que los casos lleven más de 10 o 12 años”, abundó el especialista.

No obstante, las sentencias no implican una sanción penal o administrativa contra el Fiscal General.

“El juicio de amparo no es una sanción penal. Lo que determinó es que existieron esas omisiones y los efectos del amparo son para que cumplan con sus obligaciones de supervisión y coordinación; y al Ministerio Público, le da un plazo de 10 días para informarle al juez de distrito cuáles son las diligencias pendientes de desahogar y a partir de esos 10 días, cuenta con 30 días más para que determine si va a llevar ese caso a juicio o cuál va a ser la determinación, pero que ya resuelva esa investigación”, destacó el defensor.

Gobierno supo de encuentro entre Kate y “El Chapo” por correo anónimo: El País

domingo, enero 16th, 2022

Cuando los encuentros salieron a la luz pública, la actriz mexicana se vio envuelta en graves problemas legales, al grado de autoexiliarse fuera de México por una orden de aprehensión en su contra.

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- La actriz Kate del Castillo se volvió oficialmente un objetivo de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), luego de que en 2015 ella y el actor Sean Penn se reunieran en Sinaloa con Joaquín “El Chapo” Guzmán tras su fuga en un penal de máxima seguridad de México por segunda ocasión.

De acuerdo con la indagatoria que las autoridades emprendieron a finales de 2015 contra la actriz, a la cual tuvo acceso El País, durante 17 meses, la PGR hizo uso de intervenciones telefónicas, policías de inteligencia, auditorías fiscales, entrevistas testimoniales y cooperación con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) para ver si era posible procesar a Del Castillo por delitos como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y encubrimiento, tomando como punto de partida sus intercambios y su encuentro con “El Chapo” Guzmán.

La periodista Zorayda Gellegos señaló en un texto publicado por el medio español que las pruebas no sirvieron para que a la actriz se le asociara con el Cártel de Sinaloa ni revelaron que hubiera dinero del capo detrás del tequila de la marca Honor del Castillo que promocionaba la actriz. Sin embargo, Gallegos añade que el proceso dio lugar a una larga novela con filtraciones de chats, acusaciones cruzadas, demandas y un encuentro surrealista entre uno de los mayores narcotraficantes del mundo, el actor Sean Penn, Kate del Castillo y dos productores de Hollywood.

Cuando los encuentros salieron a la luz pública, la actriz se vio envuelta en graves problemas legales, al grado autoexiliarse en Estados Unidos por una orden de aprehensión en su contra. Según el relato judicial, citado por El País, todo comenzó con un correo anónimo recibido el 24 de septiembre de 2015, casi tres meses después de la fuga de “El Chapo” Guzmán del penal de máxima seguridad El Altiplano.

El actor Sean Penn, Kate del Castillo y “El Chapo” Guzmán, durante un encuentro que sostuvieron en Sinaloa. Foto: Rolling Stone.

Zorayda Gellegos indica que el mensaje advertía a las autoridades que la actriz Kate del Castillo planeaba encontrarse con el líder del Cártel de Sinaloa porque quería producir una película sobre su vida: “El próximo 25 de septiembre del 2015 se reunirá con él en el poblado de la Tuna, en Badiraguato, Sinaloa. Sólo necesitarán seguirla o intervenir sus teléfonos para que verifiquen lo que les estoy diciendo”, se lee en la transcripción.

¿Qué dio inicio a ese encuentro? La periodista Zorayda Gallegos recordó que en 2012, la protagonista de La reina del sur publicó una carta abierta en Twitter donde decía que confiaba más en “El Chapo” que en el Gobierno mexicano. Además, Del Castillo le sugería al capo que empezara a “traficar con amor”. Tiempo después, Joaquín Guzmán terminó convirtiendo a Del Castillo en una nueva obsesión para poder hacer una película sobre su propia vida.

En 2014, cuando Guzmán ya estaba detenido en El Altiplano, se dio el primer contacto entre la actriz y los abogados de “El Chapo” para discutir la posibilidad de colaborar en la filmación biográfica. Desde entonces, ella y el capo —con sus abogados como intermediarios— comenzaron un intercambio que fue seguido de cerca por las autoridades.

No obstante, El País subraya, según los documentos, que el día que las autoridades recibieron el supuesto correo anónimo policías federales de la División de Inteligencia acudieron a los aeropuertos de la Ciudad de México y de Guadalajara para preguntar en las aerolíneas si había reservaciones a nombre de Kate del Castillo. En un módulo se les informó a las autoridades que la actriz tenía un vuelo que llegaría a dicho estado. “El día 25 de septiembre de 2015, a partir de las 10:00 horas nos constituimos en el Aeropuerto de la ciudad de Guadalajara montando una vigilancia fija”.

La actriz mexicana, famosa por protagonizar la telenovela La Reina del Sur, regresó a México en diciembre de 2018. Foto: Alejandro Neyra, Cuartoscuro.

El medio detalla que cuando la actriz arribó al aeropuerto de la capital tapatía, los agentes la siguieron al hotel y luego al restaurante del hotel, se sentaron en una mesa contigua a aquella donde Del Castillo mantenía una conversación con uno de los abogados de “El Chapo”, y según el informe, lograron captar fragmentos del diálogo: “Será un honor ser ‘socia del señor’”. Para entonces, la Policía Federal sabía bien a quién estaba siguiendo.

De acuerdo con las conversaciones que la Fiscalía filtraría después a la prensa, el 25 de septiembre fue el día en que la actriz les dijo a los abogados de Guzmán que quería llevar al actor Sean Penn cuando se encontraran en persona para discutir el proyecto de hacer una película. Kate del Castillo había sido el nexo entre los dos y también fue la traductora del encuentro, el cual fue acordado para el 2 y 3 de octubre de 2015.

El País precisa que en los días posteriores, los policías volvieron a ambos aeropuertos a realizar tareas de vigilancia. El 2 de octubre, la actriz aterrizó a las 13:20 en Guadalajara en un vuelo privado acompañada por otras personas, entre ellos Sean Penn. Los agentes los siguieron hasta el hotel, donde apenas si dejaron sus maletas y volvieron a salir en tres vehículos por una carretera federal rumbo a Tepic, Nayarit.

“En el camino ingresaron a una brecha donde se ubicó una pista aérea observándose minutos después la salida de dos avionetas”, quedó anotado en el informe citado por el medio. Hasta ahí llegaron los agentes aquel día. Lo que sucedió a partir de ese momento ha sido narrado tanto por Del Castillo en la revista Proceso como por Penn en la revista Rolling Stone, tan sólo un día después de que fuera nuevamente capturado, y ambos artículos figuran en la indagatoria.

Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo”, fue recapturado el 8 de enero de 2016. Foto: Issac Esquivel, Cuartoscuro.

En la entrevista, Penn habló sobre la “sonrisa cálida” del capo y de su “carisma indiscutible”. “Trafico más heroína, metanfetaminas, cocaína y mariguana que nadie en el mundo. Tengo una flotilla de submarinos, aviones, camiones y botes”, le dijo el capo durante la conversación. La visita, en una zona montañosa de México que no fue revelada y donde estuvieron vigilados por más de 100 miembros del Cártel, le valió a “El Chapo” su captura porque permitió que las autoridades mexicanas lo ubicaran.

Cuando la entonces PGR dio a conocer que habían capturado al “El Chapo” luego de seis meses prófugo, dijo que un aspecto importante que permitió precisar su ubicación fue “el haber descubierto la intención de Guzmán Loera de filmar una película biográfica, para lo que estableció comunicación con actrices y productores”. De un modo u otro, su afirmación volvía a todos los involucrados en parte del problema.

Cuando los encuentros salieron a la luz pública, la PGR le confirmó que ambos se encontraban bajo investigación. Sin embargo, la única que estaba inmersa en una investigación desde meses atrás era Kate del Castillo. Y una pieza clave para acceder a información confidencial de ella fue Andrés Granados, abogado del capo. Una de las primeras diligencias que realizó el Ministerio Público en la indagatoria fue pedir información de los chats resguardados en el equipo telefónico del litigante.

Zorayda Gellegos especifica en su texto que estas conversaciones habían sido captadas tras una autorización de un juzgado penal para que la Procuraduría pudiera intervenir las comunicaciones privadas del abogado. En su teléfono se encontraron fotografías con la actriz, incluso en una de las conversaciones, Granados le dice a la actriz: “Estamos checando bien el poder. Reciba un saludo del sr. y su servidor”. Posteriormente, al ser interrogado por los fiscales, el abogado explicó que se trataba de un poder notarial que Guzmán Loera le daría a ella para pleitos, cobranzas y negociaciones, aunque no dijo si se concretó.

Joaquín "El Chapo" Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa.

Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa. Foto: Isaac Esquivel, Cuartoscuro

“Lo que el capo le había ofrecido a la actriz, según reportaron entonces distintos medios, eran los derechos exclusivos para hacer una película sobre su vida”, agrega la periodista. En tanto, Kate del Castillo ha insistido siempre en que eso fue lo que motivó su acercamiento al narcotraficante: “Eso me parecía oro puro para mi carrera, para hacer algo grande y poder hacer cosas”, dijo en una entrevista en 2018.

Zorayda Gellegos destaca que existe la posibilidad de que Penn haya colaborado en algo sobre la denuncia del paradero del capo, al igual que la afirmación de las autoridades mexicanas de que la reunión entre el capo y los actores fue clave para volver a detenerlo, pues de acuerdo con el reportero del The New York Times, Alan Feuer, las fuerzas mexicanas y las de Estados Unidos ya sabían dónde estaba escondido Guzmán, y aquella visita de los famosos fue un obstáculo antes que una pista.

Sin embargo, la periodista narra que la entonces Procuraduría siguió dando a entender esa versión y continuó adelante con la indagatoria. Entre otras diligencias, explicó, requirieron información a la oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de Estados Unidos y a la dirección regional adjunta de la DEA. Esta última remitió un informe donde destacaba: “Ninguna de las personas mencionadas posee antecedentes penales en nuestras bases de datos por tráfico de drogas”.

En México, la PGR requirió información de las cuentas bancarias de Del Castillo a diversas instituciones a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, solicitó las declaraciones de impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y documentación certificada referente a un “acto de fiscalización practicado a la contribuyente”.

La actriz mexicana Kate del Castillo regresó a México en 2018. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro.

Además, se solicitó a cada una de las oficinas de los registros públicos de la propiedad en las 32 entidades del país que se buscaran bienes inmuebles o terrenos inscritos a nombre de la actriz, se requirió al Instituto Nacional de Migración (INM) un reporte de todas sus entradas y salidas al país y se pidió al representante legal de la empresa Black Berry sábanas de llamadas telefónicas relacionadas con los números telefónicos que utilizó la actriz.

“Las autoridades gastaron recursos económicos y humanos para intentar demostrar que la protagonista de La Reina del Sur había hecho una sociedad con el líder del Cártel de Sinaloa y que este habría invertido recursos económicos para la patente de una marca de tequila de la actriz y para una película sobre su vida”, pero los testimonios recabados desmintieron dicha hipótesis. Pese a ello, la Fiscalía continuó con la indagatoria.

El medio español añade que el 19 de febrero de 2017, el agente del Ministerio Público encargado del caso analizó cada una de las pruebas y decidió ponerle fin a la indagatoria. En el dictamen emitido, donde se enumeran más de 200 pruebas analizadas, se decretó el no ejercicio de la acción penal. Con ello el expediente terminó archivándose sin haber sido enviado siquiera a un Juez. Sobre el delito de delincuencia organizada, el Fiscal señaló que no se demostró que la actriz se hubiese organizado con tres o más personas de forma permanente o reiterada o que hubiese pertenecido al grupo criminal.

“El Chapo” Guzmán fue detenido nuevamente en 2018. Foto: Cuartoscuro

“El material probatorio tampoco arroja actos concretos de intervención de la implicada conforme a los fines de la agrupación que lidera El Chapo Guzmán y ni siquiera evidencian su pretensión para formar parte de dicha banda criminal”, quedó asentado en el documento citado por El País.

Lo único que arrojaron las pruebas fue que Kate del Castillo tenía interés de realizar una película relacionada con Guzmán Loera para documentar la vida de este. “Esa circunstancia no implica la realización de actividades ilícitas, sino que únicamente refleja que la reunión con la persona citada era sólo con la finalidad de realizar una película y en ejercicio de una profesión”, dice el documento.

Después de descartar los delitos por delincuencia organizada y lavado de dinero, analizaron si la actriz había cometido delitos contra la salud y por encubrimiento, pero tampoco pudieron incriminarla porque concluyeron que el hecho de que en un momento determinado se hubiera reunido con “El Chapo” Guzmán para la realización de un proyecto sobre su vida no implicaba que los inculpados supieran dónde se encontraba oculto ni que hubieran proporcionado un sitio para esconderlo.

Finalmente, Zorayda Gellegos detalla que una vez que se emitió el dictamen de no acción penal, la actriz ha buscado la forma de tener acceso al documento y ha buscado la protección de la justicia para lograrlo. Uno de los jueces que vio su amparo concluyó que las autoridades de la Procuraduría General de la República utilizaron las filtraciones en los medios de comunicación como “una forma de penalizarla desproporcionadamente” mediante una supuesta vinculación afectiva con el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, sin juicio previo. La actriz también promovió un amparo en contra del desechamiento de su demanda por haberla vinculado con las investigaciones por la fuga del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, pues enfatizó en que se sintió “perseguida” por las autoridades de la pasada administración del Presidente Enrique Peña Nieto, quienes, según ella, montaron “un juicio mediático y la criminalizaron”.

ONU-DH expresa preocupación por espionaje de la PGR de EPN a activistas y periodistas

jueves, noviembre 25th, 2021

Dos defensoras de derechos humanos y una periodista que fueron criminalizadas por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en la investigación de la masacre de San Fernando recibieron el apoyo de la ONU, quien indicó que los hechos las afectaron directamente, así como a sus familiares y a víctimas de violaciones con quienes han trabajado.

Ciudad de México, 25 de noviembre (EFE).– La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) respaldó este jueves a dos defensoras de derechos humanos y a una periodista, frente a actos de investigación en su contra por delincuencia organizada y secuestro, dados a conocer esta semana.

En un comunicado, ONU-DH indicó, que de acuerdo con la información recibida, en 2015 la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República (FGR), “ordenó realizar actos de investigación” sobre las defensoras Ana Lorena Delgadillo y Mercedes Doretti y la periodista Marcela Turati “que implicaron la recopilación de información sobre sus comunicaciones telefónicas y su geolocalización”.

Para ello hicieron “uso de los instrumentos legales establecidos para el combate a la delincuencia organizada en México”, estos hechos se habrían extendido al menos entre febrero de 2015 y abril de 2016.

La ONU-DH señaló que los hechos denunciados “afectan directamente a las personas objeto de estos actos, pero también a sus familias, colaboradores e incluso a las víctimas de derechos humanos con las que han trabajado y a las fuentes periodísticas”.

La reconocida periodista Marcela Turati, especializada en cobertura de desaparición y víctimas, fue investigada por su labor periodística. Foto: Cuartoscuro

Ante ello, expresó “su honda preocupación por la manipulación y el uso indebido del poder punitivo del Estado” que supone servirse del marco legal restringido a la investigación de la delincuencia organizada y el secuestro para obtener información personal de las defensoras y la periodista.

Pidió a las instituciones del Estado mexicano, tanto federales como estatales, “a identificar todos los casos en los que se haya hecho uso de las capacidades de investigación y espionaje en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a comunicar a todas las personas afectadas estos hechos, así como el alcance de la información recabada y el uso que se dio a la misma”.

El miércoles, varias ONG mexicanas expusieron que la extinta PGR ordenó investigar a las defensoras y a la periodista que levantaron la voz ante la masacre de San Fernando perpetrada por el grupo criminal los Zetas en 2011.

Expusieron que la PGR, actual FGR, “desvió la investigación para beneficiar la impunidad y desproteger a las víctimas”, además “dejó de lado su deber de esclarecer los hechos”.

El proyecto periodístico “A Dónde Van los Desaparecidos” se posicionó en contra de las acciones de la entonces PGR. Foto: A Dónde Van Los Desaparecidos.

Entre 2015 y 2016, bajo el Gobierno de Enrique Peña Nieto, la Procuraduría “echó a andar la maquinaria de la que dispone, no para dar con los perpetradores de la masacre de 196 personas en San Fernando, Tamaulipas (2011)” sino “para perseguir a las víctimas, a quien las representaba, a una perita independiente y a una periodista”, denunciaron.

En concreto, persiguieron a familiares que denunciaron “irregularidades” en las investigaciones de la PGR, así como a Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia; a Turati, periodista que investigó los hechos, y a Doretti, directora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Alegando una investigación por delincuencia organizada, la PGR solicitó sin autorización judicial a las compañías telefónicas “acceder a todos los registros telefónicos, los mensajes que se originaron y recibieron en sus teléfonos, así como para su geolocalización”.

Mandos de la vieja PGR atraparon a Gertz, y la Sedena no se abre: Vidulfo Rosales

viernes, septiembre 24th, 2021

En entrevista con Los Periodistas, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, Vidulfo Rosales, abogado de las víctimas del caso Iguala, adelanta que en la reunión con el Presidente López Obrador, el Fiscal Gertz, el Subsecretario Alejandro Encinas y el Presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, de este viernes, harán un enérgico reclamo sobre los obstáculos institucionales a la investigación.

Tixtla, Guerrero, 24 de septiembre (SinEmbargo).- Ante los “mínimos” avances para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hace siete años, las familias levantan la voz mediante su defensa para reclamarle al Presidente Andrés Manuel López Obrador que el Ejército desobedece su orden de aclarar la participación de sus elementos en los hechos y que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene “enquistados” a altos funcionarios del régimen de Enrique Peña Nieto que obstaculizan la verdad.

Pese al compromiso de López Obrador de no dejar impunes los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se niega a cooperar “aquí está el talón de Aquiles de la investigación” y el Fiscal Alejandro Gertz Manero tampoco avanza, porque está rodeado de personajes de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), acusa Vidulfo Rosales, abogado de las víctimas.

“(La Sedena) es una institución que está representando un obstáculo y la otra institución que representa un obstáculo es la Fiscalía General de la República. Y dentro esta Fiscalía hay elementos enquistados de la anterior PGR que participaron en la construcción de la ‘verdad histórica’”, subraya Rosales a nombre de las familias de los 43 normalistas desaparecidos.

En entrevista con Los Periodistas, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, el abogado adelanta que en la reunión con López Obrador, el Fiscal Gertz, el Subsecretario Alejandro Encinas y el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Saldívar, prevista para este viernes en el Palacio Nacional, harán un enérgico reclamo sobre los obstáculos institucionales a la investigación.

Rosales asegura que los altos funcionarios de la anterior PGR filtran información procesal y hasta facilitaron la fuga de Tomás Zerón de Lucio, el director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR que construyó la hipótesis de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero del municipio de Cocula por el cártel de Guerreros Unidos. 

Vidulfo Rosales estuvo en entrevista con los periodistas, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo.

¿Tienen identificados a los personajes que están enquistados en la Fiscalía?

Sí, totalmente.

¿Cuántos son y quiénes son?

Estamos hablando por lo menos de cuatro personas. No voy a dar los nombres ahora, porque es un tema relacionado con la investigación, pero estamos hablando de una Subprocuraduría y de una persona muy cercana al Fiscal general, de un coordinador de asesores del fiscal, y alguien de SEIDO, del máximo nivel de SEIDO.

Entonces está rodeado el Fiscal.

Así es.

¿Y por eso no va a avanzar la verdad verdadera?

Sí, claro, hay obstáculos. Por ejemplo, cuando se han querido ejecutar órdenes de aprehensión claves dentro de estos elementos que están enquistados ahí hay comunicación con quienes se van a ejecutar las órdenes de aprehensión y ya no avanzan las cosas.

Añade: “Desde ahí han salido filtraciones de datos procesales, no filtraciones de otra índole que a veces son necesarias que el pueblo, el público, las conozca. Han salido filtraciones de ahí en términos procesales, cuyo objetivo fundamental es obstaculizar la investigación. Han salido de ahí, de esos elementos”.

¿Y la fuga de Tomás Zerón a qué la atribuyen?

Pues estos elementos fueron artífices de la fuga de Tomás Zerón y de otras personas que están evadiendo la acción de la justicia.

Vidulfo Rosales acusó que funcionarios enquistados en la Fiscalía facilitaron la fuga de Tomás Zerón de Lucio Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro.

PEÑISTAS CON GERTZ

Aunque Rosales no los identifica por su nombre, los funcionarios que proceden de la PGR de Peña Nieto y que ahora son cercanos a Gertz Manero son, en primer lugar, Sara Irene Herrerías, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, quien ocupó la subprocuraduría desde 2016, con Raúl Cervantes, quien sustituyó como Procurador a Jesús Murillo Karam. 

Luego el coordinador de asesores del Fiscal Gertz Manero, Óscar Langlet González, fue director jurídico de la PGR en el Gobierno de Peña y coordinador de asesores de Alberto Elías Beltrán, el encargado de despacho a la renuncia de Cervantes.

Y también el titular de la SEIDO, Alfredo Higuera Bernal, a quien Gertz nombró en ese cargo en julio de 2019 y quien fue titular de la Unidad Especial para la Investigación del Caso Iguala en el gobierno de Peña Nieto. 

En el caso de la Sedena, el representante jurídico de las familias de los desaparecidos critica que, pese a la orden directa del Presidente López Obrador al General Secretario, Luis Crescencio Sandoval, para que coopere, este funcionario y la institución no obedecen a su comandante supremo.

“Es algo que nosotros no atinamos todavía a entender. Ya nos hemos reunido varias veces, ya se le ha planteado al Presidente de la República: ‘aquí está el talón de Aquiles de la investigación con el Ejército Mexicano’. Y él ha dicho: ‘Yo voy a hablar con el Secretario de la Defensa Nacional, yo voy a platicar, le voy a pedir que se profundice’. Y nos ha respondido: ‘Ya hablé con el Secretario, se va a hacer todo, se va a avanzar’. Pero a la hora de la hora de hacer las cosas, de concretar los actos de investigación, vemos obstáculos, vemos reticencias, vemos que las cosas no avanzan”.

Rosales aclara que no desdeña lo que se ha hecho en el Gobierno de López Obrador sobre el caso Iguala, pero es todavía insuficiente: “No estamos como al principio, no, tenemos avances, pero esos avances son mínimos”.

Los padres de los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero, afuera de Palacio Nacional en noviembre de 2019. Foto: Graciela López, Cuartoscuro.

El abogado contrasta la labor del Fiscal especial, Omar Gómez, con lo que realiza el resto de los funcionarios de la FGR y que tiene que ver con los obstáculos que imponen los funcionarios que vienen de la PGR de Peña Nieto.

“Nosotros tenemos una Fiscalía especial muy echada para adelante, muy dispuesta, haciendo muchos actos de investigación, librando órdenes de aprensión, pero tenemos el caso concreto hoy en día que nos preocupa: Hay 40 órdenes de aprehensión que no se han ejecutado desde el mes de enero de este año y nosotros le decimos a Omar: ‘¿qué está pasando con esas órdenes?’ y dice: ‘eso a mí no me corresponde, eso le corresponde a otra área, a la agencia la Agencia de Investigación Criminal’”.

Rosales pone otro ejemplo: “Para las búsquedas se necesitan peritos calificados, peritos que ya se conoce su trabajo, su entrega en las acciones de búsqueda. Entonces la Fiscalía Especial de Omar Gómez ha hecho un listado y dice: ‘necesitamos tales peritos con nombres y apellidos para las búsquedas, mándenlos, por favor’. ¿Y qué creen que sucede? Pues no los mandan”. 

Luego de que en el Gobierno de Peña estuvo parada la investigación tras la “verdad histórica” de octubre de 2014, se reactivó hasta el nombramiento de Omar Gómez como Fiscal especial. Desde entonces, sólo ha habido avances en materia de búsqueda con el hallazgo de dos normalistas en la barranca La carnicería y en investigación es relevante el testimonio de “Juan”, un testigo protegido que identificó a los militares como partícipes de la desaparición y eventual asesinato.

Enfatiza Rosales: “La columna vertebral es el testimonio de Juan y con eso hay otros más que van consolidando la investigación, pero falta mucho por investigar todavía. Esta tesis lo que nos indica es que los estudiantes fueron divididos en varios grupos, varios fueron ultimados, pero lo que no tenemos detalles es quiénes participaron, cómo participaron, no hay claridad en el móvil”. 

El abogado no oculta su desilusión: 

“Nosotros teníamos muchas mayores expectativas. Estábamos hablando con el presidente de la República, un gobierno que tiene toda la voluntad política, que a través de un decreto presidencial va a crear una comisión para la verdad, va a reunir a todas las autoridades y en toda reunión vamos ir evaluando cuáles son los avances y los obstáculos. ¿Por qué no habría de haber resultados? Nosotros pensábamos a estas alturas ya tendríamos avances sustanciales, pero lo que tenemos son avances mínimos”.

La comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa visitó en julio de 2019 las instalaciones del 27, Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero. Foto: Cuartoscuro.

LOS MILITARES VIERON TODO

Aunque hay dos normalistas identificados y los jueces han librado 180 órdenes de aprehensión, más de la mitad de éstas no han sido ejecutadas y Tomás Zerón lleva más de dos años prófugo, sin que se instrumenten los mecanismos diplomáticos, legales necesarios para traerlos y que rinda cuentas ante la justicia.

“Y tenemos aún al Ejército mexicano con mucho hermetismo, con muchas reticencias para abrirse, para ponerse a la disposición de la justicia, para decir: ‘Aquí están los elementos del 27 Batallón, esta fue su participación’. Y el Gobierno federal, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tiene sus reservas con el Ejército mexicano. No alcanzamos… bueno, sí alcanzamos a entender”.

¿Qué reservas tiene?

Por ejemplo, hay una serie de datos de prueba que indican que el Ejército mexicano persiguió a los estudiantes, los monitoreó desde que llegaron a Iguala. Tenemos otro nivel de participación del Ejército mexicano de que dos elementos estuvieron en el C-4 y también, a través del C-4, estuvieron en tiempo real dándole seguimiento a los estudiantes.

“Tenemos otros elementos de prueba de que patrullas del Ejército mexicano estuvieron en distintos escenarios de la agresión: En Palacio de Justicia, en Santa Teresa, en Periférico Norte, donde fueron asesinados dos estudiantes, en la clínica Cristina y se presentaron en barandilla municipal. Ellos anduvieron recorriendo en la noche, tuvieron contacto con los estudiantes, supieron lo que estaba pasando. 

“Y el último dato que hay es el de Juan, y dice Juan: Veinticinco  estudiantes fueron ingresados al 27 Batallón y ahí fueron varios interrogados y varios asesinados y fueron entregados a un grupo delictivo. Bueno, es una declaración formal, es un medio de prueba que está en la investigación.

“Pero tal parece que la Fiscalía General, el Gobierno desdeñan eso. ‘Es que no tenemos elementos para fincar responsabilidades, no tenemos elementos para ahondar más’. Casi casi nos dicen: ‘Es que el Ejército mexicano nada tuvo que ver’. 

“Y nosotros decimos: ¿Y todo este conjunto de datos de prueba? Este conjunto de datos de prueba periféricos todavía y directos en el caso de Juan son fundamental para hacer una investigación mucho más exhaustiva contra elementos del Ejército mexicano”.

Al hospital “Cristina”, donde no atendieron a los heridos, llegó el capitán del Ejército José Martínez Crespo, quien ahora está preso, pero no por los hechos de Iguala.

Efectivamente, tú lo acabas de decir. Ahora, hay datos de prueba periféricos, todos estos elementos que acabo de poner sobre la mesa están en el expediente, forman parte del cúmulo de pruebas que tenemos, pero nos falta cerrar el círculo: ¿Cuál es la participación directa o indirecta del Ejército mexicano en la agresión a los 43? Es decir, ¿concretamente qué hicieron ellos? ¿Dispararon, detuvieron a los estudiantes, efectivamente los introdujeron al 27 batallón y los interrogaron? Hay que consolidar ese testimonio, hay que cerrar la pinza, cerrar ese círculo, porque hay otra tesis que dice que ellos coordinaron a las demás instituciones para permitir la agresión contra los estudiantes. 

“Es decir, que ellos estuvieron coordinando la operación el 26 de septiembre: se coordinaron con Policía Ministerial, con el grupo delictivo de Guerreros Unidos, con Policía Municipal, con Policía Estatal. Es decir, el que estuvo a la cabeza fue el Ejército mexicano. Hay algunas tesis, no consolidadas todavía, pero hay esa tesis entonces tenemos dos niveles acá en los cuales debiéramos estar cerrando la pinza en contra del Ejército mexicano”.

Vidulfo Rosales pide esclarecer el papel del Ejército mexicano en la desaparición de los 43 normalistas. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo.

Añade el abogado: “Una, su participación directa, si ellos participaron en la privación ilegal de la libertad de nuestros compañeros o si ellos participaron en las desapariciones, y lo otro si ellos prestaron un auxilio a las otras instituciones para que las otras instituciones desaparecieran a los estudiantes. Ahí nos falta cerrar la pinza, pero ahí es donde ya las instituciones no quieren entrar, hay reticencias, hay reservas, como que no se toma o no se le considera un dato de prueba fuerte.

“Por ejemplo, el de Juan dicen: ‘es que es un testimonio aislado, es un testimonio que no está corroborado, que no tiene mucha fuerza’. Bueno, si no tiene mucha fuerza, pues hay que buscar, hay que profundizar y el Ejército mexicano como institución lo que debería estar diciendo es: ‘saben qué, yo me pongo a la disposición, pongo a la disposición el 27 batallón para que sea totalmente investigado, abro archivos, mando a declarar todos es decir toda la disposición para que sea se clarifique, para que esa mancha que tiene el 27 de batallón no siga más”. 

Concluye: “Es decir, los padres de familia necesitan saber sí o no. El Ejército Mexicano en qué nivel participó, ya para que nosotros dejemos de estar haciendo este señalamiento. Si es que no participó clarifiquemos eso, pero si participó, que vayan a rendir cuentas ante la justicia.”

La FGR indaga a Alberto Elías Beltrán por enriquecimiento ilícito, informa Milenio

sábado, septiembre 4th, 2021

El imputado presentó un recurso de revisión en un Tribunal Colegiado esta semana que se encuentra análisis para su ingreso o desechamiento, luego de que se rechazara su amparo para tener acceso a su carpeta de investigación.

Ciudad de México, 04 de septiembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito contra Alberto Elías Beltrán, quien fue encargado de despacho de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con documentos judiciales consultados por diario Milenio revelan que el expediente FED/FECC/FECC-CDMX/0000215/2021 fue iniciado este año por el Ministerio Público adscrito al equipo de investigación B-I de la Fiscalía Especializada en materia de Corrupción de la FGR.

Funcionarios federales confirmaron que, Elías Beltrán, quien tomó el mando de la PGR luego de la renuncia de Raúl Cervantes Andrade durante un acto oficial el 16 de octubre de 2019, es investigado por el delito de enriquecimiento ilícito.

El expediente contra Alberto Elías Beltrán inició a partir de indagaciones hechas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que dirige Santiago Nieto.

Los datos presentados por la UIF para que la Fiscalía abriera el expediente, incluyen movimientos financieros realizados por su esposa, Marcela Kuchle López, el hermano de ella, Oswaldo Kuchle López, presó en Estados Unidos por un fraude de más de tres millones de dólares cometido contra el Banco de Exportaciones e Importaciones, así como distintas personas y empresas en las que supuestamente tiene participación monetaria.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que dirige Santiago Nieto, presentó datos para abrir el expediente contra Elías Beltrán. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con los documentos, Alberto Elías Beltrán ha buscado que le entreguen el expediente, así como la expedición de copias gratuitas, pero el juzgado decimosegundo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México, le negó ambas peticiones.

El amparo que solicitó Elías Beltrán para acceder a la carpeta de investigación fue tramitado el 15 de julio de 2021 y aceptado a trámite un día después, pero al negarle el acceso, el imputado presentó un recurso de revisión en un Tribunal Colegiado esta semana que se encuentra análisis para su ingreso o desechamiento.

En junio de 2019, se dio a conocer que la FGR inició una investigación contra Alberto Elías Beltrán y sus familiares por transacciones ilícitas y otras inconsistencias en los movimientos bancarios que realizó entre los años 2016 y 2019, según medios nacionales.

Durante su cargo en la PGR, Elías Beltrán, removió de su cargo a Santiago Nieto, quien era titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), por una investigación que realizaba en la que se involucraba al Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como a diferentes funcionarios, entre ellos, Enrique Peña Nieto.

Desde 2016 Elías Beltrán es investigado por enriquecimiento ilícito y diversos movimientos financieros. Foto: Cuartoscuro

Ese mismo año, la UIF aseguró que en 2016 se hicieron diversos movimientos financieros en las cuentas bancarias de Kuchle López con un monto de alrededor de 100 millones de pesos que venían de varios despachos de abogados. Además Marcela Kuchle tiene un departamento de 412 metros cuadrados en el conjunto residencial Bosques de Santa Fe, con un valor de 35 millones de pesos que fue adquirido en agosto de 2016.

Los hechos mencionados llamaron la atención de la UIF por coincidir con diversos movimientos financieros en las cuentas bancarias de la esposa del ex funcionario ese mismo año, por lo que se interpuso la denuncia penal ante la FGR. Elías Beltrán afirmó después de esas revelaciones, que ni él ni su esposa han realizado operaciones ilícitas.

Sin embargo, el diario Milenio informó en agosto de 2020, que el exfuncionario promovió un amparo contra un procedimiento de responsabilidad administrativa que inició la Secretaría de Función Pública por su situación patrimonial.

El primer desencuentro entre Santiago Nieto y Alberto Elías Beltrán fue el 20 de octubre de 2017, cuando removió a Nieto de su cargo como titular de la Fepade por transgredir “lo dispuesto en el Código de Conducta de la PGR” que la dependencia informó a través de un comunicado donde reiteró “su compromiso de vigilar que las actuaciones de los servidores públicos sean apegadas a la legalidad y ética institucional”.

La destitución del extitular de la Fepade ocurrió luego de una entrevista donde Nieto dijo que Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), le solicitó por medio de una carta, evitar ser implicado en el caso Odebrecht, en el que se desviaron recursos en beneficio del Partido Revolucionario Institucional para la presidencial de 2012.