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El exprocurador Jesús Murillo Karam es la máxima autoridad hasta el moment0 que ha sido presentada ante el juez y que enfrenta en la cárcel las acusaciones por la «verdad histórica» y por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
«Se acabó la verdad histórica», aseguró el Fiscal y destacó que Zerón está acusado por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada.
El director del Centro ProDH señaló que «es muy factible» que personas vinculadas a Guerreros Unidos, organización criminal que habría participado en la desaparición, hayan obtenido su libertad porque las pruebas en su contra fueron obtenidas mediante tortura.
El Gobierno de López Obrador reabrió en diciembre de 2018, el caso y estableció la llamada Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa.
Andalusia K. Soloff, Marco Parra y Anahí H. Galaviz conjuntaron sus talentos para contar con viñetas el ataque a normalistas de Ayotzinapa que terminó con la desaparición de 43 estudiantes, la muerte de tres más y dejó decenas de familias en espera de justicia.
Tres personas, cuyas identidades no fueron reveladas, declinaron encabezar la Fiscalía especial para el caso Ayotzinapa, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
AI exhorta al gobierno mexicano dejar de obstaculizar la creación de una comisión especial de investigación de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, a pesar de que sería su última oportunidad, Peña Nieto se aferra a la «verdad histórica».
Los comisionados acudieron al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez de la Ciudad de México, donde se reunieron con representantes de las víctimas y escucharon a los familiares, quienes les dieron datos «sobre el avance en búsqueda, investigación y atención a víctimas».
Lo anterior, manifestaron a SinEmbargo, fue «para dar a conocer al mundo lo que sucede en el país», como una forma de protesta ante la falta de resoluciones concretas y justicia en el caso.
El mecanismo, establecido en julio, tiene como objetivo dar seguimiento a las recomendaciones formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó el caso durante un año, en el que entregó al Gobierno mexicano dos informes.