Los diputados de Chile aprobaron un proyecto de ley para despenalizar el aborto hasta las 14 semanas. Lo lograron con 75 votos, 68 en contra y dos abstenciones.
Santiago de Chile, 28 sep (EFE).- La Cámara de Diputados de Chile dio este martes un importante paso hacia la despenalizacióndel aborto al aprobar una inédita moción que lo legaliza hasta las 14 semanas de gestación, un proyecto que genera gran controversia en el país y que aún tiene por delante un largo recorridolegislativo.
Con 75 votos a favor, 68 en contra y dos abstenciones la Cámara baja ratificó una reforma al Código Penal que busca librar de sanciones a las mujeres que lleven a cabo una interrupción voluntaria del embarazo hasta cumplir las 14 semanas de gestación.
En Chile, uno de los países más religiosos de la región, sólo es legal abortar bajo tres supuestos -inviabilidad fetal, violación o riesgo de la vida de madre- y, en caso de no cumplirse alguna de estas causales, el aborto está penado con hasta cinco años de prisión.
“La criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo también es una forma de violencia de género (…). Avanzar en materia de derechos sexuales y reproductivos es avanzar en igualdad de género”, declaró la Diputada comunista Carol Kariola, una de las autoras de la moción.
✅ APROBADO | Con 75 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones, la Cámara aprueba el proyecto para despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras catorce semanas de gestación.
La Cámara de Diputados debe aún concretar el articulado de la iniciativa, que es la que más lejos ha llegado en la historia de Chile, y luego pasará por el Senado.
El proyecto haría que el aborto no fuera punible, pero no lo garantizaría como un derecho libre y gratuito, puesto que para que un proyecto de ley pueda incurrir en gastos en Chile debe contar con el apoyo del Gobierno, que rechaza frontalmente la norma.
“El aborto es el fin de la vida de un ciudadano (…). Mientras nosotros discutimos, están muriendo niños inocentes por todo el mundo”, denunció el Diputado oficialista conservador Diego Schalper.
Minutos antes de la votación y al grito de “Aborto libre y seguro” y “Será ley”, un centenar de mujeres rodearon el edificio de la capital donde se redacta la nueva Constitución chilena para pedir la despenalización del aborto con pancartas y pañuelos verdes, el color de esta lucha social.
Las chilenas, que esta tarde se manifestarán en distintos puntos del país con motivo del Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, pueden abortar bajo tres supuestos desde el año 2017, gracias al empuje del segundo Gobierno progresista de Michelle Bachelet (2014-2018).
🟢🇨🇱 #AbortoLegal ¡Histórico logro en #Chile! La Cámara de Diputados aprobó despenalización del #aborto hasta las 14 semanas de gestación ✊. Ahora el proyecto vuelve a la Comisión de la Mujer por revisiones. #SeráLeypic.twitter.com/AqbWgs0nPL
Hasta entonces, las interrupciones voluntarias del embarazo estaban totalmente penalizadas, algo que estableció la dictadura de Augusto Pinochet poco antes de que el General dejara el poder en 1990.
El aborto legal es una reivindicación histórica de los colectivos feministas de América Latina, donde sólo Argentina, Cuba, Uruguay, Guyana y cuatro estados de México lo han despenalizado.
Hasta 2017, según diversos estudios, se realizaban unos 70 mil abortos anuales en Chile, todos ellos en la clandestinidad.
De acuerdo a datos del Ministerio de Salud, entre 2018 y 2020 se registraron mil 827 abortos legales en Chile, una cifra que deja entrever que todavía decenas de miles de mujeres siguen poniendo fin a su embarazo de forma ilegal.
APROBADO Con 75 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones, la Cámara baja aprobó el proyecto para despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras 14 semanas de gestación. pic.twitter.com/yBWVNe5oBO
— Asociación de Abogadas Feministas Chile (@abofemchile) September 28, 2021
Luego de que la Cámara de Representantes aprobara una propuesta de ley para la despenalización de la mariguana a nivel federal, los opositores de la propuesta, en su mayoría republicanos expresaron que es un gesto político y criticaron a los demócratas por presentarla en tiempos de la COVID-19.
Por Matthew Daly
Washington, Estados Unidos, 4 de diciembre (AP).- La Cámara de Representantes aprobó el viernes una propuesta de ley para despenalizar y gravar la mariguana al nivel federal, revirtiendo lo que partidarios dicen es una fallida política de criminalización del uso de la mariguana y dando pasos para resolver disparidades raciales en las leyes federales de drogas.
Los oponentes, mayormente republicanos, dijeron que la propuesta es un gesto político vacuo y se burlaron de la mayoría demócrata en la cámara baja por presentarla en un momento en el que miles de estadounidenses mueren por el coronavirus.
“Con los retos que enfrenta Estados Unidos en estos momentos, (los republicanos) sentimos que la ayuda por la COVID-19 debería ser debatida, pero en lugar de ello los demócratas traen gatos y cannabis”, dijo el líder de la minoría republicana Kevin McCarthy.
“Ellos están dando prioridad a la mariguana sobre los trabajadores. Están dando prioridad a la mariguana sobre proveer el dinero necesario para” responder a la pandemia.
Nancy Pelosi’s House Democrats just voted to legalize pot.
Los comentarios de McCarthy sobre gatos se refieren a una propuesta por separado aprobada en la Cámara de Representantes que prohíbe poseer felinos grandes como leones y tigres, una medida que ganó fuerza con la serie de Netflix Tiger King.
Esa propuesta, aprobada el jueves, permitiría que la mayoría de los zoológicos privados retuviesen sus tigres y otras especies, pero prohibiría la mayor parte del contacto púbico con los animales.
Yesterday, House Democrats continued to block a vote to extend the #PPP and instead voted on a Tiger King bill. Today, they’re voting to legalize pot.
Workers and small businesses deserve better than Pelosi’s priorities that put cats and cannabis over #COVID19 relief. https://t.co/icwLCuDVaZ
Los demócratas apuntan que pueden trabajar en la ayuda por la COVID-19 y la reforma de las leyes de mariguana al mismo tiempo, resaltando que la cámara baja aprobó una abarcadora ley de ayuda por la pandemia en mayo que se ha estancado en el Senado.
Los partidarios de la medida dicen que la misma revertiría los efectos adversos de décadas de la “guerra contra las drogas” al sacar la mariguana de la lista de substancias controladas federalmente y permitiéndoles a los estados fijar sus propias reglas sobre la droga.
La propuesta usaría además dinero de un impuesto a la mariguana para responder a las necesidades de grupos y comunidades dañados por la guerra a las drogas y proveería la supresión de los fallos y arrestos federales por mariguana.
“Por demasiado tiempo hemos tratado la mariguana como un problema de justicia criminal en lugar de un asunto de decisión personal y salud pública”, dijo el representante demócrata Jerry Nadler, que preside la Comisión de Asuntos Judiciales en la cámara baja.
El homicidio de Samir Flores, activista opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM), ha despertado en los defensores del territorio el temor de que persista la misma situación violenta a la que se enfrentaron durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Los comentarios hechos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador preocupan a los opositores de los grandes proyectos de infraestructura y hoy, afirman, temen por su vida. En casi tres meses de la nueva administración federal han sido asesinados al menos seis defensores de derechos humanos en México.
Ciudad de México, 22 febrero (SinEmbargo).– A casi tres meses del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los activistas y defensores de derechos humanos están inconformes con la respuesta que la nueva administración federal ha dado a los actos de violencia cometidos en su contra. En lo que va de 2019 han sido asesinados al menos seis activistas. El más reciente es Samir Flores, opositor a la termoeléctrica en Morelos, asesinado afuera de su casa el pasado 20 de febrero en el municipio morelense de Temoac.
En opinión de Juan Carlos Flores Solís, integrante y abogado de la Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua en Morelos (FPDTA), los asesinatos continuarán si persistan los discursos de criminalización lanzados en contra de la oposición y si el nuevo Gobierno de la República continúa sin escuchar las advertencias de peligro.
“De López Obrador hemos recibido difamación, desprestigio y criminalización, el llamarnos radicales y ultraconservadores que tienen sus propios intereses son métodos de criminalización. Antes de la muerte de Samir, nosotros advertimos al gobierno en una carta abierta a López Obrador que él estaba generando un mayor encono en el tema y que teníamos que dialogar sobre el asunto, porque la situación se estaba volviendo más violenta; incluso le mencionamos que los grupos de choque de Huesca se habían sentido avalentonando. Le mencionamos que esas declaraciones y esas acciones irresponsables podían generar mayor violencia para los pueblos de Morelos. López Obrador nuevamente no nos hizo caso y el resultado es el asesinato de nuestro compañero de Samir”, afirmó Flores Solís.
Samir Flores, uno de los activistas más representativos de la lucha contra la termoeléctrica de Huexca, fue atacado a balazos la madrugada del miércoles pasado afuera de su casa en el poblado de Amilcingo. El activista impulsaba un proyecto de radio comunitaria. Foto: Margarito Perez Retana, Cuartoscuro
El asesinato de Samir ocurrió pocos días después de que el Presidente de México anunciará la realización de una consulta ciudadana que definirá el futuro del Proyecto Integral Morelos (PIM), que incluye la termoeléctrica –a la que los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua en Morelos (FPDTA) se han opuesto desde hace seis años– y el gasoducto que alimenta la planta y atraviesa los estados de Puebla, Morelos y Tlaxcala.
López Obrador calificó el acto como “un crimen vil, cobarde”, sin embargo afirmó que la consulta continuará porque “la gente ya tiene todos los elementos y no podríamos detenerla porque no sabemos con qué intención se cometió el horrendo crimen, a lo mejor entre las posibilidades era afectar la realización de la consulta.”
Las declaraciones del titular del Jefe del Ejecutivo federal han sido tomadas por los grupo opositores como una “actitud irresponsable” que podría seguir atrayendo la violencia.
“Nosotros observamos un grave retroceso democrático. Él [el Primer Mandatario] combate a las organizaciones sociales, las confronta, las acusa de ser conservadoras. En el caso específico de Morelos, el 10 de febrero arengó a la violencia contra los opositores al Proyecto Integral Morelos y generó las condiciones para la agresión de los compañeros, no solamente de la organización hermana del Frente de Pueblos, sino de otras organizaciones y otros colectivos que se han opuesto a este y a otros proyectos en el país. Esta es una actitud demasiado irresponsable del Presidente de la República y en este caso debe asumir su responsabilidad ante los acontecimientos porque el arengó a la población y le dio bases para que los compañeros fueron agredidos”, sentenció Jesús Gutiérrez Valencia, vocero Nacional de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional.
Samir Flores fue atacado a balazos la madrugada del 20 de febrero afuera de su casa y murió en un hospital. Samir impulsaba también un proyecto de radio comunitaria y era sobrino de Vinh Flores Laureano, luchador social y fundador de la Normal de Temoac. Foto: Margarito Pérez, Cuartoscuro.
El día 10 de febrero durante su visita al estado de Morelos, López Obrador se refirió a los opositores –la mayoría pueblos nahuas de la región– como “radicales de izquierda” y “conservadores”. Asimismo, aseveró que “aunque hubiera gritos y sombrerazos” se realizaría la votación los días 23 y 24 de febrero.
En opinión del Jefe del Ejecutivo federal, dejar fuera de funcionamiento la termoeléctrica derrochará la inversión aproximada de 25 mil millones de pesos e impedirá el goce de los beneficios de tener tarifas bajas de electricidad; el revestimiento de canales secundarios y terciarios; la ampliación de recolectores residuales y la rehabilitación de plantas de tratamiento en Morelos, entre otros.
EXIGEN JUSTICIA PARA SAMIR
En la madrugada del miércoles fue asesinado Samir Flores, quién era líder del grupo de oposición a la termoeléctrica en Morelos, campesino, conductor de una radio comunitaria y defensor de derechos humanos. El activista fue alcanzado por dos balazos mientras salía de su casa ubicada en el pueblo de Amilcingo, Morelos.
El suceso generó gran indignación entre los integrantes del movimiento que presidía y entre otros grupos sociales que identifican la muerte de Samir como un móvil que continuamente se presenta entre los defensores del territorio.
Al cierre sexenio de Enrique Peña Nieto, el informe Desde la memoria…la esperanza, elaborado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas (RedTDT) contabilizó un total de 161 asesinatos de defensores de derechos humanos, la mayoría de ellos activistas indígenas. El 40 por ciento (63) de los asesinados eran defensores comunitarios y 36 de ellos eran indígenas; 38 formaban parte de alguna organización social; 32 eran promotores sociales y ocho se desempeñaban en tareas de comunicación.
El asesinato de Samir es el sexto de este nuevo gobierno, por lo que, los activistas temen que durante esta gestión el móvil de ataque sea el mismo que el del sexenio pasado.
“La gente de la comunidad está muy enojada con López Obrador, muchos campesinos de Morelos, Puebla y Tlaxcala estamos muy enojados con López Obrador por este tema. Los pueblos están señalados que fue un crimen de Estado por omisión (…) Nos sentimos peor que antes porque hay una enorme presión mediática, porque algunas personas que antes apoyaban esta lucha no quieren ver las contradicciones que está provocando el nuevo gobierno y por otra parte el Gobierno de la República está actuando de la misma manera al no escucharnos al desprestigiarnos, al hacer uso de estas consultas amañadas para conseguir fines económicos o para favorecer intereses económico. Ahora viene el asesinato de nuestro compañero, el primero durante toda esta lucha”, declaró Juan Carlos Flores.
El pasado 10 de febrero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Cuautla, Morelos, para presentar su propuesta sobre la Planta Termoeléctrica en Huexca. Ese día, AMLO llamó “radicales de izquierda, conservadores”, reclaman luchadores sociales de la región. Foto: Margarito Pérez, Cuartoscuro
A sólo unas horas de que la consulta arranque, los miembros del FPDTA exigen justicia para Samir y la cancelación de la consulta, ya que temen que se repitan los acontecimientos.
“Nosotros lo que exigimos es justicia, que se castigue a los responsables materiales e intelectuales de este hecho. Que se cancele la consulta y que se cancele el proyecto integral Morelos, pues esta era lucha que sostenía nuestro compañero desde hace seis años. No se puede dar esta consulta en un ambiente de encono, en un ambiente de violencia, de terror, porque es una ejecución y una ejecución genera terror porque se perpetuó hacia un líder social que era icono de esta lucha. No se puede hablar de una consulta en estas condiciones”, sentenció.
ASESINATOS EN OAXACA
Durante décadas, Óscar Carzola luchó a favor de lo derechos de la comunidad muxe del Istmo de Tehuantepec. El activista logró visibilizar las necesidades de la comunidad LGBTI de Oaxaca. Fue uno de los fundadores del la fiesta más conocido del estado en favor de la diversidad: “Las Auténticas Intrépidas y Buscadoras del Peligro”, que se celebra en la región desde hace 40 años.
El 9 de febrero pasado un acto de violencia acabaría con su vida en Juchitán, Oaxaca. Su cuerpo fue encontrado al interior de su casa en Juchitán de Zamora, Oaxaca con algunas huellas de violencia. Hasta el momento la razón del suceso es desconocida. Su asesinato fue condenado por su comunidad y por la Oficina del Alta Comisionado de la Organización de las Naciones unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Al respecto Jan Jarab, representante del organismo mencionó: “Condenamos este terrible crimen que afecta a toda la comunidad muxe y a todas las defensoras y los defensores de derechos humanos en Oaxaca. En los últimos años han ocurrido crímenes de odio y asesinatos de personas defensoras de los derechos de la comunidad LGBTI en diferentes partes del país sin que hayan sido adecuadamente investigados. Hay que superar este patrón de impunidad y, para ello, el asesinato de Óscar debe ser esclarecido, por medio de una investigación diligente que contemple todas las posibles hipótesis, incluida la posibilidad de un crimen de odio o una represalia por sus actividades de defensa de derechos humanos, destacó.
Defensores de derechos humanos y periodistas se manifestaron ayer frente a Palacio de Nacional, en un acto de reclamo al Presidente Andrés Manuel López Obrador por la persistencia de la violencia y condición de indefensión que continúa para activistas y comunicadores en el país. Foto: Sugeyri Gándara, SinEmbargo
Un informe presentado en 2018 por las organizaciones Vida Cotidiana AC y Letra S Sida reportó que de 2013 a 2018 fueron asesinadas 381 personas presumiblemente con una orientación no heterosexual. Los más afectados por este tipo de violencia fueron los trasvestis, transgénero y transexuales representando el 55 por ciento de los casos (209).
El 22 de enero el Centro de Derecho Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C (Cedahapi) denunció el asesinato del comunero Bernandino García Hernández, representante de Zimatlán de Lázaro Cárdenas y mediador del conflicto entre comunidades mixtecas de San Sebastián Nopalera.
El activista fue atacado por un grupo armado la tarde del lunes 21 enero dentro se su propiedad ubicada en el paraje el Camalote, en el municipio de Zimatlán. García interactuaba en mesas de trabajo con la agencia de San Sebastián con miras a resolver un conflicto de tierras que se había producido una década atrás y por el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había emitido medidas cautelares para que se procurara la garantía de integridad de los habitantes de la zona.
SINAR, JOSÉ SANTIAGO Y NOÉ, EN CHIAPAS
Chiapas se ha convertido en uno de los estados más violentos para las poblaciones indígenas y activistas del territorio. En el 2018 fueron contabilizados oficialmente 13 homicidios de defensores. En este año se han registrado ya tres casos: el de Sinar Corzo Esquinca, en el municipio de Arriaga, y los de José Santiago Gómez y Noé Jiménez Pablo, líderes comunitarios de Amatán, Chiapas.
El viernes 3 de enero, el defensor de la agua y de la tierra Sinar Corzo fue asesinado en Arriaga, Chiapas. Un hombre a bordo de una motocicleta lo embistió con varios disparos mientras caminaba el parque central de municipio. Es misma mañana había sostenido una reunión con David Parada Vázquez, Presidente Municipal, a quien solicitó la construcción de caminos en la comunidad La Línea.
El integrante del Comité de Derechos Humanos “El Coloso de Piedra” había sido encarcelado e intimidado en diferentes ocasiones por las autoridades locales. En 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al ahora ex Gobernador Manuel Velasco Coello y otros integrantes de Ayuntamiento de Arriaga, ya que Corzo había sido detenido por exigir agua potable a las comunidades.
Luego del evento, Rutilio Escandón Cadenas, actual Gobernador del estado, lamentó el acto a través de un tuit. La Fiscalía General del estado indicó que se habían comenzado las investigaciones. Por su parte, la CNDH y el Alto Comisionado de la ONU condenaron el ataque y exigieron justicia para el defensor.
A los 17 días de ese asesinato, Luis Arvey Cruz, defensor civil del Coloso de Piedra, dijo que el el acto cometido en contra de su compañero respondía a una lógica del estado de Chiapas que atacaba a los opositores.
“El tema es garantizar la protección de los defensores civiles en el estado y también de los comunicadores: está el tema de Mario Gómez, está el tema de Sinar Corzo, el del compañero de Amatán que el día de ayer enterraron. Tal parece que es una política de Estado o una especie de estrategia que busca desaparecer a los defensores civiles a los activistas y a los líderes sociales”, dijo.
Sinar Corzo fue defensor de la tierra y el agua. En 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al exgobernador Manuel Velasco Coello para la protección de Corso, encarcelado por exigir agua potable para las comunidades. Foto: Tomada del Coloso de Piedra
El 17 de enero se registraron los homicidios José Santiago Gómez y Noé Jiménez Pablo, ambos eran integrantes del Movimiento Campesino Revolucionario Plan de Ayala (MOCRI-CNPA), un grupo que ha denunciado la colaboración del gobierno local con el crimen organizado.
Desde noviembre de 2017, junto a cientos de personas, los comuneros habían impuesto un plantón frente a la presidencia municipal para denunciar el cacicazgo de los hermanos Carpio Mayorga, gobernadores del municipio desde el 2000. El día de su muerte los manifestantes fueron atacados con armas de fuego por paramilitares, produciendo sus decesos y la desaparición de por lo menos 50 personas.
Jesús Gutiérrez Valencia, vocero Nacional de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional, explica que el asesinato producto de un conflicto político fue denunciado en ocasiones previas; sin embargo fue ignorado por las autoridades Chiapas que apadrinaban a los Mayorga:
“El conflicto primordial tiene que ver con la ruptura del conflicto social derivado de la imposición de una familia caciquil los Carpio Mayorga que han gobernado desde hace más de 15 años y han creado lealtades a través de la corrupción y de dadivas hacia su gente (…) esta familia ha gobernado a través del Partido Verde Ecologista de México, del PAN, del PRI y en esta ocasión se impusieron por la vía del fraude con Morena. El conflicto lo han reducido a razones poselectorales lo que a todos luces es falso y el resultado fue querer impone una vez más a esta familia caciquil apadrinada por Eduardo Ramírez Aguilar y el ex Gobernador Manuel Velasco Coello”, aseveró.
Tras días de lucha y protestas por estos actos de violencia, el 1 de febrero pasado el Alcalde Amatán, Manuel de Jesús Carpio Mayorga, renunció a su puesto junto a todos los integrantes del Ayuntamiento –el síndico y todos los regidores uninominales y plurinominales–, alegando que buscarían abonarían a la paz del municipio. Los asesinatos de Santiago y Jiménez continúan impunes.
Marigraz Hernández, Diputada plurinominal del PAN, expuso que la despenalización del aborto es un tema en el que está en desacuerdo y que no va a cambiar de opinión. La respuesta de la legisladora se da ante el planteamiento de modificar los artículos 149, 150 y 154, del Código Penal de Veracruz, que criminalizan a las mujeres que soliciten la Interrupción Legal del Embarazo por violación o debido a una causa médica.
Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- María Graciela Hernández Iñiguez, Diputada plurinominal del PAN en el Congreso de Veracruz, aseguró que de legalizar el aborto en la entidad se fomentaría la irresponsabilidad en la juventud.
La Diputada electa por el principio de representación proporcional, expuso que es un tema en el que está en desacuerdo y que no va a cambiar de opinión al respecto, pues de legislarse sería motivo para dar menos responsabilidades a los jóvenes.
“Yo sé que hay casos que lógicamente el aborto es un tema, pues si es una violación si llega a inquietar como mujeres ese tema”, pero a “muchos jóvenes les quitaría responsabilidad”, declaró a medios locales.
La respuesta de Hernández Iñiguez se da ante el planteamiento de modificar los artículos 149, 150 y 154, Capítulo 5, del Código Penal de Veracruz, urgida por el subsecretario de Derechos Humanos federal, Alejandro Encinas.
Estos cambios evitarían la criminalización a las mujeres que soliciten la Interrupción Legal del Embarazo por violación o debido a una causa médica.
El argumento central de la legisladora es que, ante el panorama actual de la juventud, es complicado generar un sentido de responsabilidad, por lo que la aprobación a las modificaciones de las causas penales abonará a esa dinámica.
“Creo que hay muchos jóvenes que se les quitaría un poco de responsabilidad en el que, pues, de por sí ya nos cuesta que los jóvenes sean responsables y que nosotros todavía hagamos este tipo de legislación”, añadió.
“De forma personal, y respetando sobre todo los principios de mi partido, pues voy a estar en contra del aborto”, concluyó.
Apenas el pasado lunes, 21 de enero, las declaraciones de otra Diputada de la entidad generaron revuelo a nivel nacional, pues en ese caso proponían un toque de queda para las mujeres con el fin de disminuir las cifras de feminicidios en la entidad.
Ana Miriam Ferráez Centeno, legisladora emanada de Morena y Secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género en el Congreso local, expuso esta medida para “evitar más violencia”; la medida incluye que las mujeres no salieran de sus casa después de las 10 de la noche al menos durante tres meses.
Según el informe “Maternidad o Castigo. La criminalización del aborto realizado por Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)”, en México cuatro mil 246 mujeres fueron denunciadas por el delito de aborto entre 2007 y 2016. Las entidades que encabezan el número de denuncias son: la Ciudad de México con 894; Baja California con 466; Veracruz, 416; Nuevo León, 339; e Hidalgo con 207.
El territorio chontal tiene concesionada una extensión de tierras comunales de 5 mil 413 hectáreas, que pertenecen a seis poblaciones distintas. Ese permiso de explotación fue cedido por la Secretaría de Economía en 2011 a la empresa Zalamera, filial de la canadiense Minaurum Gold.
Ciudad de México, 26 de noviembre (SinEmbargo).– Armando de la Cruz Cortés es originario del poblado San Miguel Chongos, que pertenece al Municipio de San Carlos Yuatepec en el estado de Oaxaca. Es indígena chontal y abogado, con una Maestría en Política, Gestión y Derecho Ambiental. Actualmente forma parte de la organización Tequio Jurídico, que se dedicada a brindar apoyo a otros defensores del territorio que luchan por la preservación de la organización comunal.
Desde muy joven, gracias al fuerte vínculo que sentía con su comunidad, empezó a vincularse con las asambleas comunitarias a las que se acercaba como oyente. Los tequios colectivos y las fiestas tradicionales terminaron de completar la base de lo que él mismo llama sus “pilares comunales”.
Cuando estudiaba la preparatoria, rememora De la Cruz Cortés, fue maestro rural de niños de primaria en otras regiones indígenas de Oaxaca. En sus estudios de licenciatura comenzó a involucrarse con los derechos humanos lo que posteriormente lo llevarían a reconocer las necesidades del Derecho Agrario. Fue en esta etapa cuando comenzó a consolidarse la organización en la que hoy participa que en un primer momento, decidió concentrar su actividad en las comunidades chontales de donde provenían una buena parte de los colaboradores.
Como defensor se ha concentrado en promover la organización colectiva de la tenencia de la tierra, lo que lo ha llevado a realizar acciones preventivas para proteger el territorio oaxaqueño de las empresas de la industria minera.
De acuerdo con el también Coordinador de Veredas de la organización Tequio Jurídico, el territorio chontal tiene concesionada una extensión de tierras comunales de 5 mil 413 hectáreas, que pertenecen a seis poblaciones distintas. El permiso de explotación fue otorgado por la Secretaría de Economía (SE) en 2011 a la empresa Zalamera, filial de la canadiense Minaurum Gold Inc.
Minaurum Gold explora y desarrolla proyectos de oro y plata en México. Su principal accionista es la empresa de inversiones inglesa Sector Investments Managers Ltd. Con sede en Vancouver, posee y explora los proyectos de plata Alamos y Adelita, en el estado de Sonora; los proyectos de oro Aurena y de oro-cobre Santa Marta en Oaxaca, y los proyectos de oro Vuelcos del Destino y Biricú en Guerrero.
Las concesiones otorgadas para un periodo de 50 años –de 2011 a 2061– están conectadas por los territorios de varias comunidades chontales de la zona alta, desconociéndose para qué servirá la conexión. Los permisos fueron otorgados sin informar y sin consultar a las comunidades que tuvieron conocimiento del proyecto hasta 2014, afirma De la Cruz.
DEFENDER LA COMUNIDAD Y EL TERRITORIO
Desde sus inicios como defensor, Armando de la Cruz se ha preocupado por la protección de las tierras comunales de la región, entradas en conflicto desde la creación del Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agraríos (RRAJA-FANAR), con el que se busca regular y darle título a todas las tierras comunales. Un acuerdo supuestamente voluntario que la organización campesina denuncia como un acto de privatización que los vuelve vulnerables frente al despojo.
Junto a su organización ha dado acompañamiento a las comunidades que padecen la falta de transparencia de los recursos municipales. Y desde 2014 defiende el territorio de los proyectos mineros que buscan aprovechar la tierra para la extracción de oro, plata, zinc y plomo.
Al enterarse de las concesiones, la organización inició un proceso informativo con las comunidades explicando qué era una concesión y también cuáles eran los perjuicios de la extracción de metales. Dichas sesiones, desarrolladas en asambleas regionales, constituirían la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa del Territorio, constituida por 16 comunidades agrarias que buscaban formalizar su derecho a la protesta.
A la par de esta organización, Tequió Jurídico ha promovido actas de asamblea de tipo agrario para declarar territorios prohibidos para la minería, logrando que cinco actas de asamblea jurídicamente redactadas hayan sido inventariadas en el Registro Agrario Nacional, cumpliendo con el requisito gubernamental de informar sobre las decisiones comunitarias .
De manera insólita todas las acciones se desarrollan de manera preventiva. La minera canadiense aún no logrado entrar a los territorios del sur del país, sin embargo ya comienza a insistir con el inicio de la fase de exploración.
“Todos lo actos hasta el momento son preventivos, porque justamente toda la experiencia que nos han dejado los otros procesos –como el de San José del Progreso y Tlacotalpan de Mendez– es evitar que las mineras se instalen, porque después es ya muy difícil combatirlo. Es muy difícil porque ya han invertido gran cantidad de dinero y también se abre un abanico de protección de la Ley General de inversiones. Ya no sólo se combate al proyecto minero, también se combate al Estado mexicano por la obligación que tiene de garantizar la inversión de las empresas”, explica Armado de la Cruz.
En la lucha ninguna acción ha sido escatimada: se ha promovido la declaración legal de las áreas comunales o de importancia espiritual; asimismo, la Asamblea del Pueblo Chontal ha creado la Escuela Agraria en Defensa del Territorio que, entre otras cosas, busca reconocer la relevancia del papel de la mujer en la protección de la tierra, como un agente principal que a la fecha continua en desventaja legal.
Ser defensor de la tierra es un peligro en sí mismo y en los últimos años la labor se ha complicado, dice el abogado. Amenazas e intimidaciones desarticulan a los defensores, aunque no para Armando quien insiste en que su labor es una “una tarea que se tiene que cumplir”.
“El solo hecho de ser defensor de derechos humanos, defensor del territorio, ya implica riesgos en un país como el nuestro en donde no hay garantías para los hombres y las mujeres que hacen defensa de los derechos de los pueblos originarios. En los últimos años se han incrementado mucho los asesinatos, la persecución, la criminalización en contra de defensores y defensoras del territorio (…) La vida es corta y se viene a cumplir una misión, y la defensa de la tierra es una tarea que se tiene que cumplir. A mí me motiva la defensa del territorio y de los derechos humanos”, destaca.
EL SEXENIO DE LAS MINERAS
Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto que está por concluir, la Secretaría de Economía cedió 3 mil 190 concesiones mineras. En Oaxaca, hasta 2012, la Dirección General de Regulación Minera había otorgado 389 concesiones en una superficie de 800 mil 447 hectáreas; la relación describe a 44 como canceladas.
Desde 2013 –a partir de la firma de un convenio entre la Dirección de Industria y Minería de la Secretaria de Economía, la de Desarrollo Turístico del Estado de Oaxaca y el Servicio Geológico Mexicano, ha aumentado la exploración del terreno para la elaboración de cartas geográficas mineras.
Las concesiones otorgadas durante el sexenio alertaron a diferentes comunidades indígenas alrededor de todo el país, entre ellas las de los chontales oaxaqueños a los que representa Armando, quien reconoce que la administración de Enrique Peña Nieto fue una de las más duras para la defensa del territorio.
Las concesiones otorgadas este el sexenio alertaron a diferentes comunidades indígenas alrededor de todo el país, entre ellas las de los chontales oaxaqueños a los que representa Armando, quien afirma que la administración de Peña Nieto fue una de las más duras para la defensa del territorio. Foto: Cortesía Armando de la Cruz
“Se volvió aún más delicado”, resume Armando sobre el sexenio que derivó en violencia a partir de la implementación de las denominadas reformas estructurales, entre ellas la Reforma Energética, un marco normativo que agudizó la tendencia de los últimos 26 años.
“Se volvió aún más delicado la defensa del territorio derivado de toda la reforma estructural, sobre todo en materia energética: esas más de 21 leyes –entre que se crearon y se modificaron– se relacionan con el despojo del territorio. Claro que esto no es nuevo, antes de 1992 la tendencia en contra de los territorios ya había comenzado. Desde las reformas del 92 se ha intentando convertir en pequeña propiedad la propiedad colectiva de las comunidades indígenas para proyectar e instalar proyectos extractivistas. Este marco abrió aún más espacio a otros proyectos de tipo extractivista”, comenta Armando.
El defensor llama la atención sobre la falta de consulta en todos los procesos relacionados con la industria minera; por una parte, la Ley ampara los intereses mineros y, por la otra, no existe una legislación que garantice el derecho a la consulta, reduciéndose a herramientas que operan como protocolos para la construcción.
Armando afirma que las consultas no son implementadas de manera efectiva, lo que es una muestra de la falta de disposición política para realizarlas. En su opinión lo que debe de importarle más al Gobierno federal, y también a los locales, es el reconocimiento de la autonomía sobre el territorio y la autodeterminación de los pueblos indígenas.
Sobre el Gobierno federal que está por iniciar el próximo 1 de diciembre, el activista no dice mucho; sin embargo insiste en que vale la pena “estar atentos” sobre sus nuevas formas de consulta y sobre las modificaciones que se le harán a la Ley Agraria, “que parece perseguir los mismos objetivos de privatización”.
Mario Luna, defensor de derechos humanos y vocero de la Tribu Yaqui fue encarcelado en el Centro de Readaptación Social 2 en Hermosillo por más de un año. El también Secretario de las autoridades tradicionales del Pueblo Vicam enfrentó cargos por secuestro.
Las acciones estatales se presentaron en respuesta a la oposición de la tribu a la construcción del Acueducto Independencia, una enorme obra hidráulica que despoja de 75 millones de metros cúbicos (m3) de agua a la tribu indígena para solucionar problemas de suministro en la ciudad de Hermosillo.
Para Mario Luna la respuesta a los ataques contra su tribu se encuentra en la ausencia del Estado de Derecho, una condición que permite que se continué con la violación de derechos humanos o con la omisión de los mismos, como en el caso de las consultas simuladas de las deberían gozar todos los pueblos indígenas.
Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).– La mañana del 11 de septiembre de 2014, un grupo de personas vestidas de civiles detuvieron a Mario Luna, defensor de derechos humanos y del agua en Sonora, y vocero de la Tribu Yaqui. El arresto, realizado por integrantes de la Policía estatal –que en ese momento no se identificaron como tal–, concluyó en la oficina de Ciudad Obregón de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora donde fue incomunicado hasta media tarde. Más adelante, luego de su trasladado al Centro de Readaptación Social 2 en Hermosillo, el también Secretario de las Autoridades Tradicionales del Pueblo Vicam enfrentaría cargos por secuestro que lo privarían de su libertad durante un año.
Las acciones estatales se presentaron en respuesta a la oposición de la tribu a la construcción del Acueducto Independencia, una enorme obra hidráulica que despoja de 75 millones de metros cúbicos (m3) de agua a la tribu indígena para solucionar problemas de suministro en la ciudad de Hermosillo.
Desde el anunció del proyecto, en 2010, el Pueblo Vicam demandó su derecho a la consulta, el cuál le había sido negado a pesar de que el Marco Internacional de Derechos de Pueblas Indígenas establece el proceso como un derecho adscrito a los ordenamientos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Enterados por los medios de comunicación, los integrantes de la Tribu Yaqui comenzarían un trayecto en el que la criminalización y la injusticia marcaría su andar.
La protesta se convirtió en el recurso de un pueblo combativo que quiere acabar con un ciclo de invisibilización y hostigamiento dirigido a las comunidades indígenas, una característica de la construcción de las grandes obras de infraestructura de nuestro país.
Luna fue liberado el 23 de septiembre de 2015, tras permanecer 377 días en un penal de Hermosillo. El defensor fue acusado del robo de un auto y un presunto secuestro: el Gobierno del panista Guillermo Padrés lo metió en prisión. Luna salió libre 10 días después de que Padrés, quien fue señalado en EU por enriquecimiento inexplicable, dejó la Gubernatura de Sonora. Foto: @CentroProdh
DEFENDER EL AGUA Y EL RÍO
Los yaquis han utilizado históricamente el río del mismo nombre para su supervivencias cultural y económica. En 1940, el ex Presidente Lázaro Cárdenas del Río aprobó la publicación en el Diario Oficial de la Federación de un Decreto que otorga el 50 por ciento del agua en el caudal del dicho río a la comunidad, lo que en la actualidad representa un aproximado de 80 millones de m3, más lo correspondiente a los escurrimientos, lo que daría un total de 600 millones de m3 anuales, distantes a los 250 millones de m3 que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) les entrega de manera arbitraria.
El rechazó de la obra fue la reacción natural frente a una regla que no se ha cumplido en los últimos 78 años y por lo que los habitantes de la zona semidesértica enfrentan problemas de suministro, que se agravan con la falta de recarga de los mantos acuíferos y el Acueducto llevando el agua en otras direcciones.
“Nosotros vemos la escasez de agua, la poca disponibilidad y la gran cantidad de usuarios por lo que agregar a una ciudad como Hermosillo a una cuenca deficitaria acabaría por completo con la aspiración del Pueblo Yaqui de rescatar lo que en decreto tenemos como propiedad a favor del propio Pueblo Yaqui”, dice Mario Luna en entrevista con SinEmbargo.
A los yaquis se les señala como “retractores” del progreso o por falta de “empatía” con los pobladores de Hermosillo, quienes también han enfrentado la escasez de agua. Sin embargo, los pobladores del río sostienen que el problema es mucho más complejo: el ajuste en el caudal ha incrementado el deterioro del área de la costa del Mar de Cortés, misma que han habitado de manera ancestral y en donde ya se han perdido unas 7000 hectáreas dedicadas a la agricultura y la ganadería.
La lucha del grupo es por la autodeterminación, por sus derechos y contra la imposición de las empresas extranjeras que han sido beneficiadas con el acueducto.
“Ellos argumentan que la intención de crear ese Acueducto es darle agua a la ciudad de Hermosillo, pero no especifican que sea a la red de agua potable, ellos lo que quieren es fomentar el consumo de la industria. El Acueducto Independencia termina en las inmediaciones del Parque Industria de Hermosillo en donde, en una ciudad sin agua, están instaladas las plantas Ford, Coca Cola y Heineken, y muchas otras empresas que son altas consumidoras de agua, como refresqueras y un desarrollo inmobiliario que se esta promoviendo. Todo eso implica agua (…) ellos ya le pusieron precio al agua y la están viendo como una mercancía”, agrega Luna.
Es la confrontación entre lo que entendemos por progreso con tradición, y es lo que ha puesto en riesgo a los personajes de la tribu, entre ellos a su vocero y representante en la defensa del río.
Durante años, Luna ha representado a su pueblo como Secretario y ha tenido un rol de traductor y escribano de las decisiones de la asamblea. Fue esa posición lo convirtió en el personaje idóneo para representar la oposición de la tribu. Asumir su rol como defensor lo dejó al frente de grandes responsabilidades y riesgos, provocados por la constante exposición frente a los medios de comunicación. Como defensor del agua ha sido víctima de diferentes ataques que han tenido impacto en lo comunitario, lo familiar y lo personal.
Primero llegó la detención arbitraria, unos meses después el ataque a su hijo –quién fue golpeado y a quien solicitaron que exigiera a su padre dejar el movimiento–. A pesar de que las amenazas y hechos, como los ya mencionados, eran constantes fue hasta junio del 2017 cuando el Gobierno de Sonora y el Gobierno del Ayuntamiento de Guaymas implementaron medidas de protección para Mario; fue poco después de que unos atacantes quemarán el automóvil de su esposa Anahí Ochoa y el Mecanismo de Protección de personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no ofreciera ningún tipo de apoyo.
UN SEXENIO LLENO DE VIOLENCIA
Para Mario la parte más dura del movimiento se vivió durante el Gobierno del panista Guillermo Padrés Elías, quién permaneció al frente del estado de 2009 a 2015, periodo en el que los yaquis fueron hostigados y criminalizados, mientras se desarrollaba una campaña de desprestigio por la que fueron objeto de burlas y agresiones por parte de la sociedad civil.
Como él mismo explica, el marco de impunidad construido por Felipe Calderón Hinojosa, abrió espacio para que las circunstancias de violencia contra los defensores se incrementaran y se manifestarán con teléfonos intervenidos, persecuciones en sus hogares y hostigamiento por parte de personas encapuchadas.
El entorno de violencia continuaría hasta el sexenio siguiente, ya con la gubernatura de la priista Claudia Pavlovich Arellano y en el centro del sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando las amenazas no cesaron. Con la inserción del crimen organizado en el panorama la situación se torno más difícil: comenzaron los discursos que quisieron vincularlos con el mismo, se retiraron apoyos de vivienda, apoyos de becas estudiantiles y se percibieron aún más agresiones provenientes de personas no identificadas.
“Las cosas siguen siendo iguales” argumenta, mientras especifica que la complicidad entre políticos y la impunidad, invariable en cada gobierno, son las causantes del despojo continuo de sus derechos.
“Otra cosa que hemos apuntado es la complicidad que existe entre los políticos, ya sea de un partido u otro. Al salir Guillermo Padrés, al tener una caída estrepitosa, entró el PRI [Partido Revolucionario Institucional] con Alejandra Pavlovich, con ella se vio un cambio en el trato a la comunidad pero el despojo continuó, el despojo siguió, y la violación de nuestros derechos continúa al seguir operando una obra como el Acueducto Independencia que todos los días roba agua del territorio yaqui sin tener manifiesto de impacto ambiental. El Estado de Derecho sigue siendo violentado”, dice Mario Luna.
La respuesta se encuentra en la ausencia del Estado de Derecho, destaca Mario, una condición que permite que se continué con la violación de derechos humanos o con la omisión de los mismos, como en el caso de las consultas simuladas de las deberían gozar todos los pueblos indígenas.
Las consultas dejan mucho que desear. En el caso de la Tribu Yaqui no sirvió de mucho: únicamente para exhibir todas las intencionalidades subyacentes en estos procesos y la decisión final queda en un grupo reducido de supuestos expertos (…) pero lo que opina la tribu queda en un segundo termino. Las consultas si no son vinculantes y no contemplan la obligatoriedad, son una vacilada, dice Luna. Foto: Solidar Tribu Yaqui
LA URGENCIA DE LAS CONSULTAS
En 2013, la Suprema corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció la violación del derecho humano a la consulta de la Tribu en la emisión de la Autorización de Impacto Ambiental del Acueducto Independencia y ordenó la realización de la misma. La orden no se cumplió de manera inmediata, la comunidad yaqui protesto y como resultado vinieron las detenciones arbitrarias.
La consulta debió ser libre, bien informada y de buena fe. Sin embargo, no tuvo ninguna de esas características. Se realizó cuando la obra tenía un 30 por ciento de avance, bajo un contexto de hostigamiento que se traducía en presiones que retiraban apoyos gubernamentales y ordenes de aprensión por delitos que no se habían cometido.
A quiénes habían organizado y exigido la consulta los metieron a la cárcel, entre ellos Mario Luna, para poder seguir avanzando con la obra. Se les ligo con ideas del crimen organizado y de manera sorpresiva personas pertenecientes a estos grupos comenzaron a intervenir en las comunidad “creando estados de psicosis y terrorismos psicológico”.
Luna asevera que ese fue el aprendizaje que les dejo su fallida consulta es que las mismas deben de ser vinculantes, ya que, al no contemplan obligatoriedad la opinión de los comuneros se vuelve un simple requisito.
“Las consultas dejan mucho que desear. En el caso de la Tribu Yaqui no sirvió de mucho: únicamente para exhibir todas las intencionalidades subyacentes en estos procesos y la decisión final queda en un grupo reducido de supuestos expertos (…) pero lo que opina la tribu queda en un segundo termino. Las consultas si no son vinculantes y no contemplan la obligatoriedad, son una vacilada”.
“No es consultar por consultar”, asegura Luna, “deben realizarse en los sitios adecuados, dice al manifestar que no se les puede considerar justas si se hacen en espacios ajenos a las comunidades, ya que éstas generalmente acostumbran discutir de manera conjunta en sus propios foros.
Las comunidades indígenas, como la Tribu Yaqui de Sonora, exigen consultas que respeten su autonomía y autodeterminación, un derecho que les otorga el Artículo 2 de la Constitución Mexicana.
Las acusaciones de José Antonio Meade Kuribreña, candidato del PRI a la Presidencia, contra Nestora Salgado García, candidata al Senado de la República por Morena, responden a un patrón de criminalización de los activistas mexicanos desarrollado durante todo el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, denunciaron activistas defensores de los derechos humanos.
Ese patrón, explicó el abogado Jesús Robles Maloof, fue copiado por gobernantes estatales, priistas y no priistas, como son los casos de Miguel Ángel Mancera Espinosa, ahora Jefe de Gobierno con licencia de la Ciudad de México, y el panista Rafael Moreno Valle Rosas, ex Gobernador de Puebla.
Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, también se refirió a la técnica de criminalización de las autoridades: “primero ignoran al defensor, no existimos como interlocutores, y segundo aplican el descrédito, la denostación, nos dicen guerrilleros y nos vinculan con grupos armados”.
Ciudad de México, 22 de mayo (SinEmbargo).- José Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial de la coalición “Todos por México” leyó el domingo pasado, durante el Segundo Debate Presidencial, una declaración en contra de Nestora Salgado García, la comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, y ahora candidata al Senado de la República por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien estuvo presa durante dos años y siete meses acusada de secuestro y luego fue exonerada por un Tribunal Unitario en 2016.
Luego de leer la acusación, se encaminó hacia Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República por la alianza “Juntos haremos historia”, le dio la espalda a las cámaras y colocó la hoja de papel con la cita que acababa de leer sobre el podium del tabasqueño: “una secuestradora que está libre por una falla en la policía, esto, Andrés Manuel, queda en tu conciencia”, le dijo y volvió a su lugar.
No era la primera vez que Meade Kuribreña, abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia, llamaba secuestradora a Salgado. Lo hizo en sus redes sociales en abril y apenas hace unos días en televisión abierta en el programa “Tercer Grado” de Televisa.
“Es el propio candidato que está atacándome y poniéndome en peligro diciendo en televisión que soy una secuestradora y delincuente. También lo responsabilizo por cualquier cosa que le pase a Nestora Salgado y a su equipo”, dijo la ahora candidata a Senadora a SinEmbargo un día antes del debate.
En entrevista, la también activista reveló que le habían enviado varias cabezas de perro a su casa en Olinalá después de amenazarla con cortarle la cabeza “literalmente” si regresaba a su tierra natal, la habían detenido en un retén militar en Chilapa y le habían enviado, como respuesta a una solicitud de protección al Estado durante su viaje a Guerrero, agentes de la Policía Federal a custodiarla a pie.
De acuerdo con activistas y defensores de los derechos humanos, el caso de Nestora es un patrón de criminalización que siguió la administración de Enrique Peña Nieto en contra de cualquier opositor a su proyecto: jóvenes, policías comunitarias, maestros, ambientalistas, periodistas y defensores de los derechos humanos. Un ejemplo que siguieron varios gobernadores –priistas y no priistas–, como Miguel Ángel Mancera Espinosa, ahora Jefe de Gobierno de la Ciudad de México con licencia, y el panista Rafael Moreno Valle Rosas, ex Gobernador de Puebla, dijo Jesús Robles Maloof, abogado defensor de los derechos humanos.
“Meade con Nestora es uno de los elementos más convencidos de esa política. Forma parte de los incentivos que genera el sistema. Al recibir las críticas se dio cuenta de lo que estaba haciendo y cambió de tono, no porque crea que es lo correcto, se dio cuenta que lo hizo mecánicamente, pensando que sería aceptable y unánimemente fue condenado. Es interesante cómo la sociedad lo rechazó”, argumentó Robles Maloof.
Apenas en marzo de este año Michel Forst, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los defensores de los derechos humanos, presentó un informe sobre México ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Ahí el Relator afirmó que después de reunirse con 800 defensoras y defensores de los derechos humanos en el país, concluyó que existe una violencia generalizada en contra de los activistas, quienes además son víctimas de una criminalización sistemática a través de un “uso indebido e intencionado de la legislación penal y la manipulación de la pretensión punitiva de las autoridades por parte de agentes estatales y no estatales, con el fin de obstaculizar e incluso paralizar los esfuerzos destinados a ejercer el derecho legítimo a promover y proteger los derechos humanos”.
La criminalización, explicó el relator en su informe, inicia con la formulación de acusaciones o denuncias infundadas; luego, se producen “múltiples formas de violación de los derechos humanos como acoso judicial, el enjuiciamiento basado en acusaciones falsas, la doble incriminación, la privación de libertad sin orden judicial y unas condiciones inhumanas de reclusión”.
Antes de la criminalización hay declaraciones de funcionarios públicos de “alto nivel” en contra de los defensores y activistas.
El Relator incluyó en su informe datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que indican que en los primeros 10 meses de 2017 se registraron 285 ataques en contra de defensores de derechos humanos como “acoso, agresiones, robos y delitos cibernéticos”.
Pero los datos de la sociedad civil, aclara el documento, sugieren que sólo entre enero y mayo de 2017 de cometieron 730 violaciones a los defensores de los derechos humanos.
Además el relator enfatizó en que se reunió con un gran número de mujeres defensoras y concluyó que son ellas las que encabezan las luchas en el ámbito de los derechos humanos, aunque “su papel no goza del reconocimiento y la difusión que merece”.
DÍA UNO: CRIMINALIZACIÓN A JÓVENES
Robles Maloof recordó que desde el primer día de Gobierno de Enrique Peña Nieto se dio la criminalización y detención de los jóvenes que criticaban su llegada al poder.
El 1 de diciembre de 2012 durante la toma de protesta de Peña Nieto fueron detenidos alrededor de 100 jóvenes.
Sólo entre diciembre de 2012 y 2015, la Liga de Abogados contabilizó mil 150 detenciones de jóvenes en el contexto urbano.
“No hace alta una orden directa para criminalizar o señalar a los opositores, sino un ambiente que se genera al descalificar la crítica, al minimizar al disidente y generar desde el primer minuto un ambiente contrario a quienes protestan y trabajan en la sociedad civil resolviendo casos. El ámbito de criminalización se extendió no sólo a defensores o periodistas, sino a quienes no estaban con él”, expuso.
El abogado recordó el discurso de Peña Nieto en el marco de las movilizaciones por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa) cuando él se encontraba de gira en China: “quienes no están con él, están contra México”.
Jóvenes normalistas protestan por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro
La criminalización se extendió a todos los grupos: a los defensores de derechos humanos, pero también a los del territorio. A los periodistas y a los dirigentes de oposición, como ocurrió con lo maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes protagonizaron uno de los momentos más violentos de la oposición a la Reforma Educativa en junio de 2016 con el enfrentamiento entre profesores y elementos de la Gendarmería durante un desalojo en Nochixtlán, Oaxaca.
En cuanto a los ambientalistas los datos recogidos por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) en su “Informe sobre la situación de personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2017” indican que entre julio de 2016 y diciembre de 2017, 88 personas defensoras del medio ambiente fueron blanco de ataques en México, de los cuales 29 fueron asesinados.
Las agresiones más recurrentes fueron las físicas con 18 ciento, la criminalización con 16 por ciento y el homicidio con 15 por ciento.
El Gobierno federal también criminalizó a las víctimas de desaparición forzada, como el caso de las madres “rastreadoras” que buscan a sus hijos en fosas cladestinas en todo el país.
“Nos criminaliza al no hacer nada, al ser negligente, indolente, omiso. En el caso de Veracruz somos despreciadas por [Miguel Ángel] Yunes que nos revictimiza a su antojo”, dijo Lucía de los Ángeles García Henao, coordinadora del Colectivo Solecito.
García Henao recordó incluso a las madres que han sido asesinadas durante el proceso de búsqueda de sus hijos e hijas.
“Es tanta la agresividad, la violencia contra las luchadoras en este tema, que termina en madres que cayeron en este caminar, porque los perpetradores la tienen muy fácil”, argumentó.
TODOS SOMOS NESTORA: TLALCHINOLLAN
La campaña de criminalización en contra de Nestora Salgado la conoce bien Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.
Abel sabe de primera mano lo que es ser criminalizado y acusado de guerrillero, dijo.
“En Guerrero las autoridades no toleran que existan actores civiles que podamos cuestionar, evidenciar los abusos y las violaciones a los derechos humanos. Las autoridades primero ignoran al defensor, no existimos como interlocutores, y segundo aplican el descrédito, la denostación, nos dicen guerrilleros y nos vinculan con grupos armados”, explicó.
Llega la “campaña de descrédito”, como la que vive actualmente Nestora Salgado, pero con ella también el peligro por ponerlos en el “blanco” del crimen organizado debido a la colusión que existe entre autoridades y criminales.
“Para nosotros esta denostación pública de un candidato presidencial nos habla de estas flaquezas que existen en nuestro sistema, porque sin derechos humanos no hay democracia. Estamos hablando de corruptos que le apuestan a la impunidad y que se manejan en opacidad. No ven a un ciudadano defensor como aliado, sino que lo ven como enemigo”, dijo.
Las organizaciones detallaron que la familia fue informada de que Fierro Reséndiz estaba acusado de homicidio doloso en grado de tentativa, luego de que presuntamente intentara atropellar con su auto a seis elementos de la Policía Municipal el día 16 de enero de 2017, fecha en que Mexicali Resiste se manifestaba en contra de la construcción de un acueducto en el ejido El Choropo, a las afueras de la capital de Baja California.
Mexicali Resiste, junto con otros colectivos afines, son parte de un movimiento que se manifiesta contra las medidas que el gobierno de Baja California ha tomado, para lo que ellos consideran, privatizar el agua y beneficiar a empresas como la cervecera Constellation Brands, a costa del goce del derecho al agua de las personas y comunidades de Mexicali y su comarca. Foto: Twitter / @Laminuta
Ciudad de México, 6 de mayo (SinEmbargo).- Organizaciones denunciaron la criminalización de León Fierro Reséndiz, defensor del derecho humano al agua e integrante del Movimiento Mexicali Resiste, quien fue detenido el pasado jueves 3 de mayo por policías ministeriales de manera arbitraria, luego de que dejara a su hijo en una secundaria.
En una misiva precisaron que de acuerdo con testimonios de sus familiares, la captura se realizó en un auto, acompañado de otros cuatro vehículos, sin insignias visibles que permitieran identificar si se trataba de un vehículo oficial.
Asimismo, las organizaciones detallaron que la familia fue informada de que Fierro Reséndiz estaba acusado de homicidio doloso en grado de tentativa, luego de que presuntamente intentara atropellar con su auto a seis elementos de la Policía Municipal el día 16 de enero de 2017, fecha en que Mexicali Resiste se manifestaba en contra de la construcción de un acueducto en el ejido El Choropo, a las afueras de la capital de Baja California.
“Sus familiares ven claramente que su detención es un medio de hostigamiento y criminalización contra una persona que ha protestado en contra la privatización del agua en el municipio”, subrayaron.
Según testimonios recabados por el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), el día de la protesta y en medio del operativo coordinado entre Policía Municipal, estatal y ministerial, el automóvil de León Fierro había sido gravemente afectado por elementos municipales, por lo que el defensor del derecho al agua procedió a retirar el vehículo sin causar ningún daño.
Además, las organizaciones sostuvieron que dicho acto es el que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California utiliza para formular esta acusación, pese a que hay documentación donde se demuestra que el retiro del vehículo se dio acorde a la versión de sus familiares.
“Desde el FLEPS, evidenciamos que estos hechos constituyen un intento de obstaculizar el ejercicio de la protesta de las y los integrantes de Mexicali Resiste, criminalizándoles por medio de la imputación de delitos sin sustento real alguno. Exigimos a la PGJE y al Poder Judicial de Baja California que se respete el debido proceso de León Fierro y se le otorgue la libertad, toda vez que se ve claramente la tendencia a la criminalización de la protesta social como la causa de su imputación. Asimismo, exigimos el cese al hostigamiento y represión en contra de quienes hacen uso legítimo de la protesta como un medio para demandar el pleno goce, la garantía y el respeto de otros derechos en Baja California, y particularmente contra quienes forman parte de Mexicali Resiste”, urgieron.
Mexicali Resiste, junto con otros colectivos afines, son parte de un movimiento que se manifiesta contra las medidas que el gobierno de Baja California ha tomado, para lo que ellos consideran, privatizar el agua y beneficiar a empresas como la cervecera Constellation Brands, a costa del goce del derecho al agua de las personas y comunidades de Mexicali y su comarca.
“La respuesta de las autoridades municipales, estatales y federales al ejercicio de la protesta social, ha consistido en hostigar, reprimir y criminalizar a integrantes de Mexicali Resiste. Entre enero y febrero de 2017, cuando comenzaron las movilizaciones, se dieron casos de detenciones arbitrarias, agresiones físicas, desalojos violentos y encapsulamientos operados por las policías municipal y estatal; y la respuesta represiva contra el movimiento ha sido una constante desde entonces”, finalizaron.
“No ha habido ningún hecho delictivo que lamentar, afortunadamente, contra miembros de la sociedad hidalguense”, fue un“ajuste de cuentas” entre “narcomenudistas”, fueron las palabras que usó el Secretario de Gobierno de Hidalgo, Simón Vargas Aguilar, para explicar el asesinato de cuatro jóvenes al interior de un domicilio de Tizayuca en noviembre pasado.
Las víctimas eran Bohdan [estudiante de Derecho], Diego [vendedor de autos], Gerardo [estudiante trunco de Ingeniería] y Karla [empleada], todos ellos tenía entre 19 y 26 años de edad. Hoy familiares y amigos demandan el esclarecimiento del multihomicidio y que se limpie la memoria de los jóvenes.
“Si ya vieron que eran personas ajenas al crimen, pues que salgan –así como salieron a decir una mentira–, ahora que salgan a decir la verdad, que era un estudiante y jóvenes los masacrados por un hecho social horrible como la delincuencia organizada y la violencia que se vive en México”, reclama Yenifer, amiga de Bohdan.
Ciudad de México, 6 de marzo (SinEmbargo).- Una rosa, un pequeño chocolate y un cigarro “farito” son dejados en “la Mujer de Piedra” de Ciudad Universitaria por dos alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es un homenaje para su compañero Bohdan, estudiante asesinado en Tizayuca, Hidalgo, junto con sus amigos Diego, Karla y Gerardo, a quienes las autoridades de ese estado catalogaron como “narcomenudistas”.
Bohdan Luis tenía 25 años; Diego Iván, 24; Gerardo Hezrai y Karla, 19 años, cuando fueron asesinados dentro de una vivienda en el barrio Nacozari, el 19 de noviembre de 2017.
Era noche de sábado-madrugada de domingo. Los cuatro jóvenes se reunieron como regularmente lo hacían para convivir en fin de semana. En aquella ocasión, se presume, fue para celebrar y “estrenar” la casa donde se mudaron Gerardo y Karla, pues la pareja tenía solo unos días de habitar de ese inmueble.
Sujetos ingresaron a la vivienda, los atacaron con armas blancas, golpearon y degollaron. Sólo hubo una sobreviviente, la hermana de Gerardo que quedó herida de gravedad.
Lo que sucedió esa noche es incierto. Es poca y confusa la declaración que ella ha brindado sobre los hechos, dice la familia y amigos de Bohdan.
Las autoridades inmediatamente tildaron a la víctimas de “narcomenudistas”; al día siguiente declararon que el multihomicidio se trató de un “ajuste de cuentas”.
El Secretario de Gobierno de Hidalgo, Simón Vargas Aguilar, señaló: eran “gente de fuera […] la ciudadanía estaba segura, no ha habido ningún hecho delictivo que lamentar, afortunadamente, contra miembros de la sociedad hidalguense”, según recoge una nota publicada por el medio Criterio Hidalgo.
La respuesta de los funcionarios sumó indignación y coraje a la impotencia y dolor de los parientes y allegados del alumno de la UNAM. Hoy demandan el esclarecimiento del asesinato y que se limpie la memoria de los jóvenes.
Un homenaje para limpiar la memoria de una víctima de la violencia. Foto: Sugeyry Gándara, SinEmbargo
Un homenaje a Bohdan en uno de sus lugares favoritos en CU. Foto: Sugeyry Gándara, SinEmbargo
UN HOMENAJE
“Tuve un amigo, Lo digo como un arrebato pero que dio raíces. Como la lluvia que tira hojas secas y fertilizan el suelo, un cerillo que en el último momento de extinguirse provoca un incendio, una luz que se apaga para dejar ver al fotofóbico.
Tuve un amigo, de una relación lejana, pero sincera, lo esencial para cualquier amistad definida. Él tenía una fuerza centrífuga, cual taumaturgo, alejaba lo dañino del alma para encontrarse con uno mismo.
Así es, tuve un amigo, de carne y hueso, estudiante de la UNAM en Derecho, con profundo pensamiento crítico”.
Yenifer Santillán y José Luis Jardines López se reúnen en los campos de Ciudad Universitaria y se dirigen a las inmediaciones de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Llevan la ofrenda a “la mujer de piedra”, donde Bohdan hacía ejercicio, pintaba, leía, reflexionaba, y donde compartía momentos con compañeros y amistades.
Desde hace un par de meses, los amigos de Bohdan le realizan una especie de homenaje en sus respectivas redes sociales. Una acción de remembranza que nació tras una plática entre un pequeño grupo de personas que conocieron y quisieron expresar la huella que el joven universitario dejó en cada uno de ellos.
Otros allegados se unieron, surgió un grupo de Facebook y se extendió.Uno de los miembros, que es ilustrador y le hizo un dibujo, otro joven realizó una oda, y otros amigos le hicieron cartas. Yohualli, un artista que radica en Durango, le escribió un poema que se reproduce a lo largo de este relato.
Sin embargo, el homenaje va más allá de expresar el cariño que sus amigos le tenían, es también un intento por “rescatar, limpiar su memoria y dar a conocer su vida”, ante la indignación por las declaraciones oficiales sobre el multihomicidio.
“Personalmente, creo que nació de la rabia, del enojo, del miedo y las ganas que teníamos de que su recuerdo trascendiera, y su caso se diera a conocer”, señala en entrevista Sergio Delgadillo Galindo, “Yohualli”.
Y es que Bohdan no sólo era un estudiante de Derecho, era una persona polifacética: se integró a cursos de humanidades y artes, dibujaba -experimentaba diversas técnicas-, hacía papiroflexia, le gustaba filosofar, escribir cuentos, y esculpía pequeñas figuras de barro, describe Yenifer Santillán, que en sus manos lleva un dibujo, una caja de papel y una figura hecha por quien fuera su compañero de carrera.
Durante su estadía en la UNAM tomó materias de distintas carreras como Estética en Humanidad y Estética del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras por 1 año, y dibujo en la Facultad de Arquitectura igual por un año y cursos en el Centro de Estudios Sophia, sobre Filosofía Náhuatl, El arte Zen, El Eneagrama de la Personalidad, Ecología Emocional, Claves Psicológicas de los Mitos Griegos, entre otros .
Bohdan planeaba terminar su tesis. Cursaba el Seminario de Derecho Romano e Historia del Derecho. Esperaba conseguir un buen empleo afín a su carrera para pagar sus estudios en artes plásticas, que era su siguiente objetivo, plática Yenifer.
“Como estudiante era un poco disperso aunque siempre estaba atento a lo que estaba pasando. Era entregado en la escuela”, abunda.
Bohdan, además, era aficionado al deporte. Fue campeón Lima Lama, un arte marcial que practicaba desde los 7 años. “Le gustaba mucho hacer barras”, comenta José Luis Jardines, amigo de Bodhan desde la preparatoria.
Desde los 15 años tocaba la guitarra, estaba en el club de Comic y quería viajar para conocer el mundo, principalmente Asia. Hablaba francés, y estaba aprendiendo japonés, inglés y sánscrito.
Ya había terminado los créditos de la carrera y el protocolo de su tesis sobre los vacíos legales para las personas en situación de calle, en la que pretendía abordar las causas y el fenómeno de las personas en esta condición. Buscaba como podría apoyar a ese sector vulnerable, narran Yenifer y José Luis.
“Era un gran ser humano, era bien alegre aunque a veces depresivo –como buen artista–, pero era un chico que siempre se sobreponía, era muy querido porque siempre tenía un abrazo, un consejo para una persona, un abrazo, algo que compartir, mucho conocimiento, le encantaba hacer muchas cosas”, platican los jóvenes.
LOS AMIGOS
“… Tuve un amigo, desaparecido por el crimen de lo cotidiano. Eventos que esperamos el día de mañana no le suceda a nuestro hijo o a nuestro hermano. Sin olvidar los feminicidios cometidos a diario.
Tuve un amigo, y aunque duela, que el cielo retumbe, como las tripas en mi estomago, y se expanda por las redes sociales, para que su homicidio no quede olvidado, ni por su familia, ni por sus amigos, o aquellos que lo conocieron, compañeros y maestros…”
A partir de las reseñas en redes sociales sobre los jóvenes y los testimonios de Pamela, hermana de Bohdan, se puede tener un esbozo de la amistad de 12 años.
Bohdan, Diego y Gerardo se conocieron desde que cursaban el primer año en la Secundaria General Maestro justo Sierra, ubicada en la colonia Centro de Tizayuca, y después se integró al grupo Karla, quien tenía ya casi tres años de noviazgo con Gerardo.
Diego Iván nació en el Estado de México y era el mejor amigo de Bohdan. Desde hace un año con ocho meses trabaja en la agencia Alles Auto en Ecatepec de Morelos, Estado de México.
Fue el vendedor del año. Justo una semana antes del asesinato, Diego disfrutó de un viaje a Ixtapa Zihuatanejo pagado por la empresa como premio por realizar el mayor número de contratos de autofinanciamiento.
Gerardo, Diego y Bohdan en la secundaria. Foto: Cortesía para SinEmbargo
Diego aspiraba a ser un gran empresario, pero la violencia se lo impidió. Foto: Cortesía para SinEmbargo
Su plan a corto plazo era comprarse su propio auto este año, pues desde que comenzó a trabajar comenzó a ahorrar. También planeada cursar la carrera de Arquitectura.
“Su sueño era ser un gran empresario, juntar suficiente dinero para comprar terrenos y construir hoteles, quería que Bohdan fuera su abogado. Quería tener 5 hijos y seguir trabajando”, narra una reseña realizada por amigos y familiares de la víctima.
Gerardo Hezrai estudió Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica en ESIME Zacatenco, pero dejó la carrera trunca. Era originario de Tlaxcala pero se mudo a Tizayuca hace 12 años. Quería terminar su carrera en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) para tener un mejor empleo, “ya que no quería seguir sufriendo por tener bajos recursos”.
Karla Montero era una joven de 19 años. Laboraba en una tienda de globos y adornos afuera de la parada de los camiones de Temascalapa en Tizayuca. Terminó la secundaria e ingresó a un curso de estilismo, pero por sus bajos recursos abandonó los estudios para comenzar a trabajar de tiempo completo.
Una tienda de globos y adornos ubicada en la parada Temascalapa, Tizayuca, era el lugar en donde Karla laboraba. Ella aspiraba con terminar la preparatoria y hacer una carrera en imagen.
Gerardo y Karla eran novios desde hace dos años con 11 meses, y recién se habían mudado juntos a la casa en la que fueron victimarios. “Querían casarse, tener hijos, su casa propia”.
Gerardo y Karla tenían días de empezar a vivir juntos. Foto: Cortesía para SinEmbargo
RESCATARLOS DEL OLVIDO
“… Tuve un amigo, de esos que su muerte no es natural, cuya vida es cercenada, como si a las Moiras se les hubiera roto el hilo de su vida por accidente, inesperado como un bebé saliendo del vientre a los cinco meses, o una mariposa brotando del capullo sin alas.
Tuve un amigo, de esos que con muchas versiones cubren su homicidio, y las explicaciones satisfacen a un grupo de poder. Fue hallado junto a tres cuerpos más y un corte en la yugular…”
Los estudiantes aseguran que Bodhan no vendía droga, “estaba lleno de actividades. Nunca nos ofreció”.
“Como su amiga y como estudiante siento mucha rabia e impotencia al ver que el sistema de justicia sea obsoleto, pierdan evidencia, que quiera pasar a los joven como desconocidos, en lugar de hacer una investigación. Me siento con mucha rabia. Creo que todas que las personas que estuvieron ahí (asesinadas) eran personas muy tranquilas”, agrega Yenifer.
Actualmente, estudiantes de Derecho recolectan varios escritos y cuentos que el joven realizó para publicarlos en redes.
El poema que escribió Yohualli para Bohdan también es una critica a la forma de operar de las autoridades, “un desahogo que enfatiza lo que vivimos en México, muertes tras muertes, es lo único sistemático en este país […]. Por eso las autoridades reaccionaron de esa forma, criminalizando a los cuerpos (sin investigar en lo absoluto al respecto), pues lo único que quieren es darles carpetazo a los casos, para decidir cómo cerrar el que se comete una hora después”.
Yenifer Santillán resalta: “Yo conocía bien a mi amigo, a su familia, conviví con su familia y yo sé que no vendía droga, que no era una persona que le gustara ganar mucho dinero siquiera. Aquí siempre vivimos como estudiantes, austeramente, y si de verdad ese hubiera sido el afán de él, pues desde la universidad hubiera pasado”.
Señala que cuando la familia de Bohdan y Diego entregaron la credencial de electoral y acta de nacimiento, fue entonces es cuando las autoridades empezaron a querer modificar la versión del asesinato..
La familia y amigos de los jóvenes exige a las autoridades que hagan una investigación correcta, que esclarezcan los hechos, “y que si ya vieron que son personas eran ajenas al crimen, pues que salgan, así como salieron a decir una mentira, ahora que que salgan a decir la verdad, era era un estudiante y jóvenes que fueron masacrados por un hecho social horrible como la delincuencia organizada y la violencia que se vive en México”, agrega Yenifer.
“ …Tuve un amigo. Su cuerpo está ausente. Su proceso sin castigo es vigente, sólo por fumar bocanadas verdes, pretexto perfecto para justificar su muerte.”
La noticia no solo impactó a los alumnos de Derecho que conocieron a Bodhan, también a varios profesores, quienes analizan presentar una carta al director de la Facultad para pedir que la institución designe un abogado especializado en la materia penal para que acuda a Hidalgo y dé acompañamiento legal a la madre de Bohdan sobre el caso, sostiene Yenifer.
Temen que haya vicios en la investigación y en el proceso, pues han detectado algunas irregularidades, entre ellas, que algunos aspectos que se ventilaron en la prensa, como la existencia de un presunto narcomensaje.
“Según el papá de Gerardo él encontró un mensaje en el cuerpo de Bohdan pero no está como prueba en al carpeta de investigación”, señala la joven.
Los compañeros esperan que la Universidad pueda acceder en brindar ayuda legal a la madre del estudiante. “Que se ayude a la madre y la asesore sobre los derechos, que puede hacer y pedir en el caso del joven”.
“Hemos sido abandonados terrenalmente, Me da terror saber que no se trata de destino, sino decisiones tomadas por albedrio, afectando a luchadores, defensores, pensadores y protestantes, incluyendo amas de casa y nosotros los estudiantes; en cualquier esquina la muerte está presente.”
“Hagamos que lo arrebatado eche raíces. Utilicemos el fertilizante de lo caído. Controlemos el fuego del incendio. Complementemos nuestra vista con la de aquel que no veía”
La estrecha relación que tenía Pamela y su pareja Samuel con la clase política motivó a que crearan la revista El Sillón. Tres años después, nació La “Nana Pelucas”, su personaje en Youtube con el que abordaba temas políticos locales, entrevistaba funcionarios y los criticaba a través de la sátira. Fue asesinada el pasado lunes.
Organizaciones nacionales e internacionales como el CPJ, Artículo 19 y la ONU condenaron el homicidio, exigieron una clara indagatoria y coincidieron, al igual que expertos consultados por este medio, en que debe investigarse su trabajo como móvil principal del asesinato.
Y aunque su esposo también pide revisar esa línea, sostiene: “juro por la sangre de mi esposa que tengo en las manos, porque se me murió en las manos, […] no tuvimos nada que nos hiciera pensar que algo nos podría pasar. Nunca estuvimos metidos o vinculados con gente que tuviera nexos con la delincuencia organizada”.
Ciudad de México, 9 febrero (SinEmbargo).- “No te arrincones”, fueron las últimas palabras que Samuel escuchó de Pamela. Él pensó que serían asaltados y, mientras buscaba un cuchillo, oyó las detonaciones que mataron a su esposa en su restaurante.
Trece meses antes, Pamika –como se le conocía también– se quitaba la peluca de vasto cabello negro rizado y los lentes: “La ‘Nana Pelucas’ es un personaje, pero la mujer que está debajo no”, dijo con semblante serio frente a la cámara en la que también denunció que “personas cretinas” buscaban denostar su trabajo, ante las fotografías que circularon de unas mantas con amenazas en su contra.
Esos mensajes la persiguieron hasta después de su muerte. La Fiscalía de Guerrero acusó que la youtuber fue asesinada por grupos del crimen organizado y usó la información sobre las mantas para sustentar su afirmación.
Leslie Ann Pamela Montenegro del Real nació en Mazatlán, Sinaloa, un 25 de mayo de 1981. Era la morena de la familia porque todos eran muy blancos y de ojos claros, según contaba ella misma. De pequeña estudió ballet y su tío, el señor Francisco Rodríguez, le decía Pamela Prietushka o Negrita; de la combinación salió el apodo “Pamika”. Así la nombraban familiares y amigos.
Estudió la carrera de interpretación de idiomas, pero no se graduó. A los 22 años de edad se mudó a la ciudad de Acapulco, Guerrero. Se desempeñó como traductora y fue maestra de inglés. En la costa, conoció y se casó con el escultor Samuel Muñuzuri Lee. Fueron un matrimonio muy cercano a la clase política de Guerrero, según muestra su perfil de Facebook y lo confirmó su esposo en entrevista.
Derivado de esa estrecha relación, principalmente con políticos del PRI y del PRD, surgió la idea de hacer una revista, porque la venta de esculturas no marchaba del todo bien. En el 2012 arrancaron el proyecto de El Sillón y, tres años después, nació La Nana Pelucas, su personaje en Youtube con el que abordaba temas políticos locales, entrevistaba funcionarios y los criticaba a través de la sátira.
En un país en el que matan a una persona cada 18 minutos y un estado posicionado como el más letal para los periodistas, Pamela Montenegro fue asesinada a tiros el 5 de febrero de 2018.
Su intensión de llevar a la “Nana Pelucas” a la pantalla tradicional se truncó. “Ella quería sacar su programa en televisión, ya sea en cable o señal abierta, es lo que quería hacer”, contó Miguel Ángel Mata, Presidente del Club de Periodistas de Guerrero y amigo personal.
Nació en Mazatlán, Sinaloa. Foto: Pamika Montegreo, Facebook.
“NO TE ARRINCONES”
Dos hombres jóvenes entraron al restaurante A Todos Los Santos, ubicado en la calle Andrea Doria del fraccionamiento Costa Azul, una zona turística de alta plusvalía en Acapulco. Propiedad de Samuel y Pamela. El negocio tenía dos meses y doce días de ser inaugurado. “Pamika” lo decoró.
El matrimonio comía en la barra ubicada afuera de la cocina, la tarde del pasado lunes. Los dos varones que ingresaron al local se sentaron en la terraza y pidieron servicio.
No le dieron buena impresión a Pamela, recordó el cónyuge quién citó algunos diálogos de ese día:
–Samy, no les des servicio porque no me laten.
-Ok, mami.
Samuel se acercó a la mesa.
–Discúlpenme, mi cocinera no ha llegado, no les puedo dar servicio, no tengo comida.
-¿Pero ella no sabe cocinar?– señalándola–.
Pamela les respondió que no sabía cocinar y por eso comían pollo comprado en otro lugar. Uno de ellos, que vestía playera negra y pantalón de mezclilla, arguyó:
-¿pero sí nos puede dar dos refrescos?”.
Samuel dijo que sí, se levantó de la barra, entró a la cocina, tomó dos refrescos y al cerrar la puerta del refrigerador vio que uno de los sujetos se dirigía al baño. Llamó a su mesero, le dio los refrescos para que se los llevara y al momento en que regresaba a la barra escuchó a Pamela: “Samy, no te arrincones”.
Regresó a la cocina para sacar un cuchillo porque pensó que el mensaje de “no te arrincones” era porque posiblemente los iban a asaltar. “Eso es lo que yo estaba pensando, que nos iban a asaltar, entonces mi instinto fue meterme a la cocina y sacar un cuchillo”.
Después oyó dos disparos y vio a su esposa cayendo de una silla, se acercó y la levantó. Le pidió al mesero que llamara al 911.
Los paramédicos de la Cruz Roja llegaron de inmediato, pues la delegación está enseguida de su local. Don Benito, uno de los socorristas que conocía al matrimonio, le notificó: “Samy, ya no hay nada que hacer, hijo”.
Escenas similares a estas se repiten a diario en México, país en que los asesinatos aumentaron 23.32 por ciento en 2017 con respecto a 2016: 25 mil 339 homicidios dolosos, de los cuales, 16 mil 898 fueron perpetrados con arma de fuego, según las cifras oficiales.
Guerrero es el estado que se ubicó como el más sangriento al concentrar el 9.15 por ciento de los asesinatos a nivel nacional en 2017.
El lugar de los hechos. Foto: El Sur.
CRIMINALIZACIÓN
Familiares, amigos, periodistas y activistas manifestaron su indignación por el asesinato per se, pero más por las declaraciones de la Fiscalía de Guerrero que en un comunicado enfatizó que la youtuber fue asesinada porque “con sus publicaciones se puso en la mira de la delincuencia organizada”.
La autoridad ministerial adjudicó el homicidio al grupo delictivo y liderado por “El Barbas”, Javi Daniel Cervantes Mago, quien fue parte del Cártel Independiente de Acapulco, comandado por José Ángel Palacios Galeana, alias el “Capuchino”.
La Fiscalía aseguró que la comunicadora habría manejado en su portal “información privilegiada” del narco y, “provocó malestar en los líderes de aquel grupo contrario al que lidera el “Capuchino”. También aludió a cinco mantas colocadas en puntos estratégicos del puerto de Acapulco, donde mencionaban a la mujer.
La familia exigió al Fiscal Javier Ignacio Olea Peláez no criminalizar a la joven.
Muñoziri Lee, el esposo, explicó que en las mantas los vinculaban a él y a Pamela con la administración de una página de internet donde se hacían publicaciones a favor y en contra de ciertos grupos delincuenciales en Acapulco.
“Nosotros nunca tuvimos la administración de esa página porque nunca fue de nosotros. Mi error fue que, cuando esa página [llamada Denuncias Acapulco sin censura] se inició, yo los contraté para publicitar los videos de la Nana. Nosotros hicimos un contrato verbal. Me cobraban 500 pesos al día por publicar los videos de la Nana; pero cuando vimos que nos empiezan a publicar en sus notas de descabezados, ejecutados dijimos no, no, no y cancelamos el contrato”, aclaró el hombre.
Tras la aparición de las lonas, acudieron a PGR y policía Ministerial, sostuvo Samuel, “todas las autoridades a las que acudimos nos dijeron lo mismo: ‘No hay levantamiento de la lona, ninguna autoridad tuvo conocimiento de la colocación de esas lonas por lo tanto ninguna autoridad las recogió’. Nadie las tenía”, abundó.
De acuerdo a la explicación que las autoridades le dieron a la pareja, los anuncios fueron colocados, se les tomó foto y fueron retirados.
Personal de la Secretaría de Marina les comentó que se trataba de un acto con “tinte político”, insistió.
Posteriormente la pareja grabó un video en el que responsabilizaba al Presidente Municipal de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre y a su equipo porque en ese momento era el único personaje político con el que tenían diferencias.
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“Pero ese es un tema que también quiero aclarar: después del asesinato, el video de la denuncia empezó a circular y comenzaron a responsabilizar a Evodio como autor, y yo no creo que Evodio fue el que la mandó matar. Él comió con nosotros en noviembre del año pasado, una semana antes de abrir el restaurante, y ella le dijo: ‘me queda claro que el pedo no es contigo, pero sigues teniendo muy malos elementos en tu equipo que no me caen, entonces, ya contigo no tengo bronca, ya me quedó claro que no fuiste tú el de las mantas, pero yo voy a seguir criticando y señalando los errores que como Ayuntamiento y Presidente tengas, pero mi tema personal contigo ya quedó saldado’”, comentó el esposo.
Samuel aseguró que El Sillón y la “Nana Pelucas” no abordaban la nota roja por lo que no recibieron intimidaciones atribuibles a la delincuencia. “Te lo juro por la sangre de mi esposa que tengo en las manos, porque se me murió en las manos, […] no tuvimos nada que nos hiciera pensar que algo nos podría pasar. Nunca estuvimos metidos o vinculados con gente que tuviera nexos con la delincuencia organizada.”.
Nuevamente reprochó el actuar y las declaraciones del Fiscal así como demandó una explicación y cuáles son sus bases para decir que Pamela tenía información privilegiada del crimen.
“Yo pido que se tomen el tiempo de revisar las publicaciones de Nana y Pamela, y se van dar cuenta que no hay un solo video donde hable de delincuencia, de cuestiones de nota roja, no lo hay”, apuntó.
El hombre se dice seguro que el crimen tiene que ver con la crítica política que ella hacía. “No fue un accidente, sabían perfectamente a quien iban a matar, no fue un accidente, fue una ejecución. A lo mejor, como lo dicen muchos, yo no haberme dado cuenta, de alguna situación que yo pudiera haber previsto”, reconoció.
Jan-Albert Hootsen, representante de Committee to Protect Journalists (CPJ) en México, señaló en entrevista que es peligroso que a menos de 48 horas de que transcurrió el homicidio de un comunicador o un periodista, la autoridad se adelante a comentar sobre la posible vinculación con el crimen organizado.
“Existe el peligro de re victimización tanto de la familia como de la víctima y de la criminalización, todavía si es el caso en este homicidio o no”, dijo el activista.
El lugar donde fue velada. Foto: Facebook.
LA NANA
Amigos y familiares describen a Pamela como una persona muy alegre, impetuosa, atrabancada y acelerada. “Era muy alegre, pero también era formal”, indicó su amigo y periodista Miguel Ángel Mata.
La perseverancia era otra de sus características. Su frase favorita “Quizá tarde más de lo planeado pero siempre logro todas mis metas” compartió su esposo.
No le gustaba derrochar el dinero, ni gastar, a menos que fuera necesario. “Era una mujer extremadamente coda”, añadió el cónyuge, quien siete días después de conocerla ya vivía con ella.
Cuando visitaban las tiendas o iban al centro comercial, ella no compraba nada. Si le gustaba un vestido pese a que el marido le decía que se comprara algo ella se negaba.
“A ver, una cosa es que esté gordita y otra cosa es que sea fea. Yo estoy bien pinchi guapa, entonces, me da lo mismo comprarme un vestido de mil pesos de la boutique a comprarme un vestido de cien pesos de la Fantory, entonces, yo mejor voy y me compro diez vestidos de la Fantory, porque la que se ve bonita soy yo”, emuló el esposo.
Sus relaciones políticas fueron lo que motivó el proyecto de revista El Sillón , pues inició porque la pareja tenía muchos amigos en la política que podrían pagar por entrevistas, publicidad, explicó.
El concepto de la Nana Pelucas nació años después debido a que los candidatos a presidentes municipales, que ellos apoyaban, perdieron las elecciones de 2015, “pues literalmente me acababa de quedar desempleado y por eso empezamos a buscar que hacer”.
La “Nana Pelucas”, era una combinación de los rasgos de la abuela y madre de Pamela, del esposo y ella misma. La peluca afro, haciendo referencia a la Negrita, como le decía un tío de pequeña.
Los lentes eran comunes, sólo les quitaba los cristales. Foto: Facebook.
CONDENAN EL CRIMEN
Organizaciones nacionales e internacionales como Committee to Protect Journalists (CPJ), Artículo 19 y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenaron el asesinato y exigieron una clara indagatoria.
Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México, explicó que los youtubers y personas que comunican por medio de las nuevas plataformas, como redes sociales, también deben de ser incluidos en el ámbito de la libertad de información y de la libertad de prensa.
“Los que quieren meterse en la labor informativa , periodistas ciudadanos, o youtuberos también influyen, sobre todo en los jóvenes”, consideró. “Ellos tienen un acceso muy directo a un público a través de plataformas digitales, es un trabajo muy importante. Desestimar esa plataformas da un señal bastante equivocada”.
La “Nana Pelucas” no es el primer caso en que se asesina a personas que informan por medio de las redes sociales. “Hemos visto asesinatos brutales en estados como Tamaulipas donde la comunicación va a través de redes sociales, por la situación violencia que tienen los periodistas allá”, agregó.
El CPJ demandó a las autoridades, como ya lo ha hecho en otros casos, investigar con claridad el caso y no criminazar.
Jan Jarab, representante de la ONU en México, también condenó el asesinato y pidió incluir en la línea de investigación la labor que realizaba la comunicadora y la posible implicación de funcionarios públicos.
“Además, no podemos olvidar que esta agresión contra una periodista centrada en la crítica política se produce en medio de un proceso electoral”, enfatizó Jarab, de acuerdo a un comunicado emitido por la oficina en México.
La temática de la “Nana” era la política local, la crítica y sátira. “Empezamos en el 2015 -2014 con el personaje enserio. Siempre fue el tema político porque ella decía, ‘si entrevistamos a un empresario al empresario a veces le va bien a veces le va mal, el político siempre tiene presupuesto para comunicación social'”.
En mayo de 2017, Pamela Montenegro se unió al Club de Periodistas de Guerrero , pues esta Asociación coincidía en la idea de que no importaba si ella comunicaba desde un medio tradicional o una plataforma de redes sociales, igual era comunicadora.
“Algunos periodistas no consideran como periodistas a los youtubers, pero a ella le valía, como coloquialmente se dice, Wilson”, señaló Miguel Ángel Mata.
Expertos coinciden en que el asesinato envía un claro mensaje de intimidación a quienes comunican, en medios tradicionales y en las nuevas plataformas, incluso cuando estas personas no abarcan un gran público o no tienen muchos suscriptores.
“Porque al final cuando se hablan de temas en donde tocan intereses que afecten a personas que se sientan vulneradas o se sientan expuestas, las personas involucradas no se van a esperar a qué impacto tiene lo que dijo, si lo vieron tres personas o un millón”, detalló el sociológo de la Universidad Nacional Autónoma de México César Guadarrama Gálvan.
El especialista consideró que el asesinato de Pamela fue, posiblemente, por lo dicho o publicado en su canal, lo que trastoca la libertad de expresión.
Destacó que, independientemente de quien esté detrás del crimen, se violenta la libertad de expresión puesto que el mensaje que se envía es claro.
“Pensemos en este escenario hipotético: que los grupos de narcotraficantes o los que señalaba no son los que la mataron; pero aprovechan para que, vía medios institucionales, como televisoras medios, radio, dieran la noticia y entonces sí se popularizara el mensaje de que están matando a las personas que se atreven a hablar. Aunque los medios lo hacen a manera de denuncia, se aprovechan y la hacen llegar pero con la intensión de que a todo aquel que se atreva a hablar evidenciar nombres o acciones puede terminar igual”, explicó el experto.
La organización internacional Artículo 19 se sumó a la exigencia de que la investigación se realice de manera imparcial y con estricto apego a la legalidad y que tomen en cuenta como principal línea de investigación la labor informativa de Pamela Montenegro del Real.
A su vez, emitió un exhorto para que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República (PGR) y que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y al Ejecutivo del estado de Guerrero coordinen acciones efectivas para la prevención y protección a periodistas integrando la perspectiva de género para garantizar la no repetición de violaciones graves al derecho a la libertad de expresión en la entidad.
En México se han registrado 114 asesinatos periodistas, 105 son hombres y 9 son mujeres, en posible relación con su labor, según datos de Artículo 19.
La semana pasada, dos personas armadas arribaron al domicilio del activista Rodrigo Flores Peñaloza apenas un par de minutos después de que él llegara y permanecieron durante varios minutos al lado de una camioneta de su propiedad.
Después, el mismo día alrededor de las 14 horas se presentaron en su centro de trabajo y preguntaron por él al personal. Una hora más tarde, una camioneta blanca sin placas y un automóvil rodearon su casa, mientras tomaban fotografías a dicha propiedad, así como al vehículo del defensor de derechos humanos, en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.
Cabe mencionar que el año pasado, Flores Peñaloza fue objeto de varias intimidaciones. Por ello, organizaciones de la sociedad civil responsabilizan a los tres niveles de Gobierno “de lo que le pueda suceder”.
Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).– El profesor Rodrigo Flores Peñaloza, miembro de la coordinación de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y del Territorio (APIIDTT), quien por años ha sido opositor de las empresas eólicas que se han instaurado en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, es víctima de criminalización, hostigamiento e intimidación, denunciaron grupos defensores de derechos humanos y ambientalistas.
Apenas hace un par de semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso del amparo contra la instalación del parque eólico de la empresa española Eólica del Sur para abrir paso a una consulta libre, previa e informada en la comunidad zapoteca de Juchitán de Zaragoza, en el Istmo de Tehuantepec, donde existen ya más de 20 parques eólicos.
Además, el Gobierno de Oaxaca, a cargo del priista Alejandro Murat Hinojosa, pretende criminalizar al defensor de los derechos humanos, dio a conocer José Antonio Lara Duque, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), en entrevista con SinEmbargo.
“Todo indica que es una orden de aprehensión fabricada sobre la resistencia que ha encabezado el profesor Rodrigo a las empresas eólicas en la zona del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca. Lo acusan de haber dañado la maquinaria de las empresas eólicas”, informó.
De acuerdo con Lara Duque, a Flores Peñaloza le fue girada una orden de aprehensión por parte de un Juzgado estatal, por lo que en tanto su defensa legal logre conseguir un amparo para evitar su detención y encarcelamiento, el activista cuida su libertad oculto.
“Si lo notifican, lo detienen. Por esa razón, Rodrigo y su equipo de abogados optó por cuidar su libertad hasta que se inicie el juicio de amparo que combata esta orden de aprehensión. Jurídicamente vamos a hacer todo lo posible para que Rodrigo no pise la cárcel por la fabricación de un delito que evidentemente en ningún momento cometió”, agregó.
Por si fuera poco, la semana pasada dos personas que portaban armas cortas y largas arribaron al domicilio del activista apenas un par de minutos después de que él llegara y permanecieron durante varios minutos al lado de una camioneta de su propiedad.
Después, el mismo día alrededor de las 14 horas se presentaron en su centro de trabajo, una escuela primaria en la que imparte clases, y preguntaron por él al personal. Una hora más tarde, una camioneta blanca sin placas y un automóvil rodearon su casa, mientras tomaban fotografías a dicha propiedad, así como al vehículo del defensor de derechos humanos, en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.
Ante este panorama, APIIDTT y otras organizaciones pertenecientes a la Red Nacional de Resistencia Civil denunciaron “enérgicamente”, a través de un comunicado de prensa, la agresión de la que el profesor Rodrigo Flores Peñaloza fue objeto el pasado 18 de enero.
No es la primera ocasión en que Flores Peñaloza es intimidado.
El año pasado, el Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ) denunció que por lo menos cinco veces fue blanco de hechos de vigilancia. Además sufrió un asalto con arma de fuego al salir de su empleo el 10 de febrero, días después un hombre armado llegó al mismo sitio preguntando reiteradamente por él y el 26 de abril, al partir de su domicilio halló una amenaza de muerte en el parabrisas de su automóvil.
Las intimidaciones, subrayan las organizaciones de la Red, son una forma de hostigar al activista, tras la respuesta de la SCJN que apenas hace dos semanas atrajo el amparo interpuesto por la APIIDTT contra la empresa española Eólica del Sur que pretendía instaurar el parque eólico más grande de América Latina.
“Esta acción, de obvia amenaza e intimidación no es la primera ocasión. En el 2017, sucedieron situaciones similares en por lo menos dos ocasiones y se enmarca en el contexto de la labor de defensa de derechos humanos que nuestro compañero está realizando junto con las comunidades integradas en la APIIDTT por la defensa del territorio contra las empresas trasnacionales que pretenden seguir despojando y saqueando en total impunidad con la complicidad de todos los niveles de Gobierno y el crimen organizado”, expuso la red de organizaciones.
En el mismo sentido, Lara Duque afirmó que “él está muy involucrado en la defensa de la tierra y el territorio en esta zona del Istmo de Tehuantepec. Él es parte muy visible de la Asamblea [APIIDTT]. Lleva al menos 5 años de lucha muy intensa. Es a todas luces notorio que esta situación es derivada de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo los juicios de amparo que corresponden a toda la lucha legal que se está haciendo para la defensa del territorio en esta región contra las empresas eólicas”.
Por ello, las ocho organizaciones que componen la Red, entre las que se encuentran Resistencia civil contra las altas tarifas de luz de Candelaria, el Consejo Autónomo de la Costa de Chiapas, la Asamblea de pueblos indígenas del Istmo en defensa de la tierra y del Territorio, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Puebla y Morelos, entre otras, expusieron:
“Hacemos responsables a los tres niveles de Gobierno: municipal, estatal y federal de lo que le pueda suceder”, manifestaron.
Lara acusó “categóricamente” a Murat, titular del Gobierno de Oaxaca, a la empresa Eólica del Sur, y, “en un contexto amplio”, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de cualquier daño perpetrado en contra del profesor y su familia.
“Evidentemente señalamos al Gobierno estatal de Oaxaca y no podemos dejar de señalar a la empresa Eólica del Sur, que en conjunto, son quienes están realizando estas labores de amedrentamiento y de hostigamiento contra Rodrigo. Para el tema de la orden de aprehensión sí es el Gobierno del Estado de Oaxaca quien tiene las facultades legales para hacerlo”, indicó.
Finalmente, declaró: “Es prudente plantearles [a las autoridades] que la ruta de la criminalización es una ruta que sólo acentúa un divorcio entre sociedad y Gobierno. Es importante que sepan que la intimidación y las amenazas no van a evitar que personas como Rodrigo se mantengan en la defensa de los derechos. El llamado es a que reconozcan que la única solución es un diálogo serio, respetuoso y en apego a derecho para que la construcción de la solución se haga en conjunto con las comunidades afectadas”.
En reciente entrevista con SinEmbargo, Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea, advirtió que la decisión de la SCJN no sólo traería esperanza sino también amenazas para su pueblo:
“Casi siempre que hay una sentencia o algo a favor del movimiento que nosotros estamos haciendo, el Gobierno se dedica a denostarnos, el Gobierno se dedica a descalificarnos, a agredirnos y hostigarnos, entonces tememos por nuestra integridad física, psicológica y de nuestros bienes”, dijo al abordar el tema de la decisión del máximo tribunal.
En 2017, los defensores de derechos humanos pagaron un alto costo: alrededor de 31 fueron asesinados. Pero los homicidios no es el único flagelo que siguen a los activistas en medio de un país en crisis, pues las criminalización, persecución, y hostigamiento están a la orden del día. El año que corre tampoco augura buenas noticias: los opositores a la cervecera Constellation Brands fueron golpeados y detenidos por policías en Mexicali, y este viernes, además, uno de los abogados del movimiento de resistencia a la planta de la trasnacional fue detenido…
John Joseph Moreno Rutowski, abogado y activista, encarcelado por oponerse a un proyecto relacionado con un familiar del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, denuncia que en medio de este clima “[los gobernantes] se están enriqueciendo a través del detrimento del bien común y del bienestar público. Se están vendiendo al mejor postor en todos los sentidos: en detrimento del medio ambiente y de la economía mexicana. Estamos en un franco retroceso”.
Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- La represión, el hostigamiento, la criminalización, los ataques y hasta los asesinatos se han vuelto parte de las acciones a las que gobiernos de diversas partes de la República Mexicana han acudido para silenciar y disipar la lucha que realizan activistas y pueblos enteros que protegen los recursos naturales, aseguró John Joseph Moreno Rutowski, abogado y defensor de los derechos humanos y el medio ambiente.
El activista señaló que los gobiernos que reprimen, criminalizan y atacan son los mismos que abren la puerta a grandes empresas e intereses económicos. Moreno Rutowski lo vivió en carne propia, pasó 95 días tras las rejas sin pruebas de que haya cometido ilícito alguno, por enfrentar la lujosa villa de la inmobiliaria Mira Companies, vinculada a Jerónimo Gerard Rivero, cuñado del ex Presidente de México Carlos Salinas de Gortari.
El defensor se ha encargado de visibilizar las afectaciones al suministro de agua de la zona, el despojo a los pescadores de sus tierras y los daños al ambiente que la obra provocaría en Todos Santos, en el estado de Baja California Sur, gobernado por el panista Carlos Mendoza Davis. Esa defensa, no duda, fue el motivo de su encarcelamiento.
El litigante de profesión lamentó y criticó que en México, la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente sea motivo de ataques y aseguró que la situación es generalizada en el país.
Un ejemplo reciente de lo que plantea Moreno Rutowski son los ataques contra los activistas y ciudadanos opositores a la cervecera Constellation Brands en Baja California, donde gobierna Francisco Vega de Lamadrid quien, igual que Mendoza Davis, pertenece al Partido Acción Nacional (PAN).
La semana pasada un enfrentamiento entre policías y ciudadanos que luchan contra la instalación de la planta cervecera norteamericana en Mexicali, Baja California, dejó un saldo de al menos 10 personas heridas y 5 más detenidas.
La detención derivó del incumplimiento de la medida cautelar y de protección que lo prohibía acercarse o interferir en la obra de construcción de la planta de la empresa trasnacional.
La represión a los ciudadanos de Mexicali, Baja California. Foto: Cuartoscuro
Moreno recriminó que en el enfrentamiento haya existido un “franco abuso de autoridad perpetrado por los policías estatales y municipales”, además, expone, “es un afrente por parte del Gobernador y todos sus subalternos”.
Asimismo, apuntaló: “[Vega de Lamadrid y Mendoza Davis] pertenecen al mismo partido, arropan y abanderan las causas de los empresarios y comerciantes por encima de los derechos humanos y del marco jurídico de cada Estado. No responden a los reclamos, al contrario, mandan grupos antimotines como si fueran los guardaespaldas personales de intereses privados”.
“Nuestros servidores públicos deben estar representándonos y velando por los intereses de los ciudadanos, quienes son las personas que están reprimiendo actualmente, quienes vienen reclamando un derecho humano y certeza jurídica en el tema del agua. Esto es un claro ejemplo de cómo el sistema político está severamente dañado. El sistema jurídico se encuentra dando prioridad a los intereses comerciales de empresas trasnacionales por encima de los derechos de los residentes”, manifestó.
Hoy, el abogado del colectivo Comunidad Baja California Resiste, Armando Salinas, fue arrestado por la mañana en la capital del estado. El también activista a sido crítico de los proyectos de asociaciones público privadas del Gobierno de Baja California y de Constellation Brands.
El activista, quien vivió en carne propia la criminalización, opinó que cada vez más se pierde la distinción entre los grupos políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el PAN.
“[PRI y PAN] gobiernan a través de la represión, de simulaciones, de la ejecución de actos que exceden sus facultades, sin consulta popular y en evidente detrimento de los intereses comunes de la ciudadanía y de los pobladores del país”, afirmó.
Los actos de represión y de persecución, dijo, son un “reflejo fiel” de las problemáticas que se viven actualmente en la Nación: “Es un fiel reflejo de las tácticas que se están empleando en todas las partes de la República Mexicana”.
Mientras tanto, dijo, el hostigamiento y la criminalización son “la regla” en el país, pues “parece que no hay autoridad ni servidor público que salga en defensa de los derechos humanos y los recursos naturales, lo cual es muy lamentable y abona a un clima de persecución de las personas que no están de acuerdo con algún proyecto”.
“[Los gobernantes] se están enriqueciendo a través del detrimento del bien común y del bienestar público. Se están vendiendo al mejor postor en todos los sentidos: en detrimento del medio ambiente y de la economía mexicana. Estamos en un franco retroceso. No estamos avanzando en nuestro proyecto democrático como país”, agregó.
Alrededor de 30 defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2017, de acuerdo con diversos conteos de grupos civiles. Moreno consideró que “México no es un lugar seguro para los activistas ni para los periodistas ni para la gente que busca hacer un cambio real y levanta la voz. Estamos en una situación crítica, en una emergencia nacional. No me siento seguro. Estamos viviendo un clima de hostilidad y persecución”.
Ante este panorama, externó su preocupación sobre la aprobación de la Ley de Seguridad Interior promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto el pasado 21 de diciembre. “No serán únicamente policías estatales y municipales quienes repriman la protesta, ahora contarán con el respaldo de fuerzas armadas que podrán emplear la fuerza letal para reprimir reclamos legítimos y moralmente correctos”.
Y agregó que con ello “se legitima la fuerza en contra de la protesta y la criminalización y la resistencia ante la imposición de cuestiones que van en contra de los derechos humanos”.
Sin embargo, John pidió a los defensores no claudicar, por el contrario, los exhortó a continuar con la lucha. Y a las autoridades y servidores públicos hizo un llamado a que “recapaciten y reflexionen verdaderamente acerca de sus actos y hacia dónde pretenden conducir el país”.
La ciudadanía, advirtió, “está despertando y su enfado se convierte en enojo y en resistencia. No velen por los intereses de unos cuantos, velen por el bien común. No nada más busquen despacharse con la cuchara grande”.
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