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Los deportistas que participarán en la próxima edición de los Juegos Olímpicos de Beijing deberán evitar lanzar críticas al país para no exponerse a ser perseguidos por las autoridades de China.
El riesgo es todavía mayor para las comunidades indígenas de la región que sufrieron un tercio de las agresiones letales cometidas contra este tipo de defensores, pese a que representan solo el 5 por ciento de la población total.
A pesar de la pandemia, el día que enterraron a Adán Vez Lira más de 200 personas acudieron a su funeral. Esto nos recuerda que las personas defensoras en México se enfrentan simultáneamente a dos emergencias: la sanitaria y la de derechos humanos.
Según el informe «Análisis Global 2019» divulgado este febrero en México por la ONG Front Line Defenders (FLD), México es el país más letal para los defensores del medio ambiente, pues el 75 por ciento de los 23 asesinatos documentados por la ONG en el país fueron en contra de defensores de la naturaleza, mientras que los restantes fueron homicidios de defensores de derechos humanos.
Aunque la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, prometió que su administración investigará el actuar de la policía capitalina, y mientras la Fiscalía General de Justicia de la capital del país también planteó que emprenderá acciones contra su personal –en particular los encargados del Ministerio Público–, organizaciones y colectivos de familias de personas desaparecidas exigieron una sanción ejemplar a los funcionarios que no actuaron a tiempo en el caso de Fátima y que, repetidamente, tampoco lo han hecho en otros casos.
Los asesinatos de 23 defensores de tierras y derechos humanos en México en 2019, muchos de los cuales eran miembros de comunidades indígenas, convirtieron a México en el cuarto país más peligroso a nivel mundial para esos activistas, según un análisis global de 2019 de Front Line Defenders.
El 2020 arrancó con la muerte de Homero Gómez González y Raúl Hernández Romero, defensores de la mariposa monarca en una zona del occidental estado de Michoacán amenazada por la tala clandestina que pone en peligro estos diminutos insectos, emblema de la región.
«Marabunta» fue creada en 2012 como consecuencia de las violaciones a los derechos humanos que eran cometidos durante movilizaciones sociales. A lo largo de estos 8 años, la organización ha acompañado marchas como la del 2 de octubre, las protestas feministas, la colocación de antimonumentos y, en años más recientes, han trabajado de la mano de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.
Los integrantes del Frente Popular de la Montaña (FPM) exigieron la presentación con vida de Arnulfo Cerón Soriano luego de que su familia informó de su desaparición el pasado viernes alrededor de las 20:00 horas; luego de 48 horas se descartó que este asunto se trate de un secuestro debido a que nadie se ha comunicado para pedir rescate.
El homicidio de Samir Flores, activista opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM), ha despertado en los defensores del territorio el temor de que persista la misma situación violenta a la que se enfrentaron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Ante los últimos acontecimientos, organizaciones, activistas y diversos sectores de la sociedad han pedido se haga justicia.
En Perú, una violenta escena callejera empezó con un hombre propinando una serie de puñetazos a una mujer y terminó con el agresor sufriendo una brutal paliza. Las imágenes de los hechos, grabadas por un testigo, fueron publicadas en la página de Facebook de Arroba TV Perú.
Por lo menos 200 defensores del medio ambiente fueron asesinados en el 2016 cuando protegían bosques, tierras y ríos de empresas mineras y agrícolas, la cifra más alta hasta la fecha, denunció el jueves un grupo del sector
Las autoridades del ICE no respondieron el jueves a las preguntas sobre la cantidad de tutores que se verían afectados o los que ya han sido arrestados, o de qué se les acusará. Defensores de los migrantes han dicho que están investigando tres arrestos en Texas, Nueva Jersey y Virginia que muchos involucran a tutores.
26 instancias a nivel estatal y 24 federales estarán a cargo de que este plan, compuesto por 53 acciones, atienda la situación de riesgo, siempre con la inclusión y participación de la sociedad civil.