Ubaldo Clemente está en búsqueda de una visa humanitaria que le permita entrar a Estados Unidos, luego de que fuera expulsado por las autoridades migratorias del país hace 20 meses; durante su lucha por volver a encontrarse con su familia, su esposa falleció a causa de la COVID-19.
Por Ana Milena Varón
Los Ángeles, Estados Unidos, 23 de diciembre (EFE).- Tras 20 meses de lucha, el mexicano Ubaldo Clemente pensó que las autoridades de migración corregirían la injusticia que se cometió en su caso y le permitirían reunirse con su familia en California, pero la pandemia del coronavirus truncó su sueño y ahora lo único que espera es conseguir un permiso humanitario para ingresar a Estados Unidos y poder sepultar a su esposa.
“Lo único que quiero es despedirla, decirle adiós. No es mucho lo que espero de las autoridades de migración después que me separaron de mi familia por un error de ellos”, dijo entre lágrimas Clemente en una llamada telefónica con Efe desde Tijuana, México.
Gladys Clemente, esposa de Ubaldo, falleció el jueves pasado en su vivienda en Los Ángeles tras contagiarse del coronavirus.
“Hablé con ella por la noche del miércoles para ver cómo seguía del dolor de pecho que tenía. Le dije ‘Mi amor, ¿Cómo sigue de esa gripe? Ella me contestó que se sentía cansada”, cuenta el mexicano sobre la última vez que pudo hablar con su esposa.
Los resultados de la prueba del coronavirus que se había hecho la migrante de origen salvadoreño aún no llegaban, y la familia pensaba que era una gripe. La mañana del jueves su hija la encontró sin vida en su cuarto.
Ubaldo no pudo estar presente durante los últimos días de vida de su esposa, debido a un errores que cometieron las autoridades de migración de Estados Unidos. Foto: Imagen ilustrativa, Guillermo Perea, Cuartoscuro
“Si yo hubiera estado allá, tal vez las cosas hubieran sido diferentes”, reflexiona Clemente, como si tratara de cambiar el presente que vive.
UNA SEPARACIÓN PARA SIEMPRE
La pesadilla de este matrimonio comenzó en marzo de 2019, cuando la pareja viajó al Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, México, para pedir la residencia permanente del mexicano. Tras casi dos décadas juntos y cuatro de matrimonio, Gladys había hecho una petición para regularizar el estatus migratorio de su esposo.
De acuerdo con la abogada de migración Jéssica Domínguez, representante de la pareja, Ubaldo cumplía con todos los requisitos para obtener la residencia a través de la petición de su cónyuge.
Sin embargo, el consulado rechazó la petición argumentando que una persona con el nombre de Ubaldo Clemente García había sido detenida en la frontera sur de Estados Unidos tratando de ingresar al país utilizando documentos falsos y haciéndose pasar por ciudadano estadounidense.
“No es como que el nombre de Ubaldo Clemente García sea común; entonces las autoridades asumieron que esta persona era mi cliente”, explicó a Efe Domínguez. Aunque la abogada trató de explicar lo sucedido, el Consulado hizo caso omiso y no dio marcha atrás a la prohibición de entrar a Estados Unidos por 10 años impuesta a Clemente.
La última opción que Domínguez encontró fue hacer que el mexicano se presentara ante las autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) en la frontera para que le tomaran las huellas y cotejaran la información. De esta manera se pudo comprobar que “la persona que fue detenida es alguien más con ese nombre”, según el escrito de la CBP.
Con esta prueba en mano, el matrimonio y la abogada estaban esperando que el Consulado reabriera el caso y otorgara la residencia a Ubaldo.
La abogada de Ubaldo intentó por todas las formas que Ubaldo pudiera regresar a Estados Unidos, ahora busca que se le otorgue una visa humanitaria para que pueda enterrar a su esposa. Foto: Imagen ilustrativa, Omar Martínez, Cuartoscuro
“Le dicen a uno que si anda bien por la vida le va a ir bien, pero eso no me pasó a mí. Yo no hice nada malo en mi vida, sólo buscar un destino mejor, pero hubo una injusticia muy grande conmigo y con mi esposa”, señala el mexicano, tratando de controlar el llanto.
UN PERMISO HUMANITARIO URGENTE
Desde el fallecimiento de Gladys la semana pasada, la abogada Domínguez ha estado tocando las puertas de las autoridades de migración, e incluso buscando ayuda entre congresistas y la oficina de la Vicepresidenta electa Kamala Harris para que aboguen por el mexicano y le permitan ingresar al país con un permiso humanitario
Aunque la pareja no tuvo hijos en común, Ubaldo considera como suyas las tres hijas de su esposa. Una de ellas se encuentra en el hospital lidiando también con el coronavirus.
Ante el silencio de las autoridades de migración, y sin respuesta de ningún legislador, Domínguez también está buscando ayuda en el Consulado de México en Los Ángeles, y el respaldo de la Cónsul General Marcela Solorio.
Domínguez explica que con la muerte de Gladys, la petición de residencia permanente concluye. Sin embargo, la abogada está apelando a la sensibilidad de las autoridades federales para que el mexicano pueda ingresar al país a despedir a su esposa, y ayudar a sus hijas en este proceso.
En los más de 20 años que Ubaldo vivió en Estados Unidos no tiene infracciones o un historial criminal. Por más de 17 años trabajó en el mismo restaurante de Los Ángeles para sostener a su familia.
“Sin Gladys no sé qué voy a hacer. Mi vida se acabó y me quitaron un año que pude estar con ella. Eso nadie lo repone”, dijo Ubaldo.
“Lo único que pido es que me dejen estar por última vez a su lado”, puntualizó.
El plan de Keith Raniere, líder de la secta NXIVM y a quien este martes le dictarán sentencia en Estados Unidos, para dominar a México es absolutamente inverosímil, dice en esta entrega la periodista Dolia Estévez. “No obstante, es testimonio de la enorme influencia que llegó a tener en el país al que huyó blindado por su ejército de niños ricos sin escrúpulos hasta que, a petición de las autoridades estadounidenses, fue detenido y deportado a Estados Unidos”, añade la columnista de SinEmbargo.
Washington, D.C., 27 de octubre (SinEmbargo)—Keith Raniere quería que México fuera la primera “República NXIVM” del mundo y Carlos Emiliano Salinas Occelli su Presidente. El siniestro plan se haría realidad con la victoria del hijo de Carlos Salinas de Gortari en las elecciones presidenciales de 2018, revela Catherine Oxenberg, ex miembro de la secta y madre de una de las esclavas marcadas en el vientre con las iniciales del encarcelado líder del culto sexual criminal.
La conjura descrita por Oxenberg en su libro Captive, explica el empeño de Raniere en doblar psicológicamente a Emiliano Salinas para convertirlo en su “peón” mexicano. Raniere le reprochó su apellido y posición, su condición de hijo del expresidente considerado el “jefe de jefes” de la corrupción política mexicana. “Me meo sobre toda tu familia”, le dijo, al echarle en cara venir de un clan que se enriqueció mediante la corrupción y ser parte de un legado de injusticia y perversión.
The Vow, el exitoso documental sobre la tóxica dinámica interna de la secta, publica videos inéditos de las sesiones en las que Raniere humilla y reduce a basura a un pusilánime Emiliano. “Presionó mucho a Emi sobre el poder y corrupción de su familia”, relata Mark Vicente, ex líder de Nxvim y figura central en The Vow. Para convencerlo que de él dependía salvar a México de la corrupción de su familia, lo hizo “sentirse mierda”, añade Vicente.
Emiliano no fue el único. Filmados por Vicente, cineasta de origen sudafricano que delató a Raniere ante el FBI, los videos en The Vow muestran reuniones de adoctrinamiento de una legión de juniors incautos y sin propósito en la vida a quienes les inculcó sentido de culpabilidad por ser ricos sin haber movido un dedo. Les reprochó que había gente en México dispuesta a trabajar largas jornadas por 10 dólares, mientras ellos, los niños ricos que heredaron riqueza sin hacer nada, gastaban 10 dólares en una bebida en un bar.
La conjura descrita por Catherine Oxenberg en su libro Captive, explica el empeño de Keith Raniere en doblar psicológicamente a Emiliano Salinas para convertirlo en su “peón” mexicano. En la imagen: Raniere, Salinas y Mark Vicente, protagonista central en The Vow. Foto: Captura de pantalla, The Vow
Atribuyó la violencia a la “lucha de clases”. Varios de los miembros mexicanos habían sido secuestrados; Antonio Zarattini, entre los primeros desertores, y Edgar Boone, hijo de una familia adinerada y reclutador inicial en México. En la serie, Zarattini muestra su mano de cuatro dedos y oreja mutilada.
Raniere preguntó a Emiliano si estaba listo para liderar el movimiento contra la corrupción y la violencia en México. Respondió que sí, pero dijo no saber cómo. “No sé como organizar gente como esa”, admitió, refiriéndose a los pobres (capítulo 9).
Vicente, quien compartió la Junta Ejecutiva de NXIVM con Emiliano, dice que fue la misma táctica de control psicológico que usó Raniere con las hermanas Sara y Clare Bronfman, herederas del imperio licorero Seagram. Mientras que a ellas las hizo “sentirse mierda” para quitarles su enorme fortuna, a Emiliano lo manipuló para explotar sus conexiones políticas.
The Vow muestra tomas de Emiliano Salinas hablando y organizando gente en concurridos mítines. “¿Cómo se siente decir, vamos a retomar las calles, vamos a retomar nuestras comunidades, vamos a arrebatarle a México al miedo y la violencia?”. Bajo la dirección de Vicente, NXIVM filmó el documental “Encender el Corazón” para reclutar gente.
En junio de 2019, Raniere fue hallado culpable de tráfico sexual de menores, pornografía infantil, secuestro de identidad, lavado de dinero y esclavitud sexual de mujeres miembros de la subsecta secreta Dominus Obsequious Sororium o DOS. En el juicio surgieron los nombres de Emiliano Salinas y de Rosa Laura Junco, hija del dueño de Reforma, pero ninguno de los dos fue imputado judicialmente.
Raniere será sentenciado hoy martes en la Corte del Distrito Este de Nueva York en Brooklyn. Sus víctimas reclaman cadena perpetua.
Tras la detención de Raniere en Puerto Vallarta en marzo de 2018, Emiliano Salinas anunció que cortaba lazos con NXIVM, alegando desconocer las “atrocidades” contra las mujeres esclavas de DOS.
En su obra Captive (Gallery Books, 20018), Catherine Oxenberg detalla el plan de Raniere para establecer en México una cabeza de playa. El “grandioso esquema” de dominio mundial empezaría con el triunfo electoral de Emiliano Salinas en las elecciones presidenciales de 2018. “Su padre, Carlos, usaría sus métodos maquiavélicos para garantizar la victoria electoral de su hijo. A su vez, Keith usaría a Emi como peón para gobernar México” (página 262).
En un viaje en 2013 para tomar un curso de una semana sobre “valores familiares”, Oxenberg cuenta que la sede mexicana de NXIVM estaba en una céntrica y lujosa mansión, más resguardada que Fort Knox, albergue de las reservas de oro de Estados Unidos. “En la calle de enfrente, había vehículos blindados y guardias armados por todas partes”.
Impartido por Nancy Salzman, cofundadora de la secta que se declaró culpable de “chantaje sistematizado” en la acusación contra Raniere, la clase también la tomaron Emiliano y su novia, la actriz “Mika” Paleta. Oxenberg relata que jamás en su vida había atestiguado tanto chovinismo y prejuicio de género. El seminario cerró con un elegante brindis ofrecido por Emiliano y “Mika” (Ludwika), con quien se casó ese año, en un penthouse con terraza, que describe como una fortaleza a la que se ingresa por una puerta de metal “tan impenetrable” como la caja fuerte de un banco (página 79).
A medida que aumentaba el número de detractores, Raniere formó una escuadra de espías conocida como los “monos voladores” para que realizaran campañas de espionaje, intimidación, acusaciones legales espurrias y hackeo contra desertores, narra Oxenberg, actriz estadounidense y figura central en The Vow. Los “monos voladores” la integraba la élite de la secta: Emiliano Salinas, Alex Betancourt (copropietario de NXIVM México), Sara y Clare Bronfman, Nancy y Lauren Salzman, y la actriz Allison Mack.
Junto con otras mujeres que desertaron, Oxenberg experimentó en carne propia la guerra sucia de la red de espías. Recibió cartas amenazantes de abogados mexicanos y de un procurador estatal presuntamente al servicio de Emiliano. Los “monos voladores” fueron acusado de complicidad en los delitos de Raniere. Emiliano, Betancourt y Sara Bronfman no fueron acusados (páginas 207-207).
Zarattini, quien alcanzó el nivel de “coach” en el escalafón de Nxivm, fue el primero en delatar en México la esclavitud de las mujeres del DOS. Fue tal el escándalo en el seno del grupo mexicano que Emiliano lo acusó de extorción y buscó su arresto. Zarattini gastó medio millón de dólares en su defensa. Nadie más se atrevió a desertar después de eso por temor a recibir el mismo trato o incluso a “ser asesinado” (página 206).
En The Vow aparecen varios prominentes mexicanos. La mencionada Rosa Laura Junco, “cuyo padre es dueño de uno de los periódicos más grandes de México”, dice Mark Vicente en referencia a Alejandro Junco de la Vega, dueño de Grupo Reforma. Junco fue cofundadora de los “Cuchillos de Aristóteles”, subgrupo de miembros con experiencia en medios, con la misión de contratacar la cobertura negativa sobre NXIVM (episodio 5). En el juicio de Raniere, Lauren Salzman identificó a la Junco como la mujer que la reclutó al DOS (Slate, 23/05/2019).
Otro mexicano en The Vow es Javier Jileta, actual Director General de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). En el minuto 38:50, del episodio 8 del 11 de octubre, Jileta escucha a Reniere dar una airada arenga misógina a los miembros de la Sociedad de Protectores o SOP, subsecta exclusivamente de varones.
Javier Jileta Verduzco, alto funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, fue miembro del “culto sexual” NXIVM. Así lo revela la docuserie The Vow (El Juramento), en la que Jileta aparece con Raniere, líder de la secta quien este martes será condenado en NY. Foto: Captura de pantalla, The Vow
Con duro gesto y agitados ademanes, Raniere le dice al grupo de hombres, entre los que está Jileta, que el odio que sienten por las mujeres, se justifica en tanto que son seres de inteligencia menor, quejumbrosas, engreídas, mimadas, dependientes y chantajistas. De ahí que los hombres sientan ganas incontrolables de cogerlas (fuck, es la palabra que usa repetidamente). Según Raniere, con la eyaculación el hombre marca a la mujer como su propiedad.
Jineta no respondió mi reiterada petición para que explicara su presencia en una sesión de la misógina Sociedad de Protectores. En agosto, me dijo que su relación con NXIVM se limitó a tomar talleres del Programa de Éxito Ejecutivo o ESP (SinEmbargo, 31/08/2020). Jileta se deslindó del grupo en 2018.
El plan de Raniere para dominar a México, sobra decirlo, es absolutamente inverosímil. No obstante, es testimonio de la enorme influencia que llegó a tener en el país al que huyó blindado por su ejército de niños ricos sin escrúpulos hasta que, a petición de las autoridades estadounidenses, fue detenido y deportado a Estados Unidos.
Pese a las revelaciones en The Vow y en el libro de Oxenberg, queda la sensación de que lo que se conoce de la historia y alcance de la red mexicana, es sólo la punta del iceberg. Es evidente que hay poderosos intereses políticos y económicos que la han censurado desde el primer día. El gobierno, por su parte, no parece interesado en abrir una caja de Pandora que pueda traer consecuencias impredecibles.
Anotación: Salvo las fuentes referidas entre paréntesis en el texto, la información en este artículo –nombres, referencias, descripciones, datos, lugares, fechas, etcétera– proviene de dos fuentes públicas: Captive, de Catherine Oxenberg, publicado por Gallery Books, y la serie The Vow, transmitida por HBO del 28 de agosto al 25 de octubre.
Twitter: @DoliaEstevez
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DE JAVIER JILETA
Alejandro Páez Varela
Director General
Sin Embargo
Estimado Alejandro,
El día de hoy, 27 de octubre, se publicó en el portal Sin Embargo una nota firmada por Dolia Estevez titulada “Raniere tenía planes políticos en México. Soñaba crear la primera “República NXIVM” en el mundo”. En el texto se hace mención a mi persona, con imprecisiones que me permito aclarar.
En la parte final de la nota Estevez escribió: “Jineta no respondió mi reiterada petición para que explicara su presencia en una sesión de la misógina Sociedad de Protectores. En agosto, me dijo que su relación con NXIVM se limitó a tomar talleres del Programa de Éxito Ejecutivo o ESP (SinEmbargo, 31/08/2020). Jileta se deslindó del grupo en 2018.”
Lo anterior no es preciso. El día 19 de octubre respondí a las preguntas de la Dolia Estevez a través de un correo electrónico con mi posición sobre sus inquietudes.
Retomo el primer párrafo de mi respuesta a Dolia: “Sobre tus preguntas y el capítulo 8 de la serie que mencionas, sólo tengo que decir es que la inmensa mayoría de los que participamos en los talleres fuimos engañados. Mark Vicente, un alto dirigente de NXVIM e ESP, quien diseñó e impartió el taller SOP, se describió como manipulado, e incluso dijo: We didn´t join a cult. Nobody joins a cult. Nobody. They join a good thing, and then they realize they were fucked. Nobody is saying “Yes, let me join this stupid thing that is going to destroy my life and everybody I love. Nobody does that.”
Adjunto el correo que envié a la Señora Estevez. De antemano, agradezco tu atención y te pido que se haga la corrección pertinente a la nota publicada el día de hoy.
Saludos,
Javier Jileta
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RESPUESTA DE DOLIA ESTÉVEZ
A continuación, el texto de mi mensaje por email del 15 de octubre al Señor Javier Jileta. Al día siguiente, le envié el mismo texto por DM a su cuenta del Twitter. Al cierre de la edición el lunes 27 de octubre, no tenía respuesta, lo cual consigné en mi artículo.
El arresto se produce después de tres días de protestas, que se intensificaron en violencia cuando los manifestantes incendiaron un recinto policial que había sido abandonado por los oficiales.
MINNEAPOLIS (AP) – El policía que apoyó una rodilla en el cuello de George Floyd fue arrestado, dijeron el viernes las autoridades en Minnnesota.
El comisionado de Seguridad Pública John Harrington informó que investigadores estatales arrestaron a Derek Chauvin.
Chauvin es el policía blanco visto en video arrodillado sobre el cuello de Floyd, un hombre negro esposado que murió en el incidente.
El oficial fue imputado por el delito de asesinato/homicidio (murder) en tercer grado. El caso se movió con una velocidad extraordinaria.
“Normalmente estos casos tardan de nueve hasta un año para resolverse por la dificultad para presentar pruebas”, dijo Mike freeman, Fiscal del condado de Hennepin, Minneapolis.
“No soy insensible a lo que pasa en las calles”, agregó.
Un ejemplo fue el caso del oficial Mohamed Noor, condenado por asesinato y homicidio culposo en mayo de este año en contra de Justine Damond en 2017. Freeman expresó que a la autoridad le tomó más tiempo armar el caso, y agregó que la administración no puede asignar cargos en un caso “hasta que lo tengamos listo”.
El arresto se produce luego de tres días de protestas, que se tornaron violentas cuando manifestantes incendiaron una estación policial abandonada por los agentes.
Con el humo flotando sobre Minneapolis, el Gobernador de Minnesota Tim Walz reconoció el viernes el “fracaso absoluto” de la respuesta a las violentas protestas de esta semana y pidió justicia rápida para la policía involucrada en la muerte de George Floyd, un hombre negro esposado que suplicó por aire mientras un oficial blanco se arrodillaba sobre su cuello.
Walz dijo que el estado se haría cargo de la respuesta y que es hora de mostrar respeto y dignidad a quienes sufren.
“Minneapolis y St. Paul están en llamas. El fuego todavía arde en nuestras calles. Las cenizas simbolizan décadas y generaciones de dolor, de angustia sin precedentes “, dijo Walz, agregando. “Ahora generaciones de dolor se manifiestan frente al mundo, y el mundo está mirando”.
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El Gobernador citó una llamada que recibió de un senador estatal que describió su distrito “en llamas, sin policía, sin bomberos, sin control social, los electores encerrados en las casas preguntándose qué iban a hacer. Esa es una falla abyecta que no puede suceder “.
Sus comentarios llegaron la mañana después de que los manifestantes incendiaron una estación de policía que los agentes abandonaron durante una tercera noche de violencia. El video en vivo mostró a los manifestantes entrando al edificio, donde los incendios intencionalmente activaron alarmas de humo y rociadores.
El Gobernador enfrentó preguntas difíciles después de que el líder de la Guardia Nacional, el general Jon Jensen, culpó a la falta de claridad sobre la misión de la Guardia por una respuesta lenta.
Walz dijo que el estado tenía un papel de apoyo y que dependía de los líderes de la ciudad manejar la situación. Walz dijo que se hizo evidente cuando se perdió el tercer Recinto que el estado tuvo que intervenir, lo que sucedió a las 12:05 de la madrugada. Las solicitudes de recursos de las ciudades “nunca llegaron”, dijo.
“No verá eso esta noche, no habrá falta de liderazgo”, dijo Walz.
Esta foto sin fecha proporcionada por Christopher Harris muestra a Harris, izquierda y George Floyd en Minneapolis. Foto: Christopher Harris vía AP
Decenas de incendios también se produjeron en las cercanías de St. Paul, donde casi 200 empresas fueron dañadas o saqueadas. Las protestas se extendieron por todo Estados Unidos, alimentadas por la indignación por la muerte de Floyd y los años de violencia contra los afroamericanos a manos de la policía. Los manifestantes se enfrentaron con los oficiales en Nueva York y bloquearon el tráfico en Columbus, Ohio y Denver.
DEBEN PONERLO BAJO CONTROL: TRUMP
Trump amenazó con poner a Minneapolis “bajo control”, llamando a los manifestantes “matones” y tuiteando que “cuando comienza el saqueo, comienzan los disparos”. El tuit atrajo otra advertencia de Twitter, que decía que el comentario violaba las reglas de la plataforma, pero la compañía no lo eliminó.
Trump también criticó la “falta total de liderazgo” en Minneapolis.
El Alcalde de Minneapolis, visiblemente cansado y frustrado, Jacob Frey hizo su primera aparición pública de la noche del viernes en el Ayuntamiento y asumió la responsabilidad de evacuar el recinto, diciendo que se había vuelto demasiado peligroso para los oficiales. Mientras Frey continuaba, un periodista cruzó en voz alta con una pregunta: “¿Cuál es el plan aquí?”
“¿Con respecto a?” Frey respondió. Luego agregó: “En este momento hay mucho dolor y enojo en nuestra ciudad. Entiendo que … Lo que hemos visto en las últimas horas y las últimas dos noches aquí en términos de saqueo es inaceptable “.
I can’t stand back & watch this happen to a great American City, Minneapolis. A total lack of leadership. Either the very weak Radical Left Mayor, Jacob Frey, get his act together and bring the City under control, or I will send in the National Guard & get the job done right…..
Defendió la falta de compromiso de la ciudad con los saqueadores, solo un puñado de arrestos durante las dos primeras noches de violencia, y dijo: “Estamos haciendo absolutamente todo lo posible para mantener la paz”. Dijo que los miembros de la Guardia Nacional estaban estacionados en lugares para ayudar a detener el saqueo, incluso en bancos, supermercados y farmacias.
ARRESTAN A REPORTERO DE CNN
La Patrulla Estatal de Minnesota arrestó a un equipo de televisión de CNN la madrugada del viernes cuando los periodistas informaron sobre los disturbios. Mientras vivía en el aire, el reportero de CNN, Omar Jiménez, fue esposado y se lo llevaron. Un productor y un reportero gráfico de CNN también fueron llevados esposados.
La Patrulla Estatal de Minnesota dijo que los periodistas se encontraban entre las cuatro personas arrestadas porque los soldados estaban “limpiando las calles y restaurando el orden”, y fueron liberados después de que se confirmó que eran miembros de los medios.
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CNN dijo en Twitter que los arrestos fueron “una clara violación de sus derechos de la Primera Enmienda”.
LAS PROTESTAS
Las protestas estallaron por primera vez el martes, un día después de la muerte de Floyd en un enfrentamiento con la policía capturado en un video ciudadano ampliamente visto.
En el video, se puede ver a Floyd suplicando mientras el oficial Derek Chauvin presiona su rodilla contra él. A medida que pasan los minutos, Floyd deja de hablar y moverse lentamente.
Minutos después de quemar el recinto, la Guardia tuiteó que había activado a más de 500 soldados en el área metropolitana. Para el viernes por la mañana, una docena de miembros de la Guardia armados con rifles de asalto bloquearon una calle cerca de una tienda Target que ha sufrido graves daños por saqueadores.
La Guardia dijo que un “objetivo clave” era asegurarse de que los bomberos pudieran responder a las llamadas, y dijo en un tuit de seguimiento que los soldados ayudarían al Departamento de Bomberos de Minneapolis. Pero no se hizo ningún movimiento para apagar el tercer incendio del Recinto. El jefe de bomberos asistente, Bryan Tyner, dijo que los bomberos no podían responder con seguridad a los incendios en la estación del recinto y algunos edificios circundantes.
En otras partes de Minneapolis, miles de manifestantes pacíficos marcharon por las calles pidiendo justicia.
En la ciudad de Nueva York, los manifestantes desafiaron la prohibición de coronavirus de Nueva York en reuniones públicas el jueves, chocando con la policía, mientras que los manifestantes bloquearon el tráfico en el centro de Denver y el centro de Columbus. Un día antes, los manifestantes habían salido a las calles en Los Ángeles y Memphis.
ONU PIDE TOMAR MEDIDAS SERIAS
Las autoridades estadounidenses deben tomar “medidas serias” para detener los asesinatos policiales de afroamericanos desarmados, dijo este jueves la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, al condenar la muerte de un hombre mientras estaba bajo custodia policial en Minneapolis.
La muerte de George Floyd ha sido el último en “una larga lista de asesinatos de afroamericanos desarmados por parte de agentes de policía”, dijo Bachelet en un comunicado.
“Los procedimientos deben cambiar, sistemas de prevención deben ser establecidos y, sobre todo, los agentes de policía que recurren al uso excesivo de la fuerza deben ser acusados y condenados por los delitos cometidos”, para garantizar que se haga justicia cuando ocurran, indicó.
Acogiendo con beneplácito la decisión del Gobierno de priorizar una investigación sobre el incidente, Bachelet expresó su preocupación de que las investigaciones similares en el pasado hayan dado lugar a justificaciones cuestionables para los asesinatos.
“El papel que juega la discriminación racial arraigada y generalizada en tales muertes también debe ser completamente examinado, reconocido y tratado adecuadamente”, precisó.
Al expresar su solidaridad a la ira desatada por el asesinato de Floyd, la alta comisionada hizo un llamado a las personas en Minneapolis y otros lugares para protestar pacíficamente.
“Insto a los manifestantes a expresar sus demandas de justicia de manera pacífica, e insto a la policía a que tenga mucho cuidado para no agravar más la situación actual con cualquier uso adicional de la fuerza excesiva”, puntualizó.
Los migrantes que estaban desde hace años en la isla de Lesbos proceden de Afganistán, Camerún y Tongo. Llegaron al Vaticano gracias a una iniciativa del movimiento católico de la Comunidad de San Egidio. Mediante acuerdos con el Ministerio del Interior de Italia, traslada a este país una cuota anual de refugiados.
Ciudad del Vaticano, 19 dic (EFE).- El Papa Franciscodenunció hoy la “injusticia” de rechazar y dejar morir en el mar a los migrantes, y aseguró que esta “desidia es un pecado”, al reunirse con los 33 migrantes acogidos por el Vaticano que llegaron hace algunas semanas gracias a un pasillo humanitario desde el campamento de Moira, en la isla griega de Lesbos.
Rodeado de estas familias de migrantes, entre las que había 14 menores, Francisco dijo que hoy le regalaron un segundo chaleco salvavidas que pertenecía a un migrante que murió en julio pasado en el Mediterráneo central donde se encontraba a la deriva.
“Nos enfrentamos a otra muerte causada por la injusticia. Sí, porque es la injusticia lo que obliga a muchos migrantes a abandonar sus tierras. Es la injusticia la que los obliga a cruzar los desiertos y sufrir abusos y torturas en los campos de detención. Es la injusticia que los rechaza y los hace morir en el mar”, afirmó.
Francisco se preguntó “cómo no escuchar el grito desesperado de tantos hermanos y hermanas que prefieren enfrentarse a un mar tormentoso en lugar de morir lentamente en los campos de detención libios, lugares de tortura y esclavitud despreciable”.
“¿Cómo podemos permanecer indiferentes ante los abusos y la violencia de los que son víctimas inocentes, dejándolos a merced de traficantes sin escrúpulos?”, agregó.
Y aseguró que “¡nuestra desidia es un pecado!”.
Subrayó además que “bloqueando los barcos” no se resuelve el problema y abogó por que se realicen “esfuerzos serios para vaciar los campos de detención en Libia, evaluando e implementando todas las soluciones posibles”.
“Es necesario denunciar y enjuiciar a los traficantes que explotan y maltratan a los migrantes, sin temor a revelar connivencia y complicidad con las instituciones”, señaló.
Francisco elogió, por otra parte, a quienes “han decidido no permanecer indiferentes y hacer todo lo posible para ayudar a la víctima, sin hacer demasiadas preguntas sobre cómo o por qué los pobres medio muertos terminaron su camino”.
Recordó que para los creyentes y no creyentes existe el deber moral y el compromiso absoluto de salvar cada vida.
Durante la ceremonia se colocó en una de las salas del Vaticano una cruz de cristal en la que en vez de Jesucristo crucificado había un chaleco salvavidas de color rojo.
Los migrantes, que estaban desde hace años en Lesbos y procedían de Afganistán, Camerún y Togo, saludaron uno a uno al Papa Francisco, que se interesó por sus orígenes y su futuro.
Llegaron gracias a los pasillos humanitarios, una iniciativa puesta en marcha por el movimiento católico de la Comunidad de San Egidio, que mediante acuerdos con el Ministerio del Interior de Italia traslada a este país a una cuota de refugiados cada año.
Esta vez fue Francisco quien pidió personalmente al limosnero del Papa, el cardenal polaco Konrad Krajewski, que se ocupase de traer a un grupo de estas personas desde Lesbos, en recuerdo del viaje que hizo en abril de 2016 y tras el que volvió en el mismo avión con doce refugiados pertenecientes a tres familias.
Los representantes de las comunidades informaron que hace siete años se cometió el asesinato de Juventina Villa y su hijo de 10 años, Reynaldo Santana Villa, sin que a la fecha se haya hecho justicia. El caso permanece en la impunidad y hay abandono para las familias que fueron forzadas a dejar sus comunidades.
Por Caterina Morbiato
Ciudad de México, 30 de noviembre (El Sur).– Representantes de las comunidades desplazadas de La Laguna y de Hacienda de Dolores, del municipio de Coyuca de Catalán, demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que intervenga para que su caso sea atendido, se les reconozca como víctimas de violación de sus derechos humanos y puedan regresar a sus comunidades en condiciones que garanticen su seguridad.
Los demandantes se dirigen al presidente: “Usted ha dicho que el Estado mexicano hoy no es más ese Estado criminal que perpetró tantos abusos al pueblo”, según se lee en la carta que leyeron en una conferencia de prensa realizada este viernes en Ciudad de México. “Tomamos ese mensaje como cierto y acudimos ante usted, para trabajar juntos por nuestra causa”.
Los representantes de las comunidades, acompañados de Javier Manzano Salazar, diputado federal por Guerrero, y de integrantes de la Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo (AMAP), informaron que hace exactamente siete años se cometió el asesinato de Juventina Villa y su hijo de 10 años, Reynaldo Santana Villa, sin que a la fecha se haya hecho justicia, el caso permanece en la impunidad y hay abandono para las familias que fueron forzadas a dejar sus comunidades ante las amenazas de muerte.
Hace siete años, el 28 de noviembre de 2012, Juventina Villa y su hijo Reynaldo Santana, fueron ejecutados por un grupo de al menos 30 hombres armados, mientras se dirigían afuera de su comunidad para realizar una llamada telefónica de emergencia.
Luego del asesinato de Juventina Villa, los integrantes de ambas comunidades emprendieron un éxodo en busca de refugio y dejaron atrás todo: sus tierras, cultivos, animales, casas, hábitos y vida. Foto: El Sur
De nada valieron las medidas cautelares de protección con las que contaba Juventina, quien había relevado a su marido Rubén Santana Alonso en la defensa de los recursos naturales de las comunidades de esa parte de la sierra de Coyuca de Catalán.
Rubén Santana, quien fue asesinado en febrero de 2011, había hecho un férreo trabajo en defensa de los bosques, la tierra y el agua en esa región serrana de Tierra Caliente.
Luego del asesinato de Juventina Villa, los integrantes de ambas comunidades emprendieron un éxodo en busca de refugio y dejaron atrás todo: sus tierras, cultivos, animales, casas, hábitos y vida.
Siete años después, y frente a las condiciones precarias en que viven, varias familias han decidido migrar hacia el norte del país, mientras que las que se quedaron en los nuevos asentamientos no cuentan con el acceso a medios de producción, ni servicios básicos de salud y educación.
El diputado Javier Manzano Salazar informó en la conferencia, que este jueves se abordó el tema del desplazamiento interno forzado con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.
El subsecretario hizo el “compromiso de atender a los afectados, conocer la problemática actual y dictar medidas de atención urgente a la complicada circunstancia que están viviendo”, para lo cual se incorporará a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), explicó el diputado, quien también mencionó la necesidad de involucrar al gobierno estatal y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Según lo que informó el legislador, Alejandro Encinas se comprometió a establecer mesas de trabajo con las comunidades, para atender las violaciones a derechos humanos que el desplazamiento forzado implica, así como casos de las personas que se encuentran desaparecidas o en prisión.
“Hay que emprender múltiples acciones, no sólo buscar un lugar en donde acomodar a los desplazados y ahí dejarlos. Que el subsecretario Encinas haya ofrecido la posibilidad de hacer mesas de solución, es un avance importante“, comentó María Elena Hernández, coordinadora de AMAP.
Cuestionada acerca de las dificultades que las personas desplazadas enfrentan al momento de buscar el reconocimiento de su calidad de víctimas, Hernández detalló que para las comunidades La Laguna y Hacienda de Dolores, los trámites resultan ser demasiado estrictos.
“Cuando hablamos de desplazamiento, son familias enteras las que estarían pidiendo el apoyo. Esto hace que la CEAV sea rebasada, no tiene capacidad para atender a tantas víctimas”, explicó Hernández.
En este caso concreto, exigen que las víctimas tengan una denuncia penal contra los perpetradores. “Pero sabemos que por cuestión de seguridad y miedo, no van a levantar una denuncia. Además existen altos niveles de corrupción en niveles del estado, y esto dificulta aún más las cosas”, destacó la abogada.
La coordinadora de AMAP reiteró que miles de víctimas de desplazamiento forzado siguen sin contar con un marco normativo que las proteja y recordó el reciente amparo que obtuvo la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Se trata del amparo que este organismo obtuvo frente a la CEAV para que una familia desplazada de Chihuahua fuera reconocida como víctima de violación a sus derechos humanos, a causa de la misma situación de desplazamiento forzada.
Con por lo menos 70 por ciento de aprobación, una cifra histórica, AMLO hará un corte de caja de su Gobierno y brindará un discurso a los mexicanos en la celebración del primer año de su triunfo electoral este 1 de julio. Especialistas políticos coinciden en que el saldo es un claroscuro. Por un lado, hay un acercamiento sin precedentes a las poblaciones en vulnerabilidad y una sacudida a varios sectores por la política de austeridad; aunque aún acechan los fantasmas de la inseguridad y la inestabilidad económica.
Ciudad de México, 1 de julio (SinEmbargo).- El festival del Zócalo de este 1 de julio para conmemorar el primer año de haber sido electo como Presidente resume el estilo personalísimo de gobernar de Andrés Manuel López Obrador. La mañana del 14 de junio, en su rueda de prensa, él mismo anunció que la conmemoración sería austera y adelantó que a las 17:00 horas, después de la presentación de la orquesta de la Secretaría de la Marina, pronunciaría un discurso para ratificar la voluntad de cumplir con una meta histórica: la Cuarta Transformación de México.
En este momento político, especialistas le reconocen aciertos, pero también reveses. Entre los tinos, destacan las acciones para combatir la corrupción y la política de austeridad que ha sacudido a varios sectores. Pero también destacan que aún no ha ocurrido un cambio contundente frente a los monstruos de la violencia, la impunidad, la injusticia y la inestabilidad económica. Al final, los politólogos coinciden en que el saldo en este corte de caja es un claroscuro en el que el Presidente goza todavía de un amplio bono de confianza.
“… Yo quiero que este año queden las bases de la transformación por eso me estoy aplicando a fondo y ya el día 1 de julio vamos a informar a los ciudadanos … Vamos bien”, exclamó López Obrador al invitar a festejar el 1 de julio, la fecha en que se convirtió en el primer Presidente emanado de un partido de izquierda.
El 1 de julio, en el Zócalo de la CdMx, AMLO agradeció a los medios por su profesionalismo: “Los medios de información no fueron, como en otras ocasiones, correas de transmisión para la guerra sucia”, afirmó. Y además dijo: “También mi gratitud a las benditas redes sociales”, dijo. Foto: lopezobrador.org
DE ACIERTOS Y REVESES
En sus tres campañas presidenciales, Andrés Manuel López Obrador ofreció con insistencia desviar el destino del país que con un régimen neoliberal, marcado por la corrupción, iba rumbo al “despeñadero”. El centro de todas sus promesas lo ocuparon siempre los grupos que viven en vulnerabilidad en México. Una de sus frases más repetidas como candidato fue “por el bien de todos, primero los pobres”.
Como Presidente, la meta la definió en el Plan Nacional de Desarrollo, presentado ante la Cámara de Diputados en mayo pasado: 20 millones de mexicanos dejarán de vivir en pobreza en 2024 cuando concluya su Gobierno. Así, arrancó con la aplicación de programas de becas para jóvenes, pensiones y subsidios para los adultos mayores, y proyectos de empleo temporal, créditos financieros y precios de garantía para campesinos.
El politólogo Eduardo Huchim May ve en este rubro uno de los aciertos del Gobierno. Pone énfasis en que por primera vez, las poblaciones en vulnerabilidad, víctimas de un olvido histórico, han sido vistas a los ojos y atendidas por un Gobierno federal.
“Como lo ofreció, el Presidente refrenda cualquier acción que va a impulsar a jóvenes en desventaja o los ancianos. Y avanza, pese a ser señalado de populista”, expresa.
Eduardo Huchim May ve en este rubro uno de los aciertos del Gobierno. Pone énfasis en que por primera vez, las poblaciones en vulnerabilidad, víctimas de un olvido histórico, han sido vistas a los ojos y atendidas por un Gobierno federal. Foto: Gobierno de México
En el corte de caja del 1 de julio, destaca también la Ley Federal de Austeridad Republicana del Estado, un marco jurídico que le ha permitido al Primer Mandatario ordenar recortes de recursos humanos y financieros a través de memoranda en la burocracia. Y ello, para José Fernández Santillán, discípulo del filósofo italiano Norberto Bobbio, lo pinta justo como lo que ofreció combatir: “un neoliberal”.
“Hay un contraste muy marcado entre lo que prometió y lo que ha cumplido. Esencialmente dijo que era un Gobierno de izquierda y con él terminaba el modelo neoliberal; pero los recortes que ha hecho ni los propios neoliberales se habían atrevido”, afirma Fernández Santillán.
Hay recortes a la salud, la educación y la seguridad social y despidos en la burocracia”, expone el profesor investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de México (ITESM).
LAS RUTAS DE MÉXICO
A la par de la fiesta del Zócalo, en Osaka, Japón, se reúnen los Presidentes del Grupo de los 20 (G20), un foro de coordinación de políticas macroeconómicas entre los países con las economías más importantes del mundo. El Presidente mexicano no quiso ir y nombró en su representación al Canciller Marcelo Ebrard Casaubón y al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa. En una carta justificó su ausencia porque “en México hay retos urgentes que reclaman mi atención” y pidió solidaridad en torno al fenómeno migratorio.
Su decisión de no asistir despertó algunas críticas porque hoy más que nunca, la migración agobia a México. Hombres, mujeres y niños centroamericanos y africanos se han aglomerado en la entrada sur de México, por el río Suchiate, y a lo largo de todo el país en las rutas para alcanzar Estados Unidos. Las imágenes reflejan una crisis humanitaria y un descontrol histórico. El fenómeno ha explotado. Hasta 2017, el cálculo del Instituto Nacional de Migración era de unos 500 mil migrantes de paso por México al año. Hoy la cifra se estima en un millón.
En la campaña electoral, AMLO se mostró como defensor de los pobres y oprimidos, y al arrancar su gestión se presentó ante los migrantes como amable y moderado hasta que en mayo, el Presidente del vecino del norte, Donald Trump, lanzó una amenaza: el 10 de junio impondría aranceles de 5 por ciento a “todos los productos” que México exporta a su país si el Gobierno mexicano no detenía la inmigración.
Pero Trump retrocedió después de un acuerdo en el que el Gobierno de México se comprometió a reforzar sus controles de seguridad para reducir la migración irregular. Entre las acciones que ya se aplican está el despliegue de seis mil elementos de la recién creada Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad con miembros de las fuerzas armadas. Además, nuestro país aceptó recibir a los migrantes que solicitaron asilo en Estados Unidos el tiempo que dure el juicio para su permanencia en este país. Todo, en menos de 45 días.
El 1 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador tomó protesta como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la banda le fue cedida por Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Foto: Cuartoscuro
María Marván Laborde, presidenta del consejo rector de la organización Transparencia Mexicana, expone que el flujo migratorio se agravó no sólo por las feroces políticas de Donald Trump; sino por las declaraciones del Presidente que dieron señales de buen trato a los migrantes y ahora, bajo la presión de Trump, tuvieron que moderarse al grado de permitir pagar todos los platos rotos del fenómeno.
Pero el territorio mexicano aún no es un recorrido seguro. Ni para los migrantes ni para sus propios ciudadanos. El número de homicidios dolosos se mantiene a la alza. Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que entre diciembre y marzo pasados -el primer cuatrimestre del Gobierno lopezobradorista- fueron asesinadas 11 mil 372 personas, cuyos casos se encuentran en nueve mil 718 carpetas de investigación. Esta cifra colocó al arranque de AMLO como el de mayor número de homicidios cometidos en el país desde que en 1997 se inició a hacer este tipo de registros. En los primeros cuatro meses de la administración federal que lo antecedió, la de Enrique Peña Nieto (2012-2018) hubo seis mil 288 carpetas de investigación, mientras que en la de Felipe Calderón Hinoj0sa (2006-2012), en el mismo periodo, se abrieron tres mil 450.
Y sobre la tragedia, hay un freno económico. Los analistas privados que consultan cada mes el Banco de México (Banxico) redujeron su pronóstico de crecimiento en 2019 en medio de la amenaza del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a las importaciones mexicanas. La Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, en una rueda de prensa el 26 de junio pasado en la que presentó los Programas de Mejora Regulatoria, reconoció que la falta de inversión privada en México es el factor que ocasionó la desaceleración y dejó claro que esta se encuentra expectante por la eventual ratificación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Habla María Marván Laborde: “Para bien o para mal, en México, el sector público era el motor. El crecimiento siempre se detuvo en los inicios de Gobierno. Pero ahora, el freno es muy notorio. Tiene que ver con la medida de centralizar las compras. El gran ejemplo está en la licitación de medicinas en el Instituto Mexicano del Seguro Social que se encuentra detenida. La economía de un país tiene mucho que ver con los hechos y la expectativa. La gente percibe que estamos entrando en una crisis económica, entonces la gente no gasta. Así, el consumo interno ha bajado”.
El Presidente en una de sus giras de información por la República Mexicana donde presenta avances de programas sociales. En la imagen, un encuentro para Sembrando Vida, que se enfoca en sujetos agrarios mayores de edad que cuenten con 2.5 hectáreas para sembrar árboles frutales y maderables. Foto: Cuartoscuro.
LA OPOSICIÓN SE MANTIENE EN COMA
A las 20:30 horas de la noche del 1 de julio del año pasado, Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y MC) y José Antonio Meade, de Todos por México (PRI, PVEM y Nueva Alianza) ya habían reconocido su derrota. Los meses pasaron y ninguno de esos partidos ha logrado recomponer su perfil. Al contrario, iniciaron un camino de decadencia que parece imparable. Así, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido fundado por el mismo AMLO, no encuentra oposición. A decir de Gustavo López Montiel, especialista en partidos políticos del Tecnológico de Monterrey, las crisis internas de los partidos tradicionales de México son tan agudas que en este momento político les resulta muy difícil ejercer oposición.
Sus propios números muestran el daño en su entraña. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) que el pasado 4 de marzo cumplió 90 años, reportó ante el Instituto Nacional Electoral una pérdida de cinco millones de militantes, lo que dejó su padrón en un millón 159 mil 320. Figuras emblemáticas como el ex Rector de la UNAM, José Narro Robles y la periodista Beatriz Pagés se fueron del viejo partido en los pasados días con el argumento de que navegaban a la deriva. Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN) se quedó después de las elecciones con poco menos de la mitad de sus miembros activos hasta llegar a 280 mil 841. Una de las salidas más marcadas fue la del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, el pasado abril.
En este panorama, como expone el politólogo Eduardo Huchim May, AMLO puede ser AMLO todo el tiempo. “La oposición está prácticamente desaparecida y entonces, el Presidente predomina. La cosa política gira en torno a él. La agenda es él. El tomador de decisiones es él. La circunstancia actual lo muestra como un gran fenómeno político, con casi todo a su favor”.
Al Presidente mexicano nada parece minarlo ni debilitarlo. Cada mañana aparece en Palacio Nacional, a las 7:00 horas, para una rueda de prensa en la que responde las preguntas de periodistas y youtubers, que fueron incluidos entre los informadores. Táctica de comunicación sin precedentes, “la mañanera” -como se ha dado en llamar al ejercicio- le permite marcar la agenda del día desde Palacio Nacional a donde se ha mudado para vivir. Algunos no han estado de acuerdo y la acción se ha convertido en el principal asunto polémico. “Le dio la vuelta a la pregunta”, “Presidente de maromas”, “parece homilía”, le han dicho en las redes.
Desde las mañaneras, el Presidente ha dado a conocer decisiones de Gobierno que han despertado controversias y la críticas como la cancelación definitiva del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), la construcción del tren Maya, la propuesta de una Guardia Nacional… Foto: Gobierno de México
Pero, fiel a sí mismo, AMLO continúa.
Desde ese estrado, el Presidente ha dado a conocer decisiones de Gobierno que han despertado controversias y la críticas como la cancelación definitiva del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), la construcción del tren Maya, la propuesta de una Guardia Nacional en el país, la suspensión de donativos de dinero público a las organizaciones sociales civiles, el recorte de recursos a refugios para mujeres víctimas de violencia, la petición a la monarquía española para que le pidan perdón a México por La Conquista, la inversión de 75 mil millones de pesos para fortalecer las finanzas de Petróleos Mexicanos o el programa Jóvenes construyendo el Futuro.
“La mañanera no es un acto de rendición de cuentas. La rendición de cuentas tiene una estructura legal que requiere presentación de documentos y datos. Tampoco tiene los componentes de una rueda de prensa. Más bien es la tribuna desde donde toma decisiones y las comunica”, expone María Marván Laborde, quien fuera la primera consejera presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI, antes IFAI).
Al respecto, el politólogo Eduardo Huchim expone que se trata de una nueva forma de gobernar que rompe con el pasado en los estilos políticos. “Es un formato que incluso llama la atención del mundo y en efecto, el Presidente queda en el centro”.
A UN AÑO DE ALCANZAR EL DESTINO
El año pasado, se concluyó un largo viaje. En una movilización imparable durante 12 años, Andrés Manuel, hijo de Manuela y Andrés Manuel, nacido hace 65 años en Tepetitlán, municipio de Macuspana, Tabasco, sobrevivió a sus propias derrotas. Vencido en cuatro de las cinco elecciones en las que participó antes de 2018, aprendió a reconstruirse.
En 1988 quiso ser Gobernador de Tabasco por el Frente Democrático Nacional que aquel año postuló a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano a la Presidencia de la República. Los números lo dejaron muy atrás y por primera vez, acusó fraude electoral. López Obrador escribió el libro “Tabasco, víctima del fraude electoral”. Seis años después, en 1994, lo volvió a intentar con la candidatura del Partido de la Revolución Democrática (PRD). AMLO obtuvo el 37.7 por ciento de la votación y también publicó un libro que se llamó “Entre la historia y la esperanza: corrupción y lucha democrática en Tabasco”. Luego llegó 2000, cuando ganó la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Después, vivió las derrotas por la Presidencia de la República de 2006 y 2012.
El 8 de agosto de 2018, Andrés Manuel López Obrador recibió su constancia como Presidente de México electo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de manos de la Magistrada Presidenta Janine Otálora Malassis. Foto: Cuartoscuro
En la ruta recogió encono y repudio. En su ser cayó el estigma de ser “un peligro para México”, una frase que el mercadólogo político Antonio Solá creó en su contra en la contienda de 2006 que llevó a la Presidencia de la República a Felipe Calderón Hinojosa. Buena parte de la sociedad lo repudió por haber impugnado esa elección con un plantón en Reforma y la parodia del Gobierno con la instalación de una “Presidencia legítima”. En 2012, tras perder la Presidencia, el PRD le retiró su apoyo. La contienda de 2018 la realizó mientras se divulgaba información sobre cómo, una vez Presidente, podría emular los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela.
Este 1 de julio se conmemora su triunfo electoral. Y la académica María Marván Laborde hace hincapié en que el festival del Zócalo “debería ser pagado con dinero de Morena, el partido que lo postuló, y no con recursos públicos porque se trata de una celebración electoral, y no del Gobierno federal. El artículo 134 constitucional prohíbe con claridad gastar dinero del erario en promoción personalizada”.
Mientras, los amlovers -la figura coloquial que surgió en la campaña para definir a sus seguidores- persisten. Su presencia es notoria en la cifra obtenida por las encuestadoras que ronda 70 por ciento de aceptación, una aprobación histórica que jamás tuvo un Primer Mandatario en sus primeros meses de Gobierno. También en las redes sociales. El viernes 28 por la noche se creó la etiqueta en Twitter #YoSíVoyAFestejarConAMLO y se mantuvo como primera tendencia en México más de cinco horas.
La Red por la Ciudadanización de la Justicia presentó su primer informe “No es justicia”, el cual analizó un centenar de sentencias judiciales y como resultado identificó que en el 79 por ciento de los casos los juzgadores no utilizaron normas especializadas de protección a los derechos humanos.
Ciudad de México, 6 de marzo (SinEmbargo).- “¡No me mates, hazlo por mis hijos, pero no me mates!”, gritó Mónica a su esposo mientras éste la acuchillaba dentro de su casa en Mérida, Yucatán, durante el año 2017. La violencia de género por poco la llevó a la muerte: fue apuñalada al menos cinco veces en diversas partes del cuerpo mientras ella suplicaba por su vida. Mónica logró sobrevivir a ese ataque. Su esposo fue detenido y sentenciado a tres años de prisión sólo por el delito de lesiones dolosas y violencia familiar, pero no por intento de feminicidio.
En este contexto, el próximo viernes 8 de marzo se conmemorará el Día Internacional de la Mujer. En México se planean diferentes actividades de protesta para reiterar su reclamo más sentido en el país: un alto a la violencia de género. Esta semana el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un plan integral para frenar la violencia contra las mujeres en México, y aseguró que se mantendrán abiertos los refugios para víctimas de violencia de género.
Desde septiembre de 2018, más de 40 organizaciones civiles que integran el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) han exigido al Presidente que tenga como prioridad gubernamental prevenir, investigar y sancionar delitos como el feminicidio, la desaparición de mujeres y niñas, así como las violencias contra las mujeres.
El pasado 17 de febrero, la ONU Mujeres México también instó al nuevo Gobierno mexicano a materializar los “anuncios” que ha hecho en sus casi tres meses de gestión sobre la lucha contra la violencia mediante una estrategia que incorpore políticas con perspectiva de género, según indicó a EFE la representante de la organización en el país, Belén Sanz.
En México se mata entre nueve y 10 mujeres al día. Con un total anual de 3 mil 580 muertes violentas –de las que sólo 834 son investigadas como feminicidios–, el número de asesinatos contra mujeres perpetrados en 2018 subió a nivel nacional 9.41 por ciento, en comparación con 2017, cuando se reportaron 3 mil 272 casos y sólo 735 de estos se indagan como feminicidios, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El pasado 27 de febrero una mujer fue hallada muerta, el cuerpo estaba maniatado de pies y manos, envuelto en una cobija y con un mensaje, los hechos en el camino a la Capilla, a la altura del kilómetro 16 de la carretera Naucalpan-Toluca. Foto: Armando Monroy, Cuartoscuro.
PODER JUDICIAL SIN PERSPECTIVA
En tanto, el Poder Judicial en México no juzga con perspectiva de género pese a que es una obligación constitucional, y con ello “valida y perpetúa las situaciones de desigualdad, violencia y discriminación por motivos de género, en lugar de identificarlas, corregirlas, sancionarlas y repararlas”, denuncian colectivos feministas y de derechos humanos.
Al menos 14 organizaciones de la sociedad civil se aliaron y conformaron la Red por la Ciudadanización de la Justicia, misma que lanzó en febrero su primer estudio “No es Justicia”, un análisis que concluye que “la forma tradicional de impartir justicia no ha cambiado en México y el lenguaje discriminatorio persiste en las resoluciones” judiciales.
“La justicia todavía es formalista, es una justicia de trámite. […] Es una justicia que carece de muchas deficiencias en la aplicación de derechos humanos, es una justicia que no protege ante situaciones de violencia. El Poder ha olvidado cumplir con esa obligación […] Realmente, en el país no hay justicia, sobre todo a nivel local; pero cuando se trata de género y derechos humanos, mucho menos hay justicia. […] ”, expresó en entrevista con SinEmbargo Fátima Gamboa, coordinadora del área jurídica del Equis Justicia para las Mujeres, una las organizaciones que integran la Red.
Mónica –a quien se le modificó el nombre para el resguardo de identidad– fue atacada por su pareja el 26 de febrero de 2017. Ambos estaban en casa: ella realizaba labores de limpieza mientras su esposo tomaba cerveza.
Transcurrieron unas horas, y llegó la noche, Mónica optó por acompañar a su esposo a tomar unas cervezas. El teléfono de la mujer sonó y ella contestó. Era su hermana.
El esposo se metió al baño mientras Mónica hablaba por teléfono; al salir, le reclamó la llamada, según consta en la sentencia emitida por la autoridad.
–”Ya te pusiste de acuerdo con uno de tus queridos”, le dijo el sujeto.
–”¿No escuchaste que era mi hermana?”, respondió ella al tiempo que se dirigía a su cuarto.
El esposo siguió a Mónica, la empujó y la sometió en la cama donde trató de ahorcarla, pero no lo logró porque la víctima lo empujó y salió del cuarto rumbo a la sala.
El hombre tomó un cuchillo de la cocina, la siguió y empezó a apuñalarla. Primero le clavó el arma en la costilla derecha, después en la boca del estómago, dos veces, y luego en el pecho. El dolor tumbó a Mónica mientras que su agresor seguía hiriéndola.
La víctima intentó usar sus manos como escudo cuando el sujeto empezó a cortarle el cuello en el lado derecho, pero él seguía con la agresión hasta que le cortó la mano izquierda entre su muñeca y la palma de su mano.
Mónica suplicaba por su vida: “No me mates, hazlo por mis hijos, pero no me mates”, le dijo. El atacante se detuvo al ver que ella se desangraba y fue por ayuda. A los pocos minutos llegaron los policías estatales y una ambulancia de la Secretaría de Seguridad de Mérida. El hombre fue detenido y a ella la trasladaron al hospital.
El caso fue judicializado y llegó a sentencia, la cual fue tratada sólo como violencia familiar y lesiones graves (calificadas)”, lo cual, de acuerdo al informe, fue errado y no se trató como “lo que realmente fue: una tentativa de feminicidio”, informa la Red en su estudio.
El caso de Mónica ilustra la falta de perspectiva de género a la hora de juzgar.
“Si bien la persona juzgadora reconoció que había violencia, no valoró el contexto en el que se dieron los hechos (violencia de género previa sistemática/reiterada, producto del poder que él creía tener sobre ella por ser “su mujer”). […]Al agresor se le condenó a poco más de 3 años de cárcel, ¿qué sucederá cuando salga? ¿la cárcel cambiará las creencias que él tiene sobre las mujeres?”, destaca el Informe.
El Poder Judicial perpetúa la desigualdad, violencia y discriminación por motivos de género al no juzgar con perspectiva, denuncian colectivos. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro.
“JUSTICIA SIN PERSPECTIVA”
En México impartir justicia con perspectiva igualdad y no discriminación no es opcional, no es a voluntad o un favor; es una obligación constitucional convencionalizada que, incluso, tiene fundamento en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sin embargo, en la práctica no ocurre así, destaca el estudio.
“Hoy, es muy común saber sobre sentencias judiciales que, en lugar de proteger, abandonan; que en lugar de juzgar, discriminan; que en lugar de garantizar derechos, toleran la violencia, especialmente contra las mujeres. , todo ello, […] “A pesar de que han transcurrido 7 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, de que se han creado protocolos para juzgar con diferentes perspectivas (género, discapacidad, interculturalidad, migración, etc.), de que se han invertido presupuesto y esfuerzos en capacitación judicial, se han creado instrumentos políticos para obligarse a institucionalizar la perspectiva de género”, se lee en el documento.
La coordinadora del área legal de Equis, Fátima Gamboa, explicó en entrevista que hasta la fecha aún existen normas que, aunque parecen neutrales entre hombres y hombres, a la hora de aplicarlas sí hay un impacto diferenciado para las mujeres que las pone en una situación de desventaja.
La gravedad de no incorporar la perspectiva de género en el análisis de los hechos, es que al momento de la resolución o “dictamen la sentencia no combate este problema de origen”.
Para el informe “No es justicia”, la Red estudió al menos 110 sentencias judiciales, de las cuales encontró que 100 debían tener perspectiva de género; y del análisis de esas 100 identificó que en 79 por ciento los casos no se utilizaron normas especializadas de protección a los derechos humanos. La auditoría a esas resoluciones también encontró que en muchas sentencias siguen usando un lenguaje discriminatorio y no inclusivo, basado en estereotipos de género, discapacidad o preferencia sexual.
“Juzgar con perspectiva de derechos humanos, igualdad y no discriminación, dista de ser una realidad en la impartición de justicia, pues a pesar de los esfuerzos estatales, y, sobre todo, de discursos institucionales, no hay una comprensión amplia y profunda sobre las implicaciones de juzgar con estas perspectivas”, recalca el informe “No es Justicia”.
Entre los hallazgos se muestra que en el 85 por ciento de las sentencias examinadas no consideraron cómo influyeron los estereotipos o las características de identidad de las personas involucradas en el caso; en el 80 por ciento de los casos, las personas juzgadoras analizaron la violencia contra las mujeres de manera aislada, y no como una problemática social; en el 47 por ciento de los casos no se valoró la violencia advertida de manera explícita en el relato de las mujeres, y en el 70 por ciento de las resoluciones analizadas, no se valoró las pruebas con perspectiva de género.
“Sin una interpretación de pruebas con perspectiva de género, se corre el riesgo de otorgar o negar valor a ciertas pruebas con base en creencias falsas que pueda tener la o el juzgador sobre un tema o conflicto”, explica.
Además, en el 86 por ciento de las resoluciones examinadas no se emitieron medidas de reparación ante las situaciones de discriminación y/o violencia de género. No se emitieron porque simplemente “no se detectaron”.
El estudio explica que si la “víctima no es reparada en su patrimonio, en su integridad, sentimientos, afectos, entre otros, difícilmente se logrará una verdadera justicia y pacificación social”.
El 86 por ciento de las resoluciones examinadas no se emitieron medidas de reparación ante las situaciones de discriminación. Foto: Cuartoscuro.
En el 69 por ciento de los casos, los juzgadoras omitieron identificar posibles conductas que implicarían riesgos para las mujeres y, por ende, no dictaron las órdenes de protección necesarias.
El seguimiento a las sentencias ya emitidas fue otra carencia que encontró el estudio: en el 71 por ciento de los casos no se dictaron medidas de seguimiento al cumplimiento de las sentencias.
Fátima Gamboa comentó que hay factores internos y externos que provocan que los juzgadores no apliquen estos estándares de igualdad, perspectiva de género y no discriminación en sus sentencias.
La defensora consideró que el abuso en el discurso de la autonomía del Poder Judicial provoca que se puedan integrar a su sistema a jueces y juezas que no cumplen con el perfil de realizar la labor de impartir justicia y eso es un aspecto que ha dañado y ha impactado directamente a la “calidad” de justicia en el país.
“Lo que hemos visto en nuestra trayectoria de trabajo de dos años es que no existen concursos de oposición para ocupar el cargo, entonces, ubicamos que muchos de los jueces y juezas entran por cuestiones de oportunidad: porque tienen un amigo, recomendación dentro del Poder Judicial. No se está evaluando la capacidad de profesionalismo y perfiles. Los ocupan por amiguismos o por recomendaciones pero no porque tengan la capacidad. Lo mismo pasa para ascender de puesto”, expuso.
La falla no se concentra sólo en el Poder Judicial, también viene desde el sistema educativo del nivel superior, pues no se incorpora una enseñanza derecho humanista en la mayoría de las facultades de Derecho, según platicó la especialista.
El colectivo Equis, en una revisión a curriculas de universidades, encontró que los derechos humanos y la perspectiva de género no son contemplados como una materia esencial en los troncos comunes en la Educación Superior.
“Son muy pocas las que incorporan los derechos humanos como una materia obligatoria en su tronco común, la tienen como materias opcionales, aisladas. Ven los derechos humanos como en abstracto, no se analizan y no se trasversaliza la mirada de derechos humanos y perspectiva de género en todas las materias del derecho”, expuso la entrevistada.
Añade que esto es importante porque los profesionales dedicados al derecho egresan de las licenciaturas sin esta visión. Las universidades “siguen enseñando un derecho que es procedimental, de formulas”.
RESISTENCIA DE LAS AUTORIDADES
La Red por la Ciudadanización de la Justicia buscará establecer diálogos con los poderes judiciales locales en México para que “estas deficiencias en el cumplimiento de su obligación [de juzgar con perspectiva de género] puedan llevarlas a ese espacio judicial y poder retroalimentar”, comentó Fátima Gamboa.
Queremos ir a “refrescar esta mirada ya muy arcaica de cómo se imparte justicia, llevando otras formas novedosas y mucho más protectoras de impartir justicia”, dijo.
Sin embargo, la abogada advirtió que es una tarea difícil porque en el Poder Judicial hay una fuerte resistencia de trabajar y colaborar con la sociedad civil.
El Poder Judicial no admite que su trabajo quede al escrutinio social, denunció. Los jueces, detalló, descalifican toda la crítica, el análisis y discusión que viene de la sociedad civil porque para ellos no tienen las capacidades técnicas y jurídicas.
“Hay una especie de imaginario judicial en donde ‘la sociedad no sabe de derecho, nosotros sí sabemos y nadie puede cuestionar nuestro trabajo’. Incluso hemos recibido comentarios de ‘sólo un juez puede calificar el trabajo de otro juez’”, ejemplificó.
La experta aclaró que el informe fue realizado con una metodología con base en jurisprudencia, tratados internacionales y en la propia Constitución, lo que abogados llaman “basado en el parámetro de regularidad constitucional”, obligatorio para los jueces.
“Los ocho elementos que nosotros analizamos, todos están fundamentados. Nuestro nivel de diálogo y de crítica tiene el mismo lenguaje que el Poder Judicial: usamos el mismo lenguaje y el mismo nivel de obligación, no nos estamos sacando nada de la manga”, enfatizó.
El Poder Judicial no admite que su trabajo quede al escrutinio social, denuncian colectivos. Foto: Cuartoscuro
SIN FISCALIZACIÓN
La fiscalización o supervisión efectiva a la impartición de justicia es urgente en México, pues al día de hoy no existen o son insuficientes los procedimientos disciplinarios que revisan las constancias y los expedientes judiciales para detectar actos de corrupción e incumplimiento de obligaciones judiciales, añadió.
Y ejemplificó: “ toda la jurisprudencia es obligatoria para los jueces. Sin embargo, en una Entidad Federativa de 56 jueces sólo ocho utilizaban jurisprudencia para juzgar con perspectiva de género, que es obligatoria. ¡Ocho de 56!. Es una obligación juzgar con perspectiva, entonces, si hubiera una dirección o una coordinación de disciplina que funcionara adecuadamente, que revisara constantemente las sentencias y cómo incorporan la obligación de derechos humanos, no discriminación e igualdad, sería mucho más fácil poder detectar deficiencias para poderlas corregir y sancionar”.
Fátima Gamboa comentó que la expulsión que impuso en días pasados el Consejo de la Judicatura Federal al juez Anuar González, quien otorgó amparos en el caso de los “Porkys”, fue porque el funcionario judicial actuó en contra de constancia y tuvo errores inexcusables. La especialista recalcó que lo mismo pasa con los jueces de esas sentencias, analizadas en el informe.
“Al juez ya lo despidieron, pero ¿quién va a revisar y sancionar a los jueces locales que no están aplicando el criterio de derechos humanos, igualdad y no discriminación y qué están haciendo lo mismo que el Juez Porky?”, cuestionó.
Gamboa concluyó que es necesaria la ciudadanización de la justicia –uno de los objetivos de esta alianza entre colectivos derecho humanistas – y eso implica que los operadores de justicia se sienten con la sociedad civil.
Mario Luna, defensor de derechos humanos y vocero de la Tribu Yaqui fue encarcelado en el Centro de Readaptación Social 2 en Hermosillo por más de un año. El también Secretario de las autoridades tradicionales del Pueblo Vicam enfrentó cargos por secuestro.
Las acciones estatales se presentaron en respuesta a la oposición de la tribu a la construcción del Acueducto Independencia, una enorme obra hidráulica que despoja de 75 millones de metros cúbicos (m3) de agua a la tribu indígena para solucionar problemas de suministro en la ciudad de Hermosillo.
Para Mario Luna la respuesta a los ataques contra su tribu se encuentra en la ausencia del Estado de Derecho, una condición que permite que se continué con la violación de derechos humanos o con la omisión de los mismos, como en el caso de las consultas simuladas de las deberían gozar todos los pueblos indígenas.
Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).– La mañana del 11 de septiembre de 2014, un grupo de personas vestidas de civiles detuvieron a Mario Luna, defensor de derechos humanos y del agua en Sonora, y vocero de la Tribu Yaqui. El arresto, realizado por integrantes de la Policía estatal –que en ese momento no se identificaron como tal–, concluyó en la oficina de Ciudad Obregón de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora donde fue incomunicado hasta media tarde. Más adelante, luego de su trasladado al Centro de Readaptación Social 2 en Hermosillo, el también Secretario de las Autoridades Tradicionales del Pueblo Vicam enfrentaría cargos por secuestro que lo privarían de su libertad durante un año.
Las acciones estatales se presentaron en respuesta a la oposición de la tribu a la construcción del Acueducto Independencia, una enorme obra hidráulica que despoja de 75 millones de metros cúbicos (m3) de agua a la tribu indígena para solucionar problemas de suministro en la ciudad de Hermosillo.
Desde el anunció del proyecto, en 2010, el Pueblo Vicam demandó su derecho a la consulta, el cuál le había sido negado a pesar de que el Marco Internacional de Derechos de Pueblas Indígenas establece el proceso como un derecho adscrito a los ordenamientos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Enterados por los medios de comunicación, los integrantes de la Tribu Yaqui comenzarían un trayecto en el que la criminalización y la injusticia marcaría su andar.
La protesta se convirtió en el recurso de un pueblo combativo que quiere acabar con un ciclo de invisibilización y hostigamiento dirigido a las comunidades indígenas, una característica de la construcción de las grandes obras de infraestructura de nuestro país.
Luna fue liberado el 23 de septiembre de 2015, tras permanecer 377 días en un penal de Hermosillo. El defensor fue acusado del robo de un auto y un presunto secuestro: el Gobierno del panista Guillermo Padrés lo metió en prisión. Luna salió libre 10 días después de que Padrés, quien fue señalado en EU por enriquecimiento inexplicable, dejó la Gubernatura de Sonora. Foto: @CentroProdh
DEFENDER EL AGUA Y EL RÍO
Los yaquis han utilizado históricamente el río del mismo nombre para su supervivencias cultural y económica. En 1940, el ex Presidente Lázaro Cárdenas del Río aprobó la publicación en el Diario Oficial de la Federación de un Decreto que otorga el 50 por ciento del agua en el caudal del dicho río a la comunidad, lo que en la actualidad representa un aproximado de 80 millones de m3, más lo correspondiente a los escurrimientos, lo que daría un total de 600 millones de m3 anuales, distantes a los 250 millones de m3 que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) les entrega de manera arbitraria.
El rechazó de la obra fue la reacción natural frente a una regla que no se ha cumplido en los últimos 78 años y por lo que los habitantes de la zona semidesértica enfrentan problemas de suministro, que se agravan con la falta de recarga de los mantos acuíferos y el Acueducto llevando el agua en otras direcciones.
“Nosotros vemos la escasez de agua, la poca disponibilidad y la gran cantidad de usuarios por lo que agregar a una ciudad como Hermosillo a una cuenca deficitaria acabaría por completo con la aspiración del Pueblo Yaqui de rescatar lo que en decreto tenemos como propiedad a favor del propio Pueblo Yaqui”, dice Mario Luna en entrevista con SinEmbargo.
A los yaquis se les señala como “retractores” del progreso o por falta de “empatía” con los pobladores de Hermosillo, quienes también han enfrentado la escasez de agua. Sin embargo, los pobladores del río sostienen que el problema es mucho más complejo: el ajuste en el caudal ha incrementado el deterioro del área de la costa del Mar de Cortés, misma que han habitado de manera ancestral y en donde ya se han perdido unas 7000 hectáreas dedicadas a la agricultura y la ganadería.
La lucha del grupo es por la autodeterminación, por sus derechos y contra la imposición de las empresas extranjeras que han sido beneficiadas con el acueducto.
“Ellos argumentan que la intención de crear ese Acueducto es darle agua a la ciudad de Hermosillo, pero no especifican que sea a la red de agua potable, ellos lo que quieren es fomentar el consumo de la industria. El Acueducto Independencia termina en las inmediaciones del Parque Industria de Hermosillo en donde, en una ciudad sin agua, están instaladas las plantas Ford, Coca Cola y Heineken, y muchas otras empresas que son altas consumidoras de agua, como refresqueras y un desarrollo inmobiliario que se esta promoviendo. Todo eso implica agua (…) ellos ya le pusieron precio al agua y la están viendo como una mercancía”, agrega Luna.
Es la confrontación entre lo que entendemos por progreso con tradición, y es lo que ha puesto en riesgo a los personajes de la tribu, entre ellos a su vocero y representante en la defensa del río.
Durante años, Luna ha representado a su pueblo como Secretario y ha tenido un rol de traductor y escribano de las decisiones de la asamblea. Fue esa posición lo convirtió en el personaje idóneo para representar la oposición de la tribu. Asumir su rol como defensor lo dejó al frente de grandes responsabilidades y riesgos, provocados por la constante exposición frente a los medios de comunicación. Como defensor del agua ha sido víctima de diferentes ataques que han tenido impacto en lo comunitario, lo familiar y lo personal.
Primero llegó la detención arbitraria, unos meses después el ataque a su hijo –quién fue golpeado y a quien solicitaron que exigiera a su padre dejar el movimiento–. A pesar de que las amenazas y hechos, como los ya mencionados, eran constantes fue hasta junio del 2017 cuando el Gobierno de Sonora y el Gobierno del Ayuntamiento de Guaymas implementaron medidas de protección para Mario; fue poco después de que unos atacantes quemarán el automóvil de su esposa Anahí Ochoa y el Mecanismo de Protección de personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no ofreciera ningún tipo de apoyo.
UN SEXENIO LLENO DE VIOLENCIA
Para Mario la parte más dura del movimiento se vivió durante el Gobierno del panista Guillermo Padrés Elías, quién permaneció al frente del estado de 2009 a 2015, periodo en el que los yaquis fueron hostigados y criminalizados, mientras se desarrollaba una campaña de desprestigio por la que fueron objeto de burlas y agresiones por parte de la sociedad civil.
Como él mismo explica, el marco de impunidad construido por Felipe Calderón Hinojosa, abrió espacio para que las circunstancias de violencia contra los defensores se incrementaran y se manifestarán con teléfonos intervenidos, persecuciones en sus hogares y hostigamiento por parte de personas encapuchadas.
El entorno de violencia continuaría hasta el sexenio siguiente, ya con la gubernatura de la priista Claudia Pavlovich Arellano y en el centro del sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando las amenazas no cesaron. Con la inserción del crimen organizado en el panorama la situación se torno más difícil: comenzaron los discursos que quisieron vincularlos con el mismo, se retiraron apoyos de vivienda, apoyos de becas estudiantiles y se percibieron aún más agresiones provenientes de personas no identificadas.
“Las cosas siguen siendo iguales” argumenta, mientras especifica que la complicidad entre políticos y la impunidad, invariable en cada gobierno, son las causantes del despojo continuo de sus derechos.
“Otra cosa que hemos apuntado es la complicidad que existe entre los políticos, ya sea de un partido u otro. Al salir Guillermo Padrés, al tener una caída estrepitosa, entró el PRI [Partido Revolucionario Institucional] con Alejandra Pavlovich, con ella se vio un cambio en el trato a la comunidad pero el despojo continuó, el despojo siguió, y la violación de nuestros derechos continúa al seguir operando una obra como el Acueducto Independencia que todos los días roba agua del territorio yaqui sin tener manifiesto de impacto ambiental. El Estado de Derecho sigue siendo violentado”, dice Mario Luna.
La respuesta se encuentra en la ausencia del Estado de Derecho, destaca Mario, una condición que permite que se continué con la violación de derechos humanos o con la omisión de los mismos, como en el caso de las consultas simuladas de las deberían gozar todos los pueblos indígenas.
Las consultas dejan mucho que desear. En el caso de la Tribu Yaqui no sirvió de mucho: únicamente para exhibir todas las intencionalidades subyacentes en estos procesos y la decisión final queda en un grupo reducido de supuestos expertos (…) pero lo que opina la tribu queda en un segundo termino. Las consultas si no son vinculantes y no contemplan la obligatoriedad, son una vacilada, dice Luna. Foto: Solidar Tribu Yaqui
LA URGENCIA DE LAS CONSULTAS
En 2013, la Suprema corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció la violación del derecho humano a la consulta de la Tribu en la emisión de la Autorización de Impacto Ambiental del Acueducto Independencia y ordenó la realización de la misma. La orden no se cumplió de manera inmediata, la comunidad yaqui protesto y como resultado vinieron las detenciones arbitrarias.
La consulta debió ser libre, bien informada y de buena fe. Sin embargo, no tuvo ninguna de esas características. Se realizó cuando la obra tenía un 30 por ciento de avance, bajo un contexto de hostigamiento que se traducía en presiones que retiraban apoyos gubernamentales y ordenes de aprensión por delitos que no se habían cometido.
A quiénes habían organizado y exigido la consulta los metieron a la cárcel, entre ellos Mario Luna, para poder seguir avanzando con la obra. Se les ligo con ideas del crimen organizado y de manera sorpresiva personas pertenecientes a estos grupos comenzaron a intervenir en las comunidad “creando estados de psicosis y terrorismos psicológico”.
Luna asevera que ese fue el aprendizaje que les dejo su fallida consulta es que las mismas deben de ser vinculantes, ya que, al no contemplan obligatoriedad la opinión de los comuneros se vuelve un simple requisito.
“Las consultas dejan mucho que desear. En el caso de la Tribu Yaqui no sirvió de mucho: únicamente para exhibir todas las intencionalidades subyacentes en estos procesos y la decisión final queda en un grupo reducido de supuestos expertos (…) pero lo que opina la tribu queda en un segundo termino. Las consultas si no son vinculantes y no contemplan la obligatoriedad, son una vacilada”.
“No es consultar por consultar”, asegura Luna, “deben realizarse en los sitios adecuados, dice al manifestar que no se les puede considerar justas si se hacen en espacios ajenos a las comunidades, ya que éstas generalmente acostumbran discutir de manera conjunta en sus propios foros.
Las comunidades indígenas, como la Tribu Yaqui de Sonora, exigen consultas que respeten su autonomía y autodeterminación, un derecho que les otorga el Artículo 2 de la Constitución Mexicana.
Es muy común ver a las madres en marchas y actividades relacionadas a la desaparición de sus hijos pero también hay padres que dejan su vidas atrás para dedicarlas de lleno a la búsqueda. Algunos de ellos cuentan a SinEmbargo sus historias en este día del padre en el que coinciden: “Nosotros en este día, tampoco tenemos nada que celebrar”.
“Somos los payasos tristes, eso somos los papás con un hijo o hija desaparecida”, describe Julio Sánchez Pasillas, padre de Tania, desaparecida en 2012 en Coahuila.
“Ahora he aprendido que soy un ser humano, que me duelen las cosas como a cualquier persona”, comparte José Luis Castillo Carreón, padre de Esmeralda, desaparecida en 2009 en Chihuahua.
Salvador San Pedro Mendoza, padre de la joven asesinada Victoria Pamela Salas, señala que “los hombres lloramos y más cuando nos arrancan lo que más queremos”.
Guillermo Gutiérrez Riestra, padre de Raquel, desaparecida en 2011 en Tamaulipas, dedicará lo que le resta de vida a buscar a su hija.
Ciudad de México, (SinEmbargo).- Julio Sánchez Pasillas traga saliva y contesta: “a veces la gente nos ve reír, nos ve muy normales, pero somos los payasos tristes. Eso somos los papás con un hijo o hija desaparecidos….”. La voz de Julio se quiebra y, mientras aprieta la fotografía de su hija, añade: “La gente piensa que los hombres no sienten; pero la verdad es que sí. Y también lloramos”.
En un país con más de 34 mil personas desaparecidas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, y siete feminicidios diarios en promedio, es común ver que las madres son quienes se vuelcan por completo en la búsqueda de sus seres queridos. Sin embargo, y aunque son la minoría, también hay padres que dejan sus vidas atrás para dedicarlas de lleno a la búsqueda. En ese camino, en los miles de kilómetros que han recorrido exigiendo verdad y justicia, se convirtieron en activistas que apoyan a otras familias.
No es común ver a los padres en las protestas, pero hay un pequeño grupo que sigue adelante en la búsqueda de sus hijos. Algunos de ellos cuentan a SinEmbargo sus historias en este día del padre en el que coinciden: “¡Nosotros tampoco tenemos nada que celebrar!”.
“SOMOS LOS PAYASOS TRISTES”
Julio Sánchez Pasillas amaba su trabajo en el departamento de investigación educativa en secundarias técnicas de Torreón, Coahuila. Estudió en España el Doctorado en educación para desarrollarlo al máximo.
El 21 de enero de 2012, su hija Tania Sánchez Aranda, una joven estudiante de ingeniería en sistemas, fue secuestrada junto con su novio Juan José Flores Herrera en el municipio Francisco I. Madero de aquel estado norteño. Desde entonces Julio cambió la investigación docente por la investigación “policial”, pues optó por adelantar su jubilación para dedicarse de lleno a la búsqueda de Tania. Actualmente, Julio dirige una asociación civil que realiza Caravanas de Búsqueda en vida.
Fue un sábado cuando Tanía Sánchez y Juan José desaparecieron después de dejar a una amiga en su vivienda ubicada en el municipio antes citado.
“Ellos dejaron a su amiga en la vivienda y se les ponchó la llanta del carro; pero al parecer el lugar donde se les ponchó era un punto de venta de droga”, platica Julio, quien obtuvo estos datos por sus propias indagatorias.
Tania fue secuestrada.
Ese mismo sábado los plagiarios llamaron a sus padres. La primera llamada ocurrió alrededor de las nueve la mañana, cuenta Julio. Su esposa contestó. Los criminales le pidieron 350 mil pesos como pago de rescate.
“De ahí empezó un viacrucis”, comenta.
La segunda llamada se registró dos horas después. La voz en el auricular cuestionó a los padres sí ya tenían el dinero del rescate.
“En la segunda nosotros pedimos la prueba de vida, y nos pusieron al teléfono a una muchachita; pero estábamos seguros de que no era mi hija. Hubo una tercera llamada. Volvimos a pedir nuevamente la prueba de vida, nos pusieron al teléfono a mi hija, y sí. Sí era ella”, rememora el padre.
Los padres de la joven acudieron a interponer la denuncia por el secuestro. Julio destaca que mientras denunciaban, el titular del área de desaparecidos les pidió que si podían citar a los amigos de la pareja en la casa de la víctima para entrevistarlos allí. “Eso nos extrañó pero bueno, no sabíamos que hacer y aceptamos”.
Julio Sánchez Pasillas dirige una asociación donde realizar caravanas de búsqueda. Foto: Francisco Rodríguez, Vanguardia
Al día siguiente, los agentes acudieron a la vivienda de los padres de Tania para levantar las citadas entrevistas.
“Cuando el titular del área de desaparecidos estaba entrevistando a las amigas del novio, yo estaba bajando un software que hace un rastreo de llamadas. Durante las entrevistas se terminó de descargar y en eso yo me paré y dije: ‘ya bajé el programa. Ya nada más que nos vuelvan llamar y vamos a ver de donde nos esta llamando para ir luego luego sobre ellos’”, relata.
Julio recuerda que tras su anuncio el asistente del Ministerio Público salió a la calle, empezó a textear y hacer llamadas desde su celular: “Al principio no nos pareció raro pero con el paso del tiempo sí se nos empezó hacer muy raro que después de eso jamás nos volvieron a llamar para pedir rescate. Nunca más volvieron a llamar. Eso nos dice que alguien les avisó”.
Los padres de Tania acudían a las autoridades con regularidad durante los primeros días en busca de avances pero al ver que no les daban respuestas, Julio empezó a investigar por su cuenta y utilizó los mecanismos, herramientas y conocimientos teóricos que aquidirió como investigador académico.
El hombre narra que en sus indagatorias que obtuvo datos valiosos, los cuales, llevaba a las autoridades y estas, supuestamente los manejaban o investigaban “pero no era cierto” , dice.
La familia de la víctima, al no ver acciones concretas de las autoridades, solicitó el expediente para conocer el avance del caso. La Procuraduría de Justicia de Coahuila lo negó inicialmente pero después de insistir por meses, lograron verlo.
“Lo juro, nos tardamos un año para que nos dejaran verlo, y fue de mala gana porque el tipo agarró el expediente y dijo –’Ahí está, si saben leer, léanlo’- y nos aventó el expediente”.
La desilusión cayó sobre Julio y su esposa como un balde de agua fría cuando se dieron cuenta que todo lo que contenía el documento era la repetición de los datos que ellos les aportaban. “Todo eran cosas que nosotros investigamos y solo los repetían y repetían; pero por parte de ellos no encontramos nada, o sea, no hicieron ninguna labor de investigación”, explica.
Julio Sánchez Pasilla busca a su hija Tania desde el 2012. En su camino, formó un colectivo y ha organizado 3 caravanas de búsqueda en vida. Foto: Sugeyry Romina Gándara
Julio empezó a publicar la fotografía de su hija en redes sociales. Recorrió bares, prostíbulos de la localidad y la entidad, cinco fronteras de México con Estados Unidos, y todo lugar en el que hubiera algún indicio de trata de personas. Todo en busca de su hija.
“Empecé a revisar páginas de escorts y en la zona de tolerancia de Nueva Laredo anduvimos pegando la foto de mi hija”.
El padre de Tania señala que en el año 2013, en Nuevo Laredo, dos sexoservidoras le aseguraron haber visto a su hija. La describieron como una chica en severa condición de drogadicción, y muy delgada. Él continuó el rastreo pero sin resultados.
La familia de la joven recibía llamadas de varios estados con supuestos indicios.
“Lugar de donde nos hablaban a ese lugar íbamos. Trazamos redes de comunicación. Hicimos de todo para buscarla”, agrega.
El papá de Tania se unió un colectivo de búsqueda de desaparecidos donde hacían rastreos de osamentas, ahí duró poco más de dos años. Encontró miles de restos y se forjó de una vasta experiencia en la búsqueda terrestre.
Lo invitaron a participar en la Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos el 21 de enero de 2017. “Lo recuerdo perfectamente porque ese día mi hija cumplió cinco años de desaparecida”.
Fue justo en esa brigada donde le nació la idea de buscar en vida, la planteó a varios compañeros y de ahí surgió la Caravana de Búsqueda con vida, la cual, consiste en buscar en cárceles, centros de regulación sanitaria, calles, hospitales, y también en Semefos, aunque la tendencia de este movimiento es la búsqueda de las personas con vida.
La primera Caravana se efectuó el 12 de mayo de 2016 en cinco ciudades de Coahuila: Torreón, Saltillo, Monclova, Allende, y Piedras Negras.
Julio actualmente dirige la Asociación Internacional de Búsqueda de desaparecidos en México. La llama internacional porque en su camino también se unieron algunas personas extranjeras que tienen familiares desaparecidos en este país.
El señor Sánchez Pasillas pertenece a un grupo minoritario de hombres que dedican sus días a rastrear, asistir a foros de derechos humanos, y a estar activos en las políticas de desaparición en México.
Al principio no es sencillo en un país con una cultura machista muy arraigada.
Julio señala que hay personas que dicen que los padres no sienten lo mismo que las madres; sin embargo, afirma que él lamenta tanto como su ex esposa la pérdida de su hija.
“La gente piensa que los hombres no sienten, pero la verdad es que sí. A mí se me carga mucho cuando estoy solo, cuando estoy en esos momentos de soledad que tiene uno, y la verdad es triste”, comparte.
El activista agrega que los momentos más desoladores son cuando recuerda las cosas que vivió con su hija, los momentos felices y de pronto llega el miedo de que no los volverá a vivir.
“Yo ya he elevado globos con mensajes donde le digo a mi hija que ella sabe que yo nunca, nunca, ¡nunca! voy a dejar de buscarla y que tarde o temprano la voy a encontrar”.
NUEVE AÑOS DE BÚSQUEDA
Una noche de noviembre 2009, José Luis se ensució la cara, se despeinó, se vistió con unas prendas viejas y sucias, se colocó una cobija, y sobre las ropas se vació una botella de charanda. Así, disfrazado de “teporocho”, como él dice, se acostaba afuera de los bares de Ciudad Juárez, Chihuahua, para poder observar por horas esos lugares, en busca de su pequeña hija Esmeralda, que había desaparecido seis meses antes.
Han pasado nueve años y José Luis Castillo Carreón aún siente la misma desesperación que sentía esas frías noches de invierno afuera de los centros nocturnos en la frontera norte del país, donde el termómetro baja de los cero grados.
José Luis soportaba patadas y golpes de la gente -que pensaban era indigente- e incluso algunas remitidas a la cárcel, todo con tal de tener algún rastro de su hija.
Esmeralda Castillo Rincón, tenía 14 años, cursaba el segundo año de secundaria cuando desapareció el 19 de mayo de 2009 mientras se dirigía a la escuela. Desde entonces sus padres no han dejado de buscarla .
El señor Castillo Carreón actualmente es un activista reconocido entre familiares de personas desaparecidas en la fronteriza Ciudad Juárez, pues sus años de búsqueda lo han llevado a dar apoyo a otras víctimas y a organizar eventos. Hoy en día brinda pláticas de prevención.
José Luis explica, desde su experiencia , que la mayoría los hombres con hijos desaparecidos se concretan a seguir llevando sustento a la casa, a mantener a los demás hijos, en tanto que son las mujeres quienes salen a la calle a exigir justicia. En su caso, dice, Esmeralda era la menor de sus dos hijos, los hermanos de ella ya estaban grandes, por lo que el matrimonio se abocó a que su sustento sería para ellos y la búsqueda de la pequeña.
“Yo respeto a los demás padres y madres de familia. He tenido algunas mamás que cuando hablo con ellas me dicen: ‘Oiga Castillo pero una hija o un hijo no le duele tanto a un hombre como a la mujer’, y yo nada más me les quedo mirando y les digo: ‘no pues yo respeto su manera de pensar, pero nuestra hija le duele tanto a la mamá como a mí'”.
El activista reconoce que al principio tuvo que enfrentarse a la idea machista que los hombres se tienen que mantener fuertes y era difícil sostener esa postura en público.
“Al principio sí eran muchos los demonios que enfrentaba. Por ejemplo: estar al frente de una cámara de televisión o al hablar, que se te hace un nudo en la garganta, quieres derramar las lagrimas pero por esa cuestión machista, no lo quieres hacer y quieres cortar la emoción. El andar con puras mujeres en la lucha y temer que piensen que les faltas al respeto”, comparte.
Sin embargo, con el paso del tiempo ha ido superando esas ideas, además – agrega- a él le ha ayudado acercarse a la región.
“Ahora he aprendido que soy un ser humano; que me duelen las cosas como a cualquier persona; que tengo derechos a llorar; que tengo derecho a exigir; que tengo derecho a ponerme triste…”.
José Luis y su esposa venden hamburguesas afuera de su casa y emprenden actividades de recaudación para seguir con la búsqueda de Esmeralda, llevar platicas a las escuelas, y organizar eventos en apoyo a familiares de personas desaparecidas.
José Luis busca a su hija. Foto: Especial
Este es el noveno Día del Padre que José Luis pasará sin su hija menor. En estas fechas procura realizar algún acto de protesta o actividad de exigencia.
“En otras ocasiones hemos hecho huelga de hambre afuera de la Fiscalía” ejemplifica.
“Algunos me dicen ‘¿Que hay de tus otros hijos, de tus nietos? Ellos también tiene derecho a que estés con ellos, alegre…’, entonces tienes que hacer de tripas corazón, y compaginar una cosa con otra”.
José Luis ha enfrentado múltiples adversidades en estos nueve años. Desde los golpes de la gente y remitidas a los separos cuando se disfrazada de una persona en condición de calle y adicción, hasta ser amenazado, agredido por elementos policiacos e incluso encarcelado injustamente, solo por encarar al ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte en un evento público.
“No hay palabras para explicar lo que hemos vivido en estos nueve años. Hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance, las autoridades ni siquiera le dan seguimiento a las pistas que nosotros les llevamos, nosotros somos las personas que más exigimos al Gobierno en Juárez”, comenta.
Castillo, como le dicen sus compañeros de lucha, da pláticas de prevención en las escuelas, porque -narra- han exigido a Gobierno que haga labores de prevención y no lo hacen.
Los días 28 de enero, el cumpleaños Esmeralda, la familia organiza el “EsmeraldaTon”, una carrera pedestre de “prevención” que realizan en el centro de Ciudad Juárez.
“Nosotros vamos a secundarias y a primarias para promocionar la carrera con los niños y el único compromiso es que lleven una calca en su camiseta con algunas medidas de prevención. La ciudadanía nos ayuda para hacer una valla. Ese día cortamos un pastel y damos unos pequeños premios: mil 500 pesos al primer lugar, 500 a segundo”, narra.
Los meses de mayo, el día que en que se conmemora la desaparición de Esmeralda, también se realizan actividades. Este año, se efectuó la Caravana de la Realidad del Norte, que partió desde Ciudad Juárez y llegó a la Ciudad de México.
José Luis ha recorrido calles con la fotografía de su hija. No ha dejado de buscala. Foto: Especial
En busca de su hija. Foto: Cuartoscuro
En su búsqueda por la justicia, José Luis fue encarcelado con falsos cargos en el año 2012. El hombre considera que fue porque encaró al entonces Gobernador, César Duarte.
En diciembre de 2011, la familia entregó volantes con forma de billete de 200 pesos y con la imagen de Esmeralda, dos meses después una persona llamó a una televisora para asegurar que había visto a pequeña en un bar de la Ciudad de México, y que ella le había pedido ayuda, dice Castillo.
En febrero de 2012 los padres de Esmeralda pidieron apoyo económico a la Fiscalía de Chihuahua para acudir a México a buscar a su hija ante la alerta; sin embargo, se lo negaron, afirma el activista.
La familia nuevamente organizó actividades en las calles y vendió hamburguesas para recolectar el dinero y acudir a la Ciudad de México. Lograron obtener los recursos, realizaron el viaje, se entrevistaron con los empleados de la televisora, pero la búsqueda nuevamente no rindió mayores frutos.
A inicios de abril de 2012, el entonces Gobernador César Duarte inauguró la Fiscalía Especializada de delitos Contra la Mujer en Ciudad Juárez, fue en ese evento donde José Luis lo encaró.
“Después de que regresamos a Juárez, en aquel entonces el Gobernador estaba inaugurando , y dijo que eran varios millones lo que se está invierno. Nosotros le recriminamos que cómo era posible que estuvieran haciendo una inversión así y nosotros fuimos pedir ayudar para ir a México nos dijeron que no había dinero, y que nosotros le hiciéramos como pudiéramos”.
En el evento el ex mandatario César Duarte y Humberto Jáuregui, entonces Fiscal de Feminicidios, le prometieron a José Luis que iban a poner atención en el caso. Pero no fue así, comenta.
“Pasaron unos días y llegaron varias unidades de Fiscalía aquí a mi casa, diciendo que tenían datos de Esmeralda”. Ese día estaba el hijo de José Luis, quien lleva el mismo nombre que su padre y fue el primero que los atendió.
Padre e hijo acudieron a la Fiscalía, motivados con la falsa promesa de nueva información en el caso de la menor.
“Estuvimos como dos horas, preguntamos qué pasaba y ya nos dijeron que teníamos una orden de aprehensión por unos asaltos a casas de masaje nos dijeron ‘usted traía una Uzzi y su hijo una 45. Y ya nos detuvieron”.
El 6 de abril, José Luis Castillo Carreón y su hijo fueron detenidos sin orden de aprensión y vinculados a proceso por el supuesto delito de asalto a mano armada. Les fincaron unos supuestos atracos cometidos en el 2008, cuatro años antes, en donde los denunciantes eran los dueños de varios establecimientos de masajes.
Permanecieron encarcelados injustamente por siete meses, hasta que demostraron su inocencia.
Esmeralda no ha sido localizada. En años pasados las autoridades trataron de entregarle unos restos como si fueran de su hija. José Luis afirma que no eran de ella.
La búsqueda de la joven sigue y aunque las autoridades ofrecen un millón 500 mil pesos como recompensa, José Luis reprocha que ni siquiera han puesto la fotografía de progresión de la edad de Esmeralda.
“Eso es muy lamentable, porque nuestra niña en nueve años tuvo que haber cambiado” , comenta.
El señor Castillo puntualiza que no dejará de buscar a su pequeña.
JUSTICIA ES EL MEJOR REGALO
“Claro que sí, los hombres lloramos y más cuando nos arrancan lo que más queremos, que son nuestros hijos. Cada hombre, a cada ser humano le duele a su manera, yo lo vivo con mucho dolor y le lloro a mi hija porque la amo, la extraño y me duele lo que le hizo este asesino”, comparte Salvador San Pedro Mendoza, padre de la joven Victoria Pamela Salas.
Victoria Salas fue asesinada el año pasado. Su cadáver fue encontrado el 2 de septiembre en un hotel de Tlalpan, en la Ciudad de México, con un corte en el cuello mientras el agua caliente continuaba cercenando su cuerpo.
Padres de la joven Victoria Pamela Salas. Foto: Cuartoscuro
Mario Sáenz, un famoso skater y novio de la joven, fue la última persona que la vio con vida. Fue detenido por el asesinato de la joven, pero horas después quedó en libertad. Al inicio negó conocer a Pamela– con quien, según amigos y familiares, sostenía una relación desde hacía nueve meses– y presentó testigos que dijeron estar con él el día de los hechos.
Los padres no han parado de exigir justicia para la joven.
Salvador San Pedro Salas Mendoza, de 45 años de edad, platica que la pérdida de su hija ha sido muy dura, “llevamos casi diez meses y vivir sin ella ha significado para mi un golpe muy duro. La extraño mucho”, comenta.
El caso alcanzó a medios nacionales, locales y extranjeros. El tema se volvió tendencia por la actividad que desempeñaba el asesino: skateboarding, y algunos de sus seguidores ocuparon las redes para hablar sobre “la ausencia de pruebas” y apoyarlo.
“Al principio las autoridades se burlaron de nuestro dolor por la pérdida de mi hija Victoria, pero al pasar de los meses tuvimos la oportunidad de hablar con el Procurador, Edmundo Garrido, y la persona que puso a la responsabilidad de la carpeta de investigación parece mostrar avances”, comenta.
Don Salvador ha salido a las calles a exigir justicia para su hija.
Sobre la participación minoritaria de los varones en las exigencias, Salvador opina que los hombres también deben de unirse y participar de la mano con las mujeres.
El padre de Victoria afirma que el asesinato de un hijo es el más duro golpe para quien lo vive.
“Pero no por ser hombres nos impide buscar ayudar psicológica. Debemos echarle mucha ganas para salir adelante junto con nuestra familia porque nuestras mujeres son ejemplo a seguir y eso debemos hacer nosotros seguir adelante y pedir justicia apara todas, y no buscar en otra salida, o buscar en la bebida alcohólica desahogar nuestro dolor, al contrario echarle ganas porque tenemos una familia por la cual luchar”, comparte.
Este es el primer año en que Salvador pasará el Día del Padre sin su hija Victoria Pamela.
“Tengo dos hijos más, seguramente van a celebrarme ese día pero mi corazón estará triste porque como dice mi esposa, no hay nada que celebrar porque ya no estará mi hija. Así que solo pienso en hacerle justicia, ese sería mi mejor regalo”, puntualiza.
Salvador, papá de Víctoria Salas. “Justicia” el regalo que pide para el día del padre. Foto: Especial
El padre de Víctima ha salido a exigir a las calles que el crimen de su hija no quede impune. Foto: Cuartoscuro
“LO QUE ME RESTA DE VIDA ES PARA BUSCAR “
Guillermo Gutiérrez Riestra busca a su hija Raquel, desaparecida el 1 septiembre de 2011 cuando un grupo perteneciente a Los Zetas se la llevó en Ciudad Victoria, Tamaulipas, “a plena luz del día”.
En su camino, Gutiérrez Riestra formó el colectivo Familias y Amigos de Desaparecidos en Tamaulipas, el cual, está integrado en un 90 por ciento por mujeres.
“Empezamos tres familiares y ahora eS un colectivo con mas de 200 integrantes y casi estamos en todas las ciudades principales de Tamaulipas”.
Su organización se dedica a visibilizar los casos, hacer plantones y movilizaciones para tratar de reducir la estimagmatizacoin que hacen las personas o la autoridad a las víctimas, pues lamentablemente las autoridades en lugar de buscar a los desaparecidos trata de buscar a las víctimas nexos con la delincuencia, comenta el defensor de 59 años.
La lucha de Guillermo, que inició en Tamaulipas, el estado con más reportes de personas sin localizar en el país: al menos 6 mil, lo ha visibilizado a nivel nacional al grado que ha sido blanco de amenazas serias, las cuales, actualmente lo tienen desplazado en la Ciudad de México. Sin embargo eso no lo ahuyenta de buscar a su hija.
“Yo estoy en la idea de que lo que me resta de mi vida la voy a dedicar, como mi tarea principal, a buscar a mi hija, pase el tiempo que sea pero seguiremos dando la lucha”, afirma.
Para el activista el día del padre es una fecha en que se debe de compartir como un día de lucha.
“Creo que no tenemos nada que celebrar. Mientas haya una silla vacía, mientras haya una habitación desocupada, no podemos festejar ese día. Hoy tiene que ser un día de lucha y de denuncia”, detalla.
¿Qué entiende hoy un trabajador o trabajadora si le preguntan sobre sus prestaciones laborales? Lo primero que se viene a la cabeza son las vacaciones, el aguinaldo, el seguro o con suerte, un bono de puntualidad.
¿Qué vendrá a la cabeza de alguien que tiene de facto cerca de 22 prestaciones? Habría que preguntarle al Presidente, a su gabinete, a los 500 diputados y a los 128 senadores.
El número de prestaciones laborales de los principales funcionarios públicos de México se ha mantenido con el paso de los años, mientras que los trabajadores han tenido que soportar los cambios a las leyes laborales que esa misma cúpula se ha encargado de elaborar, promover y aplicar: los gobiernos del PAN se fueron contra la seguridad social, el de Peña Nieto no logró acabar con el yugo de pobreza que significa hoy el salario mínimo.
La Unidad de Datos de SinEmbargo realizó la contabilidad de las prestaciones que los funcionarios públicos tienen frente a las de un trabajador común y las realidades parecen ser de mundos diferentes: los primeros pueden tener cada uno 21 prestaciones, el resto, o como lo definen académicos: “los generadores de la riqueza”, tienen siete en promedio y no tienen comparación en términos de montos económicos y beneficios sociales.
Por Efrén Flores, Daniela Barragán y Linaloe R. Flores
Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).– Roberto García tiene hoy 80 años. Hace cinco logró obtener su pensión, luego de 25 años de trabajar como carpintero. Dejó de trabajar porque el cuerpo ya no le dio para más. A pesar de que, desde años antes, el cansancio y dolores en piernas y brazos le pedían reposo, pero la necesidad de tener un salario siempre fue mayor. Luego de meses enteros de hacer trámites y más trámites obtuvo su retiro. Hoy vive con su esposa de la misma edad, con 2 mil 400 pesos mensuales.
Del otro lado de la mesa está el Senador Javier Lozano Alarcón, quien antes de ocupar ese puesto fue el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en la administración de Felipe Calderón. En ese puesto creó y dejó como herencia a los mexicanos la Reforma Laboral.
A diferencia de Roberto, el Senador Lozano Alarcón tendrá poca preocupación cuando se retire, ya que entre las 21 prestaciones que goza por derecho [seguro de separación, seguro colectivo de retiro, además hace aportaciones a su seguridad social, tiene un pago por riesgos, potenció su seguro de vida, tiene algo que se llama “ahorro solidario”] y con todas las facilidades que se le otorgan –como primas vacacionales, celular, ayuda para despensa, prima quinquenal, apoyo económico para comprarse un auto–, puede gozar de su salario íntegro de 2 millones 796 mil 810 pesos y puede ahorrar; entonces la pensión parece un asunto solucionado.
Así, la realidad del señor Roberto y la del Senador Lozano,son drásticamente diferentes. Será lo mismo si se compara la de un joven de 25 años que no sabrá nunca qué es recibir utilidades porque está contratado por outsourcing, frente a la del Presidente Enrique Peña Nieto, quien puede presumir su seguro institucional por 8.2 millones de pesos o los 5 mil pesos que se le dan para cubrir sus gastos de alimentación.
En entrevista con SinEmbargo, Alfonso Bouzas Ortiz, investigador del ámbito laboral en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), describe que el tema de las prestaciones sociales hacen un contraste de negro a blanco si se habla de la clase gubernamental y la trabajadora. En la primera hay una paraíso laboral con una lista en la que está asegurada la salud, el bienestar y el futuro. En la segunda sólo hay incertidumbre, iniquidad y más pobreza.
Observador del desempeño de los sindicatos mexicanos y la política laboral, Bouzas Ortiz expone que después de la Reforma Laboral promulgada en 2012, “los trabajadores afiliados al IMSS están con un salario mínimo, lo que repercutirá en una jubilación mínima, en tanto que los del ISSSTE tienen un tope de 20 salarios mínimos. No hubo defensa. Los trabajadores tuvieron que aceptar que se les diera de alta con un salario muy diferente a lo que perciben, y los del Estado burocrático con un tope”.
Pero esa situación –según Bouzas– afecta sólo a los trabajadores. Los Gobernantes quedaron protegidos y lejanos a las circunstancias en las que quedaron millones de trabajadores.
“Fue un cambio histórico [la Reforma Laboral] que dio al traste con batallas emblemáticas y cuyos resultados óptimos aún parecen estar lejanos”, plantea el investigador.
Por su parte, José Manuel Cervantes Bravo, académico de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM, explica que aunque estas diferencias rayan ya en los terrenos de la injusticia, la inequidad está dentro del marco de la Ley, ya que mientras la Constitución establece derechos mínimos, se quedan mínimos para los trabajadores porque es lo que se logra negociar con la figura patronal.
Pero por el otro lado, los funcionarios se encargan de asignarse a ellos mismos sus salarios y sus prestaciones; no las negocian con nadie y además, deciden ponerse bonos. Explicó que las mínimas prestaciones han sido las de siempre, desde la Ley de 1931, desde la reforma de 1970 y la Ley que se hizo con el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Y son prestaciones a las que la mayoría de los mexicanos está acostumbrado de manera muy natural: aguinaldo y vacaciones.
“Los funcionarios pueden justificar sus prestaciones legalmente al decir que la Constitución establece mínimos y que todo hacia arriba es legal, ¿pero un trabajador qué puede lograr? Un bono de puntualidad, uno de asistencia, pero no más. Ellos, por el contrario, tienen hasta prestaciones por eficiencia en el trabajo, ¿quién decide si se lo ganan o no? Para ellos no hay un sistema de medición: todos ellos trabajan, todos son chambeadores, son productivos y son un bien para la Nación”, comentó.
En uno de sus ensayos, el doctor Arturo Fernández Arras, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, expuso que los derechos laborales no se reducen a una simple obligación del estado, sino que también involucran a los particulares. Desde su perspectiva, son los derechos laborales los que regulan la actividad privada entre patrón y trabajadores por la desigualdad que esa relación guarda al interior.
En esa relación, el Estado interviene con una regulación, aunque en teoría, su carácter tutelar es en favor de los trabajadores y como ejemplo está el acceso a los servicios de salud, los derechos a huelga y la libertad sindical.
El salario mínimo en México es el más bajo de los 35 países que conforman la OCDE y de los más bajos en América Latina. Foto: Cuartoscuro.
El Derecho Laboral apareció en la Constitución de 1917 con el Artículo 123. Para Fernández Arras, ese fue el “reconocimiento histórico de las reivindicaciones sociales y del compromiso del Estado con los trabajadores”.
El investigador ubica los derechos laborales de “los obreros” como uno de los resultados de la Revolución Mexicana y entre los personajes pioneros de eso menciona a los generales Francisco J. Mújica Velázquez y Esteban Baca Calderón, líder de la Huelga de Cananea [que detonó el 1 de junio de 1906, en una mina de cobre de Cananea, Sonora], así como a los constituyentes que “protagonizaron el debate más importante en la historia del derecho laboral mexicano”.
El investigador concluye que en la elaboración de las leyes es notorio que quienes las impulsan, no se muestran interesados por los trabajadores, no tienen una visión de futuro y que no hay conciencia de las necesidades de los interesados “quienes con su trabajo son generadores de riqueza”.
Seguros por riesgo de trabajo, de separación, de gastos médicos mayores, 20 días de vacaciones, gratificación de fin de año, prima quinquenal, ayuda para despensa, pagos por gastos de alimentación, becas del 100 por ciento para sus hijos en preparatorias y universidades, asistencia legal, asignación de vehículo o apoyo para comprar uno, seguro de cesantía en edad avanzada y vejez. Esas son algunas de las prestaciones que gozan el Presidente, su gabinete, los senadores y los diputados.
LA CLASE POLÍTICA Y SUS PRESTACIONES
Presidente Enrique Peña Nieto
Número de prestaciones: 19 (6 seguros, 10 apoyos y 3 ahorros)
De entre sus prestaciones, el Presidente goza de un seguro institucional por 8.2 millones de pesos, ayuda para despensa de entre 465 y 785 pesos mensuales y además, gastos de alimentación de hasta 5 mil pesos mensuales.
Miguel Ángel Osorio Chong
Número de prestaciones: 15 (6 seguros, 7 apoyos y 2 ahorros)
El Secretario de Gobernación durante estos cinco años ha gozado de una gratificación de fin de año por más de 200 mil pesos, un “apoyo” para vehículo de 11 mil 460 pesos al mes y de 10 mil pesos, también mensuales para su celular.
Luis Videgaray Caso
Número de Prestaciones: 12 (5 seguros, 5 apoyos y 2 ahorros)
Ahora en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Videgaray goza a cambio de sus labores, de un seguro de gastos médicos por más de 26 mil pesos, además de sus cotizaciones mensuales de entre mil 640 y 2 mil pesos en Fovissste e Infonavit.
No se sabe si luego de salir de la Secretaría de Hacienda cobró su seguro de separación.
Salvador Cienfuegos Zepeda
Número de prestaciones: 13 (4 seguros, 8 apoyos y 1 ahorro)
A cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Cienfuegos tiene beneficios como becas del 100 por ciento en pagos de colegiaturas para sus hijos a nivel Medio Superior y Superior, además de su seguro de vida militar por 1.3 millones de pesos.
Vidal Francisco Soberón Sanz
Número de prestaciones: 14 prestaciones (4 seguros, 8 apoyos y 2 ahorros)
En la Secretaría de Marina, el general goza de un fondo de ahorro militar de por al menos mil 968 pesos, una gratificación de fin de año de 200 mil pesos y una prima de antigüedad de 3 mil 281 pesos en adelante.
José Antonio Meade Kuribreña
Número de prestaciones: 16 (6 seguros, 8 apoyos, 2 prestaciones)
El ahora precandidato del PRI a la Presidencia y quien hasta el pasado lunes ocupó la titularidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, gozaba al frente de esa dependencia gfederal de un seguro colectivo de retiro de entre 12 mil 500 y 25 mil pesos, un seguro de riesgos de trabajo por un máximo de 61 mil 536 pesos mensuales, además de asistencia legal.
Luis Enrique Miranda Nava
Número de prestaciones: 14 (6 seguros, 6 apoyos y 2 ahorros)
El que se definió como operador político del Presidente en la Secretaría de Desarrollo Social, tiene por ley un seguro institucional por 8.2 millones de pesos, cobertura ISSSTE/IMSS de ente 20 y 26 mil pesos y tiene derecho a una prima de antigüedad de entre mil 200 y 2 mil 700 pesos anuales, a pesar de que entró al gabinete en 2016.
Rafael Pacchiano Alamán
Número de prestaciones: 13 (5 seguros, 5 apoyos y 3 ahorros)
El titular de la Semarnat cuenta con un ahorro solidario de 815 pesos mensuales, pago de estancias infantiles al ISSSTE de entre 450 y 900 pesos mensuales y una gratificación de fin de año por más de 200 mil pesos.
Pedro Joaquín Coldwell
Número de prestaciones: 18 (8 seguros, 7 apoyos y 3 ahorros)
El titular de la Secretaría de Energía tiene derecho a asistencia legal, apoyo para vehículo de 11 mil 460 pesos, prima vacacional de al menos 11 mil pesos y un seguro de cesantía en edad avanzada y vejez por máximo 400 pesos al mes.
Ildefonso Guajardo Villarreal
Número de prestaciones: 14 prestaciones (6 seguros, 6 apoyos y 2 ahorros)
Al frente de la Secretaría de Economía, Guajardo tiene derecho a un seguro colectivo de retiro de entre 12 mil 500 y 25 mil pesos y una ayuda para despensa de entre 465 y 785 pesos mensuales.
José Calzada Rovirosa
Número de prestaciones: 12 (5 seguros, 5 apoyos y 2 ahorros)
El ex gobernador de Querétaro, que ocupa ahora la oficina principal de Semarnat, tiene un seguro institucional por 8.2 millones de pesos y una prima quinquenal de 100 a 225 pesos mensuales.
Gerardo Ruiz Esparza
Número de prestaciones: 19 ( 7 seguros, 8 apoyos y 4 ahorros)
El titular de Comunicaciones y Transportes es uno de los hombres más cercanos al Presidente desde que gobernó el Estado de México y además, uno de los que más prestaciones goza. Sobresalen su préstamo ISSSTE COMPLEMENTARIO, de entre 820 mil 488 pesos y 1 millón 230 mil 732 pesos, un seguro de responsabilidad civil por al menos 2.5 millones de pesos y aportaciones “2A, 2B, 4A, 4B Y 4C” por 3 mil 486 pesos mensuales con límite máximo de 24 mil 012 pesos al mes. No se sabe a qué correspondan esas claves.
Arely Gómez González
Número de prestaciones: 14 (5 seguros, 7 apoyos y 2 ahorros)
A frente de la Secretaría de la Función Pública, Gómez Gonzáles tiene un seguro colectivo de retiro de entre 12 mil 500 pesos y 25 mil pesos, hace aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro por máximo 800 pesos al mes y además, tiene una ayuda para despensa de entre 465 y 785 pesos mensuales.
Aurelio Nuño Mayer
Número de prestaciones: 18 (6 seguros, 10 apoyos, 2 ahorros)
El Secretario de Educación tiene una prestación llamada Estímulos y Recompensas por Años de Servicios (Premio SEP de entre 29 mil 775 y 70 mil 832 pesos), asignación o apoyo para vehículo de 11 mil 460 pesos al mes y una paga de defunción de aproximadamente 800 mil pesos.
José Ramón Narro Robles
Número de prestaciones: Cero
En el Portal de Obligaciones de Transparencia, en todas las prestaciones Narro Robles tiene “No Aplica”.
Alfonso Navarrete Prida
Número de prestaciones: 13 (5 seguros, 6 apoyos y 2 ahorros)
Al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y además de los 70 millones de pesos que ha ganado desde que ocupa ese puesto, Navarrete tiene por derecho una prima de antigüedad de entre mil 200 pesos y 2 mil 700 pesos, un seguro de separación individualizado de entre 4 y 20 mil pesos y un seguro institucional por 8.2 millones de pesos.
Rosario Robles Berlanga
Número de prestaciones: 15 (5 seguros, 8 apoyos y 2 ahorros)
Robles Berlanga, como titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, tiene asistencia legal, asignación o apoyo para vehículo de 11 mil 460 pesos mensuales y gratificación de fin de año por más de 200 mil pesos.
Enrique de la Madrid Cordero
Número de prestaciones: 16 (5 seguros, 9 apoyos, 2 ahorros)
El encargado de la Secretaría de Turismo, tiene un seguro colectivo de retiro de hasta 25 mil pesos y seguro de gastos médicos por más de 26 mil pesos. Además de pago de estancias infantiles por 450 y 900 pesos mensuales y derecho a préstamos a corto y mediano plazo, así como préstamos hipotecarios.
María Cristina García Cepeda
Número de prestaciones: 15 (5 seguros, 8 apoyos y 2 ahorros)
A pesar de que se incorporó el 4 de enero de 2017 en la Secretaría de Cultura, Maraki tiene ya derecho a un seguro institucional por 8.2 millones de pesos, prima vacacional de, por lo menos, 11 mil pesos y aguinaldo de 200 mil pesos.
500 diputados
Número de prestaciones: 19 (6 seguros, 12 apoyos y 1 ahorro)
Los apoyos de los diputados van desde los seguros de vida, por riesgo, tienen compensación garantizada, ayuda para despensa, dieta mensual, algo que se llama “atención ciudadana” y ahorro solidario.
128 senadores
Número de prestaciones: 21 (6 seguros, 11 apoyos, 4 ahorros)
Los derechos que les corresponden van desde un pago por riesgo, primas vacacionales, equipo de telefonía celular, aguinaldo y gratificación de fin de año, ayuda para despensa y “otras prestaciones de fin de año”.
Con nostalgia, la madre recuerda que ese día estaba preparando las maletas para ir a vender ropa usada al municipio de La Perla, porque de eso mantiene a sus tres hijas y dos nietas que tiene a su cargo. “Hay denuncia, pero da la casualidad que hasta ahorita no hay respuesta, no hemos sabido nada”, le reprocha a las autoridades.
Por Antonio Osorio
Orizaba, Veracruz/Ciudad de México, 6 de mayo (SinEmbargo/BlogExpediente).- En medio del dolor que envuelve a los familiares de personas desaparecidas, subsisten historias paralelas de injusticia social, abuso de poder e impunidad, que han tenido que soportar las víctimas de la violencia.
Es la desgracia que alcanzó a una jovencita de 15 años, que apenas puede cargar a su hijo de 6 meses de nacido, al que con ayuda de sus hermanas y su madre, siempre lleva a cualquier reunión, donde acuden a que se les brinde ayuda para buscar a su consanguíneo.
Junto con su madre, de 53 años, quien es vecina de Orizaba, y sus dos hermanas, abrigan la esperanza de encontrar su ser querido, Yair Déctor Pérez, mismo que tenía 33 años y está desparecido desde el 25 de febrero del año 2013.
Este joven fue militar, luego trabajó en la Policía Municipal, y el último trabajo que tuvo fue de comerciante, pero un día, cuando salió de su trabajo, ya no llegó a su casa.
Con nostalgia, la madre recuerda que ese día estaba preparando las maletas para ir a vender ropa usada al municipio de La Perla, porque de eso mantiene a sus tres hijas y dos nietas que tiene a su cargo. “Hay denuncia, pero da la casualidad que hasta ahorita no hay respuesta, no hemos sabido nada”, le reprocha a las autoridades.
Con llanto, expone que “siempre que hay marchas venimos, pero creo que no sirve de nada porque cada día pasa más tiempo y perdemos las esperanzas, porque se aleja más de nosotros, hay veces ya no soportamos todo esto, él era el mayor”, cuenta.
LA MENOR FUE VIOLADA Y EMBARAZADA POR POLICÍA
El padre de mi bebé es un ex policía que ya dejó de trabajar y metió un amparo para no ser detenido, cuenta la menor.
El individuo aprovechó un día que la madre de la jovencita salió a buscar a su hermano desaparecido, junto con la Primera Brigada de Búsqueda de Desaparecidos, que había llegado al municipio de Amatlán de los Reyes.
“El sujeto era amigo de mi papá, porque mi papá también fue policía, pero al dejar de trabajar mi padre, su amigo siguió yendo a la casa, e incluso se ofreció a ayudarnos en la búsqueda de mi hermano, y mi mamá dijo que si, que nos diera su número de teléfono porque como somos puras mujeres, él podía ayudarnos en todo, y dijo que sí que nos daba su número”.
La víctima recuerda que “una vez tuvimos un problema y le hablamos a él. Pero después cuando mi mamá se metió a la brigada, él llegó a decirme que tenía un mensaje para mí, de mi mamá. Me dijo que era algo importante y me dijo que me lo iba a enseñar. Mi hermana estaba durmiendo, y yo me asomé porque me pidió que abriera la puerta, pero le dije que no podía, pero el abrió y ahí fue donde me agarró”.
Luego surgieron las amenazas. “Me dijo que no dijera nada porque no sabía con quién me estaba metiendo, que él era policía y que podía hacer muchas cosas. Por eso no le dije nada a mi mamá, hasta diciembre, cuando se enteró que ya tenía cinco meses y medio de embarazo. Me sentía mareada y con ascos. Mi mamá andaba ocupada con lo de mi hermano”, recuerda.
Tras indagar por sus medios, supieron que el agresor se llama Lázaro Xalamihua, tiene 36 años, y lo denunciaron, pero el juez le concedió un amparo. “Yo no me llevaba con él; esa vez necesitábamos apoyo y él guardó mi número y me empezó a molestar”, precisó la joven.
También, a este sujeto lo denunciaron porque además, el 19 de diciembre pasado fue con su esposa y golpeó a la afectada, estando ya embarazada.
“Ese día mi mamá se metió a defenderme y también le pegaron, incluso los detuvo la Policía y se los llevaron a la cárcel. A mi mamá la metieron a la cárcel por defenderme, y aunque se dijo el motivo, él salió primero y mi mamá se quedó ahí, pero ese mismo día salió porque doña Aracely Salcedo la ayudó y por eso salió rápido”, aún recuerda la agraviada.
Por esos días de fin de año ella se vio muy grave por su embarazo, dice “pusimos la denuncia en Orizaba y nos dijeron que lo iban a agarrar, que iba a salir la orden de aprehensión, pero nunca salió y el juez le dio un amparo”.
La afectada participó en las recientes movilizaciones que hicieron integrantes de los Colectivos de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Sin embargo este caso es uno más de la injusticia social, pues aunque la víctima recibe ayuda psicológica por parte de la Fiscalía, sobre la denuncia que interpuso no ha habido ningún avance, y sólo le notificaron que un juez federal le otorgó un amparo al acusado.
¿Por qué Trump carga México con el grueso de la ira de Trump, mientras que Alemania y Japón suelen librarse pese a que ellos tienen un déficit comercial mayor? Otro indicio de la diferencia en las relaciones: el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, está en un viaje cordial a Estados Unidos y Trump lo recibió con un cálido abrazo en la Casa Blanca. Por el contrario, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, canceló el mes pasado con acritud una reunión prevista con el nuevo Presidente de Estados Unidos.
Por Paul Wiseman
Ciudad de México, 11 de enero (AP) — Cuando el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremete contra prácticas comerciales injustas, normalmente dirige sus ataques contra China y México.
En comparación, Japón y Alemania salieron bien librados.
El énfasis en China es comprensible: el déficit comercial de Estados Unidos con China (347 mil millones de dólares el año pasado) es cinco veces mayor que ningún otro.
El déficit comercial de Estados Unidos con México (63 mil 200 millones de dólares), sin embargo, es mejor que los de Japón (68 mil 900 millones) y Alemania (64 mil 900 millones de dólares).
Aun así, cuando se trata de la retórica de Trump, “el volumen con México es tres veces más alto”, señaló Gary Hufbaer, miembro veterano del Peterson Institute for International Economics.
Otro indicio de la diferencia en las relaciones: el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, está en un viaje cordial a Estados Unidos y Trump lo recibió con un cálido abrazo en la Casa Blanca. Por el contrario, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, canceló el mes pasado con acritud una reunión prevista con el nuevo Presidente de Estados Unidos.
¿Por qué carga México con el grueso de la ira de Trump, mientras que Alemania y Japón suelen librarse?
Las tensiones comerciales con México se combinan con facilidad con el malestar del gobierno por la inmigración irregular desde México, un tema clave entre las bases de Trump. Muchos votantes creen que los mexicanos están arrebatando empleos a los estadounidenses, debido tanto a la política comercial como a la inmigración ilegal.
Desde su punto de vista, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte —un acuerdo de Estados Unidos con México y Canadá— enfrenta a los trabajadores estadounidenses con la mano de obra barata en México. Además, algunos trabajadores han cruzado la frontera desde México de manera irregular y encontrado empleos en Estados Unidos con salarios bajos.
Trump ha prometido renegociar o retirarse del TLCAN y amenaza con gravar las importaciones desde México. También ha prometido construir un muro fronterizo para mantener a los inmigrantes sin permiso de residencia fuera de Estados Unidos.
HECHO EN ESTADOS UNIDOS
Hace tres décadas, Japón descubrió cómo calmar el descontento estadounidense por las crecientes importaciones japoneses: trasladar fábricas a Estados Unidos y contratar a estadounidenses.
De modo que ahora Honda fabrica modelos Accord y Acura en Ohio, Toyota fabrica el Camry en Kentucky y Nissan produce vehículos como el Pathfinder en Tennessee. También los alemanes crearon fábricas en Estados Unidos. Volkswagen fabrica modelos Passat en Tennessee, BMW tiene una planta de autos sedan en Carolina del Sur y Siemens construye turbinas en Carolina del Norte.
En total, Japón había invertido 373 mil millones de dólares en Estados Unidos para 2014, Alemania 224 mil millones de dólares y México solo 18 mil millones de dólares, según la Organización para la Inversión Internacional, un grupo comercial que representa a empresas extranjeras en Estados Unidos.
La inversión y contratación en Estados Unidos protege a Japón y Alemania de las críticas.
“En cuanto empieces a quejarte de Honda, Toyota o Nissan, tendrás a un gobernador alzándose y diciendo ‘Eh, estas son grandes empresas”’, dijo Hufbauer.
Japón en particular parece decidido a llevarse bien con Trump. La ofensiva de seducción comenzó menos de un mes después de las elecciones, cuando el magnate japonés de la tecnología Masayoshi Son prometió invertir 50 mil millones de dólares y crear 50 mil empleos en Estados Unidos.
La página de Facebook del gobierno japonés ha estado publicando artículos sobre japoneses que han contribuido a la vida en Estados Unidos: el diseñador del interior de los vagones de metro de Nueva York, el cardiólogo pediátrico que atiende a bebés con problemas de corazón en Miami, un oncólogo que emplea un nuevo tratamiento contra el cáncer en Houston.
Los japoneses también han empleado la diplomacia de golf con Trump, un amante de ese deporte. Abe regaló al Presidente un driver Honma de 4 mil 500 dólares cuando se reunieron el pasado noviembre en Nueva York. En una rueda de prensa el viernes, Abe elogió al magnate diciendo que era mejor golfista.
Japón y Alemania no se libran por completo. Trump descolocó a Japón al sacar a Estados Unidos de un tratado comercial de 12 países llamado el Acuerdo Transpacífico. Y ha acusado a Tokio de manipular su moneda para ganar una ventaja de precio para sus exportadores.
Peter Navarro, director de comercio y política industrial en la Casa Blanca, se quejó el mes pasado al diario Financial Times de que Alemania estaba explotando un euro que cotizaba por debajo de su valor para impulsar sus exportaciones.
El médico habría sido sancionado porque su vehículo portaba vidrios polarizados. Sin embargo, cuando éste cuestionó a los oficiales por remover las placas de su automóvil -sanción no contemplada en el reglamento de tránsito local-, las autoridades se rehusaron a responder. Debido a la insistencia del hombre, los elementos de Seguridad Pública lo detuvieron y le quitaron su transporte de manera infundada, además de amedrentarlo verbalmente. Tras los hechos, la Fiscalía estatal dio a conocer que el oficial responsable sería suspendido, además de verse obligado a ofrecer una disculpa pública.
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Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).- El doctor Juan Antonio Godoy Barba fue detenido durante un operativo realizado por elementos de la policía de tránsito y de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Nayarit, luego de que cuestionara la supuesta remoción infundada de la placa del vehículo en el que viajaba.
Los hechos ocurrieron en el municipio de Bahía de Banderas, cuando el médico fue detenido porque su automóvil tenía vidrios polarizados. De acuerdo con lo que el agredido menciona en la grabación, la remoción de placas fue realizada “como garantía para el pago de la infracción”.
Según el reglamento de tránsito estatal, en su artículo 87 Fracción III, queda prohibido “polarizar u obscurecer el parabrisas y los cristales laterales delanteros del vehículo”. Sin embargo, entre las sanciones no establece la potestad de los oficiales para remover placas, además de que la remoción de vehículos (artículo 90) sólo es posible cuando el conductor se encuentra en estado de ebriedad; realice actos ilícitos; obstaculice con su vehículo la vía pública; o cuando no cuente con los documentos necesarios para acreditar su transporte -placas, calcomanías, tarjeta de circulación, tenencia, registro, entre otros-.
A pesar de que Godoy Barba asegura haberse identificado y pese a que solicitó a los oficiales que le explicaran el por qué de la remoción de la placa de su vehículo, los elementos de Seguridad Pública no dieron más respuesta que decirle que se vaya porque “obstruye los servicios”.
Luego de varios intentos por obtener respuesta, se observa como el doctor es detenido de manera abrupta y violenta. Inclusive se escucha a uno de los policías decir “está chingue y chingue”.
Ya detenido, el médico cuestiona a los policías por haber sido detenido y los increpa acerca de la retención de su “propiedad” -su vehículo, que sería llevado al corralón-. A esto uno le responde: “ya por gusto. Así, por gusto. Y por payaso”. Después ahonda el oficial: “De todas maneras ya te infraccionaron, ¿qué ganas con eso? […] No estés de payaso […] ¿a poco crees que nos vas a amedrentar?”, finaliza.
Tras el suceso, grabado y dado a conocer a través de Facebook Live, la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos (CDDH) de la entidad solicitó a la FGE de Nayarit la separación del cargo del policía que agredió al médico, sin goce de sueldo, además de la emisión de una disculpa pública para con el agraviado.
De acuerdo con medios locales, el oficial identificado como Cesar Bravo Valencia fue suspendido y ofreció una disculpa pública.
Por su parte, el Fiscal Edgar Veytia admitió que el policía se “equivocó” al usar “palabras altisonantes y ser grosero”, además de incumplir con la lectura de derechos y realizar una detención ilícita.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
