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Juez da prisión preventiva a Murillo Karam, Procurador y figura del sexenio de Peña

sábado, agosto 20th, 2022

Durante la audiencia, la FGR señaló a Murillo Karam por haber fraguado de forma “dolosa” la “verdad histórica” durante una reunión con altos mandos, incluidos el entonces Gobernador Ángel Aguirre, Tomás Zerón e incluso Omar García Harfuch.

Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).– El exprocurador Jesús Murillo Karam se queda en prisión, así lo determinó el Juez de Control Marco Antonio Fuerte Tapia al considerar como válidos los argumentos de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre que el exfuncionario cuenta con recursos suficientes para fugarse. La dependencia lo acusa de los delitos de tortura y desaparición forzada en el caso Ayotzinapa.

En una audiencia de más de 12 horas, el Juez consideró que hay elementos suficientes del riesgo de fuga, pues dijo que se trata de una figura de alto perfil y que la Fiscalía entregó indicios objetivos que hacen suponer que puede abandonar el país, porque tiene vigente su pasaporte. Además, hay antecedente de que ha salido del país en vuelos privados y que cuenta con solvencia económica para hacerlo. Las altas penas de los delitos que se le imputan pueden influir en la decisión de querer huir.

Durante la audiencia en el Reclusorio Norte, la Fiscalía acusó al exprocurador Jesús Murillo Karam por delitos de tortura y de administración de la justicia –en calidad de intelectual– y hasta de desaparición forzada –en calidad de autor material– en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

La dependencia, a cargo del Fiscal Alejandro Gertz Manero, solicitó al Juez que le diera prisión preventiva justificada, porque existía el riesgo de fuga ya que Murillo tiene cinco casas: en Hidalgo, Ciudad de México y Guerrero.

Por su parte, la defensa de Murillo Karam solicitó la duplicidad del término de plazo Constitucional para la audiencia de vinculación a proceso, por lo que la siguiente audiencia se realizará el próximo miércoles 24 de agosto a las 8:00 horas. Ahí se decidirá su situación jurídica. Hoy, los abogados defensores salieron sin dar declaraciones.

El exprocurador Murillo Karam arribó al Reclusorio Varonil Norte para ser presentando ante un Juez tras su detención ayer. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro

LA AUDIENCIA

Los representantes de la FGR habían argumentado que Murillo Karam debía permanecer en prisión hasta que se resuelva su situación, ya que tiene la solvencia suficiente para abandonar el país, pues tiene cuentas bancarias en México y Estados Unidos por hasta 85 millones de pesos.

En su explicación, los representantes de la FGR recordaron el antecedente de Tomás Zerón, el extitular de la Agencia Federal de Investigación que hoy se encuentra prófugo en Israel, un país sin convenio de extradición con México, y también señalado en el caso Ayotzinapa.

Por su parte, Murillo Karam dijo que el tiempo que tendrá la defensa desde hoy al miércoles servirá para analizar el expediente y ver cosas “que puedan probar claramente qué pasó y cómo pasó”, todo esto desde su asiento, en donde lo acompañaban tres abogados.

Jesús Murillo Karam, exprocurador de la República, arribó al Reclusorio Varonil Norte para ser presentando ante un Juez. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro.

El Juez dictó un breve receso de 20 minutos, que amplió a uno de dos horas, para continuar con el debate de las medidas cautelares. Pasadas las 19:00 horas, la audiencia se reanudó con los alegatos de la defensa.

“Ando tan mal que no le doy confianza a mis abogados”, dijo el exprocurador Jesús Murillo Karam, al reservarse su derecho de declarar en la audiencia inicial del sábado.

Durante el debate de las medidas cautelares, donde la Fiscalía pide prisión preventiva justificada, la defensa de Karam solicitó una medida alterna, que fracasó.

Los abogados alegaron el mal estado de salud del exprocurador, quien tiene enfermedades crónicas como hipertensión arterial, insuficiencias vascular cerebral, y enfermedad pulmonar crónica (por fumar), para pedir que el proceso lo lleve en libertad sólo con una firma periódica y la entrega de su pasaporte para que no pueda huir del país. Pero el Juez no concedió estas medidas.

El exprocurador fue detenido este viernes por la FGR y Semar. Foto: Rodolfo Angulo, Cuartoscuro.

Para tal efecto, presentó a un médico internista que ha tratado las enfermedades crónicas de Murillo Karam desde hace años. La Fiscalía revirtió y refutó el argumento. Primero preguntó al médico cuánto tiempo lleva con las enfermedades. El médico respondió que con hipertensión tenía al menos 25 años y con la enfermedad pulmonar unos 10 años.

Al respecto, la Fiscalía aludió que las enfermedades no son motivo suficiente para que no le den prisión preventiva, porque ya las tenía cuando era Procurador y le permitieron desempeñar un cargo de alto nivel, que incluso conlleva escenarios hostiles, así que no deberían ser pretexto, argumentaron.

En punto de las 20:30 horas, el Juez de control dictó un breve receso para valorar los argumentos de la Fiscalía y defensa y determinar la medida cautelar a Murillo Karam. Al regresar, cerca de las 22:00 horas, definió la prisión preventiva para el exfuncionrio Peñista.

La defensa también argumentó la edad de Murillo Karam –74 años– para que, en caso de que dicten privación de la libertad como medida cautelar, que ésta sea arraigo domiciliario. Ninguna de estas explicaciones funcionó para convencer al Juzgador federal.

El exprocurador Murillo Karam compareció prácticamente durante todo el sábado ante un Juez de Control en el Centro de Justicia Federal para ser imputado por presuntos delitos cometidos en el caso Ayotzinapa, en especial de la tortura en contra de seis integrantes de Guerreros Unidos, la organización criminal que desapareció a los 43 normalistas.

Elementos de la Semar y la FGR detuvieron al exprocurador de Justicia, Jesús Murillo Karam. Foto: FGR vía Cuartoscuro.

Los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR)  señalaron durante la audiencia que Murillo Karam había organizado una reunión, o “cónclave”, para fraguar la entonces llamada “verdad histórica” sobre el caso Ayotzinapa, que postulaba la incineración de todos los normalistas en el basurero de Cocula.

En la reunión, realizada en Iguala, habrían participado, entre otros, Omar García Harfuch, hoy Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y en aquel momento delegado de la extinta Policía Federal en Guerrero.

Las autoridades federales detallaron que el cónclave habría ocurrido el 7 de octubre de 2014, una semana y media después de la desaparición de los estudiantes. Otros participantes incluyen al entonces Gobernador guerrerense, Ángel Aguirre; Tomás Zerón, titular de la Agencia Federal de Investigación y hoy prófugo del Gobierno mexicano en Israel; así como de Gualberto Ramírez Gutiérrez, entonces Fiscal especializado en delitos de secuestro.

Apenas el pasado 28 de Julio, García Harfuch negó en entrevista con “Los Periodistas” haber estado en la noche que desaprecieron los estudiantes normalistas.

Los familiares de Murillo Karam no dieron declaraciones a la prensa. Foto: Romina Gándara, SinEmbargo

Explicó que él ya había sido designado a cumplir con una serie de labores en el estado de Michoacán en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Es importante precisar que cuando suceden esos hechos, es importante decir donde estaba yo. Yo estaba en Michoacán, exactamente en Buenavista, Tomatlán y en Nueva Italia, Michoacán […] Yo no estaba en Guerrero, si hubiera estado en Guerrero, por supuesto salir a asumir y dices ‘me hago responsable de la Policía Federal’”, indicó en entrevista.

Murillo Karam, quien fue detenido ayer por la Fiscalía General de la República (FGR) al exterior de su domicilio en La Lomas de Chapultepec, fue trasladado en un convoy de cinco camionetas pertenecientes a la dependencia y a la Secretaría de Marina (Semar) desde muy temprano para el inicio de la audiencia. Ya no volverá a salir por ahora.

FGR: Murillo responderá por desaparición forzada, tortura y obstrucción de justicia

viernes, agosto 19th, 2022

El exfuncionario fue aprehendido en su domicilo un día después de que se presentaran las conclusiones preliminares sobre el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención de Jesús Murillo Karam, quien fuera Procurador General de la República, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.

En un comunicado, la dependencia federal detalló que la aprehensión de Murillo Karam por parte del personal policiaco de la Fiscalida General fue en cumplimintento a una orden de aprehensión solicitada por esta Institución y otorgada por el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte.

De acuerdo con la FGR, la diligencia se llevó a cabo en el exterior del domicilio del exfuncionario en Lomas de Chapultepec, “sin ningún problema”, pues aseguraron que “colaboró con las autoridades policiacas sin oponer resistencia, una vez que se le informó sobre el procedimiento que se estaba llevando a cabo”.

“El detenido ha sido trasladado a las instalaciones de la Fiscalía para las certificaciones correspondientes; y enseguida será puesto a disposición de la autoridad judicial, en cumplimiento de la orden de captura señalada”.

Como complemento de la información de la diligencia de aprehensión de Jesús Murillo, la Fiscalía General de la República, hazo público su reconocimiento al apoyo táctico y operativo que recibió de personal especializado de la Secretaría de Marina (Semar).

El priista Jesús Murillo Karam, padre de la “verdad histórica” en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” y extitular de la Procuraduría General de la República (PGR) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue detenido justo un día después de que se presentara el Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.

El Subsecretario de Gobernación y presidente de esa comisión, Alejandro Encinas, ya había adelantado en 2019 que Murillo Karam era uno de los altos funcionarios que estaba en la mira de las autoridades.

El jueves, al presentar el informe, Encinas indicó que ya se habían presentaron en la fiscalía todos los elementos necesarios para que se deslindaran responsabilidades a 33 personas, pero lo único que aclaró es que el expresidente Enrique Peña Nieto no estaba entre ellos.

La Comisión consideró probado que la desaparición de los 43 jóvenes y la ocultación de la verdad sobre el crimen fueron hechos organizados “desde el más alto nivel del gobierno”, que según dijo alteró las escenas del crimen y ocultó no sólo los vínculos de autoridades con el grupo delictivo, sino también la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y de impartición de justicia en la desaparición de los estudiantes.

El 26 de septiembre de 2014 policías de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, capturaron a un grupo de estudiantes de magisterio de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa con la participación de otras corporaciones de seguridad y delincuentes.

Murillo Karam dijo que la “verdad histórica” de esos hechos fue que los jóvenes fueron entregados al crimen organizado, que los asesinó, incineró los 43 cuerpos en una gran hoguera que hicieron en un basurero de un municipio vecino —Cocula— . Después, según su versión, los criminales tiraron los restos a un río cercano.

Aunque se identificó a tres estudiantes con restos óseos calcinados, tanto los expertos internacionales amparados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la actual fiscalía y la Comisión de la Verdad, negaron la versión del basurero y confirmaron que los 43 jóvenes no desaparecieron juntos, sino en varios grupos.

Además, aseguraron que funcionarios federales habían torturado a testigos y manipulado pruebas para obstruir la acción de la justicia. Las torturas fueron confirmadas también por la ONU. A ocho años del crimen no hay indicios de que los estudiantes están con vida pero todavía se desconoce qué hicieron con ellos.

– Con información de AP

Tribunal confirma auto de formal prisión a Cárdenas Palomino, cercano a García Luna

miércoles, junio 29th, 2022

Cárdenas Palomino está acusado de haber torturado a cuatro personas, entre ellas a Mario Vallarta, hermano de Israel Vallarta, presunto líder de la banda de secuestradores “Los Zodiaco”.

Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo).- Un tribunal federal confirmó el auto de formal prisión en contra de Luis Cárdenas Palomino, uno de los hombres fuertes del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, por lo que deberá permanecer en el penal del Altiplano.

Luis Cárdenas Palomino, extitular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal y extitular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), está acusado de tortura en cuatro casos, uno de ellos en agravio de Mario Vallarta, hermano de Israel Vallarta, presunto líder de la banda de secuestradores “Los Zodiaco”.

En la sentencia se constató que Cárdenas Palomino “autorizó” a terceros [a su mando] infligir dolores y sufrimientos físicos y psicológicos a las víctimas”. Por ello, el tribunal determinó que el exfuncionario es probable responsable de la comisión del delito de tortura.

Luis Cárdenas Palomino fue detenido bajo los cargos de tortura. Foto: FGR vía Cuartoscuro.

Cárdenas fue detenido en julio de 2021 en un fraccionamiento de Naucalpan, en el Estado de México. Era considerado como un “súper policía” e incluso Felipe Calderón Hinojosa lo premió con la Medalla del Valor, un reconocimiento hecho exprofeso por el entonces Presidente de México. Pero, de acuerdo con distintos testimonios, Palomino era un torturador.

La detención se realizó por elementos de la Fiscalía General de la República (FRG) en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Comisión Nacional de Inteligencia (CNI), quienes cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del extitular de la División de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, luego de que el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de la Ciudad de México librara una orden de captura en su contra por el delito de tortura.

El mismo García Luna, su superior con Felipe Calderón, está vinculado con el Cártel de Sinaloa y con el tráfico de drogas, de acuerdo con las autoridades de Estados Unidos. Se encuentra detenido en Nueva York y se encuentra bajo proceso judicial.

Luis Cárdenas Palomino. Foto: Luis Carbayo, Cuartoscuro.

El 30 de julio de 2020, autoridades federales de Estados Unidos que llevan la causa contra el exsecretario García Luna acusaron formalmente de narcotraficantes a dos exfuncionarios mexicanos: Cárdenas Palomino y Ramón Eduardo Pequeño García, exjefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal.

Los fiscales que llevan el caso de García Luna dicen que ambos individuos brindaron protección al Cártel de Sinaloa, que comandaron Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. El Departamento de Justicia dice que tanto Pequeño García como Cárdenas Palomino “aceptaron millones en sobornos para proteger al Cártel de Sinaloa”.

Asimismo, Cárdenas Palomino es identificado como como uno de los responsables de armar el montaje en el caso Florence Cassez e Israel Vallarta. Cárdenas fue de los señalados en la declaración de “La Barbie” junto con García Luna, pero no había sido procesado.

Dos cuerpos (una mujer y un hombre) son hallados con signos de tortura en Acapulco

sábado, junio 4th, 2022

Los cuerpos fueron abandonados en la avenida Vicente Guerrero, cerca de la escuela primaria Silvestre Castro en Palomares.

Por Aurora Harrison

Acapulco, 4 de junio (ElSur).- Un hombre y una joven fueron localizados asesinados, en la colonia Palomares, Acapulco tenían las manos y los pies atorados, en el cuello un torniquete y con huellas de tortura.

De acuerdo con reportes polacos a las 6:00 horas de este sábado en la avenida Vicente Guerrero, cerca de la escuela primaria Silvestre Castro en Palomares, había un hombre y una mujer sin vida.

Las víctimas presentaron ataduras y se encontraban bocabajo. Foto: El Sur

Al lugar acudieron policías de los tres órdenes de Gobierno y acordonaron la escena del crimen. A la joven, de acuerdo con los datos, tenía tapado los ojos con un trapo rojo.

Los peritos realizaron las diligencias y posteriormente ordenaron que trabajadores del Servicio Médico Forense (Semefo) levantaran los dos cuerpos que están en calidad de desconocidos.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE EL SUR. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Erick Razo, torturado y detenido injustamente en CdMx, sale libre luego de 11 años

viernes, mayo 27th, 2022

Érik fue detenido en una gasolinera en avenida Canal de Apatlaco; una hora después fue detenida Verónica, cerca de su casa, en la colonia Obrera de la capital, en 2011. Siete hombres vestidos de civil pero que portaban armas largas, la encañonaron, la esposaron y la subieron a un automóvil sin placas oficiales.

Ciudad de México, 27 de mayo (SinEmbargo).– El Juez Octavo de Distrito en el Estado de México dictó sentencia absolutoria en favor de Erick Iván Razo Canales, acusado injustamente de secuestro y delincuencia organizada, por lo que este día ordenó su inmediata libertad del Centro Federal de Readaptación Social de “El Altiplano”, donde estuvo 11 años.

No obstante, su hermana, Verónica Razo Canales, continúa privada de la libertad en el Cefereso Femenil 16 de Morelos, sentenciada a 25 años de prisión, acusada de los mismos delitos. Además, fue víctima de tortura, según constan dictámenes conforme al protocolo de Estambul.

Los hermanos Razo fueron detenidos el 8 de junio de 2011 en la Ciudad de México por elementos de la extinta Policía Federal; los acusaron de secuestro y delincuencia organizada.

Casi 24 horas después de su detención, fueron presentados ante un Agente del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la entonces PGR, donde rindieron su declaración sin presencia de un abogado e inculpándose por los delitos. Tras la detención, la autoridad exhibió ante medios de comunicación a los hermanos Razo y aseguró que eran unos “peligrosos delincuentes”.

Los hermanos Razo Casales. Foto: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

De acuerdo con el Instituto Federal de la Defensora Pública (IFDP), en reiteradas ocasiones Verónica y Erick han sostenido que fueron víctimas de diversos tipos de tortura y tratos crueles e inhumanos por los agentes. Los obligaron a firmar declaraciones falsas, en las que aceptaban pertenecer a una banda dedicada al secuestro. También señalaron a personas que no conocían como responsables de dos supuestos secuestros.

Ante esta situación, el Instituto Federal de Defensoría Pública, creada por mandato del Ministro Presidente Arturo Zaldívar, pidió el cese de la medida cautelar de la prisión preventiva para ambos casos a fin de sustentar dicha petición, se ofrecieron pruebas documentales y testimonios para acreditar que los usuarios no representan riesgo de evadirse del proceso legal.

El año pasado, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU emitió en su opinión 14/2021 que: “Los señores Razo Casales han sido discriminados, atacados, humillados, maltratados, continuamente revictimizados y mantenidos en una situación de indefensión, todo lo que les ha provocado un profundo quebrantamiento en su personalidad, su identidad emocional y su salud mental”.

Ella es Juana, presa sin pruebas 7 años en México. “Su delito fue no hablar español”

lunes, mayo 23rd, 2022

Alonso, conocida por todos como Juanita, es una indígena chuj de 35 años originaria de San Mateo Ixtatán, Guatemala, que sólo pretendía cruzar México para llegar a Estados Unidos y dar mejor vida a su familia, dijo su tío Pedro Alonso la semana pasada a su paso por Ciudad de México como parte de un recorrido por el país para exigir su liberación. En 2014 la acusaron de secuestro y hasta el sábado permanecía presa en Reynosa sin sentencia.

Por Sonia Pérez D.

CIUDAD DE GUATEMALA (AP).— La migrante guatemalteca Juana Alonzo, quien pasó siete años en prisión preventiva en México, fue torturada por la policía y acusada de secuestro, regresó el domingo a Guatemala y se reencontró con su familia.

Alonzo no soportó tanta emoción y se desmayó en los brazos de su padre y sus tías. Rompió en llanto y abrazó a su familia un día después de que fue liberada por autoridades del estado mexicano de Tamaulipas, donde estuvo detenida durante siete años mientras intentaba emigrar a Estados Unidos.

“(A la prisión) es fácil entrar, pero para salir está difícil”, declaró Alonzo, de 35 años, una mujer indígena maya chuj de la comunidad de San Mateo Ixtatán Huehuetenango. Explicó que estuvo detenida por no hablar bien español.

La ciudadana guatemalteca Juana Alonzo Santizo (2d) fue registrada este domingo al ser recibida por familiares y amigos, tras permanecer injustamente encarcelada por ocho años en México, a su llegada a Ciudad de Guatemala.

La ciudadana guatemalteca Juana Alonzo Santizo (2d) fue registrada este domingo al ser recibida por familiares y amigos, tras permanecer injustamente encarcelada por ocho años en México, a su llegada a Ciudad de Guatemala. Foto: Edwin Bercian, EFE

A su llegada la esperaban sus familiares con trajes ceremoniales para darle la bienvenida. Luego de saludar a su familia, las mujeres que la acompañaban efectuaron un ritual: le quitaron el pantalón de mezclilla que llevaba y la vistieron con un traje típico de su región.

Alonzo, que habla con dificultad español, aprovechó el momento para abogar por sus compañeras de prisión, donde dijo que muchas están en la misma situación de inocencia que ella.

“No somos piedras, no somos plásticos; nos vamos quedar allí sin ver a la familia. Qué tristeza”, manifestó.

La mujer indicó que no podía creer cuando le dijeron que por fin podía salir de la cárcel.

La ciudadana guatemalteca Juana Alonzo Santizo (c) fue registrada este domingo al ser recibida por familiares y amigos, tras permanecer injustamente encarcelada por ocho años en México, a su llegada a Ciudad de Guatemala.

La ciudadana guatemalteca Juana Alonzo Santizo (c) fue registrada este domingo al ser recibida por familiares y amigos, tras permanecer injustamente encarcelada por ocho años en México, a su llegada a Ciudad de Guatemala. Foto: Edwin Bercian, EFE

Pedro Alonzo, tío de la mujer, dijo que ella dejó su comunidad hace siete años para ayudar a su familia. “Ella quiso dar estudio a su familia, a un hermanito pero ese sueño no se llevó a cabo”.

“Su delito fue no hablar español. ¿Quién va a pagar esa cicatriz?”, dijo el tío. Organizaciones de derechos humanos dicen que la joven mujer fue obligada a firmar un documento en español que la incriminaba del delito de secuestro cuando ella no sabía leer.

Alonzo dijo que las condiciones de pobreza de la comunidad sigue siendo las mismas que había cuando Juana salió del lugar.

“Juanita va a regresar a su misma choza, su misma pobreza, ( a comer) hierbas y tortillas”, explicó. “Lo que queremos es justicia”.

La ciudadana guatemalteca Juana Alonzo Santizo (c) fue registrada este domingo al ser recibida por familiares y amigos, tras permanecer injustamente encarcelada por ocho años en México, a su llegada a Ciudad de Guatemala.

La ciudadana guatemalteca Juana Alonzo Santizo (c) fue registrada este domingo al ser recibida por familiares y amigos, tras permanecer injustamente encarcelada por ocho años en México, a su llegada a Ciudad de Guatemala. Foto: Edwin Bercian, EFE

Mario Búcaro, el Canciller guatemalteco que acompañó a la migrante, explicó que se le brindará apoyo en su retorno a su comunidad.

Craig López director jurídico de la Fiscalía de Tamaulipas confirmó que Alonzo nunca fue condenada y que pasó los siete años en prisión preventiva. Al preguntarle si se violaron los derechos humanos, el debido proceso y la presunción de inocencia de Alonzo, se limitó a decir que con su liberación, el Gobierno mexicano y la Fiscalía reconocen que deben respetarse esos derechos.

Netzaí Sandoval, titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública de México, la entidad que asumió la defensa de Alonzo en 2021 a petición de las autoridades guatemaltecas, dijo que este es “un caso totalmente aberrante”.

“Hay múltiples condiciones de vulnerabilidad por ser una mujer, indígena, migrante, pobre, que no habla el español”, agregó Sandoval, quien recalcó que Alonzo no tuvo una traducción adecuada de los cargos en su contra hasta 2022.

Según explicó en entrevista con The Associated Press, la mujer, quien poco a poco aprendió a hablar español en la cárcel de Reynosa, fue detenida en un operativo de “rescate” de migrantes, pero en lugar de ser llevada a un centro de detención migratoria, las fuerzas de seguridad de Tamaulipas “la hacen firmar una autoinculpación con tortura”.

“Juana es totalmente inocente y quedó libre de asuntos pendientes con la justicia mexicana”, dijo Sandoval.

MÁS VIDEOS: Mujeres sufrieron tortura. Policías amenazaron violarlas y decapitarlas

martes, mayo 3rd, 2022

Ninguna otra autoridad estatal se pronunció respecto a los hechos. El Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo compartió publicaciones en redes sociales de su gira de trabajo por Celaya y su participación en el programa de Gobierno de este municipio, pero guardó silencio sobre los actos de violencia contra las mujeres en Irapuato.

Por Edith Domínguez

Irapuato, Guanajuato, 3 de mayo (PopLab).- Además de la violencia que ejercieron contra las mujeres manifestantes el domingo, policías municipales de Irapuato las torturaron y amenazaron con violarlas y decapitarlas, denunciaron padres de las víctimas a representantes de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La mujeres duraron retenidas en el Ministerio Público e incomunicadas de sus familias al menos 14 horas. Sin embargo, la situación desbordó la solidaridad de las colectivas y organizaciones civiles para su defensa. Fueron imputadas por daños y lesiones, pero nunca se mencionó con claridad quién presentó estos cargos.

Por la noche, la Secretaría de Seguridad Ciudadana hizo público un comunicado en el que confirma que fue el Gobierno Municipal que encabeza Lorena Alfaro García el que ratificó la denuncia contra las mujeres ante el Ministerio Público.

Testimonios de madres de la víctimas, entre ellas cinco menores de edad, señalan la brutalidad con la que fueron tratadas por elementos de la Policías Municipal, pues una vez capturadas fueron intimidadas con amenazas de muerte y agresiones sexuales.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana hizo público un comunicado en el que confirma que fue el Gobierno Municipal que encabeza Lorena Alfaro García el que ratificó la denuncia contra las mujeres ante el Ministerio Público.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana hizo público un comunicado en el que confirma que fue el Gobierno Municipal que encabeza Lorena Alfaro García el que ratificó la denuncia contra las mujeres ante el Ministerio Público. Foto: Especial

“A todas las chicas que detuvieron las encerraron en la Presidencia Municipal de Irapuato. Ahí las golpearon, las asaltaron, les quitaron sus teléfonos y las amenazaron que las iban a violar con el tolete que traen las policías, que las iban a hacer pedacitos y que las iban a tirar al río. A todas les dijeron lo mismo”, relató el padre de la joven Fátima Guadalupe Franco Gómez, una de las detenidas.

“…A todas les dijeron lo mismo, todas están súper golpeadas, lo que más me preocupa es que se violentó su derecho a la vida ahí adentro de la presidencia”, insistió el hombre al comunicarse con un representante de la oficina de la ONU, a través de un video llamada mientras permanecía a la espera de noticias de su hija.

Afuera del Centro de Readaptación Social de Irapuato, padres de las mujeres respaldadas por organizaciones feministas, colectivos de personas desaparecidas y organizaciones como Las Libres y Amnistía Internacional permanecieron para exigir la liberación de todas ellas.

COINCIDEN TESTIMONIOS DE TORTURA CONTRA DETENIDAS

“Entré a ver a mi nieta, me la golpearon, tiene 13 años y mi hija me dijo que uno de los comandantes le dijo que si se metía le iba a mochar la cabeza, así le dijo y a mi niña le duelen mucho sus costillas porque la golpearon. Tiene 13 años, ¿cómo es posible que nos hagan ésto estos policías?”, comentó agobiada la abuela de dos mujeres que fueron detenidas tras la manifestación y a quienes pudo ver después de largas horas de incomunicación.

Se trata de Jocelin Daniel Vázquez, de 32 años, y Romina, de 13 años, quienes presuntamente se encontraban en el lugar donde se dio la agresión policial y fueron detenidas sin haber tenido intervención en la manifestación. Las policías asumieron que eran participantes porque iban vestidas de negro y tres de ellas las sometieron.

“A mi hija la golpearon; les decía: ‘no puedo respirar, me voy a morir’. No la soltaban, estaban encima de ella. ¿Cómo es posible que pase esto de verdad?”, insistió la mujer.

La hermana de estas mismas personas recalcó que salieron a dar la vuelta y que cuando comenzó la violencia, las policías las acorralaron y sometieron, supuestamente porque pertenecían al bloque negro.

“Salieron ellas a pasear. Ella andaba paseando con las niñas en el centro y como a las niñas les gusta vestirse de negro, las confundieron con las muchachas, pero de todos modos no tiene por qué golpearlas ni tratarlas así”, agregó Mayra Cristel Daniel Vázquez.

Lamentó que los policías en Irapuato no detienen a las personas que tienen que detener y por el contrario, agreden a gente inocente y sobre todo menores de edad. “No se vale que abusen y nada más por vestir de negro”.

Juan Rangel dio testimonio también de las lesiones que presentaba su hija al verla después de 14 horas de que fue detenida. Citlali Ramírez, de 19 años, pasaba por el lugar camino a su trabajo cuando ocurrieron los hechos y decidió grabar con su teléfono lo que pasaba, lo que ocasionó que la detuvieran.

Estos mismos abusos fueron referidos por madres en conjunto al director de Vinculación de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, Efraín Alcalá. La PRODHEG confirmó que abrió una queja de oficio por los hechos registrados en la manifestación.

“Las golpearon entre cinco y siete policías, tenemos videos. Mi hija no participa en las marchas, ella iba pasando, iba al trabajo, se ve cómo un policía, tres mujeres la tumban hacia el suelo y se le dejan caer las tres a mi hija y me la golpearon”, evidenció una madre.

Otra aseguró que intervino para evitar que su hija menor fuera golpeada de forma brutal y sostuvo tener golpes en la espalda realizados por las mujeres policías que intervinieron tras la protesta.

Y todas rechazaron que las manifestantes hayan llevado picos y palas u otros objetos que pudieran hacer daño. Además sostuvieron que no existe evidencia de que alguna agente haya sufrido lesiones, como lo afirmaron autoridades municipales. No obstante, los cargos contra las 29 detenidas son por lesiones y daños.

Otra aseguró que intervino para evitar que su hija menor fuera golpeada de forma brutal y sostuvo tener golpes en la espalda realizados por las mujeres policías que intervinieron tras la protesta.

Otra aseguró que intervino para evitar que su hija menor fuera golpeada de forma brutal y sostuvo tener golpes en la espalda realizados por las mujeres policías que intervinieron tras la protesta. Foto: Edith Domínguez, Pop Lab

UNE REPRESIÓN A COLECTIVOS Y ORGANIZACIONES

La brutalidad con la que actuaron policías municipales de Irapuato generó reacciones inmediatas de rechazo y solidaridad de colectivos y organizaciones civiles para demandar la liberación inmediata de las 29 detenidas.

Colectivos feministas de diferentes ciudades realizaron movilizaciones a través de redes sociales, mientras que otras se trasladaron a las afueras del Cereso en la colonia Morelos para hacer la misma exigencia.

Bibiana Mendoza, del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Hasta Encontrarte, recordó que hace dos años se dio la misma situación en una manifestación en Guanajuato y el grupo recibió apoyo de la sociedad civil.

“Muchas asociaciones que nos apoyaron y nos respaldaron y que gracias a eso se obtuvo la liberación de nuestras compañeras. El día de hoy venimos a devolver ese favor que con tanto amor nos dieron tantas personas. Este país, este estado necesita muchas luchas para la detención a la violencia y nosotras, así como las autoridades se pronuncian a favor de la Ley, nosotras nos pronunciamos a favor de las manifestaciones, a favor de un alto a la violencia, a favor de no más mujeres, no más hombres, más niños, más niñas desaparecidas en el estado”, dijo.

A través de un mensaje en redes sociales, Amnistía Internacional rechazó el uso excesivo de la fuerza pública e hizo un llamado a autoridades de Irapuato a garantizar el respeto de todos los derechos humanos de las mujeres detenidas.

Además, como representante de esta organización, se presentó en la zona de protesta la abogada Marcela Villalobos, quien reprochó los agravios cometidos contra la manifestantes, la criminalización de la protesta y el uso desproporcionado de la fuerza.

“Los manuales del uso de la fuerza lo dicen y lo que vimos fue una represión terrible, detenciones arbitrarias además de menores de edad, de mujeres que simplemente por el estigma de vestir de negro están siendo violentadas y criminalizadas”, comentó en entrevista.

Insistió que es algo grave que las mujeres estén siendo imputadas por protestar y exigir justicia por las personas desaparecidas en la ciudad. A la Alcaldesa, Lorena Alfaro le reprochó la postura sobre los hechos, pues señaló que la violencia es parte del municipio y la autoridad le ha fallado a los mujeres al no garantizar seguridad cuando son víctimas de otros delitos como la desaparición y los feminicidios.

LAS LIBRES POR LA CAUSA COMÚN, ASUMEN REPRESENTACIÓN DE DETENIDAS

Las horas transcurrieron sin que las familias supieran algo sobre las detenidas, pudieron verlas alrededor de las 11 de la mañana y después de esto tuvieron contacto con integrantes de Las Libres.

Representantes de la organización se presentaron con las familias y le ofrecieron representación legal gratuita, pues desde la noche previa se presentaron en el lugar abogados ofreciendo servicios para evitar imputaciones graves como el delito de terrorismo.

Después de varias horas en las instalaciones del Ministerio Público, Verónica Cruz habló con las familias y confirmó que las detenidas tenían cargos por daños y lesiones, pero aseguró que saldrían en libertad.

Explicó que la demora para la liberación de las mujeres se debió a los procesos de investigación, las declaraciones y las revisiones médicas a las que para entonces, ya estaban siendo sometidas todas las víctimas.

“Les van a pedir que hagan entrevista y les vamos a pedir que se reserven su derecho a declarar y se puede ejercer la representación; son muchas compañeras, no va a ser tan inmediato como quisiera que fuese”, reconoció Cruz Sánchez. Sin embargo, garantizó que la liberación llegaría.

"¡No están solas!", se leía en una de las pancartas.

“¡No están solas!”, se leía en una de las pancartas. Foto: Edith Domínguez, Pop Lab

La Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato pidió la intervención de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU, con lo que se concretó una reunión remota con el representante del organismo, Jorge Nava. La organización documentó los hechos con testimonios de los padres y se comprometió a avisar a la relatoría sobre las detenciones arbitrarias y a enviar el informe a su sede en Ginebra.

“NADIE GANA”, DICE HUETT SOBRE REPRESIÓN POLICIAL

Aunque la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sophia Huett López, reconoció actos de represión parcial por parte de policías en Irapuato, también cuestionó sobre el tipo de valores e idea que se están generando en los hogares.

¿Hubo represión?, cuestionó un reportero, a lo que la funcionaria respondió: “no una represión generalizada, pero sí probablemente algunos puntos donde se pudo haber actuado conforme a protocolo de derechos humanos”.

“Yo creo que es uno de los tipos de eventos donde nadie gana, es uno de los tipos de eventos donde todos quedamos muy dolidos. Evidentemente la marcha se da por una manifestación legítima de visibilizar la violencia que hay contra las mujeres y no me refiero exclusivamente al caso de Guanajuato; evidentemente esta marcha tenía una motivación de un evento nacional, es una marcha contra la violencia que nos acaba confrontando y generado más violencia entre nosotros”, enfatizó.

Aseguró que en Guanajuato los protocolos para el uso de la fuerza están homologados y son conocidos por los elementos de las policías municipales, aunque dijo que se deben reforzar constantemente.

También dijo que corresponde a los elementos, como servidores públicos, no dejarse llevar por las emociones o por enojos, “creo que también algunas compañeras policías se equivocaron y eso desafortunadamente deslegitima todo ejercicio de autoridad que se pueda haber dado en el marco de este caso”.

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Revés para Mario Aburto: Juez federal rechaza pedido para que la FGR revise su caso

martes, marzo 29th, 2022

Mario Aburto Martínez, la única persona sentenciada por el asesinato del candidato presidencial en 1994, acusó a la Fiscalía General de la República de omisa por no investigar la presunta tortura que se ejerció en su contra.

Ciudad de México, 29 de marzo (SinEmbargo).– Un Juez federal rechazó que se deba ordenar a la Fiscalía General de la República (FGR) que atienda las demandas de Mario Aburto Martínez, quien señaló a la institución como “omisa” en investigar la presunta tortura de la que fue objeto después de haber sido detenido por el presunto asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1994.

Antonio González García, juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, decidió negar la suspensión definitiva que había solicitado la defensa del sentenciado, en la cual Aburto Martínez aseguró que el Ministerio Público Federal no investigó los presuntos actos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, y delitos vinculados que se cometieron en su contra.

Además, argumentó que no se han cumplido las obligaciones generales contraídas en tratados internacionales ratificados por el Gobierno mexicano con respecto al combate a la tortura.

Luis Donaldo Colosio Murrieta en su último mitin político en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana, Baja California, donde luego de concluir su discurso y mientras caminaba para salir, fue asesinado por un joven de nombre Mario Aburto, quien penetró la seguridad del candidato y con una Taurus calibre 38 le quitó la vida, de acuerdo con la versión oficial. Foto: Archivo

En este sentido, el único sentenciado por el magnicidio de Colosio busca ser integrado al Registro Nacional del Delito de Tortura, y que el registro sea parte de la investigación del caso.

Aburto Martínez fue sentenciado a 45 años de prisión por el asesinato del priista, pero en un amparo presentado ante un tribunal federal, el condenado indicó que él y su familia fueron torturados para confesar a la comisión del crimen. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a quien Aburto solicitó que utilizara su facultad de atracción para analizar el caso, rechazó estudiar el amparo y fue el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Estado de México quien recibió la responsabilidad en su turno.

En octubre de 2021, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 48VG/2021, en la cual acreditaba presuntos actos violatorios contra Mario Aburto Martínez y su familia. Entre los principales puntos recomendatorios, se encuentran: primero la apertura de una investigación seria y apegada a derecho sobre los hechos que provocaron la detención de “la víctima” el 23 de marzo de 1994 a raíz del asesinato del candidato presidencial.

-Con información de EFE

Hace 28 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio. ¿El sospechoso favorito? Salinas

miércoles, marzo 23rd, 2022

Luis Donaldo Colosio fue asesinado de un tiro al terminar un acto político el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California.​​​​ Aburto Martínez fue declarado culpable en 1995 y condenado a 45 años de prisión por el crimen.

Por Pedro Pablo Cortés

Ciudad de México, 23 mar (EFE).– El magnicidio del candidato presidencial mexicano Luis Donaldo Colosio hoy hace 28 años sacude todavía la política del país, un caso que aún levanta interrogantes y que el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, pretende reabrir en un momento en que el hijo del político asesinado asume su popular legado.

Colosio, del entonces hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI), recibió dos balazos el 23 de marzo de 1994 mientras saludaba a la multitud en un mitin en el popular barrio de Lomas Taurinas, en la fronteriza Tijuana.

“El magnicidio implicó un momento importante, una crisis del sistema político mexicano que ya estaba presente de otras maneras antes del asesinato de Colosio hace 28 años”, expone a EFE el investigador Flavio Meléndez, autor del libro México río revuelto. Del crimen de Estado al Estado del crimen.

Aunque aún no era Presidente, los candidatos del PRI ganaban las elecciones de forma orgánica hasta la transición en 2000, por lo que su asesinato se considera el magnicidio más grave en México desde 1928, cuando mataron al Presidente electo Álvaro Obregón, quien ya había presidido el país entre 1920 y 1924.

En la foto, el entonces candidato Luis Donaldo Colosio durante un recorrido de campaña por Hidalgo.

En la foto, el entonces candidato Luis Donaldo Colosio durante un recorrido de campaña por Hidalgo. Foto: Eloy Valtierra, Cuartoscuro

“Por supuesto que fue un asesinato de Estado porque todo el sistema político mexicano colapsó porque colapsaron las estructuras económicas, institucionales, ideológicas y sociales”, explica a EFE Ulises Corona, profesor de política de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

EL CANDIDATO DE LA “RUPTURA”

Colosio, nacido en el norteño estado de Sonora en 1950, “era un candidato que simbolizaba la ruptura del viejo régimen priista hacia un nuevo modelo más democrático, mayormente plural, más participativo y de base social”, según Corona.

Su figura trasciende, añade el académico, por ser un líder “carismático, honesto, sencillo y bonachón”, que supo manejar el concepto de unidad nacional e integrar la vida familiar a la política.

“Los ideales de Colosio siguen siendo vigentes porque no eran ideales del PRI, eran ideales de un liberalismo social más que económico, de un liberalismo ideológico más que político, de un liberalismo intelectual no partidista”, afirma el profesor.

En la foto, el funeral de Luis Donaldo Colosio que se llevó a cabo en la sede de su partido.

En la foto, el funeral de Luis Donaldo Colosio que se llevó a cabo en la sede de su partido. Foto: Eloy Valtierra, Cuartoscuro

LAS TEORÍAS DE LA CONSPIRACIÓN

Justo por esa figura de ruptura que representaba Colosio han surgido teorías de la conspiración, expone Meléndez.

La más común de ellas es que el entonces Presidente, Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), lo mandó matar y otra es que Mario Aburto, su asesino confeso, es en realidad inocente y los verdaderos responsables lo utilizaron como “chivo expiatorio”, narra Meléndez.

“Desde meses antes, estaba el rumor” de que a Colosio “algo le iba a pasar y que no iba a llegar al día de las elecciones”, relata.

La controversia se ha reavivado porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió en octubre pasado que la Fiscalía General de la República (FGR) indague la detención y sentencia de Aburto, al asegurar que fue víctima de tortura.

Recorrido por Hidalgo del candidato a la Presidencia por el PRI, Luis Donaldo Colosio, por las poblaciones indígenas de Hidalgo.

Recorrido por Hidalgo del candidato a la Presidencia por el PRI, Luis Donaldo Colosio, por las poblaciones indígenas de Hidalgo. Foto: Eloy Valtierra, Cuartoscuro

En su investigación de más de 10 años, Meléndez documentó por lo menos tres peritajes en los que participaron Scotland Yard, el FBI y la Policía Española.

Además, el investigador es miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, por lo que ha estudiado el perfil de Aburto, quien se proponía “terminar con el imperio”, en referencia al PRI, y confesó el crimen desde el día del atentado.

“Él pretendía salvar al país de esa dictadura del PRI que tenía ya 65 años en el poder, él considera que fue investido como caballero águila para salvar a la Patria”, detalla.

EL OPORTUNISMO POLÍTICO

En medio de la polémica, el Presidente López Obrador ha ofrecido reabrir el caso y protección a Aburto.

“Si él puede expresar, probar, que fue torturado, que está amenazado y que por eso ha guardado silencio, si es que existe otra versión, el Estado mexicano lo protegería”, manifestó López Obrador en octubre pasado.

En ese contexto, el profesor Corona advierte que los políticos aún se aprovechan de la muerte de Colosio “para llevar agua a su molino”.

“Reabrir el caso me parece, más que nada, propagandístico y mercantilista, una mera salida ante los medios, es decir, buscar otro escándalo no resuelto para cubrir los muchos errores que están aconteciendo en este momento”, opina.

EL LEGADO POLÍTICO

El linaje político de Colosio se mantiene vivo en su hijo Luis Donaldo Colosio Riojas, actual Alcalde de la norteña ciudad de Monterrey, capital de la segunda ciudad más grande del país y del industrial estado de Nuevo León.

El Presidente Municipal de la ciudad de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, participa en un acto protocolario el 15 de octubre de 2021, en el estado de Nuevo León (México).

El Presidente Municipal de la ciudad de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, participa en un acto protocolario el 15 de octubre de 2021, en el estado de Nuevo León (México). Foto: Gabriela Pérez, EFE

Colosio Riojas, cuyo equipo rechazó una solicitud de entrevista de EFE, aparece en las últimas encuestas como el preferido de su partido, el opositor Movimiento Ciudadano (MC), para ser candidato presidencial en 2024.

El profesor Corona considera que tiene futuro, pero “no a corto plazo”.

“La responsabilidad del apellido es muy grande, yo creo que pesa mucho, pero pienso que todavía no tiene capacidad para dimensionar lo que él heredó”, indica.

Otro legado del magnicidio es la violencia que se ha mantenido vigente, porque el sistema político mexicano no volvió a ser el mismo, añade Meléndez.

“Se rompe el pacto constitucional que venía desde la Revolución mexicana. Lo que surge son una multiplicidad de poderes dentro y fuera del Estado que le disputan al Presidente de la República y al Estado mismo el monopolio de la violencia legítima”, concluye.

Mario Aburto Martínez fue presentado como actor material del asesinato de Luis Donaldo Colosio.

Mario Aburto Martínez fue presentado como actor material del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Foto: Ricardo Reyes, Cuartoscuro

Juez dicta formal prisión al Secretario de Seguridad de Aguascalientes por tortura

miércoles, febrero 9th, 2022

Sánchez Mendoza fue arrestado el pasado 2 de febrero por agentes de la Agencia de Investigación Criminal, la cual depende de la Fiscalía General de la República.

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- Un Juez federal le dictó auto de formal prisión a Porfirio Javier Sánchez Mendoza, Secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE) de Aguascalientes, por su probable participación en los delitos de tortura, abuso de autoridad, y falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad.

Por lo anterior, el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México resolvió como suficientes las pruebas que sostienen los delitos antes mencionados, por lo que el funcionario deberá permanecer en reclusión, mientras enfrenta su proceso penal.

El pasado 2 de febrero, Sánchez Mendoza fue detenido por órdenes de la Fiscalía General de la República (FGR). El arresto de Sánchez Mendoza, quien ha sido relacionado al exjefe de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, que está detenido en Estados Unidos, fue anunciado por el Gobierno de Aguascalientes, a través de un comunicado.

El Secretario de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, en el Cuarto Informe de Gobierno en octubre de 2020. Foto: Twitter @SSPEags

La detención fue ejecutada afuera de la zona militar de la capital de Aguascalientes, por elementos de la Policía Federal Ministerial adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La investigación del titular de la SSPE local inició en 2016 después de que una víctima denunciara que fue objeto de tortura y detención arbitraria por parte de Sánchez Mendoza y otro agente de la extinta Policía Federal. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio notificación de los hechos, lo cual desencadenó las diligencias.

Sánchez Mendoza se formó en la Procuraduría General de la República y en 2007 se incorporó a la Unidad de Inteligencia de la Agencia Federal de Investigación y después a la desaparecida Policía Federal, donde fue director de operaciones encubiertas. Siete años después pasó a dirigir unas fuerzas federales en el estado occidental de Oaxaca y en 2018 ingresó al equipo del Gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, quien lo nombró Secretario de Seguridad Pública.

Sánchez Mendoza fue arrestado por agentes de la Agencia de Investigación Criminal. Foto: Twitter, @SSPEags

El arresto de Sánchez Mendoza se da siete meses después de la captura a las afueras de la capital mexicana de Luis Cárdenas Palomino, exjefe de la División de Seguridad Regional de la policía federal y brazo derecho de García Luna. Cárdenas Palomino también enfrenta cargos por torturar a integrantes de una banda de secuestradores.

-Con información de Fabiola Sánchez, AP

CNDH emite recomendación a Sedena por caso de 2011: hubo tortura y cateo ilegal en NL

sábado, enero 29th, 2022

La CNDH relata que el 13 de septiembre de 2011 esta persona se encontraba en su domicilio cuando fue detenido por elementos de la Sedena, quienes allanaron su casa, le apuntaron con armas de cargo, lo torturaron y recibió descargas eléctricas en axilas y testículos, sin ninguna orden de cateo.

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación 006/2022 a Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por el caso de una persona detenida de manera arbitraria y privada de sus derechos humanos en 2011 en Cadereyta, Nuevo León.

De acuerdo con el comunicado de la CNDH sufrió de violaciones a sus derechos humanos a la privacidad, a la libertad, a la seguridad jurídica, a la seguridad personal y a la integridad personal, por parte de elementos de la Sedena al allanar su domicilio ilegalmente y ser sometida a tortura.

Esta es la segunda recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en una semana a la Sedena. Foto: Cuartoscuro.

La CNDH relata que el 13 de septiembre de 2011 esta persona se encontraba en su domicilio -se desmitió la versión de la Sedena que fue en la calle- y que alrededor de las 18:00 horas fue detenido por elementos de la Sedena, quienes le apuntaron con armas de cargo, lo golpearon y lo trasladaron a distintos lugares con el rostro cubierto, donde lo golpearon en estómago, costillas y glúteos además de recibir descargas eléctricas en axilas y testículos.

La Comisión pudo recabar pruebas que refutan a la Sedena y comprobar que no existió ninguna orden de cateo ni se realizó porque el individuo había cometido algún acto ilícito, como dice el informe oficial de la dependencia ahora encabezada por Sandoval González.

De esta forma, la CDNH solicitó que la Sedena repare el daño de la víctima incluida la atención médica y psicológica. Además, de su colaboración con la Comisión y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) cuando se siga el caso ante la Fiscalía General de la República (PGR).

La CNDH dirigió su recomendación a la dependencia dirigida por Luis Cresencio Sandoval González. Foto: Alonso Cupul, EFE

Hace tres días, el 26 de enero, la CNDH emitió otra recomendación a la Sedena por el “uso ilegítimo y desproporcionado de la fuerza” de sus agentes en la muerte de un ciudadano guatemalteco en el estado de Chiapas.

El 30 de marzo de 2021, la Sedena confirmó que un día antes uno de sus soldados mató al migrante guatemalteco Elvin Mazariegos en la frontera sur y argumentó que el militar tuvo “una reacción errónea”.

“Hubo una reacción errónea por parte del personal militar, porque no hubo ninguna agresión con arma de fuego o una agresión de alguna otra manera, pero uno de nuestros agentes hace algunos disparos, donde hiere a uno de los civiles”, admitió Sandoval.

En 10 años, 346 denuncias por tortura se fueron a un cajón. Y ya. Así PGR. Y así FGR

jueves, enero 27th, 2022

Da lo mismo, Procuraduría o Fiscalía: el nombre no hizo la diferencia. Esas 346 denuncias por tortura tuvieron averiguaciones previas o carpetas de investigación, y ya. Se guardaron. No hubo investigaciones. Muchas veces ni siquiera entrevistaron a los presuntos responsables, y es más: ni intentaron buscarlos.

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) dejó en el olvido denuncias por tortura que involucran a autoridades en por lo menos los últimos 10 años, así lo confirman 19 sentencias emitidas por juzgados y tribunales colegiados federales.

Estos fallos involucran a la Fiscalía General, las fiscalías especiales y los ministerios públicos porque no investigaron con la debida diligencia, ni en los plazos correspondientes, lo cual, fue en detrimento de las personas sobrevivientes a estos tratos, revela la misma información.

La Secretaría Técnica de Combate a la Tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) encontró que, en 346 denuncias por tortura, la Fiscalía y antes Procuraduría General de la República (PGR) ya habían iniciado desde hace una década averiguaciones previas y carpetas de investigación, pero las indagatorias no continuaron su debido curso ya que ni siquiera se entrevistaron a los presuntos responsables.

“Están abiertas desde hace más de 10 años sin que la Fiscalía haya hecho absolutamente nada, más que lo que coloquialmente llamamos ‘investigación de escritorio’, es decir, todo lo quieren resolver con constancias, es decir, que los ministerios públicos sólo piden información al juzgado, constancias o copias, pero no entrevistan a los presuntos responsables, ni los intentan buscar”, explicó Salvador Leyva Morelos Zaragoza, Secretario Técnico de Combate a la Tortura, en entrevista con SinEmbargo.

El funcionario detalló que desde el año 2019 crearon herramientas para el monitoreo y la identificación de posibles casos de tortura de personas que se encuentran en un proceso penal y a partir de eso realizaron las denuncias ante las autoridades investigadoras correspondientes.

Dentro de esa labor, explicó, lograron ubicar al menos 8 mil casos de los cuales se presentaron, entre junio de 2019 a diciembre de 2021, al menos 4 mil 601 denuncias por posibles actos de tortura en México, ocurridos desde el año 2011 a diciembre de 2021. De esas, al menos 2 mil 10 se presentaron ante la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, por tratarse de hechos presuntamente cometidos por elementos federales.

Sin embargo, al denunciar ante la FGR se percataron que, de esas 2 mil denuncias, en al menos 346 casos ya había una investigación abierta.

Al respecto, la Secretaría Técnica ha presentado al menos 230 juicios en los que se reclama al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, a la Fiscal especializada en materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, y al Fiscal especial en la investigación del delito de tortura, Juan Carlos Chávez, así como a las y los ministerios públicos a cargo de esas investigaciones, la dilación injustificada y la falta de debida diligencia.

Como resultado de esos 230 amparos, se han obtenido al menos 19 sentencias en las que tribunales han confirmado que la FGR “no investiga con la debida diligencia, ni en el plazo razonable, todo esto en detrimento de personas sobrevivientes de tortura”.

Otro aspecto destacado de las sentencias, es que los colegiados ordenaron dar vista al órgano de control interno de la Fiscalía General de la República para que abran investigaciones administrativas en contra de la Fiscal especializada en materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, porque “no puede ser posible que la Fiscal en materia de Derechos Humanos esté violando derechos humanos”.

El uso de la tortura por las fuerzas de seguridad continúa sin control en México. Foto: InSight Crime, Especial

LA TORTURA EN MÉXICO
La tortura es una grave violación a los derechos humanos generalizada en México, es decir, que se aplica en la mayor parte del territorio y por casi todas las autoridades y en todos los contextos, como han podido constatar organizaciones civiles, la propia ONU, y como se refleja en las estadísticas.

Entre septiembre de 2019 y julio de 2020 habían más de 5 mil investigaciones por tortura, de las cuales, sólo se judicializaron dos, de acuerdo con datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

De las más de 4 mil 601 denuncias presentadas por la Secretaría Técnica, al menos mil 193 fueron actos que se registraron desde el año 2014 a diciembre de 2021: 374 se habrían cometido en el año 2014; 219 en el 2015; 103 en el 2016; 100 en el 2017; 158 en 2018; 439 en 2019, 395 en 2020 y 359 cometidas durante el año anterior.

Además, es una grave violación de derechos humanos en la que la impunidad es casi absoluta y, por lo que ha encontrado Secretaría Técnica, ni siquiera se investiga.

El no contar con los suficientes recursos humanos, ni capacidad técnica, ni estrategia son parte de los problemas estructurales en la FGR, señaló Leyva citando los fallos de los jueces y magistrados, pero, sobre todo, dijo, destaca la falta de voluntad.

“Hay falta de voluntad, de querer hacer estas mega investigaciones […] porque si no tienes la capacidad, ya tendrías que haber hecho —como titular o como responsable— las gestiones administrativas para crecer a tu equipo, para capacitarlo y para formarlo”.

La Policía Federal es la corporación que más denuncias de tortura ha acumulado. Imagen ilustrativa. Foto: Carlos Alberto Carbajal, Cuartoscuro

EL PROCESO DE IDENTIFICAR
Salvador Leyva explicó que las defensoras y defensores públicos por lo general no denunciaban la tortura y mucho menos se presentaban quejas ante las comisiones de derechos humanos y tampoco ante la Fiscalía federal y las estatales, mucho menos en las fiscalías especializadas.

“Un primer paso para saldar un poco esta deuda fue la creación de la Secretaría Técnica y a partir de ahí se empezó a construir un mecanismo permanente de monitoreo de posibles casos de tortura, en donde se empezaron a documentar y ubicar todos los posibles casos de tortura que hubiesen sido realizados desde el año 2011”, narró el funcionario.

Detalló que primero solicitaron a las 987 defensoras y defensores del país los posibles casos de tortura. De 8 mil casos que se obtuvieron aproximadamente, estos se remitieron a la Secretaría técnica, y de ahí resultaron en 4 mil 601 denuncias.

Del total de las denuncias, 2 mil 500 se presentaron ante las fiscalías locales y 2 mil 10 ante la Fiscalía Especial de investigación del delito de Tortura de la FGR.

“Estas denuncias fueron presentadas entre junio de 2019 y diciembre de 2021, es decir, hoy por hoy no tenemos rezago”, abundó.

Fue entonces que, a raíz de ese proceso, encontraron que 346 de las denuncias ya contaban con una “carpeta de investigación en la FGR”, pero que nunca fueron investigadas debidamente.

“Cuando tuvimos conocimiento de estas investigaciones sin que la Fiscalía haya hecho absolutamente nada, más que lo que coloquialmente llamamos como investigación de escritorio, comenzamos a presentar juicios”.

En total se presentaron 230 demandas de juicio en contra de autoridades de la FGR y, las menos, contra autoridades estatales.

“Tenemos juicios en todo el país y estos son en beneficio de 304 personas, las cuales entran en esos 346 casos que sabemos que existía una investigación”, abundó Leyva.

Otra de las omisiones en que ha incurrido la FGR es que a más de tres años de la entrada en vigor de la Ley General para prevenir investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas degradantes no existe el Registro Nacional del delito de Tortura (RENADET) y la consecuente falta de inscripción de las personas sobrevivientes de tortura en el mismo.

Frente a ello se iniciaron 150 juicios en contra de autoridades federales por la falta de instalación y operación del RENADET y su uso como herramienta de información estadística y de investigación.

“Ese registro se debió haber creado 180 días después de publicarse la Ley General para prevenir investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas degradantes, en junio de 2017″, dijo.

La tortura es una grave violación a los derechos humanos que se mantiene con una impunidad casi absoluta. Foto: Cuartoscuro, Archivo

Tras dos años de litigio, se han emitido 19 sentencias por parte de juzgados y tribunales colegiados federales que han determinado la responsabilidad del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, de la Fiscal especializada en materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, y del Fiscal especial en la investigación del delito de tortura, Juan Carlos Chávez, así como de los ministerios públicos.

“Es decir los cuatro son responsables y sus omisiones, una tras otra, han originado que el último eslabón, que es el Ministerio Público a cargo de la investigación, genere esta dilación que ha permitido que los casos lleven más de 10 o 12 años”, abundó el especialista.

No obstante, las sentencias no implican una sanción penal o administrativa contra el Fiscal General.

“El juicio de amparo no es una sanción penal. Lo que determinó es que existieron esas omisiones y los efectos del amparo son para que cumplan con sus obligaciones de supervisión y coordinación; y al Ministerio Público, le da un plazo de 10 días para informarle al juez de distrito cuáles son las diligencias pendientes de desahogar y a partir de esos 10 días, cuenta con 30 días más para que determine si va a llevar ese caso a juicio o cuál va a ser la determinación, pero que ya resuelva esa investigación”, destacó el defensor.

Documentos desclasificados revelan torturas a prisioneros en Afganistán por la CIA

miércoles, diciembre 8th, 2021

Indagaciones de un inspector de la propia CIA demuestran presuntos abusos; confirman un muerto, pero hay evidencia de más torturados.

Ciudad de México, 8 de diciembre (RT).- Agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) habrían recurrido a la tortura como método de interrogatorio de prisioneros afganos, en una práctica presuntamente extendida durante buena parte de la presencia estadounidense en Afganistán y que derivó en la muerte documentada de al menos un preso. Aunque la denuncia del uso de tales métodos ha sido reiterada en el tiempo, adquiere ahora otro cariz al publicar el portal BuzzFeed cientos de páginas de documentos desclasificados de la propia Agencia.

Se trata de papeles relacionados con investigaciones adelantadas por el Inspector General de la CIA sobre el abuso contra menores por parte de integrantes y contratistas de ese organismo. En particular, las indagaciones incluyeron una revisión especial del instructivo de detención e interrogatorio de la CIA, realizada en 2004, esto es, 18 meses después de la muerte del ciudadano afgano Gul Rahman en la prisión clandestina de Salt Pit, ubicada en Kabul.

Vista satelital de la prisión de Salt Pit en Kabul, Afganistán. Foto: Google Earth.

HUMILLACIONES PARA QUEBRAR LA RESILIENCIA

En el archivo filtrado se precisa que a Rahman, más allá de maltratos continuos, se le privaba del sueño hasta por 48 horas seguidas, lo sometían a duchas gélidas y, para además “inflingirle una humillación cultural”, se le impedía llevar ropa.

Pese a ello, señala el reporte, el preso se negó a cooperar y solo admitió su nombre luego de pasar varias jornadas “en condiciones frías, con mínima comida y sueño”. Un día, incluso, lanzó una botella de agua junto con su cubo de defecación hacia los guardias, amenazando con matarlos y asegurando que recordaba sus rostros. Tras ello, a Rahman lo ataron de pies y manos al suelo. El 20 de noviembre de 2002 fue hallado muerto.

Una pesquisa posterior determinó que el personal carcelario de Salt Pit había recurrido a “acciones improvisadas” para lograr sacarle a los presos alguna información válida. Se trataría de técnicas de interrogatorio no aprobadas ni por el Departamento de Justicia de EU ni por la CIA.

La tortura a Rahman se produjo en el contexto de la presencia estadounidense en Afganistán. Foto: AP.

Bruce Jessen, quien se desempeñó como psicólogo en dicho centro de detención clandestino, anotó en sus observaciones que Rahman “dejaba ver las primeras etapas de la hipotermia” tras una de las duchas heladas. Mientras, otro contratista precisó que tal práctica era “una técnica de deprivación” que se usaba no por “razones higiénicas”, sino por la resistencia del preso a cooperar.

Pese al fallecimiento de Rahman, ningún efectivo de la CIA fue objeto de sanciones disciplinarias. Por el contrario, el administrador de Salt Pit, que ya antes había evidenciado problemas de conducta, fue recomendado cuatro meses después para recibir un premio de 2.500 dólares en efectivo por realizar “un trabajo sistemáticamente superior”.

NO ES EL ÚNICO CASO

Aunque un resumen del Comité de Inteligencia del Senado de EU (todavía no desclasificado) nombra a Rahman como el único prisionero muerto bajo custodia de la CIA, en la indagación del Inspector General de la Agencia se sostiene que hubo más fallecimientos.

Joe Biden sobre Afganistán

El Presidente de Estados Unidos Joe Biden ordenó en agosto pasado la retirada de las tropas restantes de Afganistán. Foto: Evan Vucci, AP

Así, por ejemplo, en junio de 2003 un afgano, supuestamente implicado en ataques con misiles contra una posición conjunta del Ejército estadounidense y la CIA, se presentó en la base de Asadabad, al noreste del país, “a instancias del gobernador local”. Detenido de inmediato, murió allí cuatro días después.

En el documento se revela que durante los interrogatorios un contratista de la CIA lo habría pateado y golpeado con una linterna metálica de gran tamaño, lo que provocó su muerte.

El cadáver fue entregado a los familiares del preso sin que se le hubiera practicado una autopsia. Apunta el reporte que ni el contratista ni su supervisor estaban entrenados o autorizados para realizar interrogatorios. La única consecuencia fue la no renovación del contrato del primero de ellos.

https://youtu.be/cTS_BoRVgFw

PANORAMA INCOMPLETO

Aunque el informe del inspector general refiere otros casos de prácticas similares por parte de integrantes de la CIA, no puede considerarse “exhaustivo”. Eso señala el periodista de investigación Kit Klarenberg en un artículo para RT en inglés, al recordar que esa agencia no estuvo obligada hasta junio de 2003 a documentar la captura y detención de cada persona o sospechoso.

De hecho, en el documento respectivo se confirma que el inspector general fue “incapaz de determinar con certeza el número o la situación actual de los individuos que han sido capturados y detenidos”.

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Gobierno no se compromete a hacer justicia por casos Atenco y Alvarado: Centro Prodh

martes, diciembre 7th, 2021

A pesar de que la Corte IDH emitió una resolución por los casos Atenco y Alvarado hace tres años, el Centro Prodh indicó que el Gobierno no ha tenido una política para garantizar que las víctimas tengan acceso a la verdad.

Ciudad de México, 7 de diciembre (EFE).– México carece de una “política de Estado” para hacer justicia en dos casos de tortura y desaparición forzada de 2006 y 2009 a pesar de la existencia de dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), denunció este martes el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

“Al cumplirse tres años de la emisión de dos sentencias de Corte IDH en los casos ‘Alvarado Espinoza y Otros’ y ‘Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco’, ambos contra México, los obstáculos que siguen enfrentando las víctimas para acceder a verdad y justicia revelan la ausencia de un compromiso de Estado para cumplir con sus obligaciones internacionales”, expresó la organización en un comunicado.

Las dos sentencias fueron notificadas en los primeros días de la actual administración liderada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tomó posesión el 1 de diciembre de 2018.

El caso de “Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco” se considera uno de los más emblemáticos en la lucha por los derechos humanos en México. Foto: Isaac Esquivel, Cuartoscuro

El caso Alvarado se remonta al 29 de diciembre de 2009, cuando en el estado de Chihuahua tres víctimas fueron privadas de libertad por un grupo de entre ocho y diez personas que portaban armas largas y vestían uniformes, a quienes testigos identificaron como militares.

Las desapariciones tuvieron lugar en el marco de la implementación del Operativo Conjunto Chihuahua, en el cual el Ejército, además de realizar labores de seguridad, desempeñaba tareas de investigación criminal.

El caso Atenco se considera uno de los más emblemáticos en la lucha por los derechos humanos en México. Organismos internacionales documentaron la detención ilegal, abusos sexuales, tortura y otras violaciones graves a los derechos humanos a 11 mujeres el 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco y en Texcoco, ambos en el central Estado de México, en medio de manifestaciones.

El Centro Prodh dijo que, aunque los procesos de cumplimiento de ambos fallos son independientes, en ambos procesos se da ausencia de “compromiso estatal” ya que las instancias involucradas no están actuando de manera “diligente y sostenida”, lo que genera que la mayor parte de las medidas ordenadas no se hayan cumplido, mantuvo la organización.

La desaparición forzada de Nitza Paola, José Ángel y Rocío Irene Alvarado se dio en el contexto de la militarización de la seguridad durante el Gobierno del panista Felipe Calderón, y desde entonces sigue en la impunidad. Foto: Especial

“El incumplimiento de estas obligaciones ha impedido que las víctimas puedan acceder a la justicia y a la verdad aun contando con un fallo internacional”, concretaron.

En el caso de la familia Alvarado, a 12 años de los hechos, el paradero de las víctimas sigue sin ser esclarecido y las autoridades continúan sin investigar las responsabilidades de los agentes implicados.

En el caso Atenco, no se han dado “pasos significativos” para investigar todos los niveles de responsabilidad incluyendo la cadena de mando de las tres corporaciones involucradas, “mientras que la Fiscalía del Estado de México continúa obstaculizando la investigación”, detallaron.

Así, “un camino que debió ser de justicia y reparación vuelve a victimizar a las personas denunciantes a pesar de que, en el discurso, el Estado se ha comprometido a cumplir con las resoluciones” de tribunales, terminó el Centro Prodh.

La FGR deberá abrir una nueva investigación sobre Mario Aburto, ordena la CNDH

martes, octubre 26th, 2021

La Comisión Nacional afirmó que en reiteradas ocasiones ha señalado que la persecución y sanción de los delitos debe realizarse siempre en el marco de la ley y el respeto a los derechos humanos, enfatizando la importancia de que las conductas ilícitas de personal al servicio público también sean motivo de investigación y sanción para evitar la impunidad.

Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).– La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendó a la Fiscalía General de la República (FGR) que realice una nueva investigación del caso Mario Aburto Martínez, señalado como actor material del asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de México, ocurrido en 1994.

El mensaje del organismo llega después de que recibiera una nueva queja por parte de Aburto Martínez, “donde señaló que desde hace 27 años ha denunciado ante esta Comisión actos de tortura reiterada y continuamente, puntualizando que, desde el 31 de agosto de 1994, existe en la FGR una investigación por esos hechos, agregando que reclama la reapertura de su caso para que se dé a conocer la verdad a toda la sociedad”.

“La víctima y sus familiares manifestaron a este Organismo Nacional que, durante 27 años, las autoridades penitenciarias lo han mantenido lejos de su familia, toda vez que los centros penitenciarios donde ha sido recluido se encuentran lejos del lugar donde radican, solicitando urgentemente su traslado a un Centro de Reinserción en Baja California”, recordó en un comunicado.

Por ello, la CNDH aseguró que “no se puede omitir la mención de su responsabilidad, toda vez que, prácticamente desde que tuvieron lugar los hechos, en abril de 1994, […] tuvo posibilidad de actuar para proteger los derechos humanos de la víctima y sus familiares e incluso, garantizar una investigación y un proceso justo y apegado a Derecho, lo cual no ocurrió”.

“Incluso obra en los archivos de esta Comisión una entrevista de la cual no se tiene registro en ningún expediente de queja de aquellos años y realizada sin autorización del hoy agraviado, lo que cuestionaría las actuaciones de esta Comisión Nacional porque no corresponden a su función legal”, agregó.

Ante dicha situación, investigó el caso y determinó que elementos de entonces la Policía Judicial Federal, adscritos a la extinta Procuraduría General de la República (PGR), así como los Agentes del Ministerio Público Federal que intervinieron tanto en la detención como en las primeras diligencias ministeriales y en el traslado de Mario Aburto a las instalaciones del CEFERESO número 1, incurrieron en actos de tortura en su contra.

También llegó a la conclusión de que los médicos que intervinieron en los hechos actuaron de forma irregular al pretender ocultar o tolerar dichos actos. Además, acreditó que personal médico y custodios del centro de reclusión incurrieron en actos de tortura y que el OADPRS incomunicó a Aburto y lo ha mantenido en CEFERESOS lejanos a donde habita su familia, “lo que constituye una violación a los derechos humanos a la integridad personal y trato digno”.

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“Las nuevas consideraciones y hallazgos, advierten violaciones graves a derechos humanos, por ello, la CNDH establece que la FGR deberá realizar una investigación del caso que dio origen a la detención y sentencia de la víctima; además, estas nuevas diligencias se deberán abordar sin perjuicio y con perspectiva pro homine, aportar como prueba la propia Recomendación y considerar las múltiples omisiones, ocultamientos y acciones generados en el pasado”, dijo la CNDH.

Destacó que “esta nueva investigación o la reapertura de la anterior tendrá como finalidad subsanar deficiencias y llegar al pleno esclarecimiento de los hechos, que permitan a la víctima y a la sociedad mexicana acceder al derecho a la verdad de manera individual y colectiva de las reiteradas violaciones a los derechos humanos cometidas”.

Asimismo, subrayó que se logrará que “el Estado responda por sus actos, no sólo a través de acciones de reconocimiento y reparación integral del daño, sino también mediante acciones y políticas de no repetición, para que hechos de este tipo no vuelvan a suceder al margen de la protección y garantía de los derechos humanos de cualquier persona, con el fin de romper el círculo de impunidad e injusticia que por décadas ha lastimado a nuestro país”.

El 23 de marzo de 1994, el candidato del PRI a la Presidencia, Luis Donaldo Colosio, arribó al mitin en Lomas Taurinas, Tijuana, sin saber que serían las últimas palabras que pronunciaría.

El 23 de marzo de 1994, el candidato del PRI a la Presidencia, Luis Donaldo Colosio, arribó al mitin en Lomas Taurinas, Tijuana, sin saber que serían las últimas palabras que pronunciaría. Foto: Eloy Valtierra, Archivo, Cuartoscuro

De este modo, la Comisión Nacional, a cargo de Rosario Piedra Ibarra, recomendó “al titular de la FGR y al comisionado de Prevención y Readaptación Social reparar integralmente el daño al agraviado y a sus familiares en los términos de la Ley General de Víctimas; inscribirles en el Registro Nacional de Víctimas y otorgarles atención médica y psicológica, así como colaborar en el trámite y seguimiento de la queja que se promueva ante el Órgano Interno de Control en la FGR y en el OADPRS en contra de los servidores públicos involucrados”.

“Por último, la Recomendación será remitida a la Cámara de Diputados, a efecto de que sea agregada a la investigación que realiza la Comisión de la Verdad creada para esclarecer los hechos y, en su momento esa soberanía determine lo que a Derecho corresponda, remitiendo a esta Comisión Nacional las pruebas que acrediten su cumplimiento. La Recomendación 48VG/2021 ya fue debidamente notificada a sus destinatarios y puede consultarse en la página web cndh.org.mx”, finalizó.

Mario Aburto Martínez, actualmente de 51 años de edad, purga una sentencia de 49 años de prisión como responsable del homicidio del excandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta, crimen registrado el 23 de marzo de 1994, en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana.

–Con información de Zeta

Tribunal ordenó a FGR desactivar ficha roja contra Kamel Nacif, denuncia Lydia Cacho

jueves, septiembre 23rd, 2021

Un Juez ordenó la cancelación de la “ficha roja” emitida en contra del empresario Kamel Nacif Borge, acusado de torturar a la periodista Lydia Cacho.

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).– Este miércoles, un Juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) que desactive la “ficha roja” -una solicitud de aprehensión girada por Interpol- en contra de Kamel Nacif Borge, implicado en el caso de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho.

“El 23 de septiembre 2021 el tribunal ordenó a la @FGRMexico que desactive la #AlertaRojaInterpol contra Kamel Nacif Borge, el pederasta que ordenó mi tortura. 16 años de batalla judicial desactivados por una Magistrada corrupta y una @SCJN que se negó a escucharnos”, denunció la reportera desde su cuenta de Twitter.

https://twitter.com/lydiacachosi/status/1440979617989414912

El Juez Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo indicó “que no se ha generado ninguna acción relacionado con alguna solicitud internacional ‘ficha roja'”, razón por la cual el tribunal dictó al Fiscal federal que dentro de 24 horas se remita la cancelación de la orden de aprehensión internacional.

“Metimos un amparo contra la liberación de Kamel Nacif, el último y casi imposible recurso. Es una guerra contra la #TrataSexualDeNiñas y contra la corrupción del #EstadoMexicano del hombre que ordenó comprar una niña Virgen de 13 años volverá a Mexico, yo en exilio por impunidad”, expresó Lydia Cacho.

La periodista Lydia Cacho denunció que un tribunal había solicitado la cancelación de la “ficha roja” en contra de Kamel Nacif. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro.

Por esta razón, hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a proteger a víctimas de explotación sexual y pornografía infantil, a ella como sobreviviente de tortura y a no proteger a los criminales.

La también activista fue detenida en diciembre de 2005 por una decena de policías que, sin contar con orden de captura, la trasladaron de Cancún a Puebla en un vehículo propiedad del empresario de la industria textil José Kamel Nacif Borge.

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Nacif era uno de los principales señalados en el libro Los Demonios del Edén en el que la periodista denunció una trama de pornografía y prostitución infantil que implicaba a empresarios cercanos al entonces Gobernador de Puebla, Mario Marín.

–Con información de EFE