A pesar de que la Corte IDH emitió una resolución por los casos Atenco y Alvarado hace tres años, el Centro Prodh indicó que el Gobierno no ha tenido una política para garantizar que las víctimas tengan acceso a la verdad.
Ciudad de México, 7 de diciembre (EFE).– México carece de una “política de Estado” para hacer justicia en dos casos de tortura y desaparición forzada de 2006 y 2009 a pesar de la existencia de dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), denunció este martes el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
“Al cumplirse tres años de la emisión de dos sentencias de Corte IDH en los casos ‘Alvarado Espinoza y Otros’ y ‘Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco’, ambos contra México, los obstáculos que siguen enfrentando las víctimas para acceder a verdad y justicia revelan la ausencia de un compromiso de Estado para cumplir con sus obligaciones internacionales”, expresó la organización en un comunicado.
Las dos sentencias fueron notificadas en los primeros días de la actual administración liderada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tomó posesión el 1 de diciembre de 2018.
El caso de “Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco” se considera uno de los más emblemáticos en la lucha por los derechos humanos en México. Foto: Isaac Esquivel, Cuartoscuro
El caso Alvarado se remonta al 29 de diciembre de 2009, cuando en el estado de Chihuahua tres víctimas fueron privadas de libertad por un grupo de entre ocho y diez personas que portaban armas largas y vestían uniformes, a quienes testigos identificaron como militares.
Las desapariciones tuvieron lugar en el marco de la implementación del Operativo Conjunto Chihuahua, en el cual el Ejército, además de realizar labores de seguridad, desempeñaba tareas de investigación criminal.
El caso Atenco se considera uno de los más emblemáticos en la lucha por los derechos humanos en México. Organismos internacionales documentaron la detención ilegal, abusos sexuales, tortura y otras violaciones graves a los derechos humanos a 11 mujeres el 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco y en Texcoco, ambos en el central Estado de México, en medio de manifestaciones.
El Centro Prodh dijo que, aunque los procesos de cumplimiento de ambos fallos son independientes, en ambos procesos se da ausencia de “compromiso estatal” ya que las instancias involucradas no están actuando de manera “diligente y sostenida”, lo que genera que la mayor parte de las medidas ordenadas no se hayan cumplido, mantuvo la organización.
La desaparición forzada de Nitza Paola, José Ángel y Rocío Irene Alvarado se dio en el contexto de la militarización de la seguridad durante el Gobierno del panista Felipe Calderón, y desde entonces sigue en la impunidad. Foto: Especial
“El incumplimiento de estas obligaciones ha impedido que las víctimas puedan acceder a la justicia y a la verdad aun contando con un fallo internacional”, concretaron.
En el caso de la familia Alvarado, a 12 años de los hechos, el paradero de las víctimas sigue sin ser esclarecido y las autoridades continúan sin investigar las responsabilidades de los agentes implicados.
En el caso Atenco, no se han dado “pasos significativos” para investigar todos los niveles de responsabilidad incluyendo la cadena de mando de las tres corporaciones involucradas, “mientras que la Fiscalía del Estado de México continúa obstaculizando la investigación”, detallaron.
Así, “un camino que debió ser de justicia y reparación vuelve a victimizar a las personas denunciantes a pesar de que, en el discurso, el Estado se ha comprometido a cumplir con las resoluciones” de tribunales, terminó el Centro Prodh.
La identificación de Jhosivani Guerrero de la Cruz sirvió para esclarecer el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa luego de que la entonces PGR y la CNDH pretendieron dar por identificado al mismo joven.
Ciudad de México, 15 de junio (SinEmbargo).– Luego de la identificación de Jhosivani Guerrero de la Cruz, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez expresó su solidaridad hacia la familia y pidió respeto.
“La identificación, realizada por la @uniinnsbruck y verificada por @eaafoficial, fue comunicada dignamente a la familia durante el fin de semana por una comisión de sus representantes, @eaafoficial, el #GIEI, la UEILCA y la COVAJ”, detalló el Centro en Twitter.
Además, expuso que la identificación es plena y cuenta con el ADN nuclear, lo cual sirvió para esclarecer el caso luego de que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pretendieron dar por identificado al mismo joven sin que los valores de los resultados genéticos fueran suficientes.
? La identificación, realizada por la @uniinnsbruck y verificada por @eaafoficial, fue comunicada dignamente a la familia durante el fin de semana por una comisión de sus representantes, @eaafoficial, el #GIEI, la UEILCA y la COVAJ#Ayotzinapa (2/6)
“Dado que el resto óseo fue encontrado en un lugar diverso al que se postuló como paradero de todos los estudiantes, en la llamada ‘verdad histórica’, la identificación vuelve a evidenciar cómo se mintió a las familias y a México en el pasado”, agregó.
Declaró que el hallazgo también recordó que continúa pendiente avanzar en las investigaciones hasta llegar a la verdad y sancionar tanto a los responsables de la desaparición como a los de la manipulación.
“Las familias de lxs desaparecidxs tienen derecho a la verdad. Este hallazgo muestra que la identificación genética es posible, incluso a pesar del paso del tiempo. Necesitamos mecanismos extraordinarios, masivos y con recursos para atender el rezago forense”, finalizó.
Jhosivani Guerrero de la Cruz ya fue identificado en el análisis de restos que realizó la Universidad de Innsbruck, informó Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los familiares de los jóvenes.
“El día de hoy fuimos convocados por el Presidente de la República, por Alejandro Encinas y por otras autoridades a una reunión, en la que se nos dio una información. La información completa es que ya regresaron los restos que fueron enviados a Innsbruck, debidamente analizados. Y los resultados que hay de esos restos es una identificación positiva a un estudiante”, dijo.
En entrevista con medios de comunicación a su salida de Palacio Nacional, Rosales Sierra anunció que se trata del estudiante normalista Jhosivani Guerrero de la Cruz. “Dio positivo para él. Los restos son contundentes. Son restos que, como ustedes saben, habían sido mandados a Innsbruck y fueron encontrados en la barranca de La Carnicería en un periodo de búsqueda de noviembre de 2019 a la fecha”, explicó.
Asimismo, señaló que como producto de las búsquedas se realizaron esos hallazgos, los cuales se enviaron a la Universidad de Innsbruck. “Lo restos encontrados en el Río San Juan en años pasados nunca fueron susceptibles de verificación. Las identificaciones que se hicieron no tenían certeza científica”, recordó.
“Nos dimos cuenta poco a poco de que estamos gobernados por un narcogobierno”, dijo María Herrera, quien ha buscado durante una década a sus hijos desaparecidos en México.
El reclamo es generalizado: las autoridades no cumplen en un país en el que hay más de 37 mil desaparecidos y miles de asesinatos. Así lo dice Herrera y familias de Morelos, Guerrero, Chihuahua…
México, 28 de agosto (SinEmbargo/EFE/Cuartoscuro).- María Herrera, madre de cuatro desaparecidos a manos del crimen organizado, denunció hoy que en México manda un “narcogobierno” que evita “solucionar el problema” de las desapariciones, aunque se mostró dispuesta a “perdonar” con la condición de que regresen los extraviados.
El día en que se cumplen 10 años de la desaparición de dos de sus hijos, una emocionada María Herrera manifestó que sigue “luchando para demostrar al Gobierno que sí se puede trabajar muchísimo cuando hay voluntad” para hallarlos.
“Seguimos muy lejos de que el Gobierno solucione este problema. Nos dimos cuenta poco a poco de que estamos gobernados por un narcogobierno”, aseveró en rueda de prensa Herrera, quien se ha convertido en un emblema nacional en la búsqueda de desaparecidos.
Son madres desesperadas de todo el país. Ayer hubo al menos otras dos conferencias cargadas de angustia: quieren a sus hijos de regreso a casa.
Integrantes del colectivo Regresando a Casa A.C., que agrupa a familiares de desaparecidos, denunciaron –por ejemplo– que el Gobierno de Morelos, encabezado por Graco Ramírez, no cumplió la promesa de localizar a sus familiares. También exigieron que les sean entregados los recursos que les fueron asignados con el programa de atención a víctimas.
Piden que se les haga justicia. Exigen que alguien les diga cuál será el destino de sus familias, de sus familiares secuestrados o desaparecidos. Quieren respuestas.
En la imagen, Tranquilina Hernández, mamá de Mireya Montiel, desaparecida el 13 de septiembre del 2014. Foto: Cuartoscuro.
Lorena Reza, hermana de Juan Carlos Reza, desaparecido el 26 de septiembre del 2017. Foto: Cuartoscuro.
10 AÑOS SIN RESPUESTAS
El 28 de agosto de 2008, los hijos de María Herrera, Raúl y Salvador, de 19 y 24 años, respectivamente, desaparecieron en el violento estado de Guerrero junto con cinco compañeros de trabajo cuando regresaban de un viaje en el vecino estado de Oaxaca.
Días después fue encontrada calcinada su camioneta, aunque no se abrió ninguna investigación y la fiscalía local desestimó las pruebas presentadas por la familia.
El 22 de septiembre de 2010, sus hijos Gustavo y Luis Armando, de 28 y 25 años, respectivamente, desaparecieron junto con otros familiares tras ser retenidos por policías municipales en una carretera del estado de Veracruz.
Para doña María, como la conocen en los movimientos pro derechos humanos, esa segunda desaparición supuso “una destrucción como una bomba atómica”.
“Esperaba encontrar a mis hijos (…) nunca pensé que en dos años desaparecerían otros dos”, relató desconsolada.
En un día como hoy, María se siente “muy cansada de llorar”, pero avisa que jamás se dará “por vencida”.
“Buscamos con el corazón; es una necesidad que tenemos los familiares de encontrarles”, sentenció en una rueda de prensa en la sede del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en la capital mexicana.
En un momento en que el Presidente electo de México, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, está impulsando foros por la paz para reconciliar el país, María Herrera se declaró dispuesta a “perdonar” a los anteriores Gobiernos “siempre que nos entreguen a todas las personas a nuestros hogares”.
Añadió que “sería una satisfacción” que el nuevo Ejecutivo, que entrará en funciones el 1 de diciembre, evitara más desapariciones.
De acuerdo con registros oficiales, al menos 37 mil 436 personas permanecen no localizadas en México.
María Herrera llegó a encararse en 2011 al Presidente Felipe Calderón (2006-2012), del conservador Partido Acción Nacional (PAN), a quien exigió justicia para los desaparecidos.
Bajo el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el caso más mediático ha sido la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa, en Guerrero.
Según Herrera, ese caso fue “la gota que colmó el vaso” y que dio “un impulso” y “fuerza” a las familias de desaparecidos para seguir buscando.
En estados azotados por el narcotráfico, como el norteño Tamaulipas, asociaciones de madres organizan expediciones con picos y palas para encontrar los cuerpos de sus hijos en fosas comunes ante la inactividad de las autoridades.
En la misma rueda de prensa, Santiago Corcuera, quien presidió el Comité contra Desaparición Forzada de Naciones Unidas, exigió que las fiscalías sean independientes del Poder Ejecutivo para poder investigar “los crímenes cometidos por agentes del Estado”.
También señaló que para acabar con “la tragedia” de la violencia en México, hay que retirar “paulatinamente” las Fuerzas Armadas de las funciones de seguridad pública, dado que están entrenadas en “usar la fuerza como primer recurso”.
Por su parte, el activista Pietro Ameglio lamentó que el nivel de movilizaciones ciudadanas en México “es insuficiente ante los niveles de violencia que tenemos” y aseguró que ya es hora de ejercer “desobediencia civil”.
“Vamos a hacer nosotros lo que el Estado no hace y lo haremos sin pedir permiso”, sentenció.
JUÁREZ Y LA DEFENSA DE LA VIDA
Empoderadas y conocedoras de sus derechos, un grupo de mujeres de CiudadJuárez defienden su vida y su libertad en esta urbe fronteriza con Estados Unidos, tristemente conocida por la violencia y los feminicidios, que se han duplicado en los dos últimos años.
“El año pasado quedamos por arriba de 90. Hemos visto este repunte de la violencia”, explicó a Efe la coordinadora general de la ONG Red Mesa de Mujeres de CiudadJuárez, Imelda Marrufo, que destacó que la “impunidad” en los delitos, que en México es de 98 por ciento, atiza los ataques contra las mujeres.
La crónica negra persigue a esta ciudad del estado de Chihuahua donde los cárteles de Juárez, de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación se disputan el trasiego y la venta de drogas.
Según el recuento de la Red Mesa de Mujeres, de 1993 a 2017 se registraron más de mil 600 feminicidios, que son los asesinatos a mujeres por razón de género.
Los peores años fueron 2010 y 2011, con 191 casos cada uno. Y tras un descenso paulatino, de 2016 a 2017 se pasó de 57 asesinatos a 92 en esta ciudad de 1,5 millones de habitantes. A modo comparativo, en España, un país con cerca de 50 millones de habitantes, la violencia machista cerró el año con 48 asesinatos de mujeres.
Las mujeres se enfrentan a los feminicidios, pero también desapariciones, violencia intrafamiliar, abusos sexuales o trata. “Es fruto de una cultura de misoginia”, denunció Marrufo.
Las denuncias son investigadas por la Fiscalía Especializada de la Mujer de Chihuahua, un organismo creado “ex profeso” para cumplir con un protocolo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Campo Algodonero, un descampado en el que fueron encontrados los cuerpos de ocho mujeres desaparecidas a inicios del siglo XXI.
“Atendemos violencia familiar, doméstica en todos sus rubros, económica, psicológica y cualquier tipo de violencia que pueda afectar a la mujer”, señaló a Efe Silvia Nájera, vocera de esta fiscalía.
Positivamente, Red Mesa de Mujeres y la Fiscalía Especializada destacan el Protocolo Alba para la búsqueda de mujeres, con un porcentaje de éxito de 98 por ciento. El 2 por ciento restante, detalló Nájera, son en su mayoría mujeres que escapan de casa por violencia familiar, e “incluso se van fuera del estado”.
No obstante, sorprende el choque de datos entre ambos organismos. La Fiscalía Especializada reportó una veintena de feminicidios en 2016, una cifra que ascendió a 41 en 2017. Es decir, también se duplicaron los asesinatos, pero la cifra es menor.
Y al menos la mitad de los casos, continuó la vocera, se lograron judicializar; es decir, detener el presuntos responsable y consignarlo ante un juez.
Para Nájera, muchos asesinatos no son por razón de género al tratarse de “jovencitas envueltas en otro tipo de situaciones”, como que “su pareja era de un bando criminal”.
Lejos de las impolutas oficinas de la Fiscalía, en la colonia (barrio) Fray García de San Francisco, un grupo mujeres se forman para ser defensoras comunitarias de la mano de la ONG.
Para ellas, la violencia es mucho más que un dato. “Vivimos siempre asustadas y con miedo a que nuestras hijas salgan solas”, indicó a Efe Dora Fermán, una comerciante con cuatro hijos, hoy separada tras padecer ataques de su expareja.
Dora aprende a “cucharaditas lo que es la violencia” gracias a los talleres que imparte la ONG durante ocho meses a mujeres consideradas líderes en su comunidad para darles herramientas para ayudar y dar consejo a otras mujeres de su vecindad.
“¿Qué es género y qué es violencia?”, les pregunta Yadira Cortés, coordinadora de proyectos de la ONG, a la decena de mujeres que siguen la charla ofrecida en el patio de la humilde casa de una de ellas.
Red Mesa de Mujeres lleva ocho años con este proyecto, que ha dado capacitación a 360 mujeres de 30 colonias (barrios) con altos índices en violencia contra las mujeres.
El proceso es lento -detalló a Efe- porque muchas de ellas, pese a ser mujeres fuertes, han sido “violentadas tanto por su pareja como por la comunidad o las instituciones”.
“He aprendido a tener autoestima, a valorarme, a empoderarme como mujer y a saber tomar decisiones sin dejarme manipular”, aseguró María Elena Mejía, de 55 años, vendedora con tres hijos, diez nietos y dos bisnietos.
Hoy soltera, todo lo que aprende lo transmite a “compañeras de trabajo y vecinas”. Y en esta labor escucha muchas problemáticas, desde celos del marido a insultos de la hija.
La clase avanza, y hoy escuchan la historia de Karla Ivonne, asesinada por su marido en 2016. Las futuras defensoras comunitarias no pierden pista y se hacen varias preguntas.
Entre sus funciones, está la de dar acompañamiento a mujeres que padecen violencia en casa. Incluso asistiéndolas en la difícil tarea de denunciar ante las autoridades.
En el taller afloran muchos sentimientos. Y al concluir la clase, hacen varios ejercicios de relajación, se sacuden y se abrazan.
Sobresale el espíritu de unidad, de red, que le da alas para continuar con su lucha diaria.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
