Dentro del Centro Penitenciario de Santa Bárbara, conocido como “El Pozo”, murieron seis personas que cumplían su condena al interior del centro por presuntos integrantes de la pandilla Barrio 18.
TEGUCIGALPA, 5 de julio (AP).— Integrantes de la pandilla 18, una de las más sanguinarias de Centroamérica, asesinaron a seis compañeros en uno de los módulos de la prisión de la ciudad de Ilama, en el norte de Honduras.
Un grupo de policías penitenciarios encontraron los cuerpos tirados en los pasillos al realizar durante la mañana una inspección de rutina en la cárcel ubicada en el departamento de Santa Bárbara.
“Tenemos a seis personas que han fallecido en ese centro penitenciario. Estamos realizando las investigaciones y requisa e incluso entrevistando a los coordinadores de los módulos para determinar el móvil del hecho”, expresó a medios locales el subcomisionado Marlon Lagos.
El oficial comentó que se desconoce la forma en que fueron asesinados los seis pandilleros, pero que las autoridades de Medicina Forense trabajan en la escena del crimen para poder determinar la causa de muerte.
— Secretaría de Seguridad Honduras (@SSEGURIDADHN) July 4, 2022
En el lugar de la cárcel donde ocurrió la matanza se encuentran privados de la libertad al menos 90 integrantes de la pandilla 18, dedicada al tráfico de drogas, sicariatos, secuestros y extorsiones a comerciantes y operadores de transporte.
La pandilla tiene vínculos con el crimen organizado en El Salvador, Guatemala y Honduras.
Las autoridades de la Policía Nacional no descartan que los seis pandilleros hayan sido ultimados por órdenes desde afuera de la cárcel de líderes de esa estructura criminal que están en libertad.
Los pandilleros imputados por el asesinato de tres elementos de la policía salvadoreña son presuntamente integrantes del grupo Barrio 18 o 18-S (Barrio 18 Sureños); el Presidente Nayib Bukele ha implementado una fuerte estrategia de seguridad para desmantelar pandillas en el país.
SAN SALVADOR, 1 de julio (AP).— El Presidente salvadoreño Nayib Bukele informó el jueves de la captura de tres pandilleros a los que acusan del reciente asesinato a balazos de tres policías cuando patrullaban en una populosa comunidad del oeste del país centroamericano.
“Cinco fueron los terroristas de la [pandilla] 18-S [Barrio 18 Sureños] que asesinaron a nuestros héroes. Uno de ellos fue herido en el enfrentamiento y está en custodia en un hospital”, informó el mandatario en su cuenta de Twitter. Otro pandillero murió en la operación de las fuerzas de seguridad, agregó.
Los pandilleros fueron localizados luego que fuerzas combinadas de la policía y del ejército realizaran allanamientos casa por casa en el municipio de Chalchuapa.
On Tuesday, 3 police officers were murdered by the 18-S gang.
The terrorists were apprehended today, but this was the message I gave that night.
With subtitles, so the international community understands what we are dealing with.
El martes, tres agentes de la policía, dos hombres y una mujer, murieron en una emboscada perpetrada en la comunidad La Realidad, a 56 kilómetros al noroeste de San Salvador.
En respuesta, Bukele amenazó con desatar todo el poder del Estado en contra de las pandillas, a las que persigue por todo el país en medio de un prolongado estado de emergencia puesto en vigor desde que se registraran en una jornada 62 homicidios a fines de marzo. Se trató de un nivel de criminalidad que no se había visto en El Salvador en años, según expertos.
Las autoridades aseguran que en tres meses se han detenido a 43 mil 567 presuntos pandilleros, una cifra considerable en un país de 6.5 millones de habitantes, y los funcionarios judiciales han decretado detención provisional para más de 36 mil, acusándolos por homicidio, extorsión y posesión de armas de fuego, entre otros delitos
Presuntamente un vehículo pasó disparando a la altura de la patrulla de los agentes, resultando en un saldo de tres agentes muertos y un miembro de la supuesta pandilla herido; “pagarán caro”, sentenció Nayib Bukele, Presidente de El Salvador.
MADRID/SAN SALVADOR, 29 de junio (Europa Press/AP).- Tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador han muerto este martes en la ciudad de Santa Ana, en el centro del país, en un supuesto enfrentamiento con miembros de una pandilla.
La investigación preliminar indica que los agentes se encontraban patrullando cuando un vehículo pasó a su altura disparando, según ha recogido el diario salvadoreño La Prensa Gráfica.
Asimismo, durante el tiroteo, un miembro de la supuesta pandilla habría resultado herido, ha informado el citado diario.
En respuesta a la muerte de los tres agentes, el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha anunciado que su Gobierno “arreciará” la “guerra contra las pandillas” y que el régimen de excepción continuará “hasta que terminemos con todos los pandilleros en el país y estén tras las rejas”.
“Vamos a arreciar esta guerra contra las pandillas y si pensaban ellos que se había desatado la fuerza del Estado sobre estos criminales, pues ahora van a ver de verdad lo que es desatar la fuerza del Estado a estos criminales. No vieron nada en estos dos meses y medio de guerra contra las pandillas, porque lo que viene es mucho mayor”, ha agregado el mandatario salvadoreño en declaraciones recogidas por ElSalvador.com.
No va a quedar en la impunidad el crimen cometido contra nuestros héroes de la @PNCSV, se continuará con el despliegue y las investigaciones para castigar a los responsables, sean autores materiales, intelectuales y financistas. #GuerraContraPandillaspic.twitter.com/TAxihbLNYp
— Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) June 29, 2022
El Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil identificó a los fallecidos como el inspector Carlos Mauricio Velásquez Rodríguez, y los agentes Franklin Antonio Lemus Mágico y Martha Lisseth Alas González.
“Van a pagar caro por el asesinato de estos tres héroes que dijeron su vida por proteger a la población”, dijo Bukele, añadiendo que los “pandilleros son tontos” si pensaron que asesinar policías obligaría al Gobierno a dar marcha atrás en su lucha contra estos grupos criminales.
“No vamos a retroceder. Y si ellos pensaban que se había desatado la fuerza del Estado sobre los criminales, pues ahora verán la verdadera fuerza del Estado”, advirtió.
Las 8 primeras ciudades del ranking hecho por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal están en México, siendo Zamora, Michoacán la que lidera la lista; otras como Cancún, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Ensenada, también figuran.
Por Chris Dalby, Parker Asmann y Gabrielle Gorder
Ciudad de México, 25 de marzo (InSight Crime).- El ranking de las ciudades más violentas del mundo en 2021 incluye, como era previsible, una fuerte presencia de los centros urbanos de América Latina y el Caribe. Los ocho primeros lugares de la lista se ubican enMéxico, y la región aporta 38 de las 50 ciudades.
Pero esto no significa que todas las zonas de América Latina estén en riesgo. La lista deja ver patrones o zonas que requieren más atención que otras. Desde el Valle del Cauca en Colombia, con tres ciudades en la lista, hasta los sitios turísticos mexicanos, donde ha habido un aumento en los homicidios, pasando por Ecuador, que desafortunadamente ha ingresado al ranking, hasta el noreste de Brasil, donde se concentra la violencia del país.
InSight Crime analiza las principales conclusiones de este informe, publicado anualmente por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal de México.
MÉXICO REPITE A LA CABEZA DE LA LISTA
Aunque el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal lleva años haciendo seguimiento a las 50 ciudades más violentas del mundo, México ha mantenido consistentemente un aumento de ciudades inmersas en la violencia sobre cualquier otro país. Y 2021 no fue distinto.
“México ya lleva tres años como epicentro mundial de la violencia homicida urbana”, y eso sin considerar los millares de desaparecidos anualmente, declaró la organización.
En 2020, la ciudad más violenta del mundo —Zamora, en el estado de Michoacán—estaba ubicada en México, al igual que ocho de las diez primeras de la lista, y 18 de las 50 ciudades incluidas en el estudio. Un notorio retorno a la lista en 2021 fue Cancún, la mayor atracción turística en el estado de Quintana Roo, sobre el Caribe, que no figuraba en la lista desde su primera aparición en 2018, en el puesto 13.
Zamora, Michoacán es considerada la ciudad más violenta del mundo según el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal de México. Foto: Juan José Estrada Serafín, Cuartoscuro.
En 2021, la ciudad costera representó más de la mitad (337) de los 651 homicidios contabilizados en el estado. Por años, una boyante industria turística ha promovido un desarrollo excesivo de la construcción y una urbanización acelerada, lo que ha contribuido al incremento de la violencia con la expansión del crimen organizado en este lugar.
Centros turísticos como Cancún son un imán para las redes criminales por varias razones. La afluencia continua de turistas mexicanos y extranjeros da a los grupos criminales cierto grado de anonimato, lo que les permite supervisar sus operaciones de narcotráfico y extorsión con mayor facilidad, blanquear las ganancias ilícitas adquiridas y eludir la acción de las autoridades, según un estudio académico publicado en 2020 por la investigadora Elisa Norio.
Recientemente, la violencia entre grupos rivales y sus intereses se ha vuelto más temeraria, por ejemplo, con enfrentamientos a tiros en la playa y asesinatos en pleno día. A mediados de marzo, las autoridades descubrieron un “cementerio clandestino” en la ciudad, que se presume tiene relación con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Paralela a esta violencia, también ha crecido la inseguridad general. En diciembre de 2021, Cancún fue una de las ciudades en las que sus habitantes reportaron una mayor percepción de inseguridad (85.5 por ciento), según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Enfrentamientos por parte de organizaciones criminales como el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) han contribuido a posicionar a ciudades mexicanas como de las más violentas del mundo. Foto: Juan José Estrada Serafín, Cuartoscuro
Sin embargo, la violencia no ha afectado exclusivamente a la cotizada Riviera Maya. Varias ciudades en el centro de México, situadas a lo largo de corredores de narcotráfico —como el centro manufacturero de Celaya, en Guanajuato, y el importante centro de producción agrícola de Uruapan, en Michoacán—, y ciudades en la frontera entre Estados Unidos y México, como Tijuana, en Baja California, y Ciudad Juárez, en Chihuahua, se contaron entre las 10 más violentas en 2021.
A finales de los años 2000 y comienzos de la década de 2010, Ciudad Juárez y Tijuana padecieron una violencia extrema, causada por una combinación de factores, como disputas por rentas del narcotráfico, corrupción de funcionarios del gobierno y las fuerzas de seguridad, la globalización y la urbanización. Pero después de que los homicidios se estabilizaron, desde 2018, ambas ciudades fronterizas de nuevo enfrentan repuntes en los homicidios.
En todo México, la violencia sigue planteando una amenaza importante para las ciudades a nivel nacional por cuenta de las organizaciones criminales, sus nexos con funcionarios públicos corruptos, importantes sectores económicos, como la minería y la agricultura, y estructuras de poder en continua evolución.
CENTROAMÉRICA QUEDÓ POR FUERA, NO POR MUCHO
Una característica significativa de la lista de ciudades más violentas fue la continua ausencia de El Salvador y Guatemala, aunque las dos ciudades más populosas de Honduras —su capital Tegucigalpa y San Pedro Sula— fueron los únicos centros urbanos de Centroamérica incluidos en la lista.
San Pedro Sula, en Honduras, se situó en el puesto 32, con 327 muertes violentas y una tasa de homicidios de casi 42 por 100 mil habitantes, mientras que la capital ocupó el lugar 39, con 481 asesinatos y una tasa de homicidios superior a 37 entre 100 mil habitantes, según el estudio. En 2021, el país presentó tres mil 651 homicidios en todo el país para una tasa de casi 39 muertes por 100 mil habitantes, lo que puso a este país como el tercero más sangriento de Latinoamérica y el Caribe para ese año.
A lo largo de 2021, las autoridades registraron al menos una masacre por semana, donde Tegucigalpa y San Pedro Sula concentraron cerca del 30 por ciento (16) de las masacres, según datos oficiales recopilados por el diario El Heraldo. Sin embargo, las posiciones de ambas ciudades han caído en los últimos años, pues San Pedro Sula se situó en el puesto 15 en 2019.
Una presunta alianza entre el Gobierno salvadoreño con grupos criminales como MS13 y Barrio 18 atribuyen un descenso en los homicidios en el país. Foto: Twitter @ComandoESA
En el vecino El Salvador, la caída récord de homicidios desde 2019 ha hecho que sus centros urbanos se alejen de la lista de ciudades más violentas. La última vez que la ciudad capital San Salvador hizo una aparición fue en 2018, y desde entonces ninguna ciudad salvadoreña ha estado en el listado.
Aunque el Presidente Nayib Bukele le atribuye ese descenso a su llamado Plan de Control Territorial y a los despliegues de ejército y policía, sus críticos han citado una crisis de desapariciones y la presunta evidencia irrefutable de negociaciones entre su Gobierno y las pandillas MS13 y Barrio 18 como una explicación de ese descenso.
No es la única vez que las negociaciones de las pandillas se reflejan en una disminución sustancial de la violencia. Una controvertida tregua de pandillas negociada por funcionarios de Gobierno en 2012, durante la administración del expresidente Mauricio Funes, también llevó a un marcado descenso de los homicidios, aunque la violencia no tardó en repuntar en cuanto se rompió la tregua.
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“El Faro” prueba la existencia de acuerdos entre Bukele y las principales pandillas del país. La investigación fue realizada por el fiscal Raúl Melara, cesado por Bukele. Los tratos serían reducción de violencia a cambio de beneficios penitenciarios y trabajo. pic.twitter.com/v6zXbF9Vti
Las actuales negociaciones también han mostrado señales de desgaste. De hecho, una oleada de violencia que dejó casi 50 homicidios en un lapso de 72 horas en noviembre de 2021 fue un crudo recordatorio de la velocidad con la que las pandillas pueden cambiar de tónica y escalar la violencia para apuntalar sus intereses.
Finalmente, el año pasado en Guatemala, los homicidios subieron alrededor de 10 por ciento después de una tendencia descendente, que se mantuvo por diez años. Aun así, los homicidios en Guatemala están hoy muy por debajo del pico que alcanzaron en 2009, cuando el país registró más de seis mil 500 homicidios, y la tasa de homicidios se situó en 46.5 por 100 mil habitantes.
El conflicto social y económico sigue siendo uno de los principales motores de la violencia en Guatemala, mientras que los homicidios también se concentran en zonas controladas por pandillas, en importantes corredores de tráfico de drogas a lo largo de sus fronteras con México, Honduras y El Salvador.
EL INGRESO DE ECUADOR
Esta es la primera vez que una ciudad ecuatoriana aparece en esta lista desde que comenzó a publicarse en 2013. Sin embargo, esto parecía inevitable. En Ecuador la tasa de homicidios aumentó en 2021 más rápido que en cualquier otro país de América Latina y el Caribe. Los asesinatos prácticamente se duplicaron año tras año, a medida que la guerra entre pandillas se salía de control.
La noticia causó consternación en Ecuador, donde funcionarios y expertos salieron de inmediato en su defensa. Gustavo Zúñiga, presidente de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG), dijo que Guayaquil no es una ciudad violenta sino que es “víctima del narcotráfico”. La ciudad y sus áreas vecinas registraron 621 muertes violentas en 2021.
Carlos Sevillano Páez, experto en seguridad nacional de Ecuador, criticó la inclusión de Guayaquil en el último lugar del ranking, y afirmó que, si se hubieran recibido datos precisos de países como Venezuela, Ecuador habría quedado por fuera de la lista.
El hecho de que Guayaquil merezca estar en la posición número 50 es irrelevante, dado el rápido deterioro de la situación en la ciudad.
Allí han surgido varias zonas críticas, cada una de las cuales contribuye al patrón de violencia generalizada. El puerto de Guayaquil, el principal punto de salida de la cocaína que se transporta por Ecuador, es un apetecido territorio criminal. Los barrios que se encuentran en el trayecto hacia el puerto se han convertido en focos de constantes enfrentamientos entre pandillas. Los Lagartos, uno de los grupos criminales más grandes del país, tiene su base en Guasmo Sur, justo detrás del puerto principal. Este se ha convertido en el sector más violento de Guayaquil, pues allí ocurren tiroteos de manera indiscriminada, tanto contra civiles como contra pandilleros. Los Rusos, una pandilla local, tiene como objetivo expulsar a Los Lagartos para controlar los cargamentos de cocaína que llegan a través de Guasmo Sur, y no les ha temblado la mano para asesinar con el fin de obtener lo que quieren.
Colinas de la Florida, en el noroeste de Guayaquil, ha sido testigo de múltiples tiroteos y masacres. En octubre del año pasado llamó la atención de manera especial, después de que el velocista olímpico Álex Quiñónez fuera asesinado a tiros allí.
Durán, un pueblo frente a Guayaquil, al otro lado del río, ha sufrido quizás la peor parte de esta plaga de violencia. En febrero de este año, se encontraron dos cuerpos colgando de un puente peatonal sobre una vía principal, una práctica que nunca se había visto en Ecuador. Las dos pandillas que según los rumores están involucradas, las Águilas y los Chone Killers, son parte de una guerra de pandillas que se está librando en todo el país.
El origen de esta guerra también se encuentra en Guayaquil, concretamente en la Penitenciaría del Litoral. En 2021, Los Choneros, el grupo criminal más grande de Ecuador, se fragmentó dado que varias subpandillas se volvieron contra la estructura principal. Como resultado se presentaron varias masacres terribles dentro del Litoral, incluso con el uso de armas de fuego automáticas y granadas. En febrero del año pasado, 34 prisioneros fueron asesinados allí. En septiembre, 119. Y en noviembre, otros 68.
No hay indicios de que la situación se esté apaciguando o mejorando. Y con casi 300 homicidios en Guayaquil y sus alrededores entre enero y marzo de 2022, Es posible que la ciudad termine este año más arriba en el ranking.
EL TRIPLETE DE VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA
Cuatro ciudades colombianas fueron mencionadas en la lista de 2021. Entre ellas destacan Buenaventura, Cali y Palmira, todas ubicadas en el departamento de Valle del Cauca. Por último, Cúcuta, capital del departamento Norte de Santander, también fue incluida en el puesto 46.
Valle del Cauca es estratégico para varias economías criminales, ya que bordea la costa Pacífica y el departamento de Cauca, un importante productor de coca. La ciudad portuaria de Buenaventura fue considerada como la decimotercera más violenta en 2021, a pesar de que no fue incluida en la lista de 2020.
Buenaventura es un punto de salida sobre las rutas de tráfico hacia Asia, Estados Unidos, Centroamérica y Suramérica, por lo que la ciudad es escenario de constantes disputas criminales. Dos personas son asesinadas cada tres días por casos relacionados a la extorsión, el robo y otras economías criminales, según la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
Expertos locales en temas de seguridad y defensores de derechos humanos han indicado que el aumento de violencia se debe a la presencia de una estructura narcoparamiliatar y una guerra entre dos facciones rivales de La Local –escisión de Los Urabeños.
La segunda ciudad colombiana en la lista con el número 24 es Cali, capital de Valle del Cauca, ubicada a dos horas y media del puerto de Buenaventura. Esta ciudad históricamente ha sido un centro de tránsito, lavado de dinero y narcomenudeo.
Andrés Villamizar, Ministro de Seguridad de Cali, describió la ciudad como un “microcosmos” de todas las problemáticas de seguridad en Colombia. Esto ayuda a explicar por qué Cali aparece constantemente en la lista de ciudades más violentas.
De hecho, la ciudad subió posiciones en la lista debido a un incremento del 13 por ciento en su tasa de homicidios en 2021. Alrededor del 80 por ciento de las pandillas de Cali están concentradas en solo seis barrios y en cinco de ellos crecieron los asesinatos de manera exponencial.
Palmira, ubicada a media hora de Cali, es considerada la tercera ciudad más violenta de Colombia y la número 34 en el mundo. Reapareció en el ranking de 2021 tras no ser incluida en el del año anterior.
En Palmira se ubica el Aeropuerto Bonilla Aragón, el más importante de Valle del Cauca. Las autoridades aseguran que de este aeropuerto constantemente salen aviones cargados con drogas y oro de procedencia ilegal. También se ha reportado que llegan armas estadounidenses destinadas a la ciudad de Buenaventura.
VIOLENCIA GENERALIZADA EN EL NORESTE DE BRASIL
Nueve ciudades de esta región se ubican en el ranking, lo que significa que el noreste de Brasil representa el 20 por ciento de la lista de 2021. A pesar de no ser la base de las distintas pandillas del país, varias organizaciones criminales han migrado a esta zona con el objetivo de buscar el control del flujo de drogas desde Bolivia y Paraguay hacia el Atlántico.
Desde el 2016, el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital – PCC) y el Comando Rojo (Comando Vermelho – CV) –las principales amenazas criminales del país– han destinado importantes recursos humanos y financieros para controlar el noreste. Sin embargo, ninguna ha conseguido dominarlo.
Ambas organizaciones se han topado con la resistencia de grupos locales fuertemente enraizados, que han robado cargamentos o reivindicado las rutas. Guardianes del Estado (Guardiões do Estado – GDE), una facción criminal con presencia en el estado de Ceará, ha sido la más exitosa en detener el avance de las dos organizaciones. Con el CV se disputa de manera sangrienta la ciudad de Fortaleza, ubicada en el número 29 del ranking.
Ocho ciudades mexicanas figuran en el ranking de las más violentas del mundo. Seis de ellas ocupan los primeros lugares. Información: Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, México. Foto: InSight Crime.
El CV también tiene otras batallas en la región. Por ejemplo, en Salvador (número 28) se enfrenta a una facción criminal conocida como Tropa do A. Este grupo es responsable de varios homicidios en el estado de Bahía y está conformado por remanentes de una pandilla local que fue forzada a integrarse al CV.
La ciudad portuaria de Natal, la principal salida de cocaína en esta región, también es escenario de disputas. Al igual que en Guayaquil, en esta ciudad ocurren cientos de homicidios cada año, lo que indica que el control de los barrios cercanos al puerto es indispensable para aquellos que busquen transportar, controlar o incluso robar cargamentos de droga.
Esta semana se han cumplido dos meses desde que miles de miembros activos de la MS-13 y de las dos 18 están conviviendo en las mismas celdas. No ha habido reporte de muertes ni incidentes.
Por Majo Siscar
El Sakvador, 5 julio (elDiario.es).- Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Miles de presos apelotonados uno tras otro, en plena pandemia. Todos con la cabeza rapada, descalzos, sin camiseta, vestidos únicamente con pantalones cortos y hacinados en cárceles que triplican su capacidad. El menor de los problemas era que no se cumpliese la distancia social. Por primera vez en dos décadas, El Salvador decidió juntar en tres de sus prisiones a sicarios de las tres pandillas mayoritarias y enfrentadas a muerte entre sí, la Mara Salvatrucha 13 (MS-13), y las dos facciones de Barrio 18, Sureños y Revolucionarios, que desde el 2002 tenían espacios diferenciados dentro de las prisiones para evitar asesinatos entre ellos.
Esta semana se han cumplido dos meses desde que miles de miembros activos de la MS-13 y de las dos 18 están conviviendo en las mismas celdas. No ha habido reporte de muertes ni incidentes. Un portavoz de la Mara Salvatrucha en El Salvador ha explicado a elDiario.es cómo se ha gestionado en el interior de las prisiones el “castigo” del Gobierno salvadoreño.
“El Estado nos metió así pensando que nosotros íbamos a caer en su juego”, sostiene el hombre vía telefónica, reticente a dar su nombre real por razones de seguridad. Se hace llamar ‘Presente’, su taka o alias en la pandilla.
“Nos metió así pensando que nos íbamos a matar unos con otros, porque somos rivales, creyendo que íbamos generar un caos… Pero somos seres humanos y podemos pensar así que rápido, ligero, nos pusimos de acuerdo”, detalla Presente para describir los meses de convivencia entre sus compañeros y sus rivales: “Y ahí estamos, revueltos pero tranquilos, tenemos reglas y normas entre nosotros”.
Presente habla desde la capital del país, San Salvador, en nombre de toda la organización, incluidos sus homies (compañeros) presos. Nos contacta a través de otro compañero suyo, preso en España. Para poder hablar con Presente pasamos varios filtros, muchas preguntas y varios días hasta llegar al representante designado. En otros momentos, los presos podían, ilícitamente, hacer llamadas desde la cárcel, ahora, desde que los juntaron, les han cortado casi cualquier vía de comunicación con el exterior. Solo les quedan algunos métodos rudimentarios para hacer llegar algún mensaje a los miembros de su organización que no están encarcelados.
Las pandillas no van a detener el trabajo que estamos realizando por cuidar la vida de los salvadoreños. Vamos a ir tras estos grupos criminales. pic.twitter.com/nVIGhIITMw
A sus 34 años, Presente, como casi cualquier marero vivo de su edad, también ha estado preso. Él cumplió condena en Zacatecoluca, la prisión de máxima seguridad de El Salvador, donde históricamente han encerrado a los líderes de la Mara Salvatrucha 13 (MS13).
La MS13 es la pandilla más grande y violenta del mundo, la que nació en los años 70 en California, y ahora es considerada una organización terrorista internacional. Aunque de cerca se parece más a un ejército de chicos pobres que se enriquecen con el narcomenudeo y la extorsión. En este país de 6.5 millones de habitantes, tan poblado como la Comunidad de Madrid, la MS13 tiene 40 mil miembros repartidos por todo el territorio. Se organizan en los barrios y asentamientos urbanos a través de clicas, la unidad mínima territorial que goza de autonomía operativa y que le rinde cuentas al programa, una mesa regional sobre la que ya se erige la organización nacional o Mesa de la Ranfla.
Las clicas han dividido ciudades y el país entero en miles de fronteras invisibles, donde quien vive en un barrio controlado por una clica de la MS13, aunque no seas parte de la organización, no puede cruzar al barrio contiguo si lo controla una de las pandillas rivales, a riesgo de ser asaltado, golpeado o hasta asesinado.
Con esta ley del terror, cada pandilla se asegura el control de su territorio donde pueden estar tranquilos con sus familias y hasta conseguir prebendas para sus vecinos. Después de 30 años de existencia en muchos barrios, pandillas y vecindario tienen una relación simbiótica, los mareros necesitan al barrio para sobrevivir y el barrio muchas veces necesita a la pandilla. Como ha ocurrido durante la pandemia. Durante el estado de emergencia en El Salvador, los pandilleros han repartido víveres y han impuesto, demasiadas veces de malas formas, que la gente cumpla el confinamiento.
El Gobierno salvadoreño decretó el 15 de marzo el estado de emergencia, que ha mantenido al país confinado durante cerca de tres meses. El cese de la actividad económica, sumado a las tormentas tropicales Cristóbal y Amanda que dejaron 30 muertos y a más de 12 mil 600 personas sin casa, han disparado el hambre en un país donde la tercera parte de su población vive en la pobreza.
“Somos una estructura pensante, los más grandes de aquí, los más organizados y no solo para cosas malas, también para cosas buenas”, dice Presente, quien tiende la mano al Gobierno salvadoreño. La relación entre las pandillas y la administración de Nayib Bukele, que acaba de cumplir un año, es opaca. Los dos gobiernos anteriores del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) intentaron acuerdos con las pandillas para pacificar el país.
En 2012 se negoció una tregua que no llegó a cumplir los dos años. Su fracaso y la implementación de políticas de mano dura tuvo un importante coste para El Salvador. Las pandillas escalaron la violencia hasta convertir el país en el más violento del mundo. Uno de cada mil salvadoreños era asesinado en 2015 y esta tasa casi se duplicaba en la capital, San Salvador.
Desde la llegada de Bukele al poder, los homicidios han descendido en un 60 por ciento, un logro histórico. El gobierno asegura que es gracias a su Plan de Control Territorial, del cual no hay apenas información pública y ha sido puesto en entredicho el último fin de semana de abril, cuando 70 personas fueron asesinadas, casi una cada hora; pese a la restricción de movimientos y con 50 mil policías y militares desplegados en la calle. “Fue un golpe sobre la mesa de las pandillas, que saben que la violencia es su poder de negociación con el Gobierno”, asegura la experta en Seguridad y Violencia, Jeanette Aguilar.
El Presidente Nayib Bukele respondió públicamente con la vieja receta de mano dura. Autorizó a la Policía y al Ejército a disparar a matar. “El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o de la vida de los salvadoreños”, dijo Bukele a través de su cuenta de Twitter, como suele hacer los anuncios oficiales quién se ha ganado a pulso el apelativo del “Presidente millenial”. Ese mismo día decidió juntar en las prisiones a miembros de las tres pandillas mayoritarias y enfrentadas a muerte entre sí. “De ahora en adelante, todas las celdas de pandilleros en nuestro país, permanecerán selladas. (…) Estarán adentro, en lo oscuro, con sus amigos de la otra pandilla”, tuiteó el mandatario. En El Salvador se calcula que, entre todas las pandillas, hay 60 mil miembros, de los cuales l6 mil están presos.
“En las cárceles aguantamos hambre, golpes, nos tratan peor que los animales ya usted ha visto como los andan…”, describe Presente. “Los tiene tan solo en bóxers, sin comunicación, con una puerta sellada para que no les entre ni un rayo de sol al día, todos hacinados, solo con las mascarillas clínicas”, dice el MS-13.
El portavoz de la Mara Salvatrucha sostiene que, aunque hay un área destinada para gente enferma, la saturación dificulta la atención médica. “Si normalmente no se da abasto, ¿ahora? El año pasado murieron muchos hermanos presos de tuberculosis, imagínese con lo que estamos viviendo ahora… uno está como agonizando en vida”, relata Presente. Pide al Gobierno que se replantee la medida.
“Violando nuestros derechos, el país no vive mejor”
“Nosotros como mareros no pedimos nada más que nos respeten los derechos humanos. Somos delincuentes, pero también somos salvadoreños. El gobierno se debería poner a analizar que violando nuestros derechos el país no vive mejor”, dice el marero.
Roberto Valencia, periodista que ha cubierto el fenómeno de las maras durante una veintena, asegura haber accedido a un documento firmado por las tres pandillas para ratificar su convivencia en el interior de las cárceles. “Ahora tenemos una reglas de convivencia dentro de las prisiones”, dice Presente. Cuesta imaginárselo, cuando se trata de pandilleros rivales. Durante años, se han matado unos a otros.
“Sí, esas rivalidades están, pero ahí dentro no le vamos a dar gusto al sistema”, reitera el joven. “Ahí nosotros convivimos. Si ha habido un problema en alguna ocasión en las calles, no se puede reactivar en la cárcel aunque se quiera. No se puede”, añade. Pero, una cosa es la presión. Otra, las calles.
La tregua no se replica afuera. Solo que, durante la pandemia, cada pandilla está viviendo “en tranquilidad, en su territorio”.
Valencia, que entró a grabar en las celdas el pasado mes de mayo, vio como los rivales convivían hasta el punto de llamarse “amigos” entre ellos. “Si me dicen a mi hace unos años que iba a ver eso, apuesto dinero a que no”, explica el periodista.
Articuladas frente a un enemigo común: el Estado
“Desde 2010 hemos visto cómo las pandillas han logrado articularse entre ellas contra el Estado, su enemigo común. Ahora esta decisión en las cárceles puede favorecer más la cohesión de las bases pandilleras, al margen de sus rivalidades históricas”, contextualiza Aguilar.
“Así pasó en la década pasada ante las políticas de mano dura, cuando las pandillas contestaron usando la extorsión hasta convertirse en las redes de economía criminal que son ahora. Si ahora se fortalecen las estructuras pandilleriles desde las prisiones (dónde están muchos de sus líderes), se pueden convertir en estructuras que funcionen como un solo cuerpo frente al Gobierno. Esto dejaría el país en una posición menos favorable, es un mal cálculo de Bukele”, alerta la investigadora Aguilar y da ejemplos de otras intentonas fallidas. Si en algo son buenas las pandillas es en su capacidad de adaptación.
“Nosotros ya teníamos en mente que un día el gobierno podría hacer esto. Pero aquí está muy equivocado con la población que tenemos adentro. Es una decisión caprichosa y no podemos poner nuestro grano de paz nosotros así, el Gobierno en la actualidad nos sigue matando día tras día”, agrega Presente, antes de envíar por Telegram noticias de mareros muertos en manos de la Policía.
En el informe del primer año de gobierno de Nayib Bukele, el Ministro de Seguridad de El Salvador, Rogelio Rivas se congratulaba de sus resultados. “Hemos cerrado un año sin precedentes en la historia de El Salvador en seguridad pública. El mes de mayo fue el más seguro en la historia del país, con 64 homicidios. Y hoy puede ser el segundo día del mes sin ningún homicidio”, decía el jueves 4 de junio. Menos de 24 horas después y a 50 kilómetros de donde se reúne el Ejecutivo, la policía salvadoreña asesinaba a un pandillero apodado El Dreamer, de la Mara Salvatrucha 13 (MS13). No hubo ningún escándalo, ni manifestaciones contra la acción policial, su muerte fueron apenas unas líneas publicadas en prensa.
¿NUEVOS ACUERDOS ENTRE EL GOBIERNO Y LAS PANDILLAS?
Junio se terminó, al igual que mayo, con apenas dos asesinatos diarios en El Salvador, un hecho a celebrar en el mismo país que el último fin de semana de abril asesinaron a una persona cada hora o donde en 2017 se asesinaba a 10 personas al día. Expertos como Aguilar señalan que el descenso se debe a un pacto bajo el agua entre el actual gobierno y las pandillas. Otras dos fuentes off the record apuntan en la misma dirección. Desde la MS13, Presente rehuye hablar de pactos. “Acuerdo así tal vez no hay, pero sí un acto de buena voluntad por parte de nosotros. Nosotros estábamos de manos cruzadas, queríamos ver qué esperanza o oportunidad traía el nuevo gobierno pero ahora llegó su primer año y las cosas no han cambiado para nosotros”, dice.
La propia ONU ha pedido a Bukele que revise sus actitudes autoritarias. Por ejemplo, durante el inicio de la pandemia, dio orden de detener y encerrar 30 días en instituciones gubernamentales a todo aquel salvadoreño que se saltase el confinamiento domiciliar –pese a que el poder judicial se opuso– y se han sucedido las detenciones arbitrarias y los encierros de aquellos que se atrevieran a salir incluso a la gasolinera, durante la cuarentena. No es el único giro militarista, en febrero el presidente quiso forzar una votación en la Asamblea Legislativa –controlada por la oposición– tomando el pleno con soldados y policías armados.
Al cumplir un año de su mandato en junio, Amnistía Internacional (AI) pidió a Bukele, en una campaña pública, un “giro radical” en su mandato y que fortalezca el Estado de Derecho en un país que todavía tiene fresca en la memoria una sangrienta guerra civil de más de 12 años. En la misma línea considera que la nueva política hacia los pandilleros en las prisiones es un “despliegue mediático y propagandístico”. “Mostrar a las personas privadas de libertad en esos contextos de hacinamiento, maltrato y humillación, genera popularidad porque la gente está harta de la violencia, pero no ve que eso es un reflejo del poco respeto a los derechos humanos de este gobierno”, señala Erika Guevara Rosas, directora de AI para las Américas, quien explica que el presidente fomentan una estrategia militar ante cualquier problema social.
Mientras tanto el apoyo popular al presidente se mantiene en más del 90 por ciento y hasta desde la Mara Salvatrucha, Presente se resiste a criticarlo severamente. “Ha hecho mucho por la gente pero a nosotros nos da la espalda” y no descarta que si el gobierno les da su lugar “el acuerdo en las cárceles puede venir aquí a las calles y vivir en paz todos”, concluye Presente y asegura que él quisiera que sus hijos estudiaran y no entrasen en la Mara.
Pero el descenso de los homicidios no ha comportado un debilitamiento de las pandillas, que siguen practicando los mismos niveles de extorsión para financiarse. Solo el confinamiento militarizado durante la COVID-19 habría frenado los cobros ilícitos de las pandillas, que extorsionan desde empresarios hasta cualquier negocio pequeño pasando por los autobuses o los comerciantes ambulantes.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen para América Central y el Caribe las pandillas tendrías pérdidas de ingreso porque gran parte de esta economía no estaba operando y eso les obligaba a cambiar de estrategia. El principal diario salvadoreño en papel, La Prensa Gráfica, pone de ejemplo que los taxistas seguirían pagándoles la extorsión, pero a través de transferencias bancarias.
Desde la Mara Salvatrucha, Presente no quiere hablar de eso aunque entiende que una gran parte de la sociedad salvadoreña les tiene rencor. Otra las asume como parte de sus males. “En nuestras comunidades, la gente está con nosotros, convivimos en armonía”, se atreve a decir el pandillero. Con orgullo, manda fotos de las bolsas de alimentos que han repartido durante la pandemia. Es la cara del otro lado de la actitud de las pandillas durante la pandemia. La cruz se encuentra, por ejemplo, en uno de los vídeos difundidos durante el estado de emergencia que mostraba a unos adolescentes mareros amenazando con un bate a los vecinos que osasen romper la cuarentena. Zanahoria y garrote.
Entre sus pertenencias, los integrantes de la pandilla portaban un arman larga tipo AK-47 “cuerno de chivo”, dos cargadores y 78 cartuchos útiles.
Ciudad de México, 20 de abril (SinEmbargo).- Como parte del operativo Frontera Segura, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas detuvo a tres hombres y una mujer, presuntos integrantes de la pandilla “Barrio 18”.
En un comunicado, la Fiscalía explicó que tras una denuncia ciudadana, elementos de seguridad de los tres niveles de Gobierno lograron el arresto en la colonia Jazmines del municipio de Tapachula.
Los cuatro sujetos, que viajaban en dos motocicletas, fueron identificados como Roberto “N” originario de Nicaragua; Eduardo “N” de Guatemala; José “N” y Rosbeli “N”, ambos de origen mexicano.
#CeroImpunidad
Detiene grupo interinstitucional a cuatro “Barrio 18” con diversas armas de fuego en Tapachula
• En el marco del operativo Frontera Segura que se despliega en municipios de la Costa Soconusco. #SiempreAlLadoDeLaGentepic.twitter.com/CIEEQF6Pgo
Entre sus pertenencias, los integrantes de la pandilla portaban un arman larga tipo AK-47 “cuerno de chivo”, dos cargadores y 78 cartuchos útiles.
“Además de dos armas de fuego calibre 9 mm, un arma hechiza tipo (chimba) con dos cartuchos útiles calibre 16 y dos granadas de fragmentación”, precisó la Fiscalía en el documento.
Se les decomisaron un arma larga tipo AK-47 de las denominadas “cuerno de chivo”, dos cargadores y 78 cartuchos útiles. Foto: FGR Chiapas
Los detenidos fueron puestos a disposición del Fiscal del Ministerio Público de la entidad. La FGE investigará si los imputados son responsables de algún hecho delictivo comido en territorio chiapaneco.
Cámaras de seguridad captaron el asalto a una transeúnte en calles de la colonia Barrio 18 en la delegación Xochimilco. El robo fue realizado por un hombre que se transportaba en un bicitaxi de la zona.
Las RATAS de Xochimilco se MUEVEN con bici-taxi en el Barrio 18! ATENTOS NO bajemos la GUARDIA!!! pic.twitter.com/5KrmEVa8kk
Ciudad de México, 8 de junio, (SinEmbargo).- Una transeúnte fue despojada de sus pertenencias por un sujeto que se transportaba en un bicitaxi en calles de la colonia Barrio 18 en la delegación Xochimilco de la capital.
El acto fue captado por cámaras de seguridad de la zona y muestran al sujeto descender de un bicitaxi azul. Posteriormente, camina detrás de una mujer y al emparejarla en el paso la despoja de su teléfono celular.
Tras cometer la sustracción del móvil, el sujeto corre por varias calles hasta reencontrarse con el vehículo, mismo que usa para huir del lugar.
Se desconoce la identidad del individuo, así como de la víctima y si las autoridades correspondientes han iniciado la investigación del hecho.
Hasta el mes de abril y según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la capital se han levantado 36 mil 574 denuncias por robo.
La fuga se produce en medio de operaciones del Gobierno para trasladar reos de alta peligrosidad, entre ellos miembros de las pandillas rivales Mara-18 y la Salvatrucha (MS 13), a penales de alta seguridad recién construidos, dijeron autoridades.
La fuga se produce en medio de operaciones del Gobierno para trasladar reos de alta peligrosidad. Foto: Twitter @radiohrn
Tegucigalpa, 13 may (EFE).- Al menos 22 reos miembros de la pandilla Mara 18 se fugaron el jueves de la Penitenciaría Nacional de Honduras, 25 kilómetros al norte de Tegucigalpa, informó hoy el Instituto Nacional Penitenciario (INP).
Los reos fugados estaban confinados en el módulo “Escorpión” y son miembros de la “Mara-18”, indicó el INP en un comunicado este sábado, sin precisar detalles sobre cómo se produjo la fuga, el jueves en horas de la noche.
La directora del INP, Rosa Gudiel, dijo en cortas declaraciones a los periodistas que el caso está siendo investigado y que, como algunos de los prisioneros utilizan hasta dos nombres, no se ha podido precisar hasta ahora la verdadera identidad de cada uno de los reclusos que escaparon.
Extraoficialmente trascendió este sábado que durante la fuga uno de los reos habría muerto desmembrado, a lo que Gudiel respondió que no tiene información al respecto.
Medios locales de prensa también indicaron este sábado, sin identificar fuentes, que la fuga se habría producido en complicidad con guardias de la misma Penitenciaría Nacional, sobre lo que el INP tampoco ha dicho nada.
Lo único que confirmó Gudiel es que el director de la cárcel, coronel César Nájera, ha sido suspendido de su cargo.
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