La celda solar transparente desarrollada por los expertos consta de una capa de dióxido de titanio y una de óxido de níquel, dicha combinación hizo posible crear una célula solar eficiente y transparente.
Ciudad de México, 24 de enero (RT).- El uso masivo de células solares actualmente está limitado debido a su opacidad. Así, los paneles solares se pueden ver principalmente en tejados u otros lugares ocultos a los ojos del usuario promedio.
Un grupo de científicos de la Universidad Nacional de Incheon (Corea del Sur) se propuso resolver este problema y desarrolló una celda solar transparente, que en el futuro se puede integrar en las ventanas de casas, invernaderos o incluso teléfonos inteligentes, informa Tech Times.
Ese desarrollo permitirá que la energía solar sea más accesible para el uso masivo, creen los autores del estudio, publicado en la revista Science Direct.
scientists in South Korea create first ‘invisible solar panels’ that can be integrated into mobile phones // https://t.co/dIuNXboTGw
La celda solar transparente, desarrollada por los expertos coreanos consta de una capa de dióxido de titanio (TiO2), que sirve como absorbente de luz ultravioleta, y una capa de óxido de níquel (NiO), que se aplica para una alta transmisión de luz visible. El panel convierte la luz absorbida en electricidad.
Según uno de los autores del estudio, el profesor Jundong Kim, la combinación de semiconductores hechos de óxido de níquel y dióxido de titanio fue lo que hizo posible crear una célula solar eficiente y transparente.
La perspectiva de equipar ventanas en hogares e invernaderos con paneles solares podría dar un segundo impulso a la energía verde. Foto: sciencedirect.com
Estos semiconductores son bien conocidos por los diseñadores de paneles solares por sus propiedades. El dióxido de titanio (TiO2) tiene buenas propiedades eléctricas y no es tóxico en la producción. Con un alto grado de transparencia para el rango de luz visible, el dióxido de titanio es capaz de absorber luz ultravioleta. El segundo componente, el óxido de níquel (NiO), también es muy transparente.
Para evaluar la eficacia de la combinación en una célula solar, los autores del estudio realizaron varias pruebas. Como resultado, los experimentos han demostrado que el rendimiento del panel es del 2.1 por ciento. Hasta ahora, este es un resultado bastante bueno, dado que las células resultantes generan electricidad a partir de una parte muy pequeña del espectro de luz, señalan los investigadores.
El panel también es capaz de operar en condiciones de poca luz, permitiendo el paso del 57 por ciento de la luz visible, lo que hace que las células tengan una apariencia casi transparente.
En el futuro los desarrolladores esperan lograr una mayor eficiencia. La perspectiva de equipar ventanas en hogares e invernaderos con paneles solares podría dar un segundo impulso a la energía verde, estiman los científicos.
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador apuesta a alcanzar un sistema universal de salud para garantizar el acceso a tratamientos acorde a lo necesario. El primer paso es sustituir el Seguro Popular –creado por el ex Presidente Vicente Fox y adoptado por los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto– de manera gradual comenzando en ocho entidades de la República.
Especialistas en salud y ex funcionarios públicos reconocen que este programa, lanzado en 2004, fue una alternativa para los más pobres, pero al concentrarse más en una política de financiamiento, sus mayores deudas son la calidad de la atención médica a los ciudadanos y la falta de transparencia; sobre este segundo punto, la Auditoría Superior de la Federación detectó 7 mil 267 millones de pesos no comprobados de 2007 a 2017.
Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).- Más que un programa de atención médica, el Seguro Popular es un apoyo de financiamiento para los 53.5 millones de mexicanos más pobres sin acceso a seguridad social y, además, vulnerables a empobrecerse más por este tipo de gastos, consideraron especialistas del sector salud y ex funcionarios públicos.
Otra de sus fallas principales es la opacidad. Es uno de los programas que acumula más señalamientos en el manejo de recursos públicos.
El nuevo Gobierno federal, encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, planea sustituirlo en los próximos dos años por un sistema universal de salud administrado sólo por la Federación, ya que hoy está en manos de 32 sistemas estatales que difieren en sus capacidades para proveer servicios eficaces, oportunos y de calidad, consideraron los estudiosos consultados por SinEmbargo.
Los expertos ven como retos para esta meta de universalidad la mejora radical a la transparencia y la eficacia del uso de los recursos a nivel estatal para garantizar la calidad de lo requerido. Actualmente su cobertura alcanza la mitad de la población nacional.
“Mundialmente universalizar el sistema de salud es una decisión que desde finales de la década de 1970 se pretende alcanzar. La diferencia está en cómo”, dijo la doctora Nashielly Cortés Hernández, académica de Salud Pública en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “En términos de derecho es lo ideal para garantizar el derecho a la salud. Pero en términos técnicos se presentan muchas dificultades porque el financiamiento es limitado. Pero es lo adecuado en una sociedad tan desigual como la que tenemos en México”, consideró.
El Seguro Popular es un programa de apoyo financiero, pero ofrece lo mínimo por el límite presupuestal. El modelo del seguro social (IMSS, ISSSTE, Pemex) ofrece hasta lo que no tiene.
Las otras opciones para que el derecho sea universal es contar con un componente horizontal [cubrir toda la población] y otro vertical [no sólo tener derecho sino también de recibir lo que requiera según su enfermedad sin tope al tercer nivel que es la especializada], explicó la médico. “La propuesta del nuevo gobierno es atender según la necesidad y no la capacidad de pago de las y los usuarios, planteó la académica de la UNAM.
Los principales señalamientos contra el Seguro Popular es su bajo nivel de calidad, la iniquidad de atención y las irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos.
“El Seguro Popular tiene una deuda importante con la sociedad fundamentalmente en el tema de la calidad de los servicios, la cual es una responsabilidad no del Gobierno federal sino de los 32 sistemas estatales de salud con capacidades y desempeños diferentes”, dijo el investigador Carlos Moreno Jaimes, coautor del libro Seguro popular y federalismo en México (2014). “Cada estado ha montado una estructura organizacional y marco jurídico diferente y eso ha conducido a crear capacidades muy heterogéneas que lejos de ayudar a la desigualdad, la ha mantenido”.
El 27 de mayo de 2003, el entonces Presidente Vicente Fox presentó el Plan Maestro de Infraestructura en Salud y el Seguro Popular de Salud, que se llevó a cabo en el Centro Nacional de Rehabilitación en la CdMx. Foto: Eunice Adorno, Cuartoscuro
La otra autora, la investigadora Laura Flamand, agregó que “el problema son las graves historias que hay de descuido de recursos humanos o materiales insuficientes para proveer estos servicios de salud, y tiene que ver mucho con esta tensión que hay entre los servicios descentralizados y la provisión universal del derecho”.
Como ejemplo de la iniquidad, expuso que “si una niña o niño nace en Puebla, solo por ese hecho tiene el doble de probabilidad de morir el primer año de vida que si nace en Nuevo León. Esas iniquidades están manifestada en casi cualquier indicador de salud: recursos humanos, materiales, provisión de servicios preventivos o curativos”.
Entre las irregularidades encontradas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) están la transferencia de recursos a fines no autorizados por el Seguro Popular, la compra de insumos a sobreprecios y los pagos sin documentación comprobatoria.
Pero de cada 100 irregularidades administrativas, solamente ocho son sancionadas efectivamente, reveló un estudio de Impunidad Cero, por lo que recomendó simplificar la estructura financiera para que todos los recursos se gestionen de forma centralizada en la Comisión Nacional de Protección Social para la Salud.
“¿NI SEGURO NI POPULAR?”
El doctor Julio Frenk, el ex Secretario de Salud y quien impulsó este programa desde 2004 en el sexenio de Vicente Fox Quesada, pide que en vez de “desmantelar” al Seguro Popular se hagan cinco reformas para llevarlo a su siguiente nivel: legal (ya no ver a la seguridad social como derecho laboral), financiera (llegar al 7 por ciento del PIB y homologar un fondo único de aseguramiento), gerencial (separación de funciones), modelo de atención (calidad, integral y continuo) y participativa.
Vicente Fox tuiteó que cancelar el programa es “sentenciar a los más pobres a morir sin atención médica”.
En 2002, 3.7 millones de hogares mexicanos sin seguridad social habían incurrido en gastos catastróficos (más del 30 por ciento de sus ingresos) o empobrecedores para atención médica, expuso Frenk durante una ponencia en la Feria del Libro de Guadalajara de diciembre pasado. Ahora celebra que la incidencia de ese gasto bajó de 5.2 por ciento en 2004 a 2.1 por ciento en 2014 y empobrecedores de 3.3 por ciento a 0.8 por ciento.
Y aunque el gasto de bolsillo sólo se redujo de 52.4 por ciento en 2004 a 41.4 por ciento en 2015, no todo es catastrófico ni deja más pobre a la familia que debe atender una enfermedad. “En el 2000 la causa número uno por la cual la gente empeñaba sus propiedades o posesiones era para pagar cuentas de salud, la causa número uno de quebranto de empresas era porque no tenían seguro y había que pagar cuentas de salud; una catástrofe”, comparó.
La cobertura pasó de 5.3 millones de afiliados en 2004 a 53.5 millones en 2018, teniendo un pico de 57.3 millones en 2014, de acuerdo con la Comisión Nacional de Protección Social para la Salud, pero se depuraron los doblemente derecho habientes.
El Seguro Popular no cubre enfermedades, sino intervenciones específicas que considera puede financiar. Cubre el 100 por ciento de las intervenciones de primer nivel (dolor de estómago, cabeza, fracturas), el 95 por ciento de las razones por la que los mexicanos vamos al hospital (partos, apendicitis) y más del 80 por ciento de temas de especialidad (todos los cánceres, VIH). Las que no cubre, como la insuficiencia renal crónica, es por ser tratamientos costosos a largo plazo.
“El concepto clave es la protección (…) Se pasó de pensar la salud como un derecho laboral a pensarlo como un derecho universal de todos los habitantes del país; no debía demostrar el tener un empleo. La vida de todos los mexicanos vale lo mismo sin importar que sean asalariados o no”, enfatizó el doctor Julio Frenk.
“Ya está cubierta la mayor parte de la gente, aunque queda la que vive en lugares muy remotos de difícil acceso. Nos queda un 14-15 por ciento de la población todavía sin la protección social en salud”, reconoció.
Julio Frenk, ex Secretario de Salud encargado de implementar la primera etapa del Seguro Popular en 2004, habla del programa: “Si por seguro entendemos un mecanismo de protección financiera que hace que la gente no se arruine económicamente por pagar por su salud, por supuesto que es seguro”. Foto: Cuartoscuro.
En los últimos cinco años (2013-2018) se han dado 480 millones de consultas, hay 381 unidades médicas para enfermedades catastróficas, se han atendido 98.3 mil casos de niños con cuidados intensivos neonatales, 49.8 mil casos de cáncer de mama, 18 mil casos de cáncer cervico-uterino, 12.8 mil casos de cáncer infantil y 93.8 mil casos de VIH/SIDA, documentó con cifras oficiales.
“Cuando hablamos de que vamos a desaparecer el Seguro Popular hay que pensar qué pasa con esta gente; son tratamientos de muchos años por ser enfermedades crónicas. Acabar con estos fondos sería una catástrofe para las familias y las instituciones”, declaró.
“Cuando yo oigo que el Seguro Popular no es popular; perdón, es el programa más popular que hay: el 80 por ciento de los afiliados al Seguro Popular están en el decil de más pobres y de seguridad social (IMSS e ISSSTE) es el 4 por ciento. En contrario, hay un 9 por ciento afiliado en el decil de los más ricos”, debatió Julio Frenk.
“Ahora, ¿es seguro? El catálogo de lo que cubre muestra que conforme fue aumentado la afiliación de 2004 a 2018, se podían cubrir más prestaciones. Hoy en día son casi 300 intervenciones (grupo de enfermedades) y un catálogo muy numeroso de 700 medicamentos. Para la gente pobre, la causa principal de la catástrofe financiera es pagar por medicinas. En resumen, ofrece lo que es necesario en primero y segundo nivel (no hospitales especializados)”, agregó.
“Si por seguro entendemos un mecanismo de protección financiera que hace que la gente no se arruine económicamente por pagar por su salud, por supuesto que es seguro”, afirmó.
En la imagen, del 28 de octubre de 2010, el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa encabezó en Teapa, Puebla, el lanzamiento del programa “Consulta Segura” y entregó la póliza 41 millones del Seguro Popular. Foto: Eduardo Morales, Cuartoscuro
Sobre la actual falta de medicamentos en unidades de salud del Seguro Popular, la doctora Nashielly Cortés de la UNAM expuso que “hay una realidad material de qué tanto se pueden surtir los fármacos, y en ese sentido aunque el Seguro Popular estableciera un mínimo de fármacos a los que puede tener acceso, no garantizaba que estuviese presente a pesar de que fue de las fracciones del sistema de salud que tuvo un mayor incremento de presupuesto en los últimos años”.
La inversión en salud pasó del 5 al 6 por ciento del PIB en 2000-2005, aunque en los últimos años ha habido recortes que la hizo retroceder al 5.5 por ciento actualmente, documentó Frenk, quien negoció con el Secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz para aumentar 1 punto del PIB el presupuesto de salud, “el mayor aumento al sector de la historia”.
LA PROPUESTA DE UNIVERSALIDAD
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en diciembre que el llamado Seguro Popular “es evidente que no ha funcionado”, ya que “ni es seguro, ni es popular”, por lo que será sustituido por un sistema de salud pública universal que garantice la atención médica de calidad y medicamentos gratuitos.
Ante la fragmentación del sistema de salud, anunció que la Federación se hará cargo de todo el sistema de salud de manera gradual y eliminará los cuadros básicos de salud (los límites presupuestales para oferta de medicinas), por lo que comenzará el proyecto piloto en ocho estados con una inversión de 25 mil millones de pesos. Cada seis meses se van a incorporar ocho entidades más, de modo que en dos años se tendrá el nuevo sistema de salud pública.
“Esta sustitución se va a ir dando poco a poco. Es un proceso, los que tienen este Seguro Popular, aun no siendo atendidos como merecen, van a seguir incorporados al programa; es decir, no se quedan sin atención médica. Continúa el programa hasta que entre en funciones el nuevo plan de salud”, aclaró.
“El sistema nuevo va a incluir en lo básico, a quienes no tienen Seguridad Social y vamos, también, a mejorar los servicios del ISSSTE, del Seguro Social”.
Entre los 53.5 millones de afiliados al Seguro Popular y los beneficiados del seguro social, suman más de 120 millones de mexicanos.
El Primer Mandatario expuso que se va a garantizar atención de primer nivel en centros de salud y unidades médicas del Seguro Social; atención de segundo nivel (hospitalaria) en clínicas de la Secretaría de Salud de los gobiernos estatales; y en las clínicas del ISSSTE y del Seguro se van a atender emergencias, independientemente si son o no son derecho habientes. “Es muy triste lo que está sucediendo en centros de salud con los enfermos; la gente no tiene para comprar la medicina, no hay abasto de medicamentos”, dijo López Obrador.
AMLO anunció que la Federación se hará cargo de todo el sistema de salud de manera gradual y eliminará los cuadros básicos de salud (los límites presupuestales para oferta de medicinas), por lo que comenzará el proyecto piloto en ocho estados con una inversión de 25 mil millones de pesos. Foto: Cuartoscuro.
La investigadora del Colegio de México, Laura Flamand, afirmó que “la universalización es algo que el Coneval ha recomendado y que el gobierno de la Ciudad de México ha empujado. Sin embargo, nos faltan detalles. No se ha hablado con suficiente precisión de qué tipo de salud universal queremos y necesitamos para México”.
Además, “aún cuando mañana tuviéramos un sistema universal de salud, dada la heterogeneidad de los sistemas estatales seguiríamos teniendo un sistema profundamente desigual”.
López Obrador aseveró que hay medicamentos que se requieren, pero la gente no puede tener pese a una enfermedad grave, porque no está en el llamado cuadro básico. “Que ya no exista cuadro básico, que todos los medicamentos se puedan aportar a los enfermos. Todos los medicamentos. Estoy consciente de que hay medicamentos que no están en el cuadro básico, que son muy caros, pero se van a adquirir”, se comprometió.
La Dra. Nashielly Cortés de la UNAM explicó que “las instituciones de seguridad social (IMSS e ISSSTE) atienden más de 2 mil diagnósticos con muchísimas intervenciones por cada padecimiento, en cambio el Seguro Popular se compromete a garantizar sólo 287 intervenciones y varias de ellas referidas a una misma enfermedad (o diagnóstico), además de que el hecho de que estuviera en el catálogo de atención no implica que en la realidad se cubra esa intervención. Por ello, el Seguro Popular sólo es una medida para reducir el derecho, no para garantizar la atención. En esa lógica es mejor eliminar los cuadros básicos o minipaquetes, que eso es lo adecuado y ofrecer los tratamientos con relación a las necesidades de las y los usuarios. Eso exige que, para garantizar la oferta, se haga verdadera planeación administrativa porque el recurso económico es limitado, de modo que las estrategias de ahorro, como las compras consolidadas de fármacos, correspondan con las necesidades de la gente, pero sin limitar y hacer legal un derecho reducido, vinculado a los minipaquetes como el que supuestamente garantiza el Seguro Popular”.
“A un enfermo de diabetes se le ofrece la insulina (como parte de ese cuadro básico), aunque en su caso particular necesite otro medicamento”, ejemplificó.
Enrique Peña Nieto visitó el 14 de enero de 2015 el Hospital de la Mujer en Ciudad Juárez, acompañado del Gobernador César Duarte Jáquez, hoy prófugo de la justicia. Chihuahua tenía entonces más de un millón 500 mil afiliados al Seguro Popular. Foto: Presidencia
LAS IRREGULARIDADES EN RECURSOS
Uno de los problemas del sistema de salud es el de la corrupción, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Hay presupuesto suficiente. Como 90 mil millones de pesos para compra de medicamentos y de equipos y, sin embargo, no hay medicamentos en los centros de salud, en los hospitales”, enfatizó.
“Es que actualmente hacían su agosto los que vendían los medicamentos, hasta políticos se dedicaban a vender medicamentos por influyentismo. Entonces, se compraban muy caros los medicamentos, y por eso no alcanzaba. Y otro tipo de corrupción, como el entregar, aparentemente, los medicamentos en almacenes y no entregarlos, ingresarlos de papel”, acusó.
Para evitarlo, la Secretaría de la Función Pública estará pendiente en todas las adquisiciones y se contará con la intervención de la oficina de transparencia de la ONU en compras consolidadas de medicamentos y de equipo. Y, si no hay condiciones en el país para el abasto de medicamentos, se va a abrir la licitación para que empresas internacionales abastezcan de medicamentos el sistema de salud.
La organización Impunidad Cero reveló en el estudio “Irregularidades financieras del Seguro Popular en los gobiernos estatales”, publicado en octubre de 2018, que el modelo actual de financiamiento del Seguro Popular favorece la impunidad, pues su diversidad de fuentes (contribuciones de carácter federal, estatal e individual) fomenta la opacidad.
Entre los estados de Baja California, Chiapas, Estado de México, Michoacán y Oaxaca se manejan irregularmente alrededor de 3 mil 027 millones de pesos, observados por la Auditoría Superior de la Federación. Resaltan subejercicios, transferencia a otros fondos, pagos de conceptos no autorizados, pagos a personal que no se encontró en el centro de trabajo, pagos a personal sin contrato, pagos sin centro de adscripción, pagos que rebasan límite autorizados, o pagos a trabajadores comisionados al sindicato.
La Ley contempla sanciones de cuatro a cinco años de prisión y multa de mil a 500 mil días de salario mínimo a quien desvíe recursos del Seguro Popular, y si alguna entidad no comprueba el uso de recursos, al mes siguiente deja de recibir más dinero federal. Foto: Cuartoscuro.
El ex Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, Antonio Chemor Ruiz, lo reconoció en noviembre durante su comparecencia ante la Comisión de Salud de Diputados.
El legislador documentó que de 2007 a 2017 hubo transferencias a los estados por 491 mil millones de pesos. Luego de un proceso de comprobación, hubo 8 mil 566 millones de pesos que no se comprobaron y se denunció a la ASF, SFP y contralorías estatales. Al final quedaron 7 mil 267 millones de pesos no comprobados (el 1.6 por ciento del enviado en ese periodo) con acciones penales en investigación.
“Cuando llegamos en 2013 encontramos un sistema poroso que tenía complicaciones sobre la transparencia de los recursos enviados a las entidades federativas”, dijo.
Actualmente la Ley General de Salud obliga que una vez que la Secretaría de Finanzas recibió los recursos federales tiene cinco días hábiles para enviarlas a las oficinas administradoras de los servicios estatales de salud y, además, hay cuentas de banco específicas de tesorerías de la federación “por lo que no hay manera que lo desvíen sin que el gobierno federal se dé cuenta o que no haya consecuencias”.
La Ley contempla sanciones de cuatro a cinco años de prisión y multa de mil a 500 mil días de salario mínimo a quien desvíe recursos del Seguro Popular, y si alguna entidad no comprueba el uso de recursos, al mes siguiente deja de recibir más dinero federal.
“Retos hay muchos, es un sistema joven; hay que permitirle que madure y que siga creciendo en cobertura. Que exista una alternativa para poder dar una oportunidad a esta gente”, pidió.
“Tenemos que explorar varias alternativas. No creo que sea la única alternativa y es lo que he percibido del equipo del nuevo Gobierno federal: desaparecer el Seguro Popular. Me parece que están enfocados en encontrar esas áreas de oportunidad y encontrar cómo tener una mayor cobertura. El final es que cuesta todo esto”, determinó el ex Comisionado del Seguro Popular.
En número crecieron y también en la cantidad de recursos disponibles. Los fideicomisos se convirtieron en un instrumento que por su opacidad y la falta de rendición de cuentas, dejan más dudas que certezas, a tal grado que la próxima administración los incluyó en su plan de prioridades para cancelarlos.
Actualmente hay 374 fideicomisos que acumulan 835 mil 477.8 millones de pesos. Esa cantidad de dinero es equivalente al 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) o es 79 veces el presupuesto que en un año reciben para desarrollo social Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los tres estados que concentran más pobreza en el país.
De acuerdo con un estudio de Fundar, el 92 por ciento de los recursos disponibles en fideicomisos no tiene un control de vigilancia, es decir, 772 mil millones de pesos que en teoría deben ser utilizados para auxiliar a los gobiernos a impulsar áreas de desarrollo prioritarias y estratégicas.
Ciudad de México, 16 de julio (SinEmbargo).- El 25 de octubre de 2012 se creó un fideicomiso público para la aplicación del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el que se pretendían obtener recursos adicionales para salvaguardar la integridad de las personas que estuvieran en riesgo ante un contexto de violencia.
El mecanismo contempló la compra de telefonía, la instalación de equipos de vigilancia y seguridad en inmuebles, facilitación de autos blindados, escoltas e impartir cursos de autoprotección.
Los recursos pasaron de 52 millones de pesos disponibles en 2012 a 330 millones de pesos en 2017. Para 2018, la disponibilidad se redujo 68 por ciento, lo que refleja que se gastó gran parte del dinero en ese último año.
La investigación realizada por Fundar, concluyó que la información general y básica de este fideicomiso no cumplió con los requisitos mínimos de transparencia, como el uso y destino del dinero; que es mínima, confusa, poco accesible y no permite tener claridad sobre la administración, los gastos, las fuentes que alimentan el patrimonio del fideicomiso, ni los informes de evaluación y cumplimiento.
Y en cuanto a su efectividad, en los últimos seis años, 44 periodistas han sido asesinados y la organización Artículo 19 tiene registro de 2 mil agresiones a reporteros. Esos números ponen a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.
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José Antonio Meade Kuribreña y Luis Videgaray Caso, impulsores de los fideicomisos. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
El caso mencionado es solo una aguja en el pajar. Actualmente, 374 fideicomisos concentran 835 mil 477.8 millones de pesos, cantidad que equivale al 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) o a 479 veces el presupuesto que en un año reciben para desarrollo social Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
Y la principal sombra que cubre a estas herramientas financieras es la poca transparencia y la “mínima” rendición de cuentas, lo que complica rastrear el dinero y verificar el ejercicio de los recursos.
Sin embargo, cada año el Gobierno federal ha decidido gastar más en ellos de lo que tiene permitido: de 2013 a 2016, se gastó el doble de dinero de lo que el Congreso de la Unión había aprobado. Es un aumento de más del 79 por ciento, al pasar de 131 mil millones de pesos a 310 millones pesos.
Esas decisiones se tomaron bajo las administraciones de Luis Videgaray y José Antonio Meade Kuribreña en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como única figura fideicomitente.
Fundar Centro de Análisis e Investigación, luego de ingresar más de 2 mil solicitudes de información, detectó que la información sobre fideicomisos públicos se encuentra dispersa entre distintas entidades, está fragmentada, no es accesible y no cumple con un formato de datos abiertos y no cuida un lenguaje ciudadano.
La magnitud del problema está en que el 92 por ciento de los recursos disponibles en fideicomisos (772 mil millones de pesos) no tiene un control de vigilancia.
Incluso los fideicomisos están dentro de las prioridades del nuevo gobierno de México que será encabezado por Andrés Manuel López Obrador, en específico dentro de sus 50 lineamientos de austeridad en el que señala que “serán cancelados los fideicomisos y cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia”.
La única información a la que se puede acceder en fideicomisos son los montos generales de los ingresos y egresos. No hay información desagregada sobre los pagos realizados, estados de cuenta o las contrataciones, al resto sólo la Secretaría de Hacienda y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tienen pleno acceso.
“Esto en sí mismo es inaceptable pues en un Estado democrático de derecho es condición básica que las políticas públicas, y por ende los recursos que se destinan para implementarlas, estén sujetos al escrutinio público. Más aún en el marco de un gobierno que, dentro y fuera de sus fronteras se jacta de ser abierto y transparente”, señala el estudio de Fundar, “Fideicomisos en México. El arte de desaparecer dinero público”.
A nivel federal existen 374 fideicomisos públicos. En teoría, un fideicomiso funciona para auxiliar a los gobiernos a impulsar áreas de desarrollo prioritarias y estratégicas, como serían la infraestructura pública, las pensiones de los trabajadores, prevención o atención de desastres naturales o estabilidad financiera.
Sin embargo, los recursos públicos que se ejercen a través de los fideicomisos son usados de manera discrecional, con poca transparencia y poca rendición de cuentas, por lo que sirven como instrumentos para desviar recursos públicos que se ingresan a fideicomisos opacos o privados. Todo, lejos del escrutinio público.
Está también la participación de estancias privadas, que controlan 68 mil millones de pesos de los fideicomisos y sus operaciones son confidenciales. Santander es el banco que más dinero controla (34 mmdp), le sigue Banorte (18 mmdp), BBVA Bancomer (7 mmdp) y Banamex (3 mmdp).
De acuerdo con la ASF, estas instituciones bancarias tienen el derecho a realizar gastos que no son considerados como parte del gasto público; ellos tienen sus propios comités técnicos que son los que deciden sobre el uso de los recursos; no hay un plazo específico en el que el dinero deba gastarse y no hay ninguna instancia que supervisa el manejo del dinero y el cumplimiento de los objetivos.
La fiebre por los fideicomisos. Grafico: Fundar
LA CLAVE
Especialistas consultadas por SinEmbargo, coincidieron en que la próxima administración debería empezar con obligar que quienes administran los fideicomisos cumplan con los lineamientos ya establecidos en la Ley de Transparencia para que se pueda tener una radiografía de todos los movimientos que se hagan y así determinar si el mecanismo funciona para lo que fue creado.
Ahí entra la labor de la Secretaría de Hacienda.
Para Liliana Ruiz Ortega, investigadora del equipo de Gasto y Rendición de Cuentas de México Evalúa, es preocupante que se tengan más de 300 fideicomisos sin estructura frente a 19 que sí la tienen. Estos 300 no cuentan con una ordenamiento orgánico que se asimile a alguna entidad o dependencias de la administración pública federal; no tienen órgano de control interno, que es el que fija que las entidades o instancias cumplan con sus objetivos y disminuye la ocurrencia de irregularidades en gasto o de malos manejos.
La Secretaría de Hacienda es la que autoriza la creación de estos fideicomisos, entonces nadie revisa, aparte de esa dependencia, si es pertinente el objetivo de cada fideicomiso.
La ley establece que se justifica que la creación de fideicomisos sin estructura, si sirven para procurar algún interés nacional, pero de acuerdo con Ruiz, ese concepto es muy amplio y cualquier cosa se puede meter como de interés.
“Nadie revisa. La ASF, se mete después, cuando ya se ejercieron los recursos, pero no revisan todos y tampoco está involucrada en dar una opinión ante la creación de un fideicomiso. Primero se debe justificar muy atinada y adecuadamente de por qué se recurre a esa figura, y actualmente es lo que no encontramos”, comentó en entrevista.
Sarahí Salvatierra, investigadora del programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, señaló que se debe tomar en cuenta que en los marcos normativos de transparencia y rendición de cuentas hay disposiciones para garantizar que los fideicomisos sean abiertos y tengan cierta publicidad al menos de información básica disponible.
“Creo que es importante que se verifique y se vigile que se cumpla con lo que ya garantizan las leyes, las obligaciones de transparencia en la Ley General que disponen mínimos que ni siquiera se cumplen en muchos de los fideicomisos, como conocer desde la fuente que integra su patrimonio, cuál es el destino de los recursos de estos fideicomisos y verificar los comprobantes del gasto, verificar si son útiles. Es importante tener un buen diagnóstico de cuáles son los fideicomisos para que pudieran ser más opacos para darles mayor seguimiento y hacer un diagnóstico de si están cumpliendo con los fines para cuáles se crearon y verificar si son instrumentos adecuados para el fin para el cual se crearon”, comentó.
Para la investigadora de México Evalúa, preocupa que es que mucho del gasto para inversión el que se transfiere a fideicomisos y cada vez va en aumento sin que quede claro en qué se gasta, cuando ese dinero es un detonador de crecimiento y productividad en un contexto en el que hay una descomposición en la manera en cómo se gasta.
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Al momento, se tienen seis principales fideicomisos:
-Estabilización financiera: 318 mil millones.
-Apoyos financieros y otros: 134 mil millones.
-Infraestructura pública: 130 mil millones.
-Pensiones: 89 mil millones.
-Subsidios y apoyos: 69 mil millones.
-Prestaciones laborales: 28 mil millones.
“Cada vez es mayor la proporción de gasto en inversión que se ejerce a través de fideicomisos. El tema de que el gasto en inversión se esté manejando a través de fideicomisos preocupa porque volvemos a los mismo: son figuras poco transparentes. Uno de los primeros retos es analizar cuántos fideicomisos se tienen actualmente, cuáles funcionan, cuál es su objetivo y si los recursos deben seguir canalizándose a esos fideicomisos, si deben seguir operando o si se deben extinguir. Primero revisar su pertinencia y a la par, establecer mejores mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que actualmente no tienen”, agregó.
DEBE HABER RESPONSABILIDADES
Salvatierra consideró que los fideicomisos no deben forzosamente desaparecer, pero que sí es importante que el gobierno que tomará protesta el próximo 1 de diciembre revise los actuales en los que hay ciertas observaciones o ciertos indicios de irregularidades.
“Hay que tomar en cuenta el fin por el cual se crearon y si además ese fin afecta de alguna manera la garantía de derechos o a grupos sociales. Eso es lo más importante, no son solo instrumentos financieros, al final afecta la calidad de vida de las personas para las cuales se crearon estos fideicomisos […] Los fideicomisos no son malos, sino que hay que utilizarlos adecuadamente y evitar que se abuse de ellos de manera discrecional. Existen algunos fideicomisos que tienen recursos ociosos que no se están ejerciendo y cuyos fines no se están cumpliendo, entonces tiene que haber un proceso de extinción que está en la ley”, comentó.
Liliana Ruiz agregó que revisar los fideicomisos actuales es una tarea que corresponde a la actual administración.
“Es revisarlos para mejorar la rendición de cuentas. En 2015, 36 por ciento del gasto en la inversión física se ejerció a través de fideicomisos públicos, mientras que en 2013 fue el 17 por ciento. Y cada vez se van más recursos a fideicomisos. Hacienda te reporta en cada Cuenta Pública que hay menos fideicomisos sin estructura, que va disminuyendo la cantidad de fideicomisos, pero el monto no”, dijo.
“Si no se cumple adecuadamente, no está dando buenos resultados, no está garantizando las razones por las cuales se creó. Sobre todo si son fideicomisos para garantizar servicios o derechos a grupos sociales”, concluyó Salvatierra.
El próximo 1 de julio, México celebrará las elecciones más complicadas que haya vivido, sobre todo, por el amplio número de puestos en juego: la Presidencia de la República y más de 3 mil 400 cargos de elección popular. En este contexto, la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para el desarrollo del proceso democrático.
Sin embargo, sólo 272 de entre miles de aspirantes han presentado sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses en la plataforma ciudadana “3de3”.
Mientras que el 100 por ciento de los aspirantes a la Presidencia de la República (cuatro de cuatro) ha cumplido con este requisito ciudadano, el 61 por ciento de los candidatos (31 de 51) a Gobernador, el 15 por ciento de los aspirantes a Senador (84 de 564), además del tres por ciento de candidatos a una diputación federal (85 de 2 mil 923), ha declarado.
Entre los aspirantes a un cargo público que no han presentado su “3de3” se encuentran Claudia Ruiz Massieu, Cuauhtémoc Blanco Bravo, Damián Zepeda Vidales, Emilio Álvarez Icaza, Miguel Ángel Osorio Chong, Porfirio Muñoz Ledo, Tatiana Clouthier Carrillo, sólo por mencionar a algunos.
Ciudad de México, 28 de mayo (SinEmbargo).- Sólo 272 candidatos que aspiran a uno de los 3 mil 400 puestos de elección popular que estarán en juego el 1 de julio próximo, han presentado su declaración patrimonial, fiscal y de intereses: la famosa “3de3”.
Cuando se trata del discurso político, la transparencia y la rendición de cuentas son un tema sensible, e incluso los candidatos a puestos de elección popular se han atacado en los debates o en expresiones públicas de ser “opacos” o “corruptos”.
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información obliga a los funcionarios públicos a presentar declaraciones patrimoniales ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) –sean éstas públicas o no– con la finalidad de comprobar la congruencia de su evolución patrimonial, lo que descarta irregularidades y presuntos actos de corrupción. Pero los candidatos no están contemplados en la normatividad.
A pesar de ello, los aspirantes a un cargo de elección popular pueden presentar su declaración “3de3” por voluntad propia.
La iniciativa lanzada por Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), de acuerdo con la información de su portal oficial, “busca reconstruir la confianza ciudadana en la clase política, a través de la publicación de sus tres declaraciones de forma voluntaria, como muestra de su compromiso con la transparencia y rendición de cuentas”.
El cumplimiento de la “3de3”, aunque no es obligatorio, sí es visto, cada vez más, como una responsabilidad ética que genera confianza ciudadana.
A pesar de esto, sólo una minoría ha participado de la iniciativa. Entre los 272 aspirantes que sí han presentado sus respectivas declaraciones, se encuentran los cuatro candidatos presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya Cortés, Jose Antonio Meade Kuribreña y Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, “El Bronco”.
En cambio, 84 de 564 aspirantes a Senador (15 por ciento) y 85 de 2 mil 923 a Diputado federal (3 por ciento), ha cumplido con este requisito ciudadano.
De las nueve entidades que tendrán elección de Gobernador, hay 20 de 51 candidatos que no han hecho su 3de3 (lo que representa el 39.2 por ciento del total). En la Ciudad de México destacan la ecologista Mariana Boy Tamborrell, la panalista Purificación Carpintero Calderón y la independiente Lorena Osornio Elizondo.
En Morelos está Cuauthémoc Blanco Bravo y cuatro aspirantes más. En Veracruz, cuatro candidatos no lo han hecho, entre ellos, el morenista Cuitláhuac García Jiménez y el panista Miguel Ángel Yunes Márquez.
En el resto de los estados hay ocho aspirantes que no cumplen con este requisito no vinculante: tres en Chiapas – Rutilio Cruz Escandón Cadenas(Morena) y los independientes Jesús Alejo Orantes Ruiz y Lenin Ostilio Urbina Trujillo- y uno, respectivamente, en las entidades de Jalisco, Puebla, Tabasco y Yucatán.
Además, sólo 40 candidatos a Presidente Municipal (de 1 mil 613 alcaldías que están en juego) y 30 aspirantes a una diputación local (de 972 curules a disputar) han cumplido con la presentación de sus respectivas declaraciones.
Según el Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Mexicana, el 91 por ciento de la población no confía en los partidos políticos; el 83 por ciento no confía en los legisladores; y el 80 por ciento no confía en las instituciones del sistema judicial. Foto: Juan José Estrada Serafín, Agencia Cuartoscuro.
LOS ASPIRANTES AL CONGRESO
En el caso de los candidatos al Senado de la República, sólo 84 de 564 -registrados en la plataforma 3de3- han presentado su declaración. Y en el caso de los diputados federales, 84 de 2 mil 923 no han demostrado su compromiso con la transparencia.
Entre los priistas que no han hecho su 3de3 y que podrían terminar en la Cámara Alta, destacan el ex Gobernador mexiquense César Octavio Camacho Quiroz; la ex Diputada federal María Beatriz Pagés Llergo Rebollar; el ex Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong; la ex Canciller Claudia Ruiz Massieu; Vanessa Rubio Márquez, coordinadora de la oficina del candidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña; y la ex Gobernadora de Texcoco Beatriz Paredes Rangel.
También destacan los candidatos a una diputación plurinominal, el otrora Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, y el ex Secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava.
Del Partido Acción Nacional (PAN) -sin 3de3- destacan, como candidatos plurionominales al Senado, el presidente nacional del blanquiazul con licencia, Damián Zepeda Vidales, y el coordinador anticorrupción del PAN, Luis Felipe Bravo Mena. Y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el otrora secretario de la Comisión Interamericana de Derechos de Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza.
La ex Secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Zavala Peniche, y el ex Gobernador de Morelos, Marco Adame Castillo, tampoco tienen 3de3. Ambos panistas contienden por un escaño en la Cámara Baja.
Entre el grupo de candidatos sin declaración, también están el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Jorge Romero Herrera, y el presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, el diputado perredista Leonel Luna Estrada, ambos señalados por el presunto desvío de recursos para los damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017.
En el caso del Morena también hay candidatos al Congreso de la Unión que no han presentado, al corte del 25 de mayo, sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses en la plataforma de Transparencia Mexicana y del IMCO.
Destacan los aspirantes al Senado Olga Sánchez Cordero, quien fuera ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); la fundadora del PRD, Ifigenia Martínez; el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, Napoleón Gómez Urrutia; la ex comandante de la policía comunitaria de Olinalá (Guerrero), Nestora Salgado; y la cantante Susana Harp Iturribarria.
Y de los candidatos a la Cámara de Diputados, resaltan la coordinadora de campaña política de Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Clouthier Carrillo; la ex Diputada panista Gabriela Cuevas Barron; y el otrora presidente del PRD, Porfirio Muñoz Ledo.
En el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto se han documentado mil 986 agresiones contra periodistas, y además han proliferado leyes que criminalizan o restringen, de una manera u otra, el derecho a la libertad de expresión e información y la clara intención por reducir los espacios de reunión, asociación y participación pública vinculados al ejercicio de la protesta social. De esta forma, sólo en 2017, fueron asesinados 12 periodistas, el mayor número en los últimos 20 años, plantea el informe Anual 2017 de la organización Artículo 19.
Y, aún peor, el propio Estado mexicano se erigió como la principal fuente de peligro, en 48 por ciento de las agresiones contra periodistas participan funcionarios de los tres niveles de Gobierno. “De aquí emana una explicación razonable sobre el déficit de implementación de los mecanismos de protección y la prevalencia de la impunidad: el silencio derivado de la violencia es conveniente para el poder político”, plantea el documento denominado “Democracia simulada, nada qué aplaudir”.
Ciudad de México, 20 de marzo (SinEmbargo).– México sigue siendo el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina y los niveles de violencia a los que se enfrentan quienes buscan informar son sólo comparables con aquellos países en situación de guerra declarada, como Siria, afirma la organización internacional Artículo 19 (A19) en su Informe Anual 2017, denominado “Democracia simulada, nada qué aplaudir”.
La organización que cumple diez años con presencia en México, documenta 507 agresiones contra periodistas y 12 asesinatos en 2017, año de estudio del informe. Así, a lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto se han registrado mil 986 agresiones, contabiliza, y se ha convertido en el más violento del siglo XXI en México.
Además, destaca, del total del gasto pagado de enero de 2013 hasta diciembre de 2017 [que asciende a 40 mil 597 millones de pesos], el 55.96 por ciento fue destinado únicamente a 20 medios de comunicación (más de 20 mil millones) y el 44.04 por ciento restante a un total de 3 mil 108 medios de comunicación.
En este caso, Televisa concentra el 16.45 por ciento del gasto, Estudios Azteca, el 9.70 por ciento, y Starcom Worldwide el 3.20 por ciento del total.
Como candidato a la Presidencia de México y luego como Presidente, Enrique Peña Nieto no cumplió sus promesas de democratizar a los medios, de acabar con los monopolios de las telecomunicaciones ni de regular y transparentar la publicidad oficial, destaca. Por el contrario, “apretó las tuercas de los mecanismos de censura directa e indirecta. Además, su sexenio (2012-2018) ha sido el más violento de lo que va en siglo XXI en México”.
El contexto para los comunicadores y los mexicanos en general, afirma Artículo 19 es sombrío.
“En este país no hay nada más barato que la vida humana. Las masacres, las desapariciones, que ya se cuentan por decenas de miles, revelan un mismo patrón de impunidad”, afirma.
La violencia no ha cesado, plantea, y el ingenio para generar nuevas formas de violentar la libertad de expresión e información ha provocado una contracción continua del espacio cívico, ese donde participan, se expresan, se reúnen y se informan los mexicanos.
“Mientras que algunos seguimos luchando por buscar y encontrar información, otros mueren por difundirla y, para otros más, el problema no es hacerse de información, sino saber si pueden creer en ella. La evolución hacia el mundo digitalizado ha traído consigo que el espectro de la violencia sea más complejo, pero también ha permitido expandir las libertades y lograr que nuestra voz se escuche más allá de las fronteras de los ríos Bravo y Usumacinta”, explica.
CENSURA Y MEDIOS EN POCAS MANOS
Hay muchas formas de censurar a la prensa mexicana y de controlar la información, plantea el informe de Artículo 19.
Algunos de esos mecanismos son estructurales, como la publicidad oficial, la concentración de medios en pocas manos y las leyes mordaza, además de que la violencia extrema es un nuevo ingrediente.
“El cómo se hará callar al periodista depende de su región, de qué tan famoso es, de qué tan vulnerable sea su economía o contactos políticos. Las represalias van desde una demanda por daño moral hasta el asesinato y desmem- bramiento del cadáver del comunicador con el objetivo de paralizar de terror a sus colegas. La autocensura por miedo es muy barata y eficaz”, sostiene.
Además, la concentración de medios en pocas manos, en un puñado de familias, además de ser un buen negocio, hizo más fácil el intercambio de favores: concesiones y frecuencias por silencio y propaganda oficial.
“La televisión privada comercial llega a casi todos los rincones de México. Hay quien la tiene encendida todo el día. La TV se convirtió en nana, compañera, ‘maestra’ de los televidentes y para muchos fue la única fuente de información y entretenimiento. Ella marcaba qué era lo moderno, lo bueno, lo malo, los ideales de belleza o de éxito. La televisión tuvo tanto poder de penetración en los hogares, en los valores, en las cabezas y corazones de las personas, que se convirtió en un poder fáctico; su influencia fue y sigue siendo tal, que puede crear a una estrella de un día para otro o destruir la reputación de cualquiera en minutos. La TV incluso hace ‘juicios mediáticos’ convirtiéndose en juez y verdugo”, establece.
Enrique Peña Nieto, como Presidente, impulsó una reforma de medios que abarcaba a todos. Hubo muchos foros en los que diversos grupos de la sociedad civil y especialistas discutieron qué era necesario corregir, el cómo, el cuándo y el dónde. Tras intensos debates, se presentaron las conclusiones a los legisladores para elaborar la nueva ley de medios, pero sólo algunas fueron tomadas en cuenta. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión fue promulgada por el Presidente Peña Nieto el 14 de julio de 2014 pero, plantea Artículo 19, como dice el refrán: “El diablo se esconde en la letra chiquita”, pues exactamente eso pasó con las leyes secundarias que terminaron contradiciendo la misma Ley Federal de Telecomunicaciones.
“Hubo un enfrentamiento entre los monopolios de la televisión con el de la telefonía pero, al final, mal que bien, los intereses de los grandes consorcios quedaron asegurados, no así los de las radios comunitarias e indígenas; a éstas se les prohibió contratar publicidad de cualquier tipo, ya que supuestamente el gobierno les daría un financiamiento para su funcionamiento, para la compra de equipo y contratar a personal de base, etcétera, cosa que jamás sucedió. En cambio, el papeleo para obtener un permiso para una frecuencia se convirtió en un intencional laberinto burocrático con el claro propósito de desalentar el nacimiento de nuevas emisoras independientes. Muchas radios comunitarias se hartaron de las promesas no cumplidas y empezaron a emitir programas en sus idiomas, sin permiso. La represión llegó de inmediato y con lujo de violencia los osados comunicadores fueron encarcelados, golpeados, torturados, y el equipo decomisado o destruido”.
Como botón de muestra, el informe refiere tres ataques a tres emisoras comunitarias: dos en Puebla y una en el Estado de México: Axocotzin Radio 104.5 FM, Radio Zacatepec 100.7 FM y Radio Calentana Mexiquense 98.1 FM;1 en este último, un comando quiso asesinar a Indalecio Benítez, fundador y conductor de Radio Calentana, pero quien resultó muerto fue su hijo de 12 años de edad. Los responsables de los dos primeros ataques mencionados fueron funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en conjunto con la Policía Federal. Indalecio Benítez está convencido de que los culpables del asesinato de su hijo son miembros del crimen organizado.
“Al tiempo que a los grandes consorcios comerciales se les ofrecen frecuencias y concesiones, a las radios comunitarias se les niegan; estas últimas emiten información a la que de otra manera los pueblos no tendrían acceso. Muchas de ellas operan sin documentos y esto, según las leyes vigentes, es merecedor de una pena de seis años de prisión. Edison Lanza, relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y David Kaye, de la Organización de las Naciones Unidas, en visita oficial a México, en noviembre de 2017, lamentaron que México sea uno de los países con el mayor nivel de concentración de medios en la emisión, impresión y en línea. Los relatores señalaron que en el mercado de la radio, 70% de las estaciones privadas son propiedad de 10 medios de comunicación conglomerados y aún así son enemigos de las estaciones de la comunidad que solicitan espacios en el espectro radioeléctrico”.
LA PUBLICIDAD OFICIAL
La publicidad oficial no debe desaparecer, dice Artículo 19, debe entenderse como un mecanismo de comunicación sustentada en el derecho a la información.
Por tanto, el uso de la publicidad oficial debe transparentarse, limitarse y controlarse. Su adecuada regulación puede apostar al pluralismo mediático y al mantenimiento de muchos medios pequeños, medios de nichos, laboratorios de investigaciones periodísticas y medios sociales que garanticen la diversidad tanto en la propiedad como en los contenidos, añade.
“Sin embargo, en México, el presupuesto en materia de publicidad oficial se ejerce sin control y se usa para la promoción personalizada de distintas y distintos funcionarios y gobernantes, trascendiendo el ámbito de los derechos a la libertad de expresión y a la información, al control indirecto en las distintas líneas editoriales de los medios de comunicación. Bajo este esquema, la publicidad gubernamental es hoy, ante todo, una herramienta proselitista que desde la Secretaría de Gobernación controla campañas para crear per les aceptables para la ciudadanía votante”, afirma.
Además, hasta hoy, los entes públicos no tienen reglas a las cuales sujetar la asignación de recursos y el gasto se ejerce de manera excesiva, discrecional, arbitraria y discriminatoria.
Así, la publicidad oficial “condiciona las relaciones entre medios y gobiernos, promoviendo o eliminando la pluralidad de líneas editoriales, ya que numerosos medios en el país dependen de ésta para mantener la publicación de sus contenidos. La falta de criterios para la asignación de esta publicidad permite que los actores gubernamentales utilicen el dinero público para distorsionar las coberturas de medios y, finalmente, generar un desequilibrio en la contienda electoral visibilizando a las y los candidatos cercanos a quienes resguardan con este presupuesto la distribución de los recursos”.
Al respecto, aclara, es importante tomar en cuenta que si bien la publicidad oficial se da, precisamente, fuera de las campañas políticas, la asignación discrecional y arbitraria sí tiene un fin electoral y político.
Por ejemplo, en 2017, la sociedad mexicana fue testigo de los efectos que provoca la falta de regulación de la publicidad oficial durante los terremotos de los días 7 y 19 de septiembre de 2017, cuando los gobiernos federal y de las entidades de las zonas afectadas, lejos de utilizar la publicidad oficial como herramienta para informar de manera adecuada, eficaz y oportuna sobre las acciones que se desarrollaron después del desastre, utilizaron estos fondos para promover y visibilizar a las y los servidores públicos que acudieron a las zonas afectadas.
Los distintos canales de comunicación, principalmente los medios televisivos, abusaron de la difusión y el contenido de la “información” para emitir noticias manipuladas, generando así expectativas falsas y un estado alterado de la realidad ante la audiencia que consumía esa información, como fue el caso de “Frida Sofía”, la niña inexistente, menciona el informe.
En este contexto, hace más de cinco años, el Presidente Peña Nieto se comprometió a promover una iniciativa que transparentara el gasto de la publicidad oficial. Pero esto no sucedió.
Al contrario, el Presidente ha gastado más dinero en este rubro que ningún otro en la historia de México, casi 2 mil millones de dólares en los últimos cinco años.
Ese gasto sigue aumentando y, de acuerdo con las cifras sobre erogaciones de Comunicación Social de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el actual Gobierno federal gastó desde enero de 2013 hasta diciembre de 2017 más de 40 mil millones de pesos en publicidad oficial.
Artículo 19 destaca que del total del gasto pagado de enero de 2013 hasta diciembre de 2017 (40 mil 597 millones de pesos), el 55.96 por ciento fue destinado únicamente a 20 medios de comunicación y el 44.04 por ciento restante a un total de 3 mil 108 medios de comunicación.
En este caso, Televisa concentra el 16.45 por ciento del gasto, Estudios Azteca, el 9.70 por ciento, y Starcom Worldwide el 3.20 por ciento del total.
Otro dato relevante que se presenta en el informe es que las 20 dependencias que más gastan en este concepto concentraron durante los cinco años del análisis el 79 por ciento del gasto total, destacando como la principal institución ejecutora del gasto a la Secretaría de Salud con 3 mil 968 millones de pesos.
Además del gasto multimillonario que supone la publicidad oficial respecto a otros rubros presupuestarios, por ejemplo, el proyecto de presupuesto de egresos presentado por el Ejecutivo para el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que fue de 6 mil 644 millones de pesos, en 2017, las cifras preliminares del gasto acumulado y comprometido (de enero a diciembre) ya mostraban un sobreejercicio de 48 por ciento del dinero originalmente asignado para este concepto [4 mil 164 millones de pesos], “situación que muestra la falta de planeación respecto a la asignación que debe considerar un objetivo claro previo a las campañas y al impacto esperado y la asignación a modo por parte de quien controla el presupuesto”.
“La falta de transparencia del ejercicio del gasto mantiene pésimas prácticas de forma y de fondo, ya que a partir de un compromiso del Gobierno federal en el marco de la Alianza por el Gobierno Abierto, la Secretaría de la Función Pública pone a disposición del público de manera periódica el registro del gasto a la administración pública federal, pero con una enorme complejidad e inadecuada accesibilidad ciudadana
“El panorama de la impunidad en el ejercicio del gasto se consolida, incluso, después de la aprobación de la Ley General de Transparencia, ya que es responsabilidad de todos los sujetos obligados –incluyendo los medios de comunicación que reciben y ejercen recursos públicos– mostrar el gasto en la materia, sin embargo hasta el momento sigue sin aplicarse la Ley descrita”, expone el informe de la organización internacional.
#DatosCerrados | Cuando la constituyeron en 2011, se calculaba que en el país había diez mil personas desaparecidas en la vorágine generada por la guerra en contra del crimen organizado. Siete años después, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas debe atender un paisaje con 30 mil seres humanos sin paradero conocido, según cálculos oficiales y no oficiales. ¿Cómo está buscando esta comisión a los desaparecidos? ¿Cómo está gastando el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que se le adjudicó? Por ahora, no es posible saberlo. Esos temas forman parte de los 500 expedientes que la comisión clasificó como reservados en siete años de trabajo.
Cuando en 2012, Enrique Peña Nieto recibió la banda presidencial, ese órgano tenía 258 con esa categoría. Hoy, a poco menos de seis meses de la conclusión del presente Gobierno, hay 500 asuntos con tal clasificación. En otras palabras, la oscuridad en la atención a las víctimas de la violencia creció en 93.7 por ciento.
Ciudad de México, 17 de marzo (SinEmbargo).- El secretismo en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el órgano creado en 2011 para aliviar las afectaciones de la guerra en contra del crimen organizado, se agudizó en el presente sexenio. Cuando en 2012, Enrique Peña Nieto recibió la banda presidencial de su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa, ese órgano tenía 258 expedientes “reservados”. Hoy, a poco menos de seis meses de la conclusión del Gobierno hay 500 asuntos con tal clasificación.
En otras palabras, el paquete de asuntos de ese órgano cuyo encargo es aliviar la pesadumbre de las víctimas de la violencia, creció en 93.7 por ciento durante la presente Administración federal, dato que lo convierte en una de las entidades públicas más proclive a poner bajo llave sus asuntos, según el Índice de Expedientes Reservados (IER) del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Esa creciente reserva de información ha puesto oscuridad en la atención a las víctimas de la violencia en México. Por ejemplo, ¿cuál es el protocolo que sigue para buscar a los desaparecidos? Los ciudadanos no pueden saberlo por ahora. Se trata de uno de los expedientes reservados y no se abrirá hasta 2025. La clasificación la adquirió el 15 de febrero de 2013 y la CEAV dio como argumento que revelarlo encontraba “relación directa con temas de prevención y persecución de delitos, estrategia procesal e impartición de justicia”.
Una de las responsabilidades legales de la comisión es la reparación del daño mediante una indemnización económica. Para ello, tiene bajo su administración el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Y otro de los expedientes bajo reserva es el CEAV/CIE/0012/2016 que se refiere a la distribución de este dinero. No será revelado hasta 2021.
Para ser beneficiarios de este fondo, las víctimas deben ser reconocidas por al CEAV y estar inscritas en el Registro Nacional de Víctimas. De acuerdo con el Documento “Situación Financiera del fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral”, publicado por la comisión en su propia página de datos abiertos, ese fondo tuvo el año pasado 314.6 millones de pesos y gastó 235.4 en beneficio de 501 víctimas. De modo que si hay once mil víctimas registradas en total, el año pasado sólo se invirtió en la reparación del daño del 4.5 por ciento.
La CEAV está encargada de atender a personas dañadas de manera directa o indirecta de secuestro, trata de personas, asesinatos dolosos o desaparición. Según datos del propio organismo, uno de cada tres registros en la comisión es por desaparición. Si en 2011, el año en que nació la CEAV se calculaba que 10 mil personas tenían paradero desconocido, hoy se cuentan unas 30 mil.
En México surge cada vez más grupos civiles que, por su cuenta, realizan la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Foto: Facebook.
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El Índice de Expedientes Reservados fue creado en 2004 durante el Gobierno de Vicente Fox Quesada. Marcado por una guerra en contra del crimen organizado, ese sexenio cerró con ocho millones de asuntos clasificados. Según el discurso del sucesor de Calderón, Enrique Peña Nieto, la guerra no continuó. Pero para 2015, se habían sumado otros cuatro millones 120 mil 71 asuntos. Hoy, en el último año de Gobierno del Peñanietismo y cuando el periodo electoral está a punto de iniciarse, hay 12 millones 401 mil expedientes. Respecto a lo que dejó Calderón Hinojosa, la diferencia es de cuatro millones 401 mil.
El Gobierno de Enrique Peña Nieto ha desclasificado tres millones 708 mil 103 expedientes. La CEAV contribuyó con 74. Es el 14.8 por ciento del total que hay en la comisión.
En 2011, fue creada la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Províctima) por decreto. En un mensaje transmitido a través de la página de la Presidencia, el entonces Presidente, Felipe Calderón Hinojosa expresó: “Hoy he promulgado el decreto por el que se crea la Procuraduría Social cuya función es estructurar todas las acciones que hoy se realizan a favor de las víctimas”.
En esa ocasión, Calderón Hinojosa explicó que la nueva procuraduría tendría la obligación de brindar atención médica, asistencia psicológica especializada, orientación y asesoría jurídica, así como apoyo en la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas.
En 2014, cuando Enrique Peña Nieto tenía un año de Gobierno, Províctima se transformó en la CEAV. Ese mismo año se publicó el Reglamento de la Ley General de Víctimas, impulsada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que formó el poeta y activista Javier Sicilia, que estableció a la comisión como órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.
Ya han pasado casi cuatro años.
Desde esa fecha hasta ahora, según datos contenidos en los informes de la comisión, se han registrado 11 mil personas para recibir atención. Al tiempo, se han reservado 500 expedientes.
El polémico Ramo 23, puesto recientemente en entredicho por Javier Corral Jurado, Gobernador de Chihuahua, debido a su uso político y discrecional por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también fue reprobado por la Auditoría Superior de la Federación en su revisión de la Cuenta Pública 2016.
La ASF expuso que en ese rubro hay riesgo de que autoricen adecuaciones presupuestarias sin dar cumplimiento al fundamento legal, soporte documental y suficiencia presupuestaria. En total, la Auditoría realizó nueve observaciones, de las cuales cuatro fueron solventadas.
“El diseño, la implementación y la eficacia operativa del sistema de control interno [del Ramo 23] tiene debilidades significativas, las cuales por su impacto y probabilidad de ocurrencia ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos y metas, o motivan la existencia de un riesgo que, de materializarse, causaría un daño o perjuicio al erario público federal”, planteó la ASF.
Ciudad de México, 21 de febrero (SinEmbargo).– La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su revisión de la Cuenta Pública de 2016, enfatizó la opacidad y la “excesiva” discrecionalidad con la que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) manejó en ese periodo el Ramo 23.
La revisión al Control Interno en los Procesos de Transferencia y Administración y Recursos del Ramo 23 se enfocó en la evaluación del Sistema de Control Interno en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por su responsabilidad en los procesos de recepción, asignación, transferencia y administración de esos recursos, que le da la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
En teoría, el Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, tiene el propósito de integrar, registrar, administrar y dar seguimiento al ejercicio de las provisiones de gasto destinadas a la atención de obligaciones y responsabilidades del Gobierno federal que no es posible prever en otros ramos administrativos o generales, o cuando su ejercicio sólo es posible por conducto de este Ramo.
Por medio de este Ramo, la SHCP realiza adecuaciones por motivos de control presupuestario, en el análisis y seguimiento a la ejecución del presupuesto y con el fin de garantizar el cumplimiento de las políticas de gasto, los objetivos y las metas para contribuir al equilibrio presupuestario en el marco global de las finanzas públicas.
Sin embargo, la ASF encontró problemas desde la planeación estratégica y en sus manuales de organización.
Sobre las ampliaciones y las reducciones de presupuesto del Ramo, la ASF detectó que se manejan “con exceso de discrecionalidad”. En consecuencia, las recomendaciones emitidas giran en torno a que Hacienda realice los registros presupuestarios y contables en la forma y términos que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables, con información confiable y veraz.
Además emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no realizaron los registros presupuestarios y contables en la forma y términos que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Insistió en que hay un riesgo para que se autoricen adecuaciones presupuestarias sin dar cumplimiento al fundamento legal, soporte documental y suficiencia presupuestaria.
En total, se determinaron nueve observaciones, de las cuales cuatro fueron solventadas. Seis fueron recomendaciones y dos, promociones de responsabilidad administrativa sancionadora.
“El diseño, la implementación y la eficacia operativa del sistema de control interno tiene debilidades significativas, las cuales por su impacto y probabilidad de ocurrencia ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos y metas, o motivan la existencia de un riesgo que, de materializarse, causaría un daño o perjuicio al erario público federal”, plantea la ASF.
Las principales problemáticas son el presupuesto modificado que incrementó 567 millones 394 mil 933 pesos y que no están identificados y están en la discrecionalidad y que la Matriz de Administración Riesgos Institucional no incluyó riesgos por la corrupción y que está relacionada con el Ramo 23, por lo que entonces, de existir, no se pudo mitigar.
“Es importante señalar que, en atención a los resultados presentados, los mandos superiores tienen la obligación de subsanar los riesgos o debilidades identificadas en la SHCP y que, en caso de no implementar los controles necesarios para su mitigación, asumen la responsabilidad de su materialización y de las consecuencias económicas, legales y administrativas a que haya lugar”, agrega la revisión.
El Ramo 23 se vio envuelto en polémica a finales de 2017 e inicios de 2018, luego de que el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, denunciara que Hacienda le había retenido recursos por la investigación que lleva a cabo sobre la desviación de recursos de esa entidad al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2015.
El Fondo de Fortalecimiento Financiero (Fortafin) perteneciente al Ramo 23, funcionó solamente en 2016 y 2017; en el primer año se le aprobaron mil 481 millones 010 mil 478 pesos y se ejerció una cantidad 41 veces mayor: 62 mil 258 millones 129 mil 860 pesos.
En 2017 se le aprobaron 3 mil 244 millones 754 mil 300 pesos y, hasta el cierra de septiembre pasado, se habían ejercido 35 mil 064 millones 129 mil 860 pesos, de acuerdo con México Evalúa. Esto es, 911 por ciento más de lo que se aprobó en el Congreso de la Unión.
En total, el presupuesto del que gozó el Fondo de Fortalecimiento Financiero fue de 95 mil 064 millones 129 mil 860 pesos.
Como quedó establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2016 –entregado todavía al Congreso por el entonces Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, y negociado por su sucesor José Antonio Meade Kuribreña– dicho fondo se creó para promover acciones de desarrollo regional y se ejecutaría a través del Ramo 23, que es el único que se maneja con una lógica diferente al resto y cuya operación ha sido señalada por diversas organizaciones de transparencia como “opaco” y “discrecional”.
Hasta septiembre de 2017, el Estado de México era la entidad más beneficiada por el Fondo para el Fortalecimiento Financiero, de acuerdo con un análisis de México Evalúa. Imagen México Evalúa
Un estudio de México Evalúa expone que para 2017, el monto aprobado en el PEF para el Fortafin fue de 3 mil 244 millones de pesos, tuvo un incremento de 108% por ciento real respecto a los aprobado en 2016. Y con la última información disponible, se sabe que a través de Fortafin se habían gastado 32 mil 806 millones de pesos.
Chihuahua fue el estado que menos recursos recibió, solo 61 millones de pesos, cuando en promedio los estados recibieron mil 023 millones.
En contraparte, la entidad que más dinero recibió fue el Estado de México: 5 mil 300 millones de pesos en 2017.
Desde 2015, con la reforma a la Ley de Transparencia, los partidos políticos son sujetos obligados a contestar a través del Portal Nacional de Transparencia (PNT) en qué se gastan el dinero público que reciben de las arcas del erario. SinEmbargo solicitó de forma detallada no sólo en qué gastan, sino los documentos que acrediten ese gasto a las principales fuerzas políticas del país y todas contestaron con las mismas versiones que han entregado al Instituto Nacional Electoral (INE): algunos con información más detallada, como nombre o razón social del proveedor, monto y motivo de la compra, pero otros sólo con un listado general de los rubros en los que se gastó el dinero.
Ninguno de esos institutos políticos cuenta con versiones públicas, ni físicas ni digitales, de la documentación, como facturas, que acrediten el gasto. Para consultar esa información, un ciudadano mexicano tiene que acudir a las sedes nacionales de cada fuerza política o bien pagar miles de pesos por copias simples o certificadas.
Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- Si un ciudadano quiere saber a profundidad en qué se gastan el dinero los partidos políticos y acceder a los documentos deben pagar miles de pesos para conocer esa información.
SinEmbargo solicitó a cada uno de los partidos políticos que se encuentran en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) como entes obligados a responder a solicitudes de información, en qué se han gastado el dinero público que reciben de 2013 a la fecha.
Todos, sin excepción, no contestaron en tiempo y algunos como el Partido de la Revolución Democrática (PRD), lo hicieron en alerta roja, es decir fuera de tiempo.
“Con base al artículo 3 en su fracción VIll de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información solicito los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, incluyendo facturas, que documenten en qué se gastaron los recursos públicos de 2013 a la fecha”, se les pidió.
Y para ser más precisos se solicitó que: “los documentos pueden estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico”.
La Plataforma Nacional de Transparencia no permite subir al sistema archivos que superen los 20 MB, y la Ley contempla que la información, de superar ese peso, puede ser puesta a disposición del solicitante de forma física para ser consultada, en copias simples, copias certificadas e incluso, la que ya se encuentre digitalizada, a través de discos compactos.
Los CD’s o DVD’s son la forma más barata de acceder a la información pues cuestan 10 pesos cada uno; mientras que las copias simples varían de 0.50 centavos a un peso.
La mayoría de los partidos no cuenta con versiones públicas de las facturas y documentación que pruebe en qué y cómo se gastan el dinero.
Los partidos contestaron con reportes generales sobre el gasto que realizaron de 2013 a la fecha. Algunos sólo con links de los sitios en donde se pueden descargar los reportes al Instituto Nacional Electoral (INE) por año. Sin embargo, en algunos casos estos reportes no incluyen a detalle las facturas, los montos por proveedor, el motivo de la erogación y el nombre de cada proveedor, y los documentos que acreditan la veracidad de la información presentada como las facturas.
Los partidos políticos no cuentan con versiones públicas de toda esa información, pues la mayoría alude que sería muy costoso designar personal para realizar estas versiones de miles de fojas en donde está contenida.
Para conocer los datos entonces hay que acudir a las sedes nacionales en la Ciudad de México, previo contacto con los partidos, y consultarla en el lugar. O bien, pagar para llevarla consigo.
El Partido Acción Nacional (PAN), uno de los partidos que proporcionó más opciones para acceder a los documentos, remitió por ejemplo a la página de Rendición de Cuentas y Resultados de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la cual se puede consultar los datos de forma general de 2016 y 2017.
Respuesta del Partido Acción Nacional a solicitud de gastos de recursos públicos en compra de regalos para representantes de medios de comunicación en México. Imagen: SinEmbargo
La fuerza política precisó que por Ley no están obligados a generar documentos “ad hoc”, pero que “los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el
formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información”.
El PAN precisó que los datos solicitados obran en un total de 1,251,200 fojas y que, en algunos casos, sería necesario hacer una versión pública pues cuenta con datos confidenciales.
La Unidad de Transparencia del blanquiazul propuso revisar la información “in situ” en sus oficinas centrales ubicadas en Avenida Coayoacán, en la Ciudad de México o pagar 0.50 centavos por hoja simple, un peso por copia certificada y 10 pesos por CD que contenga “únicamente la información que se encuentre digitalizada”.
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) contestó que la información solicitada se encuentra en 341 mil 204 fojas y que para acceder a ella está la opción de pagar 341 mil 184 pesos al partido como costo de reproducción, o bien, 50 pesos por la información digitalizada en cinco DVD’s.
El Partido Verde Ecologista de México dice que la información solicitada se encuentra en 341 mil 204 fojas, y para obtenerla se deben pagar al Verde 341 mil 184 pesos al partido. Imagen: SinEmbargo
El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) entregó los informes anuales de 2014 y 2015, así como una tabla preliminar de egresos de 2017 y aclaró que, el sustento de toda la información se encuentra en 160 mil 900 hojas que podrán ser consultadas en la sede nacional de la fuerza política ubicada en la Ciudad de México.
Si se quiere contar con la documentación de forma física se deben pagar 80 mil 450 pesos por las copias simples, o 2 millones 896 mil 200 por copias certificadas, más el costo de paquetería. El partido no dio la opción de disco compacto.
Morena entregó informes de 2014 y 2015, y un adelanto de 2017. Tener esa información en copias simples cuesta 80 mil 450 pesos, y sube a 2 millones 896 mil 200 pesos si son copias certificadas. Imagen: SinEmbargo
Hay partidos que no fueron precisos en el número de fojas, ni en el monto que habría que pagar, como el Partido del Trabajo (PT) que entregó información muy general –sin motivo de la contratación a cada proveedor, por ejemplo– y ofreció la opción de acudir a las oficinas centrales del partido en la Ciudad de México para revisar la documentación.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) envió dos links en donde se puede consultar los contratos, el nombre de los proveedores y los montos de 2015, 2016 y 2017, y agregó que para acceder a la información de 2013 y 2015 contenida en 27 mil 979 fojas hay que pagar 13 mil 979.50 pesos.
El PRI envió los links para consulta de contratos y pide 13 mil 979. 50 pesos por las copias de las fojas. Imagen: SinEmbargo
El Partido Encuentro Social (PES) respondió con los informes ante el INE de 2014, 2015 y 2016, así como informes trimestrales de 2017 de forma general.
El PES puso a disposición la documentación física de 2014 y 2015 contenida en 100 mil fojas para consulta en sus instalaciones en la Ciudad de México.
Otros partidos como Movimiento Ciudadano (MC) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) ni siquiera ofrecieron la opción de consulta “in situ” o del pago de copias. En el caso del Sol Azteca sólo envió los links en donde se puede descargar la información en versión pública de manera general y entregada al INE de 2013, 2014 y 2015.
Mientras que MC envió los reportes anuales entregados al INE con la información general de los gastos.
El PRD no dio opción de consulta de sus contratos ni electrónica ni tampoco física. Imagen: SinEmbargo
REGALOS A REPRESENTANTES DE MEDIOS
En las solicitudes de información que se realizaron a cada uno de los partidos se solicitó: “el nombre o razón social a la que se designaron los recursos públicos, el monto y la justificación de la compra de bienes y servicios. En el desglose debe incluir pago a asesores, con nombre del asesor y monto contratado, publicidad en medios de comunicación, y la compra de regalos que se entregan a periodistas, columnistas y directores y directoras de medios de comunicación.”
La mitad de los partidos: Morena, PAN, PES y PVEM contestaron que no encontraron en sus archivos documentación que probara la compra de regalos para los miembros de los medios de comunicación, por lo que el gasto fue igual a cero.
Mientras que el PRD, MC, PRI y PT no contestaron la pregunta expresa en sus respuestas a la solicitud de información.
“Es importante precisar que el Partido Acción Nacional no compra regalos que se entreguen ‘a periodistas, columnistas y directores y directoras de medios de comunicación’”, contestó el PAN.
Mientras que Morena afirmó: “Después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional Morena, que como lo señala el artículo 38, inciso d del Estatuto, es la responsable de la administración de los recursos de la organización, no se localizó ningún documento que haga constar la compra de regalos a periodistas, columnistas y directores y directoras de medios de comunicación, por lo que, en consecuencia, la respuesta es igual a cero”.
El PVEM, por su parte, contestó: “El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista de México ha erogado la cantidad de cero pesos por concepto de pago de asesores, compra de regalos para periodistas, columnistas, directores y directoras en medios de comunicación”.
Y el PES precisó: “Se aclara que no se ha erogado gasto alguno con cargo al financiamiento otorgado a este partido político para pago de regalos a periodistas, columnistas y/o directores de comunicación”.
José Antonio Meade Kuribreña, quien fue Secretario de Estado en cinco ocasiones, se abstuvo siempre de hacer público su patrimonio por completo. Sus declaraciones patrimoniales estuvieron cerradas ante los ciudadanos durante los Gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. A partir del peñanietismo las hizo públicas, pero sólo de manera parcial. Hoy presentó su programa para abatir la corrupción que incluye “la fiscalización patrimonial” obligatoria y dijo: “Puedo acreditar de qué vivo y cómo lo he obtenido, con transparencia y sin simulaciones”.
Hasta hoy, los servidores públicos están obligados por la Ley General de Responsabilidades Administrativas a presentar ante la Secretaría de la Función Pública su declaración patrimonial y de intereses. La dependencia las cuelga en Declaranet plus. Pero si el funcionario no quiere, los bienes, valores y posibles conflictos de interés no aparecen.
Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).– En sus 17 años de servicio público, José Antonio Meade Kuribreña publicó ante los ciudadanos sólo una parte de su fortuna. Quien fuera Secretario de Estado en cinco ocasiones dio a conocer declaraciones patrimoniales completamente cerradas en las que sólo aparecía su Currículum, mientras perteneció a los Gobiernos panistas de Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012). A a partir de 2012, al iniciarse el Peñanietismo, las hizo públicas, pero de manera “parcial”.
Al principio, de 2000 a 2012, cuando ingresó al servicio público fue muy discreto y sólo permitió que se publicara su currículum escolar y laboral. Si se siguen los datos abiertos del suspirante tricolor, no puede saberse si acumuló riqueza en ese periodo que abarca poco más de una década.
A partir de 2012, cuando se iniciaba el Gobierno priista de Enrique Peña Nieto, declaró que poseía un terreno, una construcción y un auto, además de varias cuentas bancarias. Tenía también un préstamo personal que pidió en octubre de 2011 y finiquitó en 2014.
Lo que jamás dijo ante los ciudadanos fue cuánto valían sus posesiones.
Hoy, en un acto en el que estuvo acompañado por los representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso de la Unión, así como por los dirigentes de la coalición “Todos por México” que lo desea postular, Meade Kuribreña dio a conocer su propuesta para combatir la corrupción que incluye hacer obligatoria la certificación patrimonial, un concepto contable que implica auditar la capacidad del funcionario para adquirir posesiones, así como el origen de sus fondos.
Y más tarde, de gira por Morelia, Michoacán, planteó: “No es suficiente que presentemos la 3de3, no es suficiente saber que se presentó la declaración de impuestos. Lo importante es que esas declaraciones sean consistentes entre sí, consistentes con los registros públicos de la propiedad y consistentes con la realidad que el ciudadano puede observar.
“Mi trabajo explica lo que soy y lo que tengo. Puedo acreditar de qué vivo y cómo lo he obtenido, con transparencia y sin simulaciones”, dijo este martes José Antonio Meade. Foto: Misael Valtierra, Cuartoscuro
LA PROPUESTA DE MEADE
Al candidato le bastó menos de un minuto para presentar su propuesta para amainar el mal de la corrupción que según todos los cálculos le cuesta a México 10 por ciento de su Producto Interno Bruto.
En su discurso de hoy por la mañana asentó: “Mi trabajo explica lo que soy y lo que tengo. Puedo acreditar de qué vivo y cómo lo he obtenido, con transparencia y sin simulaciones”.
El suspirante no abundó en lo que significa la certificación patrimonial y cómo se realizaría. Hizo hincapié en que “los fiscales especializados” en el combate a la corrupción tendrán facultades para “ejercer la extinción de dominio” de manera ágil, equilibrada y justa.
Además de la obligación de la certificación patrimonial, la propuesta del precandidato incluye estos otros dos puntos: Recuperar el dinero, las propiedades y todos los bienes de los corruptos para canalizarlos a un fondo nacional de becas para niñas, niños y mujeres, así como aumentar las penas a los funcionarios públicos deshonestos.
Horas después de que Meade Kuribreña presentó su propuesta, los diputados del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) reclamaron en Twitter la autoría de la iniciativa.
“La iniciativa #Anticorrupción presentada por @JoseAMeadeK es un plagio, con punto(s) y comas, de la iniciativa presentada por nuestra bancada en enero del año pasado y que @DiputadosPRI se han negado a aprobar (en) esta legislatura: @rocionahle”, fue su publicación.
Hasta hoy, los servidores públicos están obligados por la Ley General de Responsabilidades Administrativas a presentar ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) su declaración patrimonial y de intereses; pero no tienen ningún deber establecido para hacerla pública ante los ciudadanos. Ello impide que cualquier interesado pueda darse cuenta de la evolución de las fortunas de los burócratas.
La SFP, cuyo encargo legal es la vigilancia del buen desempeño de quienes ocupan puestos en el Gobierno, coloca la declaración en el portal Declaranet plus para que cualquier interesado la pueda consultar. Se publica tal cual desea el funcionario. Es decir, si no quiere que los ciudadanos se enteren de cuántas casas o cuánto dinero tiene, estos bienes simplemente no aparecen. Otro dato que pueden guardarse los integrantes del Gobierno es el valor de sus posesiones.
Meade Kuribreña, el precandidato priista, fue coordinador de asesores del entonces Secretario de Hacienda, Agustín Carstens (2006-2008) y luego Subsecretario de Ingresos en la Secretaría de Hacienda que ocupaba Ernesto Cordero (2008-2010), subsecretario de Hacienda y Crédito Público (2010-2011), Secretario de Energía (unos meses de 2011) y Secretario de Hacienda (2011-2012). Todas las declaraciones patrimoniales bajo su nombre cuando ocupó esos cargos indican: “El servidor no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales”.
Mientras perteneció al Gabinete de Enrique Peña Nieto, cuando ocupó las Secretarías de Relaciones Exteriores (2012-2015), la de Desarrollo Social (2015-2016), así como la de Hacienda y Crédito Público (2016-2017), la decisión de Meade Kuribreña siempre fue que en su declaración aparecieran sus propiedades muebles e inmuebles, así como sus inversiones, pero ningún valor ni ningún monto. En otras palabras, ninguna cantidad que brindara una idea de cuánto posee en dinero. Siempre, en esos años, Meade suscribió la leyenda: “Sí estoy de acuerdo en hacer públicos parcialmente mis datos patrimoniales”.
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LO QUE MEADE SE GUARDABA
Mientras integró el Gabinete del Presidente Enrique Peña Nieto, José Antonio Meade jamás hizo públicos los valores de sus bienes que –según sus declaraciones- eran un terreno, una construcción y un auto, ni los montos de sus varias cuentas bancarias, como tampoco de cuánto fue el préstamo personal que pidió en octubre de 2011 y finiquitó en 2014.
Después de 12 años en los que gobernaron gobiernos emanados del PAN, en 2012, el Revolucionario Institucional recuperó el poder presidencial. Enrique Peña Nieto fue investido como Jefe del Ejecutivo el 1 de diciembre de ese año. Dos días después nombró a su equipo de trabajo. En la baraja de nombres, José Antonio Meade Kuribreña era el único funcionario que había trabajado con la Administración antecesora. Político sobreviviente del enroque, se convirtió en Secretario de Relaciones Exteriores.
Fue a partir de entonces cuando empezó a admitir que sus bienes se dieran a conocer ante los ciudadanos. Cuando en enero de 2013 presentó su declaración “inicial” en la Cancillería publicó por primera vez que era dueño de un terreno de 254 metros cuadrados que adquirió el 1 de noviembre de 2012, así como un coche Honda FIT modelo 2007, del que se hizo el 13 de febrero de 2007.
En 2012, José Antonio Meade Kuribreña no tenía casa propia, pero sí esculturas y cuadros que compró al contado en 2008 y 2009.
En mayo del mismo año, dijo ante los ciudadanos en su declaración
patrimonial que había iniciado el ahorro en su seguro de separación individualizado, que tenía una cuenta bancaria, cuatro tarjetas de crédito y un préstamo personal que había adquirido en 2011. ¿De cuánto era todo eso? No es posible saberlo sólo con los datos abiertos de Meade.
El 27 de noviembre pasado, José Antonio Meade presentó su renuncia como titular de la Secretaría de Hacienda a Enrique Peña Nieto para pasar a ser precandidato presidencial por el PRI. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
MEADE Y LA FORTUNA
En 2014, el ahora precandidato priista declaró que en el terreno que compró al principio de la Administración de Enrique Peña Nieto, había construido 145 metros cuadrados. Un año después, en agosto, fue nombrado Secretario de Desarrollo Social y su cargo en la Cancillería lo ocupó Claudia Ruiz Massieu.
Hasta ese momento de su carrera, su fortuna se integraba por una construcción, un terreno, un coche 2007 y obras de arte. Los valores de todo ello continuaban como una incógnita ante los gobernados.
En 2016, tras la visita de Donald Trump a México, Luis Videgaray Caso, quien era Secretario de Hacienda y Crédito Público presentó su renuncia (fue el costo por asesorar al Presidente de recibir al que aún era candidato) y fue sustituido por Meade Kuribreña. Ese año, el suspirante presidencial vendió su Honda FIT 2007. Le pagaron al contado. En agosto adquirió también al contado otro Honda FIT, modelo 2017.
POR QUÉ PUDO MEADE NO HACER PÚBLICOS SUS VALORES
En 2016, varias organizaciones no gubernamentales cuya causa es el combate a la corrupción promovieron en el Congreso de la Unión la denominada “Ley 3de3″ que pretendía obligar a todos los funcionarios públicos a publicar su declaración fiscal patrimonial y de intereses. Esta propuesta era parte del Sistema Nacional Anticorrupción y tenía la finalidad que los ciudadanos conocieran de cabo a rabo lo que tiene un funcionario público.
Después de una campaña de difusión de meses, las organizaciones recabaron 634 mil firmas para que la Ley fuera aprobada. Pero no pasó. La madrugada del 15 de junio de ese año, el PRI y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) colocaron en el dictamen aprobado la acotación de que las declaraciones patrimoniales y de intereses debían ser públicas sólo cuando no afectaran “la vida privada”.
Y al final, sólo se le hizo una adenda al artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y no sólo quedó a voluntad de los funcionarios si publican o no sus fortunas, la de impuestos quedó fuera.
México atraviesa por una coyuntura crítica en materia de regulación del presupuesto ejercido por su gobierno en publicidad oficial. La penuria de normas adecuadas y de controles que eviten el derroche de recursos; la falta de transparencia y de rendición de cuentas al respecto, y las omisiones por parte de las autoridades, no sólo hacen vulnerable a la sociedad en su derecho de acceso a la información, sino también a los medios de comunicación en su derecho de libertad de expresión –por su dependencia al presupuesto, que reciben por parte de la actual administración, que limitaría su imparcialidad al momento de comunicar noticias.
Ante esta situación, representantes de la sociedad civil pugnan una larga batalla desde sus respectivas trincheras, con la finalidad de solucionar las omisiones de las autoridades. Este 15 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación votará un proyecto de sentencia que podría apuntalar un antecedente legal, no sólo para la protección sino también para la ampliación de los derechos fundamentales de la ciudadanía mexicana. Aun si se diera este buen paso, “se requiere un efectivo cumplimiento [de la norma] y este seguramente va a ser el reto si se aprueba una Ley”, dijo Leopoldo Maldonado, abogado defensor de Artículo 19, a SinEmbargo.
Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).- Ya siendo Presidente electo y sin haber entrado en funciones, Enrique Peña Nieto prometió, en julio de 2012, impulsar “la creación de una instancia ciudadana y autónoma que supervise la contratación de medios de comunicación con fines publicitarios, en todos los niveles de gobierno”. A ello se sumarían los compromisos de 2015 y 2017 –recortes al gasto real en publicidad oficial-, además de una reglamentación en la materia, estancada a raíz de la Reforma Política y Electoral de 2014.
Sin embargo, la falta de cumplimiento y las nulas medidas en favor de la libertad de expresión y del derecho a la información en México, ha provocado que representantes de la sociedad civil, en los últimos años, se hayan dado a la tarea de luchar, inclusive ante las cortes, para que el Estado cumpla con su palabra. Este 2017, además, se ha convertido en el año en la exigencia se ha intensificado y este 15 de noviembre podría rendir frutos.
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, propuso amparar a la organización Artículo 19 para que el Congreso de la Unión regule la publicidad oficial antes del 30 de abril de 2018 y acabar así con la discrecionalidad de las autoridades que la usan como castigo a los medios críticos.
Ese es el sentido del proyecto de resolución del amparo en revisión enlistado para ser discutido en la sesión del próximo 15 de noviembre en la Primera Sala del máximo tribunal.
Zaldívar Lelo de Larrea plantea que el Congreso de la Unión ha sido omiso en su obligación de expedir la Ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, según lo estableció el artículo Tercero Transitorio del Decreto que la reformó en materia político-electoral y que se publicó el 10 de febrero de 2014.
El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea ha postulado proyectos de vanguardia desde el máximo tribunal del país, como el amparo para que personas puedan sembrar, transportar y fumar mariguana para uso recreativo. Foto: Cuartoscuro
Ante esta situación, las organizaciones civiles han redoblado sus esfuerzos de investigación y difusión para que más mexicanos se involucren en un problema que impacta negativamente a la libertad de expresión y a la democracia del país.
“El uso de la publicidad oficial sigue rigiéndose bajo las mismas malas prácticas: escueta información y nula rendición de cuentas sobre el ejercicio de millones de recursos públicos que se asignan sin regla”, refiere una misiva pública de Fundar, centro de análisis y de investigación.
Los datos de esta Organización No Gubernamental (ONG), acerca de los reportes de gastos en comunicación social de la Secretaría de Gobernación (Segob), refieren que mientras el presupuesto aprobado entre 2013 y 2016 se redujo 16.4 por ciento, el presupuesto ejercido aumentó 31.2 por ciento. Este resultado, en ese mismo periodo de tiempo, también lo obtuvo México Evalúa en su revisión de los reportes de la Cuenta Pública de la Secretaría de Hacienda (SHCP). En su ejercicio, la organización detalla que a pesar de que el presupuesto aprobado decreció 3.4 por ciento, el ejercido se incrementó 62.4 por ciento.
La austeridad –al menos en materia publicitaria– no es una virtud del Gobierno federal. Desde que el priista, nacido en Atlacomulco, Estado de México, inició su mandato y hasta junio de 2017, su administración ha sobreejercido 15 mil millones de pesos. En ese periodo, su Gobierno gastó 37 mil 725 millones en publicidad, monto que supera en 71.86 por ciento el dinero aprobado por el Congreso de la Unión, para el ejercicio 2013-2016, indica Fundar en su informe “Contar lo bueno cuesta mucho. El gasto en publicidad oficial del Gobierno federal 2013 a 2016”.
Esta cantidad es tan grande que, inclusive, equivale a lo que el Gobierno de México estima que costará reparar los daños causados por el sismo de 7.1 grados Richter del 19 de septiembre de este año –37.5 mil millones de pesos, dijo en septiembre pasado Enrique Peña Nieto, al encabezar la reunión de evaluación sobre los estados afectados por el temblor–.
En la opinión de Edna Jaime, fundadora y directora general de México Evalúa, “hay dos efectos perniciosos en este gasto” desmedido que supera lo autorizado por el Poder Legislativo: el costo de oportunidad de estos recursos, o bien, “lo que se dejó de hacer en otros ámbitos prioritarios […] por canalizar recursos a este rubro”; y una “bolsa multimillonaria de recursos [que] está domesticando a medios de comunicación, sobre todo a los que dependen fuertemente de la publicidad oficial para existir”, refirió hace unos días en su columna en El Financiero.
Los datos de Fundar y de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) corroboran esta última aseveración. Para la ONG, el grado de dependencia de algunos medios de comunicación, en relación con los fondos que reciben del Gobierno federal, es amplia.
Las televisoras son las más beneficiadas por el gasto en publicidad oficial, ya que, de 2013 a 2016, seis proveedores concentraron el 38.81 por ciento de las erogaciones totales para el rubro: Televisa [17 por ciento] y TV Azteca [10 por ciento], además de los Estudios Churubusco, la agencia publicitaria Starcom Worlwide, El Universal y Grupo Radio Fórmula, cada uno con una tajada de casi tres por ciento, según datos de Fundar.
Las cifras de la CIDH, por su parte, establecen la existencia de medios de comunicación cuyo presupuesto depende, en un 40 ó 50 por ciento, de la publicidad oficial del Gobierno federal.
Esta situación es tan grave que, inclusive, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso a su Primera Sala en 2015, luego de que Artículo 19, ONG dedicada a defender la libertad de expresión y de información en México y Centroamérica, presentara una demanda de amparo en 2014, en contra de las omisiones del Poder Legislativo para expedir y aprobar las leyes reglamentarias del Artículo 134 constitucional, mismas que garantizarían “que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos”, según se lee en el articulado de la Carta Magna.
Como resultado de las Reforma Político Electoral de 2014, fueron modificadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellas, lo establecido en el Artículo Tercero Transitorio, que establece que “El Congreso de la Unión deberá expedir […] la ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución”.
El periodo para la expedición de estas leyes ya caducó. Y de acuerdo con las determinaciones de la SCJN, establecidas en el Amparo en Revisión 1359/2015, existe evidencia para pensar que “la ausencia de esas reglas hace que cualquier gasto que se haga en esta materia sea potencialmente arbitrario, puesto que no será evidente que cumpla con los principios que deben disciplinar el gasto en comunicación social, de conformidad con lo dispuesto” en la Ley vigente.
“La omisión de la autoridad responsable viola la libertad de expresión, de prensa y de información, ya que la ausencia de un marco normativo reglamentario al artículo 134 de la Constitución permite un uso arbitrario y discrecional de la repartición de la publicidad oficial, generando con ello condiciones para que, por un lado, las autoridades utilicen los recursos públicos destinados a dicho fin para beneficiar a los medios de comunicación que son complacientes con aquéllas y, por otro lado, castigar a los medios de comunicación y periodistas críticos, es decir, generando medios indirectos de censura que violentan las libertades de expresión, prensa e información”, reza el mencionado amparo, de acuerdo con lo que determinó el máximo órgano judicial de la Nación .
Esta situación de vulnerabilidad de los medios de información –por su dependencia al presupuesto que reciben por parte del Gobierno federal–; la penuria de normas adecuadas y de controles que eviten el derroche de recursos; la falta de transparencia y de rendición de cuentas en ese respecto; y las omisiones por parte de las autoridades en esta coyuntura crítica, forman parte de una batalla por hacer valer los derechos de los mexicanos, en cumplimiento de las responsabilidades del Estado para con ellos, que en los próximos meses estará en juego en los tribunales.
Este 15 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación votará el proyecto de sentencia del juicio de amparo, que obligaría al Congreso de la Unión a regular las asignaciones de contratos de publicidad oficial. Para ello, serán necesarios tres votos a favor, de los cinco que emitirán los magistrados involucrados en el proceso.
“De salir victoriosa la sociedad civil, que este martes será representada por Artículo 19 en la Primera Sala de la SCJN, el ulterior resultado traería consecuencias positivas en materia de un antecedente legal y no sólo para México sino para América Latina, en términos de cómo a través de estos recursos judiciales [los amparos], que están a la mano de la ciudadanía, se pueden empujar o detonar cambios estructurales”, comentó a SinEmbargo Leopoldo Maldonado, oficial del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19.
Y en el caso concreto de la publicidad oficial, explicó que “se podría mejorar la situación de los medios de comunicación para garantizar su independencia”, así evitando la “instrumentalización de los medios de comunicación, que repercute en el derecho de acceso a la información de las personas”.
Hace aproximadamente dos años, Fundar lanzó, junto con diversas organizaciones de la sociedad civil, la plataforma #PublicidadAbierta, un ejercicio que busca invitar a todas las entidades federativas y demás sujetos obligados a transparentar su gasto. Hasta el momento, cuatro gobiernos estatales [Chihuahua, Jalisco, Nuevo León y Quintana Roo] aceptaron el reto. Sin embargo, sólo dos de ellos [Chihuahua y Quintana Roo] han cumplido con su compromiso de subir su información a la plataforma -a finales de este mes, Jalisco también lo hará-.
Fuera de ellos, uno de dos mil 456 municipios a nivel nacional [Cozumel, en Quintana Roo]; una delegación de las 16 de la Ciudad de México [Miguel Hidalgo]; además del órgano garante de Oaxaca, se han sumado al esfuerzo.
Para Paulina Castañi, investigadora del Programa de Justicia Fiscal de la ONG, lo que hace falta es voluntad política y compromiso por parte de los gobiernos locales con la rendición de cuentas, pues a pesar de que el Artículo 70, Fracción 23 de la Ley General de Transparencia los obliga a ello, “no ha habido respuesta”, comentó a SinEmbargo.
“A nivel federal sí hay avances [en materia de transparencia y rendición de cuentas]. El gran avance fue la publicación de la Ley General de Transparencia y [la instauración] del Sistema de Comunicación Social –que ya se tenía desde hace 20 años, pero que se hace público a partir de 2012–, donde los sujetos obligados suben su información”.
A nivel estatal, comentó, “es más complicado. Más de la mitad de los estados no proporciona información que corresponda a publicidad oficial; es muy discrecional y al final no está regulado. Y al no estar regulado pues no existen lineamientos. Y la poca normativa que hay no es suficiente”.
En su opinión, hay mucha opacidad e impedimentos para acceder a la información oficial. Para crear y alimentar su herramienta, Fundar se basó en solicitudes de información hechas a través de las plataformas de transparencia del Gobierno federal, explicó. En muchos casos, la respuesta fue nula; y en otros, la información recibida no estaba clara. “Persiste el silencio y se restringe la libertad de expresión”, consideró Castañi al respecto.
Para Fundar, en materia de transparencia, urge establecer más criterios y parámetros para contravenir la opacidad –sobre todo a nivel local–; información útil y oportuna y un código de ética. Además, en general, es necesario optar por más límites al gasto en publicidad oficial –incluido un recorte del 20 por ciento-– no más sobreejercicio, y cumplir al pie de la letra con el Artículo 134 constitucional.
El 23 de mayo de 2014, poco más de tres meses después de la publicación de la Reforma Político Electoral de ese año, Artículo 19 promovió un juicio de amparo en contra de las cámaras de Senadores y de Diputados, por la “omisión” y la “parálisis de cualquier acto” para la expedición de las leyes reglamentarias en materia de publicidad oficial.
Acto seguido, el 18 julio de 2014, el Juez Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal decidió tirar abajo la demanda de amparo de la organización civil, basado en dos argumentos principales: primero, que tratándose de normas aún no expedidas, el acto de amparo violaría el principio de relatividad de las sentencias, mismo que establece que, en el caso de las demandas de amparo, el quejoso quedará protegido de manera individual frente a leyes y actos de las que se ampara. En este caso, como no hay ley expedida, no hay materia ante la cual ampararse.
En segundo lugar, que tratándose de una cuestión electoral, sólo atañe a las “agrupaciones políticas en lo relativo a su participación” -como se lee en la demanda-, y por ende, no es algo que afecte o que incumba a la “colectividad”, o según el caso, a un representante de la sociedad civil ajeno en su participación al Sistema Electoral Mexicano.
En respuesta a la negativa del Juez Decimoprimero capitalino, el 5 de agosto de 2015, Artículo 19 acudió a la Primera Sala de la SCJN, a raíz de lo cual, el máximo tribunal mexicano atrajo el caso para resolver diligencias. A efecto de la revisión de la Suprema Corte, fue determinado que los argumentos utilizados por el juez del Distrito Federal no resolvían la controversia legal, por lo que dio la razón a la organización civil.
La Suprema Corte determinó, en prístina instancia, “que más allá de que la nomenclatura [de la reforma] sea político-electoral, no se circunscribe a eso. Toda vez que además, el tercero transitorio -que es el que establecía el plazo para legislar- es muy claro al establecer que es el gasto en comunicación social; el general, no nada más en tiempos electorales”, dijo a SinEmbargo Leopoldo Maldonado, defensor legal de Artículo 19.
Sobre el principio de relatividad de sentencias, fue establecido que aunque no exista aún la reglamentación, sí hay la comisión de un acto que afecta el objeto social del quejoso [Artículo 19] como defensor de la libertad de expresión y de información.
“Finalmente, la autoridad responsable también ha paralizado las acciones tendientes a la emisión de la ley reglamentaria, afectando los derechos antes mencionados, toda vez que la falta de herramientas legislativas obstaculizan e impiden el cumplimiento del objeto social, incurriendo en una omisión inconstitucional”, remata la determinación avalada por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Para los ministros de la Primera Sala de la SCJN, “la libertad de expresión impone al Estado el deber de actuar de manera neutral en la asignación de esos recursos entre los medios de comunicación. Por esa razón, es imprescindible que existan reglas que permitan al Estado actuar de tal manera que asegure que todas las voces de la sociedad que se expresan en los medios de comunicación sean escuchadas de una manera completa y justa”.
“La parte complicada no es tanto que se avale o se vote el proyecto a favor […], sino el tema de la omisión legislativa relacionada con la relatividad de las sentencia de amparo. El argumento que se plantea el Ministro Zaldívar es sumamente novedoso, porque reinterpreta el principio de relatividad de la sentencias, a la luz de que el interés legítimo […], si bien no es un agravio directo contra ti, contra el quejoso, contra quien promueve el amparo, pues sí extiende los efectos de una eventual sentencia para más personas que no son parte del litigio”, refirió Leopoldo Maldonado.
Esto significa que de ganar el caso, en México podrían ampliarse “las posibilidades que tiene el juicio de amparo en tanto medio de protección de derechos fundamentales”, además de resolver “el fondo del asunto, que tiene que ver con la materia de regulación de la publicidad oficial”, detalló.
En su opinión, el litigante defensor de Artículo 19 mencionó que existe otro gran paso que podría darse si se gana el juicio en la corte: una Ley que incorpore los estándares internacionales en materia de gasto en publicidad oficial, como en el caso de los parámetros establecidos, en 2011, por la CIDH a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, mismos que establecen principios para la regulación de la publicidad oficial en materia de transparencia, no discriminación, equidad, objetividad en el gasto, entre otros.
Con una buena reglamentación, quedarían asentados “criterios claros y objetivos” sobre cómo se va a distribuir el gasto en comunicación social a los medios de comunicación; los topes presupuestales; los mecanismos para transparentar la manera y la forma en que se está asignando el presupuesto. De lo contrario, apunta Maldonado, “se genera un efecto mordaza o inhibitorio”.
No obstante lo que pueda lograrse en los tribunales, y “a pesar de que podemos llegar a tener leyes muy protectoras de los Derechos Humanos, se requiere un efectivo cumplimiento [de la norma]. Y este, seguramente, va a ser el reto si se aprueba una Ley”, concluyó el abogado de Artículo 19.
Si la ONG gana el caso, las cámaras legislativas tendrían hasta el 30 de abril de 2019 para publicar las leyes reglamentarias en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
#DatosCerrados | Sólo hasta que se inicie un nuevo Gobierno será pública la información del sótano que en 2007 mandó remodelar Felipe Calderón de la casa Miguel Alemán de Los Pinos. El ex Presidente quien gobernó México de 2006 a 2012, dejó bajo reserva del 1 de julio de 2007 al 1 de julio de 2019, los planos y proyectos arquitectónicos de ese sitio subterráneo. Lo que mandó poner ahí el Presidente que le declaró la guerra a los cárteles del crimen organizado es un dato cerrado por ahora.
Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).- En 2007, Felipe Calderón Hinojosa mandó remodelar el sótano de la casa “Miguel Alemán” de la residencia de Los Pinos; pero lo que ahí se construyó se mantiene como un misterio. Los planos, el anteproyecto y el proyecto arquitectónicos de ese sitio subterráneo fueron puestos bajo reserva por el ex Presidente del 1 de julio de 2007 al 1 de julio de 2019.
Ahí puede estar un búnker o un salón de juegos y fiestas remozado. En 2010, en una entrevista del ex Mandatario con el noticiario nacional CBS Evening News with Katie Couric, sólo transmitida en Estados Unidos, el ex Presidente mostró un búnker supersecreto, pero no precisó que se encontrara en Los Pinos. Sólo dijo que estaba debajo de la Ciudad de México. “¿Usted recuerda el programa de televisión 24? Yo quería todos los juguetes, todo eso, todos los instrumentos necesarios para ser superiores a los criminales”, dijo en esa ocasión el Presidente que le declaró la guerra a los cárteles de las drogas.
Según el libro “Los Pinos: esta es tu casa” de Víctor Hugo Rodríguez, José A. Valdez Armenta y Ernestina Sodi, mandado a hacer por el ex Presidente Vicente Fox Quesada, la casa “Miguel Alemán” es una construcción en más de cinco mil metros cuadrados de tres niveles. Arriba están las habitaciones, en la planta baja los despachos y el sótano tiene un diseño para salones de fiestas y juegos.
Los contratos AD-049-07 y AD-194-07 en el Portal de Obligaciones y Transparencia refieren que el arquitecto Miguel Murguía Díaz fue contratado para asesorar en los anteproyectos arquitectónicos de ese sótano. Por adjudicación directa, la Coordinadora General de Administración de la Presidencia le pagó por un convenio, 69 mil pesos y por el otro, 172 mil pesos en 2007.
Falta poco menos de dos años para la fecha marcada para que la información del sótano de Los Pinos se vuelva pública. Para ese momento, Enrique Peña Nieto y su familia habrán dejado la residencia oficial y una nueva Administración federal habrá iniciado. En la Historia habrá quedado el proceso electoral de 2018 para el cual, en estos momentos, una de las suspirantes es Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa de Felipe Calderón Hinojosa.
Hace una década, para reservar la información, el ex Primer Mandatario, Felipe Calderón argumentó razones de seguridad nacional y el Comité de Información de la Presidencia de la República le dio la razón. Cuando un ciudadano solicitó los planos en 2013 –ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto- en el acta CI/PR/8SE/2013 quedó asentado lo siguiente: “Dichos documentos contienen especificaciones técnicas y arquitectónicas de las instalaciones de la Residencia Oficial de Los Pinos, lo que podría traer como consecuencia que diversos grupos contrarrestaran con equipos de mayor o igual tecnología las herramientas de seguridad interior y exterior de las instalaciones …”.
Además, el Comité de Información de la Presidencia expuso que si esa información era difundida, se generaría la posibilidad de acceder a la Residencia Oficial de Los Pinos y de manera específica se podría atentar contra la vida del Presidente, su familia o las personas que prestan sus servicios en las oficinas del Ejecutivo federal.
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LA CASA QUE EL PUEBLO REFORMA CADA SEIS AÑOS
Desplegada en lo que fue el rancho “La Hormiga”, rodeada de bosque, pero inmersa en el trajín de la Ciudad de México, la residencia oficial de Los Pinos ha crecido en construcciones conforme se han sucedido los sexenios gubernmanetales. Hoy se compone de tres mansiones bautizadas como “Lázaro Cárdenas”, “Miguel Alemán y “Adolfo Ruiz Cortines”. Hay dos calzadas llamadas de “La democracia” y de “Los Presidentes”, así como dos salones independientes, “Adolfo López Mateos” y “Manuel Ávila Camacho”.
Las remodelaciones de la propiedad se iniciaron desde que en 1935 llegaron a vivir ahí Lázaro Cárdenas del Río y su familia. Cárdenas la llamó “Los Pinos” en honor a una hacienda cercana a Tacámbaro, Michoacán, en donde se inició su romance con Amalia Solórzano.
En 1941, el entonces Presidente Manuel Ávila Camacho decidió convertirla en recinto oficial; es decir, despachar desde ahí y no en El Palacio Nacional. Así que mandó construir otra casa en la que pudiera habitar. Luego, en 1946, llegó Miguel Alemán Valdés y ordenó modificar la entraña de esa misma casa de acuerdo con su gusto y el de su esposa Beatriz Velazco. El Ejecutivo comisionó al arquitecto Manuel Giraud Esteva y después, al ingeniero Fernando Parra Hernández. Así, resultó una mansión de estilo francés.
Los Alemán sólo disfrutaron la nueva construcción un año porque el plan arquitectónico no tomó forma hasta 1952, cuando el sexenio estaba a punto de expirar.
En el Gobierno de Adolfo Ruiz Cortinez, de 1952 a 1958, se ordenó secar la alberca que había sido escenario de reuniones sociales y competencias en el sexenio anterior. Hacia el final de su mandato, llegó a vivir ahí su hijastro Mauricio Locken con su familia. Esta decisión implicó que se rehabilitara la edificación original en el rancho “La Hormiga”, llamada ahora casa “Lázaro Cárdenas”. El siguiente Mandatario, Adolfo López Mateos no quiso vivir en “Los Pinos” y en su sexenio, se tuvo que rehabilitar la biblioteca después de una inundación.
Gustavo Díaz Ordaz quien gobernó México de 1964 a 1970 ordenó construir una alberca donde su nieto nadaba con él. Con Luis Echeverría Álvarez quien ocupó la Presidencia de 1970 a 1976, una profunda remodelación la hizo virar de lo europeo de Miguel Alemán hacia un estilo mexicano. Las paredes, los techos, todo se volvió folclórico o autóctono. Aún está ahí una chimenea de tabicón y cantera (ha aparecido en fotos de revistas cuyos entrevistadores han logrado entrar), memoria de aquella época en la que Esther Zuno Arce –la primera dama– recibía en huipil y con joyería en oro artesanal de los pueblos de México.
José López Portillo, de 1976 a 1982, no tenía una familia nuclear amplia. Apenas tres hijos. Pero llevó a vivir ahí a la madre de su esposa, Carmen Romano y a su propia progenitora. Por ello, mandó instalar un elevador que sólo sube y baja de un piso a otro. De 1982 a 1988, gobernó Miguel de la Madrid. El color de los muros fueron cambiados y se amuebló con alta calidad de marquetería poblana y chippendale mexicano, así como tapetes de Temoaya. Los muebles del despacho de la Miguel Alemán fueron cambiados y se colocaron cuadros prestados por Bellas Artes.
Carlos Salinas de Gortari llegó al poder señalado de ilegitimidad; de modo que durante un tiempo no se presentaba en eventos públicos. En enero de 1989 tenía listos dos nuevos salones dentro de Los Pinos: el Adolfo López Mateos y el Manuel Ávila Camacho. El primero se inauguró con la fiesta de 15 años de su hija Cecilia. Ante cientos de invitados, Luis Miguel, quien era un cotizado cantante, amenizó la velada.
Ernesto Zedillo Ponce de León mandó remodelar el Salón Blanco, el Salón Morelos y el de Usos Múltiples; además, colocó una gran puerta verde de hierro fundido a la vuelta de la avenida Constituyentes, sobre Parque Lira y Molino del Rey. Por ahí sólo podía entrar él.
No había en México cultura ni legislación de la Transparencia y Rendición de Cuentas, de modo que pocos cuestionaron cuánto costaban las adecuaciones pagadas con dinero de los ciudadanos.
***
La legislación del acceso a la Información se inició el 10 de junio de 2002, en el Gobierno de Vicente Fox Quesada. Pero la opacidad de las remodelaciones dentro de Los Pinos se mantuvo todo el sexenio. Fue el mismo Fox quien habló de austeridad en Los Pinos. Incluso abrió las puertas al público. Decía que la casa “Miguel Alemán” era muy grande para sus hijos. Ordenó ahí oficinas. Y entonces, construyó otra propiedad dentro del extenso bosque conocida como “las cabañas” y ofreció un ahorro de casi 70 por ciento.
Fue a través del mismo Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), impulsado por Fox, que pudo conocerse que los contratos para esa construcción ascendían a ocho millones 521 mil 487 pesos con 44 centavos, lo que a los observadores les pareció un dispendio. Cada integrante de la familia tenía una casa. Al final, el Presidente jamás presentó el ahorro en la que justificó esa remodelación. Cuando el sucesor panista, Felipe Calderón arribó al poder, se erogaron en esas cabañas otros 652 mil 452 pesos con 39 pesos.
Hasta ahora, Enrique Peña Nieto, actual Presidente de México no ha querido revelar si ha hecho remodelaciones.
Las propuestas ciudadanas para que los partidos políticos cambien sus estrategias y el estilo de hacer campañas a través de espectaculares, spots y gastos superfluos que no abonan a disminuir la marginación y la pobreza en México, se quedará sólo a la conciencia y a la voluntad de las fuerzas políticas en el proceso electoral de 2018, dicen diputados federales aSinEmbargo.
Pero a los partidos no les interesa respaldar propuestas encaminadas a revisar el costo de las campañas, ni tampoco se comprometen a controlar el gasto que en muchas ocasiones nadie sabe “de dónde viene ni a cambio de qué”, consideran.
Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo)._ Aunque millones de ciudadanos piden a los partidos políticos modificar sus estrategias de campaña para gastar menos y destinar dinero a la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos de septiembre, diputados federales de diversos partidos afirman que ya no es tiempo para cambiar la Ley y que en el actual proceso electoral quedará a la voluntad de cada fuerza política realizar alguna modificación a su forma de promocionar a sus candidatos.
“Yo creo que son cosas muy nobles que difícilmente alguien pudiera estar en contra, pero tenemos que buscar la forma de hacerlo, pues la Constitución prohíbe hacer reformas de carácter electoral faltando tres meses para que inicie el proceso; aquí ya no son tres meses antes, ya se iniciaron los procesos. Por lo tanto estas reformas que se nos proponen y que son nobles, no pueden plasmarse en la Ley Electoral en este momento, que lo podemos hacer, pero entrarían en vigor hasta 2019”, dijo Guadalupe Acosta Naranjo, Diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
El viernes pasado, una peticionaria de la plataforma de Change.org entregó 1 millón 600 mil firmas a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para pedir que los partidos reasignen dinero a la reconstrucción, gasten menos en sus campañas y que el gasto se refleje en un largo plazo en comunidades marginadas.
Las firmas entregadas forman parte de las 3.6 millones de firmas que concentra la campaña de Changue.org/Fuerza México, la cual es la que más rápido ha crecido en la historia de la plataforma a nivel mundial.
Acosta Naranjo precisó en entrevista que las peticiones “nobles” de la sociedad no podrán realizarse en la sucesión presidencial de 2018, pues la se trata de la “Ley no de deseos”, pero que los partidos podrían buscar la forma de regresar recursos para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pueda hacer el compromiso de reasignar dinero; sin embargo, esos esfuerzos serían sólo de manera voluntaria.
Las firmas que respaldan la petición de Begoña Hernaíz Arce piden que además de reasignar dinero de las campañas políticas a la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos, los partidos cambien sus estrategias, ejerzan el dinero con auditorías ciudadanas y presupuestos participativos.
La petición pide que los partidos dejen de gastar en espectaculares y spots y se acerquen a las comunidades marginadas para que con el dinero de las campañas haya beneficios a largo plazo.
“No queremos poner a nadie en camisa de fuerza. Hoy vivimos un estilo de campañas políticas que produce irritación, que genera distanciamiento, las personas lo último que quieren oír es un spot más”, dijo Hernaíz Arce.
Begoña planteó que es necesario que los candidatos se presenten ante los ciudadanos conscientes de que son comparados no a través de espectaculares y gastos superfluos, sino por el trabajo directo con la población.
“Nos hemos acostumbrado a elegir a los candidatos de acuerdo a unas fotos, a un menú, pero no sabemos cómo guisan. Lo que queremos con esta propuesta es que nos demuestren que tan buen sazón tienen, que nos digan que tienen todos los ingredientes, pero que aclaren en qué proporción. Queremos aprender a tener una base objetiva, cierta, que genere beneficios duraderos las comunidades”, explicó.
Javier Herrera Borunda, vicecoordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó un exhorto a los grupos parlamentarios para pedirle a la Junta de Coordinación Política que convoque a los partidos a un acuerdo político para “cambiar las reglas del juego”, pero fue desechado en el pleno.
Luego, se dijo molesto y afirmó en entrevista con SinEmbargo que sí se pueden cambiar las reglas, pero que no hay voluntad política. A los legisladores les importa muy poco la voz ciudadana y votan en el recinto en contra de sus peticiones porque “creen que nadie los ve”.
“Pedí cambiar las reglas del juego en el sentido de disminuir los tiempos de campaña, están carísimas y lo votaron en contra, no quieren ni siquiera debatirlo. Aquí piensan que no los ven, porque están escondidos en el pleno; salen y dicen: ‘Sí, que bajen las campañas’, pero cuando presentamos algo aquí que puede prosperar, lo votan en contra. Es lamentable, estoy muy molesto. Con estas actitudes nada se puede hacer para 2018”, dijo.
El Diputado federal argumentó que si bien el Artículo 105 constitucional indica que no se pueden cambiar las reglas electorales 90 días antes de que empiece el proceso, hay instrumentos y formas de cambiar la Constitución y las reglas a través de un acuerdo por mayoría.
“Lo único que necesitamos es voluntad política, no hay voluntad política. Pueden decir lo que quieran allá afuera, pero cuando nosotros lo proponemos, hacen oídos sordos”, planteó.
Jorge Álvarez Máynez, Diputado federal de Movimiento Ciudadano (MC), dijo que el planteamiento ciudadano de Change.org puede abonar a cambiar los incentivos a los partidos políticos y sus candidatos.
“Es cambiar el enfoque con el que los ciudadanos enfrentan las campañas. Los políticos tienen incentivos y hay formas en las podemos obligarnos a que hagan lo que pedimos: si alguien sabe que para poder ser Gobernador, Diputado, Presidente pone un espectacular porque cree que así la gente lo va a conocer, pero si cambiamos los incentivos y si a ese político que pone el espectacular los ciudadanos lo ven como un ratero, abusivo y vanidoso y funciona en contra de su interés, ya no lo hará. Hay que elevarle los costos a la clase política y cambiar los incentivos”, dijo.
La entrega de despensas, que provienen de dinero público y que son usadas para comprar votos, es una práctica recurrente en las campañas electorales en México. Foto: Cuartoscuro
CONTROL DE GASTOS Y FINANCIAMIENTO PRIVADO
Vidal Llerenas Morales, Diputado federal del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), consideró que el principal problema cuando se habla del financiamiento de las campañas políticas, es que no existe un control de gastos.
Hay mucho dinero, dijo, la mayoría no es público y no se sabe de dónde proviene ni a cambio de qué. Un ejemplo son el Estado de México y Coahuila en las elecciones de este año, en donde a pesar de que hubo rebase de tope de campañas, no se anuló la elección.
Diversas voces han alertado en varias ocasiones del financiamiento de dinero del crimen organizado en campañas electorales para puestos de elección popular en diversas entidades, por ejemplo.
“El dinero público deja de ser relevante en la campaña. Hay que ver la campaña del Estado de México en donde el candidato del PRD tuvo tres veces más espectaculares que los que reporta. Sigue sin haber un buen control de gastos. Se han reducido los tiempos de campaña, ahora son más cortas, pero sigue ese problema”, argumentó Llerenas Morales.
El legislador explicó que aunque no se puede cambiar la legislación para el proceso electoral de 2018, sí podría haber un compromiso de parte de los partidos y del Instituto Nacional Electoral (INE) para controlar los gastos de campaña.
Agustín Rodríguez Torres, Diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), defendió el dinero privado sobre el público en las campañas políticas pero, advirtió, se deben revisar nuevos esquemas para que los partidos reciban esos recursos.
Esquemas de deducibilidad de impuestos para las empresas y métodos transparentes para conocer la procedencia y el destino de los recursos.
“Tiene que haber una reglamentación y que sea transparente cada peso que recibe cada partido. Es sencillo que se pueda realizar, no vas a recibir aportaciones en efectivo, sólo vía transferencia electrónica”, explicó.
Dos de las principales peticiones es que todos los recursos que se deban entregar a los damnificados de los sismos de septiembre sean manejados con trasparencia y que quien se encargue de entregarlos rinda cuentas.
Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) reveló que las instituciones públicas, que tienen como objetivo la administración y asignación de recursos para atender los daños de los sismos que sacudieron a México en septiembre, no pasaron la prueba de transparencia.
De acuerdo con el diario Reforma, el INAI dio a conocer que durante el mes de agosto, varias entidades del país ocultaron información importante.
Cero sobre 100 puntos tiene el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), a pesar de que la Ley General de Transparencia le obliga a hacer público
Dar a conocer a cuánto asciende sus recursos, con una clara distinción entre las aportaciones públicas y la fuente de éstas, los subsidios, donaciones, transferencias, excedentes o inversiones realizadas durante distintos siniestros, son las obligaciones que este Fondo debería dar, sin embargo, aunque recibieron este año una bolsa de más de 6 mil millones de pesos, no ha dado a conocer ninguna información.
Además, explica este diario, la información tiene que estar actualizada, y de ser el caso. se debe hacer público el padrón de los beneficiarios de los recursos del Fonden.
El Fondo únicamente compartió, a través de su página web, información de los años 2013, 2014 y 2015, sobre cómo ha canalizaron los recursos las entidades que sufrieron sismos, lluvias y huracanes durante esos años.
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S. N. C., Bansefi, encabezada por Virgilio Andrade, ex Secretario de la Función Pública, son otras dos de las instituciones que tendrán que ser parte para la reconstrucción de México.
Las empresa que deberá canalizar los apoyos económicos a los damnificados del sismo, por medio de tarjetas de débito, fueron calificados con 28.1 sobre 100.
El encargado del programa Escuelas al 100 y de coordinar las actividades de prevención y atención de daños derivados de los desastre naturales es el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed), sin embargo fue calificado de 13.3 sobre 100.
Desde hace una década, el Gobierno mexicano ha perdonado, de manera masiva, el pago de impuestos, multas y recargos a un reducido número de contribuyentes, sean personas físicas o morales. El problema es grave porque lo ha hecho de forma opaca e incluso discrecional, plantea Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
El monto total cancelado de 2008 a 2016 asciende 593 mil 448 millones de pesos, lo que equivale al gasto ejercido en educación en México durante 2015.
De acuerdo con Iván Benumea, investigador de Justicia Fiscal de Fundar, esto se debe a que “el sistema tributario no está haciendo lo suficiente para recuperar los recursos de quienes tienen más riqueza, lo que es preocupante porque el sistema tributario debería de ser progresivo, esto significa que debería de gravar, de cobrar impuestos a quienes más tienen”. Y también porque en los programas de impuestos masivos “se permitió que quienes hubieran aplicado en años anteriores al pago de sus impuestos, volvieran a aplicar”.
Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).– Desde hace 10 años, el Gobierno federal ha venido perdonando, de manera masiva, el pago de créditos fiscales a un cierto número de contribuyentes, sean estos personas físicas o morales. Es decir, les ha condonado el pago de impuestos, multas, recargos, entre otros adeudos en sus contribuciones fiscales. El problema es que dichas condonaciones las ha ejercido de manera opaca –y tal vez, incluso, de forma discrecional–, planteó Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
El monto total cancelado de 2008 a 2016 asciende 593 mil 448 millones de pesos, una cantidad equivalente, por ejemplo, a todo el gasto ejercido en educación en México durante 2015.
La información disponible no esclarece los mecanismos utilizados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para exentar a los contribuyentes del pago de créditos fiscales, añade Fundar.
“No podemos saber si las condonaciones están justificadas; si hay casos de personas que gocen de privilegios fiscales; o si esas medidas propician la evasión del pago de impuestos”, destaca.
Las condonaciones fiscales del Gobierno federal tienen el objetivo de regularizar la situación fiscal de los contribuyentes para impulsar la economía nacional y las de las familias. Y aunque la condonación puede ayudar a que el Estado mejore la recaudación de impuestos a corto plazo, sin embargo, los modelos masivos de condonación de adeudos fiscales adoptados por las últimas dos administraciones habrían propiciado la pérdida de recursos públicos, la evasión y la deducción fiscales, y la cultura del no pago. ¿Por qué?
De acuerdo con Iván Benumea Gómez, investigador de Justicia Fiscal de Fundar, esto se debe a que “el sistema tributario no está haciendo lo suficiente para recuperar los recursos de quienes tienen más riqueza, lo que es preocupante porque el sistema tributario debería de ser progresivo, esto significa que debería de gravar, de cobrar impuestos a quienes más tienen”. Y también porque en los programas de impuestos masivos “se permitió que quienes hubieran aplicado en años anteriores al pago de sus impuestos, volvieran a aplicar”.
En otras palabras, para la organización civil el perdón de créditos debe percibirse como un evento único, extraordinario y de difícil acceso, “ya que su repetición periódica y a favor de los sectores económicos con mayor capacidad contributiva puede incentivar a que los contribuyentes prefieran eludir sus obligaciones bajo la expectativa de que algún día sus adeudos serán perdonados”.
La información pública disponible revela que las condonaciones masivas del Gobierno federal han beneficiado principalmente a quienes tienen mayores adeudos, de ese modo beneficiando a quienes tienen mayor capacidad económica y cuyos recursos podrían haber sido captados sin la necesidad de otorgarles la condonación de adeudos.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante el ejercicio del programa de condonación masiva de 2013 “Ponte al Corriente”, un total de 41 mil 399 personas morales [empresas] dejaron de pagar 159 mil 620.43 millones de pesos. Sin embargo, en ese entonces sólo 36 compañías se vieron beneficiadas con el 50.2 por ciento de las condonaciones (dejaron de pagar 80 mil 161.06 millones de pesos).
El monto que dejaron de pagar esas 36 empresas, equivale a todo el presupuesto ejercido por la Secretaría de Gobernación durante 2015.
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Lo mismo sucedió con el programa 2015-2016. La propia información del SAT indica que los mayores beneficios fueron para un conjunto reducido de contribuyentes. En ese periodo, mil 383 personas morales recibieron la condonación de adeudos por un monto total de 4 mil 400.69 millones de pesos. Sólo 10 personas morales [empresas] –un 1 por ciento de los contribuyentes que recibieron una condonación– dejaron de adeudar lo que representa más del 85 por ciento del monto total de condonaciones para el periodo de julio de 2015 a julio de 2016 [3 mil 616.80 millones de pesos]. Cinco de esos 10 contribuyentes, estaban relacionados con la Corporación GEO, la empresa de construcción y de desarrollo de vivienda social.
En el caso de las personas físicas, en el último año el 10 por ciento de ellas [47 de 474 contribuyentes] dejó de adeudar el 69 por ciento del monto total condonado [21.8 de 31.7 millones de pesos]. Además, el 2 por ciento de ellos [10 personas] acumularon el 32 por ciento de los montos condonados.
“El hecho de que las personas con mayores adeudos sean quienes puedan acceder a estos beneficios es preocupante, porque significa que otras personas con menores recursos que presentan sus solicitudes no pueden acceder a esos beneficios”, explica Iván Benumea de Fundar.
En términos legales, la cancelación de un crédito fiscal implica que la autoridad tributaria abandonará la recaudación de un adeudo, ya sea porque el adeudo resulta incosteable, o bien, porque el deudor es insolvente o no puede ser localizado.
Luego de la caída de los precios del petróleo a finales de 2014 y tras la implementación de la Reforma Hacendaria de ese mismo año, los ingresos tributarios no petroleros [los impuestos] se convirtieron en la principal fuente de captación de recursos del Gobierno Federal.
Los datos oficiales disponibles indican que hasta 2016, por la vía de los impuestos, se recaudaron 2 billones 407 mil 716.7 mdp, que equivalen al 50.5 por ciento del total de los ingresos obtenidos en dicho año -27.4 por ciento más que en 2014-. En contraste, los datos más actuales de la ASF refieren que la evasión global de impuestos correspondió al 2.8 por ciento del PIB [483 mil 874 mdp].
A pesar de que la recaudación en México aumentó en un 10.1 por ciento de 2015 a 2016 –ya sea porque creció la base de contribuyentes; o porque se regularizó fiscalmente a más personas bajo el esquema del Régimen de Incorporación Fiscal, entre otros factores-, “nuestro país aún se encuentra por debajo del promedio latinoamericano en relación a la recaudación de ingresos tributarios como proporción del PIB”, refiere Fundar en su informe “Privilegios Fiscales” (2016).
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en México el 20 por ciento del PIB lo compone la recaudación tributaria, mientras que su promedio internacional es de 34 por ciento.
Un ejemplo de la baja capacidad de recaudación del Gobierno federal quedó asentado en el segundo trimestre de 2016. Según el SAT, la cantidad de recursos públicos que deben de ser cobrados asciende a un monto de 464 mil 965.60 millones de pesos. Sólo el 44 por ciento de ellos son “factibles de cobro”, o bien, están en proceso de ser cobrados. El resto quizá se cobre; quizá no.
Si al bajo nivel de recaudación de impuestos y al alto grado de evasión sumamos la desigualdad de la condonación de créditos públicos –que beneficia a unos cuantos-, obtenemos un cúmulo de ingresos que el Estado mexicano deja de ingresar para resolver los problemas a los que nos enfrentamos. Y esto se da ahora, en el marco de los recortes al gasto público proyectados para el 2017 y ante el incremento del endeudamiento público.
Por ello, Iván Benumea menciona que “así como es importante saber con qué empresas, con qué particulares el Estado celebra contratos, es importante saber a quiénes le condona impuestos porque es un mecanismo similar. Al final están entregando recursos –sólo que por la vía tributaria–. Y para el Estado eso significa una pérdida de recursos. Para los contribuyentes eso significa una ganancia monetaria, una ganancia a sus bolsillos”.
El problema es que a pesar de que al día de hoy contamos con un marco normativo más favorable para la transparencia y la rendición de cuentas, este no garantiza que la ciudadanía pueda acceder a la información que debiera ser pública.
“Las nuevas reglas no han logrado superar que el secreto fiscal sea defendido mediante otras vías, y las autoridades continúan escudándose bajo esta figura para impedir que la ciudadanía cuente con la información a la que tiene derecho a acceder”, explica Fundar.
Pese a que en 2014 la reforma constitucional en materia de transparencia estableció al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) como el órgano autónomo a través del cual el Estado debe garantizar la transparencia, el SAT ha incumplido de manera sistemática una gran cantidad de resoluciones en donde se le ha instruido la entrega de información en materia de créditos fiscales.
Con todo y reformas, al día de hoy, no podemos saber los motivos o los nombres de todas aquellas personas que han sido exentados del pago de sus adeudos fiscales. Con todo y que hoy el SAT anunció la publicación de información estadística sobre las declaraciones anuales de las personas físicas y morales, no ha cejado en su constante negativa de transparentar los motivos y los nombres de las personas físicas y morales que han recibido el perdón de sus impuestos, o la cancelación de sus deudas tributarias.
A la fecha, el INAI ha ordenado al menos 32 veces la apertura de dicha información. Pero el SAT no acata. Su justificación: los datos de los contribuyentes se encuentran protegidos por el secreto fiscal.
“El problema aquí es que no hay suficiente transparencia para poder determinar cuál es el mecanismo que está siendo aprovechado por los contribuyentes para que se les perdonen sus créditos fiscales y en qué ocasiones el SAT esta actuando de manera irresponsable. O si por el contrario todo es legal y no hay un problema al respecto y no hay ningún problema en que las condonaciones se concentren en las personas que tienen los mayores adeudos, algo que parece difícil sustentar”, refiere Benumea.
El próximo año podría ser implementado otro programa de impuestos masivos, situación que podría implicar una pérdida injustificada de recursos, señala el investigador.
José Antonio Lara Duque, coordinador del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, lamentó la designación del ex Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), el doctor Jorge Olvera García, como titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, pues recordó que el Informe el Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 detalla que durante su gestión en la Universidad se encontraron probables daños a la Hacienda Pública Federal de cientos de millones de pesos.
Ciudad de México, 2 de agosto (SinEmbargo).- El Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, en voz de su coordinador general, José Antonio Lara Duque, lamentó “la opacidad y la ausencia de apertura en la discusión de frente a la sociedad mexiquense” sobre la designación del ex Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), el doctor Jorge Olvera García, como nuevo titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem).
El representante del organismo ciudadano entregó un documento al Congreso del Edomex, en el que destacó que la Codhem debe ser “un organismo fuerte, independiente y verdaderamente autónomo al Poder Ejecutivo Estatal, lo cual, desafortunadamente, bajo el presente mecanismo de elección no se logrará”.
Recordó que el Informe el Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 detalla que durante la gestión de Olvera García al frente de la UAEM se encontraron probables daños a la Hacienda Pública Federal de cientos de millones de pesos.
De igual manera, puntualizó, que existe una la investigación periodística, realizada por Prensa de Universitarios Activistas del Estado de México, que revela contratos irregulares firmados por Olvera García que no fueron aclarados.
Lara Duque dijo que dicha publicación constata que la suma de las cantidades a la Hacienda Pública Federal asciende a más de 600 millones de pesos. “Lo anterior, en caso de no ser debidamente aclarado, evidentemente resulta preocupante máxime la investidura que significaría tal designación”.
Lara Duque también aseguró que “desafortunadamente la Codhem ha jugado siempre un papel secundario y meramente testimonial”, pues los 24 años de sistemáticas violaciones a derechos humanos en el Edomex -la represión a pueblos campesinos e indígenas, tortura, violencia de género, feminicidios, entre otros-, son el resultado de la “crítica gentil” al poder del gobierno como “línea política sostenida por la Codhem” desde en 1993 a la fecha.
El titular del organismo espera que la sociedad mexiquense tenga cada vez más acceso, promoción, defensa y respeto a sus derechos humanos, pues la Codhem “debería ser una de las instituciones más cercanas a las personas que habitan la entidad”.
“Está en manos del nuevo ombudsman mexiquense la decisión de extender la mano a la sociedad mexiquense en su conjunto y consolidar la institución pública autónoma que demanda la entidad o mantener un perfil simbólico en la ardua lucha por los derechos humanos”, recalcó.
En México, Pemex no ha documentado los procesos de subcontratación. Y pudo no hacerlo porque en el marco jurídico no hay nada que la obligue a archivar registros de cómo operan sus proveedores. Cuando brinda respuestas sobre el tema lo hace con largos textos que escapan al lenguaje ciudadano y cuya comprensión requiere conocimiento de las leyes. Especialistas en mecanismos de Transparencia de Organizaciones No Gubernamentales y de la academia coinciden en que en este laberinto de información bien puede colarse la corrupción.
La historia de Oderbrecht, el gigante brasileño de la construcción que pagó sobornos para conseguir contratos en varios países de América Latina, trabajó siempre bajo los velos de contratos cuyo contenido nunca fue revelado. Hoy protagoniza la trama más compleja de sobornos en América Latina con obra de gran envergadura paralizada, indignación popular y detenciones en serie.
Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).– Hay un tema del que Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus 12 filiales no desean hablar: la subcontratación que después de la Reforma Energética promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto se practica en sus plantas y plataformas. Si se le pregunta, lo que resulta es un laberinto de información legal que al final no lleva a conocer cómo se opera esta forma de obtener servicios.
Así, en tierra firme o mar adentro, sin que nada las obligue a la rendición de cuentas ni a la transparencia, las compañías privadas nacionales y extranjeras que le arriendan trabajos a Pemex ejercen su propia Ley en las instalaciones petroleras que fueron de la Nación.
La contratación por outsourcing o por régimen de subcontratación “es aquella por medio de la cual un patrón denominado contratista o subcontratista ejecuta obras o presta servicios con trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas a realizar y supervisa el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas”, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.
En su historia, Pemex obtuvo servicios específicos de exploración a través de los contratos de servicios múltiples, pero siempre mantuvo la responsabilidad efectiva sobre la operación de los campos de producción. La ley petrolera de 2008, promulgada por el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, fortificó el formato de los contratos. Con la Reforma Energética a iniciativa del Presidente Enrique Peña Nieto en 2013, la subcontratación viró en su alcance. Ahora, el ciclo completo de las actividades de exploración y producción, así como la obligación operativa recae en el contratista que puede subcontratar todas las actividades consideradas en el convenio, salvo la administración y dirección de las obras.
Este diario digital se propuso conocer el grado y estado de la subcontratación en Pemex y realizó 210 solicitudes de información a la ex paraestatal, sus filiales, así como al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), con la finalidad de saber el grado, el modo y las condiciones en que la ahora Empresa Productiva del Estado utiliza la subcontratación de servicios. Fue como ingresar a un laberinto. Menos de la tercera parte de las respuestas brindó información. El resto declaró los datos como “inexistentes” y sólo se obtuvieron 30 respuestas en las que predominó la ausencia de lenguaje ciudadano.
El número de empresas subcontratadas de 2013 a la fecha fue negada bajo el argumento de que no hay ordenamientos legales para documentar tal información. Lo mismo ocurrió con la información referente a los trabajadores subcontratados la cual fue declarada como “inexistente” por los comités de información de la paraestatal y sus filiales. Tampoco pudieron obtenerse los servicios más subcontratados.
Acerca de los “trabajadores con registro de terminación laboral” en el último sexenio, es decir, que fueron despedidos, sólo tres dependencias dieron respuesta: entre 2016 y 2017, Pemex Fertilizantes despidió a cuatro empleados; y Pemex Logística y Pemex Transformación Industrial, a dos cada uno.
Sólo ocho de 14 instituciones contestaron con el envío de documentos: Pemex (corporativo); Pemex Cogeneración y Servicios; Pemex Etileno; Pemex Exploración y Producción; Pemex Fertilizantes; Pemex Logística; Pemex TI-Terrenos para Industrias, S.A.; y Pemex Transformación Industrial.
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La otrora paraestatal ya no cuenta con registros de lo que ocurre dentro de sí en la exploración y explotación de los hidrocarburos. Tampoco sabe de los posibles casos de corrupción o de conflicto de interés en los que ha podido caer al incurrir en la terciarización.
Especialistas en mecanismos de Transparencia de organizaciones no gubernamentales y la academia coinciden en que en este laberinto de información tan confuso bien puede colarse la corrupción. La historia de Oderbrecht, el gigante brasileño de la construcción que pagó sobornos para conseguir contratos en varios países de América Latina, trabajó siempre bajo los velos de la subcontratación que no fue documentada. Hoy protagoniza la trama más compleja de sobornos en América Latina con obra de gran envergadura paralizada, indignación popular y detenciones en serie.
Sarahí Salvatierra, de Fundar Centro de Análisis, expone que la Transparencia es un ejercicio que no sólo se basa en que los sujetos obligados informen; sino en la generación de “datos útiles y entendibles”. A su vez, Ernesto Gómez Magaña, de Participación Ciudadana, indica que las respuestas de las entidades públicas deberían cubrir al menos cinco características: accesibilidad, oportunidad, relevancia, capacidad de ser verificable y la inteligibilidad.
“Para que la transparencia sea transparencia, no basta con que se surta la información, sino que se logre el propósito de que quien está del otro lado pueda visualizar el tema de interés público”, expresa Gómez Magaña.
En esta odisea, el concepto “tiempo” se volvió clave. Las entidades pidieron ampliación del plazo de respuesta para 106 de 210 solicitudes de información porque los documentos que buscarían las entidades eran un cúmulo de legajos en sus archivos. Cuando el tiempo se venció, Pemex y sus filiales declararon “la inexistencia” de la información en 99 de las 210; es decir, admitieron que no contaban con registros ni archivos.
En 30 respuestas la ex paraestatal sostuvo que la petición de información no era competencia de su unidad de enlace.
Dicho de otro modo, el 47.1 por ciento de las respuestas (99 de 210) menciona la inexistencia de la información solicitada; un 14.3 por ciento (30) refiere que responder a la solicitud “no es competencia de la unidad de enlace”, y el 1.4 por ciento restante (tres) –todas del Sindicato– no respondió a la petición de información, a pesar de que el sistema establece un tiempo límite de réplica.
La opacidad con que Pemex realiza la terciarización de servicios, dicen especialistas, se presta para cometer actos de corrupción y de conflicto de interés. Foto: Cuartoscuro
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En 2003, el entonces Presidente Vicente Fox Quesada –el primero no emanado del PRI– tenía tres años en el Gobierno y emitió un conjunto de leyes para transformar la Secretaría de la Contraloría en Función Pública como símbolo de combate a la corrupción. Una de las primeras reformas internas de la dependencia fue la elaboración de un manual del lenguaje ciudadano.
En el prólogo del manual, el experto en Lenguaje llano, Daniel Cassany, escribió: “Algunos piensan que esto es normal, que siempre fue así, que son gestiones complejas que exigen un lenguaje complicado. Dicen: “¡Es lógico manejar tantos documentos! ¡Es comprensible que sean extensos! ¡Que tengan un lenguaje barroco! ¡Que no los entendamos! … ¡No puede ser de otro modo!
Nacían los mecanismos de acceso a la información en México y el deseo era que las entidades respondieran de manera entendible. Una década después y cuando hay una nueva Ley de Transparencia, aquel manual está sepultado. Jamás fue reeditado y no se convirtió en el eje de las entidades públicas para responder las solicitudes de información de los ciudadanos.
Esta Unidad de Datos solicitó el argumento legal de Pemex y sus filiales para permitir las subcontrataciones; y para permitir la subcontratación a través de empresas contratadas. Pidió conocer también las responsabilidades legales que Pemex y sus filiales adquieren cuando las empresas contratadas realizan subcontrataciones; además de saber los lineamientos con los que cuentan para garantizar que las empresas subcontratadas cumplan con los requisitos mínimos de calidad, al momento de brindar los servicios. Pemex y sus filiales explicaron con cascadas de párrafos las bases que permiten la figura de la subcontratación y las condiciones de la misma.
María Marván Laborde, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, piensa: “en México, tenemos la muy mala costumbre de que el lenguaje legal sea poco entendible. Y además los documentos legales, sobre todo cuando se trata de juicios, especialmente por una mala costumbre a partir de que se generó toda la forma de hacerlos por computadora, les es mucho más fácil a los equipos jurídicos […] hacer resoluciones larguísimas en lugar de tener el trabajo de leer, identificar y poner los argumentos en un lenguaje entendible”.
Con cada réplica, Pemex y sus filiales adjuntaron párrafos y copias de documentos en los que se leía, al pie de la letra, lo estipulado en la Ley. El problema, en muchos de los casos, fue que incluyeron todas las disposiciones legales sin indicar o subrayar aquellos aplicables a dar respuesta a lo cuestionado.
Por ejemplo, para explicar que no existe una reglamentación específica para subcontratar empresas, y que en cada caso y con cada contrato las subcontrataciones quedan establecidas según la circunstancia, la empresa productiva del Estado refirió que “las disposiciones que actualmente rigen el procedimiento de contratación en Pemex son las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 2016, mismas que prevén la subcontratación” [respuesta a la solicitud número 1857200088017].
En consecuencia, Pemex adjunta todas las Disposiciones Generales, un mar de letras donde se halla el inciso “C. Concurso abierto” que menciona que “[l]as bases de concurso abierto considerarán, entre otros aspectos, los términos de la subcontratación”.
Lo mismo sucede con la respuesta acerca de las responsabilidades de Pemex y sus filiales para con los trabajadores subcontratados, ya que la empresa señala que, en todo caso, el denominado “arrendador” –que es la empresa contratada por la paraestatal, que asimismo subcontrata– es completamente responsable “por todos los trabajos, actos, omisiones y faltas de todos los subcontratistas como si se tratara de trabajos, actos u omisiones generados por el mismo arrendador. Responsabilidad que se encuentra establecida en la cláusula denominada ‘Subcontratación’ de cada uno de los contratos celebrados” (sic), refiere el oficio PPS-SIPDN-GSTAC-240-2017, emitido por Pemex Perforación y Servicios.
Ante las solicitudes de SinEmbargo, Pemex dejó claro que, en lo legal, “el contratista se obliga a sacar en paz y a salvo” a la paraestatal y sus dependencias “de cualquier demanda o reclamación de cualquier tipo, incluyendo las de carácter laboral, que pudieran presentar los subcontratistas por la ejecución de los trabajos relacionados con el contrato”.
Pero de la identidad de los contratistas no hubo nada como tampoco del contenido de los contratos.
¿Cuántos trabajadores ha despedido Pemex desde que puede subcontratar? ¿Cuántas empresas han sido subcontratadas por Pemex y sus filiales, de 2013 a la fecha? ¿Qué cantidad de personal ha sido subcontratado en ese mismo periodo? ¿Para qué tipo de trabajo fueron subcontratados? ¿Cuál fue el servicio más subcontratado? ¿Los empleados de empresas terciarias han interpuesto demandas por accidentes, incumplimiento de contrato o despido injustificado?
Estas dudas sobrevivieron y ahora forman una montaña de papel digitalizado en los archivos del INAI.
Pemex ha decidido ponerle un lazo a su información. Las propias estadísticas del INAI muestran que en promedio el margen de respuesta con envío de información de la petrolera no supera el 18.5 por ciento.
Desde 2015, de las 22 mil 694 solicitudes, Pemex ha respondido a 11 mil 953 (53 por ciento) con “entrega de información en medio electrónico”. Que “no es competencia de la unidad de enlace” la usó en 2 mil 799; es decir, en el 12.3 por ciento. Y con declaración de “inexistencia” en 2 mil 130, el 9.4 por ciento.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
