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La Alianza contra la Desigualdad México y Nuestros Presupuesto han impulsado la campaña en México #QueLosRicosPaguen.
Las organizaciones Artículo 19 y Fundar habían hecho un llamado a la Suprema Corte para resolver con perspectiva de derechos humanos los recursos legales que estaban pendientes. Mientras que a la administración federal pidió generar las condiciones políticas necesarias para abrir una discusión en torno a una nueva ley.
El Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá retiró este miércoles su proyecto que avalaba la controvertida Ley General de Comunicación Social, aprobada por el Congreso durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto y que permitirá al Gobierno federal, a través de la Secretaría de la Gobernación, entregar la publicidad oficial de manera discrecional, sin reglas claras y, sobre todo, sin que se puedan rendir cuentas.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ejerció 3 mil 246 millones de pesos en publicidad oficial durante su primer año de Gobierno, de acuerdo con el informe elaborado por Fundar y Artículo 19. Este monto, aunque es menor al gasto de Enrique Peña Nieto en el mismo periodo, el reparto fue discrecional y opaco.
Dolores Padierna expuso que la iniciativa eliminaría la opacidad y discrecionalidad en el uso de recursos públicos y fomentaría la rendición de cuentas con la modificación de 14 leyes y la abrogación de una ley, lo que deviene en la extinción de 44 fideicomisos.
El Estado perdona impuestos y adeudos fiscales para apoyar económicamente a las personas y para buscar que los contribuyentes incumplidos se regularicen: Fundar.
Fundar encontró que “las acciones de coadyuvancia para las alertas de género” disminuirían 78 por ciento y los recursos transferidos a estados y municipios tienen reducción 5 por ciento. Con estos recursos se deben financiar las alertas de género establecidas en 18 estados y 295 municipios a lo largo del país.
Fundar pide al Congreso retirar el carácter de preferente a la actividad minera por la falta de desarrollo y empleo a comunidades.
En octubre de 2018, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la cancelación total de esta práctica, sin embargo, la promesa no se ha materializado en una ley. Asimismo, se han reconocido las afectaciones ambientales, pero daños para la salud aún siguen siendo invisibilizados.
Si el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador implementa la amnistía fiscal a empresas y personas físicas en 2019, el Sistema de Administración Tributaria sólo recaudaría dos pesos por cada ocho condonados, advirtió un informe de la organización Fundar.
Pérez Garrido señaló que la futura administración recibirá un país complejo, “con instituciones dinamitadas“. Y llamó a tomar decisiones adecuadas para evitar la repetición de los esquemas de violencia que México vivió durante los gobierno de Felipe Calderón y Peña Nieto.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, está en vigor en México desde el 5 de septiembre de 1991. La adhesión a ese estatuto obliga al Estado a consultar a los pueblos indígenas y originarios sobre toda ley o proyecto en su territorio que pudiera afectarlos.
A pesar de la gran cantidad de recursos públicos y privados movilizados para la reconstrucción luego de los sismos de septiembre del año pasado, aún no se puede conocer ni evaluar si las acciones del Gobierno han cumplido sus objetivos para la atención de todas las necesidades de la población afectada.
No se tomó en cuenta el presupuesto que designó el Congreso ni los reclamos de la sociedad civil: para 2017, la administración pública federal volvió a rebasar el gasto en comunicación social que tenía permitido.
Actualmente, se tienen en 374 fideicomisos que concentran 835 mil 477.8 millones de pesos, cantidad que es equivalente al 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)
Organizaciones civiles reiteraron que la Auditoría Superior de la Federación sigue sin aclarar de manera precisa los ceses de tres de sus auditores, lo cual daría certidumbre jurídica para evitar especulaciones o generar más dudas, incluyendo supuestos conflictos de interés.