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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) planteó en su informe final sobre el caso Iguala, presentado el día de ayer en el Claustro de Sor Juana, distintas interrogantes que a la fecha la Procuraduría General de la República no ha salido a explicar. El Grupo de Expertos destacó que en la noche de Iguala fuerzas de seguridad y criminales llevaron a cabo un ataque coordinado contra los normalistas de Ayotzinapa que se extendió mediante un cerco de 80 kilómetros para impedir la salida de los jóvenes de la ciudad de Iguala. En este punto, el informe habla sobre la existencia de una persona identificada como “caminante” con quien se comunicaron varios de los policías en distintos en “horas críticas”. De este personaje no se sabe nada. De lo que tampoco se conoce es sobre el móvil del quinto autobús que una parte de los normalistas había tomado y que no estaba siendo investigado. El GIEI también cuestiona la alteración de las escenas del crimen como es la visita a escondidas que hizo el titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, en la zona aledaña del Río San Juan un día antes de que se hallará los únicos restos humanos, así como la repentina aparición de 42 casquillos y la desaparición de una moto de personal militar que simplemente se extravió.

Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).– El Informe Ayotzinapa II, realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), abre a muchas dudas, lagunas y sospechas que no sólo alertan sobre la posibilidad de que evidencia clave fuera alterada, sino que también marca rutas que permitirían saber el destino de los 43 normalistas secuestrados y desaparecidos entre la noche del 26 de septiembre de 2014 y las primeras horas del día siguiente.

“CAMINANTE”

El informe señala que el análisis de las comunicaciones telefónicas de miembros de la Policía de Iguala que participaron en el ataque y la detención de los normalistas en la noche del 26 y las primeras horas del 27 de septiembre de 2014 permite advertir que “al menos seis elementos tuvieron comunicación con un número de teléfono identificado en las agendas como ‘Caminante’. Al menos tres de ellos en horas críticas durante la persecución y detención de los estudiantes. La identidad de este usuario no ha sido esclarecida por la Procuraduría General de la República”.

“Caminante” aparece mencionado tres veces en el último informe del GIEI.

“Las llamadas de Fausto Bruno Heredia [policía] en estas horas críticas (22:16-22:35) fueron a un número de teléfono que se identifica bajo el nombre de ‘Caminante’. Este teléfono a su vez se comunica con otros policías en horas críticas conforme al esquema en numeral 13 infra. El contraste entre diferentes elementos de prueba debería ser valorado tanto para la investigación como para la determinación de los responsables”, dice en la página 196.

Más adelante, en la página 202, señala que durante toda la noche del 26 y 27 de septiembre, “seis miembros de la Policía Municipal de Iguala tuvieron comunicación con el teléfono de una persona identificada como ‘Caminante’. Este número surge de la extracción 746/2014-III, en el que se solicita la forensia en el teléfono que se le confiscó a RAMIRO OCAMPO PINEDA, ‘EL CHANGO’”.

“Con dicho número –agrega–, Fausto Bruno Heredia sostuvo 10 comunicaciones en las horas críticas desde las 22:16 y las 3:42 de la madrugada, cuando él se encontraba en las Antenas cercanas a Juan N. Álvarez, a Comandancia, y durante la madrugada, Antenas cercanas a Jardines y Villa de Guadalupe. Por su parte, Rubén Alday Marín, tuvo 29 comunicaciones en horas críticas, una desde la Antena Benito Juárez cercana a Comandancia y el resto desde la Antena de Margaritas, entre las 23:03 y las 4:32. Los otros tres agentes que tienen comunicación con esta persona son Zulaid Marino Rodríguez, Miguel Ángel Hernández Morales, y Enrique Pérez Carreto”, cita el informe.

“En fecha 15 de mayo de 2015 la PGR acordó solicitar la información de este número. En el expediente al que ha tenido acceso el GIEI, no consta el oficio remitido a la Empresa Telefónica ni la respuesta al mismo. Tampoco en el expediente consta que se hayan realizado diligencias de investigación para identificarlo y para establecer su relación con la Policía Municipal de Iguala u otras”.

El “Caminante” es uno de los misterios de la indagatoria.

SOSPECHOSA VISITA DE ZERÓN

El titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, junto a un agente vestido de civil y con Agustín García Reyes, “El Chereje”, uno de los inculpados en el caso, visitó, sin que esto haya sido consignado el expediente, la zona del Río de San Juan un día antes de que ahí fuera hallada una bolsa con restos humanos, evidencia que dio pauta para la identificación del normalista Alexander Mora Venancio, uno de los 43 desaparecidos.

La llamada “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam está basada en la idea de que los estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula. Por eso, para el Gobierno de México ha sido muy importante confirmar que hubo un gran incendio allí y que allí se quemaron, hasta su casi desaparición, los estudiantes.

La “verdad histórica” es tan importante para Zerón como para Murillo Karam. ¿Sembraba evidencia para apuntalar su versión? La duda persiste.

“El análisis de las imágenes muestra que mientras los equipos periciales de PGR y el EAAF, así como la mayor parte de los periodistas que lograron acceder al lugar, se encontraban realizando los trabajos en el basurero de Cocula, uno de los inculpados, ya en la proximidad de las casas del pueblo, donde se señala que fue encontrada la bolsa con restos óseos que habrían sido sacadas del basurero de Cocula, fue llevado a la zona donde al día siguiente sería descubierta una de dicha bolsas. Estuvo acompañado por un escolta o custodio vestido de civil y por Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal, en un lugar sin mayor presencia de seguridad que se habría retirado en ese momento”.

El documento explica que de esta pesquisa no existe registro en el expediente 001/2015 relativo al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Menciona que se supo de la presencia del titular de la AIC y “El Chereje” gracias a las grabaciones proporcionadas por periodistas gráficos al Grupo de Expertos. Refiere que tras haber estado en el lugar, el funcionario federal y el implicado en el caso se retiraron del lugar y poco después una patrulla bloqueó el acceso al camino.

Todo ello queda consignado en la grabación difundida ayer por el GIEI. En el video se aprecia que tras el bloqueo al camino, uno de los forenses de servicios periciales encontró evidencia en el cauce del río. El perito recogió lo que parecía ser huesos o pedazos de hueso, sin que se pudiera identificar si correspondía a un humano o a un animal.

Poco después, las imágenes muestran al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) bajar del basurero de Cocula en dirección a la zona aledaña del Río San Juan encontrándose con el bloqueo. Los forenses explicaron su retirada del basurero para poder bajar con luz dada la inseguridad de la zona. Mientras, el forense que se encontraba en una zona cercana es captado cuando baja de nuevo al cauce del río al parecer buscando nuevos elementos.

El video captado por periodistas muestra cómo la responsable del EAAF, Mercedes Doretti, discute con un agente de la PGR que minutos antes estaba en el escenario del cauce del río. Según lo dicho por el EAFF el reclamo se originó porque los funcionarios de la PGR se quejaron que el Equipo Argentino “trabaja poco y han bajado temprano del basurero”. Posteriormente las imágenes captadas muestran al forense que estaba en el río subir de donde se estaba, encontrándose en el lugar una mujer vestida también con mono blanco de servicios periciales, junto con otros colaboradores. Ambas personas salen del lugar observando el suelo en un área aledaña al cauce.

“De ninguna de estas diligencias existe registro en el expediente 001/2015 relativo al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Si bien la historia oficial sobre el lugar señaló que el descubrimiento se hizo el día 29 y que los inculpados fueron llevados posteriormente para reconstruir la secuencia de hechos, la evidencia muestra que el día anterior se llevó a cabo una preparación de dicho escenario sin que existiera ningún registro de estos hechos”, plantea el informe del GIEI.

“La evidencia muestra que uno de los inculpados (el Chereje) fue llevado a dicho lugar el día 28 de octubre de 2014, donde estuvo en el lugar en que al día siguiente sería descubierta la bolsa. También aparecen imágenes del trabajo de servicios periciales que recogen muestras del mismo lugar. De ninguna de estas diligencias existe registro en el expediente 001/2015 relativo al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Si bien la historia oficial sobre el lugar señaló que el descubrimiento se hizo el día 29 y que los inculpados fueron llevados posteriormente para reconstruir la secuencia de hechos, la evidencia muestra que el día anterior se llevó a cabo una preparación de dicho escenario sin que existiera ningún registro de estos hechos…”

EL QUINTO AUTOBÚS

El Informe Ayotzinapa I alertó sobre la existencia de un quinto autobús que una parte de los normalistas había tomado y que no estaba siendo investigado. Ahora, el Informe II plantea más dudas y contradicciones.

“Este quinto autobús Estrella Roja, que salió por la puerta de atrás de la Central Camionera, se detuvo antes de salir de la ciudad, y después fue parado por Policía Federal, cerca del escenario del Palacio de Justicia donde se encontraba bloqueado y era agredido otro autobús de normalistas por parte de la policía municipal, el Estrella de Oro 1531”, narra el informe.

“Los estudiantes que iban en ese 5o autobús sobrevivieron a los hechos pero fueron perseguidos y sufrieron disparos por parte de policías municipales, con participación de una patrulla ministerial según su testimonio, durante cerca de 3 horas hasta conseguir salvarse. La opacidad de la existencia de este autobús, las contradicciones evidentes del testimonio del chofer, así como una carta encontrada con su firma que confirma el testimonio de los normalistas, fueron parte de las cuestiones que llevaron al GIEI a plantear una hipótesis del caso que debía ser investigada. Esta hipótesis es la posibilidad de que dicho autobús podría haber sido un medio de transporte de la heroína que se produce en la zona, lo que podría explicar el nivel del operativo dirigido a no dejar salir los autobuses, al cerco en la carretera que se muestra en este estudio y la agresión creciente contra ellos, con la desaparición forzada de los normalistas y el ataque masivo contra el autobús de Los Avispones”, dice el segundo informe.

El descubrimiento del quinto autobús, realizado por el GIEI y no investigado por la PGR, permite advertir que no sólo policías locales, sino también federales participaron en los hechos. La sospecha de que ese camión estaba cargado de heroína hace todavía más urgente la investigación, porque es el epicentro de una acción conjunta y extendida de narcotraficantes y policías en activo que pasa por encima de los normalistas. La sospecha, más claramente, es que los agentes vigilaban un cargamento de drogas que iba en ése autobús, y que en su “encomienda” no escatimaron en atacar a jóvenes estudiantes.

Sin embargo, esta tesis sigue sin investigarse por alguna extraña razón. Y lejos de eso, han aparecido declaraciones contradictorias del chofer y una carta firmada con él pero que no escrita por él, que hace ver el interés de las autoridades investigadoras de construir una versión, no encontrar la verdad.

“Para el GIEI esta hipótesis sigue sin ser explorada en profundidad. Muchas de las diligencias llevadas a cabo se han realizado por iniciativa del GIEI, salvo las pruebas grafológicas. La investigación sobre el trayecto, y otros testimonios que puedan ser recogidos, además de la asistencia jurídica internacional contribuirá ojalá a un mayor esclarecimiento. De igual manera se debe investigar si se están cometiendo falsedades o se está pretendiendo engañar a la justicia. Para el GIEI la situación ha evolucionado desde una ausencia en la narración de los hechos de un autobús que no existía en el expediente, a la comprobación del mismo, y de la integración de su historia en el conjunto del operativo llevado a cabo la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala. Los estudiantes de ese autobús fueron sobrevivientes, el autobús no fue atacado, y la versión dada por el chofer no coincide con la realidad. La aparición del manuscrito y los testimonios de trabajadores de la empresa avalan el contenido del escrito que confirma la versión de los normalistas”.

LA MOTO EXTRAVIADA

Hay un evento por demás extraño, planteado en el informe del GIEI y apenas expuesto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Se refiere a un militar que aparece en una motocicleta justo cuando un grupo de estudiantes es sacado de un camión y llevado a unidades de policía. Eso sucedió bajo un puente, frente al Palacio de Justicia (desde donde, por ciento, se tomaron imágenes de los hechos pero el material está “extraviado”). El militar toma fotos y abandona el lugar, dejando la moto.

“En ninguna de las primeras declaraciones de militares de diciembre de 2014 se hace referencia a una moto que habría sido sustraída por agentes de policía municipal en la zona del Palacio de Justicia. Tampoco en las nuevas declaraciones tomadas en agosto de 2015. Sin embargo, en septiembre de 2015, unos días después de publicado el informe Ayotzinapa, donde se señala que los militares habrían acudido a la comandancia de barandilla preguntando por una moto, e inspeccionado por tal motivo las instalaciones después de regresar del Palacio de Justicia. ¿A qué se debe esa ampliación de declaración de dos militares sobre el mismo hecho? En esas nuevas declaraciones se señala que después del levantamiento de la escena del crimen de Juan N. Álvarez, los militares habrían ido al palacio municipal para recoger dicha moto, y que el teniente G les avisó que la moto estaba en dicho lugar mientras estaban custodiando el lugar donde quedaron muertos dos estudiantes. Sin embargo ese hecho no fue citado en su declaración por el teniente JG, ni por ninguno de los militares que formaban parte de esa patrulla en sus declaraciones anteriores. En todas ellas, después de salir de la escena de Juan N. Álvarez los militares señalaron que se retiraron al 27 Batallón”, dice el informe.

El GIEI agrega las siguientes recomendaciones:

• Ordenar una inspección al equipo de computo de cargo en el pelotón de información del soldado EME y de JMC, de conformidad con la información que suscribe el COR.JM y LIC. MLAGDEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 y en el oficio NÚMERO SVII-2223 del 21 de septiembre de 2015, DE LA DEPENDENCIA DE LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA MILITAR. SECCIÓN C.C.A.E. MESA SÉPTIMA, con la finalidad de obtener los archivos originales. Tomo 137, hojas 357.
• Solicitar al Batallón 27 los archivos originales de las fotografías que enviaron mediante oficio y que contienen fotografías del Palacio de Justicia el día 26 de septiembre de 2014. Tomo 137.Disponer una pericia sobre los originales de estas tomas fotográficas para que se determinen todos los aspectos que son relevantes para la investigación, así como el análisis detallado de los vehículos y patrullas que aparecen en las tomas, la fecha etc
• Solicitar al Batallón 27 el material original de los videos entregados y grabados el 26 y 27 de septiembre de 2014, que fue enviado mediante oficio a la PGR y de los demás que se posean con ocasión de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
• Ordenar un dictamen pericial de ese material fílmico para que se determine hora, fecha, lugar y persona o vehículos que aparecen en el mismo. Así como la transcripción de lo que se dice en el video.
• Solicitar información al Batallón 27 respecto de una moto Yamaha 125 FRG 26 modelo 2012, todos los registros de la misma desde agosto de 2014 hasta octubre de 2014. Así como todos los registros de asignación, quién era su conductor, para que actividades estaba dispuesta etc.
• De igual manera mencionamos que faltan miembros del Batallón 27 que no han declarado y que es nuestro deseo estar presentes cuando se llevan a cabo estas diligencias.
• Solicitar al Batallón 27, información sobre denuncias de retención, pérdida o recuperación de un vehículo motocicleta durante el día 26 de septiembre de 2014.

LA MULTIPLICACIÓN DE LAS BALAS

A decir del GIEI el tema del resguardo del basurero es “particularmente problemático” ya que el día 27 de octubre de 2014 llegaron peritos de la PGR y el EAAF al lugar, en él ya se encontraba personal militar y policía ministerial. Ambos equipos de peritos trabajaron de forma conjunta hasta el 6 de noviembre. Para efectos de diferenciación denominaron zona A, a la parte alta del basurero de Cocula, aquella a la cual se llega en vehículo, y la zona de la hondonada como zona B.

“Como da cuenta el dictamen folio 78632 de AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/818/2014 de 7 de noviembre de 2014, página 7, se inspeccionó la zona A para casquillos de balas, entre otros indicios que pudieran ser de interés criminalístico o forense”, dice el informe.

Otra de las inconsistencias reportadas precisamente por el Grupo Interdisciplinario, la cual había sido consignada con anterioridad en el peritaje del EAAF, es el hallazgo de 42 casquillos “que se encontraban entre las piedras, en una zona a la vista de cualquier persona que circula por la parte alta del basurero y que había sido inspeccionada cuidadosamente semanas antes por los equipos de criminalística y los forenses”.

El Grupo menciona en su informe que esa zona  fue inspeccionada el 7 de noviembre de 2014 para buscar elementos de balística. En esa ocasión, se levantaron 13 casquillos tras lo cual, según informó al GIEI, el EAAF solicitó que se determinara el resguardo del lugar. Sin embargo, tanto la prensa como otras personas circulaban con total libertad por el lugar. Días después se hallaron los 42 casquillos.

“Resulta inexplicable que desde el 27 de octubre al 5 de noviembre de 2014 nadie haya visto esa evidencia tan significativa.  Dichos casquillos eran de distintos calibres y por su ubicación claramente no cayeron luego de ser percutidos por las armas respectivas, ya que se encontraban agrupados.Alguien los tuvo que haber colocado ahí”, refiere el GIEI sobre esta evidencia.

El reporte dice que esta situación es de máxima gravedad ya que, de acuerdo con la pericia balística del EAAF, uno de los 42 casquillos levantados el 15 de noviembre de 2014 había sido percutido por la misma arma que un casquillo recogido por la PGR y el EAAF en la zona B u hondonada del basurero y otro recogido en la zona A, ambos en el período que tanto la PGR como el EAAF se encontraban recogiendo evidencias.