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La vida de Rosario Robles no ha sido fácil: los hombres la dejan; los fajos en efectivo; traiciones…

viernes, febrero 26th, 2021

El caso Rosario Robles avanza. Han sido 17 meses en los que la Fiscalía intentó obtener de la exfuncionaria información sobre los desvíos de recursos públicos y en los que ella ha intentado defenderse. Por encima de todo, están las investigaciones de la ASF y las declaraciones de personajes cercanos a ella que refuerzan las razones por las que está desde 2019, en Santa Martha Acatitla.

Ciudad de México, 26 de febrero (SinEmbargo).– La carrera política de Rosario Robles Berlanga ha estado marcada por la lealtad que ha demostrado a sus cercanos, así como por los señalamientos y los vínculos con manejos irregulares de recursos que, se presume, han sido empleados para el financiamiento político. Aunado a ello, en su paso por la política, la exsecretaria de Estado también ha tenido que lidiar con traiciones, las cuales la tienen ahora en prisión, como ha señalado ella misma y su defensa.

Muna Dora Buchahin Abulhosn, exauditora que detectó los malos manejos en la administración pasada, asegura que Rosario Robles no actuó sola, que todos los desvíos detectados en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) fueron estructurados desde el alto poder. Advierte que hubo complicidad en el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en la Función Pública, desde donde decían que todo estaba solventado.

“Por supuesto que ella (Rosario) no pudo realizar estas acciones sola, todas estas acciones son intencionadas, planeadas con el fin del desvío. Hubo una red estructurada desde el alto poder. Es uno de los más altos actos de corrupción en el país”, señaló la exauditora en una entrevista con SinEmbargo. “Estaban los que fabricaban los contratos, los que buscaban los contactos, los que hacían las empresas fachada, los que en la parte del SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera encubrían, los que recibían el dinero, los bancos que permitían este tipo de acciones”.

Economista de formación, Robles dio sus primeros pasos en la política de mano del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM). Posteriormente tuvo un importante paso por las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), instituto político del que fue presidenta nacional, con una gestión que quedó marcada por la recepción de recursos por parte del empresario argentino Carlos Ahumada, quien fuera su pareja sentimental.

Estos recursos, de acuerdo con las denuncias, tuvieron como destino a la propia Robles para el financiamiento de campañas, algo que ella siempre negó. Años después volvió a estar envuelta en otro escándalo que también implicó dinero, esta vez como Secretaria de Desarrollo Social y como Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cargos que desempeñó en el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, acusaciones que hoy la tiene en prisión.

EL ENCIERRO Y LOS INTENTOS DE NEGOCIACIÓN

Rosario pasó ya año y medio presa en el Penal femenil de Santa Martha Acatitla; durante ese tiempo y a pesar de que hay otros cómplices en el esquema conocido como la “Estafa maestra”, ella ha decidido no hablar. En unas horas, en la audiencia intermedia del caso, se determinará si son suficientes y válidas las pruebas que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de ella, además de evaluarse las que presentó su defensa.

Durante este tiempo, su equipo exploró varias vías para lograr su libertad: amparos, cartas, cambio de equipo legal e incluso solicitaron negociar con la Fiscalía un criterio de oportunidad o apegarse a la figura de procedimiento abreviado.

La defensa de Robles no quiso dar un posicionamiento sobre la situación en que se encuentra el caso. “Por el momento no estamos dando entrevistas derivado de el momento en el que se encuentra la negociación”, dijo a SinEmbargo su abogado Epigmenio Mendieta. Una respuesta similar provino del vocero de Mariana Moguel, hija de Rosario Robles: “Por el momento no habrá posicionamientos ni de la familia ni de la defensa”.

ROSARIO-ROBLES-EMILIO-ZEBADÚA

Emilio Zebadúa en una reunión con Rosario Robles el 3 de enero de 2017. Foto: Twitter
@Rosario_Robles_

Parte de los elementos que mantienen a Robles en prisión provienen de las declaraciones de Emilio Zebadúa, quien fuera su Oficial Mayor tanto en la Sedesol como en la Sedatu, a quien sí se le otorgó el criterio de oportunidad. Sus señalamientos los empleó el Ministerio Público para atribuirle cargos a Robles por el desvío de recursos públicos en la llamada “Estafa Maestra”.

Los argumentos que la defensa de Rosario no ha logrado combatir fue que ella, como titular de estas dependencias, sabía de los desvíos y permitió que estos mecanismos fueran continuados, al conservar a los funcionarios que los realizaron tanto en la Sedesol como en la Sedatu.

El pasado 20 de febrero, la FGR informó al Juez Ganther Villar Ceballos que no se cumplieron los requisitos para negociar el criterio de oportunidad, con el que ella colaboraría con las autoridades para que fuera retirada la acción penal en su contra. En tanto, el procedimiento abreviado requiere que se declarara culpable para recibir una sanción mínima.

Desde el año pasado, el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, dijo en una conferencia, en relación al criterio de oportunidad, que la diferencia entre ella y Emilio Lozoya Austin—ex titular de Petróleos Mexicanos, actualmente con prisión domiciliaria por caso Odebrecht y Fertinal— es que Robles no ha querido hablar sobre los implicados en la “Estafa Maestra”.

Estas personas involucradas no serían los integrantes de su equipo en las dependencias, que están claramente detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sino a quienes se ha identificado como sus superiores: Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto.

En ese sentido, Muna Dora Buchahin Abulhosn comentó que en esta audiencia intermedia tendría que haber un resarcimiento del daño y brindar información que involucre a otras personas.

“Yo no sé en qué va a acabar esto porque primero ella dijo que tenía información y que la iba a revelar y de repente hubo un silencio mortal y tampoco supimos nada del asunto de Zebadúa porque lo que él reveló tampoco era cosa cierta, yo que estuve ahí en esa ASF te puedo decir que lo que él decía que se quedaron las universidades no era cierto”, comentó.

LOS OTROS NOMBRES

El 13 de agosto de 2019, horas antes de que el Juez Jesús Delgadillo Padierna le dictara prisión preventiva y vinculación a proceso, le cuestionó a ella y a su defensa si no querían ahondar en la participación de dos políticos que fueron mencionados como posibles implicados en los delitos que se le imputaron: José Antonio Meade y Enrique Peña Nieto.

Tanto ella como la defensa dijeron que no y se le acusó de uso indebido del servicio público y parte de la acusación reposó en que ella dejó que ocurrieran los desvíos millonarios a través de contratos.

Su propia defensa, horas antes, dijo ante el Juez que tanto en giras como a través de la línea roja, Rosario le informó a Peña Nieto sobre las observaciones de la Auditoría.

De ahondar en esas conversaciones, se habría debilitado la acusación de que ella permitió el sostenido desvío de recursos. Pero no ocurrió y la Fiscalía le imputó irregularidades en el manejo de cinco mil 070 millones de pesos que podrían convertirse en el pago por reparación de daño, además de los 23 años que podría pasar en prisión.

No es fortuito que Rosario haya pasado 17 meses en prisión, ya que desde que se le fincaron las acusaciones se le dio la oportunidad de hablar sobre el resto de los implicados. Ella se negó en un primer momento y hasta hace unas semanas intentó negociar con la FGR.

En estos meses no hubo declaraciones de ella contra el expresidente Enrique Peña o el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray Caso, sino que acusó a la actual administración de llevar a cabo una venganza contra ella e incluso de misoginia.

EL PASADO DE ROBLES

En el pasado, Robles actuó de manera similar en el escándalo de corrupción de Carlos Ahumada Kurtz. Rosario y su cercano colaborador Ramón Sosamontes Herreramoro, renunciaron al PRD en 2004 luego de la filtración de los llamados videoescándalos.

En uno de ellos se evidenció a Sosamontes intercambiar un maletín con un millón de dólares con Ahumada, a quien a pesar de conocer íntimamente desde inicios del milenio y ser el “cupido” entre el empresario argentino y su jefa, lo desconoció cuando fue aprehendido.

Otro de los videos mostraba a René Bejarano, en ese momento líder de la mayoría del PRD en la Asamblea Legislativa, recibiendo una gran cantidad de dinero de Carlos Ahumada para favorecer las campañas de los candidatos de su partido. Fue entonces que la bomba estalló y el escándalo persiguió no sólo al órgano político sino también a la funcionaria.

Los detractores de Robles la acusaron de fomentar la relación Bejarano-Ahumada y de usar su cercanía con éste último para otorgar “favores gubernamentales” a distintas empresas. Ella siempre lo negó y ante una posible expulsión de su partido, decidió renunciar.

En su libro Con todo el corazón, publicado en el año 2005, Rosario Robles resumió así su relación con Ahumada: “Cometí el error de relacionar lo personal con lo político”.

La “Estafa Maestra” permitió a Sedesol, Sagarpa, Economía, SCT, ISSSTE, Pemex y otras dependencias del Gobierno desviar recursos a las campañas políticas. Foto: Cuartoscuro.

EL CÍRCULO DE ROBLES

–Enrique Peña Nieto

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue quien le dio su segunda oportunidad a Rosario en la política y no con un papel menor, sino con la titularidad de la Sedesol, una de las dependencias más importantes del Gabinete federal. De manera inmediata, tras ganar la elección, Peña Nieto y Rosario presentaron la Cruzada Nacional Contra el Hambre, que sería el programa social más ambicioso de esa administración.

Pero muy pronto —también— llegaron los señalamientos de irregularidades en el manejo de  recursos, ya que se le acusó junto con el entonces Gobernador Javier Duarte, de desvío de recursos públicos para beneficiar electoralmente al PRI.

“Rosario, no te preocupes, hay que aguantar, porque han empezado las críticas, han empezado las descalificaciones de aquellos a quienes ocupa y preocupa la política […] Que sigan aquellos criticando las acciones, porque a otros los ocupan las elecciones; a nosotros nos ocupa y nos compromete acabar con el hambre de México […]  “hay que aguantar”, le dijo Peña Nieto a Rosario en un mitin en Chiapas en 2013.

Rosario Robles recibió, así, el respaldo del Jefe del Ejecutivo federal, a quien ha desvinculado del esquema de corrupción del que se le acusa.

–Luis Videgaray

La promesa de Robles Berlanga de entregar pruebas puso en aprietos a Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda y excanciller, a quien sus abogados señalan como principal organizador de la “Estafa Maestra”.

Pero, al mismo tiempo, hay razones para dudar de la exsecretaria no sólo por su situación personal sino porque en agosto de 2019 había ofrecido decir cómo informó a “sus superiores” de lo que ella realizó, pero al final, frente al Juez, no lo hizo. Prefirió que la encarcelaran.

“Por el momento es lo único que puedo informar. Se han hecho declaraciones que no han sido acordadas conmigo. He instruido a mis abogados atenerse al procedimiento judicial. Lo que sí debo decir es que hablaré con la verdad”, dijo Robles a través de una carta.

De acuerdo con la declaración de Zebadúa, la Sedatu, junto con la Segob y la Conagua, con el visto bueno de la Secretaría de Hacienda, habrían entregado 400 millones de pesos en pagos de 300 mil pesos, 400 mil pesos y hasta 10 millones de pesos para comprar terrenos aledaños al aeropuerto a personas que no acreditaron ser los propietarios de dichas tierras y aun cuando la Sedatu era justo la encargada de verificar la validez de la posesión de tierras porque tiene los archivos y expedientes agrarios de todo el país.

–Ramón Sosamontes

Ramón Sosamontes Herreramoro, exjefe de la Oficina de la Sedesol y asesor y Vocero en la Sedatu durante las gestiones de Rosario Robles, afirmó que las acusaciones sobre su persona emitidas por Emilio Zebadúa González, extitular de la Oficialía Mayor en ambas dependencias federales, son “una novela mal contada y una gran mentira”, pues era él quien tenía la atribución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para mover el dinero público.

Sosamontes fue señalado por Zebadúa González de ser el encargado de contactar a los rectores de universidades públicas, a través de las cuales se realizaban las subcontrataciones para desviar recursos en la llamada “Estafa Maestra”.

Pero además, Sosamontes tiene una acusación en la Fiscalía junto con Zebadúa González por firmar siete convenios que causaron daños al erario por mil 630 millones de pesos en la dos dependencias en cuestión.

Sosamontes ha mantenido un perfil bajo y en noviembre del 2020 logró una suspensión provisional de un Juez para evitar ser aprehendido a menos que sea por un delito grave que requiera prisión preventiva.

Desde el 8 de agosto de 2019, el mismo día en que se realizó la primera audiencia contra Robles, pidió el amparo 621/2019. Aunque también solicitó proteger su dinero. Ese mes sus cuentas fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El exfuncionario público también está denunciado ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) por beneficiarse con el otorgamiento de contratos a través de la empresa Sistema Guerrero Audiovisual.

–Emilio Zebadúa

Como en el caso de Sosamontes, Zebadúa es uno de los funcionarios que Robles conservó cuando se le asignaron las secretarías federales.

El equipo liderado por Zebadúa dejó en la Sedesol seis mil 558 millones 420 mil 667 pesos en duda, y así en 2015, el mismo equipo se mudó a las oficinas de la Sedatu. En su primer año de funciones la ASF encontró un posible daño al erario por cuatro mil 666 millones 536 mil 010 pesos.

Sobre los cuestionamientos por el mal manejo de recursos públicos, Robles declaró en diversas ocasiones que aunque fue la titular de ambas secretarías de Estado, hay órganos ejecutores del gasto “responsables con nombre y apellido”.El principal funcionario es el ahora aliado de la Fiscalía, Emilio Zebadúa.

De acuerdo con el manual de organización, es el encargado de hacer cumplir el código de conducta de la institución y es el que establece, junto con el titular de la dependencia, las políticas, normas, lineamientos, sistemas y procedimientos para la programación, presupuestación y administración del personal y de todos los recursos (materiales, informáticos y financieros) de la Secretaría.

-Con información de Dulce Olvera, Guadalupe Fuentes y Obed Rosas

Grupos civiles alertan: la ASF, un bastión contra corruptos, se contagió y actúa en lo oscurito

viernes, junio 8th, 2018

En cuatro comunicados emitidos desde el viernes pasado, la Auditoría Superior de la Federación no ha logrado aclarar de manera puntual y conforme a derecho por qué despidió a los tres auditores especiales Muna Dora Buchahin, Salim Orci Magaña y Javier Pérez Savedra, expusieron organizaciones civiles. Esta omisión, dijeron, abre la puerta a especulaciones y dudas, una de ellas, si hay casos de potenciales conflictos de interés en investigación dentro del órgano fiscalizador.

En ánimos de evitar que esta institución clave en la agenda de corrupción pierda legitimidad y confianza, urgieron al Auditor David Colmenares Páramo a explicar a la opinión pública y a legisladores el motivo de los tres ceses.

El ex Auditor Juan Manuel Portal Martínez (2009-2017) habla de despidos “masivos” de auditores especiales. Aseguró que Colmenares está “desmantelando” al órgano fiscalizador y que en 2013 lo despidió por ineficiente.

Ciudad de México, 8 de junio (SinEmbargo).– Siete organizaciones civiles reiteraron que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sigue sin aclarar de manera precisa y conforme a derecho los ceses de tres de sus auditores, lo cual daría certidumbre jurídica para evitar especulaciones sobre las causas o generar más dudas, incluyendo supuestos conflictos de interés.

Por su parte, el ex Auditor Juan Manuel Portal Martínez (2009-2017) dijo en entrevista radiofónica que el actual Auditor David Colmenares Páramo, quien fue elegido por la Cámara de Diputados y tomó el cargo en marzo, está “desmantelando” a la institución autónoma. “De los auditores especiales no queda ninguno y van varios directores generales”, aseguró al periodista Carlos Loret de Mola. “No sé qué cuentas van a entregar con gente nueva que no sabe lo que se tiene que hacer”, manifestó.

Portal Martínez despidió a Colmenares en 2013 “debido al incumplimiento de sus responsabilidades y al retraso en el trabajo que se llevaba en el área a su cargo”, argumentó. Nunca ha hecho una auditoría, remató.

La ASF, partícipe en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), rechazó la “politización” de su labor y argumentó que es parte de la “innovación” de un equipo para continuar su proceso de fiscalización sin funcionarios que tengan “negocios” relacionados con las actividades que desempeñan.

“Ninguna revisión se verá afectada por la renovación de cuadros”, aseguró la ASF en un comunicado este martes a unos meses de la llegada de un nuevo gobierno. Desde el primero de junio ha emitido cuatro comunicados (dos cartas y dos boletines), pero el Auditor David Colmenares no ha declarado una posición oficial ante la Cámara de Diputados, a la opinión pública ni a las organizaciones demandantes México Evalúa, Fundar, Ethos, CEEY, Acción Frente a la Pobreza, Transparencia Mexicana y Oxfam México.

Durante este mes, la prensa reveló que la Auditora Muna Dora Buchahin fue removida de su cargo como titular de la Dirección General de Auditoría Forense, unidad clave  en las investigaciones de sus informes sobre presuntas redes de corrupción por cerca de 7 mil millones de pesos. Esta remoción se sumó a la destitución, sin explicar las razones a la opinión pública ni a legisladores, del titular de la Unidad de Gasto Federalizado, Salim A. Orci Magaña, y del Auditor de Cumplimiento Financiero, Javier Peréz Savedra.

La ex Auditora Muna Dora Buchahin aseguró en entrevistas radiofónicas que su despido fue porque resultó “incómoda” con su trabajo de auditoría sobre desvíos millonarios de recursos públicos.

El viernes 1 de junio pasado, el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, Gerardo Lozano Dubernard, quien tomó el cargo el 21 de mayo en sustitución de Pérez Savedra y despidió a Buchanin, escribió en una carta que durante la gestión anterior la ASF contrató a la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, que Muna Dora encabeza, para prestar servicios de capacitación. Por ello, anunció Lozano, “se ha iniciado una investigación respecto al desvío de recursos humanos de la ASF en favor de la Asociación”, y requirió la intervención de la Unidad de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados. La auditora rechazó conflicto de interés por tratarse de una academia.

El lunes 4 de junio, el nuevo auditor especial Lozano escribió en otra carta que la auditora daba “un trato grosero y prepotente” a los auditores y señaló un supuesto “acosador sexual” cubierto por ella.

Fragmento de una carta aclaratoria del Auditor Gerardo Lozano sobre el cese dela Auditora Muna Dora. Foto: ASF.

Posteriormente, la ASF publicó un comunicado para informar que la fiscalización practicada por el área a la que estaba adscrita Buchahin seguirá su curso. El martes en otro comunicado, como respuesta al posicionamiento de siete organizaciones civiles, la institución argumentó un proceso de reestructuración iniciado en la actual administración del Auditor David Colmenares que obedece a los objetivos de “aumentar su impacto” mediante áreas y equipos multidisciplinarios y que los funcionarios de la ASF no tengan “negocios” relacionados con las actividades que desempeñan.

“Ahora dicen que es una reestructuración. ¿Es porque hay una reestructura?, ¿es porque hay un comportamiento indebido? El comportamiento indebido se señala respecto a una ex funcionaria, ¿y los otros cambios del de Gasto y Cumplimiento Financiero a qué se debieron?”, cuestionó Marco Fernández, académico de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey e investigador adjunto de México Evalúa. “No hay mención de que esté en algún lado las pruebas, denuncias; algo que nos oriente o sustente los dichos de los supuestos conflictos de interés”.

En diciembre, más de 100 organizaciones civiles exigieron a la Cámara de Diputados transparentar a la ciudadanía sus criterios de evaluación para seleccionar a los tres perfiles de los 41 aspirantes a encabezar los próximos ocho años la Auditoría Superior. Finalmente en marzo se eligió a David Colmenares para el periodo 2018-2026, quien sustituyó a Juan Manuel Portal Martínez. Es economista y ha laborado en Liconsa, la Secretaría de Hacienda y otros puestos públicos del gobierno.

El académico e investigador Marco Fernández también cuestionó “el débil funcionamiento” de la Cámara de Diputados, ya que la Auditoría es un órgano técnico de los legisladores, pero hasta el momento no han llamado a una explicación a través de sus comisiones sobre estos despidos injustificados.

“Ya están de salida y muchos de ellos en campaña”, acusó. “Es muy preocupante”.

Liliana Alvarado, directora de Desarrollo Económico y Social de Ethos, otra organización civil firmante, pidió que se maneje “con mayor cautela” la imagen de la ASF por lo que debe quedar claro si hubo el conflicto de interés señalado.

“Considerando el papel tan relevante que tiene la ASF dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, si bien es importante que cualquier dependencia e institución pública maneje los despidos de sus funcionarios con transparencia, en este caso en particular es más importante por su papel en fiscalización y control de los recursos públicos”,  expuso la integrante de Ethos, organización que lanzó la guía “Al buen entendedor, pocas palabras” sobre las leyes del SNA.

Sobre el silencio de la Cámara de Diputados, Alvarado enfatizó que “tendrían que ya haberse echado a andar todas las rutas necesarias para esclarecer el caso”.

El Auditor David Colmenares con miembros de la Cámara de Diputados. Foto: ASF.

PÉRDIDA DE LEGITIMIDAD EN EL HILO

De continuar con esta ausencia de respuestas puntuales y conforme a derecho, se corre el riesgo de que se pierda “legitimidad” y “confianza” en la labor de la institución que ha revelado irregularidades en gestiones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, entre otras, aseguraron las organizaciones.

“La ASF es una de las instituciones que, dentro de los tantos desafíos que tenemos para combatir la corrupción en el país, más o menos iba avanzando. Todas las controversias que están surgiendo al interior, la forma en como ha reaccionado el personal, la falta de claridad sobre las razones de los cambios, el silencio estratégico del Auditor que manda cartitas, pero no ha dado una explicación puntual ante los legisladores y opinión pública, es revelador y exhibe problemas sustantivos de la operación de una institución nodal para el funcionamiento del SNA”, aseveró el investigador adjunto de México Evalúa, Marco Fernández.

La Auditoría Superior de la Federación ha alertado y reiterado en sus Cuentas Públicas de 2013, 2014, 2015 y 2016 fallas de las Secretarías del Gobierno federal. Destacan irregularidades en apoyos de programas sociales a personas de más de 100 años, a fallecidos o repartos duplicados ante la falta de un padrón único de beneficiarios de la Sedesol gestionada por Rosario Robles (2012-2015) y José Antonio Meade (2015-2016); contrataciones entre entidades públicas como universidades y dependencias como la Sedesol o la SCT, dirigida por Gerardo Ruiz Esparza, que propician riesgo de fraude y corrupción; y el desarrollo de proyectos de infraestructura con retraso o sobrecosto con impacto económico y social, incluyendo el Nuevo Aeropuerto o el Tren Interurbano México-Toluca.

Sus informes también han evidenciado que de 2012 a 2016, 28 gobernadores priistas han dejado pendiente de solventar hasta enero de 2018 más de 140 mil millones de pesos recibidos tanto de gasto programable como de participaciones en 22 entidades, el 76 por ciento del total de los estados. Asimismo, desde 2012 a enero de 2018, los gobiernos estatales, presidentes municipales y universidades públicas no han solventado recursos públicos recibidos para gasto programable hasta acumular 183 mil 100 millones 700 mil pesos, con base en sus cuentas públicas.

La Auditoria Superior de la Federación de Colmenares, bajo la lupa. Foto;: ASF

Luego de la alerta de los medios de comunicación, la ASF informó que la decisión de remover del cargo a la auditora Muna Dora Buchahin fue por un posible conflicto de interés.

Sin embargo, las organizaciones civiles llamaron a que también haga del conocimiento público si inició una investigación al respecto y también si se encontró alguna irregularidad bajo la Ley General de Responsabilidades Administrativas vigente. De lo contrario, caería en una “omisión” una de las instituciones clave en la agenda anticorrupción, uno de los temas que más indignan a la ciudadanía, dijeron.

“Nos surgen más dudas. ¿Cuántos funcionarios públicos más tienen negocios al interior de la Auditoría Superior de la Federación? ¿A cuántas personas más van a destituir? ¿Cuánto tiempo llevaban en la Auditoría y por qué no se ha hecho nada al respecto?”, cuestionó la directora de Fundar Haydée Pérez Garrido. “Al no seguir el debido proceso lo que hacen es dejar abierta suspicacias y dudas razonadas y sustentadas acerca del actuar de la Auditoría. Hacemos un llamado muy respetuoso, pero también muy firme para que se dé cuenta de lo que se está preguntando y se cuide la legitimidad. Al país no le conviene que se cuestionen sus principios rectores de su trabajo. Lo que necesitamos son instituciones fuertes, consolidadas y que nos genere confianza a la ciudadanía”, agregó.

Pese a la serie de comunicados, Pérez Garrido consideró que la Auditoría no está respondiendo la pregunta más importante que se le ha hecho por un grupo de organizaciones, acerca de dónde está la denuncia, dónde está la investigación, y cuáles son los resultados si es que efectivamente hay un proceso abierto.

“¿Qué se hizo al respecto en su momento cuando eso sucedió?, ¿qué se hizo ahora?”, planteó. “Hay puestos que son de muy alta especialización que requieren de mucha profesionalización y prescindir de la experiencia y trabajo ya realizado, sustituir a las personas, por supuesto que se puede. Pero la innovación institucional y reestructuración no alcanza a contestar la pregunta de cuáles son realmente los motivos para justificar el despido”, reiteró la directora de Fundar.

Dentro de la serie de comunicados, la Auditoría Superior anunció que continuará con las auditorías programadas sobre la Cuenta Pública 2017 con 1,591 revisiones, incluyendo las que están bajo la responsabilidad del área a la que estaba adscrita la auditora Muna Dora Buchahin. “Serán tratadas con el máximo rigor técnico y neutralidad”, se comprometió. El órgano fiscalizador adelantó que emitirá un informe integral sobre el trabajo realizado desde 2012 hasta la fecha sobre las contrataciones de entes de gobierno con universidades públicas, el cual será entregado a la Cámara de Diputados en octubre de 2018.

Pero el Auditor David Colmenares no ha hecho ninguna declaración pública y no ha interactuado en sus redes sociales desde mayo. El miércoles estuvo en un evento público, pero no emitió comentarios al respecto.

“La ASF reitera que su trabajo se sustenta en una visión objetiva y técnica, con personal íntegro y honesto. Asimismo, rechaza categóricamente la politización sobre su labor y su gestión administrativa, en el contexto del proceso electoral actual, en el que se pretende dar mérito a una sola persona por el trabajo que realiza una institución. La posición de la ASF, dentro del proceso de rendición de cuentas del país, va más allá de las coyunturas electorales”, escribió el órgano.