El colectivo tiene contabilizadas 557 personas arrestadas por motivos políticos y que siguen en paradero desconocido a día de hoy.
Por Eduard Ribas i Admetlla
Ciudad de México, 21 noviembre (EFE).- El Gobierno de México ha puesto en marcha una Comisión de la Verdad para esclarecer la represión contra la disidencia emprendida por el Estado mexicano durante la llamada Guerra Sucia entre los años 60 y 80, que supone para las familias de las víctimas la última oportunidad para hacer justicia y saber de sus desaparecidos.
“Se acaba el tiempo, es un momento crítico, llega al límite esta investigación porque muchos han muerto. Pero si hay voluntad de investigar, los muertos hablan”, dijo a Efe Jorge Gálvez, miembro del Comité ¡Eureka!, que desde 1977 busca a personas desaparecidas por el Estado mexicano.
A finales de la década de los 60, el Gobierno autoritario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) emprendió en México la llamada guerra sucia – que las víctimas prefieren llamar “terrorismo de Estado”- en contra de disidentes de izquierda, estudiantes, obreros y organizaciones guerrilleras.
El punto de inflexión lo marcó la masacre contra el movimiento estudiantil de 1968 en un mitin en Tlatelolco y siguieron dos décadas de arrestos, torturas y desapariciones perpetradas por la ya extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) con la complicidad del Ejército.
El Gobierno de México ha puesto en marcha una Comisión de la Verdad para esclarecer la represión contra la disidencia emprendida por el Estado mexicano durante la llamada guerra sucia entre los años 60 y 80. Foto: José Méndez, EFE.
Mientras México apoyaba a la Revolución cubana, al Gobierno de Salvador Allende y al sandinismo, en su interior el régimen priista “ocultaba” la persecución a los movimientos de izquierda que pedían la democratización del país.
“Empezó una detención de líderes estudiantiles, obreros, campesinos y una desaparición selectiva [de personas]”, contó Gálvez, quien hoy dirige un museo con el archivo del Comité ¡Eureka!.
Este colectivo tiene contabilizadas 557 personas arrestadas por motivos políticos y que siguen en paradero desconocido a día de hoy.
El comité fue fundado por la reconocida Rosario Ibarra, quien tras el arresto de su hijo Jesús, se organizó con otras madres de desaparecidos, conocidas como “las doñas”, y emprendió históricas huelgas de hambre que lograron liberar a centenares de represaliados.
Pero a sus 94 años, Rosario Ibarra sigue sin conocer el paradero de su hijo.
CONOCER LA VERDAD
Cuatro décadas después, el Gobierno izquierdista de Andrés Manuel López Obrador formalizó el pasado 6 de octubre la creación de la Comisión de la Verdad que debe investigar las graves violaciones a los derechos humanos entre 1965 y 1990.
Para Gálvez, yerno de Rosario Ibarra, el decreto “se tardó porque tiene que dar frutos en dos años y medio”, cuando concluirá la Presidencia de López Obrador, y “queda corto el período de investigación”, dado que las desapariciones forzadas en México se dispararon con el inicio a la guerra contra el narcotráfico de 2006.
De todos modos, las familias apoyan a la comisión, formada por cinco expertos en derechos humanos con el apoyo técnico de la ONU.
Una de sus miembros, Eugenia Allier, contó a Efe que estudiarán casos de detención forzada, desapariciones, torturas y exilios, y que el fin principal es “dar a conocer lo que pasó”.
“El desconocimiento y la impunidad que rodea esa violencia permite que hoy vivamos una violencia mucho mayor todavía”, opinó la también historiadora.
Para encontrar la verdad, tanto la comisión como las familias consideran fundamental que el Gobierno cumpla su compromiso de abrir los archivos y las instalaciones, sobre todo del Ejército.
Este colectivo tiene contabilizadas 557 personas arrestadas por motivos políticos y que siguen en paradero desconocido a día de hoy. Foto: José Méndez, EFE.
“Tenemos muchas décadas en esto, estamos como Santo Tomás, hasta no ver, no creer”, dijo a Efe Alicia de los Ríos, del colectivo de familiares de Chihuahua.
EN BUSCA DE JUSTICIA
Prácticamente desde que nació, esta abogada busca a su madre, también llamada Alicia de los Ríos.
Ella fue una integrante de la guerrilla Liga Comunista 23 de Septiembre, que fue arrestada en una emboscada policial en Ciudad de México.
“Desde que tengo memoria, mi abuela y mi tía Marta están en búsqueda de mi mamá. Ellas mueren y yo tomo la estafeta”, contó a Efe.
Según testimonios de otros presos, Alicia de los Ríos fue vista en el campo militar número 1 de la Ciudad de México y posteriormente en un recinto militar de Acapulco, donde se pierde su pista.
Aunque en un inicio buscaba a su madre con vida, con el paso del tiempo llegó a la conclusión de que el “modus operandi” de las autoridades era la “eliminación” de muchos de los disidentes.
“Queremos saber qué pasó con cada uno de ellos y por supuesto queremos acceso a la justicia y que sean juzgados los responsables”, dijo De los Ríos.
El único Presidente mexicano de la época que sigue vivo es Luis Echeverría [1970-1976], de 99 años, aunque los colectivos confían en hallar también a mandos altos, intermedios y bajos.
“Si los perpetradores tendrían entre 30 y 40 años, estamos hablando de personas de unos 80 años. Muchos siguen con vida pero el tiempo corre. Hay que encontrarlos y pedir que hablen”, apremió De los Ríos.
Lo cierto es que enjuiciar no está en las competencias de la comisión, pero sus miembros comparten la necesidad de hacer justicia.
“De nada nos sirve recordar si no hay justicia. Apoyaremos en todo lo que se pueda pero no depende de nosotros”, expresó Allier.
El activista y poeta Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, dijo que las expectativas para la recién creada Comisión son nulas y considera que, a la vuelta de dos años y medio, cuando se cumpla su plazo, no dará los resultados previstos. “Por desgracia no habrá nada”, dijo.
Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).- El poeta y activista Javier Sicilia consideró que la Comisión de Justicia para el esclarecimiento de los crímenes de la Guerra Sucia es un ejercicio de “simulación” que no atiende la profundidad del drama y horror de la desaparición y violencia en México.
“Es otra gran simulación porque no tiene nada que ver con justicia transicional en un sentido serio y profundo de la palabra”, señaló en entrevista con SinEmbargo.
El líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que rompió relación con el actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador casi al inicio de la administración, criticó la temporalidad de las violaciones que se van a investigar —de 1965 a 1990— y que esté destinada a un sector de víctimas, pues destacó que la crisis que se vive en México requiere de una verdadera justicia transicional que no sólo los casos emblemáticos como la Guerra Sucia, Ayotzinapa o Jojutla.
“¿Por qué desde esa fecha? ¿Qué después de 1990 no tenemos una relación inmensa de crímenes? ¿Qué no hay más de 90 mil desaparecidos desde entonces? ¿Qué no hay más de 4 mil fosas clandestinas? ¿Que no hay más de 30 mil casos de tortura? ¿La verdad y el impulso de la justicia hasta 1990? Ya desde el hecho que daten como si no hubiera pasado nada, como si estuviéramos en un país en paz…. bueno ya es en si misma es una comisión idiota, que no está atendiendo la profundidad del drama y de la tragedia humanitaria”, espetó el activista.
En octubre se creó la Comisión para el Esclarecimiento de los crímenes cometidos durante la Guerra Sucia. Foto: Cuartoscuro
El 14 de septiembre de 2018, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad puso sobre la mesa al entonces Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, la agenda de la justicia transicional, que es un mecanismo para que las víctimas logren justicia y se lleve a rendir cuentas a los responsables de la violencia en los sexenios pasados.
De acuerdo con el activista, el Jefe del Ejecutivo se comprometió a atender y dar prioridad a la agenda de víctimas y construir una política en función de la justicia transicional. No obstante, ambos rompieron relaciones.
La ruptura que tuvo con Andrés Manuel López Obrador se derivó luego de que no incluyó en los 100 compromisos el atender la agenda integral de las víctimas de la violencia lo cual —aseguró— fue una promesa que el mandatario no cumplió; por ese motivo es que afirma que el Presidente traicionó a las víctimas.
“En esos 100 puntos había una sola Comisión de la Verdad que es absolutamente ineficiente, que es la Comisión de Ayotzinapa. Todo lo demás quedó al margen, lo borraron y no dijo absolutamente nada al respecto, y agregó algo más que no había pactado con nadie (de la sociedad civil): le dio carta de naturalización al Ejército en las calles. El sueño de Calderón lo hizo posible y lo llevó a límites demenciales”, dijo.
Las diferencias aumentaron después de la Marcha que realizó el Movimiento por la Paz en enero de 2020, a unos meses de la matanza de la familia LeBarón en Bavispe, Sonora.
En esa ocasión Sicilia se reencontró con Julián LeBarón en la caravana que partió rumbo a Palacio Nacional con el objetivo de sentarse en la mesa con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y plantearle un cambio de estrategia en materia de seguridad, algo que no ocurrió debido a que el mandatario federal no los recibió y tildó la protesta como un “show”.
Sobre sus críticas hacia el Gobierno de López Obrador, Javier Sicilia ha aclarado que no es enemigo del Presidente; sin embargo, ha insistido en que no les hará el juego: “yo lavo la cara de la mentira, yo no lavo caras”.
Las víctimas y familiares de personas desaparecidas han exigido por años comisiones de la verdad. Foto: Cuartoscuro
COMISIÓN DE LA VERDAD
La Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 nació el pasado 6 de octubre cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto firmado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador que ordenaba su creación.
La Comisión cuenta con cinco mecanismos: para la verdad y esclarecimiento histórico; el Comité para el impulso de la justicia; Plan especial de búsqueda; Plan especial de reparación y compensación, y de Acciones para la memoria y garantía de no repetición.
Además está integrada en su mayoría por funcionarios: el titular de la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, quien la presidirá”; Marcelo Ebrard, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); por Rogelio Ramírez de la O, Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHyCP); Carlos Enrique Ruiz Abreu, Director del Archivo General de la Nación; Erick Javier Martín Salas, encargado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; y Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.
En días pasados fueron elegidos los cinco expertos independientes quienes formarán parte de uno de los cinco mecanismos de la comisión y son quienes realizarán las indagatorias, acopio de información, acceso a los archivos de todas las dependencias, acceso a las instalaciones federales militares o civiles en búsqueda de la verdad.
Consejeras que participarán en uno de los cinco mecanismos de la Comisión de la Verdad explicaron a SinEmbargo que será imperativo que el Gobierno cumpla con su promesa de abrir los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), del Estado Mayor Presidencial (EMP), así como otros documentos ocultos para poder avanzar en su cometido del esclarecimiento histórico de los hechos ocurridos de la contrainsurgencia, pues hasta ahora las únicas herramientas y dientes que se le han dado a la Comisión es la promesa del Presidente de abrir los archivos.
“Necesitamos que ese compromiso se vuelva realidad, que de verdad haya voluntad, si no hay voluntad gubernamental no vamos hacer nada, eso es fundamental”, expresó Eugenia Allier Montaño, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y una de las cinco integrantes del Mecanismo para el acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990.
En México hay al menos 94 mil personas desaparecidas. Foto: Cuartoscuro
En ese sentido, Javier Sicilia consideró que no se va a romper el pacto de silencio con el Ejército, y descartó que se cumpla la promesa de que se vayan abrir los archivos militares.
“No lo habrá, menos con el poder que le han dado al Ejército. El Ejército, por desgracia, ha sido un poder aparte, secreto, lleno de cosas que no sabemos. Por eso no desatoran Ayotzinapa porque el Ejército no quiere dar todo lo que sabe, todas las complicidades que tienen con esa atrocidad. El caso Ayotzinapa no ha podido resolverse en tres años porque el Ejército no está abierto a buscar la verdad, mucho menos con una Comisión que quiere entrar a duras penas a todo el asunto de la Guerra Sucia”, dijo.
El poeta también reprochó que la integración de la Comisión de la Verdad sea en su mayoría por funcionarios del Estado, quienes tienen la mayoría de los votos de las decisiones que tome ese organismo.
“Cinco de los seis son funcionarios que pertenecen al poder. Esa no es una Comisión seria. Cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, se trata de crímenes que cometió el Estado y nunca he visto que un Estado se pueda juzgar a sí mismo en estas condiciones. Tampoco van a hacer algún trabajo, no tienen ni siquiera dinero para echar a andar esa comisión. Es una comisión completamente absurda”, añadió
Destacó que la intensión es de simular frente a la presión que han ejercido las víctimas: “esa es una respuesta que no convence a nadie que tenga tantito sentido de lo que significa justicia transicional y mecanismo de justicia frente una tragedia como la que vive México”.
Javier Sicilia aseguró que se mantendrán vigilantes de la Comisión de la Verdad, pero descartó que tengan resultados. Foto: Cuartoscuro
Los integrantes del mecanismo de esclarecimiento pidieron un voto de confianza a la ciudadanía y activistas y llamaron a no desear el fracaso sino a integrarse y apoyar para llegar a la verdad. Cuestionado que en caso de que le solicitaran ayuda, Sicilia destacó disposición para colaborar.
“No para nada. Mi confianza no la tienen y si quieren que agarramos confianza yo y muchas víctimas de este país. No creo que lo puedan resolver en tres años, por además tienen fecha de caducidad. Simplemente no hay ningún elemento para que les podamos tener confianza”.
Finalmente dijo que está convencido de que la función de los ciudadanos es vigilar que las autoridades cumplan con su deber.
“Mi colaboración va a ser exigirles a que cumplan con lo que se comprometieron y que no estén simulando, esa va ser mi posición. Esa ha sido mi posición desde que rompimos con Encinas y con el Presidente cuando nos maltrató. No le vamos hacer el juego a nadie. Los vamos a denunciar y vamos a estar encima de ellos, hasta que cumplan con lo que deben de cumplir si es que tienen los tamaños, la voluntad política y el corazón para hacerlo, y sino pues nos tendrán encima de ellos. Esa va a ser nuestra colaboración: fastidiarlos”.
El Subsecretario Alejandro Encinas reiteró que la crisis de desapariciones que vive actualmente México, se deriva de la Guerra Sucia y de la “mal llamada guerra contra el narcotráfico”, la cual se declaró en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).
Ciudad de México, 15 de noviembre (EFE).- México reconoció ante el grupo de expertos del Comité para la Desaparición Forzada de la ONU (CED), el cual inicia este lunes una visita en territorio nacional, que el país enfrenta una crisis humanitaria por la desapariciones forzadas, al acumular más de 94 mil personas no localizadas.
“Esta es la herencia más dolorosa que está enfrentando el Gobierno de México y donde tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos como prioridad del Estado mexicano”, expresó Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, durante la bienvenida al CED, encabezado por la presidenta del Comité, Carmen Rosa Villa Quintana.
Durante su discurso, Encinas reiteró que la crisis de desapariciones que vive actualmente el país, se deriva de la Guerra Sucia y de la “mal llamada guerra contra el narcotráfico“, la cual se declaró en la gestión del Presidente Felipe Calderón (2006-2012).
Afirmó que pese a que en noviembre del 2017 se aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, estos mecanismos han sido inoperantes.
Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. Foto: Gobierno de México.
“Lo cierto es que no había una implementación; no había registro de personas desaparecidas; no había protocolos para la búsqueda y sólo ocho comisiones estatales operaban en condiciones muy precarias”, precisó.
Exaltó que tras la llegada al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el 1 de diciembre de 2018, se han enviado “señales muy claras” para atender esta problemática.
Afirmó que hasta antes de esa fecha el Estado mexicano “abdicó” de sus responsabilidades en materia de desaparición y delegó la búsqueda de las personas desaparecidas a los familiares de las víctimas.
Sin embargo, destacó que el actual Gobierno ha dado un viraje en el abordaje de la problemática, como la emisión de un decreto para diseñar una estrategia para el esclarecimiento de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y recientemente la creación de la Comisión de la Verdad relacionada con la Guerra Sucia que hubo en México entre 1965 y 1990.
Además, dijo que se reinstaló el Sistema Nacional de Búsqueda, con lo cual se han realizado dos mil 300 jornadas de búsqueda de personas desaparecidas, además de que se crearon protocolos homologados de búsqueda, y protocolos adicionales para niños y adolescentes.
Así mismo, se creó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas y se han destinado mil 200 millones de pesos (unos 58 millones de dólares) para fortalecer a las comisiones estatales de búsqueda.
Aunado a ello, se instaló la Mesa para migrantes desaparecidos; se crearon centros regionales para la identificación humana en Coahuila y San Luis Potosí; y se dotó de laboratorios forenses móviles en Sonora.
Exaltó el avance en registros de fosas clandestinas que ha permitido cuerpos recuperados y la instalación de las 32 comisiones estatales de búsqueda.
Integrantes del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en su primera visita a México. Foto: Gobierno de México.
CELEBRAN APERTURA
Villa Quintana calificó la visita a México las próximas dos semanas como histórica, no sólo porque el país se ha abierto al escrutinio del Comité, sino porque es la primera visita que esa instancia realiza a nivel internacional a 11 años de su creación.
“Acogemos con mucha satisfacción la disposición del Estado mexicano para recibir esta visita solicitada desde 2013. Es una muestra de voluntad del Estado mexicano para abrirse al escrutinio internacional”, apuntó.
Y recordó que en estas dos semanas el grupo visitará 12 estados, donde se reunirá con autoridades y familiares de las víctimas, con lo que se busca colaborar de manera constructiva con el Estado mexicano en aras de avanzar en la prevención de las desapariciones forzadas y la lucha contra la impunidad.
Finalmente, dijo que al final de la visita, el 26 de noviembre, ofrecerán una breve conferencia de prensa, pero el informe de la situación en México se rendirá en el próximo periodo de sesiones del Comité entre marzo y abril del 2022.
Carmen Rosa Villa Quintana, presidenta del Comité para la Desaparición Forzada de la ONU. Foto: Gobierno de México.
Integrantes de la Comisión de la Verdad sobre las desapariciones perpetuadas por el Estado durante la Guerra Sucia aseguraron que uno de los objetivos fundamentales será que las violaciones a derechos humanos cometidas durante este periodo se vuelvan tema nacional: “Tenemos que sacarlo de la oscuridad”.
Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).- La voluntad política para cumplir el compromiso de abrir los archivos de la Guerra Sucia, las instalaciones militares donde se perpetraron violaciones a derechos humanos y el tiempo con el que cuentan quienes indagarán en este periodo son los principales retos que enfrente la Comisión de la Verdad que buscará el esclarecimiento histórico de los hechos ocurridos de la contrainsurgencia.
Consejeras que participarán en una de los cinco mecanismos de la Comisión de la Verdad explicaron a SinEmbargo que es necesario que el Gobierno cumpla con su promesa de abrir los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), del Estado Mayor Presidencial (EMP), así como otros documentos ocultos para poder avanzar en su cometido, pues de lo contrario, el organismo no podrá cumplir con su prometido.
“Necesitamos que ese compromiso se vuelva realidad, que de verdad haya voluntad, si no hay voluntad gubernamental no vamos hacer nada, eso es fundamental. Que no solamente nosotros nos estemos comprometiendo como investigadores, como promotores de derechos humanos que somos para tratar de avanzar en este capítulo oscuro de nuestra historia, sino que necesitamos de todos”, expresó Eugenia Allier Montaño, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y una de las cinco integrantes de la Comisión para el acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990.
La investigadora e historiadora Aleida García Aguirre, también integrante esta comisión, coincidió en que el desafío está en acceder a los archivos ocultos de este periodo: “Lo que podría marcar un parteaguas es el acceso a los archivos del Ejército, que están divididos dentro de la estructura del Ejército; cada pedacito tiene su propio archivo: el del Estado Mayor, el de los regimientos, el de operaciones, etcétera, etcétera. Acceder al archivo del Ejército es muy complejo y sabe a qué pedacitos de ese archivo vamos podamos acceder, eso es un reto”.
Alicia de los Ríos, hija de una de las víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Sucia, comentó por su parte que con este esfuerzo gubernamental se conozcan por fin los archivos del Ejército, una de las principales corporaciones que estuvo involucrada en la desaparición de personas. “Con esta comisión esperamos que por fin conozcamos de los archivos militares”, agregó.
El Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Presidente se reunió con familiares y sobrevivientes de la Guerra Sucia y prometió la creación de la Comisión de la Verdad. Foto: Twitter @lopezobrador_
A inicios de octubre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para crear una Comisión de la Verdad que investigue los abusos y violaciones graves a los derechos humanos en uno de los periodos más negros de la historia moderna de México: la Guerra Sucia. Fue el 6 de octubre cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto con el que nació la Comisión que indagará sobre estos crímenes y abusos cometidos entre los años 1965 y 1990.
La Comisión para el Acceso a la Verdad estará integrada por el “titular de la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, quien la presidirá”; Marcelo Ebrard, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); por Rogelio Ramírez de la O, Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHyCP); Carlos Enrique Ruiz Abreu, Director del Archivo General de la Nación; Erick Javier Martín Salas, encargado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; y de Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Además de cinco expertos que fueron seleccionados con la “asesoría de técnica de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.
Eugenia Allier Montaño, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México; Abel Barrera Hernández, activista y antropólogo; David de Jesús Fernández Dávalos, activista; Aleida García Aguirre, historiadora, y Carlos A. Pérez Ricart, profesor e investigador del CIDE, son el equipo de especialistas seleccionados para esta Comisión que tiene el objetivo de que se haga justicia por 25 años en los que cuerpos policiales y militares torturaron, asesinaron y desaparecieron a cientos de personas, y que se repare a las víctimas por esos crímenes de Estado.
En la integración, cada uno de los funcionarios de Gobierno tendrá voz y voto, en tanto que los cinco especialistas conformarán, en su conjunto, sólo un voto, uno de los aspectos que ha generado crítica a la Comisión.
La Comisión de la Verdad de la Guerra Sucia fue decretada a inicios de octubre. Foto: Ernesto Guzmán Jr., EFE.
NO SERÁ OTRA FEMOSPP
No es la primera vez que en México se hace un intento de “justicia transicional” o al menos de investigar los crímenes en el pasado. Durante el Gobierno de Vicente Fox Quesada (2000-2006) se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) la cual, ha sido considerada como un fracaso.
La historiadora y activista Alicia de los Ríos Merino, quien lleva el mismo nombre de su madre, una integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre que fue desaparecida tras un operativo de la Brigada Blanca, señaló que las expectativas en esta ocasión con más acotadas que hace 20 años cuando se creó la FEMOSPP cuando pensaban que se iban a resolver todas las interrogantes sobre la contrainsurgencia y el destino de las personas que fueron desaparecidas.
“Otra de las expectativas es que sí se logre reconocer a quienes participaron en los circuitos de la represión. Al tener otras fuentes documentales, esperamos que podamos reconocer o poder ubicar a otras personas que formaron parte de la Brigada especial o que participaron cuando la desaparición forzada era utilizada como un método sistemático de represión. De la Brigada Especial muchos de ellos no han pido ser ubicables, y en ese sentido me parece que la comisión si va a poder ubicar a todos esos rema participantes que están fuera de nuestro radar”, explicó.
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Carlos Pérez Ricart, profesor e investigador del Colegio de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE) y uno de los integrantes de la Comisión señaló —en entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, en el programa Los Periodistas— que la Comisión es la última oportunidad que tiene el Estado mexicano para brindar justicia a las víctimas de violencia perpetrada entre esos años y esclarecer los hechos.
“No va a quedar en nosotros, y a diferencia de lo que pasaba en FEMOSPP (…) [la Comisión] sí cuenta con el apoyo y el respaldo del Gobierno federal para llegar a las últimas consecuencias. Ninguno de estos procesos funciona sin el apoyo del Ejecutivo”, recordó el investigador. “[La Comisión] tiene el apoyo por parte del Presidente, por parte de las instituciones y sobre todo de las víctimas”.
Los colectivos de víctimas han pedido por años la creación de comisiones de la verdad. Foto: Cuartoscuro.
LAS CRÍTICAS
Jacobo Dayán, especialista en derecho internacional y en justicia transicional, aseguró que la recién creada Comisión de la Verdad no se apega a ningún estándar internacional por que sus miembros en su mayoría son funcionarios del Gobierno,
“Es una Comisión de la gubernamental, no es una comisión de la Verdad independiente. Seis de los siete votos de esa comisión están en manos del Gobierno. No es una Comisión de la Verdad que se apegue a ningún estándar de ningún tipo. Las comisiones son integradas por personas independientes; hay algunas comisiones en que se incluyen algunos funcionarios, pero en todo caso estas personas siempre son la minoría”.
El especialista destacó que el hecho de que la mayoría de los integrantes sean funcionarios implicará que la narrativa que surja será desde el Gobierno y no de forma independiente.
“Las decisiones para buscar justicia, buscar reparación, no repetición son las decisiones de un Gobierno y no —de lo que en teoría quisieron hacer— de una comisión independiente; pero queda claro que, así como todos los gobiernos en este país, los estatales, los federales, sin importar el partido, sin importar el sexenio mantienen un control político de la justicia y ante lo que estamos es ante el control político de la verdad”, expresó.
Además, Alicia consideró que la Comisión no entrará desde cero, porque a lo largo de 20 años hay un trabajo avanzado “a la fecha tenemos un informe de la FEMOSP, tenemos muchas investigaciones periodísticas y académicas. Tenemos el informe de la ComVerdad verdad de Guerrero.
Explicó también que la FEMOSPP era solamente una instancia del Ministerio Público, cuyo único mandato era investigar la responsabilidad de los posibles victimario mientras que la nueva Comisión buscará el esclarecimiento.
“No estamos en la misma situación que hace 19 años y la segunda cosa a considerar es que por más que hubiera un informe histórico, su mandato no era el de investigar el esclarecimiento histórico sino que todo tenía que ser vía tribunales; y en este caso de la Comisión no es así: acá la fortaleza es que a través de la comisión puede haber un trabajo de retroalimentación constante con las instancias de Fiscalía, pero son mandatos diferentes”.
Integrantes de la Comisión para la Verdad y Justicia de 1965-1990. Foto: Secretaría de Gobernación.
VAMOS ACTUAR DE FORMA INDEPENDIENTE
Las investigadoras Aleida García Aguirre y Eugenia Allier Montaño insistieron en que el objetivo fundamental será dar esclarecimiento de lo ocurrido en la Guerra Sucia desde un punto de la verdad.
“Hasta ahora en la Comisión tenemos tres grandes objetivos en torno a la Guerra Sucia: revisar lo que ocurrió con los desaparecidos políticos, la desaparición forzada en toda esa época, la tortura, y otra con las ejecuciones extrajudiciales”, dijo Aleida.
Eugenia Allier destacó a su vez que el objetivo es buscar la verdad, sin embargo, recalcó que para eso será necesario que el Gobierno cumpla con su promesa de abrir los archivos militares pues dijo que hasta ahora las únicas herramientas y dientes que se la dado a la Comisión es la promesa del Presidente.
“Por ahora solamente nos han dado (como herramientas) el compromiso, la promesa del Presidente de que se van abrir los archivos y vamos a poder acceder a distintas instalaciones y vamos a poder ir y ver que hay ahí. Por supuesto nosotros, en la medida que logramos configurarnos como un grupo, de trabajo podremos generar cierto tipo de presión, pero no hay muchas más herramientas que nos puedan dar”, dijo.
Finalmente, las especialistas aseguraron que actuarán con total independencia porque existe un compromiso con la sociedad.
“Nosotros, y en eso si voy a insistir, somos una comisión independiente, por supuesto estamos trabajando al amparo del Gobierno, porque ha habido muchas críticas en torno a eso, que no somos independientes porque estamos trabajando al amparo del Gobierno, pero muchas comisiones en América Latina se han creado así, de alguna manera son Gobierno posteriores a los hechos los que crean una comisión”, apuntó Eugenia Aguirre.
Las comisionadas también coincidieron en que otro de los objetivo y pieza clave será que las violaciones y guerra sucia se vuelva tema nacional, que la gente lo conozca: “Tenemos que sacarlo de la oscuridad”.
La Comisión para la Verdad y Justicia 1965-1990 se dedicará a investigar y esclarecer las violaciones graves a derechos humanos que tuvieron lugar entre esos años en México, así como identificar a presuntos responsables de los crímenes perpetrados por el Estado mexicano.
Ciudad de México, 2 de noviembre (SinEmbargo).– La Comisión para la Verdad y Justicia 1965-1990 es la última oportunidad que tiene el Estado mexicano para brindar justicia a las víctimas de violencia perpetrada entre esos años y esclarecer los hechos, advirtió Carlos Pérez Ricart, profesor e investigador del Colegio de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE) y uno de los integrantes de la Comisión.
En entrevista para “Los Periodistas”, transmitido por SinEmbargo Al Aire, el docente indicó que el órgano recién creado permitirá establecer responsabilidades puntuales del pasado reciente, construir mecanismos que garanticen la no repetición de lo acontecido al identificar los patrones que permitieron la violencia del pasado, y dar justicia restaurativa a las víctimas de las violaciones a derechos humanos cometidas durante los años de la denominada “Guerra Sucia”.
“Queremos pensar en grande, hacer que esta Comisión no sea solamente testimonial, sino un verdadero parteaguas en investigación del pasado reciente en México. Sabemos, y creo firmemente, que la impunidad del pasado es lo que nos permite vivir la impunidad en presente”, resaltó Pérez Ricart en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela. “No creo que haya una comisión o un evento de esta importancia en el México contemporáneo”.
El internacionalista no descartó que se cree en el futuro una unidad de investigación que sirva como vínculo directo con la Fiscalía General de la República (FGR) para llevar a cabo las investigaciones judiciales pertinentes en contra de los presuntos responsables.
“No está en el mandato de la comisión inmediata la creación de un mecanismo extraordinario de justicia, pero podría crearse a partir de los trabajos de la comisión”, determinó.
Asimismo, en el caso del expresidente Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) -quien fue declarado culpable de genocidio por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) creada por Vicente Fox Quesada-, Pérez Ricart aseguró que la nueva Comisión revisará su caso y verá qué se puede hacer al respecto, a la vez que recalcó que se hará todo lo posible para garantizar justicia y verdad a las víctimas y a las familias.
¿Quiénes seremos las personas que participaremos en la Comisión para la Verdad y Justicia 1965-1990?
La Fiscalía Especial del expresidente panista, denunció, fue vendida por Fox a sus opositores porque el mandatario no tenía interés en ella, y fue un fracaso porque no se esclarecieron responsabilidades ni hubo justicia para las víctimas. En este sentido, dijo, la Comisión de la Verdad sí cuenta con el apoyo de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
“No va a quedar en nosotros, y a diferencia de lo que pasaba en FEMOSPP (…) [la Comisión] sí cuenta con el apoyo y el respaldo del Gobierno federal para llegar a las últimas consecuencias. Ninguno de estos procesos funciona sin el apoyo del Ejecutivo”, recordó el investigador. “[La Comisión] tiene el apoyo por parte del Presidente, por parte de las instituciones y sobre todo de las víctimas”.
Este organismo estará integrado por cinco expertos: Allier Montaño, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México; Abel Barrera Hernández, activista y antropólogo; David de Jesús Fernández Dávalos, activista; Aleida García Aguirre, historiadora, y Carlos A. Pérez Ricart.
Entre sus facultades se encontrarán: sentar las bases para crear los mecanismos que permitan el esclarecimiento de los hechos; identificar culpables, desde las personas individuales hasta los circuitos coptados y circuitos criminales amparados por el Estado; y crear mecanismos de justicia restaurativa para las víctimas. Para este efecto, contarán con acceso a archivos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y judiciales que no están desclasificados, y buscarán aquellos documentos perdidos para llegar a las últimas consecuencias.
“El hecho de que hemos fracasado como sociedad durante décadas, el no esclarecer el pasado es lo que nos permite continuar con los patrones que permiten la violencia del presente. No es solamente la revisión histórica, no es una anécdota, no es el interés simplemente por ver los archivos, sino entender los patrones que permitieron la violencia del pasado y que son los que permiten la violencia del presente”, concluyó Pérez Ricart.
¿Quiénes son los cinco expertos que formarán parte de la Comisión de la Verdad que indagará las desapariciones y crímenes durante la Guerra Sucia? Conoce su trayectoría y los motivos que expusieron los cinco integrantes cuando se postularon.
Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).- Activistas, académicos, investigadores, un experto en materia de seguridad y un exRector son quienes integrarán la Comisión para el acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990.
Este viernes el Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas Rodríguez, anunció que los expertos Allier Montaño, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México; Abel Barrera Hernández, activista y antropólogo; David de Jesús Fernández Dávalos, activista; Aleida García Aguirre, historiadora, y Carlos A. Pérez Ricart, profesor e investigador del CIDE, son el equipo de especialistas que integrarán esta Comisión que tiene el objetivo de que se haga justicia por 25 años en los que cuerpos policiales y militares torturaron, asesinaron y desaparecieron a cientos de personas, y que se repare a las víctimas por esos crímenes de Estado.
Pero, ¿qué experiencia y trayectoria tienen los expertos que fueron elegidos en este proceso que contó con la asesoría técnica de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos?
A continuación, te presentamos los nombres, parte de la carrera de los seleccionados, así como una parte de los motivos que expusieron para postularse a la Comisión de la Verdad sobre la Guerra Sucia.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el presidente se reunió con familiares y sobrevivientes de la Guerra Sucia y anunció la creación de la Comisión de la Verdad. Foto: Twitter @lopezobrador_
EUGENIA ALLIER MONTAÑO
Es investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, desde enero de 2007 y actualmente dirige los proyectos “Memorias públicas del movimiento estudiantil de 1968 en México”, “Hacia una historia del presente mexicano: régimen político y movimientos sociales, 1960-2010” y “19-S II. Experiencia, memoria y movilización social”. Antes de ello, dirigió el proyecto “Conmemoraciones de pasados recientes violentos; memoria e identidad. Una comparación México-Uruguay” (2007-2010), y con el Dr. José Carlos Hesles dirigió el proyecto “El carnaval de los héroes, o Crónica de las melancólías.
En su exposición de motivos, explicó que desde su infancia tuvo la oportunidad de crecer en medios sociales vinculados con la militancia del movimiento estudiantil de 1968. Además estudió en escuelas donde también acudieron hijas e hijos de exiliados políticos latinoamericanos que vivían en México.
“Todo esto me sensibilizó frente al mundo que vivía, especialmente a los movimientos sociales y las violaciones de derechos humanos en la región. Estoy segura de que fueron esas circunstancias las que determinaron mis intereses académicos y universitarios, y que me llevaron a optar por historizar el presente histórico, con los retos políticos y éticos que ello implica”, señaló.
La historiadora considera que la Comisión “debería ser plural e independiente, y que en ello la participación de académicas y académicos puede ser decisiva en la búsqueda de la construcción de un país democrático social y político. La verdad es una deuda con las víctimas, pero lo es también con la sociedad en su conjunto.
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ABEL JESÚS BARRERA HERNÁNDEZ
Es antropólogo social egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, México, y es fundador y director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, organización civil creada en 1993 con sede en la ciudad de Tlapa, Guerrero, que desde hace 27 años acompaña a los pueblos Na’Savi, Me’phaa, Naua, Ñomdaa, Afromexicanos y mestizos de la Montaña y Costa Chica de Guerrero.
Tlachinollan, explica en su curriculum, forma parte de las organizaciones que acompañan a las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, desde septiembre del 2014, junto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Fundar y Servicios y Asesoría para la Paz A.C.
Además, destaca que han litigado junto con Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), los casos emblemáticos de mujeres del pueblo Me’phaa como el de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.
Entre sus motivos para formar parte de la Comisión expuso que su interés es porque, como defensor de derechos humanos en la Montaña de Guerrero, ha constatado los estragos de la guerra sucia que padecieron familias indígenas y campesinas por las detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas de esposos, esposas, hijas e hijos.
“Somos testigos de su lucha incansable, de su peregrinar antes las diferentes instancias de gobierno. En medio de tantas adversidades y peligros no han sucumbido, por el contrario, son ejemplos de dignidad y guardianes de la memoria intangible que preservan de sus seres queridos”, expuso.
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DAVID DE JESÚS FERNÁNDEZ DÁVALOS
Es maestro en Sociología por la Universidad Iberoamericana, Sacerdote de la Compañía de Jesús (jesuita) fue director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, también fue rector de rector de la
Universidad Iberoamericana así como del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Actualmente es Secretario Ejecutivo de la Asociación de Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en
América Latina (AUSJAL) que agrupa a 31 universidades en 15 países
El exrector señaló que desde su visión como persona instruida en los temas de derechos humanos y mecanismos de justicia transicional considera que el esclarecimiento de esas violaciones graves a los derechos humanos (tras el conflicto que se vivió entre la insurgencia juvenil y la contrainsurgencia del Estado mexicano a partir del Asalto del Cuartel Madera, en 1965, y hasta la insurrección zapatista de 1994) es fundamental para restañar heridas que, aún ahora impiden la reconciliación cabal en nuestro país, así como para avanzar en la reparación del daño sufrido por numerosos mexicanos y mexicanas, que ponga condiciones eficaces para que estos hechos nunca se repitan.
“Un buen trabajo de esta Comisión de la Verdad podría auxiliar en el rompimiento del pacto de silencio e impunidad que todavía nos agobia. En este período de transición hacia un nuevo régimen más democrático y justo, se hacen necesarios mecanismos extraordinarios de verdad, búsqueda, justicia, reparación y garantía de no repetición de esos lamentables hechos”, destacó en su exposición de motivos.
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ALEIDA GARCÍA AGUIRRE
Es profesora de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua con posgrados en investigaciones educativas y acaba de concluir su doctorado en Ciencias en la especialidad de Investigaciones Educativas, dirigida por la Dra. Alicia Civera Cerecedo, para lo cual presentó como tesis la investigación “Subjetividades [políticas] en movimiento: los caminos de maestros y normalistas hacia la militancia armada en México durante los setenta”.
Se ha especializado en historia social del magisterio y el normalismo rural en México, historia oral, relatos de vida y memoria de militantes de izquierda de los años 60 y 70, historia del pasado reciente con perspectiva de género, archivos de la represión política del pasado reciente en México
La experta destacó, en su exposición de motivos, que considera que sus saberes teóricos-prácticos en historia, derechos humanos y perspectiva de género, así como su experiencia de trabajo en archivos y con relatos testimoniales, son idóneos para abonar al esclarecimiento histórico, diseñar estrategias para el acceso a la justicia y la verdad, y promover la memoria y no repetición.
“El llamado a instalar la Comisión, es un gesto de voluntad política que reconoce a las iniciativas histórico-judiciales previas, y en este sentido, mi trabajo buscará dar continuidad a algunas líneas de investigación previamente dibujadas; pero al mismo tiempo, el Decreto reconoce que el esclarecimiento de la verdad requiere de acervos institucionales que han permanecido cerrados hasta el momento (especialmente Sedena). Es necesario que estos acervos sean leídos de manera interseccional para documentar casos de violaciones graves a derechos humanos y reconstruir los contextos que los habilitaron. que su experiencia en la magisterial, moldeada en Argentina y México, contribuirá a distinguir las condiciones contextuales de las violencias y violaciones graves a derechos humanos en testimonios orales y relatos autobiográficos diversos”, señaló.
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CARLOS ALFONSO PÉREZ RICART
Es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y actualmente se desempeña como profesor-investigador titular en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en la Ciudad de México.
El experto consideró, durante su exposición de motivos, que su experiencia de más de una década trabajando, analizando y estudiando archivos estatales en México y en Estados Unidos; una comprensión crítica, pero a su vez realista y compleja, de lo que fue (y lo que no fue) el Estado mexicano durante el periodo 1965-1990 y una ética profesional y de trabajo de altísimos estándares, son atributos con los que cuenta y que pueden ser particularmente útiles para el trabajo que llevará acabo la comisión.
“Conozco prácticamente todos los acervos documentales relativos a temas de represión policial y militar en México. Asimismo, conozco — y he pasado meses enteros— trabajando en Washington D.C estudiando temas mexicanos. […]Ofrezco una visión que, sin negar la relevancia del Estado como actor relevante en la ejecución de delitos, matiza la idea de que el Estado fue el único actor que centralizó y dirigió toda la violencia que se experimentó en el país. A esta perspectiva se le conoce como “pluralismo violento” y propone, en términos analíticos, el examen de la multiplicidad de fuentes, estatales y no estatales, desde las cuales fue ejercida la violencia en México”, expuso.
A principios de octubre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para crear una Comisión de la Verdad que investigue los crímenes que tuvieron lugar entre 1965 y 1990, con el fin de hacer justicia, reparar a las víctimas y continuar la búsqueda de las personas que todavía siguen desaparecidas de esa época.
Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).- El Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas Rodríguez, anunció hoy los nombres de los expertos que formarán parte de la Comisión para la Verdad de la “Guerra sucia”.
Después de llevar a cabo 24 entrevistas a candidatos, los elegidos son Eugenia Allier Montaño, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México; Abel Barrera Hernández, activista y antropólogo; David de Jesús Fernández Dávalos, activista; Aleida Garcia Aguirre, historiadora, y Carlos A. Pérez Ricart, profesor e investigador del CIDE.
“No ha sido fácil el proceso de selección, por su experiencia y gran valor, consideramos que muchos podrían ayudarnos en todos los trabajos de la comisión independientemente de que no formen parte”, dijo Alejandro Encinas.
El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó a principios de octubre el decreto para crear una nueva Comisión para el Acceso a la Verdad, que tendrá la tarea de investigar los abusos y violaciones graves a los derechos humanos que tuvieron lugar entre 1965 y 1990.
Esta Comisión tiene el objetivo de que se haga justicia por 25 años en los que cuerpos policiales y militares torturaron, asesinaron y desaparecieron a cientos de personas, y que se repare a las víctimas por esos crímenes de Estado.
La Comisión para el Acceso a la Verdad estará integrada por cinco expertos “de reconocida calidad moral o prestigio profesional”, quienes fueron propuestos de manera conjunta por “un representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, un representante de las víctimas, sus familiares y de las personas sobrevivientes”.
Para la propuesta de los candidatos que integren esta comisión se contó sólo con “la asesoría técnica de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, se indicó en el decreto publicado en el DOF.
Donde estuvo la Dirección de Policía de Tránsito de lo que fue el DDF, venimos a reivindicar la memoria y la dignidad de las víctimas y de los sobrevivientes de la tortura y tratos degradantes pic.twitter.com/7Uili40cbu
Antes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para crear una Comisión de la Verdad que investigue los crímenes que tuvieron lugar entre 1965 y 1990, con el fin de hacer justicia, reparar a las víctimas y continuar la búsqueda de las personas que todavía siguen desaparecidas de esa época.
A través de su cuenta de Twitter, Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, anunció que el Gobierno de México seguía trabajando “por la reivindicación y memoria de las víctimas”, para lo cual se crearía “la Comisión por la verdad y el esclarecimiento histórico, la justicia y violaciones a los derechos humanos cometidos durante los años 1965-1990”.
Por la reivindicación y memoria de las víctimas continúamos trabajando en la creación de la Comisión por la verdad y el esclarecimiento histórico, la justicia y violaciones a los derechos humanos cometidos durante los años 1965-1990#2DeOctubreNoSeOlvidapic.twitter.com/EyQHeSN2qf
La activista Alicia de los Ríos, en entrevista para “Los Periodistas”, indicó que las desapariciones de jóvenes empezaron hace más de medio siglo, y resaltó la importancia de la creación de la Comisión de la Verdad para esclarecer los hechos que ocurrieron entre 1965 y 1990.
Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).– Alicia de los Ríos, hija de la integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre del mismo nombre que fue desaparecida hace 43 años por cuerpos de contrainsurgencia del Estado mexicano, acusó que en México los jóvenes han sido desaparecidos desde hace más de cincuenta años, y quien implementó esta táctica de represión fue el Estado mexicano.
“Todos los adolescentes tienen miedo de salir de sus casas y no regresar. Ese miedo de desaparecer porque alguien los sube a la camioneta, porque alguien se los lleva de donde tendrían que estar seguros, no empezó ayer, no empezó en 2006, ni empezó en el 94. Empezó como práctica sistemática contra los jóvenes en la década de los 60s, y lo terrible es que lo implementó las autoridades que tendrían que haber brindado esa seguridad a esa generación juvenil, por más rebelde, por más protestas que se hicieran”, denunció la activista e historiadora en el programa “Los Periodistas” de SinEmbargo Al Aire, conducido por Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado.
De los Ríos es una de las integrantes del comité que decidirá qué cinco expertos forman parte de la Comisión de la Verdad para investigar los abusos y violaciones graves a los derechos humanos que tuvieron lugar entre 1965 y 1990, la que fue creada por decreto del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
La relevancia de esta Comisión, a diferencia de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) que fue creada durante el sexenio de Vicente Fox Quesada (2000-2006), es que dará a los familiares de víctimas y a sobreviventes la oportunidad de esclarecer históricamente qué pasó con las personas que fueron desaparecidas durante esos años, y quiénes fueron los presuntos responsables, explicó la también docente.
“La relevancia, el significado que tiene esta comisión es que no nada más tendría que responder a las demandas de verdad y de justicia y de no repetición de las víctimas o de los familiares de las víctimas; en este caso es un ejercicio que tiene gran relevancia pero para el resto de la sociedad. Recordemos que si la sociedad no contempla la buena operación, la buena integración de un mecanismo como es el de la Comisión de la Verdad, si no demanda que estas instancias den resultado puede volver a ocurrir lo que ha pasado con otras: resultados muy muy escasos”, lamentó.
La activista recalcó que la FEMOSPP se concentraba principalmente en identificar las responsabilidades jurídicas de quienes estuvieron detrás de las desapariciones, como lo fue el expresidente Luis Echeverría Álvarez, y no en conocer el paradero de los desaparecidos y detenidos. “Nosotros teníamos que escoger entre Fiscalía o Comisión, búsqueda o castigo. Entonces, además tenías que tener eso en tus hombros porque tú no habías elegido pero era lo que había”.
En este sentido, resaltó que la nueva Comisión de la Verdad deberá de estar integrado desde la búsqueda de la justicia, la memoria, la no repetición y la reparación de daños. Igualmente, el organismo tendrá el reto de no sólo retomar los hallazgos que ya se han hecho, sino avanzar para esclarecer quiénes son otras personas que no han rendido su testimonio pero que igualmente estuvieron implicados en las torturas, desapariciones y detenciones.
Como representante de colectivos de sobrevivientes y familiares de víctimas de violaciones graves de derechos humanos por violencia estatal en el periodo contrainsurgente, ayer participé en la instalación del comité para elegir a las cinco personas idóneas comisionadas. https://t.co/LORGo37BDt
“A lo que se está llamando es a la convocatoria de personas que sean idóneas para hacer este esclarecimiento histórico, sobre todo. Este esclarecimiento que ha sido tan complejo porque ha sido un poco más de cinco décadas donde documentos, actores, testigos, también ha transcurrido el tiempo sobre ellos. Todos los archivos de la represión no están disponibles, estamos en el entendido que los testigos no han dado su testimonio, los victimarios -quienes sobreviven a esas cinco décadas- no han hablado lo que deben de decir, las instalaciones nunca han podido ser inspeccionadas”, expresó De los Ríos.
Apenas hace unas semanas, de los Ríos se reunió con un exagente de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) que acudió a comparecer, el pasado 22 de julio, por la desaparición forzada de su madre, reportó el proyecto A Dónde Van los Desaparecidos. Durante unas ocho horas, en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Alicia, sus dos abogados y una ministerio público excepcional —si se compara con el resto de agentes que han tomado el caso—, entrevistaron a una persona que formó parte del aparato represor del Estado mexicano durante los años de la contrainsurgencia.
Además de crear una Comisión de la Verdad sobre la “guerra sucia”, el Gobierno federal acordó con familiares de víctimas y sobrevivientes de ese periodo impulsar un plan anti impunidad que contempla el acceso a los “archivos de la represión” y a instalaciones militares; un plan de búsqueda de desaparecidos, judicializar hechos y una Ley de Memoria. El plan está en manos de Presidencia; las víctimas esperan que el Ejército rompa el pacto de silencio.
Por Analy Nuño y Adrián Montiel*
Ciudad de México, 28 de septiembre (A dónde van los desaparecidos).– La creación de una Comisión de la Verdad, anunciada el 30 de agosto por el Presidente, es uno de cinco mecanismos que contempla un ambicioso “Plan para el acceso a la verdad, esclarecimiento histórico e impulso a la justicia” que el Gobierno federal acordó con familiares de víctimas y sobrevivientes de la “guerra sucia”. El plan contempla crear un programa de búsqueda del paradero de las personas desaparecidas, acceder a los “archivos de la represión” y a las cárceles clandestinas, así como abrir procesos judiciales.
El llamado Plan Presidencial —que fue elaborado por sobrevivientes y familiares de víctimas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura y otras graves violaciones a derechos humanos, y trabajado junto con funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación— se basa en cinco ejes: verdad, justicia, búsqueda, reparación y memoria y no repetición de esos hechos. Éste es la base de los decretos presidenciales que deberían publicarse en los próximos días.
La investigación, persecución y esclarecimiento de los crímenes del Estado cometidos entre 1965 y 1990, así como la reparación a sus víctimas, y la investigación del paradero de las más de mil personas que se encuentran desaparecidas de ese periodo y de un número desconocido de bebés nacidos en cautiverio, sólo será posible con “voluntad política”, advierten algunas de las personas que participaron en la elaboración del proyecto.
El documento —al que este equipo tuvo acceso— ahora está en manos de la Consejería Jurídica de Presidencia, a la cual le toca redactar los decretos que serán la base para crear los cinco instrumentos contemplados en el plan. Las familias esperan que el Poder Ejecutivo mantenga el compromiso de otorgar acceso pleno a los archivos e instalaciones del ejército para garantizar que este sea un verdadero “plan anti impunidad” y no otro intento fallido de investigar los crímenes del pasado.
“No podemos considerar que haya verdad alrededor de la contrainsurgencia si no se abren los archivos y las instalaciones. Si no pensamos que el Ejército va a participar en el acceso, no va a ser posible el esclarecimiento y, por ende, no va a ser posible la justicia. ¿Y cómo? Pues a través de un mandato presidencial, el Presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, entonces no sabemos si lo va a hacer o no. Esperamos que sí, pero si no lo hace está destinado al fracaso”, dice Alicia De los Ríos, quien busca a su madre que fue detenida, presa en el Campo Militar Número 1, y desaparecida hace 43 años.
Enfatiza ese tema de la rendición de cuentas del Ejército que preocupa a algunas personas que durante cinco meses participaron en la elaboración del plan. “La versión (del plan) aprobada y consensuada fue la trabajada por los familiares”, remarca.
La historiadora y quien desde niña formó parte de un comité de búsqueda de familiares desaparecidos de Chihuahua, así como el defensor de derechos humanos, Fabián Sanchez Matus, quienes participaron en la elaboración del plan, señalan que uno de sus objetivos es privilegiar la búsqueda, contar con acceso a los “archivos de la represión” y a las instalaciones militares, así como entrevistar a perpetradores. Pero, sobre todo, conocer el paradero de los desaparecidos. Sólo así, coinciden, se terminaría la impunidad y se evitaría que este plan fracase.
Sánchez Matus, señala: “El alcance todavía está por verse, falta que se emita el decreto presidencial donde se plantea toda está estrategia… habrá que ver, en ese compromiso, cómo es que tendrían que responder las instituciones directamente involucradas”.
El defensor dimensiona el desafío que tiene la actual administración para cumplir su compromiso con los colectivos, familiares y sobrevivientes del periodo de la contrainsurgencia: “Veamos si este Gobierno cuenta con la voluntad política para que, finalmente, todos esos archivos sean públicos y puedan ser consultados por cualquiera. Principalmente por los mecanismos que se estarían generando con el decreto, como por la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico. Tiene que haber una voluntad enorme para que finalmente se den esos archivos y pueda existir una mayor claridad sobre cómo ocurrieron los hechos, quiénes fueron los perpetradores y dónde pudieran estar las víctimas desaparecidas”.
Los crímenes a los que el plan contempla echar luz fueron cometidos durante el periodo de contrainsurgencia, conocido también como “guerra sucia”, en el cual el Estado dirigió acciones policiaco-militares, abiertas y encubiertas, además de estrategias político, económicas y sociales legales e ilegales en contra de campesinos, obreros, estudiantes, población civil y grupos disidentes armados que demandaban cambios sociales. Los métodos para reprimirlos fueron la persecución, las detenciones, torturas, desapariciones y asesinatos.
El término de “guerra sucia” —según el historiador Camilo Vicente Ovalle— se refiere a las prácticas ilegales realizadas por el Estado y que no sólo afectaron “a las organizaciones guerrilleras, sino a un conjunto más amplio de la disidencia política en México” y a todos aquellos “movimientos y organizaciones que buscaban transformar el régimen político”.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el presidente se reunió con familiares y sobrevivientes de la Guerra Sucia y anunció la creación de la Comisión de la Verdad. Foto: Twitter @lopezobrador_.
LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLAN CONTRA LA IMPUNIDAD
En marzo de 2021, colectivos de familiares de víctimas y sobrevivientes de la contrainsurgencia sostuvieron un primer encuentro con personal de la Subsecretaría de Gobernación, la Dirección General de Estrategias para la Atención de los Derechos Humanos (DGEADH), el Archivo General de la Nación y la Comisión Nacional de Búsqueda. En esa reunión, acordaron iniciar los trabajos para desarrollar “un plan contra la impunidad”, tras al menos 30 años sin acciones encaminadas a la justicia y de protección a los perpetradores, miembros del Ejército, de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) y policías estatales y municipales.
La asamblea, conformada por 20 colectivos, familiares, víctimas y sobrevivientes, elaboró un primer documento y en junio lo presentó al Presidente López Obrador, explica en entrevista Alicia de los Ríos Merino.
“El Presidente —recuerda la también abogada— nos dijo que se comprometía a impulsar diferentes iniciativas. En ese momento eran reparación, que los militares nos dieran apertura a los archivos y a diferentes cosas; pero pidió que trabajáramos el plan”.
Durante julio y agosto, con asesoría de expertos independientes en verdad, memoria y justicia, los colectivos y sobrevivientes desarrollaron la propuesta que deberá será la base del decreto presidencial para crear la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, así como los otros instrumentos que se incluyeron en el plan.
Hasta la fecha, ninguno de los esfuerzos institucionales ha reconocido oficialmente los crímenes del pasado, tampoco la compensación de las familias, la dignificación de las víctimas ni la garantía de la no repetición. Tampoco ha colaborado para dar con el paradero de las personas detenidas y desaparecidas.
“A las víctimas, sobrevivientes y familiares de víctimas no sólo les fue negado el acceso a la justicia por los crímenes cometidos en su contra, también les fue negado el reconocimiento de sus memorias y de sus historias, sometidas al olvido y la estigmatización institucional”, se lee en las primeras páginas del plan aprobado por las familias.
Encuentro en la Secretaría de Gobernación con más de 20 colectivos de familiares, víctimas y sobrevivientes de la contrainsurgencia. Foto: Facebook Félix Santana Ángeles.
A continuación los cinco mecanismos del plan:
1. ACCEDER A LA VERDAD
Uno de los mecanismos contemplados en el plan presidencial y acordados con los colectivos, familiares y sobrevivientes es la creación de la Comisión para el Acceso a la Verdad y al Esclarecimiento Histórico, la cual se conformará por cinco expertos y deberá investigar las graves violaciones de derechos humanos —como desaparición forzada, tortura y tortura sexual, ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado, persecución política y prisión política— ocurridas durante el periodo del 1 de enero de 1965 al 31 de diciembre de 1990.
Los integrantes de la comisión deberán tener atribuciones para convocar a personas que puedan dar información útil y para entrar a las instalaciones “civiles o militares”, donde presuntamente se hayan cometido graves violaciones de derechos humanos. Además del acceso incondicional a los archivos con información sobre este periodo.
Alicia de los Ríos recuerda que en el país hay diferentes archivos que deberían consultarse, entre ellos los del personal y las operaciones del Estado Mayor Presidencial, así como los relacionados con la base aérea localizada en Pie de la Cuesta, en Acapulco, lugar desde donde salieron los aviones que se usaron para los “vuelos de la muerte”; vuelos que se realizaron para arrojar al mar a los disidentes políticos.
La magnitud de los archivos para analizar es de alrededor de ocho mil cajas con cientos de documentos, de acuerdo con la DGEADH: tres mil cajas del Fondo de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), encargada de la inteligencia o el servicio secreto del Estado Mexicano; cuatro mil del Fondo de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), policía política de la Secretaría de Gobernación, y 486 cajas de la Sedena.
“Son muchos archivos: los administrativos, los que no dio el Cisen (Centro Nacional de Inteligencia) ni el fondo de la DFS; porque no dio el archivo sobre el personal que transitó de la DFS al Cisen. Todos esos nos interesan, además de los archivos de los estados”, señala la también abogada.
“Nosotros —explica— denominamos archivos de la represión a todos aquellos que se generaron a partir de la contrainsurgencia. Si bien en el Archivo General de la Nación están los Fondos de la Dirección Federal de Seguridad y de Investigaciones Políticas y Sociales, no son todos… Siempre hemos estado insistiendo en la apertura de los archivos militares y de las instalaciones militares”.
Los integrantes de la comisión —la cual se propone que tenga un periodo de trabajo de dos años y medio, a partir de su creación— tendrán que presentar un informe final con recomendaciones para realizar reformas estructurales para la no repetición e iniciativas para la dignificación de las víctimas, sus familiares y comunidades.
Tita Radilla y María Herrera encabezan marcha de familiares en Chilapa, Guerrero, durante el primer encuentro del Frente Guerrero por Nuestros Desaparecidos en 2019. Foto: Lenin Ocampo Torres/El Sur.
Este no es el primer intento por esclarecer lo sucedido durante el periodo de la contrainsurgencia en el país y evitar que continúen impunes acciones como las desapariciones forzadas que se registraron en ese entonces.
En 1990, a partir de la exigencia de colectivos de familiares, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) creó el Programa Especial de Presuntos Desaparecidos que documentó 532 desapariciones de esa época, pero sólo pudo comprobar la desaparición forzada de 273. No obstante, el número de víctimas puede ser mucho mayor, de acuerdo con colectivos de familiares que han documentado los crímenes del pasado.
Alicia de los Ríos menciona que no existe un “estimado real” del total de las víctimas de ese periodo. “Eso es lo primero que hay que hacer. Las cifras siguen oscilando entre las 532 víctimas de Eureka y las mil de Afadem (Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México)”.
En 2001, once años después de creado el Programa Especial de Presuntos Desaparecidos, la CNDH publicó la Recomendación 26/2001, que llevó a la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), al inicio del sexenio de Vicente Fox; esta Fiscalía, disuelta en 2006, abrió cerca de 600 averiguaciones previas relacionadas con desapariciones, y logró la judicialización de 14 averiguaciones previas gracias al acceso a los archivos de la DFS y la DGIPS.
Dos de estas averiguaciones llevaron a juicio al expresidente Luis Echeverría por el delito de genocidio por las masacres estudiantiles de 1968 y 1971. También se documentaron casos de militares por el delito de genocidio y desapariciones durante la “guerra sucia”. Al término de su gestión, la FEMOSSP elaboró un informe que nunca se publicó oficialmente, aunque algunas de sus versiones fueron filtradas a la prensa.
Los lugares con más víctimas son Ciudad de México, Sinaloa, Jalisco, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Morelos, Michoacán, Sonora, Baja California, Nuevo León, Oaxaca, Hidalgo, Coahuila, Puebla, Tamaulipas, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Guerrero. Esta última entidad padeció, como ninguna otra, la fuerza del Estado.
Uno de los esfuerzos más recientes para esclarecer las consecuencias de la contrainsurgencia en Guerrero se dio en 2012, cuando el Congreso del estado creó la Comisión de la Verdad (Comverdad). En su informe final, los integrantes de la comisión concluyeron que en muchas comunidades del estado se vivió una “suspensión de las garantías individuales y un verdadero estado de sitio”.
Mitin afuera del Campo militar No. 1. Foto: Carlos Piedra. Archivo Histórico del Comité ¡Eureka!.
2. IMPULSAR A LA JUSTICIA
Para el Impulso a la Justicia, el plan aprobado por colectivos y sobrevivientes sugiere la creación de una Fiscalía Especial para que elabore planes de investigación integrales. La propuesta es dotarla de atribuciones similares a la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), creada por la Fiscalía General de la República para investigar, perseguir los delitos y concluir los procesos penales por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Esta nueva Unidad o Fiscalía deberá atraer las 13 averiguaciones previas judicializadas por la FEMOSPP, en las que no procesó a perpetradores. Además de las 245 averiguaciones previas no judicializadas y que están pendientes por delitos cometidos contra 514 víctimas directas que, en su mayoría, continúan desaparecidas.
La única sentencia relacionada con este periodo, que se tiene hasta hoy, se logró en 2009 en contra de Esteban Guzmán Salgado, exagente de la DFS, sentenciado a cinco años de prisión por la desaparición forzada de Miguel Ángel Hernández Valerio, estudiante de la Preparatoria Rosales Nocturna de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a quien se desapareció en 1977.
Entre sus facultades, la Fiscalía Especial podría otorgar beneficios por la colaboración eficaz y otras figuras que incentiven a personas investigadas o testigos anónimos a proporcionar información sobre los perpetradores.
“Para nosotros queda claro que una Comisión de la Verdad funciona distinto a una Fiscalía; es decir, puede tener la atribución de retomar testimonios anónimos, de que las personas se acerquen y no deban entregar sus datos, etcétera. Estamos conscientes de que se corre el riesgo de que pase esto: que primero se realice el esclarecimiento histórico y, después, la Fiscalía decida si los llama como testigos o como posibles indiciados, según sea el caso”, señala Alicia de los Ríos.
Su experiencia, a partir del proceso judicial que lleva por la desaparición forzada de su madre, le permite decir “son pocos o muy escasos los perpetradores que van a querer hablar, pero sí hay una serie de testigos claves que pueden hablar, es decir, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, un montón de gente”.
Para ella es importante que los perpetradores conozcan cuál será el ejercicio de una Comisión de la Verdad y que se cuente con “espacios de confianza” para hablar con esos testigos. Porque, de otra forma, será difícil que colaboren. “No es su naturaleza, porque justo ellos se escondieron y también desaparecieron de la propia historia de manera consciente”.
Una de las tareas de la Comisión de la Verdad, señala, tendría que ser el realizar un mapa de quiénes son los perpetradores. “Ahí se tendría que concentrar la acción de la Comisión de la Verdad, sobre los posibles responsables”.
Carteles que se exhiben en la Casa de la Memoria Indómita, donde se resguardan documentos, fotografías y objetos relacionados con el periodo de contrainsurgencia. Foto: Thelma Gómez.
3. BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS
En el documento aprobado por los familiares también se considera tener un Plan Especial de Búsqueda, para concentrar y sistematizar fuentes documentales y testimoniales que permitan encontrar a las personas desaparecidas durante el periodo de la contrainsurgencia.
“Para nosotros —apunta la entrevistada— la búsqueda es desde la presunción de vida, como principio del derecho internacional. Buscarles con todo lo que implica: testigos, archivos e instalaciones. Lo que nosotros ahora esperamos es que los testigos entren, que haya una inspección real (en los lugares) donde estuvieron nuestros familiares, este es el punto medular”.
El plan contempla realizar acciones de búsqueda en centros de reinserción social, cárceles clandestinas, cuarteles militares y otros escenarios, a partir del último paradero conocido de las personas desaparecidas. Además, del rastreo de pistas en la documentación pública sobre el destino de los niños y niñas nacidos en cautiverio o apropiados por perpetradores.
Para Fabián Sánchez Matus, director ejecutivo del Laboratorio de Litigio Estructural, organización que acompaña a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM), uno de los propósitos es determinar los patrones de las instituciones que llevaron a cometer estas violaciones, la responsabilidad y sanción adecuada a los perpetradores: el objetivo primordial es conocer el paradero de las personas desaparecidas durante el periodo de la contrainsurgencia.
“La determinación de un posible paradero de los familiares desaparecidos sería, sin duda, el objetivo más deseado por los familiares. Hay ciertos colectivos que, durante más de cinco décadas, han estado buscando a sus familiares”, señala.
En marzo de 2019, la Comisión Nacional de Búsqueda integró un equipo especializado en la búsqueda de las personas desaparecidas forzadamente durante la “guerra sucia”, el cual trabaja bajo seis líneas de acción, entre las cuales destaca la recolección de testimonios de familiares y sobrevivientes e identificación de potenciales informantes.
El Subsecretario Alejandro Encinas,en reunión con familiares de desaparecidos y víctimas de la contrainsurgencia. Foto: Facebook Alejandra Cartagena.
4. REPARACIÓN Y COMPENSACIÓN
Los sobrevivientes y familiares de víctimas también propusieron la conformación de un Programa Especial de Reparación y Compensación de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, tortura, tortura sexual, desaparición forzada permanente y de personas sobrevivientes a la desaparición.
Alicia de los Ríos menciona que en el caso de Guerrero, “donde la contrainsurgencia tuvo las dimensiones de una guerra civil, el Presidente —por lo menos el 10 de junio— fue categórico y dijo: ‘se les va a reparar’. Sabemos que los mecanismos son caros y, justo por eso, este mecanismo tiene que ser súper eficiente, que tenga presupuesto para actuar, pero que no se duplique la burocracia”.
Hasta el momento, en las reuniones que han sostenido colectivos y autoridades no se ha discutido el monto de las compensaciones ni de los recursos necesarios para costear todo el plan de trabajo durante los dos años y medio contemplados.
“La Secretaría de Hacienda tiene que estar en ese compromiso muy decidido para garantizar esos trabajos y que no se estén frenando… tienen que garantizar todas las condiciones para que se tengan los resultados esperados y eso implica, incluso, el financiamiento público, para que funcione un mecanismo de este tipo”, señala Sánchez Matus.
Integrantes de algunos de los colectivos que participaron en la integración del Plan. Foto: Facebook Alicia de los Ríos.
5. UNA NUEVA LEY PARA LA NO REPETICIÓN
El plan propone una Ley de Memoria y No Repetición, con la cual se “garantizará el fomento y preservación de la memoria pública, así como labores de esclarecimiento histórico”, de acuerdo con el documento.
Esta ley permitiría dar continuidad a los trabajos y recomendaciones de la Comisión de Acceso a la Verdad y Esclarecimiento Histórico, los cuales deberán contribuir a procesos de justicia.
También contemplaría un apartado para garantizar la identificación, rescate, conservación y acceso a fondos documentales vinculados con violaciones a derechos humanos y movimientos sociales; y fomentar la creación y conservación de archivos orales para el rescate de testimonios.
Se espera que se tenga un decreto especial para crear el Centro de Memoria, en convenio con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
La idea de tener una legislación sobre el tema, explica Alicia de los Ríos, es que con ella se puedan resguardar los archivos de la represión, los testimonios y todo aquello que realice la Comisión de la Verdad. El contar con una ley, insiste, permitiría evitar que estas acciones queden a la voluntad de los funcionarios públicos que lleguen después.
Desde el pasado 30 de agosto, el Plan Presidencial para el acceso a la verdad, esclarecimiento histórico e impulso a la justicia está en manos de la Consejería Jurídica de Presidencia. Esta instancia adecuará el documento aprobado por familiares, víctimas y sobrevivientes de la contrainsurgencia y en un plazo de 30 días —a finales de septiembre— deberá estar listo el primer decreto para su firma y publicación.
Desde el pasado 30 de agosto, el Plan Presidencial para el acceso a la verdad, esclarecimiento histórico e impulso a la justicia está en manos de la Consejería Jurídica de Presidencia. Esta instancia adecuará el documento aprobado por familiares, víctimas y sobrevivientes de la contrainsurgencia y en un plazo de 30 días —a finales de septiembre— deberá estar listo el primer decreto para su firma y publicación.
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*Analy Nuño (@AnalyNuno) es periodista mexicana freelance. Se ha especializado en derechos humanos, grupos indígenas, defensa del territorio y víctimas de la violencia.
*Adrian Montiel (@adrianmontiel_g) es reportero mexicano. Investiga y aprende sobre derechos humanos, víctimas de violencia y desaparición.
La hija de Rosendo Radilla Pacheco, líder social desaparecido durante la llamada “guerra sucia”, confía en que la Comisión de la Verdad sobre ese periodo, cuya creación anunció el Presidente hace unos días, permitirá saber qué sucedió con sus familiares desaparecidos, pero también desencadenar otros procesos de verdad, justicia y reparación para las víctimas de las desapariciones del pasado y las actuales.
Por Marcos Nucamendi para el proyecto A dónde van los desaparecidos *
Ciudad de México, 8 de septiembre (A dónde van los desaparecidos).– “Nosotros vivimos una guerra. Las tanquetas estaban ahí y a las comunidades las amenazaban con bombardearles los cerros, desplazando a muchísima gente. Desaparecieron pueblos, cientos de personas y torturaron a muchísimas más”. Así recuerda Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla Pacheco —líder social al que desaparecieron el 25 de agosto de 1974, en Atoyac de Álvarez, Guerrero—, la “guerra sucia” en México, un periodo en el que la policía y las fuerzas armadas se dedicaron a combatir toda disidencia política.
Para la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM), organización fundada en 1978 que ha documentado unas mil 200 desapariciones forzadas durante las décadas de los 60, 70 y 80, el Estado mexicano tiene una deuda pendiente con los sobrevivientes y los familiares de las víctimas de la represión. Personas que fueron detenidas y nunca volvieron a ser vistas.
“Ya es necesario que se esclarezcan estos crímenes. Mucha gente se ha ido sin conocer el paradero de su familiar y eso es demasiado doloroso. Nosotros estamos esperando, pero ya estamos enfermos, viejos, y aunque todavía están nuestros hijos, nietos y bisnietos, que ya están ahí integrándose a la lucha, se trata de que esto se resuelva”, dice Tita Radilla en entrevista. Ella empezó su lucha cuando tenía 24 años, hoy tiene 71.
El pasado 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció, a través de un tuit, la creación de una Comisión Presidencial de Verdad, Justicia, Reparación, Memoria y No Repetición de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas por el Estado mexicano entre los años de 1965 y 1990, una propuesta que cuenta con el respaldo de diversos colectivos de familiares y sobrevivientes.
Tita Radilla, en representación de las víctimas de Guerrero, ha participado en las mesas de trabajo que se han tenido con las autoridades mexicanas.
Hoy que se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas nos reunimos con familiares y sobrevivientes de la guerra sucia. Llegamos al acuerdo de crear una comisión presidencial de verdad, justicia, reparación, memoria y no repetición. pic.twitter.com/dERsRGlFbd
Uno de los lugares más afectados por la “guerra sucia” fue Guerrero, y en especial Atoyac de Álvarez: el 40 por ciento de las personas que desaparecieron durante ese periodo en el país, proviene de este municipio. “Como dicen los compañeros [de AFADEM]: ‘nos refregaron’. Trataron de exterminar a la población”, explica Tita Radilla.
El deterioro de las condiciones socioeconómicas en ese estado, y la falta de espacios de participación ciudadana llevaron a que el descontento de la población creciera a lo largo de las décadas de los 50 y 60, al grado que se fueron articulando diversos movimientos populares con reivindicaciones por el territorio y en abierta oposición al modelo de desarrollo caciquil que no permitía el aprovechamiento inclusivo de la producción de café, la copra (pulpa seca del coco) o las concesiones forestales.
A pesar del tono pacífico y legal de esta primera etapa de insurgencia social, la respuesta de las autoridades fue desproporcionada, militarizando la región y apostando por el control de la población civil: plantones y mítines convocados para buscar una salida política fueron reprimidos por la policía y batallones del Ejército mexicano; algunos de los líderes de las organizaciones populares fueron encarcelados y decenas de campesinos fueron masacrados por agentes a sueldo (35 fallecidos y 150 heridos fue el saldo de la Masacre de la Coprera, en agosto de 1967).
En respuesta, comenzaron a surgir grupos guerrilleros con fuerte base social, como el Partido de los Pobres liderado Lucio Cabañas Barrientos (activo entre 1967 y 1974), y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de Genaro Vázquez Rojas (activo entre 1968 y 1972), ambos profesores normalistas egresados de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
A partir de este momento, las desapariciones forzadas se volvieron parte de lo cotidiano. Con la intención de aniquilar a la guerrilla, que se extendía sobre todo por la Costa Grande —región donde se encuentra Atoyac de Álvarez—, se realizaron al menos 14 campañas militares, se instalaron retenes en los caminos rurales y las comunidades comenzaron a sufrir incursiones, sitios y saqueos.
La familia Radilla, tras la instalación de un campamento militar a un lado de su casa, no tuvo más opción que desplazarse a Chilpancingo. Rosendo, el padre de Tita, se quedó en Atoyac para cuidar a su madre enferma y conservar su trabajo, a pesar del recrudecimiento de la represión, que ahora se valía de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
Ejemplo de ello fue lo sucedido en agosto de 1972 en el pueblo de El Quemado, donde fueron desaparecidas de forma transitoria y torturadas, al menos, 40 personas por supuesta pertenencia o simpatía con la guerrilla. Se les acusaba, además, de haber participado en las dos emboscadas tendidas contra elementos del Ejército ese mismo año en la sierra cafetalera de Atoyac, eventos que explican en parte por qué este municipio se convirtió en el foco nacional de las acciones de contrainsurgencia y de las desapariciones forzadas llevadas a cabo por las agencias del Estado.
Familiares de víctimas de desaparición forzada en Atoyac, Guerrero. Foto: Thelma Gómez.
La Comisión de la Verdad para el estado de Guerrero (2012-2014), una de las instancias creadas para esclarecer ese periodo por mandato del Congreso local, dio cuenta de ello en su momento. En su informe final, sus integrantes llegaron a la conclusión de que en muchas comunidades lo que se vivió fue la “suspensión de las garantías individuales y un verdadero estado de sitio”.
“Nos tuvimos que salir, todo el pueblo se salió porque el gobierno nos quemó las casas con todo: mis animales, gallinas, puercos y burros, todo se perdió y yo me salí con mis dos hijos y mi mujer embarazada de cuatro meses”, narra uno de los 409 testimonios recogidos por la comisión, integrada por dos defensoras de derechos humanos, dos académicos y un ex combatiente.
La represión no se limitaba a la guerrilla. Ser profesor, estudiante, activista social, indígena, campesino, familiar o incluso llevar el apellido de algún guerrillero, se menciona en el informe final, era más que suficiente para ser considerado como una amenaza para el Estado.
Bajo el supuesto de cortar el abastecimiento a los grupos guerrilleros, el Ejército limitó la compra de alimentos y artículos de primera necesidad a la población civil, la salida de sus comunidades e incluso la atención de sus parcelas.
“Te daban un papelito si ibas a Atoyac. Te decían a qué hora te ibas y a qué hora tenías que regresar. No era si querías. Te controlaban la comida, solamente podías llevar un kilo de frijol y dos kilos de maíz por persona a la semana; decían que si llevábamos más íbamos a alimentar a la guerrilla”, narra otro de los testimonios.
Quizá un diez por ciento de las personas que desaparecieron, dice Tita Radilla, eran guerrilleros. “No sabemos por qué le ocurrió a quienes no tenían nada que ver, por qué se los llevaron. A veces los líderes [de la guerrilla] pasaron, les pidieron de comer y les dieron, pero también pasaban los militares y les daban de comer porque iban armados”, explica.
Especial atención merece la represión dirigida hacia las mujeres, cuyos casos se conocen poco. A decir de la vicepresidenta de AFADEM, las escasas denuncias y la cultura machista del momento, impidieron saber quiénes eran y qué pasó con las mujeres que estuvieron detenidas con personas sobrevivientes que posteriormente ofrecieron sus testimonios.
La Comisión de la Verdad del estado de Guerrero documentó 239 desapariciones forzadas, incluidas las de 16 mujeres, una de ellas menor de edad; además de 209 desapariciones forzadas transitorias, incluidas 16 mujeres, dos de ellas menores de edad.
Cuatro mujeres de este último grupo sufrieron violencia sexual, según consta en su informe final, en donde también se da cuenta de la presión a la que fueron sometidas algunas mujeres detenidas y transportadas en los llamados “vuelos de la muerte” (vuelos para tirar al mar a las personas desaparecidas), esto para intercambiar sexo a cambio de su vida o la de sus esposos.
Rosendo Radilla. Foto: Imagen familiar, publicada en el micrositio de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) dedicado al caso Rosendo Radilla.
EL CASO ROSENDO RADILLA
“¡Ni vivo ni muerto aparece Rosendo Radilla Pacheco!”, gritaba un vendedor de periódicos a un costado de la casa de la familia Radilla aquel año de 1974. De esta forma, la madre de Rosendo se enteraría de la desaparición forzada de su hijo a manos del Ejército mexicano.
El motivo de su detención: componer corridos alusivos a Lucio Cabañas.
“El señor Lucio Cabañas, hombre de resolución, quiere salvar a su pueblo y se opone la reacción, han muerto muchos hermanos sin piedad ni compasión. Arriba Lucio Cabañas, el pueblo ya está contigo, a conquistar la justicia y a terminar al enemigo”, dice una de sus canciones más conocidas.
—¿Y eso es delito? —le preguntó Rosendo al militar que estaba al mando del retén que paró el autobús en el que viajaba.
—No, pero mientras ya te chingaste —le contestó, según recuerda su hijo Rosendo Radilla Martínez, presente al momento de la detención.
A Rosendo padre, cafeticultor y destacado líder social del municipio de Atoyac de Álvarez —del que fue presidente—, no hizo falta que se le comprobara militancia alguna; bastó su simpatía por los clamores de justicia que recorrían aquellas tierras para ser considerado una amenaza.
Lo último que se supo sobre su paradero —de acuerdo con un informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que recupera un documento de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), con fecha 8 de agosto de 1975— es que Rosendo, luego de ser detenido, “quedó a disposición de la [27] Zona Militar” del estado. En ese entonces, su hija Tita tenía 25 años.
La DFS, creada en 1947 por el presidente Miguel Alemán y dependiente de la Secretaría de Gobernación, fue la policía política del gobierno mexicano; disuelta en 1985, se convirtió en la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional y, en 1989, en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), recientemente señalado por espiar, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Ficha de la Dirección Federal de Seguridad sobre Rosendo Radilla. Foto: Biblioteca “Archivos de la Represión”
La búsqueda de Rosendo, por parte de su familia, no se limitaría al ex cuartel militar de Atoyac, ni a las oficinas de gobiernos locales y cárceles de Guerrero y la Ciudad de México, siguió su camino por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 1990, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), en el año 2000, y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), a partir de noviembre de 2001.
En 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe de fondo sobre el caso Radilla y en 2009, ante la falta de cumplimiento de las primeras recomendaciones, por parte de las autoridades nacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió su histórica sentencia, la primera que reconoce la responsabilidad directa del Estado mexicano por la violación de ciertos derechos humanos (libertad personal, integridad personal, reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida), y la primera en el tema de desaparición forzada.
Entre otras cosas, el fallo obligó a que se reformara el Código de Justicia Militar y, junto con otros casos emblemáticos, contribuyó a la eventual reforma constitucional de 2011, que puso en primer plano los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), organización que acompaña el caso, explica que el fallo también contribuyó a la adecuada tipificación del delito de desaparición forzada y a que las víctimas puedan exigir copias de sus averiguaciones previas/carpetas de investigación.
Sin embargo, recuerda Tita, “de Rosendo aún no se sabe nada”, ni de él ni de las otras personas que fueron desaparecidas de manera forzada. Esto sin mencionar que las medidas de reparación previstas por la Corte Interamericana, a casi 12 años de la sentencia, no han sido cumplidas en su totalidad, comenzando por la identificación y sanción de los responsables, así como la búsqueda de Rosendo.
Cabe recordar que una de las medidas de reparación, referente al reconocimiento público de responsabilidad internacional por parte del Estado mexicano, se dio por cumplida en noviembre de 2011, en el gobierno de Felipe Calderón, pese a que el acto se realizó sin la presencia de los familiares.
Bordados realizados por familiares de personas desaparecidas en Atoyac, Guerrero. Foto: Thelma Gómez, A dónde van los desaparecidos.
UNA NUEVA COMISIÓN DE LA VERDAD
En la entrevista, al hablar sobre la creación de la Comisión Presidencial de la Verdad anunciada por López Obrador la semana pasada, Tita Radilla se mostró esperanzada de que ese mecanismo permita el acceso a los archivos oficiales y a las instalaciones militares para conocer qué sucedió con los desaparecidos.
Incluso confía en que las familias están dispuestas a ofrecer, una vez más, su testimonio: “Creemos que se puede lograr. Tenemos ansias, hambre de saber qué pasó con nuestros familiares. Lo hemos dicho una y otra vez, y lo volveremos a decir. Al menos en la organización que yo represento están dispuestos a seguir luchando y a seguir hablando todo lo que sea necesario”.
En el caso de la familia Radilla, lo han dicho “una y otra vez” ante las autoridades de justicia locales, estatales y federales, la CNDH, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), la Comisión de la Verdad para el estado de Guerrero. A la fecha no hay una sola sentencia y aunque se han realizado seis excavaciones en el ex cuartel militar de Atoyac entre 2008 y 2019, Rosendo continúa desaparecido.
Aunque la desaparición forzada como delito no prescribe, según la tesis de 2004 de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) y diversos instrumentos internacionales en la materia, el tiempo sí ha cobrado factura, tanto en las víctimas como en los perpetradores.
Ante la posibilidad de saber qué pasó con su padre a 47 años de su desaparición, independientemente de las sanciones que puedan imputárseles a los responsables, muchos de ellos de edad avanzada, Tita comenta: “En otros países ha ocurrido que les han rebajado las sentencias o incluso se les ha otorgado el perdón [si colaboran]. La cuestión de la justicia, de las sanciones, es responsabilidad del Estado; nosotros sí les otorgaríamos el perdón [con tal de conocer la verdad]”.
Este proceso de esclarecimiento no sólo es para las víctimas y los sobrevivientes de lo que también se conoce como “terrorismo de Estado”, dice, es para las familias de los perpetradores –“para que sepan lo que han heredado”–, y para la gente que no vivió en carne propia la represión, se entere de lo sucedido. “La gente tiene que saberlo porque es su historia; terrible, pero es su historia”.
Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas en el estado de Guerrero. Foto: Marcos Nucamendi, A dónde van los desaparecidos.
LAS DESAPARICIONES DEL PRESENTE
¿Y qué pasa entonces con las desapariciones posteriores a 1990, con los crímenes cometidos o tolerados por el Estado mexicano desde entonces? ¿Qué diferencia hay entre la persecución, los toques de queda y la violencia desmedida que atestiguaron Tita Radilla y su familia durante la “guerra sucia”, y la violencia del presente que ha resultado en la desaparición de más de 90 mil personas? ¿Por qué no extender el mandato de la Comisión Presidencial hasta nuestros días?
Tita, quien ha acompañado junto con AFADEM las luchas emprendidas por familiares de personas desaparecidas cuyos casos ocurrieron en las últimas dos décadas, entiende las críticas que puedan elaborarse en ese sentido. Sin embargo, insiste, los casos de la “guerra sucia” son responsabilidad directa del Estado mexicano: “es algo que el Estado hizo, es el responsable de esas detenciones y desapariciones, y de todos los hechos aberrantes que sucedieron en aquel momento”.
Hechos que, por otro lado, guardan estrecha relación con la violencia de nuestros días, que suele atribuirse al crimen organizado. No tanto por las raíces castrenses que puedan tener algunos de los cárteles o la participación directa de agentes del Estado en las desapariciones recientes, dice Tita, más bien porque debido a la impunidad en la que han permanecido los crímenes cometidos durante la “guerra sucia”, como la desaparición forzada de su padre, es que los perpetradores de hoy pueden actuar con total libertad.
“Yo creo que si nosotros logramos tener verdad y justicia, también de ahí podrían desprenderse otros procesos que atiendan los hechos que ocurren actualmente”.
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*Marcos Nucamendi es reportero (@makonucamendi)). Actualmente colabora, como pasante del Instituto de Investigaciones Dr. José Luis María Mora, para el proyecto A dónde van los desaparecidos.
www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).
El mandatario mexicano acordó la creación de la Comisión con los familiares de víctimas, precisamente en el día en que se conmemora a nivel internacional a los que han sufrido desaparición forzada.
Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).– El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este lunes que, para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, creará una comisión de la verdad para investigar los crímenes cometidos en el país en la época conocida como la “Guerra Sucia”.
“Hoy que se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas nos reunimos con familiares y sobrevivientes de la guerra sucia. Llegamos al acuerdo de crear una comisión presidencial de verdad, justicia, reparación, memoria y no repetición”, expuso el Primer Mandatario en sus redes sociales.
Hoy que se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas nos reunimos con familiares y sobrevivientes de la guerra sucia. Llegamos al acuerdo de crear una comisión presidencial de verdad, justicia, reparación, memoria y no repetición. pic.twitter.com/dERsRGlFbd
Esta nueva Comisión de la Verdad partiría de las acciones que en su momento realizaron la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) y la Comisión de la Verdad para la Investigación de las Violaciones a los Derechos Humanos durante la Guerra Sucia.
La decisión presidencial de este lunes, llega luego de que en junio de 2019 el Jefe del Ejecutivo federal anunciara que la historia negra de la represión del régimen mexicano durante los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sería recordada con monumentos y una memoria viva.
Para empezar, dijo el 10 de junio en su tradicional mañanera, se inaugurará un memorial en donde estuvo la Dirección Federal de Seguridad (DFS), que en su momento dirigieron Miguel Nazar Haro o Fernando Gutiérrez Barrios. Los memoriales recordarán lugares en donde fueron torturados los luchadores sociales, o aquellos en donde fueron desaparecidos y muertos aquellos que se atrevieron a protestar contra el régimen autoritario que tuvo bajo control al país durante más de 80 años.
Ese mismo día, integrantes del Comité Eureka se presentaron en Palacio Nacional para exigir al Presidente Andrés Manuel López Obrador la creación de una Comisión de la Verdad para investigar la Guerra Sucia.
También, en un comunicado de prensa, criticaron que a pesar de que el Presidente votó en las pasadas elecciones por Rosario Ibarra, fundadora de este colectivo, ahora ni en Presidencia ni en la Secretaría de Gobernación han escuchado los casos documentados y denunciados por dicho Comité. En conmemoración de la matanza estudiantil del 10 de junio de 1971, refrendaron que desde hace 42 años de que el Comité fue fundado, han luchado para liberar a sus familiares víctimas de la desaparición forzada cometida por policías, políticos, fuerzas armadas y la Marina, que actuaron por órdenes del Estado.
Hoy, esa Comisión de la Verdad fue anunciada en Palacio Nacional.
FAMILIARES DE DESAPARECIDOS PROTESTAN FRENTE A PALACIO NACIONAL
Varias decenas de familiares de personas desaparecidas protestaron este lunes frente al Palacio Nacional en Ciudad de México en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, exigiendo justicia por las más de 90 mil personas sin encontrar.
“Para nosotros (este día) no es nada que celebrar, es recordar el dolor, el sufrimiento y la tortura que estamos pasando”, dijo a Efe Yoltzin Martínez, que busca a su hermana Yatzil, desaparecida en 2010 en Acapulco, en el sureño estado de Guerrero.
Como ella, muchas otras familiares pintaron en el suelo frente al Palacio Nacional, residencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, ubicada en el icónico Zócalo, la cifra “+90 mil” ya que, de acuerdo con los datos oficiales, son más de 90 mil las personas desaparecidas y no encontradas en México desde 1964.
Familiares de desaparecidos de toda la República Mexicana se manifestaron en las primeras horas de la mañana, frente a Palacio Nacional. Foto: Victoria Valtierra, Cuartoscuro
“Mi hermana, el hermano de mi amiga, el esposo de mi amiga, el hijo de mi compañera no son cifras, son personas. (…) Y no las estamos encontrando”, compartió Martínez.
Además, escribieron también en el suelo la frase “¿Dónde están?” con lonas hechas de prendas de ropa de sus seres queridos.
Después, leyeron un comunicado por parte del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México en el que reconocieron algunos avances en el diálogo con las autoridades y la posibilidad que brinda el nombramiento del nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
El INAI determinó que la Sedena vulneró el derecho de acceso a la información de la parte recurrente, por lo que le instruyó elaborar una versión pública del expediente del exjefe del Estado Mayor Presidencial (1964 -1970).
Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberá dar a conocer la versión pública del expediente de Luis Gutiérrez Oropeza, quien se desempeñaba como jefe del Estado Mayor Presidencial durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, en tiempos de la llamada “Guerra Sucia” en México, resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La Comisionada del INAI, Norma Julieta del Río Venegas, indicó que la información manejada por la Dirección General de Archivo e Historia de la Sedena, debe ser del dominio público, ya que esa área de la dependencia funciona como archivo histórico, “y por tanto debe de regularse de conformidad con la ley vigente, la cual establece que todo documento resguardado en los archivos históricos es de acceso público”.
“Investigadores de estos hechos, instituciones públicas del mismo Estado Mexicano han reconocido la pérdida de valiosa información que impide a la sociedad mexicana conocer a profundidad y con claridad lo que ocurrió durante este periodo (…) los vacíos por falta de información, vulneran el derecho de la verdad y a la memoria histórica de nuestro país”, sentenció la Comisionada al exponer ante el pleno el asunto.
Mediante un comunicado el INAI dio a conocer que el recurso en revisión fue debido a que una persona que solicitó el expediente del militar, no obstante, éste se inconformó pues la Sedena se negó a darle lo requerido bajo el
argumento de que la Dirección General de Archivo e Historia de la Secretaría estaba imposibilitada para emitir un pronunciamiento respecto a la solicitado, por lo que se clasificó como confidencial la información que pudiera emitir de una persona plenamente identificada o identificable.
Asimismo, la dependencia tomó lo dicho en la Ley General de Archivos, argumentando que ésta prevé que ese tipo de documentos pueden ser considerados como archivos históricos, pero que, en el caso concreto, “la información solicitada supuestamente no reunía los requisitos para ser considerado un documento de conservación permanente y de relevancia para la memoria nacional”.
Ante ello, el INAI determinó que la Sedena “no fundó ni motivó adecuadamente su actuación respecto a no atender la modalidad elegida por la persona solicitante, hoy convertida en recurrente, para la entrega de dicha información, lo cual deviene en una omisión de atender a cabalidad el procedimiento establecido en la ley, con lo cual se vulneró el derecho de acceso a la información de la parte recurrente”.
Dicho lo anterior, el pleno del INAI revocó la respuesta de la Sedena y le instruyó elaborar una versión pública del expediente del exjefe del Estado Mayor Presidencial (1964 -1970) y extitular de la Dirección del Departamento de Industrias Militares, Luis Gutiérrez Oropeza, y poner a disposición de la persona solicitante dicha información.
López Obrador exaltó que quienes quieren regresar al régimen de corrupción se “jalan los pelos” al darse cuenta que sus ataques no influyen en el apoyo de los ciudadanos a su mandato.
Ciudad de México, 13 diciembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a pesar de la “guerra sucia” de sus adversarios cuenta con el respaldo del pueblo de México que apoya la transformación que está llevando a cabo su Gobierno.
Durante la inauguración de un camino rural en Oaxaca, el Jefe del Ejecutivo exaltó que quienes quieren regresar al régimen de corrupción se “jalan los pelos” al darse cuenta que sus ataques no influyen en el apoyo de los ciudadanos a su mandato.
“Ahora la gente está afianzando su convicción del daño que hace la corrupción a los pueblos”, señaló el Presidente.
López Obrador aseguró que el pueblo es sensible y consciente por ello siguen apoyando la transformación.
“No llegan a entender los conservadores que ahí está la transformación, está la revolución de conciencias del pueblo de México”, afirmó el mandatario.
Respecto a la inauguración de caminos en la entidad, el Presidente enfatizó que son cerca de mil kilómetros de construcción que comunican a 58 municipios.
Acompañado del Gobernador del estado, Alejandro Murat, y autoridades locales, el mandatario se comprometió a continuar trabajando para que todas la cabeceras municipales tengan caminos de concreto y mantener los apoyos a adultos mayores y becas a estudiantes, así como a proveer del servicio de internet en la localidad.
“En un afán de ser pro o contra alguien, la prensa está cayendo en su propia trampa; se amarra a sí misma con posiciones políticas. Eso creo que es lamentable”, opinó en entrevista el co-fundador y ex director de la revista Proceso, conductor ahora de la nueva serie de TV UNAM, Confidencial. Los expedientes de la Guerra sucia.
“La evolución del país en términos de la competencia democrática y política es más amplia que antes y eso beneficia a la prensa, que tiene un espacio más libre de obstáculos para ejercer su trabajo, pero al mismo tiempo el riesgo que se está viviendo es la politización, la polarización de la información. Es claro que en estos momentos el país está confrontado, está dividido, y eso afecta la perspectiva”, agregó.
Ciudad de México, 1 de abril (SinEmbargo).- Confidencial. Los expedientes de la Guerra sucia, serie documental realizada por Proceso y TV UNAM, revisa los archivos de la antigua Dirección Federal de Seguridad y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) sobre personajes destacados de la política nacional y descubre los reportes que el Gobierno tiene de sus perseguidos.
La serie, producida por Oscar Estrada y realizada por Víctor Mariña, es el resultado de más de ocho meses de trabajo de especialistas cuya investigación periodística está basada en expedientes que estuvieron cerrados, y fuera del acceso de medios y ciudadanos, hasta febrero del 2019. Ahora, por un decreto presidencial, se revelaron y quedaron bajo custodia del Archivo General de la Nación.
Cabe destacar la importancia del Centro de Documentación de la revista Proceso, pues cuenta, desde 1976, con un gran archivo digital que ha sido la base para la realización de esta entrega documental.
Conducida por el periodista Rafael Rodríguez Castañeda, co-fundador y ex director de la revista Proceso, esta serie consta de cinco capítulos en su primera temporada. Se transmitirá el segundo miércoles de cada mes, con retransmisiones los domingos a las 19:00 horas.
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¿Qué representó la Guerra sucia para los periodistas y la prensa en su momento?
Visto desde la perspectiva de ahora, es más fácil verlo. La Guerra sucia precisamente era una guerra secreta, una guerra oculta y no siempre era posible visivilizarla de manera inmediata. Sí hubo cosas que se fueron sabiendo a lo largo del tiempo, con investigaciones periodísticas que permitieron saber lo que estaba ocurriendo en años anteriores. No era una manera visible al forma en la que el Estado actuaba en contra de los disidentes.
Para la revista Proceso en particular, ¿cómo se vio afectada la libertad de expresión?
Proceso nace en 1976 y desde el primer momento hicimos el trabajo que solíamos hacer en Excélsior en años anteriores, el trabajo de investigación de denuncia, el trabajo que caracteriza a la prensa crítica e independiente y en ese sentido éramos molestos al Gobierno en turno, en este caso al de López Portillo en aquellos primeros años. Por su puesto en algún momento la crítica fue insoportable para Portillo y vino la determinación de boicotear publicitariamente a la revista en 1982,
Sí hubo efectos obviamente muy negativos en nuestra finanzas; nos obligó a cerrar una agencia de información y a despedir a un determinado número de miembros de nuestro personal de redacción y administración. Pero también nos mostró que sin la publicidad y a partir de la venta masiva de ejemplares podíamos sobrevivir y de esa manera, indirectamente, un acto de Gobierno autoritario nos mostró el camino de la independencia financiera, lo cual es fundamental para tener una independencia editorial completa.
¿Cuál es el objetivo de esta serie documental, Confidencial?
La idea es precisamente rescatar lo que fue en esos años este país en términos de represión y persecución de los disidentes y los movimientos sociales contrarios al regimen, y también de la prensa que pretendía ser crítica e independiente.
En términos documentales, la historia está basada en los archivos que contienen los expedientes de la Dirección Federal de Seguridad, y que se conservan en el Archivo General de la Nación. A partir de una idea original de Óscar Estrada, nosotros decidimos explorar esos archivos a partir de seleccionar cinco personajes de la época, representativos de los distintos segmentos sociales o activistas.
Iniciamos con Julio Scherer García, que era en su momento reportero del periódico Excélsior y posteriormente subdirector, y después fundador y director durante 20 años de la revista Proceso. A él lo seleccionamos como representante de lo que fue la persecuión y el espionaje a los medios de comunicación en cuanto el ejercicio de la libertad de expresión.
En el estreno de la serie, el pasado miércoles 1 de abril, vimos el archivo de Julio Scherer García, quien fue espiado desde 1966. ¿Puedes ahondar sobre este episodio de la vida política en México y tu opinión de Scherer?
Yo creo que Julio fue el periodista más importante de la segunda mitad del siglo XX en México. Primero como reportero de Excélsior, llegó a ser el pilar de lo que era en aquel entonces, los años 50 y 60, el más importante del país. Don Julio fue un pilar por sus trabajos de investigación periodística, sus entrevistas y su enorme capacidad de tener contactos informativos importantes en los niveles más elevados, tanto del mundo político, económico e intelectual. Él usó su capacidad periodística para ejercer a plenitud la libertad de expresión.
Repito, es un personaje clave en la evolución misma del país en términos políticos y sociales; de alguna manera sus luchas en Excelsior y Proceso derivaron en una apertura de otros medios de comunicación que siguieron los pasos del periodismo independiente y en ese sentido, Scherer cumplió un papel fundamental inclusive en lo que llamamos la transición democrática.
En este sentido, era pertinente seleccionar a este personaje para nuestro estreno de la serie, que continuará otros personajes. Por ejemplo: Genaro Vázquez Rojas, líder sindical del magisterio guerrerense que formó parte de la oposición política al gobierno de Guerrero y que integró uno de los varios grupos armados que se desarrollaron en la Sierra Madre del Sur durante las décadas de 1960 y 1970; Rosario Ibarra de Piedra, activista, fundadora del Comité ¡Eureka!; Heberto Castillo, político mexicano, candidato presidencial por el Partido Mexicano Socialista (PMS) en las elecciones federales de 1988, y Javier Barros Sierra, quien fuera Rector de la UNAM en 1968, todos ellos opositores en su momento, perseguidos y espiados por el Gobierno Federal.
Creo que esta selección mostratá un panorama más o menos completo, a reserva de que eventualmente la serie pueda continuar en un futuro, a partir del hallazgo de más documentos de que otros personajes.
Acerca del Centro de Documentación de Proceso, entiendo que juega un papel fundamental en la investigación y realización de esta serie. ¿Cómo se tradujo ese gran archivo digital al lenguaje audiovisual?
Ciertamente cumplió un papel importante, tanto la Coordinacón del archivo fotográfico como el propio Centro de Documentación. Julio Flores, Coordinador de este centro inclusive participa en la serie, entrevistado, y él refiere cómo fue utilizado estos archivos para algo que fue complejo: cómo traducir la documentación escrita y fotografíca al lenguaje audiovisual. Espero que el resultado sea gratificante, que se halla logrado un producto revelador de cosas que importan, para que este país conozca lo mejor posible su historia.
Estos archivos del CISEN, cerrados e inaccesibles hasta febrero de 2019, ahora están bajo custodia del Archivo General de la Nación. ¿Qué representa esto para la libertad de expresión y la democracia en México?
Yo creo que es un avance, aunque hay que ver que están solo parcialmente a disposición del público. Por otro lado, no se ha difundido suficientemente que están abiertos. Muchas veces el periodismo actual deja de lado esas fuentes de información valiosísimas por dedicarse a la nota cotidiana, y desdeñamos el material documental que existe, precisamente el interés que tuvimos tanto en TV UNAM como en Proceso, fue meternos en esos documentos para tratar de darles forma en un lenguaje más accesible a auditorios más amplios.
Significa mucho la existencia de los expedientes abiertos, pero significa poco en la medida en que los periodistas mexicanos, en términos generales, no son afectos a la investigación documental profunda.
¿Cuál es tu perspectiva del panorama para la prensa en el actual Gobierno?
Obviamente es incomparable este momento con otros que el país ha vivido. Ciertamente la evolución del país en términos de la competencia democrática y política es más amplia que antes y eso beneficia a la prensa, que tiene un espacio más libre de obstáculos para ejercer su trabajo, pero al mismo tiempo el riesgo que se está viviendo es la politización, la polarización de la información. Es claro que en estos momentos el país está confrontado, está dividido, y eso afecta la perspectiva que tendría que ser transparente por parte de los ojos periodísticos.
En un afán de ser pro o contra alguien, la prensa está cayendo en su propia trampa; en ese sentido la prensa se amarra a sí misma con posiciones políticas editorialmente, que tienen un objetivo, desde apoyar o criticar ciertas actitudes de un Gobierno que intenta hacer un proyecto de país distinto, pero que también cae en la tentación del autoritarismo y de la falta de aceptación de la crítica. Creo que la prensa en este momento está viviendo tiempos muy complicados, de falta de ubicación pérdida de profesionalismo. Eso creo que es lamentable.
La serie, conducida por el periodista Rafael Rodríguez Castañeda, estrena su primer capítulo este miércoles 1 de abril, a las 20:30 horas. En el capítulo de esta noche se analiza el expediente de Julio Scherer García, director del periódico Excélsior de 1968 a 1976 y fundador de Proceso, quien comenzó a ser espiado desde 1966 por Luis Echeverría Álvarez.
Confidencial revisa los archivos de la antigua Dirección Federal de Seguridad y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) sobre personajes destacados de la política nacional y descubre los reportes que el Gobierno tiene de sus perseguidos.
Ciudad de México, 1 de abril (SinEmbargo).- Confidencial. Los expedientes de la Guerra sucia, serie documental realizada por Proceso y TV UNAM, estrena su primer capítulo este miércoles 1 de abril, a las 20:30 horas. La serie revisa los archivos de la antigua Dirección Federal de Seguridad y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) sobre personajes destacados de la política nacional y descubre los reportes que el Gobierno tiene de sus perseguidos.
“El propósito de la serie es difundir las actividades de persecución política y espionaje durante el periodo conocido como Guerra sucia, que dio origen a un ciclo de represiones y censura. Detrás de los expedientes de cada personaje se encuentran historias de horror, de presos políticos torturados y desaparecidos, así como de crímenes que hoy en día siguen impunes”, detalló un comunicado.
La serie, producida por Oscar Estrada y realizada por Víctor Mariña, es el resultado de más de ocho meses de trabajo de especialistas cuya investigación periodística está basada en expedientes que estuvieron cerrados, y fuera del acceso de medios y ciudadanos, hasta febrero del 2019. Ahora, por un decreto presidencial, se revelaron y quedaron bajo custodia del Archivo General de la Nación.
Cabe destacar la importancia del Centro de Documentación de la revista Proceso, pues cuenta, desde 1976, con un gran archivo digital que ha sido la base para la realización de esta entrega documental.
En el capítulo de esta noche se analiza el expediente de Julio Scherer García, periodista y escritor mexicano, director del periódico Excélsior de 1968 a 1976 y fundador de la revista Proceso, quien comenzó a ser espiado desde 1966, cuando era Secretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez.
En el primer archivo confidencial que recibió Echeverría de manos del titular de la Dirección Federal de Seguridad, Fernando Gutiérrez Barrios, se definía a Scherer como “defensor de la ideología demócrata cristiana”. Desde entonces, y hasta después de su expulsión de la dirección de Excélsior, el 8 de julio de 1976, los aparatos de seguridad del régimen priista, encabezado por Echeverría, no cesaron de espiarlo.
En episodios posteriores, los temas versarán sobre personajes como: Genaro Vázquez Rojas, líder sindical del magisterio guerrerense que formó parte de la oposición política al gobierno de Guerrero y que integró uno de los varios grupos armados que se desarrollaron en la Sierra Madre del Sur durante las décadas de 1960 y 1970; Rosario Ibarra de Piedra, activista, fundadora del Comité ¡Eureka!; Heberto Castillo, político mexicano, candidato presidencial por el Partido Mexicano Socialista (PMS) en las elecciones federales de 1988, y Javier Barros Sierra, quien fuera Rector de la UNAM en 1968, todos ellos opositores en su momento, perseguidos y espiados por el Gobierno Federal.
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Conducida por el periodista Rafael Rodríguez Castañeda, co-fundador y ex director de la revista Proceso, esta serie consta de cinco capítulos en su primera temporada. Se transmitirá el segundo miércoles de cada mes, con retransmisiones los domingos a las 19:00 horas.
El documental Oblatos, el vuelo que surcó la noche que tuvo su paso por el festival DocsMX, ahora es parte de la selección oficial de Documental Mexicano del Festival Internacional de Cine de Morelia.
Acelo Ruiz, su director, cuenta a SinEmbargo cómo surgió la idea de realizar el documental, las dificultades que tuvo al desarrollar el proyecto y su opinión sobre las prácticas de represión ejercidas por el Gobierno. Así también, relata la falta de apoyo y difusión de cintas nacionales, las cuales se ven opacadas por producciones extranjeras.
Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).- La represión gubernamental en contra de las organizaciones estudiantiles y de trabajadores es un problema que ocurre en México desde hace varias décadas. Pese al paso de los años y los cambios en los gobiernos, la guerra sucia, los asesinatos, las desapariciones forzadas y la tortura son prácticas que se mantienen vigentes.
Oblatos, el vuelo que surcó la noche es un documental que cuenta la historia de Mario Álvaro Cartagenas “Guaymas” y Antonio Orozco Michel, dos hombres que parecen ciudadanos comunes pero a los que los une un pasado en común: ambos se fugaron del Penal de Oblatos, en Guadalajara, en donde estuvieron presos por ser parte de la Liga Comunista 23 de Septiembre, la guerrilla urbana más grande de México en los años setenta.
Acelo Ruiz, director del documental, cuenta a SinEmbargo cómo surgió la idea de realizar una cinta sobre estos hechos, las dificultades que tuvo al desarrollar el proyecto, su opinión sobre las prácticas de represión ejercidas por el Gobierno y la falta de apoyo y difusión de cintas nacionales, las cuales se ven opacadas por producciones extranjeras.
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El cineasta indica que el punto de partida para realizar el documental, que ahora formar parte de la Selección oficial de Documental Mexicano del Festival Internacional de Cine de Morelia, fue la lectura de un libro de memorias en 2007, en el cual uno de los protagonistas habla de su participación en la guerrilla, en el grupo de los vikingos y narra cómo fue planificada la fuga de la prisión de Oblatos.
“Era una historia que reunía una gran cantidad de virtudes. La primera que era una historia que casi no se conocía de la guerrilla mexicana y de la guerrilla urbana, y la segunda, que era una historia muy emocionante, era una historia que reunía muchas cosas que se volvían muy atractivas para el público, una historia de la fuga de una prisión que tenía mucho suspenso, mucha emoción, objetivos que perseguir y creo que eso completaba una buena película”.
Mario Álvaro Cartagenas “Guaymas”, fue uno de los seis jóvenes encarcelados por formar parte de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Foto: elccc.com
Acelo Ruiz menciona que entre las dos principales dificultades que tuvo al momento de realizar el documental fue el tener acceso al material, el cual en su gran mayoría se encuentra en el Archivo General de la Nación y el conseguir el financiamiento.
“Fue muy complicado conseguir recursos para la película y bueno, como que cada parte de la película tenía su series de dificultades, creo que la principal era que no había imágenes de la época ni de ese momento, no había muchos registros de ellos (Guaymas y Toño) como guerrilleros porque realmente no se grababan, no había un archivo audiovisual, tuvimos que inventarnos todo un lenguaje que tuviera que ver con la película pero que al mismo tiempo no tenía mucho que ver como temas del archivo, el material fotográfico y realmente todo esto fue tomado de archivo policíaco”.
El director menciona que la película muestra cómo el Estado “le tenía una fobia a la juventud”, una fobia a cualquier tipo de participación política que estuviera fuera de los designios del poder, situación que provocó una insurrección armada.
“La película abre un debate, pone sobre la mesa algunas cosas que todavía no son resueltas como las víctimas de la guerra sucia, los asesinatos, las desapariciones, la tortura, yo creo que es algo que todavía hay que indagar y se tiene que cerrar esa herida que aún sigue abierta”.
Oblatos recibió la mención Especial del Dirección Jurado Mezcal, y Premio del Público en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Foto: Twitter @CCCMexico
A más de 43 años de estos hecho, Acelo Ruiz lamenta que contrario a lo que muchas personas podrían creer la desaparición, la tortura y encarcelamiento opositor son prácticas que se mantienen vigentes en México.
“Es una herencia que se vive del pasado, muchas cosas que creíamos habían sido superadas pues realmente no. La desaparición, la tortura y encarcelamiento opositor es algo que todavía se siguen viviendo en la actualidad. Creo que la película puede ayudarnos a vernos en un espejo y ver que hay cosas que realmente no han cambiado y deben de cambiar.
El cineasta se dice a favor de los movimientos sociales, pues señala como necesario que la ciudadanía tenga una voz de protesta pues esto genera un contrapeso para el poder.
“Los movimientos sociales en general son necesarios, yo creo que es importante cuestionar las desiciones del poder político, del poder económico y que existan es absolutamente válido, absolutamente necesario, es algo que debe de existir porque no solamente es un contrapeso para el poder, es necesario que la ciudadanía tenga una voz de protesta, los movimientos sociales tienen toda mi simpatía”.
Ruiz menciona que uno de los propósitos principales del documental es mostrar que en México hubo una guerra entre grupos armados, socialistas jóvenes que querían cambiar al país y un Estado que respondió a estos hechos con una ferocidad inusitada.
“El Estado respondió a estos hechos con una ferocidad inusitada, no sólo atacó a los guerrilleros, también atacó a civiles, a sus familias, a movimientos estudiantiles y campesinos, entonces reflejar esta realidad es parte importante de los objetivos de este documental”.
Finalmente, el director hace una crítica al tema de distribuciones cinematográficas en México que no permiten a las cintas nacionales exhibirse en más salas y limitan su alcance al público.
“Creo que hay una gran tarea y desafortunadamente en el caso del documental no es el único caso de falta de lugares para exhibición, también las ficciones mexicanas lo viven, hay una tarea de los legisladores y del gobierno poder regular ese mercado y permitirle al cine nacional que se vea”.
Antonio Orozco Michel, uno de los integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre que se fugó del Penal de Oblatos en 1976. Foto: Captura de Pantalla
Acelo asegura que uno de los grandes problemas del cine mexicano es que público no ha tenido la oportunidad de ver el cine nacional. Por este motivo, dice, es obligación de las autoridades legislar para proteger lo hecho en México y asegurar un espacio de exhibición.
“En el cine nacional hay de todo, hay películas buenas, malas, comedias, dramas, hay un gran universo, el problema es que el público no sabe que existe, como que hay un gran prejuicio de que el cine nacional es malo de por sí […] Que haya un espacio garantizado para el cine nacional y que el público por lo menos tenga la oportunidad de no ir el miércoles a las 10 de la noche a ver una película mexicana sino también esté el fin de semana en un horario razonable donde también están otras películas estadounidense”.
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