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“Necesitamos que las fiscalías (Fiscalía General de la República y estatales) hagan su trabajo para conocer la verdad y se sancione a los responsables”, reprochó el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.

Ciudad de México, 11 de junio (Sin embargo). – Por inercias y resistencias en ejecutivos estatales, la Fiscalía General de la República (FGR) y fiscalías estatales, no se avanza en el tema de desaparición forzada en México, el combate a la impunidad y en dar verdad y justicia para las víctimas, acusó el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.

“No basta con que estemos en las tareas de búsquedas, de hallazgos y encontrar personas con vida, o que lamentablemente la han perdido, sino que necesitamos que las fiscalías hagan su trabajo para conocer la verdad y se sancione a los responsables.”

Lo anterior fue señalado por el funcionario federal durante la mesa virtual “Encuentro Latinoamericano; México ante la Crisis de la Desaparición Forzada”, cuando de la desaparición forzada está en la coyuntura y agenda mediática debido a denuncias de las desapariciones forzadas de Jalisco, cometidas contra jóvenes que se manifestaron contra la brutalidad policiaca a raíz de la muerte de Giovanni López.

Encinas también acusó que la “corrupción” dentro del Poder Judicial en México merma la búsqueda de justicia: “El problema de impartición de justicia y el papel que desempeñan muchos de los jueces es lamentable […] donde en ocasiones, los pactos de corrupción limitan la impartición de justicia y ese es uno de los grandes problemas que tenemos”.

En México no existe ni una sola sentencia, hasta la fecha, por delitos de desaparición forzada ocurridos, recordó. “Ese es el indicador más lamentable del nivel de impunidad con que se comete este delito en el ámbito nacional”, sostuvo.

El funcionario de Segob anunció que próximamente se darán a conocer los resultados de los datos en materia de desaparición forzada de personas y el número de personas ubicadas, identificadas, entregadas, a sus familiares; sin embargo, alertó que la información será desalentadora.

“Seguramente vamos a llevarnos decepciones por el nivel tan alto que sigue existiendo en materia de desaparición forzada en nuestro país”, alertó.

AUTONOMÍA, SÍ; AUTARQUÍA, NO

En su intervención, Encinas Rodríguez recordó que la desaparición forzada ha sido una práctica continua y sistematizada en nuestro país que se implementó –en una primera etapa– en los años 60s y 70s por el Estado mexicano como parte de sus políticas para erradicar la disidencia política. Este periodo mejor conocido como Guerra Sucia. En una segunda etapa, – como él lo llamó– la desaparición forzada viene “la descomposición social que ha vivido el país y donde se asociaron las actividades criminales con la corrupción gubernamental y la impunidad.

El titular de la Subsecretaría de derechos humanos de la Segob dijo que parte fundamental del acto de justicia en materia de desaparición forzada está en manos de las Fiscalía General de la República y en las fiscalías de los estados, que son quienes investigan, acreditan el delito y lo sancionan.

“El objetivo debe de ser erradicar la desaparición forzada, y esto tiene que ver con acciones que trascienden en el ámbito de la búsqueda. Tenemos que atender las causas que lo originaron; esto tiene que ver con la inseguridad y también la impunidad en la que prevalece este delito”.

Sin embargo, en materia de combate a la impunidad los estados, y fiscalías no cumplen a totalidad y utilizan su autonomía para no responder, según aludió el funcionario.

“La autonomía que se ha otorgado a las Fiscalías sin lugar a dudas es muy importante, la autonomía del Ministerio Público de la autoridad federal o estatales puede ser un instrumento muy importante para avanzar en materia de combate a las impunidad, pero lamentablemente no se ha avanzado en ello, y las resistencias a los cambios, ahora bajo el argumento de la autonomía de las fiscalías, (ha sido un obstáculo ) muy grave para poder tener resultados con la velocidad que todas las familias y todas la víctimas quisieran”, señaló el funcionario durante la mesa virtual.

Comentó que es fortalecer la autonomía de las fiscalías, pero “partiendo de la lógica que autonomía no es autarquía, y que tenemos que trabajar de manera conjunta en enfrentar este problema que es común” insistió.

La identificación forense es un ámbito en donde se ha dado poca cooperación, de acuerdo con el reproche del funcionario. “falta muchísimo para poder integrar una base de datos genética de los estados, “porque las fiscalías de los estados han estado dispersas [..]y no están trabajando de manera conjunta”.

“Hay que fortalecer la autonomía de las fiscalías, pero partiendo de la lógica que autonomía no es autarquía”, dijo.

RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS

Alejandro Encinas dijo que la mayoría de las violaciones por desaparición forzada que son vinculadas a agentes del estado mexicano, fueron cometidas en el ámbito municipal y en las policías estatales.

“Tenemos que lograr que los estados de la república asuman su responsabilidad en estos hechos, (desaparición forzada). No es un asunto que competa solo al Gobierno federal, el problema lo tenemos en los estados”, aseguró.

No obstante, reprochó el funcionario, tanto en los gobiernos en los estados y las fiscalías estatales persisten las posturas que dificultan el avance en temas prioritarios para que las víctimas puedan acceder a la verdad y justicia.

“El solo hecho de hacer público el número de personas desaparecidas, fosas clandestinas, cuerpos exhumados, – ha ocasionado reclamos de los gobiernos de los estados que siguen una lógica de querer minimizar y ocultar el problema, y lo cierto, es que independientemente, de ello nosotros vamos a continuar con estas labores”.

El Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense está por entrar a la etapa de su implementación, anunció Encinas, quien agregó, es urgente y necesario resolver este problema. “¿De qué sirve, que satisfacción hay en las familias (de personas desaparecidas) cuando hallan fosas, pero la identificación no avanza?”.

En México se estima que hay más de 37 mil restos sin identificar.

Más del 50 por ciento de las fosas clandestinas encontradas en el actual Gobierno se concentran en cinco estados: Veracruz, Sonora, Colima, Guerrero y Sinaloa; y el mayor número de cuerpos exhumados (que es distinto al número de fosas), que también marca el comportamiento de los grupos delictivos, el 50 por ciento se dan en Sinaloa, Jalisco, Michoacán.

ESQUIZOFRENIAS INSTITUCIONALES

El subsecretario llamó a desarrollar una institucionalidad que tenga resultados de manera puntual y en el corto plazo “a pesar de las limitaciones que existen todavía para hacer una política pública nacional, una política de Estado” que involucre a todos los órdenes de gobierno, pero también con una participación de la sociedad civil y las familias de las víctimas de desaparición.

“Y por supuesto hay que acabar con las esquizofrenias institucionales y buscar que caminen de manera conjunta las tareas de combate a la violencia e impunidad con las tareas de garantía de los derechos humanos”.

Agregó que se requiere desarrollar un conjunto de acciones que permitan – en el caso específico en el tema de desaparición forzada– garantizar el derecho a la verdad, y el derecho a las familias a encontrar a sus seres queridos.