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La Comisión de la Verdad de la Guerra Sucia es una simulación, acusa Javier Sicilia

sábado, noviembre 20th, 2021

El activista y poeta Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, dijo que las expectativas para la recién creada Comisión son nulas y considera que, a la vuelta de dos años y medio, cuando se cumpla su plazo, no dará los resultados previstos. “Por desgracia no habrá nada”, dijo.

Ciudad de México,  20 de noviembre (SinEmbargo).- El poeta y activista Javier Sicilia consideró que la Comisión de Justicia para el esclarecimiento de los crímenes de la Guerra Sucia es un ejercicio de “simulación” que no atiende la profundidad del drama y horror de la desaparición y violencia en México.

“Es otra gran simulación porque no tiene nada que ver con justicia transicional en un sentido serio y profundo de la palabra”, señaló en entrevista con SinEmbargo.

El líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que rompió relación con el actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador casi al inicio de la administración, criticó la temporalidad de las violaciones que se van a investigar —de 1965 a 1990— y que esté destinada a un sector de víctimas, pues destacó que la crisis que se vive en México requiere de una verdadera justicia transicional que no sólo los casos emblemáticos como la Guerra Sucia, Ayotzinapa o Jojutla.

“¿Por qué desde esa fecha? ¿Qué después de 1990 no tenemos una relación inmensa de crímenes? ¿Qué no hay más de 90 mil desaparecidos desde entonces? ¿Qué no hay más de 4 mil fosas clandestinas? ¿Que no hay más de 30 mil casos de tortura? ¿La verdad y el impulso de la justicia hasta 1990? Ya desde el hecho que daten como si no hubiera pasado nada, como si estuviéramos en un país en paz….  bueno ya es en si misma es una comisión idiota, que no está atendiendo la profundidad del drama y de la tragedia humanitaria”, espetó el activista.

En octubre se creó la Comisión para el Esclarecimiento de los crímenes cometidos durante la Guerra Sucia. Foto: Cuartoscuro

El 14 de septiembre de 2018, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad puso sobre la mesa al entonces Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, la agenda de la justicia transicional, que es un mecanismo para que las víctimas logren justicia y se lleve a rendir cuentas a los responsables de la violencia en los sexenios pasados.

De acuerdo con el activista, el Jefe del Ejecutivo se comprometió a atender y dar prioridad a la agenda de víctimas y construir una política en función de la justicia transicional. No obstante, ambos rompieron relaciones.

La ruptura que tuvo con Andrés Manuel López Obrador se derivó luego de que no incluyó en los 100 compromisos el atender la agenda integral de las víctimas de la violencia lo cual aseguró fue una promesa que el mandatario no cumplió; por ese motivo es que afirma que el Presidente traicionó a las víctimas.

“En esos 100 puntos había una sola Comisión de la Verdad que es absolutamente ineficiente, que es la Comisión de Ayotzinapa. Todo lo demás quedó al margen, lo borraron y no dijo absolutamente nada al respecto, y agregó algo más que no había pactado con nadie (de la sociedad civil): le dio carta de naturalización al Ejército en las calles. El sueño de Calderón lo hizo posible y lo llevó a límites demenciales”, dijo.

Las diferencias aumentaron después de la Marcha que realizó el Movimiento por la Paz en enero de 2020, a unos meses de la matanza de la familia LeBarón en Bavispe, Sonora.

En esa ocasión Sicilia se reencontró con Julián LeBarón en la caravana que partió rumbo a Palacio Nacional con el objetivo de sentarse en la mesa con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y plantearle un cambio de estrategia en materia de seguridad, algo que no ocurrió debido a que el mandatario federal no los recibió y tildó la protesta como un “show”.

Sobre sus críticas hacia el Gobierno de López Obrador, Javier Sicilia ha aclarado que no es enemigo del Presidente; sin embargo, ha insistido en que no les hará el juego: “yo lavo la cara de la mentira, yo no lavo caras”.

Las víctimas y familiares de personas desaparecidas han exigido por años comisiones de la verdad. Foto: Cuartoscuro

COMISIÓN DE LA VERDAD

La Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 nació el pasado 6 de octubre cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto firmado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador que ordenaba su creación.

La Comisión cuenta con cinco mecanismos: para la verdad y esclarecimiento histórico; el Comité para el impulso de la justicia; Plan especial de búsqueda; Plan especial de reparación y compensación, y de Acciones para la memoria y garantía de no repetición.

Además está integrada en su mayoría por funcionarios: el titular de la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, quien la presidirá”; Marcelo Ebrard, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); por Rogelio Ramírez de la O, Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHyCP); Carlos Enrique Ruiz Abreu, Director del Archivo General de la Nación; Erick Javier Martín Salas, encargado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; y Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.

En días pasados fueron elegidos los cinco expertos independientes quienes formarán parte de uno de los cinco mecanismos de la comisión y son quienes realizarán las indagatorias, acopio de información, acceso a los archivos de todas las dependencias, acceso a las instalaciones federales militares o civiles en búsqueda de la verdad.

Consejeras que participarán en uno de los cinco mecanismos de la Comisión de la Verdad explicaron a SinEmbargo que será imperativo que el Gobierno cumpla con su promesa de abrir los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), del Estado Mayor Presidencial (EMP), así como otros documentos ocultos para poder avanzar en su cometido del esclarecimiento histórico de los hechos ocurridos de la contrainsurgencia, pues hasta ahora las únicas herramientas y dientes que se le han dado a la Comisión es la promesa del Presidente de abrir los archivos.

“Necesitamos que ese compromiso se vuelva realidad, que de verdad haya voluntad, si no hay voluntad gubernamental no vamos hacer nada, eso es fundamental”, expresó Eugenia Allier Montaño, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y una de las cinco integrantes del Mecanismo para el acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990.

En México hay al menos 94 mil personas desaparecidas. Foto: Cuartoscuro

En ese sentido, Javier Sicilia consideró que no se va a romper el pacto de silencio con el Ejército, y descartó que se cumpla la promesa de que se vayan abrir los archivos militares.

“No lo habrá, menos con el poder que le han dado al Ejército. El Ejército, por desgracia, ha sido un poder aparte, secreto, lleno de cosas que no sabemos. Por eso no desatoran Ayotzinapa porque el Ejército no quiere dar todo lo que sabe, todas las complicidades que tienen con esa atrocidad. El caso Ayotzinapa no ha podido resolverse en tres años porque el Ejército no está abierto a buscar la verdad, mucho menos con una Comisión que quiere entrar a duras penas a todo el asunto de la Guerra Sucia”, dijo.

El poeta también reprochó que la integración de la Comisión de la Verdad sea en su mayoría por funcionarios del Estado, quienes tienen la mayoría de los votos de las decisiones que tome ese organismo.

“Cinco de los seis son funcionarios que pertenecen al poder. Esa no es una Comisión seria. Cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, se trata de crímenes que cometió el Estado y nunca he visto que un Estado se pueda juzgar a sí mismo en estas condiciones. Tampoco van a hacer algún trabajo, no tienen ni siquiera dinero para echar a andar esa comisión. Es una comisión completamente absurda”, añadió

Destacó que la intensión es de simular frente a la presión que han ejercido las víctimas: “esa es una respuesta que no convence a nadie que tenga tantito sentido de lo que significa justicia transicional y mecanismo de justicia frente una tragedia como la que vive México”.

Javier Sicilia aseguró que se mantendrán vigilantes de la Comisión de la Verdad, pero descartó que tengan resultados. Foto: Cuartoscuro

Los integrantes del mecanismo de esclarecimiento pidieron un voto de confianza a la ciudadanía y activistas y llamaron a no desear el fracaso sino a integrarse y apoyar para llegar a la verdad. Cuestionado que en caso de que le solicitaran ayuda, Sicilia destacó disposición para colaborar.

“No para nada. Mi confianza no la tienen y si quieren que agarramos confianza yo y muchas víctimas de este país. No creo que lo puedan resolver en tres años, por además tienen fecha de caducidad. Simplemente no hay ningún elemento para que les podamos tener confianza”.

Finalmente dijo que está convencido de que la función de los ciudadanos es vigilar que las autoridades cumplan con su deber.

“Mi colaboración va a ser exigirles a que cumplan con lo que se comprometieron y que no estén simulando, esa va ser mi posición. Esa ha sido mi posición desde que rompimos con Encinas y con el Presidente cuando nos maltrató. No le vamos hacer el juego a nadie. Los vamos a denunciar y vamos a estar encima de ellos, hasta que cumplan con lo que deben de cumplir si es que tienen los tamaños, la voluntad política y el corazón para hacerlo, y sino pues nos tendrán encima de ellos. Esa va a ser nuestra colaboración: fastidiarlos”.

Las comisiones de la verdad sólo requieren una cosa: voluntad, dicen defensores

miércoles, agosto 4th, 2021

Si bien la Consulta Popular no alcanzó los votos requeridos para ser vinculante, sí demostró que 6.6 millones de mexicanos que participaron desean una Comisión de la Verdad, y este número se podría ampliar si se suman los que no fueron a votar por la ambigüedad de la pregunta.

Ciudad de México, 4 de agosto (SinEmbargo).– No se necesita una Consulta Popular para llevar justicia a las víctimas, sino la voluntad política para crear comisiones de la verdad, consideran especialistas en derechos humanos y las propias víctimas luego del resultado del ejercicio del 1 de agosto, el cual no alcanzó los votos necesarios para ser vinculante.

Diversos centros y organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el Frente de los Pueblos en Defensa de Atenco, así como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), han exigido, desde antes de la consulta y aún después, la necesidad de comisiones de la verdad para reparar el daño a las víctimas por parte del Estado. Sin embargo, el partido Morena y los promoventes de la Consulta Popular han hablado también de los tribunales de los pueblos, cuyo objetivo sería enjuiciar a los expresidentes.

“Para la creación de comisiones de la verdad lo único que se requiere es voluntad política, eso puede surgir desde el Legislativo, es decir, la responsabilidad también puede ser de cualquier partido político en el Congreso, o bien el Presidente podría entregar una iniciativa, no se requiere más que eso”, dijo en entrevista Jacobo Dayán, especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos.

En esto coincide Claudia Paz y Paz Bailey, exfiscal de Guatemala en tiempos donde se abrió un proceso en contra de Efraín Ríos Montt, un dictador y Jefe de Estado de Guatemala (1982 y 1983), quien fue juzgado por genocidio y crímenes de lesa humanidad.

“Cuando se quiere se puede, no hay imposibles para la justicia”, dijo en entrevista para el noticiero de Aristegui Noticias. “En aquél momento en Guatemala era una deuda histórica con las víctimas el juzgar a Ríos Montt. Ha habido condenas, pero también procesos penales que aún se encuentran pendientes. Si los exjefes de Estado cometieron crímenes, sea de derechos humanos o casos de macrocorrupción, creo que es indispensable que enfrenten la justicia porque no puede existir esa sensación en la población de que hay personas que están fuera de la ley, que por más graves crímenes que cometan ellos son capaces de evadir las responsabilidades”.

En la Consulta Popular del 1 de agosto, el “Sí” arrasó con el 97.7 por ciento de los votos frente al 1.5 por ciento del “No” y el 0.7 por ciento de sufragios nulos, pero la participación fue sólo del 7.1 por ciento, muy lejos del 40 por ciento necesario para que el resultado del plebiscito fuera vinculante.

Si bien la Consulta Popular no  alcanzó los votos requeridos para ser vinculante, sí demostró que 6.6 millones de mexicanos que participaron desea una Comisión de la Verdad. Foto: Cuartoscuro.

La Consulta Popular tenía como objetivo esclarecer las decisiones políticas del pasado para garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas, un acto que de ganar el “Sí” abriría la posibilidad de crear comisiones de la verdad, que en otros países —de acuerdo con expertos y la propia CIDH— han ayudado a develar la mentira institucionalizada y prevenir violaciones en el futuro.

“México vuelve a perder una oportunidad de hablar en serio de estos temas, en buena medida esto se debe a la pregunta tan mal redactada y tan ambigua hecha por la Suprema Corte, y después por la polarización que siguió, mientras Morena y el Presidente seguían hablando de enjuiciar a los expresidentes, cuando la pregunta no hablaba de eso, por otro lado hubo una campaña por el no voto, dejando de voltear hacia las necesidades urgentes de las víctimas”, consideró Jacobo Dayán.

Para el especialista, la Consulta Popular se desaprovechó porque si el Ministro Arturo Zaldívar pensaba, como señaló en entrevistas, que la pregunta podría abrir la puerta a crear comisiones de la verdad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hubiera formulado una pregunta clara como: “¿Estás de acuerdo en que se cree una comisión de la verdad en México? Sí o no”.

En la Consulta Popular del 1 de agosto, el “Sí” arrasó con el 97.7 por ciento de los votos, pero la participación fue sólo del 7.1 por ciento. Foto: Cuartoscuro.

Si bien no se alcanzaron los más de 37 millones de votantes para que el ejercicio fuera vinculante, según el recuento definitivo del Instituto Nacional Electoral (INE) participaron 6.6 millones de mexicanos. Es decir, hay una parte de los mexicanos que sí desea una Comisión de la Verdad y este número se podría ampliar si se suman los que no fueron a votar por la ambigüedad de la pregunta.

“Al menos queda ahí que hay un mandato de 6.6 millones de personas y muchas más que no fueron a votar, pero que se han manifestado a favor de esas comisiones de la verdad, sobre todo los colectivos de víctimas”, mencionó Jacobo Dayán. “Hay una demanda amplia en todo el país, la pregunta es si la clase política está a la altura o no”.

El poeta y activista Javier Sicilia pidió a los mexicanos, en una entrevista previa a la Consulta Popular, no quedarse sólo en la votación de un “Sí”, sino acotar la respuesta y exigir que se cumpla con la agenda de víctimas prometida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Si realmente la ciudadanía empuja y el Gobierno realmente está interesado en la verdad y la justicia y no sólo en simulación, pues ahí están los documentos (las bases para empezar el proceso de la justicia transicional que fueron entregados a Senado), que se hagan públicos estos documentos y resúmenes de los lineamientos que se plantearon y, a partir de ahí, que se hagan foros, que se discute y enrute el asunto. Ahí está todo, falta la voluntad política y falta la claridad en la conciencia ciudadana de esos documentos. Necesitamos voluntad política y necesitamos presión ciudadana”, destacó.

Los colectivos de víctimas plantean la creación de comisiones de la verdad. Foto: Cuartoscuro.

Para los especialistas, México necesita justicia, pero no una que sólo sea simbólica, como se plantea en la creación de los tribunales permanentes de los pueblos, los cuales ya han sesionado en el país durante los años 2011 y 2014, con una sentencia condenatoria para el Estado mexicano.

“La realidad mexicana ya no está para juicios simbólicos, es necesaria verdad y justicia”, dijo Jacobo Dayán al cuestionar el apoyo a esta figura que se promueve desde el partido del Presidente. “Si Morena está a favor de esto está asumiendo que la transformación no incluye la justicia, quiere decir que López Obrador no va a entregar justicia al igual que no lo hicieron Calderón y Peña Nieto”.

Los tribunales permanentes de los pueblos, explicó Dayán, se crean cuando los gobiernos niegan a la sociedad la justicia y entonces se hace un tribunal simbólico y moral para sancionar al Estado. “Es absurdo que el Estado mismo o el partido del Gobierno impulse un mecanismo simbólico cuando son gobierno, es ridículo”.

LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL DE LAS CONSULTAS

En los últimos cuarenta años, el número y tipo de comisiones de la verdad en todo el mundo han aumentado y se han establecido en cerca de 30 países.

En México, en el sexenio de Vicente Fox Quesada (2000-2006) hubo un intentó fallido de crear una Comisión de la Verdad que al final quedó sólo en una “Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado” (2002). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe Derecho a la Verdad en América (2014), calificó a esta fiscalía como “una iniciativa híbrida con el propósito de cumplir con la recomendación 26/2001 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.

La CIDH define a las comisiones de la verdad como “órganos oficiales, temporales y de constatación de hechos que no tienen carácter judicial y se ocupan de investigar abusos de los derechos humanos o el derecho humanitario que se hayan cometido a lo largo de varios años”.

En los últimos cuarenta años, el número y tipo de comisiones de la verdad en todo el mundo han aumentado y se han establecido en cerca de 30 países. Foto: Cuartoscuro.

Por ello, el organismo internacional ha resaltado la importancia de las comisiones de las verdad como “un mecanismo extrajudicial de justicia transicional, orientado al esclarecimiento de situaciones de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos”.

Es decir, estas comisiones recolectan datos, no declaraciones jurídicas; emiten recomendaciones, pero no tienen el poder de enjuiciar, aunque muchas recomiendan la realización de juicios y en algunos casos han compartido sus archivos con las fiscalías y otras han optado por dar a conocer públicamente los nombres de las personas que, según sus investigaciones, fueron responsables de violaciones específicas.

Para los especialistas, México necesita justicia, pero no una que sólo sea simbólica. Foto: Cuartoscuro.

El informe de la CIDH explica que las comisiones de la verdad se establecen por un periodo de tiempo que puede variar entre uno y tres años en promedio y pueden emplear a cientos de personas para recoger testimonios individuales, organizar audiencias públicas y efectuar investigaciones de casos y estudios temáticos.

Una característica importante de las comisiones de la verdad es formar los primeros cimientos para la reconciliación, como lo señalan los académicos Ivonne Leadith Díaz Pérez (de la Pontificia Universidad Javeriana, Colombia) y Nelson Molina Valencia (de la Universidad del Valle, Colombia) en un artículo publicado en la Revista Logos, Ciencia & Tecnología, (vol. 8, núm. 2, pp. 5-23, 2017).

Las comisiones de la verdad trajeron justicia en el mundo. ¿Se atreverá México?

sábado, julio 31st, 2021

En los últimos cuarenta  años, el número y tipo de comisiones de la verdad en todo el mundo han aumentado y se han establecido en cerca de 30 países. En México, la Consulta Popular del 1 de agosto podría derivar en la creación de estos mecanismos que marquen el camino para la reconstrucción de la paz y reparación del daño a las víctimas.

Ciudad de México, 31 de julio (SinEmbargo).– La Consulta Popular que se realizará este 1 de agosto tiene como objetivo esclarecer las decisiones políticas del pasado para garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas, un acto que de ganar el “Sí” abriría la posibilidad de crear comisiones de la verdad, como lo han exigido las víctimas desde hace años y que en otros países —de acuerdo con expertos y la propia CIDH— han ayudado a develar la mentira institucionalizada y prevenir violaciones en el futuro.

Diversos centros y organizaciones, como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Justicia Transicional en México y el Frente de los Pueblos en Defensa de Atenco, así como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), han promovido una campaña para visibilizar la importancia del derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad en general, en el contexto de la Consulta Popular.

La Consulta Popular se realizará este 1 de agosto. Foto: Cuartoscuro.

“#LAVERDADTRASLACONSULTA es una invitación a la población en general para conocer el importante papel que ocupan las víctimas al hablar de la Consulta Popular, y así sumarse al llamado de exigencia para que se garanticen sus derechos, con independencia del resultado”, señalaron las organizaciones en un comunicado en el que llamaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador a hacer efectivos sus compromisos adquiridos hace más de tres años —frente a víctimas y a la sociedad en general— de implementar mecanismos que garanticen la verdad, justicia, memoria, reparación y no repetición.

Las organizaciones también recordaron que si bien la Consulta del 1 de agosto cumplirá con el objetivo de conocer la postura de la ciudadanía respecto a un tema determinado, el resultado no evade la obligación del Estado mexicano para garantizar los derechos humanos, ya que éstos se garantizan y no se consultan.

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”, es la pregunta que se hará a los mexicanos este 1 de agosto y sólo será vinculante para las autoridades si participa el 40 por ciento de la lista nominal, que a nivel nacional es el equivalente a 37 millones de votantes.

Aunque para los expertos esta pregunta —redactada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 1 de octubre de 2020— es confusa y ambigua porque no incluye el nombre de ningún expresidente, sí apunta a la creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer hechos, causas y consecuencias de las graves violaciones de derechos humanos de todas las posibles víctimas, como lo han señalado el Ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La Consulta Popular del 1 de agosto podría derivar en la creación de estos mecanismos que marquen el camino para la reconstrucción de la paz y reparación del daño a las víctimas. Foto: Cuartoscuro.

“Creemos que las consultas que se han aplicado en Guatemala y Argentina han tenido éxito y no hay duda de que éste es el momento que estábamos esperando para impulsar mecanismos como las comisiones de la verdad a través de un pueblo informado y organizado”, dijo en entrevista Alina Duarte, periodista independiente e integrante del Comité promovente de la Consulta Popular.

En México, en el sexenio de Vicente Fox Quesada (2000-2006) hubo un intentó fallido de crear una Comisión de la Verdad que al final quedó sólo en una “Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado” (2002).  La CIDH en su informe Derecho a la Verdad en América, calificó a esta fiscalía como “una iniciativa híbrida con el propósito de cumplir con la recomendación 26/2001 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.

En el sexenio de Vicente Fox hubo un intentó fallido de crear una Comisión de la Verdad que al final quedó sólo en una fiscalía. Foto: Cuartoscuro.

CARACTERÍSTICAS DE LAS COMISIONES DE LA VERDAD

¿Qué es una Comisión de la Verdad?, ¿para qué sirve?, ¿cuántas han habido en México y el mundo? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe Derecho a la Verdad en América –publicado el 13 de agosto de 2014– define a las comisiones de la verdad como “órganos oficiales, temporales y de constatación de hechos que no tienen carácter judicial y se ocupan de investigar abusos de los derechos humanos o el derecho humanitario que se hayan cometido a lo largo de varios años”.

La CIDH ha resaltado la importancia de las comisiones de las verdad como “un mecanismo extrajudicial de justicia transicional, orientado al esclarecimiento de situaciones de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos”.

Es decir, estas comisiones recolectan datos, no declaraciones jurídicas; emiten recomendaciones, pero no tienen el poder de enjuiciar, aunque muchas recomiendan la realización de juicios y en algunos casos han compartido sus archivos con las fiscalías y otras han optado por dar a conocer públicamente los nombres de las personas que, según sus investigaciones, fueron responsables de violaciones específicas.

Organizaciones han promovido una campaña para visibilizar la importancia del derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad en general, en el contexto de la Consulta Popular. Foto: Cuartoscuro.

El informe de la CIDH explica que las comisiones de la verdad se establecen por un periodo de tiempo que puede variar entre uno y tres años en promedio y pueden emplear a cientos de personas para recoger testimonios individuales, organizar audiencias públicas y efectuar investigaciones de casos y estudios temáticos.

Una característica importante de las comisiones de la verdad es formar los primeros cimientos para la reconciliación, como lo señalan los académicos Ivonne Leadith Díaz Pérez (de la Pontificia Universidad Javeriana, Colombia) y Nelson Molina Valencia (de la Universidad del Valle, Colombia) en un artículo publicado en la Revista Logos, Ciencia & Tecnología, (vol. 8, núm. 2, pp. 5-23, 2017).

“La verdad que se construye a través de la recolección de datos en las Comisiones de la Verdad se puede convertir en un factor restaurador que devuelve la dignidad a las víctimas y a su familia, transforman su dolor, ayuda a la elaboración del duelo y a la superación de la situación traumática, así como a restablecer la conciencia moral de la sociedad, la convivencia y los primeros cimientos de la reconciliación”, señala la publicación.

Organizaciones llamaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador a hacer efectivos sus compromisos adquiridos e implementar mecanismos que garanticen la verdad, justicia, memoria, reparación y no repetición. Foto: Cuartoscuro.

En el año 2007, Priscilla B. Hayner, directora de la Unidad de Desarrollo de políticas del Centro Internacional para la Justicia Transicional en Nueva York, señalaba que en los últimos treinta años el número y tipo de Comisiones de la Verdad en todo el mundo había aumentado significativamente y se habían establecido en cerca de 30 países. Han pasado 14 años desde su registro y las comisiones de la verdad en el mundo han crecido sin que se tenga un número exacto de todas.

SinEmbargo presenta una selección de cinco comisiones de la verdad creadas en América Latina y los resultados que han tenido.

1. EL SALVADOR

Nombre: De la Locura a la Esperanza: la guerra de los Doce Años en El Salvador: Reporte de la Comisión de la Verdad para El Salvador.
Periodo de la comisión: Se creó el 15 de julio de 1992 y terminó sus actividades el 15 de marzo de 1993.
Conflicto: Guerra civil en El Salvador.

De acuerdo con el informe publicado en 1993 por la ONU, la Comisión de la Verdad para El Salvador fue un organismo establecido por los Acuerdos de Paz de Chapultepec, que pusieron fin a la Guerra civil de El Salvador, para investigar las más graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante este conflicto bélico.

Mujeres llevan una pancarta con fotografías de personas desaparecidas, en una fecha dedicada a los niños y las niñas que desaparecieron durante el conflicto armado en El Salvador. Foto: Luis Romero, AP.

La guerra en El Salvador incluyó violaciones masivas de los derechos humanos. Hubo muchos casos bien conocidos, incluyendo al asesinato del Arzobispo Óscar Romero, el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, su ama de llaves y la hija adolescente, la masacre de El Mozote y miles de otros casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y otros abusos de los derechos humanos, refiere el reporte de 1993. La Comisión fue liderada por figuras internacionales como Belisario Betancurt, Reinaldo Figueredo y Thomas Buergenthal y fue establecida para investigar “actos serios de violencia cuyo impacto en la sociedad exige urgentemente que el público conozca la verdad” de estos actos; esta tarea incluyó el nombrar a los responsables, cuando fuese posible.

En el reporte final de la Comisión resaltó los casos específicos que ilustraron los patrones de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, masacres y asesinatos por escuadrones de la muerte que llevaron a El Salvador a lo que el reporte describió como un período de “locura”. En la mayoría de los casos, la Comisión nombró a personas que se creía que habían perpetrado, ordenado o encubierto la investigación de esos casos. Para terminar con la impunidad que permitió a individuos realizar estos abusos, la Comisión recomendó la destitución de cualquier funcionario militar o del gobierno nombrado en su reporte y propuso una serie de cambios en el sistema judicial y policial.

2. ARGENTINA

Nombre: Comisión Nacional sobre la Desaparición de personas (CONADEP).
Periodo de la comisión: Se instauró el 16 de diciembre de 1983 y concluyó el 20 de septiembre de 1984.
Conflicto: Violaciones contra los derechos humanos ocurridos entre 1976 y 1983 durante la dictadura.

El 10 de diciembre de 1983, Raúl Ricardo Alfonsín asumió a la presidencia de Argentina tras siete años y meses de dictadura militar. Cinco días después del regreso de la democracia, el 15 de diciembre de 1983, con el fin de investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura, Alfonsín creó, a través del decreto de ley 187/83, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, mejor conocida como la CONADEP.

La CONADEP fue un órgano descentralizado creado con el objetivo de aclarar e investigar la desaparición forzada de personas producidas durante la dictadura militar en la Argentina, que dio origen al informe “Nunca Más”, también conocido como “Informe Sábato”, publicado por primera vez en 1984. Fue presidida por Ernesto Sábato, miembros de las iglesias (católica, judía y metodista) y tres diputados elegidos por el Presidente de la República.

Ernesto Sabato hace entrega del informe “Nunca Más” a Raúl Alfonsín. Foto: AP.

La Conadep concluyó que, entre otras cosas, el número de personas en situación de desaparición forzada ascendía a 8 mil 960 y el modus operandi usado durante la dictadura para desaparecer era secuestrar a las víctimas a través de las fuerzas de seguridad que ocultaban su identidad; el secuestrado era conducido a centros clandestinos donde eran sometidos a tormentos y humillaciones.

3. CHILE

Nombre: Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación Chilena (CNVR).
Periodo de la comisión: 25 de Abril de 1990 al 8 de febrero de 1991.
Conflicto: Violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

La CNVR fue un organismo creado por el Presidente Patricio Aylwin Azócar a través del Decreto Supremo No 355 del 25 de Abril de 1990 con el fin de realizar un Informe en el cual se preservara la memoria histórica sobre los acontecimientos de graves violaciones de derechos humanos y de la violencia política que se dio en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, periodo que duró el régimen militar de Augusto Pinochet, según se consigna en el informe final.

En esta foto de archivo del 10 de marzo de 1998, se observa al exgeneral Augusto Pinochet en Santiago de Chile. Foto: Santiago Llanquin, AP.

El informe final, o Informe Rettig, fue entregado por la Comisión al Presidente de la República, después de nueve meses de trabajo. Se redactaron relatos sobre violaciones a los derechos humanos en los que se señalan los métodos empleados en dichas violaciones, la selección de las víctimas, los métodos de represión, la forma de garantizar la impunidad y las instituciones responsables. La Comisión recibió poco más de 3 mil 400 denuncias y clasificaron como víctimas de la violencia política a 2 mil 279 personas.

La comisión estuvo presidida por el abogado Raúl Rattig e integrada por abogados de tendencia democristiana, centro derecha, izquierda, exparlamentarios y dos exfuncionarios de la dictadura de Pinochet.

4. COLOMBIA

Nombre: Comisión de la verdad sobre los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia.
Periodo de la comisión: De 2005 a 2013.
Conflicto: Hechos ocurridos en el Palacio de Justicia en 1985.

De acuerdo con el artículo “Comisiones de la Verdad en América Latina. La esperanza de un nuevo porvenir”, escrito por los académicos Ivonne Leadith Díaz Pérez y Nelson Molina Valencia, en la Revista Logos, Ciencia & Tecnología, los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia (6 y 7 de noviembre de 1985) se caracterizaron por una desproporcionada acción militar desatada en respuesta al ataque del Movimiento guerrillero M-19, episodio ocurrido durante la presidencia de Belisario Betancur.

El edificio del Palacio de Justicia en Colombia quedó destruido tras los enfrentamientos del 6 y 7 de noviembre de 1985. Foto: AP.

La Comisión fue creada por la Corte Suprema de Justicia en el vigésimo aniversario de los hechos del Palacio de Justicia y tuvo una duración de ocho años (2005-2013). Estuvo compuesta por tres comisionados: Nelson Pinilla, Jorge Aníbal Gómez Gallego y José Roberto Herrera. Esta comisión, refiere el artículo, “no tuvo atribuciones jurisdiccionales, ni facultades para señalar responsabilidades individuales. Y se le presentaron muchas dificultades para esclarecer la verdad, dado que no contó con información que se suponía iba a brindar las Fuerzas Armadas, tampoco tenían financiación de ninguna instancia estatal”.

Ivonne Leadith Díaz y Nelsol Molina refieren que ésta no ha sido la única comisión que ha existido en Colombia, también se tiene registro de tres más: la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), la Comisión de la verdad desde las mujeres, liderada por la Ruta Pacífica de las Mujeres, como colectivo afectado por el conflicto político armado del país y la nueva Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, creada en el marco del Acuerdo de Paz alcanzado entre el Gobierno del Presidente Santos y la Guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC).

5. PARAGUAY

Nombre: Comisión de Verdad y Justicia.
Periodo de la comisión: De 2002 a 2008.
Conflicto: Violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Alfredo Stroessner entre 1954 y 1989.

La Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay, creada por Ley de la Nación No 2225/03, surgió como consecuencia de la solicitud de las víctimas y del pueblo de Paraguay por esclarecer lo sucedido durante la dictadura de Alfredo Stroessner entre 1954 y 1989, cuando se cometieron graves violaciones a los Derechos Humanos, consigna el artículo “Comisiones de la Verdad en América Latina. La esperanza de un nuevo porvenir”.

La Comisión estuvo integrada por representantes del Estado, organizaciones de la sociedad civil y de víctimas de la dictadura: Monseñor Mario Melanio Medina, Juan Manuel Benítez, Yudith Rolón, Miguel Ángel Aquino, Heriberto Matías Alegre, Carlos Luís Casabianca, Carlos Portillo, Mario Sandoval y Víctor Jacinto. También fueron comisionados en una primera etapa la Canciller Leila Rachid Lichi, Margarita Durán Estragó, Jorge Domingo Rolón Luna, Juan Enrique Díaz Bordenave y Ausberto Valentín Rodríguez Jara.

El dictador paraguayo Alfredo Stroessner (gobernó entre 1954-1989) se tradujo en una feroz represión sobre sus opositores, fueran o no comunistas. Foto: AP.

De acuerdo con el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos Mercosur, la Comisión Verdad y Justicia constituyó un logro de la Sociedad Civil y del Estado paraguayo. Su creación respondió a una fuerza de voluntades que se inició con la petición de la sociedad civil al Parlamento Nacional –en particular de las asociaciones de víctimas de la dictadura y los organismos de derechos humanos, agrupados en la Mesa de la Memoria y archivos de la represión– cuando cayó el dictador Alfredo Stroessner y se concretó con el acuerdo del Parlamento Nacional y del Poder Ejecutivo, que derivó en la sanción de la Ley Nº 2225/03.

Primero justicia y luego perdón, insisten madres a AMLO; le piden claridad en los foros por la paz

domingo, septiembre 2nd, 2018

El próximo Gobierno federal, que encabezará Andrés Manuel López Obrador, abrió los foros de reconciliación para hallar fórmulas de pacificación en México y lo hizo con un discurso de “perdón”, lo que ha generado molestia e inquietud entre familiares de víctimas, y no ha sido bien recibido en ningún lugar del país donde esos encuentros se han realizado con familias de las víctimas de desaparición forzada o de asesinatos arteros, coinciden colectivos y especialistas.

En un país con al menos 230 mil homicidios, acumulados desde que el Presidente panista Felipe Calderón Hinojosa declaró la “ Guerra contra el Narcotráfico” en 2006, y al menos 37 mil desparecidos reconocidos oficialmente, las víctimas y sus familiares quieren “verdad y justicia” antes que cualquier otra cosa.

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).- Familiares de personas desaparecidas temen que los foros para la reconciliación nacional sean utilizados por el Gobierno electo para validar alguna Ley o política que no convenza ni favorezca a las víctimas o “para justificarse por si hacen algo mal”, denunciaron.

La preocupación entre víctimas y algunos expertos en la materia surgió por la falta de claridad y transparencia en la metodología de los “Foros Escucha, para Trazar la Ruta de Pacificación del País y la Reconciliación Nacional”. También por la ambigüedad con la que se ha abordado el tema de justicia transicional y comisiones de la verdad.

“Es buena la idea, lo de los foros. No decimos que no. De una u otra manera están recabando información de todo tipo de víctimas, no sólo de desaparición. Pero nosotros pensamos que están tratando –sin necesidad– de validarse por si hacen las cosas mal y decir: ‘los consultamos y eso es lo que nos dijeron en los foros’. Eso es lo que no queremos que vayan hacer: justificarse”, expuso Yolanda Morán Isais, integrante del Movimiento Nacional para Nuestros Desaparecidos.

Los foros iniciaron el pasado 7 de agosto y hasta la fecha se han realizado en cuatro sedes: Ciudad Juárez, Chihuahua; Torreón, Coahuila; Morelia, Michoacán, y recientemente en Acapulco, Guerrero.

Colectivos, organizaciones sociales y de derechos humanos advirtieron –desde antes de que iniciaran esos encuentros– que no estaba delineada una metodología de trabajo clara y una definición de “los “cómo” se buscará el gran reto de la reconciliación nacional, disminuir la violencia, llegar a la verdad y dar justicia.

Jacobo Dayan Askenazi, especialista en Derechos Humanos y analista internacional, expone que la sociedad civil alertó a los organizadores de los foros que carecían de una metodología sería, y que llegaban a los estados sin los insumos necesarios, ni conocimiento de cada una de las regiones.

“Y eso se vio en los tres primeros foros en Ciudad Juárez, Torreón y Morelia. Llegaron con un desconocimiento absoluto de los actores locales, y necesidades particulares de cada una de las víctimas de esas regiones. En Acapulco, fue evidente el caos”, opinó el especialista del Colegio de México (Colmex).

El Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos (MoVNDmx), integrado por 55 agrupaciones de familias de víctimas, ha estado presente en los foros de consulta y han trabajado con el equipo de transición, informó Yolanda Morán, su representante.

“Las familias de Ciudad Juárez que están en MovNDmx participaron en el primero de los foros. Ahí sorprendió que Andrés Manuel López habló de perdón. ¿Perdón? Ellos decían “No, ni olvido”, narró Yolanda, quien también busca a su hijo Dan Jeremeel Fernández Morán, víctima de desaparición forzada en Torreón, Coahuila, en diciembre de 2008.

Familiares de los colectivos Grupo Vida y FUNDEN participaron en el segundo foro realizado en Torreón, Coahuila, comentó Morán Isais. En esa fecha, añade la activista, se tuvo una buena participaron y sí hubo un espacio para las familias, y plantearon todo el trabajo que se ha realizado en los últimos años.

“En Michoacán fue muy distinto. Muy diferente. Las familias trataron de exponer sus necesidades pero llegaron los grupos, como los del doctor Mireles [José Manuel Mireles Valverde] y reventaron la reunión”, compartió la activista.

María Guadalupe Rodríguez Narciso, madre de Josué Molina Rodríguez privado de la libertad y desaparecido en Chilpancingo, Guerrero, en junio del 2014, platica que en Acapulco ni siquiera le dieron oportunidad a las víctimas de hablar.

“Fue diferente a otros estados, en otras entidades les dieron el uso de la voz a las víctimas y aquí no. Nos tuvimos que subir a hablar, si no nos hubiesen dado voz porque ya nos habían dicho que ahí no podíamos participar, que íbamos a tener una participación en las mesas”, narra.

Alfonso Durazo, próximo Secretario de Seguridad Pública, dijo en los primeros días luego del triunfo electoral de López Obrador que el proceso de pacificación era “uno de los diez ejes estratégicos que integran la propuesta o el plan de seguridad”, y que de ahí saldría una Ley de Amnistía que surgiría a partir de una consulta [de los foros] a amplios sectores de la sociedad y contemplaba un periodo de justicia tradicional.

En las reuniones se abordan políticas públicas sobre temas como el consumo y la tenencia de drogas; posesión y portación de armas y disminución de penas, así como delitos graves como desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, feminicidios, tortura, trata de personas, tráfico de migrantes, homicidios, secuestros, delitos sexuales, extorsión, desplazamiento forzado, delitos de odio por discriminación o ideología política y contra la defensa de derechos humanos y la libertad expresión.

El inicio de los foros Por la Pacificación y Reconciliación Nacional. Foto: Cuartoscuro

NO AL PERDÓN, PRIMERO JUSTICIA

El Gobierno electo llegó a los foros de reconciliación con un discurso de “perdón” que ha generado molestia, inquietud y en ningún lado ha sido bien recibido, coinciden colectivos y especialistas.

En un país con al menos 230 mil homicidios desde que el Presidente panista Felipe Calderón Hinojosa declaró la “guerra contra el narcotráfico”, en diciembre de 2006, y al menos 37 mil desparecidos reconocidos oficialmente, las víctimas y sus familiares quieren “verdad y justicia” antes que cualquier otra cosa.

Organizaciones civiles, derechohumanistas, académicos y expertos han hecho en doce años múltiples diagnósticos, estudios y propuestas sobre la ola de violencia. Las víctimas y sociedad civil llevan un largo camino recorrido.

Sin embargo, explica Jacobo Dayán, la próxima administración federal decidió no tomar en cuenta el trabajo avanzado y llegaron con una propuesta que va en un sentido opuesto a lo que las víctimas de solicitan: verdad, justicia y búsqueda, esto último en el caso de los desaparecidos.

“Se acercan en estos foros a pedirle a las víctimas que perdonen, cuando lo primero que debió hacer es pedirle perdón a las víctimas. Andrés Manuel, aunque no es responsabilidad de su próximo Gobierno, debió hacerlo a nombre del Estado, tendría que haber pedido perdón por los crímenes cometidos por gente del Estado. Perdón por la omisión, colusión y abandono a la víctimas, pero no lo hizo. Lo que hizo fue llegar con un discurso de las víctimas deben de perdonar”, consideró el especialista.

Yolanda Morán Isais, del Movimiento Nacional para Nuestros Desaparecidos, destaca que las familias no están de acuerdo con el planteamiento del perdón porque, además de que es algo muy personal e individual, debe de plantearse hasta que realmente se encuentre la verdad.

Para las víctimas es un absurdo pedir perdón antes del esclarecimiento.

“El perdón, ¿qué vamos a perdonar, si no sabemos la verdad ni lo que sucedió a nuestros desaparecidos? […] Mientras que no encuentren a mi hijo, ¿cómo voy a perdonar?, ¿a quién voy a perdonar?”, dice Morán.

“[Andrés Manuel] habla de un perdón porque él quisiera vivir en un paz, hermoso en el edén. Pero la realidad es que hay que tener los pies en la tierra. No hay perdón mientras no encuentren a nuestros hijos”, insistió.

María Guadalupe Rodríguez Narciso, quien cumple cuatro años de búsqueda, demanda esclarecimiento y justicia, tras años de tener que soportar carpetazos, investigaciones empolvadas, revictimización de las autoridades, instituciones indolentes y un Estado omiso.

“Lo que exigimos es que nos brinden el acceso a la justicia, que se investiguen los casos, que den con el paradero de nuestros hijos. […] no queremos amnistías para delitos graves. Olvido nunca va haber porque la herida está latente y mientras no haya justicia no podemos adelantarnos a decir que habrá perdón ni olvido”.

María Isabel Cruz Bernal, mamá de Yosimar García Cruz, policía municipal víctima de desaparición forzada en Sinaloa, opina que es una buena iniciativa y gesto del gobierno escuchar a las víctimas.

“Esperemos que podamos trabajar con ellos. Tampoco podemos dejarlos solos ni exigir sin darles herramientas para que sepan por dónde van a empezar”, dice.

María Isabel tampoco está de acuerdo en que de inicio les exijan perdonar. “Primero tiene que encontrar a mi hijo desaparecido para para ver si yo perdono, porque así nada más no”, dijo tajante.

El mensaje que han mandado el próximo Gobierno federal en temas de justicia transicional es sólo de “borrón y cuenta nueva”, critican especialistas y víctimas. Foto: Cuartoscuro

AMBIGÜEDAD LEVANTA SOSPECHAS

Jacobo Dayán expone que el próximo Gobierno federal ha moderado un poco su discurso puesto que ya incorporó el tema de “verdad y justicia”. Pero aún no están claros sus planteamientos.

“Bien a bien no sabemos a qué se refieren cuando hablan de verdad y justicia”, añadió.

Poco se sabe de las Comisiones de la Verdad a las que se refiere la nueva administración y de cómo se establecerán. Las múltiples preguntas que siguen en el aire y sin responder no permiten visualizar si serán organismos con una efectividad viable.

“Comisiones de la Verdad, ¿pero con qué mandato?, ¿van acceder a archivos de procuradurías, Ejército, la PGR?, ¿se pedirán testimonios de funcionarios?, ¿se va a poder entrar a las prisiones para poder hablar con perpetradores? Es decir, ¿habrá un sistema de reducción de penas para quienes informes algo? Suena bien que digan comisiones de la verdad, Pero, ¿cuáles?, ¿cuántas?”, pregunta.

El mensaje que ha mandado el nuevo Gobierno en temas de justicia transicional es solo de “borrón y cuenta nueva”, reitera el especialista.

Dayan Askenazi, al igual que Yolanda Morán, considera que los foros son sólo un trámite para validar un proyecto que posiblemente ya esté concretado.

“Me parece que los foros tienen ese objetivo: generar insumos para que ellos los entiendan como ellos los quieran entender y, al final de gobierno, pueden hacer lo que quieran. El mensaje que mandarán a colectivos y a la sociedad es que no quieren trabajar con ellos”.

El investigador teme que se presente una Ley de Justicia Transicional sin sentarse a discutirla con las víctimas, los colectivos y las organizaciones que han venido trabajando 12 años.

“Eso supongo, porque ya anunciaron que los insumos [de los foros] se le van a presentar a Andrés Manuel en octubre para sacar una Ley de Justicia Transicional. Las leyes de justicia transicional tardan meses en discutirse y no salen de insumos de foros”, comenta.

“Me parece que es un buen gesto acercarse, que lo hagan el nuevo Gobierno es un buen gesto, pero ahora que eso vaya a redituar en algo útil y provechoso, no sé, me parece que no”, agrega.

En días recientes, la Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó al futuro Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a que marque “un punto de quiebre” y rompa con la “trágica historia de dolor que ha acompañado a las víctimas de desaparición en México”.

“México tiene que superar la pesada herencia de decenios de negación, falta de reconocimiento de la dimensión del problema, ausencia de voluntad, ineficacia y revictimización. Es momento de que México inicie una nueva etapa y ponga fin a la angustia sin tregua que han enfrentado las miles de víctimas de desaparición en el país”, destacó Jan Jarab, representante de ONU-DH en México.

Alentó al Gobierno de López Obrador a que permita, entre otras cosas, la visita a México del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la ONU, solicitada desde 2013, y que participe en el diálogo de seguimiento al que el Comité ha invitado al Estado Mexicano sobre la implementación de las Observaciones Finales adoptadas en 2015.

Están bien los foros, dicen ONGs y víctimas, pero piden a AMLO una ruta clara para devolver la paz

domingo, julio 29th, 2018

Colectivos, organizaciones sociales y de derechos humanos, nacionales e internacionales, aplaudieron la propuesta de las consultas públicas para la “pacificación y reconciliación”, donde se abordarán temas como la amnistía y la regulación de las drogas; sin embargo, coinciden en que, hasta el momento, no está clara la ruta de trabajo que aterrizará las propuestas para enfrentar los grandes retos y que evitarán “que no sea sólo un ejercicio de voz pública, en donde todo mundo va a decir lo que piensa, nada más”.

Grace Fernández Moran, integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos México, exhorta al nuevo Gobierno a “que garantice que las aportaciones, que nos cuesta darlas porque es nuevamente abrir las heridas, valgan la pena, que sí se vaya a ver reflejado en algo, que estemos plenamente convencidos de que va a funcionar”.

Ciudad de México, 29 de julio (SinEmbargo).– El inicio de los foros para la reconciliación nacional está a la vuelta de la esquina y ha despertado altas expectativas entre varios integrantes de la sociedad civil. Múltiples organizaciones palomean la intención, aunque muestran preocupación ante la ausencia de un plan que explique cómo sus aportaciones se concretarán en acciones y no queden sólo en actos mediáticos.

El pasado 22 de julio, Andrés Manuel López Obrador, virtual Presidente electo de México, informó que los “Foros Escucha para Trazar la Ruta de Pacificación del País y la Reconciliación Nacional”, iniciarán el 7 de agosto en Ciudad Juárez, Chihuahua, y finalizarán el 24 de octubre en la Ciudad de México.

En un documento detalla que el objetivo es “generar un espacio de diálogo mediante la apertura de foros escucha en los cuales se identifiquen propuestas que respondan a las prioridades de los diferentes sectores de la población y en las diferentes regiones. Estas propuestas serán insumos para la formulación de políticas públicas para la pacificación del país y la reconciliación nacional”.

Los ejes temáticos de la consulta, según se dio a conocer, son el pacto de reconciliación nacional, la reconstrucción del tejido social y pacífica convivencia, el desarme, la desmovilización, la reinserción de miembros de la delincuencia organizada y las garantías de no repetición.

Se pretende contar con la participación de víctimas, ciudadanía en su conjunto y múltiples sectores: comunidad campesina, indígena, académica empresarial, social, funcionarios, responsables de la defensa y el sector religioso. A su vez, se dio a conocer las fechas que se realizarán en varios estados de la República.

No obstante, la información difundida sobre el evento aún muestra varios claroscuros, pues en el calendario no se detallan lugares, cómo se convocará a las organizaciones civiles y cómo funcionará la metodología para que los foros realmente funcionen y no queden sólo en un espacio de voz y exposición de experiencias.

Las víctimas de la violencia serán participantes en los foros para la pacificación del país. Foto: Cuartoscuro

EXPECTATIVAS Y DUDAS

Colectivos, organizaciones sociales y de derechos humanos nacionales e internacionales aplaudieron la realización de la consulta, pero coinciden en que hasta el momento no se ve una metodología de trabajo clara y una definición de “los “cómos” se buscará  el gran reto de la reconciliación, disminuir la violencia y aterrizar las propuestas de la ciudadanía.

Alfonso Durazo, próximo Secretario de Seguridad Pública,  dijo, en los primeros días después del triunfo electoral de López Obrador, que el proceso de pacificación era “uno de los diez ejes estratégicos que integran la propuesta o el plan de seguridad” y que de ahí saldría una ley de amnistía, que surgirá a partir de una consulta (foros) a amplios sectores de la sociedad y contemplaba un periodo de justicia transicional.

El documento adelanta que en estas reuniones se abordarán políticas públicas sobre temas como el consumo y la tenencia de drogas; posesión y portación de armas y disminución de penas, así como delitos graves como desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, feminicidios, tortura, trata de personas, tráfico de migrantes, homicidios, secuestros, delitos sexuales, extorsión, desplazamiento forzado, delitos de odio por discriminación o ideología política y contra la defensa de derechos humanos y la libertad expresión.

Grace Fernández Moran, integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos México, expresa que es bueno que el próximo Gobierno tenga la intención de buscar soluciones a los graves problemas de violaciones a derechos humanos. Aunque señala que no se percibe una definición de metodología para el desarrollo de ese diálogo, cuyos ejes son temas sumamente extensos.

México, un país lastimado por la violencia busca un nuevo enfoque para salir de la crisis. Foto: Cuartoscuro

“No es que vaya a ser malo, simplemente es insuficiente la metodología. […] Se requiere de planeación, no nada más es pensar que ‘llego y prendo el switch de la seguridad y van aparecer los mas de 37 mil desparecidos del país’ […] La preocupación es en el sentido de que no hay un definición de la metodología que garantice que estos insumos, que pretenden extraer del dolor y del sufrimiento de las víctimas, se transformen en propuestas para empezar a trabajar a partir que se instale el nuevo gobierno”, explica.

La portavoz de familias de desaparecidos manifiesta que aún hay muchas dudas en cuanto al desarrollo de la consulta, sobre a qué se le dará prioridad, cómo se sistematizará la información obtenida, y la forma de retroalimentación a los participantes.

“Estamos hablando que ya empiezan la próxima semana casi. Es sumamente precipitado el querer hacer foros para recibir insumos sin tener una propuesta de sistematización y reconsulta”, señala

Alberto Solís Castro, director de la organización Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), coincide en que la consulta se lanzó muy rápido y no hay claridad sobre cómo se estructurará, ni la conducción que permita materializar propuestas concretas para que no quede sólo en un gran rompecabezas.

“Yo lo veo muy acelerado […]. Está un esfuerzo por concentrar a diferentes poblaciones, hay elementos que valen la pena para tratar de abarcar en diferentes perspectivas, eso nos parece muy bien, el tema es cómo se va a sistematizar todo. […] Yo creo que todavía hay muchos elementos que esperamos que se aclaren. […] Es importante como se aterriza, que no sea sólo un ejercicio de voz pública en donde todo mundo va a decir lo que piensa, nada más” dijo.

El defensor espera que en algún momento las organizaciones puedan participar en un intercambio. “Que haya retroalimentación”.

Además, Solís Castro destaca que las diferentes temáticas como acceso a justicia, seguridad, verdad, justicia transicional tienen que definirse con mucho más cuidado, “no sólo decir amnistía y discutamos sobre la base de amnistía, los temas son más complejos. Yo creo que hay que definir bien por dónde hay que entrarle”.

El representante de Serapaz pone énfasis en que es importante colocar en un lugar muy claro las voces especializadas en los temas, es decir, las personas que ya llevan muchos años de trabajar en las problemáticas.

Grace Fernández expone que, en relación con el tema de la amnistía, es primordial que se dialogue y se platique muy bien con las víctimas porque no se trata nada más perdonar los delitos por perdonarlo sino que debe existir una estricta intención reparadora del delito.

Ejemplifica con la propuesta de la reducción de penas: eso uno de los temas que pudiera tener interés de las víctimas de desaparecidos, quienes buscarían que se establezca este beneficio siempre y cuando existan disposición reales que favorecen a la localización de las personas desaparecidas.

“No puede haber intensiones de justicia sin la participación y consulta de las víctimas” afirma.

La activista exhorta al nuevo Gobierno a que “se sienten con calma a hacer propuesta metodológica que garantice que las aportaciones, que nos cuesta darlas porque es nuevamente abrir las heridas, valgan la pena, que sí se vaya a ver reflejado en algo, que estemos plenamente convencidos de que va a funcionar”.

Lucía Díaz, Martín Villalobos, Grace Fernández, representantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Reabrir heridas para ayudar al país a salir de la voragine de violencia. Foto: Cuartoscuro

Santiago Roel, director de la organización Semáforo Delictivo, considera que es un buen primer paso.

“Yo los veo bien […]. Sí ha habido acercamiento con el equipo de López Obrador, nos gusta la dirección que están tomando […] los hemos felicitado, pero como activistas que somos reconocemos lo bueno y también señalamos lo no bueno: no veo un enfoque preventivo, no veo una metodología de trabajo”, indica.

El activista considera que la metodología para abordar el gran reto de disminuir la violencia,  más que un foro, debería estar enfocada a que se hagan reuniones mensuales públicas y que utilicen indicadores, entre ellos el Semáforo Delictivo, “y tomar mejores decisiones”.

Además, comenta, que en las mesas de trabajo se deberían incluir no sólo a corporaciones policiacas sino a otros sectores, como desarrollo social y economía ,para contemplar delitos sociofamiliares, además de incluir a organizaciones civiles, y medios de comunicación.

“hay que hacer reuniones muy públicas de valuación, esa es la metodología de Semáforo Delictivo, esos foros están bien como un inicio y para tomar decisiones, pero ya en el día con día para bajar la inseguridad se necesitan mesas de trabajo, insisto, aceptar los problemas y dar la solución” apunta.

El especialista comenta que tampoco ve un enfoque preventivo en las nuevas secretarias que el próximo Gobierno propone en el área de seguridad.

No obstante, subraya que la propuesta de regulación de droga es “valiente e inteligente” porque no todos los mexicanos la entienden, pues aún confunden regulación con promoción de la droga.

Roel recuerda que la organización que dirige propone, desde tiempo atrás, la regulación como una medida que bajará los homicidios en el país.

Santiago Roel, fundador de Semáforo Delictivo, se pronuncia en favor de la legalización de las drogas y que el beneficio económico sea para los mexicanos y no para los hombres de negocios extranjeros o para el Gobierno. Foto: Cuartoscuro

El Semáforo Delictivo reporta que en el primer semestre de 2018, el crimen organizado perpetró más de 11 mil ejecuciones, 60 diarias, lo que representa un incremento de 28 por ciento en relación con el mismo periodo del año anterior, un récord histórico.

La asociación recalca que no se trata de homicidios ordinarios sino de ejecuciones para defender territorios de venta de drogas. “Con plata o con plomo las mafias se han adueñado de las ciudades de México y han colapsado el Estado de Derecho. Esta tragedia va a continuar si no regulamos algunas drogas como primer paso hacia la paz”, sostuvo Roel ante medios de comunicación esta semana.

El activista abunda que hoy en día lo que se debe de debatir no es si se regula o no la mariguana y la amapola, sino la manera en que se realizará, “¿cómo lo hará el país?”.

“A mí me preocuparía que nos fuéramos por un esquema muy conservador, como el de Uruguay, donde hay que registrarse como consumidor y el Gobierno vende todo. No, yo prefiero más tipo Canadá o tipo California en ese sentido”, comenta.

En ese aspecto, el director de Semáforo delictivo opina que al regular se debería optar por un esquema donde los pequeños y medianos productores también puedan participar.

“Con ese esquema se genera riqueza en las zonas pobres, que sea negocio para muchos no para unos cuantos y, sobre todo, no para los extranjeros. Porque en la regulación de la marihuana medica hemos visto mucho favorecidos a grandes compañías y a los extranjeros y esto es un grave error” abunda.

Para Santiago Roel la regulación es una gran oportunidad en muchos sentidos. “Hay que buscar ser líderes, no seguidores temerosos y conservadores. Tenemos que darle oportunidad a los ciudadanos a través de un esquema legal”, llama.

Jan Jarab, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) , aplaudió públicamente los anuncios hechos por los representantes del futuro gobierno sobre la intención emprender un proceso de justicia transicional.

“El tema de hoy [el tema de justicia transicional] es de importancia excepcional. Como todos sabemos, es un tema en el cual México tuvo una experiencia no muy exitosa en los años de la Presidencia de Vicente Fox; un tema que se ha evocado muchas veces en el contexto de la sangrienta ‘guerra contra el narcotráfico’; pero donde no hubo condiciones para empezar un proceso de justicia transicional porque no hubo elementos de transición, porque las políticas de militarización de la seguridad, del uso de la fuerza sin límites y contrapesos, sin rendición de cuentas, seguían vigentes. De hecho, siguen vigentes hasta hoy”, expresó en un discurso ofrecido en el evento del Grupo Verdad y Memoria de la Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción para la construcción de un Proceso de Verdad y Memoria en México.

Jan Jarab, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aplaudió el anunció de una nueva ruta que deje atrás la “guerra contra el narcotráfico”. Foto Cuartoscuro

El representante de la ONU-DH México, dijo que de las varias propuestas de cambios de políticas anunciadas por el próximo gobierno, las que entran en el ámbito de la justicia transicional son alentadoras.

“En la coyuntura política actual se abre una ventana de oportunidad para que la justicia transicional pase de un anhelo a una política pública verdadera. […] Desde la Oficina del Alto Comisionado saludamos de manera entusiasta la intención de superar la lógica punitivista y de mano dura -imperante en los últimos 12 años., superar la lógica disfuncional de combatir la violencia con más violencia, la lógica que sólo resultó en la normalización de la violencia cada vez más extrema”, declaró.