Los hechos por los que fueron detenidos los hombres quedaron grabados en un video que se hizo viral en redes sociales. Además de los agresores, una mujer, de 68 años de edad, también fue asegurada y ya es investigada.
Ciudad de México, 6 de abril (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) dio a conocer que los dos hombres detenidos por haber agredido a una familia que viajaba a bordo de un automóvil sobre la Avenida Río Churubusco, son investigados por portación de arma de fuego y de objeto apto para agredir, así como de cohecho y delitos contra la salud, en su modalidad de posesión con fines de venta.
A través de su cuenta de Twitter, la dependencia señaló que además de los agresores, uno de 71 años de edad y otro de 43 años, también fue detenida una mujer, quien se encontraba a bordo del vehículo al momento del aseguramiento, por lo que ya es investigada.
Sobre cómo ocurrió la detención, autoridades detallaron que después de que se difundiera la videograbación de la agresión, la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizó el análisis de las cámaras de videovigilancia de la capital, con las cuales se logró identificar el automóvil en el que viajaban los ahora detenidos.
Investiga #FGJCDMX a dos hombres y una mujer, por la posible comisión de los delitos de portación de arma y de objeto apto para agredir, así como contra la salud y cohecho pic.twitter.com/uMLyCroHm2
Fue en ese momento en el que policías locales que se encontraban sobre la Calzada de la Viga, en la colonia Unidad Habitacional Modelo, Alcaldía Iztapalapa, observaron que el copiloto del vehículo manipulaba un arma de fuego, por lo que le marcaron el alto al conductor.
Luego de realizar una revisión de seguridad a los tripulantes y al automóvil, autoridades localizaron un arma de fuego tipo escuadra con cargador y cartuchos útiles.
Asimismo, se hallaron diversas bolsas con una sustancia sólida con las características propias de la cocaína y con posible mariguana, además de un objeto metálico tipo bastón.
así como contra la salud, en su modalidad de posesión con fines de venta, y cohecho. pic.twitter.com/3U6O1ZnoSu
De acuerdo con los primeros datos, los detenidos, para no ser trasladados al Ministerio Público, supuestamente ofrecieron dinero a los oficiales.
No obstante, las tres personas junto con el vehículo y los indicios, quedaron a disposición del representante social de la Coordinación Territorial IZP-5, quien integra la carpeta de investigación a fin de determinar su situación jurídica.
Mientras que el representante social realiza las investigaciones respectivas para establecer la posible participación de dichas personas en los daños ocasionados a un vehículo en el que viajaba un hombre, una mujer y una menor de edad, hechos que quedaron captados en un video, el cual fue difundido a través de las redes sociales.
así como diversas bolsas con una sustancia sólida con las características propias de la cocaína y con vegetal verde, posible marihuana, además de un objeto metálico, tipo bastón.
En las imágenes se observa el momento en que un automóvil KIA Optima de color blanco le cerró el paso al conductor que venía acompañado de una mujer y una menor de edad.
Del mismo vehículo descendió un señor vestido con short color azul y una camisa roja a amenazarlos con lo que parecía ser un bastón.
El conductor le pide al hombre que se calme, mientras la mujer le solicita detenerse, pues en el automóvil viene su hija. En ese momento se puede escuchar el llanto de la menor.
Los detenidos junto, con el vehículo y los indicios, quedaron a disposición del representante social de la Coordinación Territorial IZP-5, quien integra la carpeta de investigación, a fin de determinar su situación jurídica.
“¡Viene mi hija! ¡Oye, viene mi hija!”, dice la mujer. En tanto, el conductor le insiste en que se calme: “Ya calma. Ya cálmese”.
No obstante, el sujeto comenzó a provocar daños al vehículo de las víctimas.
Ante las agresiones, el conductor intentó escapar, sin embargo, el automovilista a bordo del KIA Optima se atravesó sobre la vía para impedir que el hombre y su familia se fueran.
Luego de provocar varios daños al vehículo, el agresor regresó a su automóvil y junto con su acompañante se fue del lugar.
Con relación a un video que circula en redes sociales donde se aprecia una agresión a un auto en que viajaban varias personas, la @FiscaliaCDMX informa que inició una carpeta de investigación por noticia criminal y busca a los agraviados a fin de que presenten su denuncia formal pic.twitter.com/N9tNwKKyjE
En el momento que tuvo conocimiento de los hechos, la Fiscalía capitalina informó que había iniciado una carpeta de investigación y que ya buscaba a las víctimas con el fin de que presentaran una denuncia formal contra los agresores.
La condena contra el exdirector de Pemex sería por delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho, de acuerdo con funcionarios del Gobierno federal.
Ciudad de México, 5 ene (EFE).– La Fiscalía General de la República (FGR) pidió una condena de hasta 39 años de prisión para Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por asociación delictiva, lavado de dinero y cohecho, según confirmaron este miércoles a EFE fuentes judiciales.
El escrito de acusación fue presentado ante un Juez del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, y en un plazo máximo de cinco días se debe informar a la defensa, que a su vez procederá con el “descargo de pruebas”, agregó la fuente.
La FGR consideró que debido al nivel jérarquico que tuvo Lozoya dentro del Gobierno cuando dirigía la estatal Pemex (2012-2016), se debe imponer la pena máxima que la ley contempla por los tres delitos que se le imputan.
Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), cuando acudió por primera vez de manera física a una comparecencia. Foto: Cuartoscuro
Esta petición de la FGR se produce tras año y medio de proceso y fallidas negociaciones para llegar, hasta el momento, a un acuerdo reparatorio.
Además, según medios locales, la FGR también pidió una pena de 25 años por dos delitos, entre estos asociación delictiva, para su madre, Gilda Margarita Austin.
Lozoya fue arrestado a comienzos de 2020 en España y extraditado a México como testigo protegido de la Fiscalía a cambio de inculpar a otros políticos, pero el pasado 3 de noviembre ingresó en prisión preventiva a petición del Ministerio Público tras haber sido captado cenando en un restaurante de lujo.
Emilio Lozoya Austin fue captado en octubre de 2021 en un restaurante de la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Foto: Lourdes Mendoza
El que fuera director de la petrolera estatal durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) está acusado de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, que habrían servido para comprar el voto a favor de legisladores de la oposición a la Reforma Energética de Peña Nieto.
También se le acusa por haber ordenado como director de Pemex la compra a sobreprecio de la planta inservible Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de sobornos.
Por el caso Agronitrogenados, el magnate Alonso Ancira se comprometió a pagar 50 millones de dólares en un primer desembolso como acuerdo de reparación.
Imagen correspondiente al 12 de septiembre de 2013, en la cual Emilio Lozoya, quien en aquellos días estaba al frente de Pemex, y Alonso Ancira, presidente de la empresa Altos Hornos de México. Foto: Cuartoscuro
El presunto agresor había ofrecido dinero a los policías para evitar investigaciones en su contra, por tal motivo fue detenido bajo el cargo de feminicidio.
Estado de México, 19 abril (A Fondo).- Policías de la Secretaría de Seguridad (SS) y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron a un probable responsable de los delitos de feminicidio infantil y cohecho.
La víctima de cinco años de edad fue atendida por fuertes dolores estomacales en el Hospital Vicente Villada donde perdió la vida; inmediatamente personal médico alertó a las autoridades quienes acudieron para trasladar el cuerpo y hacer la necropsia de ley.
Luka “N” de 24 años de edad probable agresor, mismo que era cuidador de la víctima mientras la madre salía a trabajar, ofreció dinero a los uniformados para evitar que se realizarán las investigaciones, motivo por el cual fue aprehendido sobre la calle Porfirio Díaz, en la colonia Centro en Cuautitlán.
El agresor fue detenido en la colonia Centro en Cuautitlán, Edomex. Foto: A Fondo
De acuerdo con los peritajes realizados por la autoridad competente, la menor presentaba signos de violación y asfixia, presumiblemente ocasionados por el sujeto; enseguida se giró una orden de cateo en el domicilio donde vivían, ubicado en la calle Cuernavaca en la colonia Buenavista, perteneciente a Tultitlán.
En el lugar, elementos de la Unidad de Inteligencia e Investigación para la Prevención (UIIP) y la Fiscalía Especializada en Feminicidios, como indicio aseguraron un juguete sexual con el que pudo ser atacada la menor.
Al ser constitutivo de un delito y tras leer los derechos que la ley otorga, el sujeto fue trasladado y puesto a disposición ante la agencia del Ministerio Público con sede en Cuautitlán, donde se inició la carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.
En su cuenta oficial de Twitter, la dependencia expuso que, con la misma fecha 4 de noviembre, “se giró oficio de colaboración a la Guardia Nacional y asimismo se giraron los oficios de colaboración a las entidades federativas, a la FGR [Fiscalía General de la República]; las correspondientes alertas migratorias, así como la solicitud de ficha roja de Interpol para su búsqueda y detención”.
Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).– La Fiscalía General de Justicia de Nayarit informó esta tarde que, derivado de arduas investigaciones ministeriales relacionadas con el exgobernador Roberto Sandoval Castañeda, el día 4 de noviembre del actual se obtuvo de parte de un Juez de Control la correspondiente orden de aprehensión en su contra, “por los probables delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones, en agravio del Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales del Estado de Nayarit (FIRCAES)”.
En su cuenta oficial de Twitter, la dependencia expuso que, con la misma fecha 4 de noviembre, “se giró oficio de colaboración a la Guardia Nacional y asimismo se giraron los oficios de colaboración a las entidades federativas, a la FGR [Fiscalía General de la República]; las correspondientes alertas migratorias, así como la solicitud de ficha roja de Interpol para su búsqueda y detención”.
La Fiscalía nayarita sostuvo que se considera de interés público informar sobre el estatus de prófugo de la justicia de Sandoval Castañeda, “para que cualquier persona o institución que tenga información acerca de su paradero lo haga de conocimiento”.
“Información de inteligencia ha confirmado que no se encuentra ya en Nayarit, sino que en los últimos días estuvo en los estados de Jalisco y Nuevo León, además de que presuntivamente el objetivo prioritario ya tiene conocimiento o sospecha de la orden de aprehensión en su contra”, añadió.
Tepic, Nayarit; 13 de noviembre de 2020.- La Fiscalía General del Estado informa que derivado de arduas investigaciones ministeriales relacionadas con el exgobernador Roberto Sandoval Castañeda, el día 4 de noviembre del actual se obtuvo de parte de un Juez de Control …
Además, la dependencia local explicó que este 13 de octubre, y también en cumplimiento de un amparo, “se reiteró el aseguramiento de los inmuebles que tiene a su nombre el imputado, del cual se condujo como dueño y de los que se se acreditó como destinatario final aunque estén a nombre de testaferros” .
A su vez, se ordenó tomar la depositaría de los mismos para ponerlos en administración del Comité de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados del estado de Nayarit, para continuar la ruta legal y entregarlos a la hacienda pública y al pueblo de Nayarit como reparación del daño.
Con la misma fecha -4 de noviembre-, se giró oficio de colaboración a la Guardia Nacional y asimismo se giraron los oficios de colaboración a las entidades federativas, a la FGR; las correspondientes alertas migratorias, así como la solicitud de ficha roja de Interpol, para …
La FGJ de Nayarit expuso que en cuestión de días esta Fiscalía estará concluyendo también la investigación en diversas carpetas para poder determinarlas, “por lo que serán reforzados los esfuerzos para la captura del exgobernador para cumplimentar mandamientos judiciales por delitos del fuero común”.
En cuanto a la orden ya vigente, a Roberto Sandoval le podría corresponder una sanción de hasta 20 años de prisión, inhabilitación y reparación del daño por aproximadamente 20 millones de pesos, explicó la Fiscalía local.
Información de inteligencia ha confirmado que no se encuentra ya en Nayarit, sino que en los últimos días estuvo en los estados de Jalisco y Nuevo León, además de que presuntivamente el objetivo prioritario ya tiene conocimiento o sospecha de la orden de aprehensión en su contra.
“Atendiendo a las declaraciones del mismo en el sentido de que es inocente, se le exhorta a que no huya, que no abandone el país y que como lo ha reiterado, se presente ante el Juez que lo requiere”, planteó la FGJ.
En febrero de este año, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó a Sandoval Castañeda de haber aceptado dinero del crimen organizado.
Sandoval es acusado de cohecho, peculado y otros delitos. Foto: Cuartoscuro/Archivo.
Sandoval es miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y gobernó casi al mismo tiempo que Enrique Peña Nieto, del mismo partido. Nunca fue sometido por la justicia a pesar de todos los señalamientos en su contra. Él se dice inocente.
“Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador del estado mexicano de Nayarit, se apoderó indebidamente de activos estatales y aceptó sobornos de narcotraficantes. Hoy lo nombro públicamente, lo que lo hace inelegible para ingresar a Estados Unidos”, dijo.
Con lo anterior, el exmandatario nayarita, al igual que sus familiares, no podrán ingresar a territorio estadounidense.
A raíz de esto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dirigida por Santiago Nieto Castillo, informó que bloqueó las cuentas del priista en mayo de 2019. Además de las del exmandatario, se cancelaron las cuentas de tres personas cercanas a él, junto con cuatro empresas relacionadas con el exfuncionario por lavado de dinero.
“En total se bloquearon 42 cuentas bancarias correspondientes a 11 instituciones financieras, en las que se reportaron operaciones financieras por mil 196 millones 417 mil 060.32 pesos”, dio a conocer la UIF.
“Luego que le fueran bloqueadas sus cuentas bancarias promovieron juicio de amparo indirecto ante el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien en un inicio había concedido la suspensión definitiva contra el congelamiento”, detalló la autoridad.
En 2018, Fiscalía de Nayarit decomisó otra propiedad al exgobernador Roberto Sandoval. Foto: Cuartoscuro/Archivo.
En julio de 2019, sin embargo, la UIF logró revertir la decisión judicial y negó la suspensión definitiva a los promoventes, al acreditar que la orden de bloqueo respondió al cumplimiento de compromisos de cooperación internacional que llevó a cabo la Unidad y el Departamento del Tesoro.
Dos meses atrás, Sigal Mandelker, la todavía Subsecretaria del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera, dijo que el exgobernador priista de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda recibió dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y lo mismo el Magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, quien recibió sobornos de ese cártel y de su brazo financiero, “Los Cuinis”.
Aquella vez, Mandelker agregó que cercanos a Sandoval como su esposa e hijo también se relacionan con sus actos ilícitos. La información se dio a conocer en una conferencia conjunta entre los gobiernos de Estados Unidos y México.
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que bloquearon cuentas de 42 personas por 24 millones 430 mil 752 pesos y 2 millones 396 mil 250 dólares que asciende a un total de más de 70 millones de pesos. Al exgobernador se le halló adquisición de vehículos de lujo y uso de tarjetas de crédito por más de un millón de pesos.
Sandoval gobernó Nayarit casi al mismo tiempo que Peña Nieto, México. Foto: Cuartoscuro/Archivo.
La OFAC coordinó estrechamente estas acciones con la DEA y el Centro Nacional de Selección de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, entre otros socios gubernamentales.
A pesar de haberse fugado el año pasado, el Juez sólo le impuso la prohibición de salir del país y la vigilancia con un brazalete electrónico una vez salga del hospital en el que fue ingresado con anemia tras su extradición de España y desde donde declaró este miércoles a través de videollamada.
México, 30 jul (EFE).- El Juez de control Juan Carlos Ramírez imputó este miércoles al exdirector de Pemex Emilio Lozoya por el caso Odebrecht luego de una audiencia de más de 12 horas pero no le impuso prisión preventiva, por lo que de momento afrontará sus dos procesos judiciales en libertad.
El que fuera director de Petróleos Mexicanos entre 2012 y 2016 durante la Presidencia de Enrique Peña Nieto, se convirtió en el primer mexicano en declarar por el caso Odebrecht y fue imputado por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.
A pesar de haberse fugado el año pasado, el Juez sólo le impuso la prohibición de salir del país y la vigilancia con un brazalete electrónico una vez salga del hospital en el que fue ingresado con anemia tras su extradición de España y desde donde declaró este miércoles a través de videollamada.
Son las mismas medidas cautelares que le impuso el martes el Juez de control José Artemio Zúñiga por la compra irregular de una planta de fertilizantes en 2013 a cambio de un soborno de la empresa Altos Hornos de México.
El hecho de que la Fiscalía General de la República no haya pedido en ninguno de los dos casos la prisión preventiva para Lozoya, quien el año pasado huyó del país, evidencia el pacto de colaboración alcanzado entre las dos partes.
Lozoya fue capturado en febrero en España y aceptó ser extraditado a México el 17 de julio después de acordar con la Fiscalía una reducción de su pena a cambio de revelar la identidad de otros implicados en tramas de corrupción en el Gobierno de Peña Nieto (2012-2018).
En la audiencia de este miércoles, la Fiscalía acusó al exfuncionario por haber recibido 10.5 millones de dólares de la trama de sobornos que la constructora brasileña Odebrecht tejió en América Latina a cambio de obras públicas.
De acuerdo con este relato, recibió cuatro millones de dólares en 2012, cuando Lozoya era coordinador de campaña de Peña Nieto, y prometió al entonces director de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses, un cargo en el futuro Gobierno.
El resto de sobornos los recibió ya como director de Pemex a cambio de obras públicas en los estados de Hidalgo, Tamaulipas y Veracruz.
Para esconder su identidad en la trama se asoció con su madre, su esposa y hermana.
Lozoya negó estas acusaciones, dijo haber sido “intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado” y reiteró su “compromiso de colaborar con las autoridades del Estado mexicano”.
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, definió este miércoles a Lozoya como “un testigo colaborador” y apoyó que reciba “ciertas consideraciones” a cambio de “conocer más” sobre la corrupción en la anterior administración.
El proceso ha levantado suspicacias en México porque Lozoya no ha pisado la cárcel en ningún momento, ya que fue trasladado a un hospital privado al llegar al país por una presunta anemia y una complicación en el esófago.
Además, no han trascendido fotografías de Lozoya, las audiencias han sido a puerta cerrada por la pandemia de COVID-19 y la única información que se tiene son transcripciones difundidas por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a través de un grupo de WhatsApp para periodistas.
El Juez de control determinó que el imputado deberá permanecer con la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur. Además fijó un mes como plazo para el cierre de la investigación complementaria.
Ciudad de México, 16 de julio (SinEmbargo).— La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) informó que Eder “N”, presunto integrante del Cártel de Tláhuac, fue vinculado a proceso por su probable participación en los delitos contra la salud, cohecho y portación de arma de fuego.
A través de un comunicado, la Fiscalía detalló que respecto al último delito (portación de arma de fuego), el juzgador declinó competencia al tratarse de un delito federal.
El Juez de control determinó que el imputado deberá permanecer con la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur. Además fijó un mes como plazo para el cierre de la investigación complementaria.
Ésto, después de haber calificado como legal la detención del imputado, realizada por elementos de la Policía de Investigación (PDI) y analizar los datos aportados por el agente del Ministerio Público.
Durante la captura de Eder “N”, las autoridades también aseguraron substancias ilícitas como mariguana y cocaína; así como un arma de fuego con cartuchos útiles.
De acuerdo con las autoridades, Eder “N” está relacionado con la operación de un grupo delictivo dedicado a la venta de drogas y a la extorsión en la Alcaldía Tláhuac.
“A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales”, concluyó el comunicado.
Emilio Lozoya está siendo investigado en México por recibir presuntamente 10 millones de dólares de forma fraudulenta de la constructora Odebrecth, implicada en múltiples casos de corrupción en el continente americano. Se le imputan delitos de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por ello, las autoridades mexicanas habían emitido una orden de búsqueda y captura a través de Interpol.
Madrid, 24 febrero, (Europa Press) -El ex director general de la petrolera estatal mexicana PemexEmilio Lozoya está buscando un despacho de abogados en Madrid que le represente de cara a la vista de extradición que tendrá que afrontar en la Audiencia Nacional en los próximos meses, según ha informado este lunes el bufete mexicano que defiende al ex directivo.
Lozoya está reclamado por las autoridades del país norteamericano por “un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, equivalente al blanqueo de capitales en España y que puede acarrear una pena máxima prevista de 15 años de prisión.
Después de ser detenido el pasado 12 de febrero en Marbella (Málaga), el ex director general de Pemex pasó a disposición del Juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que acordó enviarle a prisión provisional por “fundado riesgo de fuga” y no consta en España arraigo laboral ni domiciliario.
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Su abogado en México, Javier Coello, se desplazó entonces a España y tras visitar al ex directivo en la cárcel de Alhaurín de la Torre, se entrevistó con “diversos letrados en Madrid”, de los que informó a su cliente. No especifica los bufetes con los que ha contactado.
“Está analizando las propuestas de honorarios de dichos despachos y será él, únicamente él, el que determinará qué despacho lo representará en el juicio de extradición, toda vez que esto es una determinación estrictamente personal de nuestro cliente”, explica el despacho Coello Trejo y Asociados, con sede en Ciudad de México.
Fotografía facilitada por el Ministerio del Interior de Emilio Lozoya (c), ex director de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), tras ser detenido este miércoles en Málaga tras llevar meses prófugo de la justicia y contar con una orden de captura internacional en su contra. Foto: EFE/ Mº Del Interior
Tras el auto de prisión provisional, las autoridades mexicanas tienen 45 días para enviar la documentación correspondiente sobre los cargos que pesan contra Lozoya, tras lo cual la Audiencia Nacional convocará una vista de extradición en la que decidirá si se le entrega o no.
Emilio Lozoya está siendo investigado en México por recibir presuntamente 10 millones de dólares de forma fraudulenta de la constructora Odebrecth, implicada en múltiples casos de corrupción en el continente americano.
Se le imputan delitos de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por ello, las autoridades mexicanas habían emitido una orden de búsqueda y captura a través de Interpol.
El ex directivo de Pemex fue detenido en España por cargos de corrupción. Foto: Jacques Brinon, Archivo, AP.
DEFINIR LA ESTRATEGIA
Después de una de sus visitas a la cárcel de Alhaurín de la Torre, Coello explicó a los periodistas que una vez se acuerde la defensa con un abogado en España se diseñará la estrategia de si Lozoya “se va a México” o la defensa “pelea aquí la extradición”.
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El letrado reiteró que siempre ha mantenido la inocencia de su cliente. “Fue un instrumento, pero en su momento y ante los jueces lo tendremos que aclarar”, manifestó Coello, añadiendo que se trata de un caso “complicado”. “Ningún funcionario en México se manda solo si no es por orden del Presidente de la República; hace 50 años y ahora”, dijo después.
Netanyahu ha rechazado todos los cargos y se ha declarado víctima de una cacería de brujas por su inculpación en tres casos de corrupción denunciados por el Fiscal general de Israel.
Israel entra con todo en una incertidumbre política que podría desembocar en nuevas elecciones en marzo, que serían las terceras en lo que va de año.
Jerusalén, 21 de noviembre (EFE).- El Fiscal general de Israel,Avijai Mandelblit, acusó hoy al Primer Ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, de fraude, cohecho y abuso de confianza en tres casos de corrupción, según informó en un comunicado el Ministerio de Justicia.
La acusación llega en pleno bloqueo político en Israel y sin nuevo Gobierno desde las elecciones de septiembre, lo que aleja a Netanyahu de seguir en el poder tanto en una eventual repetición electoral como ante el proceso abierto en el Parlamento para formar Ejecutivo.
Netanyahu deberá responder en juicio, dijo el Fiscal general, Mandelblit, quien emitió una acusación formal.
Esta es la primera vez en la historia del país que se acusa penalmente a un Primer Ministro en activo, aunque Netanyahu ha rechazado todos los cargos y se ha declarado víctima de una cacería de brujas.
EVITAN TERCERAS ELECCIONES
Israel inicia hoy una etapa política sin precedentes después de que dos candidatos fracasaran en la formación de Gobierno, y ahora el Parlamento (Knéset) tiene el último intento para evitar unas terceras elecciones con la sombra de la acusación de Benjamín Netanyahu en tres casos de corrupción.
“No nos engañemos: esta política de perturbación debe acabar”, declaró en tono severo el presidente, Reuvén Rivlin, que calificó la situación actual de “miserable” tras entregar este jueves el mandato a la Cámara. Esta tendrá desde hoy 21 días para designar a un candidato a formar Gobierno después del fracaso de Netanyahu y del centrista Beny Gantz, que este miércoles devolvió el encargo al jefe de Estado.
Rivlin instó a buscar una coalición “que pueda gobernar” con sentido de “soberanía” y “responsabilidad”, y a partir de ahora, los 120 diputados del Parlamento tienen de margen hasta el 11 de diciembre para escoger a uno de sus miembros, que con el apoyo de 61 diputados, podrá obtener 14 días adicionales para retomar la tarea de formar Ejecutivo en un último intento para evitar comicios.
UN CAMINO INCIERTO
Este proceso, inédito en la historia de Israel, supone un camino incierto que podría desbloquear la situación política, pero los analistas son pesimistas.
“Lo más probable es que no pase nada, porque los dos principales líderes que intentaron formar gobierno fracasaron”, comenta a Efe Guideón Rahat, profesor de Ciencia Política y miembro del Instituto para la Democracia de Israel.
En su opinión, la incapacidad de Gantz para lograr Ejecutivo y la de Netanyahu, que fracasó en un intento anterior, hacen difícil que surja un tercer candidato de consenso para reducir la división, e incluso el mismo líder centrista o el primer ministro en funciones podrían ser designados para ser candidatos de nuevo.
OPCIONES ABIERTAS
Alcanzar un Gobierno de unidad -como piden el presidente o el ultraderechista Avigdor Lieberman- aún sería posible, pero según Rahat será difícil que la coalición Azul y Blanco de Gantz y el partido Likud de Netanyahu se pongan de acuerdo tras no haber acercado posturas estos últimos meses.
Otra opción, podría ser que algunos diputados derechistas del Likud se convirtieran en tránsfugas para facilitar un gobierno de Azul y Blanco con los partidos de centro-izquierda, o que sucediera lo mismo entre miembros de la coalición centrista para dar apoyo al bloque derechista, pero se trata de una opción “que parece poco lógica al no haber pasado ya”, matiza Rahat.
La alternativa de que Avigdor Lieberman, con los ocho escaños de su Israel Nuestro Hogar, apoye a Gantz o a Netanyahu, por separado, también fue descartada este miércoles y el ultraderechista laico dijo que solo apoyaría un Ejecutivo unitario.
En México hay cuando menos 1 mil 397 personas inhabilitadas por delitos del fuero común y federal, según el Registro de Servidores Públicos Sancionados. Aquellos inhabilitados por el Gobierno federal (547) en los últimos 4.7 años habrían cometido, sobre todo, negligencia administrativa y abuso de autoridad, aunque también hubo casos de cohecho y extorsión, así como de violación de derechos humanos.
Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).- Siete de cada 10 inhabilitaciones del fuero federal entre enero de 2015 y agosto de 2019 fueron impuestas a funcionarios adscritos a 14 instituciones gubernamentales, entre las que destacan Bansefi, Diconsa, Sagarpa, Sectur, Sedesol, Semarnat, SEP, SFP y Telecomm.
En ese mismo periodo, al menos 547 funcionarios públicos fueron inhabilitados por el Gobierno federal, según datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Las inhabilitaciones (648) registradas en ese periodo representan el 3.7 por ciento de los delitos del fuero federal (17 mil 678) de funcionarios públicos, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
La lista de “sanciones administrativas definitivas” de la SFP indica que sólo en lo que va de 2019, hubo 66 inhabilitaciones a nivel estatal y federal. Sin embargo, la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, ha dicho que durante los primeros seis meses del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador hubo cerca de 400 registros, que forman parte de las más de 2 mil sanciones adjudicadas entre diciembre de 2018 y julio de 2019, además de la aplicación de multas acumuladas durante el periodo, por más de 5 mil millones de pesos.
En los primeros nueve meses del año pasado, por ejemplo, el Gobierno federal registró 897 inhabilitaciones, así como sanciones económicas acumuladas por un total de 956 millones de pesos. Esto es 33 por ciento más inhabilitaciones proporcionales por mes (100 casos) durante 2018, en comparación con 2019 (67 casos), y 83 por ciento menos ingresos por multas proporcionales por mes (106.2 mdp) en 2018, comparado con 2019 (625 mdp).
La diferencia de datos en el listado de sanciones y lo expresado por Sandoval podría deberse a que los datos reflejan “exclusivamente” lo que es reportado por los Órganos Internos de Control y debido a que la información registrada, puede variar “debido a modificaciones o a las anotaciones que se hacen de medios de impugnación” por parte de los funcionarios públicos, según lo establecido en el instructivo del Registro de Servidores Públicos Sancionados (RSPS).
De acuerdo con Sandoval, el Gobierno de AMLO recibió una administración “en llamas, con muchísimos escándalos […] y una falta de organización”. Foto: Graciela López, Cuartoscuro.
Entre enero de 2015 y agosto de 2019, las causas de inhabilitación en dependencias federales más comunes fueron la “negligencia administrativa” por parte de servidores públicos (407 casos), “abuso de autoridad” (93 casos), “violaciones a procedimientos de contratación” (51), “incumplimientos en declaraciones patrimoniales” (33 casos) y la “violación a leyes y normatividad presupuestal” (25 casos).
Además hubo 39 funcionarios públicos separados de su cargo por el “ejercicio indebido de funciones en materia migratoria” y “cohecho y extorsión”, así como “violaciones a los derechos humanos” y la comisión de “otros” ilícitos e irregularidades.
INVESTIGACIÓN Y SANCIONES
En México hay cuando menos 1 mil 397 personas inhabilitadas por delitos del fuero común y federal, según el RSPS. Lo anterior implica un total de 1 mil 722 sanciones administrativas definitivas y en curso a nivel nacional, sin considerar amonestaciones públicas y privadas, destituciones, suspensiones y sanciones económicas.
Más allá de la información pública de la SFP, todos los procedimientos e investigaciones en contra de servidores públicos que están en trámite, que hayan sido resueltos con sanción pero estén en periodo o procedimiento de impugnación, y aquellos concluidos que no hayan derivado en una sanción constituyen información “confidencial”, de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Artículo 110, fracción V).
Por lo anterior, el número de inhabilitaciones podría ser mayor a la información difundida por la SFP. Además, la información acerca del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), de Prevención y Readaptación Social, de la Policía Federal (PF), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del Servicio de Protección Federal “se encuentra clasificada como reservada” en términos de lo dispuesto en la citada Ley (artículos 110 y 113, fracción V en ambos casos).
En la respuesta a la solicitud de información número 0002700257919, la SFP está impedida para dar información adicional a la del RSPS, salvo por el caso del ex titular (2012-2015) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld Federman, sobre quien pesa una sanción económica “firme” sin registros de medios de impugnación, por un monto de 638 mil 653.33 pesos correspondientes al “abuso de autoridad”.
Un mes antes de dicha resolución, el día 30 de marzo de 2015, Korenfeld utilizó un helicóptero de la Conagua para fines personales. Nueve días más tarde, el político priista tuvo que renunciar a su cargo y el 30 de abril, la SFP le impuso la multa sin procedimiento de inhabilitación del ex servicio público.
DELITO EN LAS INSTITUCIONES
Entre los servidores públicos más sancionados a nivel federal estuvieron el ex Alcalde interino de Morelia (2007) en Michoacán, Carlos Macouzet Zamacona, y el otrora gerente de operación (2012) del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), Cesar Alberto Villalon Cubillo, quienes tuvieron 32 y 31 registros de sanción en menos de cinco años, por negligencia administrativa.
Además de ellos hubo 26 ex funcionarios que tuvieron entre dos y seis sanciones de inhabilitación, entre enero de 2015 y lo que va de 2019. Y según la información oficial, el 67 por ciento de las inhabilitaciones (434 de 648 casos) fueron cometidas por servidores públicos adscritos a 14 instituciones que dependen directamente del Gobierno federal.
Los funcionarios del Fonhapo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de Telecomunicaciones de México (Telecomm), de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF) y del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) tuvieron los mayores niveles de incidencia con 66, 55, 53 y 34 casos, respectivamente.
Sin embargo, cuatro secretarías de Estado (Sagarpa, Semarnat, SEP y SFP) y cuatro institutos federales (IMSS, INAPAM, INM e ISSSTE), además de Diconsa y del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y Empresas de Participación Accionaria de la Secretaría de Turismo (Sectur) tuvieron entre 20 y 27 funcionarios públicos inhabilitados, cada una, en un periodo de 4.7 años.
En total hubo 84 instituciones del Gobierno federal cuyos funcionarios públicos fueron inhabilitados por incurrir en faltas administrativas. De las instancias que emitieron las sanciones, los Órganos Internos de Control (OIC) originaron el 97 por ciento de las inhabilitaciones (628 de 648) registradas entre enero de 2015 y agosto de 2019.
Los OIC representan a la SFP al interior de las diferentes dependencias gubernamentales, con la finalidad de “prevenir, detectar y abatir los actos de corrupción” y promover “la transparencia y el apego a la legalidad de los servidores públicos” mediante auditorías y revisiones a los diferentes procesos institucionales, así como a través de la atención de quejas y denuncias ciudadanas, refiere la información del Gobierno federal.
El tres por ciento restante de las inhabilitaciones fue originado por la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la SFP –que lleva el registro de funcionarios públicos sancionados– y por la Contraloría Interna de cada una de las dependencias federales.
La Fiscalía logró la vinculación a proceso y posteriormente la sentencia fue dictada por el Juez de Distrito por el delito de cohecho en contra de una auditora en la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz “1” (Xalapa), una ex funcionaria y otra persona que solicitaron 4.5 millones de pesos a un contribuyente durante una visita domiciliaria.
Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).- Una ex trabajadora del Servicio de Administración Tributaria (SAT), una funcionaria actual y otra persona más recibieron una sentencia de dos años de prisión, la inhabilitación del servicio público por el mismo periodo y una multa por participar en la extorsión a un contribuyente, cuando se les detuvo en flagrancia.
El SAT informó que las detenciones se llevaron a cabo a partir de una denuncia ciudadana y por medio de un operativo de combate a la corrupción en el que participó personal de la dependencia y de la Delegación de Veracruz de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las investigaciones de la Fiscalía estatal destacaron que la servidora pública detenida se desempeñaba como auditora en la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz “1” (Xalapa), ella, la ex funcionaria y la tercer persona pidieron 4.5 millones de pesos a un contribuyente durante una visita domiciliaria.
“Mediante un operativo, en el que participaron personal del SAT y de la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República (FGR), en el Estado de Veracruz, se detuvo a las tres personas en la plena comisión del delito, por lo que fueron trasladadas a las instalaciones de la FGR para los procedimientos penales correspondientes”, apuntó el documento oficial.
Después de la vinculación a proceso la sentencia fue dictada por el Juez de Distrito por el delito de cohecho.
Además invitó a la ciudadanía a presentar sus denuncias sobre cualquier acto que pueda considerarse como un abuso o acto ilícito cometido por servidores públicos en el correo [email protected] o en el teléfono (55) 8852 2222.
MUNICIPIOS COLUDIDOS CON CRIMEN
El 4 de septiembre, Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó a que gracias a trabajos de inteligencia, se tienen ubicados 50 municipios donde el crimen organizado y la policía están coludidos.
En una entrevista dada después de una reunión efectuada a puerta cerrada en la Cámara de Diputados, el funcionario se limitó a dar detalles del trabajo de inteligencia y de los municipios detectados.
De acuerdo con la información emitida por medios nacionales, Durazo solamente refirió que existen estados prioritarios como Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Veracruz y Baja California, por lo que es necesario realizar una limpieza a fondo en las corporaciones policiacas.
“Trabajo de inteligencia nos permite llegar a esa conclusión. Tenemos muy claro el mapa de criminalidad en el País, así es que estamos trabajando. No voy a citar específicamente a ningún municipio (…). Estamos hablando de 50 municipios que tendrían carácter prioritario”, aseguró Durazo.
Así mismo, el funcionario expresó que pese a la eficacia de la Guardia Nacional, el trabajo de ésta sería insuficiente si los estados y municipios no hacen la parte que les corresponde.
No obstante, aseguró que no se trata de “echarse la bolita unos a otros” sino de enfrentar el problema, unidos.
En México hay 850 funcionarios públicos inhabilitados por los gobiernos de las entidades federativas, con sanciones que van de dos meses a 88 años fuera del servicio público, por delitos menores como irregularidades en declaraciones patrimoniales, hasta ilícitos de corrupción graves, como desvío de recursos, cohecho y extorsión.
Las cifras del Gobierno federal indican que menos del uno por ciento de los delitos del fuero común, que fueron cometidos por servidores públicos, implicaron inhabilitaciones en los últimos cuatro años.
Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- Uno de cada 100 delitos cometidos por servidores públicos entre enero de 2015 y julio de 2019, fue sancionado con la inhabilitación del funcionario a nivel estatal, según datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En ese periodo, la SFP registró 672 resoluciones de inhabilitación de servidores públicos por los gobiernos de los estados, mientras que el SESNSP reconoció 69 mil 736 delitos (de funcionarios) del fuero común, que son aquellos registrados por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas.
Lo anterior implica que el 0.96 por ciento de los ilícitos cometidos por servidores públicos a nivel local mereció una sanción administrativa y/o penal por parte de las autoridades estatales. Esto sin considerar las medidas “resarcitorias” (o multas) impuestas por las autoridades de los estados de la República Mexicana.
Sin embargo, en los últimos 19 años hubo 1 mil 074 conductas sancionadas por los gobiernos estatales, que resultaron en la inhabilitación de 850 funcionarios públicos. Puebla y la Ciudad de México encabezan la lista con 298 y 152 registros de inhabilitación, respectivamente.
Entre enero de 2000 y agosto de 2019, las conductas sancionadas más comunes fueron la de “negligencia administrativa” (684 casos), “violación a leyes y normatividad presupuestal” (183 casos), “abuso de autoridad” (87 casos) e “incumplimiento en la declaración de situación patrimonial” (71 casos).
Los funcionarios públicos también fueron inhabilitados –a nivel estatal– por incurrir en “violaciones de procedimientos de contratación” (24 casos), “cohecho o extorsión” (18 casos) y otros “delitos cometidos por servidores públicos” (siete casos).
Uno de los casos más conocidos de negligencia administrativa es el de Antonio Tarek Abdalá Saad, ex tesorero de Veracruz (2012-2015) durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa (2010-2016).
Abdalá, quien fue investigado por presuntos desvíos de recursos por casi 55 mil millones de pesos y quien ha sido vinculado con el crimen organizado de Tierra Blanca, en Veracruz, no podrá trabajar en el estado hasta el año 2029, de acuerdo con el registro de la SFP.
El también ex Diputado federal priista (2015-2018) fue sancionado dos veces en 2016, primero por cinco años y luego por siete años más, producto de una denuncia ciudadana y de una denuncia de servidor público, respectivamente.
EL DELITO EN LOS ESTADOS
“La inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público será impuesta por la [SFP], el contralor interno o el titular del área de responsabilidades”, según el Artículo 16 (fracción III) de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP).
De 2000 a la fecha, la mayor parte (91.5 por ciento) de las inhabilitaciones de funcionarios públicos en las entidades federativas fueron emitidas por las contralorías estatales (624 casos), municipales (245 casos) y/o generales (114 casos). Pero también fueron imputadas por los congresos estatales (70 casos), los tribunales superiores de justicia de los estados (nueve), el Poder Judicial estatal (cinco), los tribunales unitarios de circuito (tres) y de lo contencioso administrativo (dos), así como por las contralorías internas y los juzgados del fuero común de los estados (un caso cada uno).
La mayoría (93.8 por ciento) de las imputaciones durante el periodo inició por denuncias de servidores públicos (522 casos), quejas o denuncias ciudadanas (274 casos) y auditorías de las autoridades estatales (211 casos), aunque también hubo sanciones causadas por investigaciones internas (24 casos), observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (22 casos), incumplimientos detectados en las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos (16 casos) y denuncias penales (cinco casos).
Cuando un funcionario público es inhabilitado, puede volver a trabajar en las instancias gubernamentales, una vez transcurrido el plazo de la inhabilitación impuesta. Sin embargo, cuando la sanción es mayor a 10 años de inhabilitación, “se requerirá que el titular de la dependencia o entidad a la que pretenda ingresar, dé aviso a la [SFP], en forma razonada y justificada, de tal circunstancia”, se lee en el Artículo 13 (fracción V párrafo sexto) de la LFRASP.
Entre 2000 y 2019, cada una de las sanciones de inhabilitación en contra de 850 servidores públicos a nivel estatal implicaron la imposibilidad para desempeñar un empleo, cargo o comisión gubernamental por un periodo mínimo de dos meses y por un máximo de 33 años. En promedio, las inhabilitaciones fueron por 6.8 años.
La LFRASP establece penas de suspensión de funciones de tres días a tres meses, así como la posibilidad de ser inhabilitado de uno a cinco años, para todo aquel funcionario público que mienta “deliberadamente” en su declaración patrimonial (Artículo 37, fracción III, noveno párrafo). Asimismo, las omisiones “sin causa justificada” en las declaraciones patrimoniales conllevan inhabilitaciones de seis meses a un año (Artículo 37, fracción III, sexto párrafo).
En el caso de los servidores públicos que incurran en actos u omisiones que impliquen “beneficio o lucro, o cause daños o perjuicios”, la inhabilitación será de uno a 10 años si el monto defraudado es inferior a 200 veces el salario mínimo general mensual vigente (616 mil 080 pesos), y de 10 a 20 años si excede dicho límite o incurre en “conductas graves” (Artículo 13, fracción V, párrafo tercero).
Las entidades federativas con mayor número de inhabilitaciones promedio por año (2000-2019) fueron Puebla (22.9 casos), Jalisco (13 casos), Guanajuato (11 casos), Ciudad de México (9.5 casos), Morelos (7.3 casos), Baja California (6.7 casos) y Sonora (6.2 casos).
En cambio Baja California Sur, Colima, Nayarit y Querétaro (un caso cada uno) tuvieron las incidencias más bajas, junto con Campeche (1.3 casos), Veracruz (1.5 casos), Coahuila (1.6 casos) y Chiapas (1.7 casos).
Los estados de Durango, Estado de México, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas no tuvieron registros durante el periodo, ante la SFP.
El bajo nivel o la falta de inhabilitaciones no implica la reducida o inexistente comisión de ilícitos por parte de los servidores públicos.
Ejemplo de ello son las cifras del Secretariado Ejecutivo que indican que, entre enero de 2015 y julio de 2019, hubo 2 mil 046 delitos del fuero común de funcionarios públicos que fueron cometidos en Durango, Estado de México, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas.
Asimismo, los datos del SESNSP refieren que la Ciudad de México, el Estado de México y Nuevo León fueron las entidades con más incidencia promedio anual de delitos del fuero común por parte de funcionarios públicos, en 2015-2019.
Durante ese periodo, en la capital del país hubo registro de 3 mil 621 casos en promedio por año, mientras que en el Edomex hubo 2 mil 445 casos y en Nuevo León 1 mil 700 casos.
LOS FUNCIONARIOS MÁS SANCIONADOS
Entre enero de 2000 y agosto de 2019, el número de inhabilitaciones impuestas por los gobiernos estatales fue 13 veces mayor (variación real), aunque el número de inhabilitaciones en lo que va de este año es 62 veces superior (variación relativa) a las acumuladas durante el año 2000.
Lo anterior quiere decir que el número de inhabilitaciones –y de funcionarios inhabilitados– ha ido al alza en los últimos 19 años. Inclusive, el índice de inhabilitaciones por cantidad de ilícitos (de funcionarios) del fuero común aumentó en 20 por ciento entre los cierres de 2015 y 2018, al pasar de uno a 1.2 de cada 100 casos.
Hoy en día hay 850 servidores públicos inhabilitados a nivel estatal, de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública. Pero este año, 126 inhabilitaciones expirarán; y en el transcurso de los próximos cinco años (2020-2024) 676 inhabilitaciones adicionales vencerán, y cientos de ex funcionarios sancionados podrían volver a trabajar para los gobiernos de las entidades federativas.
Tal es el caso del ex tesorero (2012-2015) de la Alcaldía de San Miguel de Allende (Guanajuato) Jaime Cirilo Labrada Araiza, quien además de haber sido inhabilitado en 19 ocasiones y vinculado a proceso por el delito de peculado, fue investigado por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato por el supuesto desvío –como tesorero– de más de 400 mil pesos del erario público local.
De acuerdo con los registros de la SFP, Labrada es el ex funcionario público con más inhabilitaciones en los últimos 19 años y estará inhabilitado hasta el año 2021, por cometer negligencia administrativa y violar la normatividad presupuestal.
A diferencia del ex tesorero de San Miguel de Allende y de los ex servidores públicos cuya sanción expirará en los próximos cinco años, hay ex servidores públicos cuyas inhabilitaciones (acumuladas) expirarán en un periodo de seis a 88 años más, a partir de 2019. Entre ellos están los cinco ex funcionarios –además de Labrada– con más inhabilitaciones en 2000-2019.
Brigido Enrique Tapia Avilés, Geovanny Julián Martínez Jasso y Germán de Jesús Tenorio Vasconcelos fueron inhabilitados en nueve ocasiones cada uno, entre 2016 y 2018, por delitos de negligencia administrativa y por violar la normatividad presupuestal.
En 2012, el ex Gobernador de Oaxaca Gabino Cué Monteagudo (izq.) y el ex titular de Salud estatal Germán Tenorio Vasconcelos (der.) celebraron la Semana Nacional de Salud. Foto: Arturo Pérez Alfonso, Cuartoscuro.
El primero, un ex funcionario capitalino que hasta el año pasado laboró para la contratista gubernamental Constructora e Ingeniería Herayax, fue acusado por soliviar irregularidades en el manejo de trámites y servicios gubernamentales, e inhabilitado por ello hasta el año 2107.
Martínez Jasso, por su parte, estará inhabilitado hasta el año 2059 por realizar cobros en ventanilla sin reportar los ingresos monetarios, cuando fungía como cajero adscrito de la subdelegación Otay del Ayuntamiento de Tijuana, en Baja California. Uno de estos delitos fue asentado en el expediente RES/149/2017 de la Dirección de Responsabilidades de la Sindicatura Procuradora del Ayuntamiento de Tijuana, en que Martínez es acusado del robo de 1 mil 682 pesos correspondientes al pago del impuesto predial de un ciudadano, durante el ejercicio fiscal 2017.
En el caso de Tenorio Vasconcelos, ex secretario de salud de Oaxaca y cercano colaborador del ex Gobernador Gabino Cué Monteagudo (2010-2016), existen varios juicios penales en su contra por uso indebido de recursos públicos, enriquecimiento ilícito y conflictos de interés (causas penales 54/2017 y 610/2017). Por violar la normatividad presupuestal, el Gobierno de Oaxaca lo inhabilitó en 2016, por un periodo de 83 años (hasta el año 2099).
Entre los funcionarios más sancionados, también están la ex subdirectora adscrita al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de Sonora, Marla María Ruiz Figueroa, y el otrora jefe de la Unidad Departamental de Infraestructura de la Delegación Iztapalapa de la Ciudad de México, Alfonso Rivera Granados.
Ruiz Figueroa, quien fuera sancionada entre 2013 y 2014 (determinación de responsabilidad número SPS/201/14 BIS) por irregularidades en sus declaraciones patrimoniales, fue inhabilitada en ocho ocasiones por cometer negligencia administrativa y violar la normatividad presupuestal. Por estas violaciones, estará fuera del servicio público hasta el año 2032.
Sobre Rivera Granados, quien fue inhabilitado siete veces y no podrá asumir cargos públicos hasta el año 2071, asimismo pesan varios cargos de negligencia administrativa. Entre 2001 y 2006, por ejemplo, fue destituido e inhabilitado en seis ocasiones, por irregularidades en contratos de obra pública que, asimismo, le supusieron sanciones económicas por un total de 26 millones 906 mil 649.72 pesos, de acuerdo con el Diario de los Debates de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, año 3, número 02.
Sobre ese tema, Correa -quien vive en Europa desde 2017- ironizó a través de su cuenta de Twitter: “¡Chuta! De los ’15 millones de dólares en sobornos’ me han dado…¡$6 mil dólares!!! ¿No les da vergüenza ser tan ridículos?”, escribió.
Quito, 7 agosto (EFE).- La Fiscal general del Estado, Diana Salazar, pidió este miércoles prisión preventiva contra el ex Presidente de Ecuador Rafael Correa durante una audiencia pública de vinculación en el caso de supuestos sobornos que salpica también a copartidarios del ex Gobernante.
Además, la Fiscal pidió la misma medida cautelar para el ex Vicepresidente Jorge Glas, el ex Secretario del Agua Walter Solís, el ex Secretario de la Administración Vinicio Alvarado y para el ex Asesor ministerial Yamil Massuh, en el marco de las investigación del caso denominado “Sobornos 2012-2016”.
La Fiscalía sospecha que su investigación está relacionada con los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, en la supuesta financiación irregular del movimiento político Alianza País (AP), cuando era dirigido por Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017.
En una pausa de la audiencia de vinculación a los presuntos implicados, que se desarrolla en la Corte Nacional de Justicia, el abogado de Correa, Fausto Jarrín, dijo que constató que “la Fiscalía desconoce las fechas, que confunde las versiones, que desconoce las fojas a las que está obligada a hacer referencia en un proceso, que no estamos empezando, estamos hablando ya de vinculaciones”.
Sobre un depósito de 6 mil dólares a la cuenta bancaria de Correa del que se habló en la audiencia de hoy, Jarrín comentó que su defendido “fue beneficiario de un crédito que lo canceló en doce meses en cuotas mensuales”.
“Es decir, de toda esta supuesta trama, de toda esta supuesta organización delincuencial de la que habla la Fiscalía, el expresidente Correa tiene que responder por 6 mil dólares”, comentó al señalar que en el proceso se debe determinar el origen de los fondos, que él considera que no es ilegal.
Y en declaraciones a los periodistas añadió: “No sé a ustedes, pero a mí sí me han prestado plata (dinero) mis amigos y eso no significa que sea producto de ninguna actividad ilegal”.
Sobre ese tema, Correa -quien vive en Europa desde 2017- ironizó a través de su cuenta de Twitter: “¡Chuta! De los ’15 millones de dólares en sobornos’ me han dado…¡$6 mil dólares!!! ¿No les da vergüenza ser tan ridículos?”, escribió.
“Tenía un recurrente sobregiro, y pedí prestado $6 mil del fondo solidario que teníamos en la Presidencia (nuestros mismos aportes) y lo pagué hasta el último centavo (tengo los cheques de $500 mensuales). ¡NO SEAN RIDÍCULOS!”, agregó.
Tenía un recurrente sobregiro, y pedí prestado $6.000 del fondo solidario que teníamos en la Presidencia (nuestros mismos aportes) y lo pagué hasta el último centavo (tengo los cheques de $500 mensuales). ¡NO SEAN RIDÍCULOS! https://t.co/jxvVf0dqTw
Correa ha negado reiteradamente las imputaciones y ha advertido de una supuesta persecución judicial y política en su contra para eliminarlo del mapa electoral ecuatoriano.
Vanesa Savala, abogada de Alvarado, indicó que en la audiencia la fiscal no ha señalado de qué modo su defendido presuntamente se aprovechó de su función pública para permitir algún tipo de beneficio.
“Mal podría pretenderse imponer medidas de orden punitivo porque el derecho penal no puede ser ejercido de forma antojadiza”, comentó poco después de que se declarase un receso en la audiencia.
Tres mandos de la policía municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, fueron vinculados a proceso por los delitos de cohecho y abuso de autoridad, y permanecerán recluidos en el Cereso de Tepexi de Rodríguez.
Por Edmundo Velázquez
Puebla/Ciudad de México, 9 de mayo, (Central/SinEmbargo).- Miguel Ángel N., Comisario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de San Martín Texmelucan; Sinué Jerónimo N., Director de Seguridad Pública; y Mauricio N., quien presuntamente se desempeñaba como chofer de los mandos en el municipio, fueron vinculados a proceso por los delitos de cohecho y abuso de autoridad, por lo que permanecerán en prisión preventiva en el penal de Tepexi de Rodríguez.
La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que las investigaciones contra los tres mandos policiales de San Martín Texmelucan permitieron que el Juez de Control los vinculara a proceso.
El Juez planteó que continuarán con la medida cautelar de prisión preventiva necesaria en el Cereso de Tepexi de Rodríguez.
Este miércoles 9 de mayo seguirán las audiencias para la Vinculación de Proceso al resto de los uniformados que permanecen en el penal de Tepexi.
Tras las audiencias de control de detención la Fiscalía General del Estado confirmó que 127 de los detenidos se mantendrían en prisión preventiva y 9 personas habían sido liberadas, entre estas 2 administrativas y una uniformada a quien se le concedió la no vinculación a proceso por un estado grave de salud ya que necesita tratamiento contra el cáncer que padece.
PÁGINA NEGRA presenta la cronología de todo lo que ha ocurrido con los policías de San Martín Texmelucan desde su detención, luego del operativo implementado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) el pasado 2 de mayo, donde el gobierno estatal asumió el control del municipio por considerar que se mantenía en una situación apremiante tras cuatro hallazgos de cuerpos desmembrados en los meses de marzo y abril del 2018.
Ana P., esposa del ex líder de los Caballeros Templarios, Servando Gómez, fue sentenciada a prisión por tres años y seis meses, acusada de cohecho.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJEM) probó que en 2014, la mujer intentó sobornar a autoridades en un retén sobre el kilómetro 5+600 de la carretera de cuota Morelia-Aeropuerto.
Ciudad de México, 23 de febrero, (SinEmbargo).- La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJEM) sentenció a Ana P., esposa del líder de los Caballeros Templarios, Servando Gómez “La Tuta”, a prisión durante tres años y seis meses.
Ana P es señalada por el delito de cohecho, luego que el 22 de octubre del 2014 ofreciera dinero en efectivo a personal de la PGJE para evitar su detención.
Tras la presentación de las pruebas por parte de la autoridades estatales, el Juez que atendió la causa optó por dictar una condena de tres años y seis meses a Ana P., además del pago deuda multa.
EL HECHO
El 22 de octubre de 2014, la imputada trató de evadir un puesto de revisión montado por autoridades michoacanos sobre el kilómetro 5+600 de la carretera de cuota Morelia-Aeropuerto.
Sin embargo, la unidad en la que viajaba fue inspeccionada. Al interior del vehículo se encontraron 119 mil 600 pesos en moneda nacional y 6 mil 350 dólares en efectivo; además de equipos fotográficos y de cómputo, seis mecanismos de comunicación, y cinco cajas del medicamento Rivotril.
Luego de la inspección, personal de la Procuraduría estatal le informó que sería trasladada antes agentes del Ministerio Público.
Ana P. se negó y trató de sobornar a las autoridades, por lo que fue trasladada ante la instancia correspondiente y acusada por el delito de cohecho.
A la 01:10 horas de ayer, personal de la Policía Municipal realizaba un operativo antialcohol. Entonces detuvieron a un conductor que manejaba en estado de ebriedad, quien en su intento por salirse con la suya, discutió con un oficial. En tanto, el copiloto trató de sobornar al mismo oficial de tránsito con 500 pesos, mismos que fueron rechazados. Ahora las personas involucradas han sido puestas a disposición del Ministerio Público, uno por conducir bajo influjos del alcohol y otro por cohecho.
500 pesos es la cantidad con la Alberto y Mateo intentaron sobornar al oficial. Foto: Shutterstock.
Por Ulises Martínez
Ciudad de México, 30 de abril (SinEmbargo/Vanguardia).- Juan Alberto Delgado Herrera y Mateo Carrillo Contreras quedaron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, luego de que fueran detenidos por el operativo antialcohol y ofrecieran dinero a los policías para quedar libres.
A la 01:10 horas de ayer, personal de la Policía Municipal realizaba el operativo antialcohol donde había jueces calificadores y personal de Honor y Justicia para avalar los hechos.
Fue a esa misma hora, que al encontrarse en España y Francia de la colonia Villa Olímpica, los uniformados detectaron al conductor de un auto que iba zigzagueando por la vialidad.
No obstante, al ser detenido el conductor no aceptaba estar en estado de ebriedad, comenzando una discusión con el oficial, pero la disputa de palabras fue interrumpida por el compañero del chofer, pues del interior de su cartera sacó un billete de 500 pesos y lo ofreció al oficial.
Sin embargo, el oficial municipal rechazó el dinero, y llevó a los hombres ante la autoridad competente, confirmando el cohecho, además de conducir en estado inconveniente.
Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público, quien tendrá que determinar en las próximas horas la situación legal de los hombres, mientras que el vehículo fue trasladado a un corralón de la ciudad.
México, 12 Oct (Notimex).- La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Visitaduría General, obtuvo del Juzgado Décimo Cuarto de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal auto de formal prisión en contra de un agente del Ministerio Público de la Federación (AMPF), por su probable responsabilidad en el delito de cohecho.
Según un comunicado, el pasado 12 de septiembre, en las instalaciones del Centro de Operaciones Estratégicas (COE) en Álvaro Obregón, el ex servidor público aprovechándose de su cargo solicitó a la madre de un detenido la cantidad de 75 mil pesos a cambio de dejar en libertad a su hijo y a dos personas más que se encontraban a su disposición por el delito de portación de arma de fuego.
El expediente, señaló que el mismo día, el referido funcionario federal se entrevistó también con el abogado de la familia a quien le señaló que para fijarles a los tres detenidos una caución y dejarlos en libertad le tenían que dar la cantidad de 25 mil pesos por cada uno.
Ante ello, la madre del detenido presentó una denuncia ante la Visitaduría General de la PGR, órgano responsable de la inspección, supervisión, control interno y de perseguir los delitos que cometen los servidores públicos de la institución, por lo que se inició una averiguación previa.
Además, la denunciante captó en audio y video una segunda entrevista con el agente del Ministerio Público, quien nuevamente, ahora en presencia de su hijo detenido, negoció la cantidad de dinero requerido para que pudiera ser liberado.
El imputado fue internado en el Reclusorio Sur del Distrito Federal, donde se encuentra a disposición del Juez de la Causa Penal. De igual manera, la Visitaduría General informa que continúa la investigación en el COE de Álvaro Obregón para deslindar responsabilidades.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
