Seis estados concentran el 49 por ciento de los delitos de homicidio doloso en todo el país: Guanajuato, Michoacán, Baja California, Estado de México, Jalisco, Chihuahua.
Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).– La incidencia delictiva del fuero federal ha caído en su conjunto un 29.3 por ciento desde el inicio del sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador, informó este viernes la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien precisó que los índices de homicidio, el feminicidio y el robo han bajado en los últimos meses.
Al inicio de la administración se cometían nueve mil 62 delitos del fuero federal. En julio se registraron 29.3 por ciento menos, indicó la Secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez durante la conferencia matutina desde Tijuana.
“Es el mes de julio más bajo desde hace cinco años en homicidio doloso. El homicidio doloso mantiene la tendencia a la baja con una disminución de 12.8 por ciento, en comparación con el máximo histórico de 2018”, resaltó la funcionaria.
La caída de delitos federales desde el inicio del sexenio. Foto: Captura de pantalla
Así disminuyó el delito de homicidio doloso. Foto: Captura de pantalla
En el periodo enero-julio 2022, se registraron 18 mil 093 víctimas de homicidio doloso, lo que representa una disminución de 8.7 por ciento respecto a enero-julio 2021 y de 12 por ciento respecto al mismo periodo de 2020. También es una caída del 10.4 por ciento respecto a 2019.
“Quiero decirles con toda seguridad que estamos viendo los buenos resultados y que la pacificación del país se construye cada día. Estamos bajo la directiva presidencial que considera cero impunidad y cero corrupción”, añadió durante la presentación de los datos.
Un par de delitos sí crecieron. Foto: Captura de pantalla
Sin embargo, seis estados concentran el 49 por ciento de los delitos de homicidio doloso en todo el país: Guanajuato, Michoacán, Baja California, Estado de México, Jalisco, Chihuahua. De ellos, Michoacán y Guanajuato presentan cifras a la baja, al igual que el Edomex. Sin embargo, Baja California presenta una tendencia a la alta.
De los delitos del fuero federal, crecieron entre enero y julio aquellos relacionados con armas de fuego y explosivos (3.6 por ciento), comparados con el mismo semestre de 2021, así como los delitos patrimoniales (7.7 por ciento).
El feminicidio se redujo a la mitad desde el pico de 2019. Foto: Captura de pantalla
Los delitos de robo también cayeron. Foto: Captura de pantalla
La Secretaria Rosa Icela informó que el robo total bajó el 23.4 por ciento desde el inicio del sexenio. Asimismo, el robo de vehículos cayó un 43.1 por ciento desde el inicio de la actual administración.
Los robos de autos también cayeron. Foto: Captura de pantalla
El delito de feminicidio cayó un 51.7 por ciento, detalló la funcionaria, esto desde el máximo histórico registrado en agosto de 2021; el secuestro también cayó 81 por ciento desde su peor cifra, en enero de 2019. Pasaron de 185 a 35 víctimas mensuales, preció la Secretaria.
La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana dijo que actualmente “se trabaja con inteligencia, con estrategia y con acciones concretas para minar estructuras criminales”. “Estamos en el camino correcto, en el camino que considera cero impunidad y cero corrupción”, aseguró.
Ciudad de México, 23 de mayo (SinEmbargo).- Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó la mañana de este lunes que el delito de secuestro cayó 74.6 por ciento en abril, un nivel no visto en 10 años; mientras que el homicidio doloso disminuyó 17.1 por ciento durante el mismo mes, esto en comparación con el máximo histórico de 2018.
Durante la presentación del informe mensual de seguridad, destacó que los delitos del fuero federal registran una reducción de 28.4 por ciento desde el inicio de la administración hasta el mes de abril, por lo que “hoy estamos en los niveles más bajos desde hace cuatro años”. “En en general, con la mayoría de los delitos federales estamos teniendo reducciones en su gran mayoría”, afirmó.
Desde Palacio Nacional, la funcionaria explicó que el homicidio doloso bajó 17.1 por ciento, lo que colocó a este mes de abril como el más bajo desde hace cinco años. “Se mantiene esta tendencia con esta disminución a lo que vamos en este mes de abril”, precisó.
Respecto al promedio de la incidencia de este delito, recordó que en el cuatrimestre de enero a abril de 2019 era de 94 asesinatos diarios; en 2020, de 97; en 2021, de 94; y en 2022, de 82.
“Y los promedios que teníamos en 2019, del primer cuatrimestre, entonces fue de 94 homicidios diarios. En 2020 subió, en 2021 se mantuvo y de enero a abril tenemos un promedio de 82 homicidios diarios. Aquí están las cifras de los porcentajes que van hacia la baja”, subrayó Rodríguez Velázquez.
Frente al Presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que seis entidades continúan concentrando casi el 50 por ciento de los homicidios dolosos: Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora.
“Michoacán se sigue registrando la tendencia al alza con una disminución en este último mes de abril. En el caso de Guanajuato, continúa la tendencia hacia la baja y esperamos que se siga teniendo este ritmo”, agregó la Secretaria de Seguridad.
Sobre el Estado de México, comentó que se mantiene la tendencia, pero que este último mes hubo una importante baja en este delito. “En relación con el estado de Baja California, también se ha tenido una baja importante y esperamos que así se siga teniendo porque es muy importante por el tamaño de los sucesos diarios”, añadió.
Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en conferencia de prensa desde Palacio Nacional. Foto: Gobierno de México
“También en el caso de Jalisco se sigue la tendencia, aunque este último mes tuvimos un incremento. En el caso de Sonora, tenemos ya varios meses que estamos hacia la baja”, apuntó frente a los medios de comunicación.
Rosa Icela Rodríguez dijo que en relación con los 50 municipios prioritarios en donde ocurre este delito, se tiene una baja de 16.7 por ciento en el total; no obstante, en 17 municipios se registró un incrementó y en otros 33 hubo una disminución constante, fundamentalmente en los municipios que tienen el mayor número de ellos.
“En relación con los delitos del fuero común, también en la mayoría continúan hacia la baja, manteniéndose aún el tema de la extorsión hacia la alza”, detalló en su intervención.
La servidora pública indicó que el robo total, que es la mayoría de los delitos del fuero común, se redujo 33.6 por ciento desde el inicio de la administración y que sigue la tendencia hacia la baja.
— Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) May 23, 2022
“En el robo de vehículo automotor seguimos con esta tendencia hacia la baja y es un mínimo histórico que se tiene. Esta es la cifra más baja de robo de vehículos desde que se tenga memoria”, enfatizó. Por otra parte, los feminicidios reportaron una baja respecto al máximo histórico que se dio en 2021.
En cuanto al secuestro, desde el máximo histórico de enero de 2019, precisó, “llevamos casi el 75 por ciento de menos víctimas relacionadas con este delito”.
“Esta baja es muy importante porque este mínimo histórico de abril de 2022 no ocurría desde hace como, no tenemos otra cifra igual de este número de secuestros, más de 10 años que en este delito no se veían estos resultados”, declaró la encargada de la SSPC.
Por ello, reconoció el trabajo de la Coordinación Nacional Antisecuestros y de las unidades estatales antisecuestro, pues van cuatro mil 409 detenidos, 487 bandas desarticuladas y mil 922 personas liberadas.
La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana en Palacio Nacional. Foto: Gobierno de México
Asimismo, la Secretaria afirmó que el combate del robo de hidrocarburos continúa arrojando resultados alentadores, ya que de 72 mil barriles diarios que se robaban al principio de la administración, se ha bajado a 6.7 mil barriles diarios, “y el ahorro estimado es de más de 206 mil millones de pesos y diariamente el ahorro es de 165 millones de pesos con las medidas preventivas”.
“Finalmente está el tema de los operativos para la prevención de la toma de casetas y se lleva aquí un ahorro evitando la pérdida de más de seis mil millones de pesos durante 2022 y de 2022 a 2022 de 30 mil 238 millones de pesos”, reveló.
Por último, sostuvo que el informe mensual de seguridad muestra los resultados del esfuerzo conjunto del Gabinete de Seguridad que encabeza el Presidente Andrés Manuel López obrador, así como los reportes de las 32 fiscalías y procuradurías estatales que envían al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública hasta el mes de abril.
“Hay un trabajo muy cercano entre el Gobierno federal, y los gobiernos estatales y municipales que se refleja en la baja de la incidencia delictiva”, concluyó.
“El día de ayer, después de que concluyó la sesión cerca de las 10:00 de la noche, al salir de estas instalaciones y trasladarme a mi domicilio particular, sufrí un atraco a mano armada con intimidación y violencia en el cual intentaron despojarme de mis pertenencias desde el vehículo en el que me trasladaba”, narró la legisladora.
Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- La diputada de Morena, Martha Olivia García Vidaña, denunció que la noche del pasado miércoles, al salir de la sesión del Pleno en la Cámara de Diputados, fue víctima de un robo a mano armada a bordo de su vehículo.
“El día de ayer, después de que concluyó la sesión cerca de las 10:00 de la noche, al salir de estas instalaciones y trasladarme a mi domicilio particular, sufrí un atraco a mano armada con intimidación y violencia en el cual intentaron despojarme de mis pertenencias desde el vehículo en el que me trasladaba”, narró la legisladora.
Por lo ocurrido, pidió a la Mesa Directiva que se exhorte a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo a que cumpla con su responsabilidad de garantizar la seguridad en la Ciudad de México; petición que fue aplaudida por los legisladores.
Además, solicitó que la mandataria capitalina instruya al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, a que intensifique los operativos y estrategias en el combate de delito de robo con violencia.
“Y se preserve el orden público a efecto de salvaguardar la integridad física y los bienes de mis compañeros y de todos los que trabajamos en esta Cámara, así como a la población de la Ciudad de México”, dijo.
Recordó que los delitos del fuero común son más frecuentes, “no podemos acostumbrarnos a ellos actuando con indiferencia, por el contrario, nos reclama alzar la voz y exigir justicia”, concluyó.
La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas, manifestó su respaldo y solidaridad a García Vidaña.
“Lamentamos que usted haya sido víctima de este acontecimiento […] y desde la Mesa Directiva vamos a atender este asunto para poder coadyuvar a que esto no vuelva a suceder”, manifestó.
En México hay cuando menos 1 mil 397 personas inhabilitadas por delitos del fuero común y federal, según el Registro de Servidores Públicos Sancionados. Aquellos inhabilitados por el Gobierno federal (547) en los últimos 4.7 años habrían cometido, sobre todo, negligencia administrativa y abuso de autoridad, aunque también hubo casos de cohecho y extorsión, así como de violación de derechos humanos.
Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).- Siete de cada 10 inhabilitaciones del fuero federal entre enero de 2015 y agosto de 2019 fueron impuestas a funcionarios adscritos a 14 instituciones gubernamentales, entre las que destacan Bansefi, Diconsa, Sagarpa, Sectur, Sedesol, Semarnat, SEP, SFP y Telecomm.
En ese mismo periodo, al menos 547 funcionarios públicos fueron inhabilitados por el Gobierno federal, según datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Las inhabilitaciones (648) registradas en ese periodo representan el 3.7 por ciento de los delitos del fuero federal (17 mil 678) de funcionarios públicos, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
La lista de “sanciones administrativas definitivas” de la SFP indica que sólo en lo que va de 2019, hubo 66 inhabilitaciones a nivel estatal y federal. Sin embargo, la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, ha dicho que durante los primeros seis meses del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador hubo cerca de 400 registros, que forman parte de las más de 2 mil sanciones adjudicadas entre diciembre de 2018 y julio de 2019, además de la aplicación de multas acumuladas durante el periodo, por más de 5 mil millones de pesos.
En los primeros nueve meses del año pasado, por ejemplo, el Gobierno federal registró 897 inhabilitaciones, así como sanciones económicas acumuladas por un total de 956 millones de pesos. Esto es 33 por ciento más inhabilitaciones proporcionales por mes (100 casos) durante 2018, en comparación con 2019 (67 casos), y 83 por ciento menos ingresos por multas proporcionales por mes (106.2 mdp) en 2018, comparado con 2019 (625 mdp).
La diferencia de datos en el listado de sanciones y lo expresado por Sandoval podría deberse a que los datos reflejan “exclusivamente” lo que es reportado por los Órganos Internos de Control y debido a que la información registrada, puede variar “debido a modificaciones o a las anotaciones que se hacen de medios de impugnación” por parte de los funcionarios públicos, según lo establecido en el instructivo del Registro de Servidores Públicos Sancionados (RSPS).
De acuerdo con Sandoval, el Gobierno de AMLO recibió una administración “en llamas, con muchísimos escándalos […] y una falta de organización”. Foto: Graciela López, Cuartoscuro.
Entre enero de 2015 y agosto de 2019, las causas de inhabilitación en dependencias federales más comunes fueron la “negligencia administrativa” por parte de servidores públicos (407 casos), “abuso de autoridad” (93 casos), “violaciones a procedimientos de contratación” (51), “incumplimientos en declaraciones patrimoniales” (33 casos) y la “violación a leyes y normatividad presupuestal” (25 casos).
Además hubo 39 funcionarios públicos separados de su cargo por el “ejercicio indebido de funciones en materia migratoria” y “cohecho y extorsión”, así como “violaciones a los derechos humanos” y la comisión de “otros” ilícitos e irregularidades.
INVESTIGACIÓN Y SANCIONES
En México hay cuando menos 1 mil 397 personas inhabilitadas por delitos del fuero común y federal, según el RSPS. Lo anterior implica un total de 1 mil 722 sanciones administrativas definitivas y en curso a nivel nacional, sin considerar amonestaciones públicas y privadas, destituciones, suspensiones y sanciones económicas.
Más allá de la información pública de la SFP, todos los procedimientos e investigaciones en contra de servidores públicos que están en trámite, que hayan sido resueltos con sanción pero estén en periodo o procedimiento de impugnación, y aquellos concluidos que no hayan derivado en una sanción constituyen información “confidencial”, de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Artículo 110, fracción V).
Por lo anterior, el número de inhabilitaciones podría ser mayor a la información difundida por la SFP. Además, la información acerca del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), de Prevención y Readaptación Social, de la Policía Federal (PF), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del Servicio de Protección Federal “se encuentra clasificada como reservada” en términos de lo dispuesto en la citada Ley (artículos 110 y 113, fracción V en ambos casos).
En la respuesta a la solicitud de información número 0002700257919, la SFP está impedida para dar información adicional a la del RSPS, salvo por el caso del ex titular (2012-2015) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld Federman, sobre quien pesa una sanción económica “firme” sin registros de medios de impugnación, por un monto de 638 mil 653.33 pesos correspondientes al “abuso de autoridad”.
Un mes antes de dicha resolución, el día 30 de marzo de 2015, Korenfeld utilizó un helicóptero de la Conagua para fines personales. Nueve días más tarde, el político priista tuvo que renunciar a su cargo y el 30 de abril, la SFP le impuso la multa sin procedimiento de inhabilitación del ex servicio público.
DELITO EN LAS INSTITUCIONES
Entre los servidores públicos más sancionados a nivel federal estuvieron el ex Alcalde interino de Morelia (2007) en Michoacán, Carlos Macouzet Zamacona, y el otrora gerente de operación (2012) del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), Cesar Alberto Villalon Cubillo, quienes tuvieron 32 y 31 registros de sanción en menos de cinco años, por negligencia administrativa.
Además de ellos hubo 26 ex funcionarios que tuvieron entre dos y seis sanciones de inhabilitación, entre enero de 2015 y lo que va de 2019. Y según la información oficial, el 67 por ciento de las inhabilitaciones (434 de 648 casos) fueron cometidas por servidores públicos adscritos a 14 instituciones que dependen directamente del Gobierno federal.
Los funcionarios del Fonhapo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de Telecomunicaciones de México (Telecomm), de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF) y del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) tuvieron los mayores niveles de incidencia con 66, 55, 53 y 34 casos, respectivamente.
Sin embargo, cuatro secretarías de Estado (Sagarpa, Semarnat, SEP y SFP) y cuatro institutos federales (IMSS, INAPAM, INM e ISSSTE), además de Diconsa y del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y Empresas de Participación Accionaria de la Secretaría de Turismo (Sectur) tuvieron entre 20 y 27 funcionarios públicos inhabilitados, cada una, en un periodo de 4.7 años.
En total hubo 84 instituciones del Gobierno federal cuyos funcionarios públicos fueron inhabilitados por incurrir en faltas administrativas. De las instancias que emitieron las sanciones, los Órganos Internos de Control (OIC) originaron el 97 por ciento de las inhabilitaciones (628 de 648) registradas entre enero de 2015 y agosto de 2019.
Los OIC representan a la SFP al interior de las diferentes dependencias gubernamentales, con la finalidad de “prevenir, detectar y abatir los actos de corrupción” y promover “la transparencia y el apego a la legalidad de los servidores públicos” mediante auditorías y revisiones a los diferentes procesos institucionales, así como a través de la atención de quejas y denuncias ciudadanas, refiere la información del Gobierno federal.
El tres por ciento restante de las inhabilitaciones fue originado por la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la SFP –que lleva el registro de funcionarios públicos sancionados– y por la Contraloría Interna de cada una de las dependencias federales.
Andrés Manuel López Obrador llegará a su Primer Informe de Gobierno con una estrategia de seguridad pública en proceso de consolidación y una crisis de violencia y delitos heredada que se resiste a ceder, pese a las medidas efectuadas.
Las cifras del Gobierno federal indican que, en el último año, los delitos del fuero común aumentaron en 5.4 por ciento: En los primeros siete meses de 2019 hubo 234 ilícitos por hora (12 delitos más por hora que en 2018).
Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se comprometió en abril a consolidar su estrategia de seguridad pública en seis meses (para octubre de 2019). Ya entonces el país estaba inmerso en la peor vorágine de violencia en 22 años, con una ola de homicidios dolosos que cobró la vida de 9 mil 585 personas en el primer cuatrimestre del año, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
“Se desató la violencia pero la estamos estabilizando [para] que no continúe la tendencia de incremento”, explicó el político tabasqueño. Aunque AMLO reconoció que reducir la violencia y la incidencia delictiva tomaría tiempo, aseguró que una vez que la Guardia Nacional tuviera “presencia en todo el país”, su Gobierno podría “garantizar la seguridad pública”.
El compromiso del Primer Mandatario para los primeros seis meses de su administración no sólo implicaba la implementación de un nuevo cuerpo de militares que patrullaría las calles bajo un mando civil. También incluía mejorar las condiciones de la ciudadanía con programas sociales –como Jóvenes Construyendo el Futuro– y erradicar la corrupción.
A nueve meses de recibir la investidura presidencial, López Obrador ofrecerá su Primer Informe de Gobierno. Lo hará con una estrategia de seguridad pública en proceso de consolidación y una crisis de violencia y delitos heredada que se resiste a ceder, pese a las medidas efectuadas, y además en un ambiente crispado por la reciente matanza de 29 personas la noche del pasado martes 27 de agosto en Coatzacoalcos, Vercruz.
Después de los eventos en Coatzacoalcos, dos agencias internacionales de noticias publicaron ayer sendos reportajes en los que advierten que la guerra criminal en México ha tomado dimensiones no vistas. Una es la agencia Associated Press, que tiene impacto global; la otra es la agencia oficial española EFE.
Associated Press o AP, como se le conoce mejor, dijo: “La guerra de México contra el narcotráfico parece haber vuelto, y podría ser peor que la sangrienta ofensiva gubernamental contra los cárteles entre 2006 y 2012.
AP agregó: “Antes la peor parte de la violencia se limitaba a unas pocas ciudades; ahora se extiende por todo el país. Antes no era raro que las bandas matasen a adultos pero dejasen a los menores ilesos; ahora, el asesinato de menores junto a sus padres se ha convertido en algo demasiado frecuente. Y el que quizás sea el cambio más desconcertante: la sangrienta violencia de los cárteles enojó a los mexicanos y acaparó la atención intencional por la guerra contra el narco, que registró 27 mil homicidios durante su apogeo en 2011. Hoy en día, aunque el número de asesinatos en el país se incrementó hasta cerca de 35 mil el año pasado, el derramamiento de sangre parece recibir menos atención y generar menos indignación”.
Casi al mismo tiempo, en su despacho, la agencia EFE dijo: “Una nueva masacre en México, perpetrada por un ajuste de cuentas entre grupos criminales en un bar del estado de Veracruz, demostró esta semana que el narcotráfico sigue matando, frente a una insuficiente estrategia de seguridad del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador”.
La agencia española agregó: “El asesinato este martes de al menos 29 personas en un club nocturno del puerto de Coatzacoalcos, en el este de México, se suma a recientes y truculentos sucesos como el hallazgo de diecinueve cuerpos desmembrados y colgados en un puente de Uruapan (Michoacán) el 8 de agosto”.
El Presidente López Obrador asegura que se reúne “todos los días” con su Gabinete de Seguridad para “garantizar la paz y la tranquilidad de los mexicanos”. Foto: Especial.
La información del Gobierno federal indica que los delitos totales del fuero común aumentaron en 16.8 por ciento real entre diciembre de 2018 y julio de 2019. Inclusive, la tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes durante los primeros siete meses de este año (931) fue 4.4 por ciento superior a la del mismo periodo del año pasado (892).
Pese a que los delitos en general continúan con una tendencia al alza, algunos delitos de alto impacto –como los secuestros y los feminicidios– fueron a la baja en los últimos ocho meses, aunque su incidencia es la más alta desde 2015, de acuerdo con las cifras desagregadas del SESNSP.
Por un lado, los delitos sexuales, los homicidios dolosos y los robos aumentaron en 37.8, 3.2 y dos por ciento respectivamente. Y por otra parte, los feminicidios y los secuestros decayeron en 5.8 y 2.6 por ciento, cada uno, entre diciembre de 2018 y julio de 2019.
Aunque los resultados mensuales reflejan algunos impactos positivos, las tasas de delitos de alto impacto son las más elevadas de los últimos años, salvo en el caso de los robos, cuya incidencia es 2.64 por ciento inferior a la del año pasado y 2.57 por ciento más baja que en 2017.
Mientras la incidencia de homicidios dolosos y delitos sexuales –como violaciones y estupros– es la más alta desde el año 2000, la de secuestros es la más elevada desde 2014. En el caso de los feminicidios, la tasa de este año (0.43) es 139.7 por ciento superior a la del año 2015 (0.18).
LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
Ante la situación de violencia en todo el territorio nacional, el Gobierno federal ha implementado medidas de primer impacto –más allá de programas sociales y reformas de ley– como el despliegue de la Guardia Nacional y las reuniones diarias del Presidente con su Gabinete de Seguridad.
El 28 de abril de este año, la Guardia Nacional comenzó a operar en Ciudad de México y Veracruz. Dos meses después, el 30 de junio, AMLO anunció el despliegue de 70 mil elementos en 150 regiones del país, con la excepción de dos entidades federativas, Baja California Sur y Querétaro, en que la Guardia operaría hasta la segunda etapa de implementación (en julio y septiembre, respectivamente).
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Gobierno federal comprometió el 1.09 por ciento de su gasto programable (20.9 mil millones de pesos) para el gasto en Orden Público y Seguridad Interior. Esta cantidad, que es la más baja como proporción del gasto total desde 2008, es equiparable al costo (de 15 a 20 mil millones de pesos) que tendrá la Guardia Nacional en 2019, según el Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño.
A pesar de la inversión y de la estrategia implementada hasta el momento, en los primeros ocho meses de gobierno de López Obrador hubo 3.4 homicidios dolosos cada hora y hubo también, cuando menos, 14 masacres en nueve entidades federativas –Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz– que robaron cientos de vidas –incluidas las de menores de edad– y volcaron al escrutinio público sobre la estrategia de seguridad pública a nivel nacional.
Aunque aún es imposible saber el impacto que tendrá la Guardia Nacional a mediano y largo plazos, los hechos corroboran que las medidas para revertir la crisis actual de violencia tomarán “algún tiempo” en surtir efecto, tal y como señaló el Presidente AMLO en abril de 2019. Ejemplo de ello es la situación por la que atraviesa Veracruz.
Después de la masacre del 19 de abril de este año en Minatitlán, Veracruz, el Gobierno de López Obrador decidió iniciar operaciones en aquella localidad, así como en los municipios veracruzanos de Coatzacoalcos y Cosoleacaque. Sin embargo, aún con el despliegue de más de 1 mil 059 elementos, el pasado 27 de agosto 26 personas fueron acribilladas en Coatzacoalcos, en que una tragedia de tal magnitud no se repetía desde abril de 2016, cuando la planta de Petróleos Mexicanos (Pemex) Clorados III estalló, dejando como resultado 23 personas fallecidas.
Más allá de las medidas de primer impacto, la “Estrategia Nacional de Seguridad para el periodo 2018-2024” del Gobierno federal establece cuatro líneas de acción para pacificar al país: coordinación institucional; cooperación entre los tres niveles de Gobierno; orden gubernamental contra la corrupción, la impunidad y el influyentismo; y la dignificación y mejoramiento de los cuerpos de seguridad.
Durante su sexenio y de acuerdo con el “Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”, AMLO propone reducir los delitos de alto impacto –como robos y homicidios– en un 50 por ciento y disminuir en 15.6 puntos porcentuales la tasa general de delitos por cada 100 mil habitantes.
Lo anterior implicaría una disminución promedio mensual de 0.7 por ciento mensual en la incidencia de robos y homicidios, y de 0.2 por ciento en la tasa general. Sin embargo, en los primeros ocho meses del Gobierno de AMLO, la incidencia de robos y homicidios aumentó a un ritmo mensual de 0.3 por ciento, y la tasa de delitos del fuero común fue al alza en 2.4 por ciento, cada mes.
Empero, han habido avances en los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno federal, como en el caso de la reforma al Artículo 19 Constitucional para tipificar la corrupción, el fraude electoral y el robo de combustible como ilícitos graves que ameriten prisión preventiva oficiosa; la implementación de programas sociales –Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensión para Adultos Mayores, Zona Especial de la Frontera Norte, entre otros–; y las reuniones diarias del Presidente con el Gabinete de Seguridad.
CRIMEN Y VIOLENCIA EN LOS ESTADOS
Colima, Baja California Sur, Baja California, Querétaro, Quintana Roo, Ciudad de México, Aguascalientes, Tabasco y Guanajuato fueron las entidades federativas con las tasas de incidencia delictiva más altas a nivel nacional, entre diciembre de 2018 y julio de 2019. En estos nueve estados en promedio, dos de cada 100 habitantes fueron víctimas de algún ilícito.
En cambio Michoacán, Yucatán, Guerrero, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Chiapas, Nayarit, Tlaxcala y Campeche tuvieron los niveles más bajos, con cuatro casos por cada mil habitantes.
Las entidades con mayores índices de homicidios dolosos –en ese mismo periodo– fueron Colima, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Guanajuato, Morelos y Quintana Roo con cuatro casos, en promedio, por cada 10 mil habitantes. En contraste, Estado de México, San Luis Potosí, Nayarit, Tlaxcala, Baja California Sur, Chiapas, Hidalgo, Durango, Querétaro, Coahuila, Campeche, Aguascalientes y Yucatán tuvieron los índices más bajos con un promedio de un caso por cada 10 mil habitantes.
En el caso de los secuestros, las entidades federativas (dos casos por cada 100 mil habitantes) más peligrosas fueron Veracruz, Morelos, Zacatecas, Ciudad de México, Colima, Tabasco y Guerrero. Coahuila, Querétaro, Chihuahua, Chiapas, Nuevo León, Sonora, Campeche, Sinaloa, Nayarit, Baja California Sur, Baja California, Jalisco, Guanajuato, Durango y Yucatán fueron en cambio las menos riesgosas (0.2 casos por cada 100 mil habitantes).
Asimismo, en los primeros ocho meses del sexenio de AMLO, los robos sucedieron con mayor frecuencia (siete casos por cada mil habitantes) en Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo, Baja California Sur, Baja California, Colima, Jalisco, Aguascalientes, Tabasco, Estado de México y Morelos. Las entidades federativas con menores índices (un caso por cada mil habitantes) fueron Tamaulipas, Michoacán, Oaxaca, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz, Tlaxcala, Coahuila, Guerrero, Sonora, Yucatán, Chiapas, Campeche y Nayarit.
Quintana Roo, Baja California Sur, Chihuahua, Baja California, Ciudad de México, Tabasco y Querétaro además tuvieron el mayor número de casos de violaciones, estupros y delitos sexuales (cinco casos por cada 10 mil habitantes) a nivel federal. En contraste, los estados con los niveles más bajos (un caso por cada 10 mil habitantes) fueron Chiapas, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Guerrero, Michoacán, Yucatán, Veracruz y Tlaxcala.
En cuanto a los feminicidios se refiere, Veracruz, Morelos, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Chihuahua, Nuevo León y Coahuila fueron los estados más letales (un caso por cada 100 mil habitantes). Zacatecas, Durango, Querétaro, Yucatán, Michoacán, Chiapas, Tlaxcala, Guanajuato, Aguascalientes, Tamaulipas, Campeche y Baja California Sur tuvieron los niveles más bajos (0.2 casos por cada 100 mil habitantes).
En México hay 850 funcionarios públicos inhabilitados por los gobiernos de las entidades federativas, con sanciones que van de dos meses a 88 años fuera del servicio público, por delitos menores como irregularidades en declaraciones patrimoniales, hasta ilícitos de corrupción graves, como desvío de recursos, cohecho y extorsión.
Las cifras del Gobierno federal indican que menos del uno por ciento de los delitos del fuero común, que fueron cometidos por servidores públicos, implicaron inhabilitaciones en los últimos cuatro años.
Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- Uno de cada 100 delitos cometidos por servidores públicos entre enero de 2015 y julio de 2019, fue sancionado con la inhabilitación del funcionario a nivel estatal, según datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En ese periodo, la SFP registró 672 resoluciones de inhabilitación de servidores públicos por los gobiernos de los estados, mientras que el SESNSP reconoció 69 mil 736 delitos (de funcionarios) del fuero común, que son aquellos registrados por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas.
Lo anterior implica que el 0.96 por ciento de los ilícitos cometidos por servidores públicos a nivel local mereció una sanción administrativa y/o penal por parte de las autoridades estatales. Esto sin considerar las medidas “resarcitorias” (o multas) impuestas por las autoridades de los estados de la República Mexicana.
Sin embargo, en los últimos 19 años hubo 1 mil 074 conductas sancionadas por los gobiernos estatales, que resultaron en la inhabilitación de 850 funcionarios públicos. Puebla y la Ciudad de México encabezan la lista con 298 y 152 registros de inhabilitación, respectivamente.
Entre enero de 2000 y agosto de 2019, las conductas sancionadas más comunes fueron la de “negligencia administrativa” (684 casos), “violación a leyes y normatividad presupuestal” (183 casos), “abuso de autoridad” (87 casos) e “incumplimiento en la declaración de situación patrimonial” (71 casos).
Los funcionarios públicos también fueron inhabilitados –a nivel estatal– por incurrir en “violaciones de procedimientos de contratación” (24 casos), “cohecho o extorsión” (18 casos) y otros “delitos cometidos por servidores públicos” (siete casos).
Uno de los casos más conocidos de negligencia administrativa es el de Antonio Tarek Abdalá Saad, ex tesorero de Veracruz (2012-2015) durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa (2010-2016).
Abdalá, quien fue investigado por presuntos desvíos de recursos por casi 55 mil millones de pesos y quien ha sido vinculado con el crimen organizado de Tierra Blanca, en Veracruz, no podrá trabajar en el estado hasta el año 2029, de acuerdo con el registro de la SFP.
El también ex Diputado federal priista (2015-2018) fue sancionado dos veces en 2016, primero por cinco años y luego por siete años más, producto de una denuncia ciudadana y de una denuncia de servidor público, respectivamente.
EL DELITO EN LOS ESTADOS
“La inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público será impuesta por la [SFP], el contralor interno o el titular del área de responsabilidades”, según el Artículo 16 (fracción III) de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP).
De 2000 a la fecha, la mayor parte (91.5 por ciento) de las inhabilitaciones de funcionarios públicos en las entidades federativas fueron emitidas por las contralorías estatales (624 casos), municipales (245 casos) y/o generales (114 casos). Pero también fueron imputadas por los congresos estatales (70 casos), los tribunales superiores de justicia de los estados (nueve), el Poder Judicial estatal (cinco), los tribunales unitarios de circuito (tres) y de lo contencioso administrativo (dos), así como por las contralorías internas y los juzgados del fuero común de los estados (un caso cada uno).
La mayoría (93.8 por ciento) de las imputaciones durante el periodo inició por denuncias de servidores públicos (522 casos), quejas o denuncias ciudadanas (274 casos) y auditorías de las autoridades estatales (211 casos), aunque también hubo sanciones causadas por investigaciones internas (24 casos), observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (22 casos), incumplimientos detectados en las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos (16 casos) y denuncias penales (cinco casos).
Cuando un funcionario público es inhabilitado, puede volver a trabajar en las instancias gubernamentales, una vez transcurrido el plazo de la inhabilitación impuesta. Sin embargo, cuando la sanción es mayor a 10 años de inhabilitación, “se requerirá que el titular de la dependencia o entidad a la que pretenda ingresar, dé aviso a la [SFP], en forma razonada y justificada, de tal circunstancia”, se lee en el Artículo 13 (fracción V párrafo sexto) de la LFRASP.
Entre 2000 y 2019, cada una de las sanciones de inhabilitación en contra de 850 servidores públicos a nivel estatal implicaron la imposibilidad para desempeñar un empleo, cargo o comisión gubernamental por un periodo mínimo de dos meses y por un máximo de 33 años. En promedio, las inhabilitaciones fueron por 6.8 años.
La LFRASP establece penas de suspensión de funciones de tres días a tres meses, así como la posibilidad de ser inhabilitado de uno a cinco años, para todo aquel funcionario público que mienta “deliberadamente” en su declaración patrimonial (Artículo 37, fracción III, noveno párrafo). Asimismo, las omisiones “sin causa justificada” en las declaraciones patrimoniales conllevan inhabilitaciones de seis meses a un año (Artículo 37, fracción III, sexto párrafo).
En el caso de los servidores públicos que incurran en actos u omisiones que impliquen “beneficio o lucro, o cause daños o perjuicios”, la inhabilitación será de uno a 10 años si el monto defraudado es inferior a 200 veces el salario mínimo general mensual vigente (616 mil 080 pesos), y de 10 a 20 años si excede dicho límite o incurre en “conductas graves” (Artículo 13, fracción V, párrafo tercero).
Las entidades federativas con mayor número de inhabilitaciones promedio por año (2000-2019) fueron Puebla (22.9 casos), Jalisco (13 casos), Guanajuato (11 casos), Ciudad de México (9.5 casos), Morelos (7.3 casos), Baja California (6.7 casos) y Sonora (6.2 casos).
En cambio Baja California Sur, Colima, Nayarit y Querétaro (un caso cada uno) tuvieron las incidencias más bajas, junto con Campeche (1.3 casos), Veracruz (1.5 casos), Coahuila (1.6 casos) y Chiapas (1.7 casos).
Los estados de Durango, Estado de México, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas no tuvieron registros durante el periodo, ante la SFP.
El bajo nivel o la falta de inhabilitaciones no implica la reducida o inexistente comisión de ilícitos por parte de los servidores públicos.
Ejemplo de ello son las cifras del Secretariado Ejecutivo que indican que, entre enero de 2015 y julio de 2019, hubo 2 mil 046 delitos del fuero común de funcionarios públicos que fueron cometidos en Durango, Estado de México, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas.
Asimismo, los datos del SESNSP refieren que la Ciudad de México, el Estado de México y Nuevo León fueron las entidades con más incidencia promedio anual de delitos del fuero común por parte de funcionarios públicos, en 2015-2019.
Durante ese periodo, en la capital del país hubo registro de 3 mil 621 casos en promedio por año, mientras que en el Edomex hubo 2 mil 445 casos y en Nuevo León 1 mil 700 casos.
LOS FUNCIONARIOS MÁS SANCIONADOS
Entre enero de 2000 y agosto de 2019, el número de inhabilitaciones impuestas por los gobiernos estatales fue 13 veces mayor (variación real), aunque el número de inhabilitaciones en lo que va de este año es 62 veces superior (variación relativa) a las acumuladas durante el año 2000.
Lo anterior quiere decir que el número de inhabilitaciones –y de funcionarios inhabilitados– ha ido al alza en los últimos 19 años. Inclusive, el índice de inhabilitaciones por cantidad de ilícitos (de funcionarios) del fuero común aumentó en 20 por ciento entre los cierres de 2015 y 2018, al pasar de uno a 1.2 de cada 100 casos.
Hoy en día hay 850 servidores públicos inhabilitados a nivel estatal, de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública. Pero este año, 126 inhabilitaciones expirarán; y en el transcurso de los próximos cinco años (2020-2024) 676 inhabilitaciones adicionales vencerán, y cientos de ex funcionarios sancionados podrían volver a trabajar para los gobiernos de las entidades federativas.
Tal es el caso del ex tesorero (2012-2015) de la Alcaldía de San Miguel de Allende (Guanajuato) Jaime Cirilo Labrada Araiza, quien además de haber sido inhabilitado en 19 ocasiones y vinculado a proceso por el delito de peculado, fue investigado por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato por el supuesto desvío –como tesorero– de más de 400 mil pesos del erario público local.
De acuerdo con los registros de la SFP, Labrada es el ex funcionario público con más inhabilitaciones en los últimos 19 años y estará inhabilitado hasta el año 2021, por cometer negligencia administrativa y violar la normatividad presupuestal.
A diferencia del ex tesorero de San Miguel de Allende y de los ex servidores públicos cuya sanción expirará en los próximos cinco años, hay ex servidores públicos cuyas inhabilitaciones (acumuladas) expirarán en un periodo de seis a 88 años más, a partir de 2019. Entre ellos están los cinco ex funcionarios –además de Labrada– con más inhabilitaciones en 2000-2019.
Brigido Enrique Tapia Avilés, Geovanny Julián Martínez Jasso y Germán de Jesús Tenorio Vasconcelos fueron inhabilitados en nueve ocasiones cada uno, entre 2016 y 2018, por delitos de negligencia administrativa y por violar la normatividad presupuestal.
En 2012, el ex Gobernador de Oaxaca Gabino Cué Monteagudo (izq.) y el ex titular de Salud estatal Germán Tenorio Vasconcelos (der.) celebraron la Semana Nacional de Salud. Foto: Arturo Pérez Alfonso, Cuartoscuro.
El primero, un ex funcionario capitalino que hasta el año pasado laboró para la contratista gubernamental Constructora e Ingeniería Herayax, fue acusado por soliviar irregularidades en el manejo de trámites y servicios gubernamentales, e inhabilitado por ello hasta el año 2107.
Martínez Jasso, por su parte, estará inhabilitado hasta el año 2059 por realizar cobros en ventanilla sin reportar los ingresos monetarios, cuando fungía como cajero adscrito de la subdelegación Otay del Ayuntamiento de Tijuana, en Baja California. Uno de estos delitos fue asentado en el expediente RES/149/2017 de la Dirección de Responsabilidades de la Sindicatura Procuradora del Ayuntamiento de Tijuana, en que Martínez es acusado del robo de 1 mil 682 pesos correspondientes al pago del impuesto predial de un ciudadano, durante el ejercicio fiscal 2017.
En el caso de Tenorio Vasconcelos, ex secretario de salud de Oaxaca y cercano colaborador del ex Gobernador Gabino Cué Monteagudo (2010-2016), existen varios juicios penales en su contra por uso indebido de recursos públicos, enriquecimiento ilícito y conflictos de interés (causas penales 54/2017 y 610/2017). Por violar la normatividad presupuestal, el Gobierno de Oaxaca lo inhabilitó en 2016, por un periodo de 83 años (hasta el año 2099).
Entre los funcionarios más sancionados, también están la ex subdirectora adscrita al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de Sonora, Marla María Ruiz Figueroa, y el otrora jefe de la Unidad Departamental de Infraestructura de la Delegación Iztapalapa de la Ciudad de México, Alfonso Rivera Granados.
Ruiz Figueroa, quien fuera sancionada entre 2013 y 2014 (determinación de responsabilidad número SPS/201/14 BIS) por irregularidades en sus declaraciones patrimoniales, fue inhabilitada en ocho ocasiones por cometer negligencia administrativa y violar la normatividad presupuestal. Por estas violaciones, estará fuera del servicio público hasta el año 2032.
Sobre Rivera Granados, quien fue inhabilitado siete veces y no podrá asumir cargos públicos hasta el año 2071, asimismo pesan varios cargos de negligencia administrativa. Entre 2001 y 2006, por ejemplo, fue destituido e inhabilitado en seis ocasiones, por irregularidades en contratos de obra pública que, asimismo, le supusieron sanciones económicas por un total de 26 millones 906 mil 649.72 pesos, de acuerdo con el Diario de los Debates de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, año 3, número 02.
Entre los sexenios de Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), el Estado mexicano mantuvo a ex titulares del Ejecutivo federal con pensiones vitalicias, seguros y aguinaldos, además de protegerlos con elementos de las Fuerzas Armadas y una plantilla de empleados a su disposición. Mientras la élite política estaba segura, la Nación sufrió un repunte de violencia que arrancó miles de vidas, que provocó más de 40 mil desapariciones forzadas, y que perjudica, en la actualidad, a la mayor parte de la población.
Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).- El Estado Mayor Presidencial (EMP) garantizó la seguridad de la élite política de México durante los sexenios de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, mientras el Estado fue incapaz de contener la violencia y la ola de delitos del fuero común.
Entre 2008 y 2018, el EMP recibió 795 millones de pesos anuales en promedio para garantizar la seguridad de presidentes y ex presidentes de la República, de sus respectivas familias, además de mandatarios y altos funcionarios nacionales y extranjeros protegidos por ordenes del Poder Ejecutivo federal, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 4 del Reglamento del EMP.
El órgano técnico militar que costó 8.7 mil millones de pesos en 11 años, despidió en noviembre del año pasado al ex Presidente Enrique Peña Nieto con 21 disparos de salva de cañón. Una semana más tarde, el EMP se despidió de sus labores; el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prescindió de sus servicios a partir del día 3 de diciembre de 2018, como parte de sus promesas de campaña política.
“Tomé esa decisión porque no necesitamos 8 mil elementos para cuidar la seguridad del Presidente de la República. Voy a tener 20 ayudantes y me va a cuidar el pueblo de México”, dijo AMLO en septiembre del año pasado.
Con el Estado Mayor fuera de juego, los ex presidentes –como Fox, Calderón y Peña– también se quedaron sin escoltas. Pero el fin de semana pasado, López Obrador informó la creación de una “guardia especial” para proteger –con ocho elementos militares– al ex Presidente Vicente Fox, luego de que un grupo armado tratara, supuestamente, de irrumpir en su domicilio en el estado de Guanajuato.
En 2018, el año más violento para México según el Índice de Paz 2019, hubo 120 asesinatos por día, de acuerdo con las cifras oficiales del Gobierno federal. Foto: Margarito Pérez Retana, Agencia Cuartoscuro.
Asimismo, AMLO dio a conocer que el ex Presidente Felipe Calderón, quien dio inicio a la guerra contra el narcotráfico en 2006, también estaba siendo protegido por una guardia militar, a petición expresa del otrora panista.
“He instruido al General Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa, para crear una guardia de seguridad que proteja al ex Presidente Fox y su familia con eficacia, pero sin los excesos que mantenían antes del cambio de régimen”, dijo AMLO el 6 de abril de 2019.
Ese mismo día, mientras Fox exigía guardias pagados con recursos del Estado, la entidad federativa donde nació (Guanajuato) sufrió una racha de violencia que acabó con una veintena de vidas, incluido dos menores de 5 y 7 años de edad.
Entre 2017 y 2018, dicho estado tuvo el mayor deterioro en materia de seguridad, con un alza de 127 por ciento de su tasa de homicidios, según datos del Índice de Paz México (IPM) 2019. Esto en un país en que 93 millones de mexicanos viven en condiciones de violencia y donde la delincuencia organizada ha ido en aumento, al menos desde 2006, con 11.6 por ciento más en 2017-2018, de acuerdo con cifras del Instituto para la Economía y la Paz (IEP).
La “crisis de violencia” que azota al territorio nacional se debe a la debilidad de las instituciones de seguridad y de justicia, pero sobre todo, a la incapacidad del Estado mexicano para pacificar al país, explicó ayer el director del IEP Carlos Juárez, durante la presentación del IPM 2019.
VIOLENCIA Y PRIVILEGIOS
En un México en que hubo más de 34 millones de delitos cometidos en 2017, donde más del 97 por ciento de los crímenes quedó impune, en que la cifra negra (delitos no denunciados) supera el 90 por ciento de los casos, donde el gasto en el sistema de justicia “es la mitad del promedio de la OCDE” y en que hubo un repunte de la violencia en 2018, según datos del IPM 2019, el Estado tiró la casa por la ventana para proteger y cuidar a sus ex presidentes.
Durante años, el Estado mantuvo a ex titulares del Ejecutivo federal con una pensión vitalicia, un seguro de gastos médicos mayores y un aguinaldo, además de protegerlos con elementos de las fuerzas armadas y poner a su disposición una plantilla de al menos 25 empleados para que desarrollaran cualquier actividad.
Inclusive, el 23 de enero de 2004, durante el sexenio de Fox, el Reglamento del EMP fue modificado para actualizar la estructura, organización y funcionamiento del Estado Mayor como órgano técnico militar y como unidad administrativa de Presidencia de la República. Con el aumento de atribuciones, empero, coincidió el aumento sostenido del presupuesto del EMP.
Las cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indican que, entre 2008 y 2018, el presupuesto del Estado Mayor tuvo un aumento real de 48 puntos porcentuales.
A pesar de que en ese mismo periodo el gasto federal en seguridad pública fue incrementado en 84 por ciento (de 22.9 a 47.3 mil mdp), los recursos federales y estatales de algunos de los principales subsidios para la erradicación de la violencia nacional no tuvieron la misma prioridad que el cuidado de la alta burocracia mexicana y fueron a la baja.
El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PRONAPRED), por ejemplo, tuvo 18 por ciento menos recursos entre 2013 y 2018. Esto implicó un déficit de 2.2 mil millones de pesos para una de las estrategias más importantes de la Secretaría de Gobernación (Segob), en la atención de factores de riesgo y protección vinculados al crimen.
Asimismo, los recursos públicos estatales destinados al Sistema de Seguridad Pública Nacional fueron a la baja entre 2008 y 2018. En ese tiempo, el presupuesto en este rubro decreció en poco menos de un punto porcentual, con un déficit presupuestario de 6 millones de pesos.
En cambio, otras estrategias nacionales de combate a la violencia y al crimen tuvieron un incremento presupuestario proporcionalmente menor al del EMP –por parte del Poder Ejecutivo federal– durante el periodo 2008-2018.
El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP), que está previsto en la Ley de Coordinación Fiscal y que sirve para que los estados den cumplimiento a las estrategias nacionales en materia de seguridad pública, tuvo un incremento real de 18 por ciento en 11 años, equivalente a 989.5 millones de pesos adicionales.
Entre las excepciones, no obstante, estuvieron el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) –creado en 2016 con la fusión de subsidios como el SUBSEMUN y el SPA– y las erogaciones para la “profesionalización de las instituciones de seguridad pública” de la Segob.
Mientras que el presupuesto del FORTASEG aumentó en 51 por ciento real con 1.3 mil millones adicionales, los recursos destinados a la profesionalización institucional fueron duplicados, al pasar de 585.7 millones en 2008, a 1.5 mil millones en 2018.
Con todo y aumento presupuestario al gasto federal en seguridad pública, el aumento de recursos no se tradujo en mejores niveles de paz en México.
En el periodo que va de 2000 a 2018, la tasa general de crímenes por cada 100 mil habitantes en México aumentó en nueve puntos porcentuales, equivalente a 723 mil 560 reportes adicionales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Asimismo, la tasa de homicidios aumentó en 57 por ciento con 39 mil 488 casos más. Sin embargo, sólo en 2018, el repunte de 14 por ciento en la tasa de asesinatos implicó 34 mil vidas perdidas adicionales a las de 2017, según cifras del IPM 2019.
En México, la “falta de profesionalización” de las instituciones de seguridad, de organización y de prevalecía del uso de la inteligencia sobre la fuerza en el combate a la violencia son algunos factores que minan el desarrollo de paz en México, comentó Leonel Fernández, directivo del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, durante la presentación del IPM 2019.
Según las cifras más recientes del IEP, “México tiene tan sólo 3.5 jueces y magistrados por cada 100 mil habitantes, muy por debajo del promedio global de 16”, cuyo déficit se traduce en menor número de casos en tribunales, bajas tasas de condenas y por ende, más impunidad.
Esta situación se ve agravada ya que, hasta 2017, “los estados mexicanos registraron una mediana de 110 elementos de seguridad pública por cada 100 mil habitantes, lo que muestra la falta de recursos humanos suficientes”.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
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