En México hay cuando menos 1 mil 397 personas inhabilitadas por delitos del fuero común y federal, según el Registro de Servidores Públicos Sancionados. Aquellos inhabilitados por el Gobierno federal (547) en los últimos 4.7 años habrían cometido, sobre todo, negligencia administrativa y abuso de autoridad, aunque también hubo casos de cohecho y extorsión, así como de violación de derechos humanos.
Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).- Siete de cada 10 inhabilitaciones del fuero federal entre enero de 2015 y agosto de 2019 fueron impuestas a funcionarios adscritos a 14 instituciones gubernamentales, entre las que destacan Bansefi, Diconsa, Sagarpa, Sectur, Sedesol, Semarnat, SEP, SFP y Telecomm.
En ese mismo periodo, al menos 547 funcionarios públicos fueron inhabilitados por el Gobierno federal, según datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Las inhabilitaciones (648) registradas en ese periodo representan el 3.7 por ciento de los delitos del fuero federal (17 mil 678) de funcionarios públicos, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
La lista de “sanciones administrativas definitivas” de la SFP indica que sólo en lo que va de 2019, hubo 66 inhabilitaciones a nivel estatal y federal. Sin embargo, la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, ha dicho que durante los primeros seis meses del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador hubo cerca de 400 registros, que forman parte de las más de 2 mil sanciones adjudicadas entre diciembre de 2018 y julio de 2019, además de la aplicación de multas acumuladas durante el periodo, por más de 5 mil millones de pesos.
En los primeros nueve meses del año pasado, por ejemplo, el Gobierno federal registró 897 inhabilitaciones, así como sanciones económicas acumuladas por un total de 956 millones de pesos. Esto es 33 por ciento más inhabilitaciones proporcionales por mes (100 casos) durante 2018, en comparación con 2019 (67 casos), y 83 por ciento menos ingresos por multas proporcionales por mes (106.2 mdp) en 2018, comparado con 2019 (625 mdp).
La diferencia de datos en el listado de sanciones y lo expresado por Sandoval podría deberse a que los datos reflejan “exclusivamente” lo que es reportado por los Órganos Internos de Control y debido a que la información registrada, puede variar «debido a modificaciones o a las anotaciones que se hacen de medios de impugnación” por parte de los funcionarios públicos, según lo establecido en el instructivo del Registro de Servidores Públicos Sancionados (RSPS).
Entre enero de 2015 y agosto de 2019, las causas de inhabilitación en dependencias federales más comunes fueron la «negligencia administrativa” por parte de servidores públicos (407 casos), “abuso de autoridad” (93 casos), “violaciones a procedimientos de contratación” (51), “incumplimientos en declaraciones patrimoniales” (33 casos) y la “violación a leyes y normatividad presupuestal” (25 casos).
Además hubo 39 funcionarios públicos separados de su cargo por el “ejercicio indebido de funciones en materia migratoria” y “cohecho y extorsión”, así como “violaciones a los derechos humanos” y la comisión de “otros” ilícitos e irregularidades.
INVESTIGACIÓN Y SANCIONES
En México hay cuando menos 1 mil 397 personas inhabilitadas por delitos del fuero común y federal, según el RSPS. Lo anterior implica un total de 1 mil 722 sanciones administrativas definitivas y en curso a nivel nacional, sin considerar amonestaciones públicas y privadas, destituciones, suspensiones y sanciones económicas.
Más allá de la información pública de la SFP, todos los procedimientos e investigaciones en contra de servidores públicos que están en trámite, que hayan sido resueltos con sanción pero estén en periodo o procedimiento de impugnación, y aquellos concluidos que no hayan derivado en una sanción constituyen información “confidencial”, de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Artículo 110, fracción V).
Por lo anterior, el número de inhabilitaciones podría ser mayor a la información difundida por la SFP. Además, la información acerca del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), de Prevención y Readaptación Social, de la Policía Federal (PF), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del Servicio de Protección Federal «se encuentra clasificada como reservada» en términos de lo dispuesto en la citada Ley (artículos 110 y 113, fracción V en ambos casos).
En la respuesta a la solicitud de información número 0002700257919, la SFP está impedida para dar información adicional a la del RSPS, salvo por el caso del ex titular (2012-2015) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld Federman, sobre quien pesa una sanción económica “firme” sin registros de medios de impugnación, por un monto de 638 mil 653.33 pesos correspondientes al “abuso de autoridad”.
Un mes antes de dicha resolución, el día 30 de marzo de 2015, Korenfeld utilizó un helicóptero de la Conagua para fines personales. Nueve días más tarde, el político priista tuvo que renunciar a su cargo y el 30 de abril, la SFP le impuso la multa sin procedimiento de inhabilitación del ex servicio público.
DELITO EN LAS INSTITUCIONES
Entre los servidores públicos más sancionados a nivel federal estuvieron el ex Alcalde interino de Morelia (2007) en Michoacán, Carlos Macouzet Zamacona, y el otrora gerente de operación (2012) del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), Cesar Alberto Villalon Cubillo, quienes tuvieron 32 y 31 registros de sanción en menos de cinco años, por negligencia administrativa.
Además de ellos hubo 26 ex funcionarios que tuvieron entre dos y seis sanciones de inhabilitación, entre enero de 2015 y lo que va de 2019. Y según la información oficial, el 67 por ciento de las inhabilitaciones (434 de 648 casos) fueron cometidas por servidores públicos adscritos a 14 instituciones que dependen directamente del Gobierno federal.
Los funcionarios del Fonhapo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de Telecomunicaciones de México (Telecomm), de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF) y del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) tuvieron los mayores niveles de incidencia con 66, 55, 53 y 34 casos, respectivamente.
Sin embargo, cuatro secretarías de Estado (Sagarpa, Semarnat, SEP y SFP) y cuatro institutos federales (IMSS, INAPAM, INM e ISSSTE), además de Diconsa y del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y Empresas de Participación Accionaria de la Secretaría de Turismo (Sectur) tuvieron entre 20 y 27 funcionarios públicos inhabilitados, cada una, en un periodo de 4.7 años.
En total hubo 84 instituciones del Gobierno federal cuyos funcionarios públicos fueron inhabilitados por incurrir en faltas administrativas. De las instancias que emitieron las sanciones, los Órganos Internos de Control (OIC) originaron el 97 por ciento de las inhabilitaciones (628 de 648) registradas entre enero de 2015 y agosto de 2019.
Los OIC representan a la SFP al interior de las diferentes dependencias gubernamentales, con la finalidad de «prevenir, detectar y abatir los actos de corrupción” y promover «la transparencia y el apego a la legalidad de los servidores públicos” mediante auditorías y revisiones a los diferentes procesos institucionales, así como a través de la atención de quejas y denuncias ciudadanas, refiere la información del Gobierno federal.
El tres por ciento restante de las inhabilitaciones fue originado por la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la SFP –que lleva el registro de funcionarios públicos sancionados– y por la Contraloría Interna de cada una de las dependencias federales.
