La contrarreforma eléctrica del Gobierno federal plantea cerrarle la cortina a las empresas privadas que han hecho negocio al instalar megaproyectos eólicos y solares para venderle energía a la CFE, entre ellas, transnacionales actualmente cuestionadas en Europa por manipular tarifas eléctricas como la española Iberdrola.
Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).– La española Iberdrola, vinculada al expanista Felipe Calderón Hinojosa, y la estadounidense IEnova, ligada al priista Luis Téllez Kuénzler, son dos de las empresas nacionales y extranjeras que obtuvieron con la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto parte de los 346 permisos vigentes para proyectos eólicos y solares que en su mayoría vende la energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Pero de aprobarse la iniciativa presidencial en la materia, se “desmantelará” esta industria, advierten sus representantes.
Pese a que está prevista la participación de la iniciativa privada en 46 por ciento en la generación de energía incluyendo las “limpias”, en las que también participa Grupo México Energía –del magnate Germán Larrea–, la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) y la Asociación de Energía Solar (Asolmex), con más de 180 socios en conjunto, aseguran que todo el sector quedará en manos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que que es una “expropiación indirecta” en los hechos.
“Aunque la propia iniciativa dice que los privados pueden hacer algo [generar el 46 por ciento frente al 54 por ciento por la CFE], la realidad es que sólo el Estado puede. Si te dicen que tu licencia ya no existe, como lo plantea el cambio al artículo 25 constitucional, ¿podrías salir a manejar tu coche? Es ambigua, pero especifica que todo el control quedará arbitrariamente en las manos de la CFE”, subraya Julio Valle, portavoz de ambas agrupaciones.
El Presidente Felipe Calderón Hinojosa con José Ignacio S. Galan, presidente y consejero de Iberdrola en 2010. Foto: Archivo, Cuartoscuro.
De aprobarse en el Congreso la reforma eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se augura la presentación de amparos de las empresas que generan energía renovables, pero estas mismas no han estado exentas en México de violaciones a los derechos humanos en los sitios donde han instalado los proyectos como casos documentados en Yucatán y Oaxaca.
Aunque Valle afirma que las empresas saben cómo desarrollar los proyectos a manera de “mitigar y minimizar cualquier impacto que puedan tener hacia el medio ambiente o la sociedad”, Pablo Ramírez, especialista en energía y cambio climático de Greenpeace México, afirma que eso no es así.
“Sólo pintan los fierros de verde”, asegura Ramírez, quien recomienda a la CFE liderar la transición energética para que no sólo sea tecnológica, sino de respeto a los derechos humanos y considerando los límites ambientales.
“El modelo de megaproyectos que estaban impulsando las empresas privadas en renovables tampoco es una solución a los problemas socioambientales, porque siguen la misma lógica extractiva que los fósiles y de minerías. Desplazan a las comunidades de manera violenta de su territorio”, acusa.
Tanto Iberdrola como IEnova son trasnacionales asociadas al fenómeno de la puerta giratoria y actualmente la española es investigada por posible manipulación de las tarifas de energía en el marco del aumento histórico en las tarifas eléctricas en España, que ahora oscila en un 500 por ciento más que en 2018, cuando comenzó el gobierno de Pedro Sánchez.
Iberdrola llegó a México en la década de los noventa, pero a la par de la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza y, con contratos de la CFE, despegó durante el sexenio de Felipe Calderón, quien en julio de 2016 fue incorporado al consejo de administración de su filial en Estados Unidos, Avangrid.
Georgina Kessel Martínez, quien fue Secretaria de Energía durante su sexenio y presidenta de la Junta de Gobierno de la CFE, se integró como vocal en el consejo de administración de Iberdrola España el 24 de abril de 2013, cinco meses después de haber dejado su cargo en la administración pública.
IEnova es la filial en México de la norteamericana Sempra Energy, en cuyo consejo de dirección participa desde 2006 Luis Téllez Kuénzler, exsecretario de Energía (1997-2000) de Ernesto Zedillo.
VIENEN MÁS AMPAROS
Los más de 300 proyectos eólicos y solares de ambas asociaciones representan 19 mil millones de dólares de inversión nacional y extranjera, y más de 86 mil empleos, así como la instalación de paneles solares a más de 240 mil hogares o pequeños comercios mediante la generación distribuida. Pero de aprobarse la reforma propuesta, sentencia el vocero Julio Valle, se cancelarían, lo que implica una “expropiación indirecta”.
Valle expone que el sector venía creciendo a una tasa anual de 30 por ciento entre mil y dos mil MegaWatts, pero desde 2017 la Comisión Reguladora de Energía (CRE) no ha aprobado un solo permiso para instalar más proyectos eólicos o solares ni las empresas presentado solicitudes.
Esto se deriva, explica, por los “múltiples cambios irregulares” en la normativa energética anunciados por el Gobierno federal, por los cuales hay más de 800 juicios contra el primer intento de iniciativa frenada en tribunales. A ellos se pueden sumar más juicios tanto en el país como en tribunales internacionales por no establecer un trato equitativo entre inversionistas.
Panel solar. Foto: Cuartoscuro.
“A pesar de que cambien la Constitución y digan que se cancelan todos los permisos, cada una de las empresas podría ampararse porque el permiso se les fue otorgado y tenía una vigencia con base en un marco legal establecido, cumpliendo con los requisitos”, afirma Valle en referencia a los permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía, instancia que también desaparecería con esta reforma eléctrica.
Y continúa: “Aunque no les expropien la planta, el hecho de que ya no puedan usarlas evidentemente es una expropiación indirecta bajo los tratados internacionales que México es parte, entonces también existe la probabilidad de que muchas de estas empresas acudan a los tribunales internacionales para iniciar demandas de arbitraje contra el Gobierno de México”.
Sin apoyo de su amigo Jared Kushner, luego de que ayer se concretara la derrota de Donald Trump en las urnas, el exsecretario Luis Videgaray Caso espera desde Massachusetts que la Fiscalía General de Justicia ajuste y nutra una nueva solicitud de orden de aprehensión en su contra. Dice, según su misiva del 20 de agosto, estar listo para atender el llamado de la autoridad.
Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).– “Tener una frontera segura es un derecho soberano y de beneficio mutuo. Respetamos el derecho de cualquier país a construir un muro en cualquiera de sus fronteras para detener el movimiento ilegal de personas, drogas y armas”, dijo el entonces candidato Donald Trump el 31 de agosto de 2016 durante su breve visita a México, un país que había despreciado en discursos y expresiones previas a su llegada a Los Pinos.
Esa polémica visita fue orquestada por el exsecretario de Estado, Luis Videgaray Caso (Ciudad de México, 1968), el hombre más cercano al Presidente Enrique Peña Nieto, con el yerno de Trump, Jared Kushner, quien a la larga se convirtió en un consejero multiusos del Presidente. Videgaray Caso presumía entonces su cercanía e incluso amistad con el esposo de la hija consentida del aún Presidente estadounidense: Ivanka Trump.
Ese día de agosto de 2016, sin embargo, Trump se burló de Peña Nieto en su cara haciendo desplantes pero sin mencionar por completo su frase recurrente de entonces: “México pagará por el muro”; pero, horas después, en un mitin en Arizona, el empresario inmobiliario dijo a sus seguidores que había estado en la casa del Presidente de México y que no significaba nada: México sí tendría que pagar por la barrera en la frontera.
La desastrosa invitación le costó el cargo a Videgaray Caso, quien tres meses después reconoció que se había equivocado, porque la presencia del entonces candidato republicano a la Presidencia de EU fue “ofensiva para los mexicanos”; por eso, dijo, presentó su renuncia. Días después el republicano tomaría protesta como Presidente y lanzaría una férrea política antinmigrante, más ataques contra los mexicanos e impulsaría cambios drásticos en el tratado de libre comercio, que se plasmaron en el nuevo T-MEC.
Trabajadores de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), donde Videgaray dijo que “llegó a aprender” sobre política exterior de 2016 a 2018, lo describen como alguien muy inteligente: “la mente maestra detrás del sexenio”, ágil mentalmente por su ambición política desde niño, aplicado, organizado, amable y educado. “Para él, el fin justifica los medios y es un estratega político y financiero”, plantearon. También gritón cuando se molesta y “tiene mucha influencia incluso en Estados Unidos en niveles académicos y políticos”.
Pero, cuatro años después, ya con el demócrata Joe Biden como Presidente electo de Estados Unidos, y por ende sin la red de apoyo de su amigo Jared Kushner, Videgaray Caso espera desde Massachusetts, en el este estadounidense, que la Fiscalía General de la República (FGR) ajuste y nutra una nueva solicitud de orden de aprehensión en su contra para perfeccionar la acusación, luego de que la primera petición se filtró y la FGR se desistió de ella el viernes pasado. Dice, de acuerdo con su misiva del 20 de agosto, estar listo para atender el llamado de la autoridad.
En la esquina, Luis Videgaray Caso, y en la otra, Emilio Lozoya Austin, durante un spot de la campaña de Peña Nieto. Hoy ambos están siendo investigados por la Fiscalía General de la República. Foto: Captura de video
Esto derivado de señalamientos del extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex) y excolega, Emilio Lozoya Austin, sobre su presunta relación directa con el soborno millonario de la constructora Odebrecht para usarlo en las elecciones de 2012 a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI). También lo culpó de haber gestionado un soborno para legisladores entorno a la aprobación de la Reforma Energética.
En su único tuit desde que dejó la administración pública, Videgaray Caso afirmó que esas acusaciones eran “falsas”, “absurdas” y una “venganza política”. Solo “mentiras inventadas” para librarse. Y recordó sobre su “mala relación” desde aquellos años del peñismo, “resultado de su mal manejo financiero de Pemex [como la compra de la planta chatarra Agronitrogenados], de lo que él pretendía hacer con la Reforma Energética, y de su conducta como servidor público”.
SU VIDA EN EU
Desde septiembre de 2019, rodeado por el río Charles y grandes extensiones de áreas verdes en Boston y Cambridge, el excanciller trabaja como académico y director del Proyecto Mundial de Políticas de Inteligencia Artificial en el prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), donde él mismo cursó el doctorado en Economía y egresó en 1998 con la tesis titulada: “La respuesta fiscal a los choques petroleros”. Desde abril de 2018, aún como Canciller, visitó el campus para ofrecer la contribución del Gobierno de México al tema de Inteligencia Artificial. Se entrevistó con la comunidad científica, líderes empresariales locales y con el Alcalde de Boston.
En febrero de este año, como se evidenció en un video viralizado, un estudiante le cuestionó durante una ponencia sobre IA sobre su papel en Odebrecht, en OHL, malversación de fondos para las campañas priistas, Monex y Soriana. “Valdría la pena abordarlos en el contexto de su discurso sobre confianza y democracia, porque se me ocurre que es el enorme elefante en el cuarto”, le dijo el estudiante, quien dijo llamarse Alonso y cursar el último año de Matemáticas.
El Canciller Luis Videgaray Caso, durante la visita de Mike Pompeo, Secretario de Estados Unidos. Foto: Cuartoscuro.
Pero el exsecretario de Hacienda le respondió que el tema no era México, pero podía verlo en su cubículo para charlar de ello. “Hice buenas cosas y cometí errores, pero aprendí mucho. Con gusto hablo contigo cuando quieras, la puerta de mi oficina siempre estará abierta y podemos discutirlo”, le invitó.
La periodista Dolia Estévez, corresponsal en Washington que ha intercambiado correos con él, escribió en SinEmbargo que “Luis Videgaray vive en una burbuja académica, solo en un pequeño departamento [sin su esposa ni tres hijos] a unos pasos del campus universitario, fuera de los reflectores, concentrado en su trabajo, dando clases y conferencias antes de la pandemia. Adoptó el look del desenfadado profesor con chaqueta sport y camisa de color. Viaja a la Ciudad de México a visitar a su familia, aunque no se sabe con qué frecuencia”.
SU MANEJO DE LAS FINANZAS
Luis Videgaray, economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) considerado cuna de tecnócratas, llegó al círculo más cercano de Enrique Peña Nieto desde el Gobierno en el Estado de México (2005-2011) como su Secretario de Finanzas.
El nexo fue el entonces Secretario de Hacienda de Carlos Salinas de Gortari, Pedro Aspe Armella, con quien laboró en su consultora Protego, donde reestructuraban deudas estatales. Además, el Secretario de Energía de Ernesto Zedillo, Jesús Reyes Heroles González Garza, fue sinodal de su examen profesional.
Luego llegó al Congreso como Diputado federal y hasta 2011 presidió la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Ahí, contrató como asesor al exsecretario de Educación, Aurelio Nuño, que junto con Emilio Lozoya también participó en la campaña presidencial de Peña Nieto hace ocho años.
Fue Videgaray, de hecho, quien le hizo señas desde su asiento en primera fila a Peña Nieto cuando no pudo citar los nombres de tres libros que hubieran marcado su vida, describe una crónica de El País. “Mira, realmente no podría señalar un libro que haya marcado mi vida”, dijo el 3 de diciembre de 2011, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Luis Videgaray, economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) considerado cuna de tecnócratas. Foto: Cuartoscuro
Ya como Secretario de Hacienda, lo primero que hizo fue gestionar el Pacto por México con los dirigentes de los principales partidos de la oposición para aprobar las once Reformas Estructurales que continuarían la apertura económica del salinismo, entre ellas, la Energética, que abrió la puerta a la inversión privada en la producción y explotación de los hidrocarburos.
En 2014, después de la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa, para tratar de “apagar el incendio” iniciado por la “casa blanca”-Tren México Querétaro, a Videgaray Caso se atribuyó la decisión de nombrar en la Secretaría de la Función Pública a Virgilio Andrade, quien terminó en agosto siguiente exonerando a Peña Nieto y a su propio amigo, encontrado también por The Wall Street Journal como propietario de una casa en Malinalco comprada al contratista Armando Hinojosa.
Recibió el reconocimiento “Mejor Secretario de Finanzas del Año” por las revistas Euromoney, The Banker y América Economía. Pero de acuerdo con un seguimiento de SinEmbargo durante los tres años y nueve meses que dirigió la Secretaría de Hacienda, sus acciones desembocaron en el freno del crecimiento económico y el acelerado incremento de la deuda pública alertado por calificadoras, además de que, por los bajos precios internacionales del petróleo y la depreciación del peso, no se observaron los resultados prometidos de las reformas estructurales, sólo gasolinazos.
Siete años después de su firma, del Pacto por México sólo se encuentran dos gastos registrados por el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Uno corresponde a eventos y el otro a estudios. La suma de los dos es de 8.8 mdp, monto que representa apenas el 2.1 por ciento de los 404 mdp que en un acto de corrupción se habrían repartido entre legisladores y dirigentes partidistas a cambio de la aprobación de 13 reformas estructurales bajo ese convenio político, según la denuncia ante la FGR de Emilio Lozoya Austin.
Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).- La administración de Enrique Peña Nieto dejó registrados en los mecanismos de transparencia sólo dos gastos del Pacto por México, el convenio entre el Gobierno federal y los partidos de oposición que sirvió para que el Congreso aprobara 13 reformas estructurales. Una de las erogaciones fue por estudios y la otra, por eventos.
La suma de esos dos gastos es de ocho millones 844 mil 959, apenas el 2.1 por ciento de los 404 millones de pesos que Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso habrían ordenado repartir entre senadores y diputados para que votaran a favor de las enmiendas constitucionales, según datos de la denuncia de Emilio Lozoya Austin, dados a conocer por el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, en un mensaje videograbado y difundido el 11 de agosto.
El dinero, en un acto de corrupción, se habría dado en tres etapas. En la primera, se distribuyeron 120 millones de pesos; en la segunda se dieron 84 millones de pesos y en la tercera -al final del sexenio- se entregó el resto. Los supuestos beneficiarios no sólo fueron los legisladores que habrían votado a favor de un andamiaje de leyes sin precedentes; sino también un “secretario de finanzas” de un partido, según el mensaje del Fiscal General de la República.
En esta imagen del 3 de mayo de 2013 se observa al entonces Presidente Enrique Peña con los líderes de los partidos políticos en el ademdum donde acordaron los 11 puntos al Pacto por México. Foto: Saúl López, Cuartoscuro.
En cambio, hay muy poco del rastro oficial del dinero del Pacto por México, el acuerdo que los dirigentes de los partidos políticos firmaron en la escena oficial para avalar las reformas. Los recursos financieros se perdieron entre el gobierno y los partidos políticos sin facturas ni comprobantes de pago. Siete años después de la firma del convenio, en los mecanismos de transparencia, sólo se encuentran gastos por eventos y estudios. Así, se escribió uno de los episodios más opacos de México.
Lo anterior, de acuerdo con una inmersión de SinEmbargo en Compranet, la página de transparencia del gobierno para proveedores, y el Portal de Obligaciones y Transparencia (POT) en los registros bajo la etiqueta “Pacto por México”, en el periodo que fue de 2012 a 2018. También se revisaron las facturas de los eventos, que fueron localizadas en “los datos relevantes” de los contratos.
En esta imagen de septiembre de 2013 se observa a líderes de los partidos políticos durante el encuentro entre el Consejo Rector del Pacto por México con organizaciones civiles. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro.
La búsqueda arrojó que sólo se erogó en el Pacto por México a través de dos instituciones públicas. Una fue la Secretaría de Gobernación a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong (organizó y rentó los servicios de los eventos) y la otra fue el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), que tuvo dos directores en la administración peñanietista, Rafael Estrada Michel y Gerardo Laveaga Rendón (pagó los estudios).
Sin precedentes porque por primera vez el gobierno federal lograba un consenso con los partidos de oposición para realizar enmiendas constitucionales en sectores estratégicos, el Pacto por México generó grandes expectativas no sólo en México; sino en el mundo. Incluso el semanario británico llamó al arranque de la administración peñanietista como “The Mexican Moment”, gracias a este acuerdo.
CAFÉ, BOTANA FINA Y … EDECANES
En las reuniones preparatorias del Pacto, se rentaron salones de hoteles, servicios de café de los más caros del mercado, papelería y además, edecanes. Así lo muestran las facturas del gasto que hizo la Secretaría de Gobernación. Si se toma en cuenta que cada reforma legal que en estos eventos se acordó no prosperó tal cual fue concebida, este dinero no fue útil.
El Pacto por México fue firmado el 2 de diciembre en el Castillo de Chapultepec de la Ciudad de México por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto; Gustavo Madero Muñoz, entonces presidente del Partido Acción Nacional; Cristina Díaz Salazar, en esos momentos dirigente interina del Partido Revolucionario Institucional y Jesús Zambrano Grijalva, presidente del Partido de la Revolución Democrática. Avanzados los trabajos, se sumó Arturo Escobar, quien era presidente del Partido Verde Ecologista de México.
El 7 de enero del año siguiente fue presentado el Consejo Rector. En ese cuerpo estaban el ex Gobernador José Murat, quien fue nombrado coordinador ejecutivo y a la postre, escribió el libro “Pacto por México, de la Reforma Política de 1977 a la construcción de acuerdos”; Felipe Solís Acero, quien era el subsecretario de Enlace Legislativo, así como el entonces Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso.
Luego, el 27 del mismo mes, en el salón Bicentenario del Palacio de Minería, se montó la mesa para la reforma político electoral. Se sirvió café, agua, pastas, refrescos, fruta, sándwiches y botana fina como pistaches, nuez de la India, avellanas, almendras; además de pepino, jícama y zanahoria. Por el día se gastó la cantidad 549 mil 827 pesos, consta en la factura del evento.
El consejo rector del Pacto por México tuvo una reunión privada el 29 de mayo de 2013 a las 18:00 horas. Asistieron 50 personas. Se rentaron dos salas “launge”, un presídium y un servicio de café, agua embotellada individual, pastas, refrescos, fruta de mano, empanadas, botana seca (nueces, cacahuate japonés, papas y pretzels). Ese mismo día, en el mismo hotel, al lado de representantes del Consejo Coordinador Empresarial, se ofreció una conferencia de prensa. La empresa Tayira Travel cobró por los dos eventos que duraron dos horas, 287 mil 500 pesos.
Al día siguiente, a las 19:00 horas, en el hotel Marriot Polanco Imperial Thai House, se rentó un salón con capacidad para 40 personas. Se reunieron los Gobernadores en torno al Pacto. Según la ficha del contrato, se rentó una “mesa rusa”, papelería y servicio de café, agua embotellada individual, pastas finas, refrescos y botana seca. Hubo también cuatro edecanes. La Secretaría de Gobernación pagó 80 mil pesos por el evento, a cargo de AMY Imagen y Servicios.
El 24 de abril, se rentó el salón Don Diego 2, ubicado en el piso 2 del hotel Hilton, para 130 personas. Se pidieron 130 sillas tubulares, cromadas y acojinadas, así como una mesa en forma de herradura, un templete, así como 30 macetas con follaje. Un equipo de audio sonorizó el salón. Hubo servicio de café, refrescos y galletas. También incluyó cuatro edecanes. Esta reunión costó 177 mil 261 pesos y el contrato se lo llevó Viajes Premier.
Con los presidentes municipales, la reunión fue el 5 de junio de 2013. Se rentó el salón Don Diego 2 del Hotel Hilton Reforma a las 12:00 hras. Una hora después, se brindó una conferencia de prensa. En los dos eventos se sirvió café, té, refrescos y galletas. Todo costó 257 mil 721 pesos.
Así, se completaron diez reuniones hasta sumar una erogación de dos millones 465 mil 920 pesos con un gasto promedio de 246 mil 592 pesos sólo en gastos de eventos. Amy Imagen SA de CV se llevó el 60.8 por ciento del pastel. Sólo hubo otros dos proveedores, Viajes Premier que se llevó 17.1 por ciento y Tayira Travel que tuvo el 22.1 por ciento.
En cuanto a los estudios, el Inacipe firmó 145 contratos con un promedio de 43 mil 993 pesos entre 2013 y 2018. Los más caros -18 de ellos- fueron por 105 mil 825 pesos y el menor por dos mil 622 pesos. Esta generación de documentos se concentró en los temas relacionados con el derecho penal y la victimología con enfoque en las 13 propuestas presentadas por el entonces Presidente Enrique Peña Nieto.
Colgado en el sitio cibernético de la Presidencia de la República, pero alojado en una dirección propia, el Pacto por México contó con una declaración de acuerdos en la que se leía: “La transparencia y la rendición de cuentas son dos herramientas de los Estados democráticos para elevar el nivel de confianza de los ciudadanos en su gobierno”.
En el punto 4.3, el Pacto por México se refería a la creación del Sistema Nacional contra la Corrupción mediante la reforma constitucional que establecería una Comisión Nacional. Además, los integrantes del convenio político, aspiraban a crear un Consejo Nacional para la Ética Pública.
Nada de ello ocurrió.
Los mecanismos de transparencia jamás se instalaron, el Sistema Nacional Anticorrupción sucumbió y jamás hubo reuniones con miras a establecer un código de ética. Así, se aprobaron 13 reformas en los sectores de telecomunicaciones, hacendario, laboral, financiero, energético y educativo. Hoy, ninguna tiene vigor a cabalidad.
Parte de los gastos más ociosos del INE –como eventos y viáticos– fueron a la baja entre 2019 y 2020. Sin embargo, aún hay cabida para eficientar el ejercicio de recursos del Instituto, en que los gastos hormiga –bocadillos, cafetería, galletas, refrescos, entre otros– representan una necesidad de ahorro, en un contexto de austeridad y recortes presupuestarios.
Ciudad de México, 27 de julio (SinEmbargo).- El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta una apretada situación presupuestaria, no sólo por los recortes a su presupuesto (por 1 mil 71 millones 562 mil pesos) en vísperas de la elección “más grande del país”, sino también, porque se comprometió a ejercer el 68.6 por ciento (11 mil 421 millones 700 mil pesos) de su presupuesto total aprobado para 2020 (16 mil 660 millones 795 mil 16 pesos).
En momentos en que el INE acusa que las modificaciones presupuestarias ponen en riesgo su autonomía y su capacidad para organizar los comicios de 2021, en que 6 millones de mexicanas y mexicanos elegirán cerca de 3 mil 200 cargos en disputa, las políticas de austeridad se vuelven más necesarias que nunca; y el gasto más ocioso, por tanto, implica una oportunidad de ahorro, quizá no para resolver los problemas del organismo electoral, pero sí para ser congruente con la situación y con las “nuevas medidas de racionalidad y disciplina presupuestarias” que anunció a principios de éste año.
De acuerdo con información del INE, hay espacio para recortes presupuestarios sin que ello afecte el cumplimiento de responsabilidades. Un ejemplo de ello es lo establecido en el acuerdo INE/CG79/2020, en que se instruye que las sesiones de los órganos colegiados del Instituto “sean convocadas y distribuyan los insumos documentales por medios electrónicos”, en lugar de utilizar papelería convencional que abona, en gran medida, al gasto en bienes y servicios de oficina, que en los primeros tres meses de 2020 tuvo un costo de 62 millones 119 mil 748 pesos.
Así como el rubro de papelería, varias partidas presupuestarias podrían ser reducidas o saneadas para eficientar el uso de recursos por parte del INE.
Durante los primeros tres meses de éste año, el órgano electoral de México reportó gastos pagados por un total de 3 mil 287 millones 132 mil 449 pesos, que incluyen 434 millones 99 mil 375 pesos en erogaciones por contrato público, en que hay registro de al menos 3 millones 33 mil 120 pesos en gastos –hasta cierto punto– ociosos, como por ejemplo, en alimentos y bocadillos, cafetería, estacionamiento y lavado de autos, además de aquellos para la adquisición de galletas y refrescos.
En contratos de alimentos y bocadillos, el INE erogó 1 millón 126 mil 508 pesos. Sin embargo, en el primer trimestre del año éste rubro tuvo un costo total de 5 millones 445 mil 92 pesos que incluyen, además de alimentos para personal de campo, de las unidades responsables y en actividades extraordinarias, 525 mil 42 pesos en “gastos para alimentación de servidores públicos de mando”, que tienen salarios netos mensuales de entre 17 mil (como un jefe de departamento) y 177 mil 494 pesos (como algunos consejeros electorales).
A pesar de que el organismo electoral se apega a los principios de economía y transparencia establecidos en el artículo 134 constitucional, el consejero Roberto Ruiz Saldaña dijo el año pasado a SinEmbargo que en el INE aún persisten gastos excesivos que pueden evitarse, como aquellos en vales para comida, viajes, autos y comités.
Para Ruiz Saldaña, muchos de los gastos de la alta burocracia no se justifican. Tal es el caso de las erogaciones que parecen pequeñas pero que, si se juntan y eliminan todas, “podrían disminuir el presupuesto del INE y se mandaría un mensaje a la sociedad de que el INE no es ajeno a la preocupación genuina de la austeridad”.
En el caso de los contratos para insumos de cafetería, hubo un gasto de 442 mil 22 pesos entre enero y marzo de 2020, a los que se suman 1 millón 100 mil 405 pesos en estacionamiento y lavado de autos, así como 364 mil 185 pesos en galletas y refrescos.
De acuerdo con el Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, “en lo que tiene que ver con gastos siempre habrá área de oportunidad. […] Siempre estamos trabajando nosotros para buscar cómo mejorar la operación para ser más eficiente sin perder la eficacia”.
En diciembre de 2019, el funcionario público dijo a SinEmbargo que muchos de los gastos referidos están justificados por las necesidades operativas del Instituto. Pese a ello, reconoció que hay gastos que podrían ser recortados –como el de boletas electorales, con la eventual implementación de nuevas tecnologías y dispositivos electrónicos– pero que, no obstante, dependen de otras instancias como el Poder Legislativo de la Federación.
Para Jacobo Molina, una buena parte del gasto fijo de la institución está relacionada con “candados” que requieren de reformas legales. Tal es el caso del costo de las oficinas, pues por ley, el INE debe de tener representación en los 32 estados de la República y en los 300 distritos electorales. Asimismo está el costo de la credencial para votar, que se lleva el 30 por ciento del costo de operación del INE.
En el caso específico de las partidas para vehículos y alimentos, el Secretario dijo entonces que han habido recortes presupuestarios en los últimos años, pero que en gran medida se trata de costos operativos para movilizar a los más de 17 mil trabajadores del INE y mantener a los más de 2 mil 400 vehículos oficiales en existencia.
“Si uno analiza el número de vehículos por los trayectos que nosotros hacemos en todo el país, me parece que es una cifra razonable”, recalcó Jacobo Molina.
Para el funcionario público del INE, los gastos que podrían considerarse ociosos “aparecen en muchas otras instancias de la administración pública federal” y algunos de ellos están considerados como “una prestación por el nivel de responsabilidad de los funcionarios”. En ese sentido, el Secretario Ejecutivo del INE consideró que se trata de gastos “razonables” sujetos a procesos de austeridad; esto también incluye costos por viajes, viáticos y pasajes.
Para este año, el INE otorgó un contrato (INE/ADQ-108/2019) al Grupo Gastronómico Gálvez de entre 19.2 y 48 mdp para el “servicio de comedor con sistema de autoservicio para el personal”. Foto: Cuartoscuro.
LOS GASTOS DEL INE
La Unidad de Datos de SinEmbargo se dio a la tarea de comparar los gastos del INE del primer trimestre de 2019 con los del primer trimestre de 2020, como proporción del gasto total efectuado en cada periodo. Los resultados indican que hubo una reasignación de recursos derivados de la pandemia de COVID-19 a nivel nacional, así como una mayor austeridad en rubros que, tradicionalmente, implican grandes erogaciones presupuestarias.
Por un lado, los cuatro rubros con mayor aumento de gasto fueron los de materiales médicos y de laboratorio (855 por ciento), difusión y propaganda (798.5 por ciento), vestuario y uniformes (476 por ciento), así como prendas de protección personal (70 por ciento). Los gastos pagados, por un monto conjunto de 7 millones 938 mil 51 pesos incluyen el costo de 151 contratos por 745 mil pesos, cuya finalidad fue adquirir bienes para enfrentar el coronavirus, entre ellos, cubrebocas, gel antibacterial y guantes de látex.
En el primer trimestre de 2020, estas cuatro partidas presupuestarias tuvieron un costo 6 millones 851 mil 131 pesos mayor al del primer trimestre de 2019 (1 millón 86 mil 920 pesos a precios de 2020).
Por otra parte, estuvieron las partidas en que hubo recorte de presupuesto: bienes y servicios de oficina (1.8 por ciento); vigilancia (6.4 por ciento); eventos (14.1 por ciento); construcción y mantenimiento (16 por ciento); lavandería, limpieza e higiene (31.1 por ciento); impuestos, patentes y similares (49.5 por ciento), además de pasajes y viáticos (52.5 por ciento).
Durante el primer trimestre de 2020, estas siete partidas presupuestarias tuvieron un costo conjunto de 140 millones 202 mil 937 pesos; es decir, un costo 46 millones 861 mil 792 pesos menor al del primer trimestre de 2019 (187 millones 64 mil 729 pesos a precios de 2020).
En el apartado de “Gasto total” de la siguiente tabla, usted puede consultar las variaciones porcentuales por concepto de gasto.
Asimismo, en la tabla puede consultar los 10 mil 966 contratos celebrados por el INE entre enero y junio de 2020, por un monto conjunto de 434 millones 99 mil 375 pesos.
Acerca de los contratos, las cifras del INE indican que el 98.5 por ciento fue otorgado por adjudicación directa, o bien, que hubo 297 millones 21 mil 511 pesos (equivalentes al 68.4 por ciento del gasto por contrato) ejercidos sin concurso público de por medio.
La adjudicación de contratos del INE, empero, ha sido objeto de señalamientos por parte del Órgano Interno de Control (OIC) del INE y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
ANOMALÍAS EN EL INE
Hace dos años, el OIC del INE advirtió que “el Instituto continúa adjudicando contratos con base en una cuestionable asignación de puntos en las evaluaciones técnicas; así como, limitando la libre participación de licitantes en los procesos de contratación”.
De acuerdo con su Informe Anual de Gestión 2018, en el INE “persisten constantes deficiencias en la administración y supervisión de los contratos, así como en la determinación y aplicación de penas convencionales y/o deductivas a los proveedores”.
Lo anterior es relevante considerando que casi 10 de cada 10 pesos contratados en los primeros tres meses de este año fueron adjudicados por el INE de manera directa. Ello, además, no está necesariamente libre de irregularidades. Existen experiencias previas que indican que en el INE, aparte de mayores niveles de austeridad, es posible y necesario aplicar más y mejores mecanismos de control presupuestario.
En la segunda entrega de la Cuenta Pública de 2018, la ASF halló irregularidades no solventadas hasta el 14 de octubre del año pasado, por un monto superior a 93.5 millones de pesos.
Lo anterior derivó de “pagos excesivos” de honorarios y dietas de consejeros electorales (70.3 mdp), además de la compra no comprobada de bienes y materiales (23.3 mdp).
Entre las irregularidades está un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal de más de 18.2 millones de pesos, ya que la Auditoría determinó que hubo una “diferencia” entre el importe de alimentos ministrados a funcionarios de casillas y el importe comprobado mediante el Sistema de Contratación, Pago y Comprobación de Recursos, se lee en la auditoría 2018-0-22100-19-0093-2019 93-GB.
Dadas las anomalías, el órgano fiscalizador encontró violaciones a diversas leyes, entre ellas el Artículo 134 constitucional, mismo que establece que todas las entidades gubernamentales deben administrar los recursos públicos “con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”.
Empresas extranjeras exploran yacimientos de litio en Baja California, Sonora, San Luis Potosí y Zacatecas para –si se logra extraer– producir baterías para autos eléctricos, una tendencia en el marco de la crisis climática.
Sin embargo, en el “Triángulo del litio” formado por salares de Bolivia, Chile y Argentina, la producción ha generado escasez de agua y daños a la salud, por lo que académicos exigen a las autoridades mexicanas aplicar la consulta libre, previa e informada, exigir impactos ambientales integrales y transparentar las negociaciones. En el proyecto sonorense se estima extraer con la dañina minería a cielo abierto. La Secretaría de Economía pidió tiempo para informar.
Ciudad de México, 23 de febrero (SinEmbargo).– En el Salar de Uyuni en Bolivia, el país con grandes reservas de litio, la disponibilidad de agua se ha reducido por la extracción de este metal y ha afectado a las comunidades aledañas, las cuales no fueron consultadas de manera previa, libre ni informada antes de la instalación de la planta del Gobierno entonces de Evo Morales. En el Salar de Atacama en Chile y el Salar Hombre Muerto en Argentina, dos de los principales productores a nivel mundial de este “oro blanco”, la presión hídrica y conflictos sociales son similares.
“En el caso de Bolivia su plan ambiental solo contemplaba qué pasa con la sal que se desecha después de la extracción de litio. Pero no hubo un estudio sobre el impacto de disponibilidad de agua. Es lo que puede suceder aquí en México. Las empresas no consideran el efecto que tiene que ver con la utilización de químicos nocivos para la salud humana y de animales, la contaminación de agua, aire y el daño a suelos”, dijo Jessica Estefanía Jiménez Montoya, autora de una investigación sobre el litio en el país sudamericano. “En Argentina, esos químicos causaron daños en la piel de las personas cercanas al Salar de Hombre Muerto”.
“Es un muy mal indicador el derrame de tóxicos en los ríos Sonora [en 2014 por parte de la minera Grupo México, también responsable de Pasta de Conchos] y la falta de voluntad política y capacidad técnica de autoridades [Semarnat, Conagua] para dar cumplimiento con las disposiciones ambientales. Qué podemos esperar con la extracción de litio en la región norte de nuestro país: agregaría una presión más sobre el agua, donde de por sí hay alrededor de 5 mil concesiones mineras”, agregó la especialista en temas hídricos.
En México, los yacimientos de litio localizados en Baja California, Sonora, San Luis Potosí y Zacatecas son explorados por empresas extranjeras; y en Sonora, Jalisco y Puebla fueron reservados por el Gobierno federal desde 2015 y 2018, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía.
El monitor de sequía nacional de la Conagua muestra en amarillo las zonas de sequía anormales hasta el 31 de enero. Imagen: Conagua.
El proyecto más avanzado, ubicado en la sierra alta sonorense cercana a la zona del caso LeBarón, está a cargo del consorcio de las empresas Bacanora Lithium y la china Ganfeng Lithium. Con una inversión de 420 millones de dólares, con “minería a cielo abierto” estima producir a partir de 2021 alrededor de 17 mil 500 toneladas anuales de carbonato de litio, y en una segunda fase, 35 mil toneladas al año, de acuerdo con el reporte técnico de viabilidad publicado por Bacanora en enero de 2018.
A finales del sexenio pasado, el documento “Perfil del mercado del litio” publicado por la Dirección General de Desarrollo Minero de la Secretaría de Economía reiteró que “el depósito se encuentra cerca de la superficie, donde puede ser extraído por métodos a cielo abierto”.
La minería a cielo abierto, al dinamitar la corteza terrestre, usar químicos y millones de litros de agua, tiene afectaciones permanentes sobre la orografía, la biodiversidad y el bienestar de comunidades rurales, indígenas y mestizas, destaca el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) de la UNAM. A nivel nacional existen más de 120 conflictos sociales como consecuencia de las graves afectaciones de las actividades mineras, documenta.
De acuerdo con Mining Technology, este yacimiento tiene reservas probadas y probables de 243 millones de toneladas, por lo que sería el depósito más grande del mundo hasta ahora descubierto.
PRODUCCIÓN DE BATERÍAS DE LITIO
Este metal, el más ligero de la tierra, también se usa como componente de teléfonos móviles, computadoras y otros dispositivos electrónicos, por lo que su demanda va de la mano del crecimiento del sector tecnológico. La Subsecretaría de Minería de la Secretaría de Economía planea apostar tanto a la extracción como a la cadena productiva.
Investigadores especializados en energía y medio ambiente han coincidido en que la autoridad mexicana está a tiempo de regular la explotación del carbonato de litio para evitar el ya documentado despojo a comunidades rurales o indígenas y la contaminación generada por la extracción de otros minerales por parte de empresas nacionales y extranjeras.
“En México hay un yacimiento de carbonato de litio que hay que sacar con una minería tradicional, desgraciadamente. En otros países el litio está superficial y se puede recuperar con agua y en otros en domos salinos. Si se planea bien desde un inicio, va a venir a ser un beneficio muy grande porque la otra alternativa de baterías es el plomo. Nadie quiere eso”, dijo el Ingeniero Químico Daniel Chacón, de Iniciativa Climática México. “Lo que hay que hacer es que no haya chapuzas en el proceso de regularlo”.
Pero Gabriela Muñoz, Directora del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente del Colegio de la Frontera Norte, al formar parte de un grupo ambiental minero en Inglaterra, y recorrer varios países con actividades mineras, notó que en Irlanda y Polonia había una restricción mayor que en otros lugares como Papa Nueva Guinea y países de África. “Las regulaciones son más laxas en lugares menos desarrollados. Aquí no porque vendrán las inversiones a generar desarrollo y crear empleos mal pagados, se les vayan a dar todas las facilidades”, requirió.
El Subsecretario de Minería Francisco Quiroga dijo a la prensa la semana pasada tras su participación en el México Mining Forum 2020 que se ha reunido con inversores de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Japón y Reino Unido entorno al litio.
“Hay mucho interés en participar”, afirmó. “Lo que estamos ofreciendo no es nada más la promoción de la actividad minera, sino la actividad minera en conjunto con la cadena productiva; la capacidad manufacturera ha sido de mucho interés”.
Previamente en su ponencia, expuso que aquellos países que tienen acceso a la extracción de litio, manganeso, grafito y cobalto, tendrán una ventaja competitiva para la electromovilidad, ya que estos metales y minerales representan más de la mitad del costo de las baterías. “Aquí es poder extraerlo de una manera ambientalmente sostenible y con acuerdos sociales que permitan confiabilidad”, se comprometió Quiroga.
Antonio del Río, director del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, destacó que aunque la producción de baterías de litio puede tener problemas importantes, el previo conocimiento debe ser motivo de acción para el tratamiento residual.
“Hace un siglo, no sabíamos que al sacar el petróleo y quemarlo íbamos a producir un cambio climático. Creían que la atmósfera era prácticamente infinita. Hoy en día sabemos que si sacamos litio, tenemos que reprocesarlo de alguna forma. Podemos adelantarnos y generar la cadena de producción de las baterías al mismo tiempo que el reuso o reciclado”, afirmó.
En la imagen, una mina de litio en el Salar de Uyuni (Bolivia). Foto: EFE.
La investigadora Estefanía Jiménez, autora de la tesis sobre el litio en Bolivia, recomendó que a contra corriente de lo que suele pasar, debe colocarse en el centro el tema ambiental y no el económico.
“El Gobierno de México debe tomar en serio evaluar los impactos de la extracción del litio en el agua, en las emisiones a la atmósfera y en el suelo; apostar a la investigación científica y tecnológica (Bolivia formó un comité científico para generar su propia técnica de extracción menos dañina al ambiente); y sobre la corrupción, considerando las ganancias importantes, tendrían que quedarse los beneficios económicos en las comunidades, por lo que es clave la transparencia desde las negociaciones que ya se están haciendo con los socios extranjeros”, planteó.
El área de comunicación social de la Secretaría de Economía del Gobierno federal dijo a este medio que el Presidente Andrés Manuel López Obrador les requirió desde finales de enero un informe sobre las concesiones para explotar litio, por lo que no darán ningún pronunciamiento público hasta entonces. Aún no tienen fecha de entrega, aunque esperan que sea pronto.
“En esta administración no hemos dado ninguna concesión”, dijo López Obrador en la conferencia matutina del 22 de enero.
LAS CONSULTAS A COMUNIDADES
El 85 por ciento de las reservas descubiertas de litio en salinas del mundo se encuentra en la zona denominada “Triángulo del litio” comprendida por Bolivia (Salar de Uyuni), Chile (Salar de Atacama) y Argentina (salares de la puna Jujeña y Salteña, y norte de Catamarca), destaca el informe de la Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería “Litio, la paradoja de la abundancia” (2011).
“Su utilización para las baterías de los autos eléctricos e híbridos ocupará un rol importante en la carrera por disminuir los gases que provocan el efecto invernadero y contribuirá a evitar el recalentamiento global. La pregunta es: ¿A qué costo?”, cuestiona el documento. “En primer lugar es importante desmitificar el litio como una energía ‘verde’. El litio no genera energía, sino que la conserva. Como el petróleo, el litio es una fuente de recursos no renovables y se agrega la ausencia del Estado como contralor, su complacencia con las empresas extractivas, el sobreuso y posible contaminación de los cursos de agua y la pérdida de territorios”.
“El proyecto minero de extracción de litio‐ que implica el consumo de grandes cantidades de agua, así como el riesgo de salinización de las capas de agua dulce‐ en una zona desértica con escasos recursos hídricos, pone en riesgo directo la supervivencia de las comunidades en ese territorio”.
Antes de la instalación de la planta de extracción de litio en Bolivia, las comunidades aledañas no fueron consultadas de manera libre, previa e informada. Una década después, los habitantes del Salar de Uyuni siguen sin tener conocimiento de los efectos a largo plazo, pero empiezan a vivirlo con la escasez hídrica.
Y en la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, en Argentina, 33 comunidades con más de 6 mil habitantes en extrema pobreza y aislamiento presentaron desde noviembre de 2010 una Acción de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por incumplimiento de la obligación de consulta y participación en pedimentos de exploración y explotación de litio de conformidad con el artículo 75 de la Constitución argentina, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de los Derechos Indígenas de la ONU.
El Subsecretario de Minería de México Francisco Quiroga reconoció que su gestión no será recordada por las consultas libres, previas e informadas a las comunidades indígenas, lo cual “tienen atorado”, aunque con ciertos avances en el marco legal.
“El tema es parte de la unidad de propósitos; sigue habiendo diferentes visiones y la estrategia de patear el bote no nos satisface”, expresó.
En 2001 surgió el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) con el objetivo de que vigilara la creación de políticas públicas con enfoque de género. Sin embargo, a casi dos décadas, las especialistas coinciden en que no ha logrado materializar este objetivo debido al abandono que ha tenido el Estado en la materia. El embarazo adolescente y la violencia han ido en incremento como consecuencia de dicha omisión.
Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).– Desde hace casi dos décadas, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) ha sido el encargado de generar la transversalidad del enfoque de género en las instituciones. Sin embargo, la falta de claridad en el uso del presupuesto y de algunas acciones articuladas con otras instituciones han derivado en el descuido de su principal objetivo: las mujeres, denunciaron activistas y especialistas en el tema.
Violeta Lince, académica y activista especialista en temas de género , explicó que el problema radica en la poca importancia que se le ha dado al tema, así como al reflejo que esto tiene en las jerarquía gubernamental.
“La agenda de la igualdad de género es difícil de incorporar en las instituciones porque cuando se trata del derecho de las mujeres se le sigue relacionando con la parte familiar. Es ignorancia sobre el tema. En el caso del Inmujeres esto se ha visto reflejado en la falta de presupuesto, en la divergencia de nivel frente a las secretarías –ya que no es considerado de esta manera- y en la ausencia de transversalidad del enfoque de género en la función pública, una de las principales funciones atribuidas al organismo”, dijo.
A esto se suma la incertidumbre provocada por la falta de nombramiento de una nueva presidenta. El puesto quedó vacío en marzo del 2018 cuando Lorena Cruz Sánchez decidió abandonar al instituto para buscar un lugar como Senadora plurinominal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En un balance del trabajo del Inmujeres, realizado por las organizaciones de la sociedad civil, se advierte el descuido que el instituto ha tenido en temas como el embarazo adolescente, la maternidad subrogada, la desigualdad económica en el ámbito laboral, la trata de personas y la prostitución femenina. Temas sobre los que se ha construido un cerco legal y administrativo, a pesar del aumento de la incidencia de alguno de ellos.
En opinión de Lucía Lagunes Huerta, directora general de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), el fracaso del instituto en estas materias tiene como origen la incertidumbre de las medidas tomadas para garantizar las condiciones de igualdad que tienen por derecho las mujeres.
“Llevamos más de una década dependiendo de esta institución y sin duda se han colocado algunos temas en la agenda como la prevención de la violencia contra las mujeres, la creación de los institutos estatales y municipales, pero aún hace falta una política estructural que permita que se realice un trabajo coherente con la perspectiva de género. En todos los institutos el tema continúa siendo la desigualdad para las mujeres (…) No se trata solamente de hacer programas sectoriales; no es solamente sumarnos a una campaña internacional. Cuando tenemos los resultados que hoy tenemos, la pregunta es ¿cómo garantizar efectivamente que las mujeres tengan condiciones de igualdad que les permitan alcanzar el desarrollo? “, manifestó.
Entre los planes y programas propuestos por el Inmujeres se encuentran las temáticas señalados como pendientes por las expertas. Trata de personas, embarazo adolescente y erradicación de la violencia son algunos de los títulos de sus estrategias.
A pesar de ello, continúa el incremento de estos fenómenos en la población. De acuerdo con el Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México, el 93 por ciento de las víctimas de trata son mujeres. Asimismo, en el año 2018 la OCDE declaró a México como el país integrante con mayor incidencia de embarazo adolescente. Ese mismo año la ONU confirmaría que 9 mujeres mueren cada día en el territorio nacional.
FALTA ARTICULACIÓN CON INMUJERES
En enero del año 2001, durante la gestión de Vicente Fox Quesada, se creó el Instituto Nacional de las Mujeres como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión.
Desde su creación se determinó que dicha entidad se encargaría de la implementación de políticas nacionales que coadyuvarían en la erradicación de la violencia contra las mujeres, así como de la garantía plena del ejercicio de sus derechos. Sin embargo, el incremento de prácticas discriminatorias dirigidas hacia las mujeres ha sido la muestra de la ausencia de políticas estructurales coherentes con dicho objetivo.
Lucía Lagunes atribuye este efecto a la falta de comprensión de las autoridades de que una sola dependencia no era capaz de resolver todo lo referente a las mujeres.
“Esto no ha avanzado porque le han dejado todo a Inmujeres. No entendieron que tener un instituto de las mujeres no era deshacerse de la responsabilidad, era crear una institución rectora que tendría que tener las facultades para efectivamente construir las políticas estructurales. Y eso no ocurrió. En el 2011 se reforma la Constitución y dice claramente que todos los integrantes de la administración pública tienen la obligación de cuidar los derechos humanos. Sin embargo, esto no se asume, así tenemos los resultados que tenemos (…) Una dependencia no puede transformar por sí sola condiciones estructurales que se refieren al mandato”, indicó.
La composición orgánica del instituto contempla las relaciones interinstitucionales con otros órganos gubernamentales y a su vez sugiere el trabajo conjunto con el Consejo Consultivo y un Consejo Social. El primero de ellos tiene facultades para emitir una opinión técnica respecto de los asuntos o casos específicos de las brechas de desigualdad; mientras que el segundo se encarga de seguir el cumplimiento de las políticas públicas y programas propuestos. En ambos casos las integrantes provienen de diferentes organizaciones de la sociedad civil, así como de otras políticas y privadas.
Los Consejos se han convertido en instancias que pueden sugerir la agenda del instituto. No obstante, Lince consideró que aún hace falta claridad sobre las articulación con estos organismos, así como otros que no están dentro de estás dos figuras:
“Hemos visto un avance desigual en las muchas agendas que se han planeado para Inmujeres.Hasta ahora el Inmujeres ha cumplido con un trabajo de acompañamiento, sin embargo, hace falta articulación con las agendas promovidas por la sociedad civil sobre todo en los temas relacionados con salud reproductiva y cuidado. En estos últimos dos temas sigue siendo notoria una falta de transversalidad con otras instituciones”, aseveró.
LOS TEMAS PENDIENTES
En el 2015 se implementó la Estrategia Nacional del Embarazo Adolescente (ENAPEA) que se proponía la reducción al cero por ciento en embarazos en niñas de 10 y 14 años, y un 50 por ciento para las jóvenes de 15 a 19 años.
La estrategia que cuenta con la participación de 16 dependencias del Gobierno federal, entre ellas Inmujeres, no ha logrado reducir la incidencia de embarazos en esta población. Por el contrario, en el año 2018 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que se registraron a diario dos nacimientos de madres de 10 y 11 años de edad.
“Hay una gran deserción escolar entre las adolescentes de secundaria y preparatoria y eso tiene que ver con el embarazo en adolescentes. A mí me parece que hay un gran abandono en esta área. No existen políticas estructurales que insten, en este caso, a la Secretaría de Educación Pública para que se fortalezca en la enseñanza la importancia de la educación sexual. Además, para las niñas y los niños tenemos todo el tema de los medios de comunicación. Hace falta ir construyendo mensajes no sexistas, contenidos en los que no se encuentren mensajes de subordinación de las mujeres o de supremacía de los hombres”, afirmó Lagunes.
El Inmujeres ha gastado cifras millonarias para erradicar el problema sin que los resultados sean efectivos. De acuerdo con la información de Contratobook el pago de la campaña “Prevención del Embarazo No Planeado e Infecciones de Transmisión Sexual en Adolescentes, versión: “Es tu vida, es tu futuro. ¡Hazlo seguro! versión embarazo al periódico Excélsior ascendió a 25 millones 862 mil 68 pesos. La misma cantidad fue utilizada para llevar la campaña a los canales de Televisa.
Las especialistas insisten en que las campañas en los medios masivos de comunicación, así como las participación en campañas de todos tipo que difunden los mensajes sin que se hagan cambios en las estructura política no serán suficientes para erradicar los problemas que acompañan a todo tipo de mujeres: jóvenes, indígenas, campesinas, periodistas o lesbianas.
En el 2007 se promulgó la Ley General de Acceso a la Mujeres a una Vida Libre de Violencia impulsada por el Inmujeres. El marco normativo se propone atender los diferentes tipos de violencia psicológica, física, sexual, patrimonial y económica a los que se somete a las mexicanas.
El Diagnóstico sobre la Situación de la Trata en México realizado por la CNDH arrojó que el 93 por ciento de las víctimas de este delito son mujeres. Foto:Elizabeth Ruiz, Cuartoscuro.
A pesar de de la existencia de este marco normativo el panorama para las mujeres continúa siendo negativo. De acuerdo con las cifras del estudio “Mujeres y hombres en México 2018”, publicado por el Inegi, un 43 por ciento del total de mujeres mayores de 15 años reconocen haber padecido al menos un incidente de violencia con su pareja a lo largo de su vida. La cifra podría variar si se consideran otro tipo de relaciones afectivas o no afectivas, así como si cambia la visión de algunos de los estereotipos de género.
La Encuesta Nacional sobre la dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (Endireh) destacó que 17 millones 337 mil 2018 mujeres mayores a los 15 años están de acuerdo con que las mujeres son las responsables del cuidado de los hijos, personas enfermas y ancianas; 6 millones 632 mil 432 consideraron que los hombres deben ganar más salario que las mujeres; 4 millones 840 mil 929 se dijeron conformes con que los hombres deben ocupar mejores puestos de trabajo y 22 millones 113 mil 940 están de acuerdo con que las mujeres que trabajan descuidan a sus hijos.
Por otro lado, en el 2018 la cifra oficial de la Organización de las Naciones Unidas era de 9 mujeres asesinadas al día. Mientras que el Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México, realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2016, arrojó que el 93 por ciento de las víctimas de trata son mujeres.
Los datos parecen confirmar lo comentado por las especialistas, las estructuras políticas siguen sin tener variaciones que tengan un efecto directo en el rol de los mujeres y por lo tanto en su calidad de vida.
LOS PROBLEMAS DE GESTIÓN
A partir de los datos de Wikileaks México en el 2016 , la revista Proceso informó que la presidenta del Inmujeres, Lorena Cruz Sanchéz, había sido la protagonista de una serie de actos de corrupción relacionados con el instituto. En la lista de acusaciones se encontraban despidos injustificados, contratos poco claros y gastos excesivos durante visitas a otros países. Por ejemplo, los datos encontrados por Wikeleaks sugerían que durante la visita al 59 Periodo de Sesiones sobre la Condición de la Mujer, que se llevó a cabo en la sede de la ONU en Nueva York, los gastos en alimentación y hospedaje de la directora y su asesora, Santa María Luz Calderón, ascendieron a 630 millones diarios para cada una.
La información no fue suficiente para realizar una acusación formal a la directora, sin embargo, afirmaron una duda sostenida por las organizaciones de la sociedad civil: no existe claridad del gasto de los recursos destinados a la instancia. A esto se suman las reducciones de gastos que año con año se dirigen a este ramo.
A final del 2018 investigadoras y organizaciones de la sociedad civil se opusieron al nuevo Gobierno federal, ya que éste pretendía reducir significativamente los recursos del Anexo 13 que se refiere a las Erogaciones para la Igualdad entre hombres y mujeres. La oposición logró evitar la reducción e incluso obtuvo un incremento para el ramo de 15 mil millones de pesos. Sin embargo, aún se exige claridad para otros tema, entre ellos, lo relacionado con la instancias infantiles para las que se ha propuesto una reducción de gastos.
La incertidumbre para la materia, además de ubicarse en el ámbito presupuestario, ha escalado a la dirección del instituto. La política de género quedó en pausa por la decisión de su directora, Lorena Cruz Sánchez, de contender por un puesto en el Senado de la República.
Lorena Cruz Sánchez, fue presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) durante el periodo de Enrique Peña Nieto. En el 2018 dejó la presidencia del instituto para contender por un puesto como Senadora plurinominal. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro.
Desde octubre del 2018, Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, ha sostenido reuniones con Martha Lucía Micher, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Senado, para estar al tanto de la transición del instituto. Sin embargo, a casi un año del vació, sigue sin determinarse una fecha precisa.
Sobre el tema las especialistas comentaron que la nueva dirección del instituto tendrá que enfrentarse con el reto dejado por todos los pendientes, así como por la falta de transparencia.
“El reto para la nueva administración será crear políticas estructurales que eliminen los estereotipos de género, además de que se deberá fortalecer el marco transparencia que lo rodea” comentó Lucía Lagunes.
En los mecanismos regionales la situación no es diferente. La propuesta de extinción del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) ha levantado una alerta de los Consejos Social y Consultivo del mecanismo nacional que han reclamado la autonomía del IJM por considerar que este podría ser el orientador de la política pública para la igualdad y el respeto de los derechos humanos de esta población.
La Cruzada Nacional Contra el Hambre surgió en un escenario muy distinto al actual: con un Gobierno lleno de confianza y con un futuro prometedor. La Sedesol, entonces aún cargo de Rosario Robles Berlanga, se disponía a quitar una piedrita que se atravesaba en ese camino: la pobreza alimentaria que padecían 27.4 millones de mexicanos. Pero dos años después de haber arrancado el programa, parece que los ánimos se vinieron abajo. En su revisión de la cuenta pública de 2015, la ASF no encontró información que pudiera determinar los avances de La Cruzada hacia la meta de 2018, que es erradicar el hambre en el país, ni los resultados de las reuniones del comité de expertos… porque nunca se reunieron.
Ciudad de México, 17 de febrero (SinEmbargo).– De acuerdo con el análisis de la Cuenta Pública de 2015, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Cruzada Nacional Contra el Hambre no tuvo metas concretas para ese año ni reportó el avance en el cumplimiento del objetivo general: dejar el indicador “Porcentaje de la población en condición de pobreza extrema de alimentación” en 0 por ciento para 2018.
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) tampoco entregó información sobre los resultados de trabajo del Consejo de Expertos de la Cruzada Contra el Hambre, a pesar de que desde el inicio del programa se instaló y de que éste sería el encargado de elaborar propuestas y recomendaciones en la materia. No hubo pruebas de que dicho Consejo sesionara en 2015, por lo que se pone en duda la factibilidad de las medidas implementadas.
Apenas en el segundo mes de su administración federal, el 22 de enero de 2013, el priista Enrique Peña Nieto presentó la Cruzada Nacional Contra el Hambre en el municipio de Las Margaritas en Chiapas, comunidad que registra los índices más altos de marginación.
Desde su creación, el programa tiene como objetivo atender la prevalencia de la pobreza extrema alimentaria en 7 millones de personas, ocasionada por la insuficiencia de ingresos económicos y la carencia de por lo menos tres de los derechos sociales, incluido el de la alimentación.
En un acto al que asistió el ex Presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien impulsó el programa Hambre Cero en su país, Enrique Peña Nieto lanzó la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Foto: Cuartoscuro
El Presidente y Rosario Robles Berlanga, entonces a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), dieron arranque a un programa social que parecía tendría las mismas magnitudes que Prospera, hasta el momento el más importante en cinco administraciones.
Se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se establece el Sistema Nacional –mediante el cual se instrumentó la Cruzada– para atender el mandato constitucional de “garantizar el derecho a toda persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”, y cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de los ámbitos público, privado y social, para erradicar el hambre, conceptualizada como la condición de pobreza extrema alimentaria.
Y en el inicio lo fue para Peña Nieto y Robles Berlanga. Sin embargo, desde la revisión del desempeño de la Cruzada en 2014 –realizada por la ASF– se evidenció que el programa tenía deficiencias en el diseño, en la focalización de la población a atender y en la coordinación de acciones implementadas, por lo que no había pruebas de su contribución a la erradicación del hambre en 7 millones de personas.
En la evaluación de 2015, los resultados arrojaron que la Cruzada no tuvo una meta concreta para ese año y contó con información sobre el avance de la única meta entonces, que es la que se tiene para 2018.
El método de cálculo de 15 indicadores de componente no permitió medir el cumplimiento de los objetivos, ya que no hubo congruencia entre las variables y las unidades de medida establecidas en el método de cálculo, concluyó la ASF.
La Sedesol no acreditó en qué medida se atendieron las carencias de cada una de las personas, a fin de contribuir a erradicar la pobreza extrema alimentaria en 6 millones 099 mil personas que viven en condiciones de pobreza alimentaria.
Además, se desconoció el presupuesto destinado para su implementación y no fue posible verificar la alineación de los 46 programas presupuestarios que intervinieron con el problema público que se pretende atender.
La ASF no tuvo información sobre los principales objetivos: Cero hambre a partir de una alimentación y una nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación; disminuir la desnutrición infantil aguda y crónica y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez; aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas; minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización y promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre.
Se proyectó que la Cruzada Nacional contra el Hambre debió operar en su primer etapa (2013) en 405 municipios; en la segunda (2014), en mil 012 municipios, y en la tercera (2015), en 2 mil 457 municipios. Foto: Cuartoscuro
CRUZADA PARA LA MITAD DEL PAÍS
En 2013 se diseñó la estrategia. Se seleccionó a la población objetivo, los programas que la integrarían, la implementación, el seguimiento y la evaluación para determinar si hay un efecto o no en la erradicación del hambre. Se proyectó que la Cruzada debió operar en su primer etapa (2013) en 405 municipios; en la segunda (2014), en mil 012 municipios, y en la tercera (2015), en 2 mil 457 municipios.
Pero según el órgano fiscalizador, las dependencias y entidades que participaron en la Cruzada no definieron el presupuesto específico destinado a la estrategia de los 46 programas presupuestarios a su cargo que operaron en 2015.
Además, aunque la Secretaría suscribió acuerdos integrales para el desarrollo social incluyente con 14 de las 32 entidades federativas, con el objeto de impulsar el desarrollo social y el combate efectivo a la pobreza, no lo hizo con el resto y no se firmaron ni renovaron los acuerdos y se desconocen las causas de eso.
A esas 14 entidades se les dio un presupuesto de 68 mil 237 millones 680.7 mil pesos para implementar la Cruzada, pero no se justificó por qué esa cantidad, ni tampoco el porqué no atendió al 40.5 por ciento de su población objetivo ese año.
También hubo problemas en el número de programas y la evaluación de los resultados. El número de programas presupuestarios incluidos en la Cruzada pasó de 70 en 2013, a 64 en 2014 y a 46 en 2015 y de esos no fue posible verificar su alineación con la atención de la prevalencia de la pobreza extrema alimentaria.
Esos 46 programas, que costaron 110 mil 257 millones 897 mil pesos, desarrollaron 129 actividades, pero en 14 no se reportó a qué población atendieron; en 89 no se identificó a la población atendida que se encontró en pobreza extrema alimentaria, y en 40 actividades en las que se cuantificó a la población en pobreza extrema alimentaria, no fue posible identificar cuál fue la carencia social que se atendió.
La ASF instó a la Sedesol a que implemente medidas a fin de disponer de información para evaluar la contribución de los programas presupuestarios en la atención de las carencias identificadas en la población en condición de pobreza extrema alimentaria.
En cuanto a los comités comunitarios, la Sedesol informó que los 79 mil 279 grupos que operaron en 2015 dispusieron de un diagnóstico de necesidades locales; no obstante, para establecer un esquema de control de la estrategia, sólo el 53.3 por ciento se registró en el Sistema Integral de Información de los Programas Sociales (SIIPSO), y el otro 46.7 por ciento, no.
“Esto impidió analizar la factibilidad de implementar medidas, a fin de disponer de información confiable, oportuna y suficiente para la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas del cumplimiento de los objetivos de la Cruzada”, dice el informe.
Pero estos comités, sólo se instalaron en Tlaxcala y se desconoce porqué no ocurrió lo mismo con los 79 mil 279 comités comunitarios que se tenían proyectados para las 32 entidades federativas.
La cúpula empresarial en México instaló el “cuarto de junto” o “Cuarto de Inteligencia” para analizar las estrategias a seguir en el destino del TLCAN, ante las amenazas del Presidente Donald Trump de romper ese tratado, o modificarlo en favor de la nueva política comercial de Estados Unidos. Sin embargo, alertan grupos civiles y representantes de sectores productivos, los hombres de negocios líderes no han hecho sino repetir el “esquema autoritario” con el que hace 25 años dio su apoyo al Gobierno de Carlos Salinas de Gortari para concretar el Tratado de Libre Comercio con EU, dejando afuera a la sociedad civil, a los sindicatos y a los empresarios medianos y pequeños.
1992. Los presidentes firman. México inició un periodo de muchas exportaciones y muchas más importaciones, pero la pobreza creció y en el país se acentuó la desigualdad. Foto: Archivo
Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).– Ante la revisión al Tratado de Libre Comercio de América (TLCAN) advertida por Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, la cúpula empresarial mexicana instaló el “cuarto de junto” para acompañar al Gobierno federal en la “consulta” de las renegociaciones.
“A través del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales se han puesto en funcionamiento el Cuarto de Junto, mecanismo de consulta del Gobierno con el sector privado, y el Cuarto de Inteligencia, que se encuentra analizando los posibles escenarios, propuestas y estrategias para apoyar la negociación bilateral encabezada por el Gobierno”, reportó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) el 26 de enero pasado.
“Estas instancias están conformadas por representantes de las principales organizaciones empresariales, así como por reconocidos especialistas con experiencia y capacidad probada en negociaciones internacionales”, agrega el boletín del CCE, que agrupa a diferentes cámaras y confederaciones.
Este “cuarto de junto” del CCE repite el esquema de las negociaciones realizadas en 1992, antes de la firma del TLCAN entre México Estados Unidos y Canadá, cuando el Gobierno federal mexicano contó también con la asesoría de la cúpula económica, entonces a través de la Coordinadora de Organizaciones Empresariales de Comercio Exterior (COECE).
Esquema que, de acuerdo con diversos sectores, redujo el acceso al contenido de las negociaciones del acuerdo comercial más importante de la historia hasta ese momento sólo a la cúpula política y empresarial, excluyendo al resto de la población y sociedad civil mexicana.
“Es exactamente el mismo tema que hace 25 años: está claramente diseñado para excluir a otras voces en el proceso”, dice Benjamín Cokelet, director del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), que revisa el comportamiento de las empresas. “Me parece que es una versión exprés (de consulta), para incluir la voz de las empresas y excluir las voces de los demás”, agrega.
La renegociación del TLCAN firmado en diciembre de 1992 entre los tres países fue una de las primeras medidas firmadas por el nuevo Presidente estadounidense Donald Trump, que desde su campaña electoral lo llamó el peor acuerdo comercial de la historia.
El jueves, el Canciller mexicano y anterior Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, sostuvo el primer encuentro con su símil norteamericano, Rex Tillerson –antes director ejecutivo de la petrolera Exxon Mobil Corporation–, en la sede del Departamento de Estado norteamericano.
De acuerdo con el boletín de dicha agencia gubernamental estadounidense, ambos funcionarios dijeron que buscaban trabajar conjuntamente en la relación esencial entre los dos países, pero sin mencionar el comercio.
“Tuvieron una conversación constructiva sobre una variedad de temas en la colaboración México–Estados Unidos, incluyendo aplicación de las leyes migratorias y seguridad. Acordaron que el Secretario visitaría la Ciudad de México”, agregó el texto.
Al salir del encuentro, de acuerdo con reportes de prensa, Videgaray Caso mencionó la visita de Tillerson y, sobre la revisión al TLCAN, dijo que el Gobierno mexicano había iniciado una “consulta” de 90 días y que, al concluir, iniciarían las negociaciones.
“Es importante que el Gobierno mexicano conozca y considere la opinión del Senado, del sector privado y de distintos grupos interesados sobre el Tratado de Libre Comercio”, dijo Videgaray, de acuerdo con El País.
La consulta de 90 días fue anunciada desde el 1 de febrero por el Gobierno federal, que delegó la responsabilidad en la Secretaría de Economía.
“El Gobierno de la República iniciará un proceso formal de consultas con el sector privado y otros actores relevantes por un periodo de 90 días, mismo que continuará de manera permanente una vez que inicie la negociación, para fijar los parámetros que guiarán la revisión y profundización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)”, informó la SE en un comunicado.
Dos días después, el titular de la SE se reunió con el CCE, que aglutina al Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones internacionales (CCENI) y que, ese día, reportó estar apoyando en la agenda comercial con otros países.
“Durante la reunión, la SE y el Consejo Consultivo coincidieron en la importancia de trabajar de la mano, no sólo en lo relativo a la negociación del TLCAN, sino también en la agenda comercial que México conduce actualmente con otras regiones (Europa, Asia y América Latina)”, indicó el CCE en un comunicado.
Este medio solicitó información tanto a la SE como al CCE sobre el avance del proceso de consulta, pero hasta el momento no ha habido respuesta.
“No nos han consultado, y sólo se anunció la participación de la Iniciativa Privada, que es la repetición del esquema autoritario que llevó a cabo al ex Presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) con las cúpulas en la negociación del TLCAN, cuando sólo se tomaron en cuenta los interesas de las cúpulas económicas”, coincide Víctor Suárez, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), que aglutina a unos 65 mil pequeños productores de granos básicos.
El pasado 7 de febrero, la ANEC entregó un oficio a la SE solicitando su inclusión formal en el proceso de consulta y advirtiendo que, a diferencia de hace 25 años, en el país hay ahora instrumentos para garantizar procesos más democráticos en la toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas.
“Además de que, repetir estos procesos sería violatorio de los artículos 5, 11 y 12 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, que habla sobre la Información del Ejecutivo al Senado sobre negociaciones formales, la participación de las organizaciones empresariales y ciudadanas”, agregó la ANEC en un comunicado.
De acuerdo con datos de esta organización y otros diagnósticos, el campo mexicano fue uno de los principales perdedores por el TLCAN debido a que, con la modificación Constitucional que permitió el mercado de tierras antes comunales, el Estado mexicano abandonó las actividades productivas y económicas en las zonas rurales.
El resultado, ha explicado Suárez, es la pérdida de dos millones de empleos agropecuarios y la migración de seis millones de personas a las ciudades o a Estados Unidos, además de la expansión de cultivos ilegales y la presencia del crimen organizado.
Por tanto, dice en entrevista, repetir el error de hace 25 años y dejar fuera de nuevo a los pequeños productores del campo continuará con el proceso de sacrificio de la población rural en beneficio de una élite.
“No obstante la sociedad mexicana ha impulsado la inclusión y la transición, 25 años después, este Gobierno federal reproduce los mismos esquemas autoritarios elitistas y excluyentes de Carlos Salinas de Gortari con el TLCAN, y por eso las consecuencias: el sacrificio de un sector para enriquecer a una élite”, insiste Suárez.
Poder y otras organizaciones aglutinadas en el Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos también buscarán formar parte de las “consultas” de la SE que, hasta el momento, dice Cokelet, carecen de la divulgación necesaria para que participe la mayor parte de la población.
“Porque ellos le llaman consulta, pero ni siquiera pasa por lo llamamos una consulta, que sea libre, informada, de buena fe, con tiempo, acorde a las diferentes culturas de los participantes, y ni siquiera están siendo pensadas para eso”, afirmó el también sindicalista.
En entrevista, Cokelet explica que, en 1992, la estrategia de los empresarios y del Gobierno federal fue dejar fuera a los pequeños productores del campo y fracturar a otros sectores de la sociedad civil que también reclamaban información del pacto comercial, como los sindicatos independientes y los ambientalistas.
Así, dice Cokelet, se formaron los Acuerdos de Cooperación Laboral y Ambiental de América del Norte, cuyas funciones, sin embargo, quedaron fuera del texto del acuerdo comercial, por lo que, años después, se dieron cuenta de que carecían de “dientes” para ejercer una verdadera protección de los derechos tanto laborales como ambientales.
La estrategia de cooptación, agrega, se repitió en los tres países participantes. “Desde los tres gobiernos, con los grandes empresarios, básicamente hicieron un mapeo de la sociedad civil, dividieron y conquistaron”, dice el activista.
“Ofrecieron a los sindicatos y ambientalistas algo para que el campo no tuviera nada, y en la sociedad civil de los tres países hubo división como parte de la estrategia política, y eso dio con que el TCLAN, como tal, no incluye temas de derechos humanos, sino acuerdos en los temas ambientales y laborales que están en acuerdos paralelos, sin dientes para llevar casos a las cortes”, explica.
Alberto Arroyo Picard, cofundador de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC), observa también la similitud entre la secrecía del proceso actual y la de los años previos a la aprobación del TLCAN, cuando organizaciones de la sociedad civil debieron obtener una filtración del penúltimo texto del acuerdo para poder conocer el contenido.
“Siempre se ha presionado para que abran la información del TLCAN y lo más que se ha logrado es que, ante la presión, se abrieron sesiones de información y tuvimos algunas sesiones con la Secretaría de Economía, con Herminio Blanco, en las que la verdad es que te contaban mentiras descaradamente”, dice el también académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
“Cuando logramos filtrar el texto, porque a de la secrecía se logró filtrar el penúltimo texto, en la siguiente reunión fue terrible, les decíamos: ‘la propuesta que nos dijiste no es la que están haciendo’. Y ahí se acabaron las reuniones”, agrega.
La instalación de un “cuarto de junto” por parte de la élite empresarial junto al Gobierno mexicano en las negociaciones previas al TLCAN en 1992 no sólo dejó fuera al resto de los sectores que se verían impactados por el acuerdo, como los campesinos o los obreros.
De acuerdo con diversas fuentes, fue en ese periodo de profundas reformas económicas, como las privatizaciones y la liberación comercial, cuando también se sentaron las bases legales para que estas medidas beneficiaran sólo a la élite política y económica que las impulsaba.
Un ejemplo, ha dicho Suárez, es la negociación del capítulo agropecuario del TLCAN, en cuya discusión participó como representante mexicano de este sector el priísta Eduardo Robinson Bours Castelo, propietario de la agroempresa Bachoco y, en 1992, presidente de Consejo Nacional Agropecuario.
El resultado, explicó Suárez en entrevista anterior, fue que México obtuvo para el sector avícola beneficios como la libre importación del sorgo necesario para la alimentación de las aves de Bachoco y, al mismo tiempo, una protección de 10 años al huevo y a la carne de pollo que vendía desde entonces la misma empresa de Robinson Bours, luego Gobernador de Sonora.
“Ellos [los empresarios] se constituyeron en el ‘cuarto de al lado’ de los negociadores gubernamentales, y alimentaban las propuestas que querían que se negociaran y, como hablamos de trasnacionales, a ellos les interesaba, en primer lugar, asegurar una libre importación sin aranceles de sus materias primas”, dijo Suárez a SinEmbargo en diciembre pasado.
“Tenían una capacidad de expresar sus intereses mayor, en contraposición los productores de sorgo, que no teníamos la misma capacidad de negociación”, agregó, entrevistado con motivo del entonces reciente anuncio de la revisión del TLCAN.
Veintidós años después de esas negociaciones, de acuerdo con la ANEC, Bachoco es uno de los 20 corporativos que controlan el mercado agroalimentario mexicano, lo mismo que las firmas Maseca, Monsanto, Cargill, Nestlé, Walmart, Coca Cola y otros “monopolios privados” en poder de todos los cultivos y eslabones de la cadena, desde la producción hasta la comercialización, procesamiento y distribución de los comestibles.
Otro negociador del capítulo agropecuario por parte del Gobierno federal, recuerda Suárez, fue Luis Téllez Kuénzler, ahora consejero del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo y, en el sexenio de Salinas, Subsecretario de Agricultura y participante en la Reforma al Artículo 27 Constitucional que permitió el mercado de tierras antes comunales.
Al término del sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León –en el que fue Secretario de Energía–, Téllez se convirtió en presidente del Consejo de Administración de Desc [hoy Grupo Kuo], que aglutina negocios de químicos y alimentos, entre ellos alianzas con Nutrimentos Agropecuarios Cargill, filial de la firma norteamericana Cargill.
Y ésta, de acuerdo con la ANEC, gracias al TLCAN se quedó con el mercado de la desaparecida Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) y, ahora, domina el mercado de granos en el país.
“Desaparecieron los monopolios estatales, pero se generaron los monopolios privados, y hoy el sistema agroalimentario mexicano está controlado por no más de 20 corporaciones agroalimentarias trasnacionales”, mencionó Suárez.
Fue en ese periodo de instalación del “cuarto de junto” en el salinismo, agrega Cokelet, cuando también inició en el país el uso de la “puerta giratoria”, o tránsito de servidores públicos al sector privado, cargados con información privilegiada y acceso al poder político y cuyos intereses empresariales terminaron por “capturar” las decisiones del Estado mexicano.
Desde 2013, Cokelet publicó una investigación en la que encontró que menos de 40 integrantes del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN) que impulsó la negociación del TLCAN se quedaron, 20 años después, con una tercera parte de la riqueza de todo México.
“En colaboración con políticos y encargados de las regulaciones, el capitalismo de amigos ha socavado el crecimiento económico equitativo en un país donde las instituciones democráticas aún están en formación”, plantea Cokelet en su investigación.
En el texto, titulado “Consejo Mexicano de Hombres de Negocios: política, élites y toma de decisiones en México”, Cokelet identifica el periodo previo a las negociaciones del TLCAN como el momento en el que se consolida esta “captura” del Estado.
“A cambio del acceso a la Presidencia, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios cumplió parte del trato promoviendo la imagen de Salinas en el extranjero, financiando la participación del sector privado en el apoyo de las negociaciones al Tratado de Libre Comercio y, por lo demás, legitimando su Presidencia”, dice la investigación.
“Al final, las políticas de Carlos Salinas agrandaron la inequidad, profundizando la concentración de riqueza en manos de los integrantes del CMHN y otras élites de negocios y, al final, sentando las bases para la crisis del peso en 1995”, agrega.
El poder del “cuarto de junto” de las negociaciones previas a la firma del TLCAN fue también reseñado en el artículo “La COECE: un caso de cooperación entre los sectores público y privado en México”, publicado en 1997 por la revista del Banco Mexicano de Comercio exterior.
El texto narra que estas negociaciones previas a la firma del TLCAN fue un nuevo momento en la relación de los empresarios con el Estado mexicano, enfrentados en sexenios anteriores pero reconciliados a partir del salinismo.
“Las negociaciones del Tratado ofrecieron un espacio privilegiado para la definición de una nueva forma de relación y colaboración entre el Estado y los empresarios, en donde éstos desempeñaron un papel destacado en la formulación de la estrategia económica”, dice el texto.
“Esto puede plantear problemas importantes en sus relaciones con el sector obrero, los campesinos y los movimientos populares, muchos de los cuales han sido sustento del PRI. Algunos sectores consideran que el Estado ha establecido alianzas estratégicas privilegiadas con los grandes empresarios y que los pequeños no se han beneficiado con la nueva política económica”, agrega.
Por eso, insiste la ANEC, 25 años después de las negociaciones iniciales, se debe evitar el error de negociar sólo con las cúpulas económicas.
“Es injusto y antidemocrático y sería un grave error volver a excluir a los pequeños y medianos productores de granos de básicos en las consultas, toda vez que representan más de cuatro millones de productores y son responsables de más del 60 por ciento de la producción nacional de dichos alimentos, a pesar de los impactos negativos de dicho tratado y del abandono gubernamental de los últimos 25 años”, planteó la ANEC en su posicionamiento.
El partido que lidera Andrés Manuel López Obrador, Movimiento Regeneración Nacional, acusa al Gobierno de la capital del país de operar la contratación masiva de personal eventual y despilfarrar cientos de millones de pesos para promover el voto de candidatos del Partido de la Revolución Democrático a la Asamblea Constituyente, a través de lo que denominan como “Acción de Gobierno”. En tanto, el Partido Acción Nacional asegura que el “Seguro de Desempleo” se opera “descaradamente” y con fines electorales en toda la Ciudad de México.
Solicitud de empleo temporal que se reparte en delegaciones del PRD, de acuerdo con las acusaciones de los líderes de PAN y Morena en la CdMx. Foto: SinEmbargo
Ciudad de México, 24 de mayo (SinEmbargo). –El Gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Miguel Ángel Mancera Espinosa, opera una “Acción Institucional de Ingreso Económico Temporal” para contratar alrededor de 40 mil trabajadores eventuales en distintas secretarías y delegaciones encabezadas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en época de veda electoral y con el fin de respaldar a los candidatos del Sol Azteca al Constituyente, acusan representantes de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Partido Acción Nacional (PAN).
Al cierre de este texto, el Gobierno capitalino no respondió a SinEmbargo para rechazar o aceptar las acusaciones de los partidos de oposición.
El Gobierno de la capital del país solicitó a la Oficialía Mayor autorización para llevar a cabo la acción de gobierno a través de la partida presupuestal 1221, denominada “Sueldos de Base al Personal Eventual”, de acuerdo con una publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 31 de marzo de 2016.
La trampa, acusan, está en disfrazar un programa social en una “Acción de Gobierno” que no puede ser auditada y que puede ejecutarse durante la veda electoral que está en marcha en la Ciudad de México por la elección de los personajes que encabezarán la Asamblea Constituyente, misma que redactará la Constitución de la capital.
Publicación de la llamada “Acción Institucional”, del 31 de marzo de 2016 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Foto: SinEmbargo
SITUACIÓN DE ESCÁNDALO, ACUSAN
Martí Batres Guadarrama, presidente de Morena en el Distrito Federal, explicó que la situación es “grave y escandalosa”, pues el GDF está destinando alrededor de 500 millones de pesos para la contratación de personal eventual durante cuatro meses por 4 mil pesos al mes, en total opacidad.
“El Gobierno de la ciudad abrió una Acción Institucional de Empleo Temporal como una forma de burlar las obligaciones de expedir un programa en forma, porque esta acción institucional no tiene reglas de operación, no se sabe cuántos son los beneficiarios, las metas físicas, qué presupuesto se le va a destinar, es la opacidad absoluta. Es un asunto muy delicado porque se han de estar transfiriendo más o menos unos 500 millones de pesos por lo menos a esta decisión. La información que tenemos es que se trata de un cuatro por cuatro y la ventaja que ellos tienen es enorme, cuando el tope de campaña para los partidos es de 20 millones de pesos”, dijo Batres en entrevista con SinEmbargo.
Para ser beneficiario de la “Acción de Gobierno” se debe comprometer a promover el voto a favor del PRD, a cambio de recursos públicos, acusó.
De acuerdo con el presidente de Morena a cada una de las corrientes o “tribus” del Sol Azteca en la ciudad se le asignó una cantidad de votos y de plazas que cubrir.
La diferencia entre un programa y una “acción institucional” radica en la opacidad con la que se ejerce el recurso público, dijo.
“Un programa obliga al Gobierno a emitir 11 obligaciones de transparencia: tiene que emitir reglas de operación, publicar el padrón de beneficiarios, las metas físicas a las que se quiere llegar, el presupuesto que se destinará, la entidad responsable del programa, el mecanismo de queja, el mecanismo de disponibilidad, de participación ciudadana, la relación con otros programas de gobierno. Entonces, son 11 obligaciones que no se cumplen cuando se trata de una acción institucional. Aquí hay un fraude a la Ley, porque esto no es una acción institucional, que es cuando hay una actividad aislada que no se puede prever en un programa, por ejemplo cuando hay lluvias torrenciales y deciden comprar impermeables para un grupo de damnificados. Aquí no se trata de un hecho aislado, sino que se trata de todo un programa que incluye un vasto presupuesto y miles de beneficiarios. Hay un fraude, se están burlando la Ley”, afirmó Batres.
El GDF, añadió, se evita el publicar a más tardar en marzo la lista de los beneficiarios. La “acción institucional” puesta en marcha actualmente se hizo sin convocatoria pública y los contratados son totalmente a discreción.
En tanto, Claudia Sheinbaum Pardo, Delegada de Tlalpan, dijo que en la demarcación que gobierna tiene conocimiento de que se han inscrito a las plazas del empleo temporal alrededor de 3 mil personas asociadas con la jornada electoral.
“Es un programa especial del Gobierno de la ciudad, ilegal porque está asociado a asuntos electorales; le pagan 4 mil pesos a la persona para ser un promotor del voto del PRD hasta junio, con la supuesta promesa de que si gana el PRD ellos tendrían un empleo más definitivo. Algunas personas nos han platicado que les dan 4 mil pesos, pero que afuera del banco les están esperando para quitarles 2 mil. No sé quién se los quite”, expuso la Delegada.
SinEmbargo tiene en su poder una lista con más de 3 mil nombres con apellidos, con dirección y código postal de las colonias Higinio Chávez y La Famosa en Tlalpan, inscritos supuestamente al empleo temporal promovido por el Gobierno central.
DINERO EXTRA A DELEGACIONES DEL PRD
Programas sociales en la CdMx son usados por el Gobierno de la capital con intereses electorales, acusan PAN y Morena. Foto: Cuartoscuro
Vidal Llerenas Morales, Diputado federal por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), planteó que la “Acción de Gobierno” fue autorizada para algunas secretarías y delegaciones gobernadas por el PRD por la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas.
Llerenas coincidió con Batres en que el GDF pretende “darle vuelta a la Ley” a través de un empelo temporal de contingencia poco claro.
“No es claro que esta acción vaya a repercutir en mejorar la calidad de los servicios públicos, y es mucho menos claro porqué se está haciendo en estos momentos”, explicó.
Los puestos, agregó Llerenas Morales, fueron autorizados presupuestalmente por la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas durante varios meses y el recurso podría superar los 500 millones de pesos.
“Es posible que sea más. La información que yo tengo es que al menos una autorización de la Secretaría de Finanzas es por 500 millones, pero esa fue sólo la primera autorización. A lo largo de estas semanas pudo haber habido más dinero”, expuso.
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De acuerdo con información que hizo llegar una fuente a este medio en mayo pasado, la Secretaría de Finanzas autorizó 480 millones 241 mil pesos extras a diversas delegaciones de la Ciudad de México y a otras secretarías: 5 millones 720 mil pesos en Álvaro Obregón; 10 millones 770 mil pesos en Coyoacán; 21 millones 200 mil pesos en Gustavo A. Madero; 4 millones 35 mil pesos a Iztacalco; 24 millones 820 mil pesos a Iztapalapa; 10 millones 80 mil pesos a Venustiano Carranza; 103 millones 744 mil pesos a la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal; 76 millones 884 mil pesos al Sistema de Aguas de la Ciudad de México; 110 millones 160 mil pesos a la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal y 112 millones 328 mil pesos a la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal. De ese recurso, en lo que va de este mes, se han ejercido 325 millones 302 mil 500 pesos.
Llerenas Morales indicó que el Gobierno de Mancera Espinosa está tomando un riesgo elevado, debido a que se trata de una violación a la norma electoral, que puede rastrearse y comprobarse.
“Hay que ir con la autoridad electoral, con la Fiscalía de Delitos Electorales y yo creo que tenemos que ir también con las autoridades de control del GDF, con la Contraloría, para conocer qué es lo que llevó a las autoridades a iniciar un programa de empleo.
No sabemos cuál es la intención de esta contratación, nos imaginamos que es por las elecciones y eso no es legítimo, no corresponde a una acción de gobierno de por ejemplo arreglar las calles, los parques. En todo caso tendría que haber esperado unas semanas más al terminar la elección para llevarlo a cabo. Hay una contratación masiva de personas sin una convocatoria pública, más allá de la publicación en la gaceta”, dijo.
MORENA Y PAN DENUNCIARÁN AL GDF
Mauricio Tabe Echartea, presidente del PAN en la CdMx, afirmó que la acción del Gobierno de la capital del país es “descarada y cínica”. Foto: SinEmbargo
Tanto Morena como el Partido Acción Nacional (PAN) interpondrán denuncias ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por el reclutamiento de personas por parte del Gobierno de Mancera Espinosa para promocionar el voto a favor del PRD.
“Vamos hacer una denuncia en la Fepade por este tema, porque aunque no se llame programa social, es el programa social más delicado que se está utilizando en esta contienda, el Gobierno no entiende, no aprende, hizo lo mismo que el año pasado, pero mucho peor todavía”, dijo Batres.
El presidente de Morena en la CdMx aseguró que tiene información de que en cada delegación se realizan reuniones de los “promotores del voto a favor del PRD, pero en realidad son las personas contratadas por el empleo temporal”.
En tanto, Mauricio Tabe Echartea, presidente del PAN en la Ciudad de México, anunció que presentarán una denuncia ante la Fepade en contra del Jefe de Gobierno y otros servidores públicos por “manchar” el proceso de elección rumbo a la Asamblea Constituyente con el mal uso de programas sociales.
El dirigente blanquiazul dijo en entrevista con SinEmbargo que el GDF utiliza el programa “Seguro de Desempleo” para reclutar promotores del voto, con la anuencia del Instituto Nacional Electoral (INE), de la misma forma que el reparto de tinacos de la Delegación Coyoacán.
“Se está utilizando el programa ‘Seguro de Desempleo’ a diestra y siniestra en pleno proceso electoral en las delegaciones. Lo hacen cínicamente, tenemos quejas ante el INE, pero dice que la compra del voto en la ciudad es legal, eso es lo que dice el INE”, explicó.
Tabe Echartea dijo que el PAN se percató del uso de programas sociales con fines electorales desde el inicio del proceso electoral.
“Nos reportan filas enormes en distintas colonias para afiliarse al ‘Seguro de Desempleo’. Vamos a interponer una queja ante el INE porque esto es descarado y cínico”, precisó.
La crisis ambiental que vive la Ciudad de México y las medidas que se tomaron, cayeron como “una bomba” a los capitalinos, desgastando aún más la imagen del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa y también, como “daño colateral”, al PRD, fuerza política que lo postuló y lo llevó al poder en 2012. Además, se agrega otro factor: la elección en junio de los 100 asambleístas que conformarán el Constituyente y que serán importantes rumbo al 2018.De acuerdo con analistas, entre esos legisladores podrían aparecer nuevos aspirantes y sumarse a los que ya trotan por la pista rumbo a la elección federal: Rosario Robles, Ricardo Monreal, Martí Batres, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez, Carlos Navarrete, Mauricio López, entre otros. Todos miden fuerzas, estiran los músculos y se preparan para acelerar el paso. Se trata de una histórica carrera, donde el PRD podría perder la capital del país, que gobierna desde 1997. Este sitio digital comenzó este ejercicio hace cuatro meses, y cada 12o días reportará el avance o retroceso de los competidores.
Ciudad de México, 8 de mayo (SinEmbargo).– En la Ciudad de México, a pesar de que aún faltan dos años para las elecciones de 2018, hay un clima electoral que no se puede negar. Apenas hace unas semanas arrancaron las campañas políticas para la elección de los asambleístas que integrarán el Constituyente, encargado de redactar la Constitución para al capital el país, y cada uno de los partidos podrá gastarse como límite poco más de 20 millones de pesos.
Este derroche de dinero durante los próximos meses, no sólo es por ganar lugares en la nueva asamblea, sino también para calentar motores para la elección del nuevo Jefe de Gobierno que sustituirá a Miguel Ángel Mancera Espinosa, coinciden los politólogos.
Con un Mancera desgastado durante su Gobierno por ir de crisis en crisis –la última ambiental considerada una “bomba” para los capitalino–, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) tiene el reto de deslindarse en términos de imagen del mandatario, para tratar de evadir el costo político que pagará por los resultados de un Gobierno que postuló.
“La contingencia ambiental cayó como una bomba nuclear porque ha causado tal malestar, tal sentimiento contrario al Gobierno que yo creo que eso tiene que afectar la imagen de Mancera. En cuanto al PRD el daño será colateral, sí le va hacer daño”, dice Virgilio Bravo Peralta, director del Centro de Negociación, Mediación, Conciliación y Arbitraje (CENCA) del Instituto Internacional de Estudios de Derecho y Jurisprudencia (IIEDJ).
Hace unos días periódico Reforma publicó una encuesta en donde dio a conocer que la aprobación ciudadana de Miguel Ángel Mancera cayó 7 puntos en los últimos cuatro meses ubicándose en un 32 por ciento, uno de los niveles más bajos en lo que va de su gestión, mientras que entre líderes de opinión se desplomó al pasar de un 30 a un 16 por ciento.
El estudio realizado por el diario capitalino del 14 al 18 de abril de 2016 muestra que la proporción de ciudadanos que desaprueba al mandatario capitalino aumentó de 54 a 64 por ciento, su tasa de rechazo más alta en la serie de mediciones que ha realizado. En tanto, entre líderes la desaprobación escaló a 84 por ciento, el puntos “más extremo” de su administración.
Los resultados publicados por Reforma muestran que la calificación que dan los ciudadanos a Miguel Ángel Mancera por su desempeñó fue de 4.9 puntos, en una escala del 0 al 10. Entre líderes la evaluación se situó en 3.4. En ambos casos se trato de la calificación más baja registrada.
La popularidad a la baja de Mancera, el Constituyente y el posicionamiento de Morena en las elecciones de 2015 –que significó una reconfiguración en el mapa político de la ciudad– harán que la carrera hacia la próxima Jefatura de Gobierno se de en un marco distinto al de años anteriores.
María Eugenia Valdés Ochoa, experta en procesos electorales, padrón electoral y sistema político de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), considera que las campañas de este año son para “calentar motores” para 2018 por parte de los líderes de los partidos.
“No es la ciudadanía la que está interviniendo, hay que ver la foto de cada partido, en donde aparecen Martí, Clara [Brugada], el PRD está presentando a sus punteros. Ya viene el 2017 y se irá muy rápido y ya estaremos en las campañas de 2018”, dice.
Gustavo López Montiel, experto en partidos políticos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), indica que del Constituyente podrían resultar perfiles para ser candidatos en 2018.
“Lo que sí creo es que el Constituyente construye relaciones de poder al interior de los propios partidos con respecto a quién puede ser candidato o candidata. Quienes queden en la Asamblea, pueden convertirse en posibles candidatos a las delegaciones o al GDF”, expone.
El experto explica que los candidatos que están ahora en campaña para lograr el voto ciudadano y llegar a la Asamblea Constituyente tendrán los reflectores encima y saldrán a la luz pública durante todo el próximo año, lo que beneficiará a estos posibles perfiles.
López Montiel agrega que además de los candidatos que ya se manejan al interior de los partidos en la Ciudad de México, algunos personajes que se perfilan para la candidatura presidencial rumbo a 2018, que no quedarán en la elección interna de sus fuerzas políticas, podrían anotarse para la Jefatura de Gobierno.
EL ENEMIGO A VENCER SERÁ MORENA
La entrada del nuevo partido que fundó Andrés Manuel López Obrador modificó las variables y el escenario político de la capital del país, acostumbrada desde 1997 a que el candidato amarillo fuera el próximo Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Por primera vez en dos décadas, los capitalinos no saben con exactitud quién será su nuevo gobernante. Morena entró a la carrera por la Jefatura el pasado 7 de junio.
Avanzó velozmente en la competencia y le arrebató al PRD la mitad de las delegaciones que gobernaba y la mitad de los diputados locales, modificando la composición de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
Para Virgilio Bravo Peralta el enemigo a vencer para todos los partidos políticos en la ciudad en 2018, es Morena.
“Yo creo que en el DF el enemigo a vencer es Morena, el candidato de Morena, quien sea el candidato, van a poner al lado los otros partidos, a perfiles que puedan pelearle. Rosario Robles por ejemplo, frente a López Obrador, es una candidata ideal porque sabemos de la enemistad acérrima que existe entre ellos desde hace años”, dice.
El analista consideró que podrían darse alianzas en la Ciudad de México entre el Partido Acción Nacional (PAN) y el PRD.
“Pueden darse cualquier alianza: todos contra uno, contra el de Morena. Cualquier escenario podría darse, porque los partidos políticos son bolsas de trabajo, grupos de poder que están ahí por el poder, no por ideología. Ve dos alianzas: todos alrededor del Partido Revolucionario Institucional (PRI)I y otros del PAN-PRD o algo inaudito: un candidato pseudociudadano que sume a todos ellos”, explicó.
Salvador Mora Velázquez, politólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indicó que la elección de la próxima jefatura será “altamente cerrada”.
El triunfo de Morena sobre el PRD dependerá de los recursos con los que finalmente pueda trabajar en las delegaciones del DF, indica.
“El PRD tiene la delantera. El uso del recurso público va a jugar mucho, le dará el vuelco a la campaña electoral de 2018. Dependerá de cómo la gente del PRD haya estado trabajando para hacer leña sobre los recursos de las delegaciones de Morena, para que tenga menos capacidad de gestión”, indica.
Mora Velázquez explica que una de las estrategias de Morena es cautivar el voto de los jóvenes. De ahí la propuesta de crear universidades y centros educativos en las cinco delegaciones que gobierna.
Sin embargo no será fácil. “Morena tiene que ser más mesurado en sus alcances: una Jefatura no es un estado de la República. No te da los recursos suficiente”.
Los expertos y fuentes consultas por SinEmbargo coinciden en varios nombres que corren en la carrera por el GDF. Algunos se quedan en una lista general, porque son considerados prospectos, pero no se mencionan como las cartas fuertes de sus partidos.
Entre ellos están Patricia Mercado Castro, actual Secretaria de Gobierno y Héctor Serrano Cortés, su antecesor. Ambos poseen la trayectoria y la fuerza política para ser candidatos por el PRD. La ex Gobernadora de Zacatecas, Amalia García Medina, aparece como una mujer con posibilidades de ser candidata. En el camino, por el Partido Acción Nacional (PAN) están el Diputado federal Federico Döring Casar; la Senadora Gabriela Cuevas Barrón y el presidente del blanquiazul en el DF Mauricio Table Echartea, mientras que por el PRI está el ex Delegado de Cuajimalpa, Adrián Rubalcaba Suárez.
El ahora Asambleísta Rubalcaba Suárez y quien fuera su vocero Alejandro Zapata Sánchez, están involucrados, junto con Juan Carlos Zaragoza Ríos y Danna Vázquez, en una red de acoso a periodistas documentada por la Unidad Científica de la Policía Federal por orden de un Juez. El priista presentó siete recursos de amparo para evitar su detención, pero el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Penal del Distrito Federal los desechó.
Con esos recursos Rubalcaba y su ex vocero impugnaban las averiguaciones previas abiertas por su presunta participación en una organización dedicada a realizar ataques a enemigos políticos, medios de comunicación y periodistas. La decisión del Juez, que no fue apelada, es ya irrevocable.
Al margen de estos nombres, hay otros que forman parte de una lista más selecta. De ellos, coincidieron varias fuentes consultadas por SinEmbargo, saldrá el candidato de los cuatro partidos principales: PRD, PAN, Morena y PRI, para la contienda de 2018.
¿Cuál es el futuro de un país en el que el 57 por ciento de la Población Económicamente Activa labora en el mercado informal? Una mayor miseria, responden especialistas. Este es hoy el caso de México, y diversos estudios sostienen que sólo se podrá combatir la pobreza –que se expande ya al 53 por ciento de la población– a través de una política de generación de empleos bien pagados. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha alertado con insistencia sobre el peligro que conlleva la incapacidad de los gobiernos mexicanos para generar empleos suficientes y de calidad, ya que el no hacerlo refuerza la cadena de pobreza y marginalidad que orilla a buscar en la informalidad el empleo que el Estado no puede garantizar.
Por Daniela Barragán y Dulce Olvera
Ciudad de México, 4 de mayo (SinEmbargo).– Aunque la reducción del trabajo informal ha sido uno de los objetivos principales de los gobiernos de México, la realidad es que pocos avances han logrado. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) expuso que en 2015 el 57 por ciento de los trabajadores mexicanos –cerca de 30 millones de personas catalogadas dentro de la Población Económicamente Activa (PEA)– se empleó en la economía informal, ese modo de empleo que excluye a los trabajadores de la estructura del desarrollo social.
Factores como la pobreza, la evolución limitada del sector industrial y las crisis económicas provocan que en los países aumenten las cifras relacionadas con el trabajo informal, una figura que para los gobiernos es un problema a erradicar, pero a pesar de lo que se diga en campañas y discursos, es una alternativa a la que las personas recurren para contrarrestar un modelo económico que no genera la cantidad de empleos que se requieren año con año.
Un estudio reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) resaltó un factor poco tomado en cuenta, que es el estado de ánimo de las personas de América Latina, sobre todo jóvenes, que no logran conseguir un empleo formal y que se ven forzados a optar por un empleo en el que son más comunes los bajos salarios, la inestabilidad laboral, precarias condiciones de trabajo, carencia de coberturas asociadas a la seguridad social y ausencia de representación y diálogo social.
La OIT ubica a los trabajadores informales como un grupo vulnerable y con severas limitaciones para el desarrollo personal y familiar. Añade que los efectos de la economía informal se perpetúan a lo largo de la vida laboral, por lo que su situación económica tanto actual como futura es incierta. Sus ingresos son variables, labora jornadas extensas y no tiene acceso a seguridad social; si se enferma o sufre un accidente, tendrá dificultades en el acceso a atención médica u otras prestaciones. Tampoco puede aspirar a una pensión al llegar a la vejez.
En América Latina hay alrededor de 130 millones de personas sin derechos laborales, de acuerdo con la OIT y en México son 30 millones de personas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En los últimos tres años la tendencia de que más de la mitad de los mexicanos trabajen en la informalidad se ha mantenido. De 2012 a 2015 la tasa de informalidad ha estado entre el 60 y 58 por ciento de la población ocupada. En febrero de 2016 se ubicó en el 57.7 por ciento.
Un individuo es parte de este fenómeno de la informalidad si trabaja por cuenta propia, en unidades económicas sin registros contables que no pagan impuestos o en el servicio doméstico.
“La mayoría de los empleos que se generan son informales; es decir: sin derechos laborales, sin futuro, sin estabilidad, lo que impide generar antigüedad e imposibilita el beneficio de la jubilación y la pensión”, aseguró el doctor Luis Lozano Arredondo, del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En México, al cierre de 2014, las mayores tasas de empleo informal se encontraron entre las mujeres (47.7 por ciento frente al 44.5 por ciento de hombres), jóvenes de entre 16 y 22 años, con 7 ó 9 años de escolaridad, y principalmente en la construcción y los restaurantes, de acuerdo con el documento “Informalidad y segmentación en el mercado laboral mexicano” del Banco de México (Banxico).
Esta investigación del banco central también afirma que aunque hay mexicanos en la informalidad por voluntad [principalmente por los ingresos] entre el 10 y 20 por ciento de los trabajadores informales preferirían tener un empleo formal.
Sin embargo, más de la mitad de los jóvenes asalariados informales persistieron en la informalidad al año siguiente, expone un estudio de la OIT. La probabilidad de transitar a la formalidad es del 10 por ciento y el paso de la informalidad a la inactividad es, en promedio, de 20 por ciento.
Analistas consideran que México no genera empleos suficientes al año, lo que abre al paso a la informalidad y a un mayor número de adultos mayores que tendrán que trabajar toda su vida. Foto: Cuartoscuro
LOS EFECTOS DE LA INFORMALIDAD
Diversas investigaciones sostienen que la manera en que se combate la pobreza es a través de políticas de generación de empleo de calidad, o como lo llama la OIT: “trabajo decente”. De acuerdo con los analistas entrevistados, de poco sirve que los nuevos empleos sean sin las prestaciones básicas que estipula la Ley y con un salario mínimo de 73.04 pesos, en un país donde hay 55.3 millones de pobres.
Estas condiciones generarán un país con una juventud sumida en la pobreza y con una población de adultos mayores que tendrán que trabajar durante toda su vida, al no tener asegurada una pensión para la vejez.
Para el doctor Irving Rosales Arredondo, académico e investigador de la Universidad Iberoamericana, además de que México no genera empleos suficientes año con año, cada vez hay una mayor proporción de trabajadores que laboran y ganan poco dinero.
“Las características del empleo que se crea no son las óptimas. No son empleos que le permitan a los trabajadores obtener ingresos suficientes”, destacó.
En el último año, 800 mil personas se sumaron a la cifra de quienes trabajan menos de 35 horas a la semana, mientras que 983 mil personas trabajan 35 horas o más. Entre quienes perciben entre cero y tres salarios mínimos se agregaron 818 mil personas y los que tienen ingresos superiores a tres salarios mínimos se redujeron en 773 mil personas, según datos del CAM.
“Si es gente que gana salarios muy bajos, la probabilidad de que caigan por debajo de la línea de pobreza aumenta muchísimo y todo eso genera un círculo vicioso, porque la parte de los trabajadores del sector informal es grande y los sueldos que se pagan ahí suelen ser muy bajos, entonces el tener pocos ingresos no permite adquirir bienes y servicios. Que la gente no tenga dinero para comprar bienes, disminuyen la producción de las empresas, así como la contratación de personal. No hay una movilidad de la producción”, agregó Rosales Arredondo.
El sector poblacional que acapara las cifras de pobreza es el de los jóvenes, según los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), que calcula que 21.4 millones de los menores de 18 años viven con una o más carencias de servicios y derechos básicos. Esa población es la nueva fuerza laboral de México.
Como lo ha señalado la OIT, las tasas de desempleo juvenil son de dos a cuatro veces superiores a las de los adultos; hay una desilusión por no encontrar empleo y cuando logran encontrar uno, en la informalidad, con las condiciones laborales que ofrece de poca protección y pocos derechos, es una opción fuerte.
Entre los jóvenes, la tasa de informalidad se ubica por arriba del 55 por ciento, a pesar de que se tiene a la generación más educada. A decir de la OIT, esto tiene repercusiones sociales, económicas y políticas, ya que se puede traducir en situaciones de cuestionamiento del sistema, inestabilidad y marginalización que pueden afectar la gobernabilidad.
“La proporción de desempleados que ha crecido en los últimos 10 años es la de personas que tienen estudios de media superior y superior. Es gente que termina la preparatoria, universidad y posgrados. En este sector hay tanto jóvenes como gente adulta con experiencia”, comentó Rosales. El especialista ve entre las causas una generación de empleos que no absorbe a los jóvenes que salen de preparatorias y universidades, lo que genera gente sin experiencia y jóvenes dispuestos a no ganar salarios altos.
La proporción de desempleados en México con estudios de preparatoria y universidad es cada vez más alto. Foto: Cuartoscuro
LOS PROGRAMAS DE FORMALIZACIÓN
El principal programa en materia de empleo, de la administración de Enrique Peña Nieto, ha sido uno de formalización. Arrancó el 22 de julio de 2013 y tiene como objetivo “facilitar el tránsito de los empleos informales a un esquema de formalidad, creando trabajos dignos y socialmente útiles”. Para los jóvenes, el único programa que existe, es Jóvenes Emprendedores.
Las conclusiones de la OIT sobre cómo se combate la informalidad orientan hacia una estrategia que lleve a los trabajadores y empresarios informales a canales de protección y apoyo, al tiempo que mantengan las potencialidades dinámicas existentes.
Se debe priorizar en la reducción de las deficiencias del trabajo en la economía informal y que las personas ubicadas ahí sean reconocidas por la legislación y tengan derechos. Después, el Estado asegurará que en el corto y mediano plazo las personas que buscan trabajo podrán entrar a la economía formal con derechos de un trabajo “protegido y decente”.
Para la doctora Carmen Bueno, del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, la economía informal se ha estigmatizado negativamente, cuando está resolviendo un problema social de grandes magnitudes y es una reacción de los excluidos del sistema formal.
“Por no estar regulado tiene el problema entre la informalidad y lo ilícito, aunque no es algo generalizado. Es la opción que hay porque la generación de empleo bajo el esquema neoliberal cada vez restringe más el empleo formal. Es un tema estructural, que ante la incapacidad de generar empleos formales, tiene que haber una activación de estas actividades, porque si no, ¿cómo sobrevives?”, comentó en entrevista.
La informalidad también conlleva un problema de ilegalidad, alertan especialistas en el tema laboral. Foto: Cuartoscuro
MENOR RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS
La informalidad se desenvuelve al margen de los sistemas contributivos, con menor recaudación de impuestos y aportaciones a los esquemas de previsión social, lo que debilita las finanzas públicas y los sistemas de seguridad social y pensiones, reconoce la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) ha propuesto que el financiamiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se base principalmente en impuestos a toda la población para equilibrar la caída en los ingresos petroleros ante la crisis internacional del sector petrolero que ha llevado a la mezcla mexicana a un precio promedio de 26 dólares por barril.
Durante el primer bimestre de 2016, México recibió más por impuestos que por el petróleo. Los ingresos tributarios ascendieron a 439.9 mil millones de pesos, en comparación con los ingresos petroleros que se ubicaron en 121.9 mil millones de pesos.
No obstante, la necesidad de una mayor recaudación tributaria obliga a reducir el número de mexicanos que laboran en el sector informal.
“Si se avanza en la reforma integral de Hacienda y de la Seguridad Social –de manera que se elimine la informalidad en los mercados laborales y en el sector productivo– se aumenta la base para la recaudación del ISR y el IVA, y el gasto puede dirigirse hacia el financiamiento sostenible de un sistema de seguridad social universal que funcione correctamente. Es entonces que se asegurará un desempeño de la economía mexicana más sólido, tanto en el corto como en el largo plazos”, aseguró el CEEY.
Para ello, afirmó el investigador de este Centro, Marcelo de la Jara, se debe generar una reforma integral de mercados laborales y recaudación de impuestos, ya que si bien es necesaria cuanto antes una Reforma Fiscal y Hacendaria “muy profunda” para reducir al mínimo la dependencia a los ingresos petroleros, “el impedimento” es el nivel de informalidad que hay en el país.
Este martes, Estados Unidos vuelve a las urnas y el favorito entre los republicanos, Donald Trump, podría afianzar de manera definitiva su paso a la candidatura. Conforme avanza y suma votos, los analistas y académicos revisan qué hay en su discurso y en su fuerza de arrastre. Algunos han señalado la cercanía de Trump con la ideología de Hitler; pero otros, entre ellos varios historiadores destacados, dicen que se trata de una nueva versión de Mussolini que arrastra a millones al fascismo…
Ciudad de México, 14 de marzo (SinEmbargo).– El sitio norteamericano Gawker reveló recientemente cómo logró confirmar, por medio de una cuenta falsa, las inclinaciones fascistas de Donald Trump.
“¿Donald Trump es un fascista? Expertos, historiadores y analistas han debatido la cuestión durante meses. Una cosa ha sido determinada desde hace un tiempo: que sí tuitea como tal. Por eso, el año pasado, Ashley Feinberg, de Gawker creó un bot de Twitter que iba a publicar citas de escritos y discursos del dictador fascista italiano Benito Mussolini, pero todos ellos atribuidos al empresario y candidato presidencial republicano Donald Trump”.
Desde la cuenta @ilduce2016,Feinberg tuiteó: “Es mejor vivir un día como león que cien años como oveja –@realDonaldTrump”
Y Trump cayó en la trampa. Retuiteó el mensaje de Mussolini.
Una aparente buena noticia desde los historiadores: Trump y el neofascismo norteamericano es ligeramente lejano de Adolfo Hitler y el nacionalsocialismo de la entreguerra. Pero la mala noticia diluye lo bueno que tendría lo anterior: es un nuevo Benito Mussolini, con otras agravantes: es un ignorante seguido por otros ignorantes que suman millones.
De acuerdo con The Boston Globe, efectivamente, la ignorancia de Trump es comparable con la de un niño de cuarto grado. Si a eso se le suma que no tiene programas de gobierno; que sus seguidores le perdonan que tenga políticas e ideologías contradictorias; que promete restaurar Estados Unidos a partir de la demolición de instituciones en un país que se considera la democracia moderna del mundo, entonces lo que se tiene es una bomba camino a la Casa Blanca.
Expertos, historiadores y analistas coinciden en que Donald Trump ha ensamblado un nuevo rostro del fascismo; le ha dado coherencia y cohesión a fuerzas desperdigadas (como los grupos supremacistas blancos) que se sienten golpeadas por la economía y ven con añoranza cómo otras naciones, como China, crecen en momentos en que ellos, “impulsores de la receta neoliberal”, se desploman.
El historiador Robert Paxton dijo a Slate en un texto publicado hoy que Trump es más un Benito Mussolini que un Adolf Hitler, algo en lo que coincidió recientemente el mexicano Enrique Krauze.
“Para ser justos, hay muchas diferencias entre el fascismo italiano de la Europa de la entreguerra y que el Trumpismo de la América post-Obama. Por un lado, Mussolini era mejor lector y más articulado que Trump. Comenzó como un maestro de escuela; el fascista italiano leía vorazmente y tenía una fuerte influencia de los filósofos alemanes y franceses Friedrich Nietzsche y Jean-Marie Guyau, respectivamente. Dudo Trump sabe quiénes sean estas dos personas”, dijo Paxton.
• Como Mussolini, Trump arremete en sus discursos contra intrusos [mexicanos] y enemigos [musulmanes].
• Como Mussolini, se burla de aquellos que son percibidos como débiles y alienta un “ajuste de cuentas violento” de sus seguidores contra los que considera “el enemigo interno”.
• Como Mussolini, se burla de las reglas del discurso civilizado de la política y promete restaurar la nación no por una serie de políticas públicas, sino por la fuerza de su propia personalidad.
“No es un secreto que los líderes fascistas no tienen ningún programa”, escribió Paxton. “Esto explica por qué los partidarios de Trump no tienen problema con las políticas e ideologías contradictorias de Trump”.
COLMENA DE CONTRADICCIONES
El recién fallecido escritor italiano Umberto Eco explicó que el fascismo era “una colmena de contradicciones”, en efecto. Mussolini era un sindicalista socialista antes de convertirse en un fascista destructor de los sindicatos; fue periodista antes de tomar medidas enérgicas contra la libertad de prensa; era un republicano antes de convertirse en un monárquico.
Estas contradicciones se repiten en Trump:
• Estaba a favor del aborto y ahora está en contra.
• Está casado tres veces y ahora abraza el cristianismo evangélico, que lo censura.
• Es la encarnación del capitalismo y, sin embargo, promete acabar con el libre comercio.
Jim Yates, usando un sombrero tradicional mexicano, participa en un mitin en apoyo del aspirante presidencial republicano Donald Trump en la Universidad Lenoir-Rhyne, en Hickory, North Carolina, el lunes 14 de marzo de 2016. Es el 17mo mitin de Trump al que asiste. Foto: Chuck Burton, AP
“Y ataca a los trabajadores, amenaza a los periodistas, y está dispuesto a pasar por encima del sistema” democrático norteamericano para cumplir sus objetivos, de acuerdo con Paxton.
• Como Mussolini, Trump se pitorrea de las instituciones democráticas.
• Como Mussolini, habla de desmantelar al establishment… que realmente le ha dado todo.
• Como Mussolini, Trump habla de tomar medidas enérgicas contra la libertad de prensa con el endurecimiento de las leyes de difamación.
• Como Mussolini (y como Hitler mismo) habla de una “limpieza étnica” de 11 millones de personas [los “ilegales”], quitando la ciudadanía a quienes considera miembros ilegítimos de la nación [los hijos de los “ilegales”].
• Como Mussolini, habla de emprender guerras y cometer crímenes de guerra por “la protección de la nación” [matando a las familias de los sospechosos de terrorismo].
“El fascismo es un asunto más intestino que del cerebro”, escribió Paxton.
“Trump tendrá un problema en la elección general entre sus declaraciones de política y su comportamiento personal”, dijo a la agencia Xinhua Darrell West de la Brookings Institution. “Protesta encolerizado por la inmigración ilegal y por otros países, pero depende de la mano de obra de esos países. Habla de regresar empleos que se han ido a México, pero ha subcontratado trabajo en esos sitios”, dijo West.
Habla de “hacer que Estados Unidos sea grande de nuevo”, pero sus críticos preguntan cómo exactamente hará esto y en cuáles áreas. Estas discrepancias darán de qué hablar a la probable nominada demócrata Hillary Clinton si Trump acaba enfrentándola. “Los demócratas argumentarán que es un hipócrita que cambia de postura constantemente. Lo presentarán como una veleta que cambia con la más ligera brisa”, dijo West a la agencia china.
EL FÜHRER, IL DUCE
Bret Stephens, periodista de The Wall Street Journal y Premio Pulitzer, coincide con otros en que hay diferencias entre el Mussolini y Trump. Pero estas diferencias no agregan mejoría al futuro de Estados Unidos y el mundo.
“¿Donald Trump es la segunda venida de Il Duce, y los fascistas de antaño son trumpistas de hoy? No exactamente. Pero eso no quiere decir que debamos ser indiferentes a los paralelismos con la última edad oscura de la política occidental”.
En una entrevista reciente con BBC Mundo, el historiador mexicano Enrique Krauze preguntó: “¿Cuántas personas leyeron ‘Mi Lucha’ de Hitler y dijeron: ‘Eso es algo que dice en el libro, pero nunca hará una cosa así’? Y [Hitler] lo hizo, puntualmente. Pensar que esto es un show es un error. Por supuesto, si llega a la presidencia, los checks and balances, los límites que supone el Congreso, el poder judicial, los medios, el federalismo, operarán para limitarlo. Pero él hará lo posible por cumplir todo lo que ha dicho”.
“No se trata de un populista más –agregó– como los ha habido en la historia de los Estados Unidos. Se trata de un hombre que tiene una patología sicológica muy particular. Los grados de megalomanía, paranoia, narcisismo, y la desvergüenza en sus posturas racistas y xenófobas son preocupantes. Pero más preocupante aún es que tiene un eco en Estados Unidos. Lo que ha ocurrido es que nos hemos contado una historia equivocada de ese país. Todos queremos creer que Estados Unidos es la cuna democrática moderna, la continuidad democrática de 250 años –sólo rota por la Guerra Civil–, etcétera. Pero Estados Unidos es también el centro y el sur, nativista, xenófobo, profundamente marcado por el racismo de la tradición esclavista, antiinmigrante. Estamos encontrándonos con un monstruo que no creíamos que existía”.
Un grupo de manifestantes protestando ante un evento de campaña de Donald Trump en West Chester, Ohio el 13 de marzo del 2016. Foto: John Minchillo, AP
Krauze agregó que Trump “ha reivindicado la figura de Mussolini, alguna frase ha citado y yo creo que se le parece por su sentido histriónico, por el contacto directo con el pueblo, por su capacidad de comunicación –no sólo televisión y radio, sino twitter– y sobre todo por su discurso violento, visceral, emotivo con pleno de afirmaciones de identidad blanca americana y por otro lado de teorías de la conspiración con respecto al exterior. Se parece mucho más a un fascista que a un populista. Digamos que los fascistas son las versiones extremas y más autoritarias de los populistas”.
Donald Trump ha venido enfatizando en su discurso xenófobo y racista. Y ha venido confirmando que es un hombre violento que alienta la violencia contra los que considera sus enemigos.
En diciembre pasado, el comentarista Peter Bergen dijo en CNN que “no hay ningún indicio de que Trump desee tomar parte en o fomentar la violencia contra sus enemigos, como los inmigrantes, a quienes ha identificado como los culpables del debilitamiento de la forma de vida americana. Por lo tanto, uno se queda con la conclusión de que Trump es un proto-fascista, en lugar de un fascista real. En otras palabras, tiene muchas ideas que son de naturaleza fascista, pero él no está proponiendo la violencia como una forma de implementar esas ideas”.
Eso fue antes de que Trump llamara a “noquear” a sus opositores. Antes de que hablara de una posible guerra contra México para obligarlo a construir un muro. Antes de que él mismo llamara a expulsar de sus mítines a la gente que no piensa como él y antes de este fin de semana, cuando sus simpatizantes propinaron golpizas a protestantes y varios eventos públicos tuvieron que ser cancelados por la violencia.
El pasado 4 de marzo, el actor estadunidense George Clooney alertó en una entrevista con el diario británico The Guardian que Donald Trump es “fascista xenófobo”.
“Es simplemente un oportunista. Es un fascista, un xenófobo fascista”, agregó.
Confió en el criterio de los ciudadanos de Estados Unidos y citó al ex Primer Ministro británico Winston Churchill:
“Puedes contar con que los estadunidenses harán lo correcto una vez hayan agotado todas las demás posibilidades”.
Julian Zelizer, profesor de historia y asuntos públicos de la Universidad de Princeton, dijo a Xinhua que los cambios de opinión y las inconsistencias podrían perjudicar a Trump. Pero Zelizer dijo que en ocasiones, transmitir mensajes encontrados a grupos diferentes en los que dice a cada uno lo que quiere escuchar, podría de hecho ayudar a Trump como ha ayudado a algunos candidatos en elecciones pasadas.
“Parte de su estrategia al hacer esto es transmitir mensajes encontrados a diferentes grupos para que los votantes vean en él lo que quieran”, agregó Zelizer a la agencia china.
El aspirante a la candidatura presidencial republicana, Donald Trump, pronuncia un discurso de campaña en Boca Ratón, Florida, el domingo 13 de marzo de 2016. Foto: Paul Sancya, AP
LA RETÓRICA DEL FASCISMO
Sin mostrar muchas señales de que intente calmar el tenso ambiente político en Estados Unidos, el favorito de la carrera por la candidatura presidencial republicana, Donald Trump, mantuvo el tono de su antagónica campaña, rechazó cualquier responsabilidad por los actos de violencia ocurridos en sus presentaciones y defendió a sus simpatizantes acusados de agredir a manifestantes.
“Nosotros no somos los provocadores. Queremos la paz… No queremos problemas”, declaró hoy Trump ante una multitud en Bloomington, Illinois, en el primero de tres actos de campaña relativamente tranquilos programados desde Illinois a Florida, previos a otra sucesión crítica de elecciones primarias en estados importantes.
Trump hizo esas declaraciones después de incidentes el viernes que estuvieron cerca de convertirse en disturbios en Chicago, donde canceló un acto político en medio de altercados generalizados entre sus simpatizantes, detractores y autoridades. Su gira por tres estados también tiene lugar menos de 48 horas antes de que abran las urnas en cinco estados, jornada que podría determinar si gana la candidatura presidencial demócrata sin afrontar una polémica convención en el verano.
Con ese telón de fondo, Trump insistió en acusar a los manifestantes en su contra, a la prensa e incluso al precandidato presidencial demócrata Bernie Sanders de ser los responsables de un ambiente de campaña cada vez más cáustico que los contrincantes del multimillonario describieron como la “razón para una pausa” y que sin duda “causará perjuicios a Estados Unidos”.
Interrumpido escasamente durante sus actos de campaña de la jornada, Trump afirmó a sus seguidores que la frustración que sienten es una rabia comprensible contra un sistema político y económico corrupto. El magnate describe a sus detractores como “personas malas” que “causan daño al país”.
La noche del domingo, Trump pareció extrañar la conmoción, de acuerdo con The Associated Press:
“En Boca Raton, Florida, un estado donde abundan las palmeras, Trump pronunció en la noche un discurso en un anfiteatro al aire libre; a los 20 minutos del inicio de su acto, preguntó: ‘¿Tenemos a algún manifestante por ahí? ¿Tenemos a algún perturbador?’ Trump ha intentado desde Chicago dirigir la atención a Ohio, donde enfrenta una tardía ofensiva del popular Gobernador John Kasich. El resultado contribuirá a determinar si Trump puede alcanzar los 1,237 delegados necesarios para ser el abanderado republicano y evitar en el verano una controversial convención del Partido Republicano en Cleveland”.
El año que marca el inicio de esta ofensiva es 2014. En aquel entonces, Chilpancingo, la capital de Guerrero, tenía 285 tortillerías, mayoritariamente en colonias populares como la Benito Juárez y la Universal, donde también se asientan grupos criminales como Guerreros Unidos y Los Rojos. Las bandas delictivas notaron que el modelo de venta de las tortillerías ayudaba a sus planes de expansión: los locales vendían el producto en inmuebles con vista a la calle o a través de jóvenes que se desplazan en motocicletas para ofrecer kilos de puerta en puerta. Si los cárteles de la droga controlaban esa fuerza de trabajo, podrían obtener narcotiendas, narcomenudistas y vigilantes bajo la fachada de comercios y vendedores.
Fachada de la tortillería Los Mangos, que permanece cerrada con un monedero quemado en el mostrador. Foto: Daniel Ojeda, VICE.
Por Oscar Balderas
Ciudad de México, 14 de marzo (SinEmbargo/VICE Media).– Samuel corre despavorido. Un sicario apunta a su nuca. Los gritos del veinteañero resuenan por un callejón de terracería que se ha vuelto su única ruta de escape. Con alaridos, suplica que alguien abra la puerta de una casa para esconderse, pero es como si nadie estuviera en la colonia aunque son las 10 de la mañana. Se sabe abandonado a su suerte, así que su última esperanza está en dar grandes zancadas y desbocarse en zigzag hasta salir de la mira de una escuadra 9 milímetros que empuña un matón de su misma edad.
Las posibilidades de que sobreviva son pocas: él desciende por una estrecho camino de muros rosas y azules de casas precarias y el sicario está en lo alto de la pendiente acompañado por dos cómplices más, viéndole la espalda. Unos minutos antes, esos tres pistoleros entraron a la tortillería Los Mangos en la zona alta de la colonia La Laja, una de las franjas más pobres y peligrosas de Acapulco, y rafaguearon por dentro. Rodolfo, el único compañero de trabajo de Samuel, también pudo salir del local, pero cuando huyó hacia la azotea un disparo le atravesó la espalda y lo hizo caer muerto desde el primer piso hasta la entrada del negocio.
Y ahora Samuel es el siguiente blanco. El sicario dispara contra su víctima pero las balas no alcanzan su cuerpo. Si el vendedor de tortillas quiere aumentar sus posibilidades de vivir, necesita jadear 150 metros más hasta la calle Sección Regional, la pavimentada, y girar a la izquierda para perderse en algún callejón. Chilla. Serpentea. Resopla los 23 grados centígrados que pesan en el aire. Sólo él sabe cuánto le amartilla el corazón o si su estómago se ha convertido en un hueco que le debilita las piernas. Pero sigue hasta poner ambos pies en el asfalto y a 10 metros de que alcance la curva que le salvaría la vida… se desploma.
Una bala entra en su cráneo. Desde lo alto, a lo lejos, los sicarios miran como el chico de playera azul cielo y shorts verdes con blanco cae. No se levanta. Ni siquiera mueve las piernas. El comando huye con la seguridad de que se ha cumplido la encomienda de matar a todos los trabajadores de esa tortillería.
Pero Samuel está vivo. Apenas.
Media hora después del balazo, la policía municipal de Acapulco llega por fin a su auxilio. El agente Octavio N. recuerda al tortillero tendido boca arriba, exhalando aire caliente y sangre de la boca, balbuceando que no lo dejen morir ahí. “¡Aguanta, chavo!”, “¡Ya viene la Cruz Roja!”, “¡No te duermas!”, le piden policías municipales, estatales y federales, quienes ya han llegado para protegerlo en caso de que los sicarios se enteren que no está muerto y quieran volver. Él aguanta con dificultad la llegada de la ambulancia, pero será en vano. Horas después en un hospital público, Samuel Sotelo Jurado es declarado muerto.
Ese día, el 7 de enero de 2016, él se convirtió en la víctima más reciente de una guerra que los cárteles de la droga le han declarado a la industria de la tortilla en Guerrero: tres días antes de su asesinato, sicarios mataron a dos tortilleros en la colonia Cañada de los Amates de Acapulco y otro par de vendedores de tortillas fueron ejecutados, ese mismo día, en un local de la colonia Loma Bonita.
VICE reconstruye los últimos instantes de este homicidio con el testimonio de policías que atendieron el caso de primera mano y vecinos de La Laja. Para ello, un mes y medio después del asesinato de Samuel, viajamos hasta la tortillería Los Mangos y sus alrededores para entender la saña contra los tortilleros guerrerenses. Lo que queda del multihomicidio es un local con una puerta roja que no abre desde la balacera, unos tablones viejos con manchas ocre y un pequeño monedero quemado en el mostrador.
Y miedo. Mucho miedo que envuelve como sopor caliente.
El 35 por ciento de la industria en Chilpancingo ha cerrado por miedo a ser los siguientes secuestrados cuyos restos son hallados en narcofosas. Foto: Daniel Ojeda, VICE.
LA FIESTA DE LA TORTILLA ES UN FUNERAL
En México, el maíz es más que un alimento: es identidad nacional. Y orgullo ante el extranjero.
En noviembre de 2010, la importancia de ese cultivo en la imagen de México ante el mundo hizo que la Organización de Naciones Unidas (ONU) declarara a la cocina mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Detrás la nominación estuvieron funcionarios de primer nivel del Gobierno mexicano y el poderoso Grupo Gruma –un conglomerado empresarial cuyo director es conocido como El Zar de la Tortilla–, quienes festejaron el nombramiento en las primeras planas de los diarios.
Pero a menos de seis años de ese premio, la fiesta se ha convertido en un funeral para la industria asentada en el estado sureño de Guerrero, donde 50 grupos criminales se disputan el control de la entidad, primer lugar nacional en producción de opio y bautizada por sus propios legisladores como “el epicentro del dolor nacional”.
El año que marca el inicio de esta ofensiva es 2014. En aquel entonces, Chilpancingo, la capital de Guerrero, tenía 285 tortillerías, mayoritariamente en colonias populares como la Benito Juárez y la Universal, donde también se asientan grupos criminales como Guerreros Unidos y Los Rojos.
Las bandas delictivas notaron que el modelo de venta de las tortillerías ayudaba a sus planes de expansión: los locales vendían el producto en inmuebles con vista a la calle o a través de jóvenes que se desplazan en motocicletas para ofrecer kilos de puerta en puerta. Si los cárteles de la droga controlaban esa fuerza de trabajo, podrían obtener narcotiendas, narcomenudistas y vigilantes bajo la fachada de comercios y vendedores.
Así que en Chilpancingo, los cárteles dominantes de cada colonia comenzaron a secuestrar a dueños y empleados. Los capturan de día o de noche, en avenidas transitadas o parajes lejanos, en sus hogares o en los negocios y los retienen en casas de seguridad durante una semana, en promedio. Dependiendo de la víctima, piden entre 30 mil y 2 millones de pesos. Si el secuestrado paga por su libertad, se va con una advertencia de los cárteles: a partir de ahora y si lo pedimos, repartirás nuestra droga y usarás a tus vendedores como “halcones” o cerrarás tu negocio.
Lo sabe bien Abdón Abel Hernández, líder de los tortilleros en Chilpancingo, quien ya ha sido amenazado tantas veces que ha perdido la cuenta y secuestrado en una ocasión. La última vez tuvo que endeudarse con un millón de pesos para pagar a sus captores. Llegó a tener 17 tortillerías y la ofensiva del crimen le ha dejado con 11 de las 185 que aún quedan en la capital guerrerense. El 35 por ciento de la industria ha cerrado por miedo a ser los siguientes secuestrados cuyos restos son hallados en narcofosas.
“Estuve cuatro noches, cinco días con esa gente. La familia se quedó con un quebranto económico muy fuerte. Somos pequeños empresarios y ese dinero, a la mano, no lo tenemos. Todo el crecimiento como empresario que pude tener ya se acabó”, lamenta Hernández. “Hoy, todavía, despierto a las 3 de la mañana y siento que van a venir por mi”.
El líder tortillero admite conversar en las oficinas de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Chilpancingo. Abajo, dos guardaespaldas armados vigilan la entrada del edificio en la colonia Centro porque le acompaña el presidente regional de la confederación, Adrián Alarcón, empresario de la construcción de 51 años, quien también vive con la muerte soplándole al oído por defender a sus agremiados amenazados.
“Así como sucedió con la industria del transporte público, en el que ‘doblaron’ a taxistas y camioneros para convertirlos en manos y ojos del narco, hoy la industria de la tortilla está secuestrada por ellos”, asegura Alarcón. “Está completamente infiltrada: el dinero que ellos sacan de las tortillas, lo usan para comprar armamento. Los estamos financiando”.
Sólo en los primeros dos meses del año, Alarcón sabe de 35 empresarios que han sido secuestrados y extorsionados en el centro de Guerrero; gran parte de ellos –un dato que prefiere no revelar– son dueños de tortillerías o socios de algunas.
“No por nada, una encuesta nacional –del Gabinete de Comunicación Estratégica– señaló a Chilpancingo como la peor ciudad para vivir del país. El crimen acaba con todo: inversiones, empleos, ganas de hacer familia aquí”, dice Alarcón.
“Pero si aquí la situación es crítica, deberías ir a Acapulco. Acá secuestran a los tortilleros, pero allá los están matando”.
Para entrar a las zonas violentas de Acapulco, la policía se prepara como si entrara a territorio en guerra. Foto: Daniel Ojeda, VICE.
ACAPULCO, ES ESPLANDOR QUE YA NO ES
A mediados del siglo pasado, Acapulco tenía a la superestrella Elizabeth Taylor casándose en sus playas, al ícono musical Elvis Presley navegando sus aguas en su yate, al futuro Presidente de Estados Unidos John F. Kennedy celebrando su luna de miel en el puerto y a miles de artistas añorando una vida tranquila junto a su mar.
Hoy, Acapulco tiene 40 de los 50 grupos criminales con presencia en Guerrero, según la Fiscalía General de Guerrero. Tiene células delictivas con el nombre del puerto turístico en su acta de nacimiento como el Cártel Independiente De Acapulco (CIDA) o las Fuerzas Especiales Unidas de Acapulco. Tiene la tasa de homicidios más alta del país: 104 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal en México.
Y tiene, como en Chilpancingo, una guerra contra los tortilleros.
Hoy, Acapulco no tiene Secretario de Seguridad Pública; en su lugar, hay un interino que entró de emergencia porque el Jefe de la Policía fue destituido por no hacer su examen de control y confianza, un instrumento que ayuda a determinar si los mandos policiacos están, o no, bajo la nómina del crimen organizado.
No tiene una Policía Municipal confiable: el encargado del despacho es Miguel Flores Sonduk y sus fichas para pelear contra los cárteles de la droga son mil 901 uniformados, pero él estima que unos 700 no pasarán el próximo examen de control y confianza, además de 160 policías incapacitados por lesiones y 120 son mayores de 70 años; es decir, le quedan 921 elementos confiables para vigilar a 720 mil habitantes y no tiene cómo contratar agentes probos, jóvenes y sanos, porque necesitaría tener decenas de millones de pesos para indemnizar a los que no le sirven. Hoy el presupuesto apenas alcanza para la gasolina de las patrullas.
No tiene certeza, ni siquiera, de su propia vida: dos días después de tomar protesta, un capo llamado El Deivy firmó una narcomanta dirigida al Alcalde del puerto en el que acusaba que el nuevo nombramiento causaría más muertos.
A medio kilómetro de donde los habitantes encontraron colgado ese mensaje, el 8 de enero pasado, 150 empresarios y vendedores de la industria de la tortilla tomaron la costera Miguel Alemán, la calle principal del puerto, y marcharon para exigir seguridad para su gremio en honor a sus muertos.
Sin embargo, de poco sirvieron sus gritos: cinco días después de la protesta, el gremio de tortilleros sepultó a José Eutimio Tonico, El Rey de la Tortilla, un conocido empresario del municipio guerrerense de Arcelia, cuyo cuerpo fue hallado en un camino de terracería días después de haber sido secuestrado junto con 15 personas más.
Además de los homicidios conocidos por las autoridades en los juzgados y medios de comunicación, los empresarios cuentan una cifra no denunciada de ejecuciones en su industria: al menos, 20 asesinatos más a manos de sicarios que llegaron a los negocios con las balas por delante.
“Esto es por una situación que se dejó crecer desde hace años”, diagnostica Flores es un despacho caluroso con decenas de botellas de agua y walkie-talkies. “Pero estamos haciendo rondines diarios y coadyuvamos con el ejército, la federación, las distintas policías ¡y estamos poniendo orden en Acapulco!”
Pero la realidad parece distinta al discurso oficial, así que pedimos ir a los lugares donde el crimen ha atacado a las tortillerías, hablar directamente con los amenazados y caminar los últimos pasos de los asesinados.
“Sí, hombre, cómo no”, acepta Flores. “Pero hay que pedir refuerzos”.
Juan Ibarra, empleado de una tortillería en la zona popular de Acapulco, va a trabajar sin saber si volverá a casa. Foto: Daniel Ojeda, VICE.
LA ZONA DE GUERRA
Para entrar a las zonas rojas donde están las tortillerías amenazadas de Acapulco, hay que prepararse como si se quisiera entrar a territorio en guerra.
Para el recorrido, la policía de Acapulco elige una camioneta, en lugar de un auto chico decorado como patrulla. En la batea del vehículo está de pie y sosteniendo un rifle automático el policía M.A., dispuesto a repeler una emboscada a rafagazos. El conductor, policía Óscar Sedano, va protegido con chaleco antibalas y dos escuadras cargadas. Y el copiloto viaja con arma corta pegada a la pierna derecha y un rifle de asalto recargado en la pierna izquierda. Este último es el guía del recorrido: oficial Doroteo Eugenio Vázquez, de 53 años, encargado de la Policía Preventiva Urbana.
Él propone ir a la zona de Palma Sola, donde tres días antes un hombre fue asesinado a balazos y machetazos. Conforme la camioneta se adentra en callejones, aparecen cada vez más pendientes estrechas, autos abandonados, jóvenes vigilantes del paso policiaco y pintas de los grupos que se han apoderado del territorio.
“Acá está bien pesado”, ataja Sedano, hablando de lo obvio: bastaría que dos vehículos cerraran una entrada y una salida de los callejones para dejarnos atrapados y a merced de pistoleros. “Mira, esa tortillería… y esa… y allá arriba hay otra… todas esas están amenazadas”.
Luego de varios minutos, la camioneta se estaciona en la calle Niño Perdido, frente a la tortillería El Samaritano. Juan Ibarra, el dependiente, mira con miedo a los policías detrás de los barrotes de su local y pega el cuerpo a una pared. Hasta que sabe que somos periodistas, respira aliviado.
“¿Miedo? Sí. Mucho. Yo hasta pensé que ustedes iban a… ya sabe…”, tartamudea Ibarra, un cuarentón bonachón con playera del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la fuerza política que gobierna Acapulco. “En este negocio, hay quienes salen por la mañana y nunca vuelven a ver a la familia”.
Entonces, la camioneta arranca rumbo a un lugar donde hubo quienes salieron a vender tortillas y acabaron en un ataúd: La Laja, la zona alta de Acapulco. Ir allá triplica el riesgo, así que se triplican los refuerzos con seis policías más en dos camionetas extra. Una abre el paso, otra lo cierra detrás de la camioneta central. De nuevo, el convoy se mueve por pendientes apretadas bajo la mirada intimidante de los habitantes de la colonia.
“¿Quieren ver dónde mataron a los chavos de hace unos días?”, pregunta Vázquez. “Vamos para allá para que vean. Pobres chavos, no tuvieron chance”
Tras media hora de recorrido, el convoy se detiene frente a la tortillería Los Mangos, un local cerrado con tablones viejos y un monedero quemado en el mostrador. Se asoman los vecinos, pero el miedo les tiene cosida la boca, así que los policías cuentan la historia de esa mañana, cuando cuidaban que los sicarios no volvieran para rematar al sobreviviente en el piso, mientras borboteaba sangre y suplicaba que no lo dejaran morir ahí.
El policía Octavio N. narra que por esta calle entraron los sicarios al local, dispararon acá y acá, por allá cayó el cuerpo de uno de esos chicos llamado Rodolfo y aquí fue la ruta de escape del otro empleado, Samuel, pero le abrieron el cráneo con un tiro distante.
Recuerda en voz alta a la víctima y su desbocada huida por el callejón de terracería, sus gritos, sus súplicas, la impotencia de algunos vecinos por no vencer al miedo para ir a rescatarlo, el miedo que debió sentir en el pecho, el estómago, las piernas y su deseo de aferrarse a la vida.
“¿Usted cree, oficial, que Samuel sea la última víctima de la guerra contra los tortilleros?”, le pregunto. Y una mueca agria le descompone el rostro.”En Acapulco, hay muertos todos los días”, responde, resignado.
El convoy da la vuelta y regresa a la zona turística de Acapulco. Deja atrás cinco tortillerías amenazadas y, al menos, siete trabajadores que, como Juan Ibarra, al salir de casa se preguntan si volverán a ver a su familia o si serán el próximo Samuel Sotelo Jurado. También queda atrás el miedo.
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