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Familias de las 72 personas migrantes asesinadas y torturadas en San Fernando, Tamaulipas, en el 2010 han hecho nuevamente un llamado a las autoridades mexicanas a esclarecer los hechos y brindarles justicia por sus seres queridos, en el marco del doceavo aniversario en el cual, dicen, no se han logrado avances.

Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).– Este año marca el doceavo aniversario de la masacre de 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas, ocurrida entre el 22 y 23 de agosto de 2010. En cuatro mil 383 días que han pasado desde entonces, restan nueve víctimas sin ser identificadas, no hay una sola sentencia emitida al respecto de los hechos, y los compromisos hechos por las autoridades mexicanas en ese entonces para garantizar la seguridad de personas migrantes siguen sin cumplirse, e incluso expertos consideran que las condiciones de migración han empeorado.

Lizeth Yanira Euceda recuerda el día que su hermano menor, Marvin, partió desde la ciudad hondureña de Comayagua con rumbo hacia Texas, Estados Unidos: fue el 2 de agosto de 2010.  Se vieron por última vez el 28 de julio, y aunque mantuvieron contacto durante su travesía por México, fue siete años después cuando pudo darle el verdadero adiós, siete años después de que su cuerpo fuera encontrado junto con los de 71 otros migrantes en San Fernando.

Ella lo recuerda como la alegría de la familia. “Era el quinto de la familia, una familia de 10 hermanos, y él era la alegría de la familia, el que movía todo, el que estaba pendiente de todos. A pesar de ser muy chico, era el que estaba siempre moviéndonos a hacer, a actuar. Fue el primero de la familia en tomar la decisión de salir del país por querer ayudar a la familia. Somos una familia de escasos recursos y él, viendo la necesidad de la familia, quería ayudar”, recuerda Lizeth.

Marvin, que tenía 20 años recién cumplidos, le escribía a Lizeth todos los días. Se intentó comunicar con ella por última vez el 15 de agosto, cuando le pidió a su hermana mayor que le marcara, pero al momento de que lo hizo, él ya no respondió.

Cuando la familia de Lizeth se enteró de la masacre de San Fernando, empezaron a presentir que Marvin estaba entre ellos, pero no hubo una identificación inmediata de su cuerpo.

“Nosotros sospechábamos de la muerte de él cuando pasó lo de la masacre, y luego cuando trajeron a las demás víctimas que fueron identificadas en su momento. Yo hice todo el papeleo y mandé todos los documentos, pero no le hicieron tanto caso. Fue hasta que la organización Cofamicenh (Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras) nos ayudó a encontrarlo, siete años después”, lamentó.

En el aniversario de los hechos, Lizeth hizo un llamado al Gobierno mexicano a que se haga justicia para las familias de los migrantes fallecidos. “Definitivamente uno ya no espera nada de los gobiernos, pero uno no se resigna. Son cosas que duelen, que jamás lo olvidamos, pero viendo la indiferencia y apatía de los mismos gobiernos ante estas situaciones, lo que exigimos es justicia y verdad de los hechos”, recalcó.

“No porque con lo que hagan me vayan a regresar a mi hermano, no. No exigimos plata, no exigimos nada, lo único exigimos es justicia y verdad, porque tal vez con esto se pare un poco la violencia y la discriminación hacia muchos migrantes que aún toman la decisión de tomar esta ruta migratoria”, dijo la hondureña.

“SAN FERNANDO FUE UN PARTEAGUAS”

Para Óscar Misael Hernández, profesor-investigador en el Colegio de la Frontera (Colef), la masacre de los 72 migrantes en San Fernando fue un “parteaguas”.

“El asesinato de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, fue un parteaguas en la historia de la migración no sólo en México, sino de América Latina en general. Fue un parteaguas que marcó las historias y los cuerpos de las personas migrantes en tránsito, en particular, por el Golfo de México”, consideró.

A pesar de haber pasado ya años del hecho, el académico acusó que ni en la administración de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), en el de Enrique Peña Nieto (2012-2018), ni en el actual de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) han habido avances significativos para esclarecer los hechos y brindar justicia o reparación del daño a los familiares de las víctimas.

“Aún cuando esto se trató de un crimen que pudo haber sido catalogado como de lesa humanidad, el Gobierno mexicano no actuó, ni en su momento en el Gobierno de Felipe Calderón, ni mucho menos hasta la fecha con el Gobierno del Presidente López Obrador”, expresó. “Se hizo un compromiso de esclarecer los hechos, de aprehender a los autores no sólo materiales sino también intelectuales, y también de hacer reparaciones del daño e implementar la justicia con los familiares de las personas asesinadas. Esto es, obviamente, parte del compromiso público, del performance institucional que hace el Gobierno mexicano en su momento, pero por supuesto nada de esto se cumplió”.

Añadió que el Gobierno mexicano ejerció poca presión hacia la Fiscalía de Tamaulipas y el Gobierno del estado para dar resultados, e incluso para hacer la identificación de todos los cuerpos, que a la fecha faltan nueve víctimas por identificar.

“Hay familias que todavía siguen exigiendo –eso también lo estábamos discutiendo en el evento del 2020–, todavía siguen demandando, exigiendo que los cuerpos se exhumen y se hagan identificaciones, obviamente que esto obedeció a fallas en los peritajes, a tal grado de mandar el apoyo de organizaciones forenses extranjeras que dieron otros indicios”.

ONGS EXIGEN CREACIÓN DE COMISIÓN DE JUSTICIA

En el aniversario de los hechos, más de 30 organizaciones de derechos humanos y activistas hicieron un llamado al Gobierno de México a conformar la Comisión Especial para la Investigación de Masacres y Desapariciones de Personas Migrantes, recomendada por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU en su último informe de visita a México.

“Los tratados de cooperación y asistencia mutua entre México y los países de la región ya no responden a las necesidades que impone en la actualidad la problemática de muertes y desapariciones de personas en contexto de movilidad”, acusaron ONGs como Fundación para la Justicia (FJEDD) y comités de familiares de migrantes desaparecidos de Honduras, Guatemala y El Salvador, entre otras.

De acuerdo con las organizaciones, la Comisión Especial debería de contar con la participación y asistencia técnica de expertos nacionales e internacionales, un enfoque de macrocriminalidad y análisis sistémico, que incluya países de origen, tránsito y destino.

El doctor Óscar Misael Hernández explicó que, en caso de conformarse dicha comisión, también sería importante que incluya a observadores internacionales.

“En primer lugar, tienen que ser grupos o comisiones integradas no solamente por personas que son peritas en distintas disciplinas o áreas de conocimiento, sino también por observadores internacionales, debido al riesgo que viven las personas que integran este tipo de comisiones o de grupos, en México. El segundo criterio es que el Estado mexicano debe de entrar en un proceso de transparencia de todos aquellos archivos o documentos relacionados con el caso de San Fernando, y no solamente con lo que pasó en el 2010 con los migrantes masacrados, sino también con lo que pasó en el 2011 con las más de 40 fosas clandestinas encontradas en esta región tamaulipeca”, expresó al respecto.

En un tercer momento, indicó, se debería de considerar que aquellas instituciones gubernamentales y las organizaciones civiles que integraran las comisiones rindan informes de transparencia. “De otra manera, no se va a poder implementar este tipo de comisiones y, de ser así, difícilmente van a poder lograr el objetivo para el cual fueron creadas”, sentenció.

CONDICIONES PARA MIGRANTES EMPEORAN: EXPERTOS

A 12 años de la masacre, las condiciones para personas migrantes que transitan por o llegan a México no han mejorado.

“Ha cambiado la situación desde entonces, se ha vuelto más atroz para los migrantes”, opinó el investigador del Colef. “Es un cambio para mal, y creo que hay muchas evidencias de esto”.

Según cifras del Missing Migrants Project de la Organización Internacional de Migración (OIM), cuatro mil 049 personas migrantes han muerto o desaparecido en la ruta de cruce entre México y Estados Unidos desde 2014, año en que se inició el recuento.

El 2021 fue el año más peligroso para personas en contexto de movilidad, con 728 personas desaparecidas o fallecidas en este trayecto, lo cual representó un incremento del 52.94 por ciento con respecto al año anterior. En los ocho meses que han transcurrido del 2022, se han reportado 396 personas migrantes en esta situación, siendo junio el mes más peligroso desde diciembre de 2015, con 124 casos.

Las causas más comunes de muerte han sido: ahogarse, deplorables condiciones de comida, agua o refugio; accidente vehicular; violencia; muerte accidental y enfermedad por falta de acceso a servicios de salud.

 

El académico analizó que, aunque la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador inició en el 2018 con un discurso público de una política migratoria con un enfoque de seguridad humana y de puertas abiertas, pasó a una estrategia en hechos que contradecía esta idea.

“Pasó a una acción que contradecía esta supuesta política de seguridad humana en la frontera, se pasó más bien a una política de securitización fronteriza, es decir, una política de control, de falta de respeto a los derechos de los migrantes, y obviamente esto obedeció a las presiones que en su momento el expresidente Donald Trump en los Estados Unidos estaba ejerciendo hacia México, de recorrer la frontera del sur de los Estados Unidos hacia el sur de México propiamente, la frontera México-Guatemala, con presiones económicas”, profundizó.

“Desafortunadamente migrantes que siguen cruzando la frontera viven una serie de riesgos no solamente por parte de criminales, asaltantes o secuestradores, sino también de las propias autoridades de migración, o incluso de la Guardia Nacional, como lo hemos identificado en algunas entrevistas”, expresó respecto a otros riesgos que enfrentan las personas en contexto de movilidad.

Incluso, Hernández consideró que los gobiernos están implementando una necropolítica, “una estrategia que para matar a los grupos vulnerables”.

“Los casos de los tráilers donde mueren los migrantes los he denominado como un ‘sacrificio de frontera’, como una forma de escarmiento, una forma bastante sádica que tienen algunos estados o grupos de poder para amedrentar a los otros y decirles: ‘Esto es lo que les puede llegar a pasar si llegan a cruzar nuestras fronteras’. Esto se traduce en que no hay respeto a los derechos de personas migrantes en general, y también si lo vemos en términos de violencia, parece ser que vamos retrocediendo”, aseguró.

En este sentido, propuso que el Gobierno mexicano adopte una política de seguridad humana que se base en un respeto total a los derechos de los migrantes, incluyendo acceso a servicios como de educación y salud independientemente de la existencia o ausencia de la documentación requerida para transitar o establecerse regularmente en México.