El documento de moción realizado por la defensa de García Luna revela que el narcotraficante y hermano de “El Mayo” Zambada fungiría como testigo principal en contra del extitular de la Secretaría de Seguridad Pública.
Ciudad de México, 14 de julio (SinEmbargo).- El equipo legal de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública (SSP) durante la Administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, presentó una moción ante la Corte del estado de Nueva York para que se evite la adición de evidencia adicional en contra de su cliente por presunta amenaza de testigos y acoso a periodistas, incluyendo la presencia de Jesús Reynaldo “El Rey” Zambada, exoperador del Cártel de Sinaloa, como testigo principal.
De acuerdo con información del periodista Ángel Hernández del diario Milenio, la defensa de García Luna alegó que uno de los informantes que colabora con autoridades estadounidenses en realidad es un “abusador de menores” que supuestamente colaboró con el único fin de reducir una sentencia por posesión de pornografía infantil.
Asimismo, dentro de la moción presentada ante la Corte del estado de Nueva York para evitar nueva evidencia en contra del extitular de la SSP por presunta manipulación y amenaza de testigos y acoso a periodistas, se confirmó que el exoperador del Cártel de Sinaloa y hermano de Ismael “El Mayo Zambada”, Jesús “El Rey” Zambada, sería la persona principal que testificaría en contra de García Luna.
“En 2010, con esta nueva plataforma [de inteligencia], las autoridades mexicanas pudieron arrestar y extraditar al testigo principal, del gobierno contra el señor García Luna, Jesús Zambada”, dice un fragmento del documento de moción de la cual el diario Milenio tuvo acceso.
Genaro García Luna fue Secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 durante el Gobierno del entonces Presidente Felipe Calderón. Foto: Tercero Díaz, Cuartoscuro
Genaro García Luna compró a periodistas y a medios mexicanos para evitar que se le exhibiera con notas negativas sobre él, según alegatos de los fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
El pasado 15 de junio, los fiscales señalaron que García Luna planeaba ejercer violencia y manipular a testigos que hablarán en contra suya. Las autoridades grabaron la conversación y presentaron documentos en el sistema electrónico de las cortes federales de Estados Unidos. Los fiscales dijeron que funcionarios estadounidenses incluso llegaron a entregar a otro preso el número de teléfono de un agente encubierto de la mafia rusa para que se lo entregara a García Luna.
Los documentos de la corte agregan, además, amenazas contra un periodista crítico y la compra de organizaciones mediáticas para que no se hablara mal de él. En los documentos públicos no se habla de qué periodistas fueron comprados y cuáles medios mexicanos optaron por el silencio a cambio del dinero de Genaro García Luna.
En un apartado de la nueva evidencia contra el hombre fuerte del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, se dice: “En el juicio, el Gobierno [de Estados Unidos] busca agregar evidencia de que, durante un periodo de tiempo, el acusado amenazó, acosó y sobornó periodistas [mexicanos] porque investigaron sus crímenes”.
“En particular –agregan los documentos agregados en la corte–, el Gobierno busca introducir evidencia [al juicio] en el sentido de que, entre 2008 y 2013 aproximadamente, el acusado puso en la mira a un periodista en una campaña de varios años para acosarlo y amenazarlo como resultado de su trabajo de investigación en contra de él”.
“El Gobierno también busca introducir evidencia de que, entre 2009 y 2010, aproximadamente, el acusado [Genaro García Luna] usó dinero obtenido de sus esquemas de corrupción para pagar sobornos a una organización periodística [mexicana] para evitar que periodistas de esa organización publicaran notas negativas sobre él”, señala el documento.
El Presidente López Obrador recordó que en México hay una investigación sobre este caso, pero dijo que se debe esperar a que primero se resuelva el juicio en Estados Unidos, aunque criticó que ya lleva mucho tiempo.
Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo).- “Son muy fuertes”, dijo esta mañana el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre las últimas declaraciones de testigos en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, preso en Estados Unidos por estar acusado de tener supuestos vínculos con el narcotráfico, en las que supuestamente se involucra al exmandatario panista Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).
En su rueda de prensa diaria en Palacio Nacional, el mandatario federal mencionó que recientemente las declaraciones hechas por testigos señalan que “parte de ese dinero [el que presuntamente recibía Genaro García Luna del crimen organizado] iba a Los Pinos“.
“Últimamente han salido testigos que han declarado contra García Luna, pero involucran a Calderón. Entonces, ¿cómo le van a hacer ese juicio en Estados Unidos? Por eso entiendo sus preocupaciones, y a la gente que está involucrada, que participaba de todos los sectores […] Ahora todas las declaraciones en su contra son muy fuertes, que recibía dinero, pero señalando que parte de ese dinero iba a Los Pinos”.
“Hay declaraciones de agentes extranjeros a favor. Entonces, ¿cómo estaba la relación? ¿Y cómo se rompe? ¿Cuándo es que se dan cuenta? Hay muchas interrogantes. Pero además tenerlo como un profesional, un héroe”, cuestionó.
El Jefe del Ejecutivo federal recordó que en México hay una investigación sobre este caso, pero dijo que se debe esperar a que primero se resuelva el juicio en Estados Unidos, aunque criticó que ya lleva mucho tiempo.
“Pero ya lleva mucho tiempo. Es que los que están atendiendo el juicio tienen que aclarar cuando menos tres cosas: una, si es cierto todo lo que está en el expediente, si se prueban las acusaciones, es decir, si no está fabricada la acusación. Si dicen ‘se fabricó’. Entonces, ¿quién fue el que ordenó fabricar esta acusación? ¿De donde surgió? ¿Qué agencia? ¿Quiénes fueron los responsables? Eso es lo primero”.
García Luna, quien fue Secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 durante el Gobierno del entonces Presidente Felipe Calderón, se ha declarado inocente de cargos que incluyen asociación delictiva para distribuir cocaína, participación en una empresa criminal continua y mentir a las autoridades.
Está acusado en Estados Unidos de recibir millones de dólares en sobornos por parte del Cártel de Sinaloa a cambio de que la organización criminal pudiera operar a sus anchas. El mexicano de 53 años fue arrestado en 2019 en Estados Unidos. De ser declarado culpable, enfrenta una pena máxima de cadena perpetua.
García Luna se encuentra preso en EU por narcotráfico. Foto: Tercero Díaz, Cuartoscuro.
El pasado 27 de junio, los fiscales y abogados en el caso del exsecretario de Seguridad Pública de México pidieron a un Juez que firme una orden para poder intercambiar pruebas que sólo verá el abogado y no podrá ver ni el propio García Luna.
Esa pruebas estarán designadas en la categoría de “tan sólo para ojos del abogado”, escribieron fiscales de la corte del distrito este de Nueva York y César de Castro, el abogado defensor del exfuncionario mexicano.
Por otro lado, el Juez Brian Cogan otorgó el lunes pasado a De Castro más tiempo para responder a los fiscales, quienes dijeron recientemente que García Luna habló con otro preso sobre ejercer violencia contra testigos que hablen contra él.
Los fiscales aseguran que tienen una grabación que demuestra que García Luna habló con otro preso en la cárcel de Nueva York en la que se encuentra sobre ejercer violencia y manipular a testigos que hablen en contra suya. También aseguran que en la grabación García Luna mencionó a Jesús “El Rey” Zambada, un exjefe del Cártel de Sinaloa.
En este boceto de archivo del 3 de enero de 2020, el abogado defensor César de Castro, a la izquierda, el exalto funcionario de Seguridad de México, Genaro García Luna, al centro, y un intérprete judicial, aparecen para una audiencia de lectura de cargos en la Corte Federal de Brooklyn en Nueva York. Foto: Elizabeth Williams, Archivo, AP
En documentos presentados en el sistema electrónico de las cortes federales de Estados Unidos, los fiscales dijeron que funcionarios estadounidenses que realizaron la grabación incluso llegaron a entregar al otro preso el número de teléfono de un agente encubierto de la mafia rusa para que el preso se lo entregara a García Luna.
La supuesta conversación entre el exfuncionario mexicano y el preso ocurrió en noviembre de 2020, aseguran los fiscales, que piden poder llevarla al juicio para que el jurado la oiga. El agente encubierto sería la persona que llevaría a cabo la violencia o amenazas contra testigos. Según la Fiscalía, García Luna y el otro preso llamaron por teléfono desde la cárcel al agente encubierto, aunque no ofrecieron más detalles sobre eso.
De Castro respondió el 14 de junio a las acusaciones de los fiscales, pidiendo al Juez Cogan dos semanas más para presentar la respuesta de su cliente y dijo que ha recibido más de 500 horas de supuestas conversaciones entre el preso y García Luna, la mayoría ininteligibles, dijo. El abogado dijo que planea demostrar que el otro preso no tiene credibilidad.
Los fiscales también han dicho que García Luna sobornó y amenazó durante años a periodistas que le investigaban. Aseguran que en 2009 o 2010 García Luna usó dinero obtenido a través de la corrupción para pagar sobornos a un medio con el objetivo de prevenir artículos negativos sobre él.
Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, acudió a la ceremonia de reconocimientos al valor y al mérito de la Policía Federal en el Centro de Mando, en 2010. Foto: Iván Stephens, Cuartoscuro
IGLESIA DENUNCIÓ A GARCÍA LUNA CON FCH
El abogado José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, aseguró que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa conocía los señalamientos que relacionaban a Genaro García Luna.
En entrevista del pasado 20 de junio con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al aire, el abogado reveló que Carlos Aguiar Retes, actual Arzobispo Primado de México, había denunciado a García Luna ante el entonces Presidente Felipe Calderón, pero refirió que el mandatario hizo caso omiso de los señalamientos en contra del exsecretario de Seguridad Pública federal.
“El Presidente Felipe Calderón se molestó con los obispos que fueron a Los Pinos y que evidentemente algo mencionaron de García Luna. Yo cuando hablé con Carlos Aguiar le pregunté ‘qué pasó con la información de García Luna’ y me dijo ‘ya se la dijimos al Presidente pero se molestó’. Eso fue todo lo que me dijo, se lo estaba diciendo el presidente del Episcopado, todavía no era Cardenal, pero era el Arzobispo residente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, ellos sí tienen credibilidad”.
No obstante, Miguel Ángel Sosa Román, director de comunicación de la oficina del expresidente Felipe Calderón, afirmó que “es falso” que en las conversaciones que tuvo el exmandatario con la iglesia católica durante su Gobierno, se “hayan externado señalamientos” en contra de Genaro García Luna.
Ayer, los fiscales de Departamento de Justicia de los Estados Unidos compartieron información en la que señalaron que García Luna planeaba ejercer violencia y manipular a testigos, así como amenazas y sobornos a periodistas.
Ciudad de México, 16 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Fiscalía de Estados Unidos, que lleva el caso de Genero García Luna, que se hagan públicos los audios donde supuestamente el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa planeaba ejercer violencia y manipular a testigos, así como amenazar y sobornar a periodistas que investigaban sus crímenes.
“Es un asunto muy delicado. En efecto, ayer se dio a conocer esta información de la Fiscalía de Estados Unidos sobre unas supuestas grabaciones. Ya una vez detenido García Luna, lo grabaron”, dijo el Presidente.
“No se sabe si son pruebas, si se va a aceptar. Lo que yo sí pediría desde ahora es que independientemente de si tienen valor jurídico o no las grabaciones, ojalá y se busque la forma de que se den a conocer”, añadió.
AMLO pide que se hagan públicos los audios que tienen los fiscales de EU donde afirman que Genaro García Luna utilizó dinero del Cártel de Sinaloa para amenazar, intentar sobornar a periodistas y matar a testigos. pic.twitter.com/QljsslOPoY
López Obrador explicó que si se dan a conocer los audios, será más fácil estigmatizar las prácticas corruptas del Gobierno, y así combatir los vicios políticos. “Que se conozcan todos los hechos y se reprueben, [que] se estigmaticen hechos de abuso de autoridad, de represión, de corrupción, que no se quede nada más en juzgados, en expedientes porque esto ayuda mucho a mejorar la vida pública, a purificar la vida pública, la transparencia”, sostuvo.
Asimismo, el Presidente insistió en que el juicio no se quede en privado y se den a conocer las pruebas en contra de García Luna. “Nosotros queremos que no se cierren, que todo se ventile, que la vida pública sea cada vez más pública, y más en estos asuntos que dañan tanto porque estamos hablando de la seguridad de los ciudadanos y de la seguridad nacional”, reiteró.
López Obrador señaló que al tratarse de un exsecretario de Seguridad, es de interés público, pues sirvió al Gobierno y explicó que en cualquier otro país que tuviera un caso similar se darían a conocer las pruebas. “Nada de que es un asunto de abogados, o de jueces, o del Poder Judicial. No. Es un asunto de interés público en cualquier país y se tiene que dar a conocer”.
García Luna está detenido en EU. Foto: Tercero Díaz, Cuartoscuro
Ayer, los fiscales de Departamento de Justicia de los Estados Unidos compartieron información en la que señalaron que García Luna planeaba ejercer violencia y manipular a testigos que hablaran en contra suya. Las autoridades grabaron la conversación y presentaron documentos en el sistema electrónico de las cortes federales de Estados Unidos.
Los documentos de la corte agregan amenazas contra un periodista crítico y la compra de organizaciones mediáticas para que no se hablara mal de él. En los documentos públicos no se especifica qué periodistas fueron comprados y cuáles medios mexicanos optaron por el silencio a cambio del dinero de Genaro García Luna.
En los documentos, los fiscales de la Corte del Distrito Este de Nueva York también dicen que García Luna sobornó y amenazó durante años a periodistas que le investigaban. Aseguran que en 2009 o 2010 García Luna usó dinero obtenido a través de la corrupción para pagar sobornos a un medio con el objetivo de prevenir artículos negativos sobre él.
García Luna fue el Secretario de Seguridad Pública durante los seis años presidenciales de Felipe Calderón Hinojosa. Foto: Fernando Carranza, Cuartoscuro.
García Luna, quien fue Secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 durante el Gobierno del entonces Presidente Felipe Calderón, se ha declarado inocente de cargos que incluyen asociación delictiva para distribuir cocaína, participación en una empresa criminal continua y mentir a las autoridades. Está acusado en Estados Unidos de recibir millones de dólares en sobornos por parte del Cártel de Sinaloa a cambio de que la organización criminal pudiera operar a sus anchas.
El Presidente López Obrador refirió que las autoridades de Estados Unidos deben resolver sobre las acusaciones en contra del exsecretario de Seguridad Pública, quien permanece en una cárcel de máxima seguridad en Nueva York.
Ciudad de México, 2 de junio (SinEmbargo).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió esta mañana al Gobierno de Estados Unidos que el proceso para resolver el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), se acelere.
Durante su rueda de prensa diaria desde Palacio Nacional, el mandatario cuestionó a la justicia estadounidense por la tardanza que ha tenido el juicio del exfuncionario mexicano, quien permanece en una cárcel de máxima seguridad en Nueva York e hizo referencia al mediático juicio de seis semanas, en donde la actriz Amber Heard fue declarada “responsable” de difamar al actor Johnny Depp por asegurar que cometió violencia doméstica contra ella durante su matrimonio.
“Me llamó la atención lo de una denuncia, de unos esposos divorciados que la señora acusaba de mal trato y ya resolvieron la jueces, pero todo el proceso creo que tardó dos meses, el proceso judicial [caso Heard-Depp] y lo de García Luna lleva años, está rarísimo, ¿qué no tienen información? ¿Por qué tanto tiempo?”, dijo.
El Jefe del Ejecutivo federal refirió que las autoridades de Estados Unidos deben resolver sobre las acusaciones en contra del exsecretario de Seguridad Pública en aquel país de recibir millones de dólares en sobornos por parte del Cártel de Sinaloa a cambio de que la organización criminal pudiera operar a sus anchas.
“Ahora con lo de García Luna [el expresidente Felipe Calderón] se ha quedado callado, y no solo él, sino que los que lo apoyaron y trabajaron con él y le ayudaron. […] Estados Unidos tiene que decidir sobre esto”, indicó.
Además, López Obrador señaló que la guerra contra el narcotráfico “era una pantalla porque tenían acuerdo con un grupo” delictivo.
García Luna está detenido en EU. Foto: Tercero Díaz, Cuartoscuro
“Cuando una autoridad tiene que actuar con rectitud, pintar la raya, definir con claridad las fronteras, no voy a proteger a unos para combatir a otros, no, el que comete un delito tiene que ser castigado, cero impunidad y nada de componendas”, reiteró.
García Luna dirigió entre 2001 y 2005 la extinta Agencia Federal de Investigación de México, encargada de luchar contra la corrupción y el crimen organizado, y entre 2006 y 2012 fue Secretario de Seguridad Pública, durante el Gobierno de Felipe Calderón.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), “el acusado utilizó sus cargos oficiales para ayudar al Cártel de Sinaloa, un famoso Cártel de la droga mexicano, a cambio de sobornos multimillonarios” y agregó que tiene previsto llamar a testificar a “numerosos testigos” que han sido partícipes de la violencia ejercida por este Cártel mexicano para “protegerse de rivales, luchar por su territorio y silenciar a aquellos que cooperaran con las fuerzas de seguridad”.
Genaro García Luna ocupó el cargo de Secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
García Luna enfrenta también cargos de conspiración para distribuir cocaína, participación en una empresa criminal continua, conspiración para importar droga y mentir a las autoridades.
Especialistas en materia de seguridad consultados por SinEmbargo destacaron que es relevante que los exfuncionarios que cometieron excesos en materia de seguridad en el periodo del expresidente Felipe Calderón sean investigados y sometidos a procesos penales, ya que en el pasado “hubo un proceso de impunidad muy prolongado”.
Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- La lista de excolaboradores de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad actualmente preso en Estados Unidos, que han sido detenidos e investigados por posibles nexos con el crimen organizado o por graves violaciones a derechos humanos se hace cada vez más grande.
Al concluir el sexenio de Felipe Calderón, varios elementos del grupo de García Luna siguieron sus carreras en el ámbito de la seguridad pública. Algunos continuaron en dependencias federales, como reconoció la actual administración al revelar en 2020 que al menos 18 elementos policiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil (SSPC) eran cercanos al Jefe Policial del último sexenio panista, mismos que fueron cesados por este vínculo.
Pero otros más se dispersaron a lo largo del país y ocuparon altos cargos como titulares de secretarías estatales o desempeñándose como jefes policiacos o asesores.
Los casos más recientes de dos elementos policiales del grupo de García Luna que probaron suerte en los estados y que ahora enfrentan a la justicia son Facundo Rosas Rosas, exsecretario de seguridad pública de Puebla, y Porfirio Javier Sánchez Mendoza, Secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes. Ambos fueron detenidos en los últimos días.
El primero fue arrestado luego de atropellar a una mujer que perdió la vida, aunque ya era buscado por su papel en el operativo “Rápido y Furioso”. El segundo, por los presuntos delitos de tortura, abuso de autoridad y falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad.
De esta camada que se colocó en las corporaciones locales forma parte también Maribel Cervantes Guerrero, exsecretaria de Seguridad en el Estado de México, quien fuera Jefa de la División de Inteligencia Policial de la Policía Federal, y quien actualmente está amparada para no ser detenida tras la oleada de capturas de cercanos a García Luna.
La lista se extiende si se toman en cuenta a los elementos cercanos a García Luna que han sido detenidos, están prófugos o al menos han sido investigados como Luis Cárdenas Palomino, Ramón Eduardo Pequeño García, Francisco Javier Garza Palacios, Facundo Rosas Rosas, Vidal Diazleal Ochoa, Víctor Garay Cadena, Luis Manuel Becerril Mina; o bien, que han asesinados en contextos relacionados con ajustes del crimen organizado como Aristeo Gómez Martínez, Édgar Enrique Bayardo del Villar e Igor Labastida Calderón.
Víctor Sánchez, doctor por el CIDE y especialista en seguridad pública, explicó en entrevista con SinEmbargo que es relevante que los exfuncionarios que cometieron muchos excesos en materia de seguridad en el periodo de Felipe Calderón sean investigados y sometidos a procesos penales.
“Es positivo que se estén haciendo investigaciones sobre la actuación de diferentes funcionarios, y no solo en el caso de ‘Rápido y Furioso’ sino en una serie de varias investigaciones. Lo ideal hubiera sido que esto lo hubiéramos visto hace algunos años, es decir, sí hubo un proceso de impunidad muy prolongado, pero es positivo que se estén realizando estas investigaciones”, detalló.
Facundo Rosas y García Luna. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro.
LA CAMADA DE GARCÍA LUNA
Genaro García Luna empezó a conformar a su equipo de colaboradores desde que estuvo en el hoy extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), donde trabajó entre los años 1989 y 1998. Ahí empezó como investigador de la Subdirección de Asuntos Extranjeros y escaló hasta ser Subdirector de la Dirección de Protección, bajo las órdenes del Almirante Wilfrido Robledo Madrid, a quien señalan como el padrino y protector de García Luna.
Posteriormente, entre 1998 y 2000, fue Coordinador General de Inteligencia para la Prevención de la extinta Policía Federal Preventiva. Luego, el 1 de septiembre de 2001, el entonces Presidente Vicente Fox lo nombró titular en la Agencia Federal de Investigación (AFI) y, finalmente, en el año 2006, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa lo designó al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, que controlaba la Policía Federal.
“Muchos del equipo muy cercano de García Luna venían trabajando con él desde el CISEN, es decir es una camada que se conoció en el CISEN y de ahí saltaron tanto a la entonces PGR, pero todos en el ámbito de seguridad pública”, confirmó Sánchez.
Luis Cárdenas Palomino, Ramón Eduardo Pequeño García, Francisco Javier Garza Palacios, Facundo Rosas Rosas, Vidal Diazleal Ochoa, Víctor Garay Cadena, Luis Manuel Becerril Mina, Armando Espinoza de Benito, Mario Velarde Martínez, Francisco Navarro Espinosa y María Cervantes Guerrero son parte de los nombres que se han relacionado o señalado como colaboradores o de trabajar como subalternos de García Luna.
Una vez que el súper policía de Calderón terminó su cargo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública varios integrantes de su círculo en el Gobierno federal durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, “como Tomás Zerón De Lucio que se fue a la PGR y el caso de Ramón Pequeño García que se quedó en Seguridad Pública, en lo que en ese momento fue la Comisión Nacional de Seguridad Pública”, ejemplificó el especialista.
Otros integrantes de la “camada de García Luna” se fueron a las entidades federativas a desempeñar cargos en secretarías o direcciones de seguridad pública.
Víctor Sánchez detalló que es común que exfuncionarios clave de los gobiernos federales sean nombrados como titulares en los estados, por las conexiones que dejaron en las corporaciones.
“Por ejemplo, en el caso de Facundo Rosas o Maribel Cervantes, lo que los gobernadores buscaban era nombrar a alguien que ya tuviera experiencia y tuviera a ciertos conocidos relevantes en la corporación en la que estuvieron al frente, porque a pesar de que ellos salen pues mucha de la gente que fue su subalterna, o sea que estaba debajo de ellos, son quienes terminan quedándose al frente de los puestos clave en esas dependencias”, detalló.
Los señalamientos contra el equipo de García Luna datan al menos desde el 28 de noviembre de 2012, ya en la recta final del sexenio de Felipe Calderón, cuando Édgar Valdez Villareal, alias “La Barbie”, acusó a varios de ellos de recibir dinero del narcotráfico.
“Me consta que ha recibido dinero de mí, del narcotráfico y la delincuencia organizada, al igual que un grupo selecto integrado por Armando Espinosa de Benito, quien trabajaba con la DEA y me pasaba información, Luis Cárdenas Palomino, Édgar Eusebio Millán Gómez, Francisco Javier Garza Palacios, Igor Labastida Calderón, Facundo Rosas Rosas, Ramón Eduardo Pequeño García y Gerardo Garay Cadena reciben dinero de la delincuencia organizada y de mí”, declaró el capo en ese entonces.
A la fecha, varios colaboradores ya han sido detenidos tanto por autoridades estadounidenses como mexicanas, mientras que otros fueron asesinados y unos más viven con señalamientos por diversas irregularidades en sus funciones públicas.
Luis Cárdenas Palomino al recibir de Felipe Calderón la Medalla al Mérito Policial. Foto: Wikicommons/ConsultorSH.
CAPTURADOS Y PRÓFUGOS
Porfirio Javier Sánchez Mendoza se formó en la Procuraduría General de la República y en 2007 se incorporó a la Unidad de Inteligencia de la Agencia Federal de Investigación. Después ingresó a la hoy extinta Policía Federal donde se desempeñó como director de operaciones encubiertas. Siete años dirigió las fuerzas federales en Oaxaca y en 2018 ingresó al equipo del Gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, quien lo nombró Secretario de Seguridad Pública.
El arresto de Sánchez Mendoza es el más reciente. El titular de Seguridad Pública de Aguascalientes fue capturado el pasado 2 de febrero por elementos de la Policía Federal Ministerial adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El Secretario de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, en el Cuarto Informe de Gobierno en octubre de 2020. Foto: Twitter @SSPEags
Facundo Rosas Rosas, exsecretario de Seguridad Pública Estatal de Puebla en tiempos de Rafael Moreno Valle y excomisionado de la Policía Federal, fue detenido el pasado 27 de enero por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) por atropellar a una mujer, quien perdió la vida; sin embargo, cuando se encontraba bajo arresto por el homicidio, elementos de la FGR le ejecutaron una orden de aprehensión por su presunta participación en el operativo “Rápido y Furioso”.
Rosas Rosas fue comisionado de la Policía Federal entre junio 2009 y febrero 2012. A su salida de la Policía Federal, donde tuvo como superior a Genaro García Luna, fue llamado por el entonces Gobernador panista Rafael Moreno Valle para dirigir la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla. Su carrera ha estado llena de señalamientos y severas denuncias públicas en su contra.
Por ejemplo, se le acusó de ordenar el operativo que llevó a la muerte del niño José Luis Tehuatlie en Chalchihuapan, Puebla; también se le señaló por el asesinato, a manos de policías, de un estudiante de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y en 2015 fue involucrado con redes de altos mandos policiales que robaban combustible de Petróleos Mexicanos (Pemex). Lo acusaban de dar protección a bandas de huachicoleo.
Facundo Rosas fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) por presuntamente atropellar a una mujer, quien perdió la vida. Foto: FGR.
Luis Cárdenas Palomino, considerado la mano derecha de García Luna cuando estuvo a cargo de la AFI, fue detenido en julio de 2021 en un fraccionamiento de Naucalpan en el Estado de México. Actualmente se encuentra preso en el penal federal de El Altiplano, en el Estado de México, acusado de tortura contra cuatro personas, entre ellas a Mario Vallarta, hermano del líder de la banda de secuestradores “Los Zodiaco”.
Cárdenas Palomino fue jefe de la División de Seguridad Regional y se le identifica como uno de los responsables de armar el montaje en el caso Florence Cassez e Israel Vallarta.
Sin embargo, no solo está acusado en México. El 30 de julio de 2020, autoridades federales de Estados Unidos que llevan la causa contra el exsecretario García Luna lo acusaron formalmente a él y a Ramón Eduardo Pequeño García, exjefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal, de narcotráfico.
Cárdenas Palomino está acusado de haber torturado a cuatro personas, entre ellas a Mario Vallarta, hermano del líder de la banda de secuestradores “Los Zodiaco”. Foto: Cuartoscuro
Ramón Eduardo Pequeño García, quien fue el titular de la División Antidrogas en el periodo de García Luna, al igual que Cárdenas Palomino fue acusado en Estados Unidos de recibir sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa. De acuerdo a los fiscales estadounidenses ambos “permitieron al Cártel de Sinaloa operar con impunidad en México” durante años. Además, también cuenta con una orden de captura emitida por jueces mexicanos por el delito de tortura.
Pequeño García estaba al mando del monitoreo de las cámaras de seguridad de los Centros Penitenciarios de Máxima Seguridad a Plataforma México, cuando Joaquín “El Chapo” Guzmán se fugó del penal del Altiplano I, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. En julio de 2015, fue cesado de su cargo por instrucción del entonces Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
En julio de 2015, Ramón Pequeño fue destituido de su cargo tras la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Foto: Cuartoscuro
Vidal Díazleal Ochoa, se encuentra sujeto a un proceso penal por delitos relacionados con el ejercicio indebido del servicio público, pues es acusado, —junto con Judith Aracely Gómez Molano, exoficial mayor de la extinta Procuraduría General de la República (PGR)— por uso indebido y desvío de recursos en la gestión de Jesús Murillo Karam.
Diazleal Ochoa fue el coordinador de la Policía Federal en Chihuahua, de 2008 a 2010 y fue en 2011 titular de la Policía Federal Ministerial, de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI) que dirigía Genaro García Luna.
ASESINADOS
Édgar Millán Gómez, era comisionado de la Policía Federal, tercero al mando en jerarquía de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en los tiempos de García Luna.
El también director de Despliegue Regional Policial de la Policía Federal Preventiva (PFP) en México fue asesinado a balazos la madrugada del 8 de mayo de 2008 en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México.
Edgar Eusebio Millán Gómez, Director General de Despliegue Regional Policial de la Agencia Federal de Investigacion y Director de Secuestros en la dirección General de Investigación Policial. Foto: Cuartoscuro.
Roberto Velásco Bravo fue director del Crimen Organizado de la Dirección General de Análisis Táctico de la Agencia Federal de Investigación (AFI). También ha sido señalado por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Lo asesinaron el 1 de mayo de 2008 en la entonces Delegación Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México.
Según declaraciones de Jesús Reinaldo Zambada García, alias “El Rey” y hermano del mítico capo Ismael “El Mayo” Zambada, Velasco trabajaba para los Beltrán Leyva.
Aristeo Gómez Martínez fue director de la Jefatura del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva. Investigaciones periodísticas, lo acusaban de tener nexos con el narco. A Gómez lo mataron a inicios de mayo de 2008, en calles de la colonia Terreros, en la entonces Delegación de Coyoacán, en la capital del país.
Édgar Enrique Bayardo del Villar, alias “El Jugos”, fue subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada en el estado de Tlaxcala, y posteriormente se le nombró inspector de Operaciones de la Policía Federal Preventiva (PFP).
Era ahijado del “Rey” Zambada. Fue arrestado por presuntos nexos con el crimen organizado, pero se volvió testigo protegido y pretendía declarar contra Víctor Garay Cadena, otro allegado a García Luna. Fue asesinado el 1 de diciembre de 2009 en la Ciudad de México.
Enrique Bayardo del Villar, ex mando medio de la Policia Federal y testigo protegido de la Subprocuraduria de Investigacion Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR fue asesinado en diciembre de 2009. Foto: Saúl López, Cuartoscuro
Igor Labastida Calderón, entonces comandante de la Policía Federal Preventiva (PFP), fue investigado en 2004 por su posible vinculación con el Cártel de Sinaloa, pero no le comprobaron su culpabilidad.
El comandante fue muerto a balazos junto con su escolta en junio de 2008 en la colonia Argentina Antigua, la entonces Delegación Miguel Hidalgo, en CdMx.
OTROS SEÑALADOS
Maribel Cervantes Guerrero, exsecretaria de Seguridad Pública del Estado de México, promovió a inicios de enero de este año un amparo para conocer si la Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado alguna orden de aprehensión en su contra, a raíz de la investigación por el operativo “Rápido y Furioso”.
Cervantes Guerrero también fue parte de la Secretaría de Seguridad Pública Federal en tiempos de García Luna. Fue designada por Felipe Calderón, como Comisionada General de la Policía Federal, en febrero de 2012, en sustitución de Facundo Rosas Rosas.
Maribel Cervantes Guerrero, exComisionada General de la Policía Federal. FOTO: LUIS CARBAYO /CUARTOSCURO.COM
Víctor Garay Cadena fue quien relevó en el cargo a Édgar Millán como comisionado de la Policía Federal. Él estuvo a cargo del Operativo contra Mauricio Harold Poveda, “El Conejo”, en una casa de colombianos presuntamente ligados a los hermanos Beltrán Leyva.
Fue detenido en 2008 por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, luego de declaraciones de un testigo protegido: “El Tigre”, un ex colaborador del equipo de García Luna. Garay Cadena fue exonerado en 2013 y pidió su reinstalación a la Policía Federal, pero se le negó.
Victor Gerardo Garay Cadena tenia el cargo de Comisionado Interno de la Policía Federal. Foto: Julieta Mora, Cuartoscuro.
Luis Manuel Becerril Mina fue director de Intervención y de Apoyo Logístico de la Dirección de Operaciones Especiales de la AFI, posteriormente director general de la policía ministerial del estado de México, en 2008.
En 2010, cuando era director de Seguridad Pública de Bahía de Banderas, en Nayarit, fue detenido por elementos de la entonces PGR, después que Sergio Villarreal, alias “El Grande”, segundo al mando en el cártel de los Beltrán Leyva, dijo que Becerril Mina era cómplice de esa organización delictiva.
“El Grande” también acusó en sus declaraciones que Luis Cárdenas Palomino y Armando Espinosa de Benito estaban presuntamente ligados al grupo criminal, según consignaron medios de comunicación en su momento.
Luis Manuel Becerril Mina, fue director de Intervención y de Apoyo Logístico de la Dirección de Operaciones Especiales de la AFI, posteriormente director general de la policía ministerial del estado de México en 2008. Foto: Especial.
Armando Espinoza de Benito, jefe de la División de Investigaciones de la Policía Federal, en 2012, fue señalado por Sergio Villareal, “El Grande”, como parte de los altos mandos policiacos que estaban presuntamente ligados al crimen organizado y que protegían a los hermanos Beltrán Leyva.
En esta imagen de 2012 se observa a Armando Espinoza de Benito, entonces jefe de la División de Investigación de la Policía Federal. Foto: Cuartoscuro.
Mario Velarde Martínez, ex director del área de Despliegue Antinarcóticos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), y ex secretario particular de Genaro García Luna cuando fue Secretario de Seguridad Pública, fue investigado en 2008 por sus presuntos nexos con el Cártel de los Beltrán Leyva y también se le indagó por supuesto lavado de dinero.
Francisco Navarro Espinosa fue director general de las Fuerzas Federales de Apoyo y también lo acusaron de participar en un fuerte operativo realizado en una residencia de colombianos en el Desierto de los Leones, en la CdMx.
En 2008, al igual que a Víctor Garay Cadena, fue detenido y acusado de proteger a Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”. En 2011, fue absuelto por el segundo Tribunal Unitario Penal de Tepic, Nayarit.
Por la mañana, Facundo Rosas fue detenido por arrollar y matar a una mujer en calles de la Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Horas después la FGR ejecutó una orden de aprehensión en su contra por el operativo “Rápido y Furioso”.
Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó esta tarde una orden de aprehensión contra Facundo Rosas, exsecretario de Seguridad Pública Estatal de Puebla en tiempos de Rafael Moreno Valle Rosas y excomisionado de la Policía Federal cercano a Genaro García Luna, por el caso del tráfico de armas “Rápido y Furioso”.
Esta mañana, el exfuncionario fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) por presuntamente atropellar a una mujer, quien perdió la vida.
Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la FGR ejecutaron la orden en las instalaciones de la Agencia 24 de la Fiscalía capitalina en la Alcaldía Álvaro Obregón.
Rosas fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
Por este caso, también se libraron órdenes de aprehensión contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, capo del Cártel de Sinaloa, Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública Federal, y Luis Cárdenas Palomino, ex coordinador de Inteligencia de la misma corporación.
Luego de ser detenido por atropellar a una mujer, Facundo Rosas fue trasladado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro.
Traslado de Facundo Rosas. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro.
El operativo “Rápido y Furioso” que implementó desde la la Oficina de Alcohol, Tabaco, Drogas, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos en 2009, consistió en meter armas marcadas a México para venderlas a bandas criminales y rastrear a sus líderes.
Facundo Rosas y García Luna. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro.
“Rápido y Furioso” habría contado, al menos, con la venia de Genaro García Luna, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
Por ello, desde diciembre de 2018 la FGR reactivó la investigación sobre el exfuncionario federal detenido actualmente en una cárcel de Nueva York y de Joaquín Guzmán Loera, también preso y condenado a cadena perpetua en ADX Florence, una cárcel de alta seguridad en Colorado.
Por este y otros casos, como el del montaje de la aprehensión de Florence Cassez e Insrael Vallarta Cisneros, ya está preso Luis Cárdenas Palomino, jefe policiaco de al to rango en la SSP de García Luna, y quien fue detenido el 5 de julio de 2021. Actualmente se encuentra preso en el penal federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.
En cuanto a Facundo Rosas Rosas se sabe que fue cercano a García Luna desde finales de la década de 1980, cuando pasaron, primero, por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y luego por la Policía Federal Preventiva (PFP).
Genaro García Luna, entonces Secretario de Seguridad Pública Federal y Facundo Rosas Rosas, uno de sus hombres de confianza. Foto: Luis Carbayo, Cuartoscuro.
De acuerdo con un perfil del poblano publicado en SinEmbargo el 23 de julio de 2014, durante 1999 y 2000, Genaro García Luna, en calidad de coordinador de Inteligencia y Prevención de la PFP, oficina a la que estaba adscrito Rosas Rosas, fue involucrado en el desvío de 151 millones de pesos junto con otros funcionarios.
La denuncia penal fue presentada el 13 de julio de 2001 y, sin que la tempestad amainara, habían llegado los días del ascenso de cuerpos especializados en tareas de combate urbano, anticrimen organizado, tecnología aplicada. Eran también los días –en pleno sexenio de Vicente Fox Quesada– en que Joaquín Guzmán Loera se fugaba por vez primera de la cárcel y consolidaba al Cártel de Sinaloa como la organización criminal más poderosa del continente.
Facundo Rosas conducía una camioneta de color blanco cuando sobre la avenida Insurgentes no se percató de que una mujer se encontraba en el lugar y la arrolló.
Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- Facundo Rosas, exsecretario de Seguridad Pública Estatal de Puebla en tiempos de Rafael Moreno Valle Rosas y excomisionado de la Policía Federal cercano a Genaro García Luna, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) por presuntamente atropellar a una mujer, quien perdió la vida.
De acuerdo con los primeros reportes, el exfuncionario conducía una camioneta blanca con placas de Puebla, cuando arrolló a una persona en la colonia San Ángel, en la Alcaldía Álvaro Obregón. Al tener conocimiento de los hechos, policías de la SSC se aproximaron a verificar, al mismo tiempo que solicitaban los servicios de emergencia.
Facundo Rosas refirió a los oficiales que al transitar sobre la Avenida Insurgentes no se percató de que una mujer se encontraba en el lugar y la arrolló.
Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) valoraron a la mujer, a quien diagnosticaron sin signos vitales por traumatismo craneoencefálico, por lo que los policías acordonaron la zona y solicitaron los servicios periciales.
Por los hechos, Facundo Rosas, de 56 años de edad, fue detenido y trasladado junto con su vehículo ante el agente del Ministerio Público, a fin de deslindar responsabilidades.
Esta es la segunda vez que Facundo Rosas se ve envuelto en un hecho de tránsito por exceso de velocidad, pues el sábado 1 de julio del 2017 fue detenido después de que arrollara a una mujer de 84 años de edad, en la Colonia Santiago Telpacatlalpan, en la Alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México.
En esta imagen de 2011, muestra a Anthony Wayne, entonces Embajador norteamericano, a Genaro García Luna y a Facundo Rosas. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro.
En ese entonces conducía un auto de lujo, de la marca Acura de color blanco, a exceso de velocidad, cuando atropelló a la señora, a quien de inmediato la trasladaron a un hospital para su atención y logró sobrevivir.
El excomisionado de la Policía Federal durante la administración de Felipe Calderón dejó su cargo en la Secretaría de Seguridad de Puebla en el año de 2015, después de que se le acusó por su presunta relación de protección con grupos de huachicoleros.
-Con información de Edmundo Velázquez, Periódico Central
Las acusaciones de Estados Unidos que vinculan a altos exfuncionarios de seguridad del Gobierno de Felipe Calderón con la delincuencia organizada dejan en evidencia el fracaso de la guerra contra el narcotráfico iniciada en 2006 y cuyas consecuencias negativas quedaron reflejadas, por ejemplo, en el aumento de homicidios y el número de personas desaparecidas en México.
Ciudad de México, 25 de diciembre (SinEmbargo).– Las investigaciones penales abiertas tanto en Estados Unidos como en México en contra de Genaro García Luna, Iván Reyes Arzate, Luis Cárdenas Palomino y Ramón PequeñoGarcía, todos ellos emblemas de la Policía Federal, han incrementado los cuestionamientos sobre la eficacia de la Guerra contra el narcotráfico emprendida hace 15 años.
Estos elementos —algunos de ellos considerados como modelos a seguir por Calderón— implementaron la estrategia de seguridad en el Gobierno panista de Calderón Hinojosa (2006-2012) y ahora enfrentan acusaciones por supuestamente facilitar y proteger operaciones de tráfico de drogas de México a Estados Unidos, que habrían estado relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
Por ejemplo, el Departamento de Justicia de EU le imputa al exsecretario de Seguridad Pública García Luna —preso en ese país— participar en una empresa criminal continua. Para sustentar su acusación, fiscales de ese país han presentado más de un millón de páginas en documentos que podrían ser usados como pruebas. Precisamente por el volumen de la información, este año la Corte Este de Nueva York aprobó posponer hasta 2022 el juicio contra el exfuncionario.
Genaro García Luna, entonces Secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, fue arrestado en la localidad de Grapevine, en Dallas, Texas. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
También destaca el caso de Reyes Arzate, extitular de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, y quien en octubre de este año se declaró culpable ante una Corte de EU de dar información de inteligencia a los cárteles de los Beltrán Leyva y de Sinaloa.
Mientras que autoridades del país del norte han señalado a Luis Cárdenas Palomino, extitular de División de Seguridad Regional de la Policía federal detenido en México por el delito de tortura, y a Ramón Pequeño García, exjefe de la división antidrogas, por cargos de conspiración de tráfico de cocaína a cambio de recibir sobornos millonarios.
Para Guadalupe Correa-Cabrera, especialista en delincuencia organizada, las acusaciones contra estos exfuncionarios ponen en duda la declaratoria de guerra al crimen organizado que hizo Calderón Hinojosa y que se oficializó el 11 de diciembre de 2006 con el inicio del Operativo Conjunto Michoacán. A la estrategia calderonista se le ha adjudicado las crisis que enfrenta el país de homicidios dolosos, desapariciones, y violaciones a los derechos humanos.
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dan cuenta del aumento de la violencia en ese sexenio, pues en 2006 se iniciaron 11 mil 806 carpetas de investigación por homicidios dolosos y para 2012 se reportaron 21 mil 736, es decir, el Gobierno cerró con un incremento del 84 por ciento en investigaciones por ese delito; el total de carpetas fue de 116 mil 600.
Además, en el mismo periodo de tiempo el número de investigaciones por homicidios dolosos que habrían sido cometidos con armas de fuego creció 217.53 por ciento al pasar de 3 mil 610 a 11 mil 463 y el acumulado de carpetas iniciadas de 2006 a 2012 fue de 58 mil 507.
En el mismo periodo de tiempo se reportaron 17 mil 059 desapariciones, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas.
Al considerar los daños que la fallida guerra contra el narcotráfico dejó, destaca Guadalupe Correa, las acusaciones contra Genaro García Luna son especialmente preocupantes porque encabezó la Secretaría de Seguridad y se encargó de diseñar y conducir la estrategia de Felipe Calderón Hinojosa que supuestamente iría en contra de los cárteles mexicanos.
“Éste es el escándalo más brutal. No entiendo ni por qué Felipe Calderón se atreve a tuitear, se trató de la política central de toda una administración, del hombre que declaró una guerra al narcotráfico y que terminó en miles de personas muertas, en miles de desaparecidos, y con el hombre más importante, porque todos los que estuvieron cercanos a Calderón hablaban de García Luna, detenido. Entonces, además de la destrucción y todo lo que gastaron, el que Genaro García Luna termine supuestamente vinculado al narcotráfico es el escándalo de todo este siglo”, menciona la profesora de la Universidad George Mason.
EL CASO CONTRA GARCÍA LUNA
El juicio contra García Luna en EU se pospuso para 2022. En la última audiencia del exfuncionario, realizada el 15 de diciembre, el Juez Brian Cogan reconoció el derecho que tiene la defensa del exsecretario federal a pedir asistencia al Gobierno estadounidense para clarificar las pruebas que se entregaron, pues los abogados afirmaron que en los documentos que han revisado no aparece el nombre de su cliente.
García Luna fue arrestado el 9 de diciembre de 2019 por agentes federales en Dallas, Texas. El Departamento de Justicia de EU le imputa el cargo de empresa criminal continua, de ser declarado culpable enfrentaría una sentencia mínima de 20 años de privado de la libertad y un máximo de cadena perpetua.
La Oficina del Fiscal de Distrito Este de Nueva York acusa a García Luna de abusar de su cargo público por supuestamente haber recibido millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa para permitir que la organización criminal operara sin interferencias y con ello facilitar la importación de toneladas de cocaína y otras drogas a EU.
“Entre 2002 y 2007 —cuando se desempeñó como titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y Secretario de Seguridad federal—, García Luna presuntamente ayudó al trasiego de al menos a seis cargamentos de cocaína por un total de más de 50 mil kilos de cocaína”, informó el Departamento de Justicia de EU desde julio de 2020 en un comunicado.
[pdf-embedder url=”https://www.sinembargo.mx/wp-content/uploads/2021/12/Former-Mexican-Secretary-of-Public-Security-Genaro-Garcia-Luna-Charged-with-Engaging-in-a-Continuing-Criminal-Enterprise-USAO-EDNY-Department-of-Justice.pdf” title=”Former Mexican Secretary of Public Security Genaro Garcia Luna Charged with Engaging in a Continuing Criminal Enterprise | USAO-EDNY | Department of Justice”]
La dependencia estadounidense aprobó este mes proteger a los integrantes del jurado, esto luego de que los fiscales argumentaron que García Luna “tiene los recursos financieros para intimidar”, por lo que serán custodiados por policías y sus nombres se mantendrán en anonimato, es decir, tendrán el mismo trato que quienes atestiguaron en el juicio contra el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.
La especialista Guadalupe Correa insistió en la importancia de que García Luna sea juzgado para develar la relación que mantuvo con el Gobierno de EU.
“¿Por qué los estadounidenses se están tardando tanto?, ¿qué es lo que no quieren que se sepa en un juicio, en un juicio podríamos saber muchas cosas, como con quién colaboraba en EU García Luna, qué estaba pasando en ese momento?, ¿cuál fue el papel del Presidente de México en ese momento? [Las autoridades de ese país] deberían haber conocido sus movimientos, ¿por qué le dieron trato preferencial?. Necesitamos saber cuál fue el papel de ambos lados de la frontera”, planteó la coautora del libro Las cinco vidas de Genaro García Luna.
Genaro García Luna. Foto: Cuartoscuro.
REYES ARZATE
Que Iván Reyes Arzate, quien fue el enlace principal entre las agencias de inteligencia estadounidenses y mexicanas, se declarara culpable de conspirar para traficar cocaína en un tribunal federal en Brooklyn, también abonó a las cuestionamientos a la Guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón.
El excomandante de la Policía Federal durante la época en la que García Luna fue el Secretario de Seguridad se declaró culpable en EU de recibir sobornos del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
La Fiscalía estadounidense concretó que el ex alto cargo policial participó en noviembre de 2016 en una reunión con los líderes del grupo delictivo El Seguimiento 39, asociado con el Cártel de Sinaloa, y compartió con ellos información de investigaciones de las autoridades de EU a cambio de un pago de 290 mil dólares.
“Arzate forjó una deplorable alianza con traficantes de droga”, dijo en octubre de este año el Fiscal del distrito este de Nueva York, Breon Peace, en un comunicado, también señaló que el excomandante “traicionó” así al “pueblo de México que había jurado proteger”.
Estaba previsto que el excomandante fuera puesto en libertad y deportado a México el 27 de enero de 2020 luego cumplir una condena de 40 meses en Chicago por filtrar información confidencial a un cártel de droga mexicano, pero días antes la Fiscalía de Nueva York presentó más cargos en su contra, y su caso fue asignado al Juez Brian Cogan, quien condenó a cadena perpetua a “El Chapo”.
PEQUEÑO GARCÍA Y CÁRDENAS PALOMINO
Los fiscales que llevan el caso de García Luna también acusan a Ramón Pequeño García, otro exelemento de la Policía Federal, y a Luis Cárdenas Cárdenas Palomino de brindar protección al Cártel de Sinaloa, que comandaron Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. El Departamento de Justicia dice que ambos “aceptaron millones en sobornos” para proteger al grupo delictivo.
Luis Cárdenas Palomino en una conferencia de prensa de agosto de 2012. Foto: Luis Carbayo, Cuartoscuro.
Si son detenidos y declarados culpables en EU del cargo de conspiración de drogas, Cárdenas Palomino y Pequeño García podrían enfrentar cada uno una sentencia mínima de 10 años de prisión y un máximo de cadena perpetua.
Personal de la Marina Armada de México detuvo el 5 de julio a Cárdenas Palomino, extitular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal y extitular de la AFI, en Naucalpan, Estado de México.
La Fiscalía General de la República lo acusa de tortura contra cuatro detenidos en 2012, entre ellos el hermano y un sobrino de Israel Vallarta, víctima de un montaje al igual que la ciudadana francesa Florence Cassez.
#FGRInforma: Este día se cumplimentó orden de aprehensión por el delito de tortura en contra de Luis “C”, en el Estado de México, con el apoyo de @SEMAR_mx, @CONASE_mx y el CNI en breve más información. pic.twitter.com/VBCF7CZCsF
En julio, el abogado de la familia Vallarta, Héctor Alberto Pérez Rivera, reveló en entrevista con Aristegui Noticias que un Juez federal también giró una orden de aprehensión contra Pequeño García por su probable responsabilidad como autor material de torturas.
En julio de 2015, Ramón Pequeño fue destituido de su cargo tras la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Foto: Cuartoscuro.
El exfuncionario fue el titular de la División Antidrogas en el periodo de García Luna. En ese cargo estaba al mando del monitoreo de las cámaras de seguridad de los Centros Penitenciarios de Máxima Seguridad a Plataforma México, cuando Joaquín “El Chapo” Guzmán se fugó del penal del Altiplano I, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
En julio de 2015, Pequeño García fue cesado de su cargo por instrucción del entonces Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Desde el año pasado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que congeló las cuentas de Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, considerados junto a García Luna como “súper policías” del Gobierno de Felipe Calderón. Actualmente está prófugo.
“El Grande”, apodado así por su fisonomía –1.98 metros y 115 kilos–, reveló el 8 de noviembre de 2018 en la Corte de Distrito Norte de Chicago, Illinois, que García Luna y su “compadre” Luis Cárdenas Palomino (extitular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal), colaboraban para el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva cuando ambos estaban en la Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio de Calderón Hinojosa.
Ciudad de México, 12 de noviembre (AP/SinEmbargo).- El narcotraficante mexicano Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, lugarteniente de los Beltrán Leyva, salió de la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
“El Grande, llamado también “El Come Niños”, fue aprehendido en 2010 en México. Dos años después fue extraditado a Estados Unidos en calidad de testigo protegido. Fue en suelo estadounidense donde Villarreal Barragán vinculó con el narcotráfico a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
“El Grande”, apodado así por su fisonomía –1.98 metros y 115 kilos–, reveló el 8 de noviembre de 2018 en la Corte de Distrito Norte de Chicago, Illinois, que García Luna y su “compadre” Luis Cárdenas Palomino (extitular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal), colaboraban para el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva cuando ambos estaban en la Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio de Calderón Hinojosa.
Sergio Enrique Villarreal Barragán fue capturado en septiembre de 2010 en el estado de Puebla. Al ser detenido admitió haber secuestrado, torturado y descuartizado a más de 90 personas. Hoy, gracias a un acuerdo de cooperación con las autoridades estadounidenses en donde delató a miembros del narco y a autoridades, se encuentra libre.
En abril de 2019 el diario Milenio publicó que “El Grande” buscaba saber si la actual Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, lo persigue, pese a haber servido como testigo colaborador.
Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”. Foto: Cuartoscuro.
El juicio al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, acusado de tráfico de drogas, se fijó para el 24 de octubre de 2022.
En esa fecha se iniciaría la selección de los miembros del jurado, dijo durante una audiencia el Juez Brian Cogan de la Corte del Distrito Este de Nueva York. El Magistrado también fijó el 9 y 16 de enero de 2023 como fechas de reemplazo si el juicio no puede comenzar el próximo octubre.
Los jueces, fiscales y abogados de García Luna establecieron el inicio del juicio para dentro de un año debido a la enorme cantidad de pruebas que la Fiscalía ha propuesto y al estudio del manejo de información confidencial. Se ha de decidir qué evidencia formará parte o no del juicio. La pandemia de la COVID-19, además, retrasa cualquier procedimiento y el acceso que los abogados de García Luna tienen a éste en la cárcel.
Genaro García Luna, entonces Secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, fue arrestado en la localidad de Grapevine, en Dallas, Texas. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
García Luna, Secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, se ha declarado inocente de las acusaciones que lo relacionan con el narcotráfico. La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York alega que García Luna recibió enormes cantidades de dinero del Cártel de Sinaloa a cambio de permitir que traficara cocaína a sus anchas.
García Luna dejó México en 2012 y se trasladó a Miami. Fue arrestado en 2019.
El Juez Cogan dijo en la audiencia del miércoles realizada por teléfono que el 24 de octubre de 2022 es una fecha que le parecía tardía debido a que entonces el juicio será interrumpido por las festividades de Acción de Gracias pero que, aún así, decidió proponer ese día porque hay mucho trabajo de preparación previo al juicio.
El abogado de García Luna, César de Castro, sostuvo que la Fiscalía ha presentado más de un millón de páginas como evidencia hasta ahora, además de muchas grabaciones.
Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública con Calderón. Foto: Paola Hidalgo, Cuartoscuro
“Aunque la mayoría de este material no está relacionado con mi cliente, de todas maneras es difícil repasar todo”, afirmó De Castro.
La próxima audiencia del caso se estipuló para el 8 de diciembre y otra audiencia aparte para hablar sobre información confidencial se realizará el 15 de diciembre.
García Luna enfrenta cargos de conspiración para distribuir cocaína, participación en una empresa criminal continua, conspiración para importar cocaína y mentir a las autoridades.
Santiago Nieto Castillo fue el principal brazo en la lucha contra la corrupción del Presidente Andrés Manuel López Obrador, con acciones contra políticos y exfuncionarios como Emilio Lozoya, Carlos Romero Deschamps, Genaro García Luna, Rosario Robles…
–Con información de Dulce Olvera
Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).– Santiago Nieto Castillo fue el funcionario que más comunicó el combate a la alta corrupción, durante la primera mitad del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, con acciones contra prominentes personajes de la política y los negocios, desde el exdirector de Pemex Emilio Lozoya hasta el líder petrolero Carlos Romero Deschamps y el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.
Su rol como principal activo en la lucha contra la corrupción terminó este lunes cuando dejó la Unidad Inteligencia Financiera (UIF), en medio del escándalo por su boda realizada en Guatemala. Ahora al frente de esta dependencia estará un histórico líder de la izquierda, Pablo Gómez, cuya trayectoria se ha desempeñado en gran medida en el Congreso.
“Habrá un punto de tensión y quiebre en la Unidad con la llegada de un nuevo titular porque se genera la pregunta de si seguirá trabajando con la misma intensidad en el combate a la corrupción. Sin embargo, se pondrá a prueba la propia institucionalidad, es decir, si la salida de un titular implica que se paralice, con lo que mostraría un signo de debilidad”, planteó el politólogo y abogado Maximiliano García Guzmán.
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García Guzmán indicó que Nieto deja expectativas muy altas en la conducción que ahora habrá de tener la UIF. “Lo que podría esperarse de Pablo Gómez es que se conserve la idea de control que desde el Legislativo se impulsa. Pero llegar a un área tan técnica como la UIF supone un reto importante y de manera muy rápida tiene que darle continuidad a los procesos porque de lo contrario estaría fluyendo más la variable política que la técnica”, aseguró.
“Le queda una vara muy alta y se ve difícil que pueda llenar esos zapatos el economista”, afirmó a su vez Iván Gidi, director de la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA). “La preocupación es si realizará un trabajo profesional e independiente o será una oficina que despache en función de los intereses del Presidente. Hay mucho qué atender”.
Gidi explicó que Nieto era uno de los pocos que actuaba con independencia y con eficacia en la actual administración. Para él, el cese fue “un exceso” porque “no hubo una falta grave”.
Nieto Castillo deja tras de sí una serie de casos en los que su unidad participó de manera determinante como la trama de corrupción de Odebrecht, que ha envuelto a políticos del PRI y el PAN, como el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya y el excandidato presidencial panista Ricardo Anaya. También ha participado en las acusaciones contra el otrora líder petrolero Carlos Romero Deschamps y la exsecretaria peñista Rosario Robles.
Santiago Nieto estaba considerado como uno de los funcionarios más destacados del Gobierno. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro.
El exfuncionario, además, ha tenido un papel clave en el combate a las organizaciones del crimen organizado, mediante el congelamiento de sus activos, en particular el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el combate al robo de combustible, conocido como huachicol, y en el de las empresas factureras.
Su desempeño, de igual forma, abarcó en las indagatorias de gobernadores acusados de corrupción como el tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca, el exmandatario de Chihuahua César Duarte, o el entorno del morelense Cuauhtémoc Blanco.
Tan sólo durante el año 2020, la Unidad a su cargo presentó 129 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR); 84 vistas a diversas autoridades penales del fuero común, fiscales, electorales y de responsabilidad administrativa, según los datos que proporcionó en enero de este año.
Carlos Romero Deschamps es señalado de haber edificado una fortuna con dinero proveniente del sindicato petrolero. Foto: Adolfo Vladimir, Cuartoscuro.
LAS DENUNCIAS CONTRA DESCHAMPS
Uno de los principales frentes que abrió la Unidad de Inteligencia Financiera fue contra Carlos Romero Deschamps, un priista con larga trayectoria legislativa que estuvo al frente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) por 26 de años, un liderazgo desde donde protagonizó una serie de escándalos por los lujos con los que él y su familia vivieron, para lo cual incluso recurrió a esquemas de triangulación de recursos, según las acusaciones.
La UIF ha presentado dos denuncias contra Romero Deschamps y su entorno más cercano ante la Fiscalía General de la República, dependencia que encabeza Alejandro Gertz Manero —quien tuvo distintos roces con Santiago Nieto—, y la cual es la responsable de robustecer el caso contra el líder petrolero.
La evidencia más firme que tiene la Fiscalía en este caso proviene de la UIF, la cual apunta a fraude, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En septiembre pasado, el diario Milenio informó que esta Unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) halló que en los últimos tres años del Gobierno de Enrique Peña Nieto, Romero Deschamps y su familia recibieron más de 300 millones de pesos en depósitos; sin embargo, sólo declararon 88.6 millones de pesos y generaron deducciones por 21.5 millones.
En esta fotografía de mayo de 2011 se ve a Carlos Romero Deschamps y su esposa Blanca Rosa Durán, a su llegada al Museo Soumaya. Foto: Cuartoscuro.
El “clan Romero Deschamps”, refiere el mismo reporte, retiró más de 270 millones de pesos, compró joyas, vendió y adquirió propiedades en México y Estados Unidos. Además, la familia realizó 477 vuelos a siete países, por lo que la Unidad de Santiago Nieto Castillo abrió en ese entonces una investigación colectiva.
El mismo medio indicó cómo los Romero Deschamps hicieron un “imperio de bienes raíces” en Estados Unidos, el cual asciende a más de 130 millones de pesos y que incluye departamentos en algunos de los condominios más exclusivos. Además se acusó a Deschamps de tejer junto a sus familiares una supuesta red para desviar recursos del sindicato de trabajadores de Pemex.
Pese a ello la Fiscalía General, señaló Milenio, mantiene congeladas todas las investigaciones. En respuesta, un vocero de la dependencia dijo en septiembre pasado al diario El País: “las investigaciones están en curso, se siguen allegando de información. Son procesos largos, se ha solicitado información financiera, se han desahogado otras pruebas, todo de acuerdo al cauce legal”.
No obstante, a la fecha se desconoce el estado de esta investigación como ha sucedido con otros casos de alto perfil en los cuales no se ha visto avance alguno por parte de la Fiscalía.
EL LITIGIO ESTRATÉGICO CONTRA GARCÍA LUNA
El pasado 21 de septiembre, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó su primera demanda civil en el extranjero y lo hizo contra Genaro García Luna, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Felipe Calderón Hinojosa. Al exfuncionario, mano derecha del expresidente Calderón, se le acusa por presuntas operaciones financieras ilegales.
La denuncia contra García Luna, que tiene el objetivo de recuperar “los activos derivados de un gran esquema ilegal de contratación en el sector de la seguridad y defensa nacional“, se sumó a las acusaciones por narcotráfico que ha presentado la justicia estadounidense, para las cuales la propia UIF aportó información.
La acción judicial se presentó en las cortes de Miami, Florida, donde la UIF identificó “un importante número de empresas y propiedades asociadas a los actos de corrupción política y lavado de dinero”, de quien fuera el artífice de la guerra contra el narcotráfico emprendida por el expresidente Calderón.
García Luna es considerado el artífice de la lucha contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón. El exfuncionario ahora está preso en EU acusado de narcotráfico. Foto: Cuartoscuro.
La demanda cubre 39 empresas y fideicomisos pertenecientes no sólo a Genaro García Luna, sino a “sus cómplices y/o familiares”, las cuales —se alega— se ubican o cuentan con operaciones en la ciudad de Florida y son dueñas de propiedades adquiridas con dinero derivado de un esquema de contrataciones ilegales.
En el litigio se señala que los demandados son integrantes de un gran grupo de empresas creadas y utilizadas por García Luna y sus co-conspiradores para esconder recursos derivados de actos de corrupción.
En tanto, en México la Unidad de Inteligencia Financiero presentó dos denuncias vinculadas con el caso de García Luna y con Luis Cárdenas Palomino, exencargado de Seguridad Regional de la Policía Federal, mano derecha del exsecretario de Seguridad.
SANTIAGO, LOZOYA Y EL CASO ODEBRECHT
Emilio Lozoya al acudir a la audiencia en el Reclusorio Norte en la que se le dictó prisión preventiva. Foto: Cuartoscuro.
Un parteaguas en la trayectoria de Santiago Nieto fueron las investigación que realizó como Fiscal Electoral, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, contra Emilio Lozoya Austin en relación al caso Odebrecht, situación que le valió su salida de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) en medio de una embestida de la administración peñista.
Ese mismo intento de combatir la corrupción en la administración pasada le valió sumarse al Gobierno de López Obrador como titular de la UIF, una de las posiciones clave para aportar elementos a la Fiscalía General en los casos de alto perfil, como ha sido el de la constructora brasileña Odebrecht y sus ligas con el peñismo.
En ese sentido, la Unidad de Inteligencia Financiera ha presentado siete denuncias en contra de Emilio Lozoya por diversos delitos, entre ellos uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, peculado, las cuales se suman a la acusación central contra el exfuncionario de haber recibido 10.5 millones de dólares de sobornos de Odebrecht para la campaña de Peña Nieto, quien ordenó que parte de esos recursos se destinaron a sobornar a panistas y priistas, un caso emblemático de corrupción que sigue impune.
Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, denunció al expresidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, por su presunta participación en esta trama de corrupción y por autorizar sobornos. Foto: Cuartoscuro.
Entre los nombres mencionados en esta trama figuran los del expresidente Enrique Peña Nieto, los de Luis Videgaray, Ricardo Anaya y otros integrantes de la ahora oposición. En total, en la denuncia que Lozoya presentó ante la FGR a su regreso a México, como parte de un acuerdo de colaboración, han sido implicados 70 políticos.
Este caso dio un giro en la audiencia de la semana pasada del exdirector de Pemex, cuando la UIF pidió junto a la FGR y Pemex que Lozoya quedara en prisión preventiva, medida que concedió el Juez federal José Artemio Zúñiga.
Precisamente, la UIF dio a conocer que hay varias investigaciones abiertas en contra de Lozoya, las cuales en su momento pudieran ser judicializadas. Por lo mismo se insistió en que existía un riesgo de fuga, ya que ha demostrado tener los recursos necesarios para evadir la justicia.
Rosario Robles es señalada de haber sido omisa en el desvío de recursos durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro.
EL PAPEL DE LA UIF EN EL CASO DE ROBLES
Al frente de la UIF, Nieto Castillo informó en octubre de 2019 como esta dependencia había presentado dos denuncias contra Rosario Robles, extitular de Sedesol y Sedatu en el Gobierno de Peña Nieto, quien a la fecha permanece en prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla. En aquel entonces, indicó que seguirían las investigaciones sobre las posibles irregularidades cometidas durante la gestión de Robles.
Una de esas indagatorias realizadas por la Unidad de Inteligencia, la cual derivó en una nueva orden de captura por delincuencia organizada y lavado de dinero, reveló que Robles llevaba una vida ostentosa como secretaria de Estado durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, según informó el diario Milenio el pasado 19 de octubre.
La UIF, según este reporte, encontró 45 vuelos internacionales de Robles a distintos puntos en Europa, Asia, Sudamérica y Estados Unidos. La mayoría ocurrieron cuando fue secretaria de Estado y fueron a ciudades como Tokio, Seúl, Buenos Aires, Vancouver, Santo Domingo, La Habana, Quito, Houston, Nueva York, Washington y Miami. Los viajes también siguieron después de dejar el Gobierno, ya que se documentó que fue a Madrid, Lima y Houston.
LAS INVESTIGACIONES A LOS GOBERNADORES
El papel de la UIF también ha sido clave en las investigaciones que se han emprendido contra el Gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, y el entorno cercano del Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.
En lo que respecta a Cabeza de Vaca, contra quien la FGR obtuvo una orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada, la UIF ordenó congelar en mayo pasado 37 cuentas ligadas al mandatario, a quien acusó de haber comprado inmuebles a través de dos empresas fantasma que en otras ocasiones fueron usadas por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero. También informó que desde el año 2000, Cabeza de Vaca ingresó en diferentes trabajos en empresas privadas y cargos públicos 35.5 millones de pesos, pero sólo declaró 23.9 millones de pesos. A esto se suman las cuatro denuncias que ha presentado la UIF en su contra.
El papel de la UIF en el caso contra Francisco García Cabeza de Vaca ha sido clave. Foto: Cuartoscuro.
En el caso de César Duarte, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó meses antes de que fuera detenido en Estados Unidos dos denuncias que derivaron de información enviada por la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua sobre un millonario desvío de recursos en el que se emplearon empresas fachada y prestanombres. Esta acción se sumó al congelamiento de cuentas emprendido por la UIF desde 2019 contra el exmandatario y personas que han sido señaladas como supuestos prestanombres.
Recientemente, en septiembre pasado, Reforma publicó que en junio de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera y la FGR detectaron una red de lavado de dinero y cuentas millonarias en el círculo de Cuauhtémoc Blanco, operaciones de su periodo como Presidente Municipal de Cuernavaca (2016-2018) y sobre la cual el exfutbolista se ha deslindado.
LAS CUENTAS DEL CJNG Y LAS AMENAZAS
El CJNG es una de las organizaciones criminales a las cuales la UIF atacó financieramente durante la gestión de Nieto Castillo. Foto: Cuartoscuro
Además de las investigaciones, denuncias y congelamiento de cuentas a miembros de la clase política, la otra labor en la que fue determinante la labor de Santiago Nieto al frente de la UIF fue en el combate al crimen organizado, lo cual le ha valido amenazas por parte de organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En esta cruzada, la acción más emblemática se dio en junio de 2020 cuando la UIF anunció el “Operativo Agave Azul”, con el que se realizó el bloqueo de cuentas de mil 939 sujetos vinculados al CJNG. La UIF informó que trabajó de manera coordinada con la Administración para el Control de Drogas (DEA). La medida fue reconocida, aunque muchos de los congelamientos fueron combatidos en tribunales.
A eso se sumó que el pasado 6 de octubre, la Unidad bloqueó las cuentas de personas vinculadas al Cártel Jalisco, después de un anuncio del Departamento del Tesoro estadounidense que sancionó a cuatro mexicanos por liderar las operaciones de narcotráfico de esta organización.
La evidencia y las acusaciones en contra del extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se van apilando y podrían demostrar que no sólo recibió sobornos de narcotraficantes, sino que operó una amplia red de lavado de dinero que lo podría colocar como el “arquitecto” que abrió paso a algunas de las organizaciones criminales más grandes de América Latina.
Por Parker Asmann
Ciudad de México, 1 de octubre (InSight Crime).– Se acumulan la evidencia y las acusaciones contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Por un lado, los fiscales presentaron nuevos expedientes que podrían demostrar que el exfuncionario recibió sobornos de narcotraficantes. Por otro lado, México presentó una demanda para recuperar millones de dólares en presuntos bienes ilícitos.
En un expediente con fecha del 29 de septiembre, presentado ante una Corte Federal de Nueva York, los fiscales afirmaron que entregarían nueva evidencia a los abogados defensores de García Luna. El material incluía documentos del Gobierno mexicano, registros del Departamento de Estado estadounidense, fotografías y registros bancarios.
García Luna, secretario de seguridad pública de México entre 2006 y 2012, durante el mandato del expresidente Felipe Calderón, está acusado de recibir varios millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de permitir que el grupo traficara cargamentos de varias toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.
Felipe Calderón, expresidente de México, y su entonces Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en 2012. Foto: Iván Stephens, Cuartoscuro.
El expediente se presenta más de una semana después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México anunciara su “primera demanda civil en el extranjero para recuperar activos vinculados con operaciones financieras realizadas por Genaro García Luna”.
En su demanda, el Gobierno mexicano sostiene que después de dejar su cargo, y por lo menos entre 2012 y 2018, García Luna, su esposa, un antiguo alto funcionario del estado mexicano, varios socios comerciales y una red de firmas obtuvieron de manera ilegal al menos 250 millones de dólares del Gobierno mexicano mediante un “complejo entramado de contratación oficial ilegal”. Ese dinero se transfería a cuentas fuera de México valiéndose de una “extensa” red para “ocultar los dineros robados en numerosas propiedades” en suelo estadounidense.
Las autoridades estadounidenses arrestaron a García Luna en el estado de Texas en diciembre de 2019, por cargos de conspiración para traficar cocaína y falso testimonio. El acusado se declaró inocente de dichos cargos en 2020.
Poco después de ser puesto en custodia, el jefe de la UIF Santiago Nieto, junto con fiscales anticorrupción de México, presentó dos denuncias contra García Luna. El organismo sostuvo que el exfuncionario usó paraísos fiscales en todo el mundo, entre ellos Estados Unidos, Barbados y Hong Kong, para ocultar más de 50 millones de dólares en sobornos que al parecer recibió de narcotraficantes.
Genaro García Luna, entonces Secretario de Seguridad Pública Federal y Facundo Rosas Rosas, uno de sus hombres de confianza. Foto: Luis Carbayo, Cuartoscuro.
ANÁLISIS DE INSIGHT CRIME
Con el aumento de la evidencia en el caso de narcotráfico contra García Luna, las nuevas denuncias presentadas por el Gobierno mexicano apuntan a presuntas actividades criminales más allá de lo ocurrido durante su periodo como alto funcionario de seguridad.
Mientras que los fiscales estadounidenses sostienen que se valió de su posición de superioridad en las fuerzas de seguridad mexicanas para actuar como canal clave para una de las organizaciones criminales más poderosas de Latinoamérica, los funcionarios mexicanos afirman que los delitos se extienden hasta considerarlo “arquitecto principal” y uno de los “mayores beneficiarios” de un vasto “imperio de lavado de dinero” al cual llamaron “la Empresa”.
Mediante presuntas coimas, alteración de licitaciones y corrupción en México, los delegados del Gobierno sostienen que éste “usó su influencia con el Gobierno mexicano para anular los procedimientos de contratación y licitación del Gobierno mexicano, y asegurarse que sus coconspiradores salieran favorecidos en múltiples contratos públicos”, detalla la demanda.
Entre 2015 y 2019, las autoridades mexicanas identificaron al menos 30 transferencias por un total de cientos de miles de dólares en recursos públicos presuntamente robados, que la red depositó en cuentas bancarias de Estados Unidos. Posteriormente, estos se retransferían a cuentas de Barbados. Todas esas cuentas, señala la denuncia, supuestamente estaban controladas por García Luna y sus cómplices.
Genaro García Luna, entonces titular de Seguridad Pública, y Eduardo Medina Mora, extitular de la Procuraduría General de la República durante la ceremonia para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, celebrada en 2009. Foto: Sashenka Gutiérrez, Cuartoscuro
Es más, los miembros del grupo “incurrieron en actividades delictivas adicionales” al usar el dinero robado para “dirigir y mantener” la red de lavado de dinero mediante “transferencias internacionales, pagos de impuestos sobre el patrimonio, pagos de honorarios y otros para mantener en funcionamiento, cuidar y gerenciar la Empresa”, según declararon los funcionarios.
García Luna nunca fue acusado de delito alguno en México durante o inmediatamente después del periodo en que dirigió la llamada “guerra antinarcóticos” contra los grupos de crimen organizado. Sólo después de casi un año de estar privado de la libertad en Estados Unidos, las autoridades mexicanas presentaron una orden de captura en su contra por enriquecimiento ilícito y comenzaron a considerar su extradición al país para enfrentar cargos penales.
La escala de la presunta corrupción, si se demuestra, no solo es de una magnitud inimaginable; es escandaloso tratándose de un hombre a quien se confió el diseño y la ejecución de la estrategia del Estado mexicano contra el crimen organizado y el narcotráfico.
El diario Milenio informó que fiscales de EU entregaron al defensor de Genaro García Luna los registros de actividades comerciales que fueron obtenidas por autoridades de Colombia.
Ciudad de México, 23 de julio (SinEmbargo/AP).– El Gobierno de Colombia entregó documentos a Estados Unidos (EU) que serán usados como pruebas en el caso contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, reveló hoy el Milenio.
De acuerdo con el diario, una carta enviada a Cesar de Castro, defensor del mexicano García Luna, expone que el paquete de nuevas pruebas enviadas por los fiscales de EU incluye “documentos entregados por el Gobierno de Colombia”.
Información del reportero Juan Alberto Vázquez señaló que la Fiscal asistente Jacquelyn M. Kasulis aclaró a la defensa: “Estados Unidos tiene la intención de ofrecer en el juicio registros extranjeros de actividades comerciales realizadas regularmente obtenidas de Colombia a través de solicitudes del Tratado de Asistencia Legal Mutua”.
Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. Foto: Iván Stephens, Cuartoscuro
Desde el 19 de mayo, la Associated Press informó que entre las pruebas que fiscales estadounidenses tienen contra el exsecretario de Seguridad Pública de México — acusado de narcotráfico — se incluyen documentos entregados por los gobiernos de México y Colombia, y un video de diciembre pasado en el que aparece junto a otra personas privada de la libertad.
Los fiscales del distrito este de Nueva York también dijeron que en el juicio contra el exfuncionarioplanean presentar fotografías de Google Earth y documentos sobre actividades de negocios que fueron obtenidos de Barbados, México y Panamá a través de acuerdos de Asistencia Legal Mutua.
García Luna, Secretario de Seguridad Pública entre 2006 y 2012, se ha declarado inocente de todos los cargos. Los fiscales aseguran que recibió enormes cantidades de dinero del Cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, a cambio de permitirle traficar cocaína.
Autoridades de EU indicaron en abril el mes pasado que tiene más de un millón de páginas en documentos para ser usados como pruebas contra el exsecretario. También afirmó que cuenta con una “voluminosa” cantidad de grabaciones interceptadas.
García Luna dejó México en 2012 y se trasladó a Miami. Allí se hizo residente permanente de Estados Unidos y en 2018 solicitó la ciudadanía estadounidense. Fue arrestado en 2019 y desde entonces está detenido.
Luis Cárdenas Palomino era considerado como la mano derecha de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública. Además, era visto por Calderón como un ‘policía modelo’. Hoy, se encuentra detenido por tortura y dentro del penal federal del Altiplano.
Ciudad de México, 5 de julio (SinEmbargo).– Luis Cárdenas Palomino fue galardonado en dos ocasiones por el Presidente Felipe Calderón. La primera ocasión fue el 19 de agosto de 2009 cuando le entregó la Medalla al Valor. Dos años después, el 2 de junio de 2011, le daría la Medalla al Mérito Policial, en un evento con motivo del Día del Policía en el que pidió reivindicar “a los buenos policías” y convertir a esta profesión en “un verdadero sacerdocio cívico”.
Una década después, este “policía modelo” del calderonismo se encuentra preso por tortura en el penal del Altiplano. El delito que enfrenta se suma a los abusos e irregularidades que protagonizó en su paso por las corporaciones policiales —la Policía Federal y la la Agencia Federal de Investigaciones (AFI)— que ideó Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública que ahora se encuentra preso en Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
En aquel 2 de junio, el Presidente Calderón incluso habló de limpiar la imagen de las corporaciones policiales y destacó precisamente la labor emprendida al frente de la Policía Federal por García Luna —uno de sus hombres de confianza—, de quien ahora se ha desmarcado. En ese entonces tanto Genaro García como Luis Cárdenas Palomino, su entonces jefe de la División de Seguridad Regional de la Secretaría de Seguridad Pública, se encontraban en la cúspide del reconocimiento policial, un pedestal del cual han caído llevando consigo la credibilidad de la Policía que presumía Felipe Calderón.
Cárdenas Palomino fue detenido por la Marina Armada de México en Naucalpan, en el Estado de México, según informó la Fiscalía General de la República (FGR). Se le acusa por las torturas cometidas contra supuestos integrantes de la banda de Los Zodiaco en 2012, entre ellos el hermano y un sobrino de Israel Vallarta, en el polémico caso de la ciudadana Florence Cassez que significó un conflicto diplomático entre Calderón Hinojosa y Nicolas Sarkozy, este último condenado en marzo pasado a tres años de cárcel por corrupción.
Luis Cárdenas Palomino fue uno de los hombres más cercanos de Genaro García Luna, incluso llegó a ser considerado su mano derecha.
Luis Cárdenas Palomino en una conferencia de prensa de agosto de 2012. Foto: Luis Carbayo, Cuartoscuro.
Licenciado en la Universidad del Valle en Derecho, Cárdenas Palomino fue director de Seguridad Regional de la Policía Federal y ocupó una lista de cargos en los que coincidió con García Luna.
Trabajó varios años, por ejemplo, en el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y alrededor de una década en la Procuraduría General de la República (PGR), donde asumió importantes cargos como el de director de Investigación Policial de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
Con la llegada de Felipe Calderón a la presidencia de México en 2006 asumió varios cargos dentro de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Entre ellos, el cargo de Seguridad Regional o el de coordinador de Inteligencia para la Prevención del Delito.
EL CASO FLORENCE CASSEZ
Cárdenas Palomino es identificado como como uno de los responsables de armar el montaje en el caso Florence Cassez e Israel Vallarta, a quienes se les señaló de ser parte de una banda de secuestradores, Los Zodiaco. Es por este caso que fue detenido. Él junto a otros 12 policías se les acusa de ordenar y participar en la tortura de cuatro personas.
Israel Vallarta y Florence Cassez fueron arrestados en diciembre de 2005 en una finca a las afueras de la capital mexicana acusados de liderar la banda de secuestradores de Los Zodiaco.
Tras un conflicto diplomático entre Francia y México, la francesa Cassez fue liberada en 2013 por violación de sus derechos, pero Vallarta no corrió la misma suerte y sigue encerrado sin juicio más de 15 años después.
El caso Florence Cassez, en el que estuvo involucrado Cárdenas Palomino, significó un conflicto diplomático entre Calderón Hinojosa y Nicolas Sarkozy. Foto: Saúl López, Cuartoscuro.
Fue el propio Cárdenas Palomino quien encabezó el operativo de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en el que fueron detenidos Vallarta y Cassez en diciembre de 2005 y el subsecuente montaje televisivo que fue montado con ayuda de Televisa y TV Azteca en el que se recreó la detención.
En las propias imágenes del montaje televisivo se aprecia cómo Israel Vallarta es golpeado en plena transmisión por Cárdenas Palomino. Posteriormente, Vallarta denunciaría otros actos de tortura perpetrados por el entonces agente policial.
LOS VÍNCULOS CON EL NARCO
El pasado 30 de julio de 2020, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, exjefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal (PF), fueron acusados en una corte federal en Nueva York de tres cargos de conspirar para el tráfico de cocaína, en colaboración con el Cártel de Sinaloa.
Los fiscales, que también llevan el caso de García Luna, indicaron que ambos exfuncionarios brindaron protección al Cártel de Sinaloa, que comandaron Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo en ese entonces que tanto Cárdenas Palomino como Pequeño García “aceptaron millones en sobornos para proteger al Cártel de Sinaloa”.
Días después, el Gobierno mexicano congeló las cuentas de Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, según informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La acusación de EU señala que tanto ellos como García Luna abusaron de sus cargos públicos al permitir que el Cártel de Sinaloa obtuviera “un paso seguro para sus envíos de drogas, y al proporcionar información confidencial de las fuerzas del orden sobre investigaciones sobre el Cártel, e información sobre los carteles rivales de la droga, lo que facilitó la importación de múltiples toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos”.
“Ambos hombres eran socios cercanos de García Luna y pasaron gran parte de sus carreras en los servicios federales de seguridad persiguiendo ostensiblemente a los mismos traficantes a los que se les acusa de ayudar”, citó entonces Alan Feuer, quien cubre juzgados para The New York Times.
Cárdenas Palomino al informar sobre una detención en Morelos. Foto: Saúl López, Cuartoscuro.
Los tres hombres también estuvieron implicados en el asesinato de un informante colombiano de la DEA hace más de una década, de acuerdo con el testimonio de un ‘renegado’ del cártel, de acuerdo con las autoridades de Estados Unidos. El informante estaba dando datos a las autoridades de allá sobre los envíos de cocaína controlados por Arturo Beltrán Leyva, el antiguo socio de Guzmán en Sinaloa.
El testigo sería Sergio Villarreal Barragán, quien dice que García Luna recibió el nombre del informante de un oficial corrupto de la policía de Bogotá. “Pequeño y Palomino ayudaron a darle el nombre a Beltrán Leyva. El informante fue secuestrado y torturado y después de confesar que trabajaba para la DEA, fue asesinado”, citó entonces el periodista desde Brooklyn.
A esto se suma lo ocurrido el 28 de noviembre de 2012, en la recta final del sexenio de Felipe Calderón, cuando Édgar Valdez Villareal, alias “La Barbie”, acusó a un grupo de colaboradores de Genaro García Luna de recibir dinero del narcotráfico, además de denunciar que el expresidente Felipe Calderón intentó hacer tratos con capos del crimen organizado.
“Me consta que ha recibido dinero de mí, del narcotráfico y la delincuencia organizada, al igual que un grupo selecto integrado por Armando Espinosa de Benito, quien trabajaba con la DEA y me pasaba información, Luis Cárdenas Palomino, Édgar Eusebio Millán Gómez, Francisco Javier Garza Palacios, Igor Labastida Calderón, Facundo Rosas Rosas, Ramón Eduardo Pequeño García y Gerardo Garay Cadena reciben dinero de la delincuencia organizada y de mí”, declaró el capo.
Estas acusaciones se agravaron cuando se revelaron los testimonios de Jesús Reinaldo Zambada García, alias “El Rey”, hermano del capo Ismael “El Mayo” Zambada, y el propio Vicentillo, hijo de “El Mayo”, mismos que fueron recogidos y expuestos por la periodista Anabel Hernández en su libro El Traidor.
BALACERA EN EL AICM Y ATAQUE EN TRES MARÍAS
El 25 de junio de 2012, ya en la recta final del Gobierno de Felipe Calderón, una balacera causó pánico en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La versión oficial ofrecida por la Secretaría de Seguridad Pública indicaba que en la mañana de ese lunes “elementos de la Policía Federal (PF), quienes realizaban trabajos de investigación, se trasladaron para realizar el aseguramiento de probables responsables vinculados con el delito de tráfico de drogas (…) al verse rodeados se realizaron disparos con arma de fuego contra los efectivos federales”.
En ese momento, la explicación ofrecida por la dependencia encabezada generó más preguntas que respuestas. Fue así que cuatro días después, el propio Cárdenas Palomino dijo en conferencia de prensa que los agresores eran elementos de la Policía Federal que “traicionaron” a sus compañeros en un operativo antidrogas.
Los acusados fueron identificados como Bogard Felipe Lugo de León, Zeferino Morales Franco y Daniel Cruz García. Estos dos últimos concederían casi un mes después una entrevista al periodista Ricardo Ravelo, publicada en el semanario Proceso, en la que negaron las acusaciones y denunciaron haber sido presionados para participar en el tráfico de drogas en el Aeropuerto.
Cruz García y Morales Franco dijeron en ese entonces que la balacera se originó por presiones y amenazas entre distintos grupos policiacos que se disputan el control del tráfico de drogas en ese lugar; además sostuvieron que Cárdenas Palomino protegía las actividades del narcotráfico en la terminal aérea.
Al describir las presiones a las que los sometieron los oficiales Josué Adán Matadamas y José Antonio Dighero, exjefe de la PF en la terminal aérea, Cruz García relató: “Unas tres semanas antes de la balacera nos comenzaron a chingar; que debíamos hacer lo que ellos nos ordenaran; que no fuéramos pendejos; que lo íbamos a tener todo en charola de plata porque ellos eran los amos y señores en el aeropuerto y estaban bien parados con Luis Cárdenas Palomino; que cualquier pedo ellos lo arreglaban”.
Conferencia en la que Cárdenas Palomino informó sobre la balacera en el Aeropuerto Foto: Adolfo Vladimir, Cuartoscuro.
Casi dos años después, Reporte Índigo daría a conocer una serie de videos que echarían por la borda la versión oficial otorgada por Cárdenas Palomino de que todo ocurrió en el marco de un operativo antidroga. Las imágenes darían cuenta de dos tiroteos y desmarcarían a los señalados de lo ocurrido. Es decir, mostrarían que la narrativa empleada por el mando policial en junio de 2012 también habría correspondido a un montaje, como lo ocurrido con Florence Cassez.
Dos meses después de lo ocurrido en el Aeropuerto, la Policía Federal de García Luna protagonizaría un escándalo más que Cárdenas Palomino trataría de explicar cuando el 24 de agosto elementos federales atacaron en la carretera México-Cuernavaca a dos agentes de la CIA del gobierno de Estados Unidos y a un integrante de la Marina.
La corporación policial señaló dos semanas después que los agentes que atacaron investigaban un secuestro. “En el caso Tres Marías tengo que decir que es una investigación que está llevando la Procuraduría General de la República, que lo que nosotros estamos acreditando es lo que hacían los elementos exactamente, es decir, era una indagatoria sobre un secuestro que fue perpetrado horas antes de que los muchachos estuvieran ahí, a las 8 de la mañana”, explicó el propio Cárdenas Palomino en una conferencia de prensa.
Para noviembre de ese año, el diario Reforma dio a conocer el testimonio que dio uno de los agentes detenidos, Ivonne Moreno Romero, quien se reunió en privado con Luis Cárdenas Palomino dos días antes de ser presentada al Ministerio Público federal por su participación en el ataque.
“Yo le dije que había tarjeta donde el jefe sí avisaba del operativo, fue cuando él me dijo que habían sido errores, pero se tenían que pagar”, reveló Moreno Romero a la PGR el 28 de septiembre de ese año. Un año después, su defensa diría a la revista Proceso que los policías involucrados en el ataque obedecieron una orden superior de la cual Cárdenas Palomino estaba enterado.
… LA PUERTA GIRATORIA
“Después de 23 años de servicio público he tomado la decisión de integrarme laboralmente a la iniciativa privada, por lo que a través de la presente hago del conocimiento público que he presentado mi renuncia” a partir del 31 de diciembre de 2012, anunció Cárdenas Palomino al inicio del Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, el destino no lo desligó por completo de la administración peñista.
Formalmente Luis Cardernas Palomino se volvió empleado del multimillonario Ricardo Salinas Pliego, en enero de 2013, en la dirección de Adamantium Private Security Services, una filial del Grupo Salinas especializada en espionaje y seguridad privada, de acuerdo con la publicación del semanario Proceso en diciembre de 2019.
En los hechos el exjefe de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal no cortó sus lazos con el Gobierno al terminar el sexenio de Felipe Calderón, pues Adamantium recibió por lo menos 24 contratos públicos federales por un monto total de 510 millones 470 mil pesos a lo largo de la administración de Enrique Peña Nieto, cuyo consejero jurídico Humberto Castillejos Cervantes, fue su cuñado.
De acuerdo con Proceso, estos contratos, detectados en la plataforma Compranet, abarcaron servicios de seguridad en infraestructuras estratégicas del país: el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), estaciones de combustibles operadas por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), así como los puertos de Manzanillo y Veracruz.
El Juez Brian Cogan avaló que la audiencia contra García Luna se aplace hasta agosto.
Ciudad de México, 18 de junio (Zeta).- La audiencia de Genaro García Luna, prevista para el próximo miércoles 23 de junio, fue pospuesta, de nueva cuenta, para el 25 de agosto de este mismo año, luego de que el Juez Brian M. Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, aceptó la moción que le hicieron llegar fiscales y los abogados defensores del extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
En un memorándum citado por medios nacionales y enviado al Juez federal, Mark Lesko, nuevo Fiscal titular del Distrito Este de Nueva York, insistió en una “producción de descubrimiento adicional el 18 de mayo de 2021, por un total de más de 31 mil páginas de documentos nuevos”.
Además, Lesko adelantó que esperan “respuestas de citaciones pendientes”, así como documentación de las solicitudes que ha presentado el Gobierno para tener acceso a “pruebas extranjeras”, como se informó en los memorándums entregados a dicha Corte neoyorquina en febrero y abril pasados.
Las audiencias contra García Luna, detenido en diciembre del 2019, se han pospuesto primero en diciembre del 2020, después en febrero, más adelante en abril y esta semana.
Por último, esta misma semana se informó que se integran al caso contra García Luna, los fiscales Marietou Diouf e Hiral D’ Mehta, para reforzar al equipo que ya forman Michael Robotti, además de Ryan Harris, Erin Reid y Phillip Pilmar.
FISCALES PRESENTARÁN VIDEOS
Fiscales del Distrito Este de Nueva York informaron el pasado 18 de mayo, que entre las pruebas que tienen contra Genaro García Luna, destaca un video de diciembre pasado en el que aparece junto a un recluso en Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn (MCC, por sus siglas en inglés).
A través de de una carta presentada al Juez federal Brian M. Cogan y a César de Castro, abogado de García Luna, los cinco fiscales neoyorquinos dieron cuenta de una nueva serie de evidencias de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero que le imputan al exfuncionario federal.
También anunciaron que en el juicio contra el mexicano planean presentar fotografías de Google Earth y documentos respecto a actividades de negocios que fueron obtenidos de Barbados, México y Panamá, a través de acuerdos o tratados de Asistencia Legal Mutua.
Los fiscales -citados por la agencia estadounidense The Associated Press– dijeron que el video de García Luna con otro preso fue tomado el 29 de diciembre del 2020, en el MCC, donde se encuentra el ex funcionario federal mexicano.
Los fiscales -encabezados por Mark Lesko-, también afirmaron en la carta dirigida a César de Castro, abogado defensor de García Luna, que tienen registros de propiedad, documentos financieros y grabaciones de conversaciones del acusado.
Entre las nuevas pruebas se cuenta también otra serie de grabaciones de comunicaciones que sostuvo García Luna, expedientes proporcionados por el Departamento de Estado de EU y expedientes provenientes del Gobierno de Colombia.
Con la reducción de dos mil 390 millones de pesos al año, el Gobierno estima que para el 2024, se genere un ahorro de 10 mil 106 millones.
Ciudad de México, 22 de abril (SinEmbargo).- El Gobierno federal logró acuerdos con ocho penales para la reducción del 15 por ciento del costo y abrió procesoscontra servidores públicos por los contratos “onerosos” que fueron entregados durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
“Acuerdo que se alcanzó con las empresas que recibieron los contratos de ocho reclusorios durante el Gobierno de Felipe Calderón, cuando era el señor García Luna Secretario de Seguridad Pública. Ocho contratos onerosos que significaban pagar 16 mil millones de pesos al año a las empresas que recibieron las concesiones para administrar estos ocho reclusorios. Ya se llegó a un acuerdo. Van a haber ahorros importantes, considerables”, detalló el Presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de la conferencia de prensa desde Palacio Nacional.
Por su parte, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, informó que actualmente se pagan alrededor de 16 mil millones de pesos; sin embargo, ahora con los acuerdos que se pondrán en marcha, el pago será de 15 mil 933 millones, es decir, una reducción de dos mil 390 millones de pesos al año.
Durante el sexenio de @FelipeCalderon se hicieron contratos para la construcción de 8 reclusorios a particulares en los que la operación y seguridad era responsabilidad del gobierno.
En ese sentido, Rosa Icela señaló que con dicha reducción de más de dos mil pesos anuales, al término de la actual administración (de 2021 a 2024), se generará un ahorro de 10 mil 106 millones.
“Otros logros son la reducción del costo al Gobierno de México en 15 por ciento, que las instalaciones serán incorporadas a los bienes de la Nación al concluir el contrato, se acordó hacer una revisión permanente de la calidad y el cumplimiento de las obligaciones del contrato, así como que se busque siempre con las autoridades el respeto a los derechos humanos”, agregó.
Además, la funcionaria recordó que en estos contratos que se realizaron en administraciones pasadas, se estableció la vigencia de por lo menos 20 años para la prestación del servicio con las empresas y un monto proyectado con actualización e impuestos de 276 mil 619 millones de pesos, de lo cual se han erogado en nueve años 85 mil 398 millones de pesos.
[pdf-embedder url=”https://www.sinembargo.mx/wp-content/uploads/2021/04/CPM-SSPC-Sistema-Penitenciario-Federal-22abr21.pdf” title=”CPM SSPC Sistema Penitenciario Federal, 22abr21″]
“Los pagos realizados durante la vigencia de cada uno de los contratos se llevarán de manera mensual en su totalidad con independencia del número de personas privadas de la libertad, es decir, si un penal tiene 100 personas se paga lo mismo que si tuviera dos mil, de lo cual representaba un gasto para el pueblo de México equivalente al hospedaje diario de un hotel de cinco estrellas por cada recluso”, añadió.
Asimismo, Rosa Icela anunció que actualmente hay procesos abiertos contra servidores públicos de gobiernos pasados por contratos que resultaron dañinos para México.
“Hay procesos penales abiertos para determinar responsabilidad de servidores públicos que han hecho un daño al patrimonio. Este acuerdo se inicia por el Presidente y se instruye a no pagar este año y hasta que se firmen los contratos y determinar cuánto se va a pagar. Están suspendidos enero, marzo y abril, y a partir de ahora vamos con las empresas haciendo los pagos”, dijo la funcionaria.
Desde el 12 de febrero, Andrés Manuel López Obrador dijo que estaban revisando los contratos, con el fin de buscar una reducción del 20 por ciento en el pago.
“Estamos revisando esos contratos, ya les manifesté a la Secretaria de Seguridad Pública (Rosa Icela Rodríguez) y al Consejero Jurídico (Julio Scherer Ibarra), mínimo tiene que haber un descuento del 20 por ciento. O sea, ahí necesitamos ahorrarnos tres mil millones al año, mínimo”, dijo en aquella ocasión.
Previamente, el 13 de enero, el Gobierno federal dio a conocer que se dieron contratos por prisiones privadas por miles de millones en la administración de Felipe Calderón, pagando enormes cifras, pero sin que los edificios de las prisiones les pertenezcan al Gobierno.
Los contratos son con ocho centros penales privados: dos en Guanajuato, uno en Sonora, otro en Oaxaca, uno más en Durango, uno en Chiapas, el femenil de Morelos y uno en Michoacán.
López Obrador ligó la detención de Emma Coronel con el caso del exsecretario Genero García Luna y consideró que probablemente la justicia estadounidense busque más información del funcionario de Calderón a través de la esposa de “El Chapo”, narcotraficante con el que García Luna tendría vínculos.
México, 23 feb (EFE).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sugirió este martes que la detención en Estados Unidos de Emma Coronel, esposa del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, podría estar relacionada con el juicio contra el exsecretario mexicano de Seguridad Genaro García Luna.
“Agreguen que está detenido el que era Secretario de Seguridad durante el Gobierno de (Felipe) Calderón a causa de recibir sobornos del señor Guzmán Loera. A lo mejor por eso es la detención”, expresó López Obrador cuestionado en conferencia de prensa junto a su homólogo argentino, Alberto Fernández.
El Presidente mexicano planteó que las autoridades estadounidenses “quieren tener más información” de cómo funcionaban los presuntos sobornos que recibía Genaro García Luna, arrestado en diciembre de 2019 en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa cuando fue responsable de la seguridad de México entre 2006 y 2012.
“Puede ser por eso (la detención de Coronel). Ojalá informen más los del Gobierno de Estados Unidos porque es un asunto que corresponde a ellos”, dijo López Obrador.
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El mandatario aprovechó para asegurar que “un distintivo de los gobiernos neoliberales” fue “la asociación delictuosa entre autoridades y delincuencia”.
Estados Unidos detuvo este lunes a Emma Coronel, de 31 años y con doble nacionalidad mexicana y estadounidense, acusada de implicación en narcotráfico internacional, informó el Departamento de Justicia.
La esposa del “Chapo”, que atrajo atención mediática cuando acompañó a su marido durante su juicio en Nueva York entre 2018 y 2019, está acusada de “participar en una conspiración para distribuir cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana para su importación a Estados Unidos”, indica la nota oficial.
Una vez que Guzmán fue arrestado de nuevo en México en enero de 2016, su esposa planeó “otra escapada más de prisión” junto a otros socios, antes de que el que fuera líder del Cártel de Sinaloa fuera extraditado a Estados Unidos en enero de 2017, asegura el Departamento de Justicia.
“El Chapo” fue declarado culpable de narcotráfico por un jurado en Nueva York en 2019 y ahora cumple una condena a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad de Colorado (Estados Unidos).
Fotografía proporcionada por el Centro de Detención de Adultos de Alexandria en la que aparece Emma Coronel Aispuro. El Departamento de Justicia dice que ella fue arrestada en el Aeropuerto Internacional Dulles el lunes 22 de febrero de 2021. Se espera que comparezca el martes por videoconferencia ante un tribunal federal en Washington, D.C. Foto: Centro de Detención de Adultos de Alexandria vía AP.
Coronel, que tiene dos hijas gemelas con “El Chapo” y llegó a crear una línea de ropa basada en la polémica figura de su marido, también atrajo la atención de los medios de comunicación en 2019, cuando aseguró que había recibido varias amenazas de muerte tras la captura y liberación del hijo del capo, Ovidio Guzmán.
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