Las acusaciones de Estados Unidos que vinculan a altos exfuncionarios de seguridad del Gobierno de Felipe Calderón con la delincuencia organizada dejan en evidencia el fracaso de la guerra contra el narcotráfico iniciada en 2006 y cuyas consecuencias negativas quedaron reflejadas, por ejemplo, en el aumento de homicidios y el número de personas desaparecidas en México.
Ciudad de México, 25 de diciembre (SinEmbargo).– Las investigaciones penales abiertas tanto en Estados Unidos como en México en contra de Genaro García Luna, Iván Reyes Arzate, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, todos ellos emblemas de la Policía Federal, han incrementado los cuestionamientos sobre la eficacia de la Guerra contra el narcotráfico emprendida hace 15 años.
Estos elementos —algunos de ellos considerados como modelos a seguir por Calderón— implementaron la estrategia de seguridad en el Gobierno panista de Calderón Hinojosa (2006-2012) y ahora enfrentan acusaciones por supuestamente facilitar y proteger operaciones de tráfico de drogas de México a Estados Unidos, que habrían estado relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
Por ejemplo, el Departamento de Justicia de EU le imputa al exsecretario de Seguridad Pública García Luna —preso en ese país— participar en una empresa criminal continua. Para sustentar su acusación, fiscales de ese país han presentado más de un millón de páginas en documentos que podrían ser usados como pruebas. Precisamente por el volumen de la información, este año la Corte Este de Nueva York aprobó posponer hasta 2022 el juicio contra el exfuncionario.
También destaca el caso de Reyes Arzate, extitular de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, y quien en octubre de este año se declaró culpable ante una Corte de EU de dar información de inteligencia a los cárteles de los Beltrán Leyva y de Sinaloa.
Mientras que autoridades del país del norte han señalado a Luis Cárdenas Palomino, extitular de División de Seguridad Regional de la Policía federal detenido en México por el delito de tortura, y a Ramón Pequeño García, exjefe de la división antidrogas, por cargos de conspiración de tráfico de cocaína a cambio de recibir sobornos millonarios.
Para Guadalupe Correa-Cabrera, especialista en delincuencia organizada, las acusaciones contra estos exfuncionarios ponen en duda la declaratoria de guerra al crimen organizado que hizo Calderón Hinojosa y que se oficializó el 11 de diciembre de 2006 con el inicio del Operativo Conjunto Michoacán. A la estrategia calderonista se le ha adjudicado las crisis que enfrenta el país de homicidios dolosos, desapariciones, y violaciones a los derechos humanos.
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dan cuenta del aumento de la violencia en ese sexenio, pues en 2006 se iniciaron 11 mil 806 carpetas de investigación por homicidios dolosos y para 2012 se reportaron 21 mil 736, es decir, el Gobierno cerró con un incremento del 84 por ciento en investigaciones por ese delito; el total de carpetas fue de 116 mil 600.
Además, en el mismo periodo de tiempo el número de investigaciones por homicidios dolosos que habrían sido cometidos con armas de fuego creció 217.53 por ciento al pasar de 3 mil 610 a 11 mil 463 y el acumulado de carpetas iniciadas de 2006 a 2012 fue de 58 mil 507.
En el mismo periodo de tiempo se reportaron 17 mil 059 desapariciones, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas.
Al considerar los daños que la fallida guerra contra el narcotráfico dejó, destaca Guadalupe Correa, las acusaciones contra Genaro García Luna son especialmente preocupantes porque encabezó la Secretaría de Seguridad y se encargó de diseñar y conducir la estrategia de Felipe Calderón Hinojosa que supuestamente iría en contra de los cárteles mexicanos.
«Éste es el escándalo más brutal. No entiendo ni por qué Felipe Calderón se atreve a tuitear, se trató de la política central de toda una administración, del hombre que declaró una guerra al narcotráfico y que terminó en miles de personas muertas, en miles de desaparecidos, y con el hombre más importante, porque todos los que estuvieron cercanos a Calderón hablaban de García Luna, detenido. Entonces, además de la destrucción y todo lo que gastaron, el que Genaro García Luna termine supuestamente vinculado al narcotráfico es el escándalo de todo este siglo», menciona la profesora de la Universidad George Mason.
EL CASO CONTRA GARCÍA LUNA
El juicio contra García Luna en EU se pospuso para 2022. En la última audiencia del exfuncionario, realizada el 15 de diciembre, el Juez Brian Cogan reconoció el derecho que tiene la defensa del exsecretario federal a pedir asistencia al Gobierno estadounidense para clarificar las pruebas que se entregaron, pues los abogados afirmaron que en los documentos que han revisado no aparece el nombre de su cliente.
García Luna fue arrestado el 9 de diciembre de 2019 por agentes federales en Dallas, Texas. El Departamento de Justicia de EU le imputa el cargo de empresa criminal continua, de ser declarado culpable enfrentaría una sentencia mínima de 20 años de privado de la libertad y un máximo de cadena perpetua.
La Oficina del Fiscal de Distrito Este de Nueva York acusa a García Luna de abusar de su cargo público por supuestamente haber recibido millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa para permitir que la organización criminal operara sin interferencias y con ello facilitar la importación de toneladas de cocaína y otras drogas a EU.
“Entre 2002 y 2007 —cuando se desempeñó como titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y Secretario de Seguridad federal—, García Luna presuntamente ayudó al trasiego de al menos a seis cargamentos de cocaína por un total de más de 50 mil kilos de cocaína”, informó el Departamento de Justicia de EU desde julio de 2020 en un comunicado.
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La dependencia estadounidense aprobó este mes proteger a los integrantes del jurado, esto luego de que los fiscales argumentaron que García Luna “tiene los recursos financieros para intimidar”, por lo que serán custodiados por policías y sus nombres se mantendrán en anonimato, es decir, tendrán el mismo trato que quienes atestiguaron en el juicio contra el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.
La especialista Guadalupe Correa insistió en la importancia de que García Luna sea juzgado para develar la relación que mantuvo con el Gobierno de EU.
“¿Por qué los estadounidenses se están tardando tanto?, ¿qué es lo que no quieren que se sepa en un juicio, en un juicio podríamos saber muchas cosas, como con quién colaboraba en EU García Luna, qué estaba pasando en ese momento?, ¿cuál fue el papel del Presidente de México en ese momento? [Las autoridades de ese país] deberían haber conocido sus movimientos, ¿por qué le dieron trato preferencial?. Necesitamos saber cuál fue el papel de ambos lados de la frontera”, planteó la coautora del libro Las cinco vidas de Genaro García Luna.
REYES ARZATE
Que Iván Reyes Arzate, quien fue el enlace principal entre las agencias de inteligencia estadounidenses y mexicanas, se declarara culpable de conspirar para traficar cocaína en un tribunal federal en Brooklyn, también abonó a las cuestionamientos a la Guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón.
El excomandante de la Policía Federal durante la época en la que García Luna fue el Secretario de Seguridad se declaró culpable en EU de recibir sobornos del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
La Fiscalía estadounidense concretó que el ex alto cargo policial participó en noviembre de 2016 en una reunión con los líderes del grupo delictivo El Seguimiento 39, asociado con el Cártel de Sinaloa, y compartió con ellos información de investigaciones de las autoridades de EU a cambio de un pago de 290 mil dólares.
“Arzate forjó una deplorable alianza con traficantes de droga”, dijo en octubre de este año el Fiscal del distrito este de Nueva York, Breon Peace, en un comunicado, también señaló que el excomandante “traicionó” así al “pueblo de México que había jurado proteger”.
Estaba previsto que el excomandante fuera puesto en libertad y deportado a México el 27 de enero de 2020 luego cumplir una condena de 40 meses en Chicago por filtrar información confidencial a un cártel de droga mexicano, pero días antes la Fiscalía de Nueva York presentó más cargos en su contra, y su caso fue asignado al Juez Brian Cogan, quien condenó a cadena perpetua a “El Chapo”.
PEQUEÑO GARCÍA Y CÁRDENAS PALOMINO
Los fiscales que llevan el caso de García Luna también acusan a Ramón Pequeño García, otro exelemento de la Policía Federal, y a Luis Cárdenas Cárdenas Palomino de brindar protección al Cártel de Sinaloa, que comandaron Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. El Departamento de Justicia dice que ambos “aceptaron millones en sobornos” para proteger al grupo delictivo.
Si son detenidos y declarados culpables en EU del cargo de conspiración de drogas, Cárdenas Palomino y Pequeño García podrían enfrentar cada uno una sentencia mínima de 10 años de prisión y un máximo de cadena perpetua.
Personal de la Marina Armada de México detuvo el 5 de julio a Cárdenas Palomino, extitular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal y extitular de la AFI, en Naucalpan, Estado de México.
La Fiscalía General de la República lo acusa de tortura contra cuatro detenidos en 2012, entre ellos el hermano y un sobrino de Israel Vallarta, víctima de un montaje al igual que la ciudadana francesa Florence Cassez.
#FGRInforma: Este día se cumplimentó orden de aprehensión por el delito de tortura en contra de Luis “C”, en el Estado de México, con el apoyo de @SEMAR_mx, @CONASE_mx y el CNI en breve más información. pic.twitter.com/VBCF7CZCsF
— FGR México (@FGRMexico) July 5, 2021
En julio, el abogado de la familia Vallarta, Héctor Alberto Pérez Rivera, reveló en entrevista con Aristegui Noticias que un Juez federal también giró una orden de aprehensión contra Pequeño García por su probable responsabilidad como autor material de torturas.
El exfuncionario fue el titular de la División Antidrogas en el periodo de García Luna. En ese cargo estaba al mando del monitoreo de las cámaras de seguridad de los Centros Penitenciarios de Máxima Seguridad a Plataforma México, cuando Joaquín “El Chapo” Guzmán se fugó del penal del Altiplano I, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
En julio de 2015, Pequeño García fue cesado de su cargo por instrucción del entonces Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Desde el año pasado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que congeló las cuentas de Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, considerados junto a García Luna como “súper policías” del Gobierno de Felipe Calderón. Actualmente está prófugo.
