El exfuncionario mexicano es solicitado por las autoridades por su presunta comisión de los delitos de uso indebido de atribuciones, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito y contrabando de armas.
Ciudad de México, 16 de junio (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo tres órdenes de aprehensión en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública del entonces Presidente Felipe Calderón García, por delitos de uso indebido de atribuciones, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito y contrabando de armas.
En un comunicado, la dependencia detalló que el primer proceso en su contra corresponde al Caso “Ceferesos”, por el cual se le acusa de uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa. El segundo proceso es por enriquecimiento ilícito y el último por introducción ilegal de armamento por el Caso “Rápido y Furioso”.
“Se encuentran diversas investigaciones en trámite de las que se espera el cumplimiento de solicitudes de asistencia jurídica internacional, frente a los Estados Unidos”, apuntó la FGR.
Este miércoles, fiscales de Estados Unidos anunciaron que García Luna había platicado con otro preso en la cárcel en la que se encuentra recluido sobre ejercer violencia y manipular a testigos que hablen en su contra –entre ellos Jesús Zamabada “El Rey”, un exjefe del Cártel de Sinaloa–.
Las autoridades estadounidenses grabaron dicha conversación y presentaron la información en las cortes federales. Los hechos habrían ocurrido en noviembre de 2020, e involucrarían a un agente encubierto de la mafia rusa conocido como “Individuo 1” en la documentación de las cortes; dicha persona sería responsable de los actos intimidatorios o la violencia contra testigos.
Asimismo, los fiscales de la corte del distrito este de Nueva York argumentaron que el exsecretario mexicano sobornó y amenazó durante varios años a periodistas que le investigaban.
García Luna, quien ocupó el cargo en el Gabinete federal de 2006 a 2012, fue detenido en 2019 en Estados Unidos, donde se encuentra preso y acusado de recibir millones de dólares en sobornos por parte del Cártel de Sinaloa a cambio de que la organización criminal pudiera operar en territorio mexicano sin obstáculos.
Genaro García Luna, entonces Secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, suma acusaciones en su contra por asociación delictuosa y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro.
CASO RÁPIDO Y FURIOSO
El operativo “Rápido y Furioso”, con el que Estados Unidos introdujo armas a México en 2010 para rastrear a delincuentes, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, nunca arrojó resultados y, en cambio, dejó muertos en ambos países.
El impacto del operativo, que se realizó entre 2009 y 2011 por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), ha ganado notoriedad bajo el actual Gobierno mexicano por las críticas al tráfico de armas de origen estadounidense, con las que se cometen el 70 por ciento de los delitos en México, según ha dicho la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Y es que de Estados Unidos ingresan 200 mil armas de fuego de manera ilegal cada año, de acuerdo con la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).
Cervantes Guerrero interpuso el escrito el mismo día en el que el Juez dio a conocer la resolución en torno al proceso que se sigue contra de Facundo Rosas.
Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- Maribel Cervantes Guerrero, excomisionada de la Policía Federal, promovió un amparo ante la posible orden de aprehensión en su contra el Juez que ordenó la captura de exfuncionarios por el caso “Rápido y Furioso”.
El Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Julio Veredín Sena Velázquez admitió a trámite la demanda de garantías, donde Cervantes Guerrero pidió la protección contra la presunta orden emitida por el juzgado Noveno de Distrito en Sonora.
Además, el Juez de amparo no se pronunció por la suspensión porque la exfuncionaria no la solicitó.
Maribel Cervantes Guerrero, excomisionada de la Policía Federal. Foto: Crisanta Espinosa, Cuartoscuro.
La exsecretaria de Seguridad Pública del Estado de México señaló como autoridad responsable al Juzgado Noveno de Distrito con residencia en Agua Prieta, Sonora, el mismo que el 31 de enero de enero de este año dictó auto de formal prisión en contra del exsubsecretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, por el delito de tráfico de armas relacionado con el mismo caso.
Cervantes Guerrero interpuso el escrito el mismo día en el que el Juez dio a conocer la resolución en torno al proceso que se sigue contra de Facundo Rosas.
Además, Maribel Cervantes interpuso un primer juicio de amparo contra la orden de captura el pasado 10 de enero de este año.
El pasado 9 de enero, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión contra siete personas, incluidos el capo Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, y la mano derecha de éste último, Luis Cárdenas Palomino, todas ellas por su participación en el operativo llamado “Rápido y Furioso”.
La FGR informó que obtuvo dichas órdenes de un Juez de Distrito. “Esta conducta criminal tuvo por objeto traficar ilegalmente más de dos mil armas de fuego de los Estados Unidos a México, con el supuesto objeto de identificar a sus usuarios; lo cual es absolutamente ilegal e inadmisible”, señaló la dependencia en un comunicado.
El operativo “Rápido y Furioso”, con el que Estados Unidos introdujo armas a México en 2010 para rastrear a delincuentes, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, nunca arrojó resultados y, en cambio, dejó muertos en ambos países. Foto: Imagen ilustrativa, John Locher, AP
Tanto el “Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, como García Luna, se encuentran encarcelados en Estados Unidos. El primero, cumpliendo una sentencia de cadena perpetua; el segundo, a la espera de su juicio, acusado por tráfico de drogas. Cárdenas Palomino, por su parte, se encuentra preso en el penal del Altiplano de tortura.
El operativo “Rápido y Furioso”, con el que Estados Unidos introdujo armas a México en 2010 para rastrear a delincuentes, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, nunca arrojó resultados y, en cambio, dejó muertos en ambos países.
El impacto del operativo, que se realizó entre 2009 y 2011 por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), ha ganado notoriedad bajo el actual Gobierno mexicano por las críticas al tráfico de armas de origen estadounidense, con las que se cometen el 70 por ciento de los delitos en México, según ha dicho la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Y es que de Estados Unidos ingresan 200 mil armas de fuego de manera ilegal cada año, de acuerdo con la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).
Ante ello, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha establecido una política para actuar contra el tráfico de armas desde Estados Unidos a México.
Unas 252 mil armas de fuego ingresan clandestinamente a México, según estimaciones de estudios. Las 49 aduanas instaladas en el país apenas aseguran menos de 400 armas en promedio anualmente. En tres años, agentes aduanales incautaron mil 024 instrumentos bélicos. Nuevo Laredo, Sonoyta, Tijuana, Nogales y Reynosa, las aduanas que más armas aseguran. Las peores aduanas son las de los puertos marítimos donde no hay decomisos en la materia. La exembajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena no tiene certeza de que se gane judicialmente la demanda contra las armerías estadounidenses.
Por Luis Carlos Sáinz
Tijuana, Baja California, 6 de febrero (Zeta).– Autoridades mexicanas han argumentado en su discurso contra el tráfico ilegal de armas de fuego, que por lo menos 200 mil de estos artefactos ingresan anualmente al país en forma clandestina; sin embargo, la eficacia para su detección y aseguramiento a través de las aduanas establecidas zonas fronterizas, puertos marítimos, aeropuertos y ciudades estratégicas, no es el fuerte de México en este combate.
Así se advierte de los resultados rendidos por las 49 aduanas con las que cuenta el país y que durante los últimos tres años apenas han asegurado mil 024 armas, de las cuales 691 son revólveres y escuadras, y 333 armas largas, como fusiles de asalto, rifles, mosquetones, escopetas y subametralladoras. De hecho, los aseguramientos se realizaron en 31 de los recintos aduanales, pues en otros 18 no fue incautada una sola arma de fuego.
El tráfico de armas se encuentra entre las tres primeras fuentes de ingreso de los grupos delincuenciales en el país, junto con el tráfico ilícito de drogas y el tráfico de personas. De acuerdo con informes oficiales, el armamento ilegal que abastece a células del crimen organizado ingresa por la frontera norte limítrofe con Estados Unidos, por la legalidad que existe en esa nación para adquirirlas sin mayores requisitos; y por la frontera Sur, por las facilidades que otorgan en países centroamericanos para su posesión y traslado.
Los aseguramientos más importantes de armas de fuego y explosivos en México los realiza el Ejército Mexicano en puestos de revisión o la Fiscalía General de la República, con la colaboración de las Fuerzas Armadas durante la ejecución de cateos autorizados por un Juez de Control, pero esto ya ocurre muy al interior del país y no en las aduanas de los territorios por los cuales pasó dicho armamento de manera ilícita a México.
Gráfico: Zeta.
Durante 2019 fueron detectadas y aseguradas por agentes aduanales 239 armas de fuego (186 cortas y 53 largas); en 2020, en aduanas cayeron en poder de las autoridades 393 armas (234 cortas y 159 largas); mientras que de enero a septiembre de 2021, fueron incautados 392 instrumentos bélicos (271 cortas y 121 largas). Sin embargo, en estos como en los casos de aseguramientos efectuados por cuerpos policiales de los tres niveles de gobierno difícilmente se imputa a personas por el delito de tráfico de armas, cuando mucho por portación de armas de fuego o acopio de las mismas.
Las aduanas con mejores resultados en este sentido fueron, en esos tres años, la de Nuevo Laredo, con 166 armas de fuego localizadas ocultas en equipajes, dentro de aparatos, vehículos o entre ropas de las personas. Le siguieron, Sonoyta, con 119; Tijuana, la frontera con mayor cruce de personas, con 118; Nogales, 106; Reynosa, 70; Ciudad Juárez, 69; Mexicali, 53; Matamoros, 49; Piedras Negras, 48; y San Luis Río Colorado, 43.
Increíblemente, las aduanas establecidas en puertos marítimos cuentan con escasos o nulos aseguramientos de armas y municiones. Por ejemplo, La Paz, la aduana marítima más destacada, retuvo apenas seis armas de fuego; Guaymas, tres, todas largas; Acapulco y Veracruz, una. Pero las aduanas de Altamira, Coatzacoalcos, Ensenada, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Mazatlán, Puerto Progreso y Salina Cruz, ninguna entre 2019 y 2021.
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INEFICIENTE INVESTIGACIÓN
Durante las últimas décadas, difícilmente las autoridades ministeriales imputan a delincuentes el delito de tráfico de armas. Por lo general, el Ministerio Público de la Federación pone a disposición de jueces de Control a las personas detenidas por su relación con armas de fuego, bajo señalamientos de posesión o portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, acopio de armas o, cuando mucho, introducción al territorio nacional en forma clandestina, de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Quizá uno de los pocos enjuiciados a la fecha por el delito de tráfico de armas, entre otros varios ilícitos relacionados con delincuencia organizada, es Mario Alberto Cárdenas Medina “El Betillo”, sobrino del narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén, de quien heredó paulatinamente (después de otros familiares) el control y liderazgo del Cártel del Golfo. Le detuvieron un par de ocasiones, la última en 2020, cuando ya rastreaban sus comunicaciones y se le ocurrió divertirse en el Salón Tenampa de la Ciudad de México.
A través de la intercepción del número telefónico del tamaulipeco y de otros de sus contactos, se advirtieron llamadas que fueron grabadas y que mencionaban sobre inventarios y entregas de “dulces”, “chivos” o “tostones”, refiriéndose a algunos tipos de armas de fuego, cantidades de dinero por esas ventas y otros movimientos relacionados con estos ilícitos ordenados a diferentes miembros de la organización criminal por parte del “Betillo”, utilizando un lenguaje a base de terminologías que la Fiscalía General de la República logró descifrar.
Ahora, de manera más reciente, en enero de 2022, el Ministerio Público de la Federación obtuvo órdenes de aprehensión dictadas por un juez federal en contra de siete involucrados en el operativo Rápido y Furioso, que entre 2009 y 2011 permitió la introducción ilegal de más de dos mil armas de fuego a territorio mexicano. Entre los perseguidos se encuentran el encarcelado narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa; Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de México, también preso en Estados Unidos; y Luis Cárdenas Palomino, ex titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, cautivo en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) Número 1 Altiplano.
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Esta operación fue realizada por la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés) durante la administración de Barack Obama y consistió en autorizar el tráfico de unas dos mil armas de alto poder desde EU a México, con la intención de rastrearlas en la frontera a través de un chip. Sin embargo, muchas de estas llegaron a manos de miembros de grupos criminales mexicanos, la mayoría del Cártel de Sinaloa y no se pudo tener el control planeado, siendo usadas en múltiples homicidios.
Presuntamente el operativo se realizó de manera unilateral por parte de las agencias norteamericanas, pues el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa negó tener conocimiento de la distribución del armamento en territorio nacional. Lo anterior llevó al actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, a declarar en mayo de 2020 que el gobierno de Estados Unidos debería ofrecer una disculpa a México: “Que el mismo gobierno estadounidense diga si hubo o no cooperación, y si no hubo cooperación, que de todas maneras era indebida e ilegal, el gobierno de Estados Unidos todavía es tiempo para ofrecer una disculpa, porque era otro el Presidente, pero a final de cuentas es el gobierno de Estados Unidos el que tiene que explicar esta situación”.
CONTRA EL ARMAMENTISMO
De acuerdo con un estudio elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara baja, 80 por ciento de las armas utilizadas en México proviene de la Unión Americana y las autoridades nacionales sólo confiscan el 14 por ciento de las 252 mil armas que cada año cruzan por la frontera Norte. Por ello el tema se encuentra en una lista de siete objetivos prioritarios de la agenda bilateral con EU desde hace muchos años, junto con el libre flujo de las remesas, los acuerdos comerciales y los derechos de los migrantes.
Según datos de la ATF, en el vecino país del Norte se tienen registradas 9 mil 811 armerías, la mayoría establecidas en los estados de California, Arizona y Texas. Tan sólo en la última de las entidades existen 538 tiendas que comercializan fusiles de alto poder y armas de fuego cortas pistolas de todos los calibres.
Cuestionada por ZETA durante su participación en la charla “Las relaciones de seguridad entre México y Estados Unidos”, organizado por El Colegio de México el 12 de enero, Martha Bárcena, primera mujer ex embajadora de México en ese país, aseguró que el tema no es nuevo.
“Digamos que este gobierno le dio mayor relevancia, y se los cuento porque yo entré a la Secretaría de Relaciones Exteriores hace 40 años, y uno de mis primeros cargos fue jefe de Departamento de Cooperación Fronteriza y Trabajadores Migratorios, y había en ese entonces dos temas: el saneamiento del Río Tijuana y el cruce de Mesa de Otay, que siguen 40 años después. Y también estaba el del tráfico de armas. ¿Cuál es la desesperación de este gobierno, pese a que el tema de tráfico de armas ha estado ahí durante 40 años? Pues que México siente, con cierta razón, que Estados Unidos nunca nos había hecho suficiente caso para darle prioridad a este tema. Y cuando nos han hecho caso, han tomado decisiones tan desafortunadas como el proyecto Gunrunner, que después terminó en Fast and Furious o Rápido y Furioso, ¿verdad? Y pues salió peor el remedio que la enfermedad”, planteó la exdiplomática.
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Bárcena advierte que lo que ha hecho el gobierno de López Obrador es insistir que parte de la violencia en México obedece al tráfico ilícito de armas, “y se tomó la decisión en la cancillería, creo yo que es una apuesta muy fuerte, que no estoy muy segura que vayamos a ganar en términos judiciales, pero que sí ha servido para traer este tema a los medios; muy importante, que fue la demanda en contra de los fabricantes en la Corte de Boston, Massachusetts”, dijo.
“Aquí muchos se preguntan sí la demanda debió haber sido contra los fabricantes o más bien contra las armadoras que venden, porque la idea de que producen una pistola con el nombre del ‘Chapo’ (Guzmán) y otros, pues sí, pero pues eso no es lo importante del tráfico ilícito de armas. Yo fui de incógnito a varias ferias de venta de armas en Virginia y en Texas, y es increíble lo que te venden, y luego, todavía te anuncian ‘rifles automáticos’ y dicen ‘aquí los vendemos sin número de serie’, o sea, para que no tengan trazabilidad”, agregó.
“Entonces, el problema en Estados Unidos es enorme. Ellos tienen también un incremento en violencia. Aquí lo interesante va a ser cómo el avance de este juicio está relacionado o no con el cambio de mentalidad también en Estados Unidos para volver a un mayor control de armas, sobre todo empezando por las armas automáticas de alto poder. Y aquí, fíjate que teníamos también otras opciones internacionales. Con Noruega, México estuvo promoviendo las convenciones en contra de las minas antipersonales y de las municiones en racimo, desde el punto de vista de la sombrilla del Derecho internacional humanitario, y estuvimos en su época, hace algunos años, explorando con Noruega pasar a ver el tema del tráfico ilícito de armas, particularmente las que producen un gran daño en la población civil, parecidas a las municiones en racimo, como derecho internacional humanitario”, destacó la también docente.
La mujer que formó parte del personal de carrera del Servicio Exterior Mexicano desde 1979 aseguró que la opción con Noruega era interesante: “Ya no lo exploramos, se decidió ir por esta demanda en las cortes de Estados Unidos. Yo, en términos generales, estoy a favor de que sepamos utilizar como Gobierno de México el sistema judicial americano para defender nuestros derechos, y lo hemos hecho mucho, sobre todo para defender el derecho de los trabajadores y de los mexicanos en Estados Unidos, entonces, vamos a ver cómo evoluciona”.
Para concluir, Martha Bárcena reflexionó:
“Creo que lo principal de esta demanda ha sido el efecto mediático, en ponerlo en primera línea el tema. ¿Qué tanto éxito judicial va a tener? No lo sé, pero no hay que olvidar que el tema del tráfico de armas ha estado en la mesa desde hace muchos años”.
El pasado 31 de enero, el Juez Noveno de Distrito en Agua Prieta, Sonora dictó un auto de formal prisión contra Facundo Rosas ante su involucramiento en el caso “Rápido y Furioso”, en el cual se coludieron autoridades mexicanas y norteamericanas para introducir ilegalmente un gran número de armas de alto poder a México; el amparo está siendo revisado por un juez de la Ciudad de México.
Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).- FacundoRosas, exsecretario de Seguridad Pública Estatal de Puebla en tiempos de Rafael Moreno Valle y excomisionado de la Policía Federal cercano a Genaro García Luna, tramitó un amparocontra el auto de formal prisión en su contra que fue solicitada por un juez por el caso de tráfico de armas “Rápido y Furioso”.
Julio Veredín, Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México (CdMx), recibió la demanda de Rosas, quien aún no da respuesta de si la otorgará o no.
“Previo acordar lo que en derecho corresponda sobre la admisión o no de la demanda de amparo, se requiere al promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad realice las aclaraciones al escrito de demanda de amparo que presentó”, indicó el Juez Veredín.
Facundo Rosas fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) por presuntamente atropellar a una mujer, quien perdió la vida. Foto: FGR.
El 27 de enero, Facundo Rosas fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) por presuntamente atropellar a una mujer, quien perdió la vida. Días antes, un Juez federal mexicano libró órdenes de aprehensión en contra de siete personas por su participación en este operativo. Además, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que había obtenido órdenes de captura contra García Luna y Luis Cárdenas Palomino, coordinador de Inteligencia de dicha Policía, ambos ya arrestados por otros casos.
El pasado 31 de enero, el Juez Noveno de Distrito en Agua Prieta, Sonora le dictó auto de formal prisión, imputado por su participación en el operativo “Rápido y Furioso”, en el cual se coludieron autoridades mexicanas y norteamericanas para introducir ilegalmente un gran número de armas de alto poder a México, para ser entregadas al Cártel del Sinaloa, entonces encabezado por Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.
“Estas armas fueron utilizadas y han seguido siendo utilizadas para diversos crímenes vinculados con el narcotráfico. Facundo ‘R’ ya contaba con una orden de aprehensión federal por esos delitos, la cual fue ejecutada con el apoyo de la Armada de México, con motivo de un delito del fuero común, presuntamente cometido por dicha persona, en la Ciudad de México”, añadió la FGR.
Rosas, cercano de García Luna durante el sexenio de Felipe Calderón, fue detenido luego de supuestamente atropellar a una mujer en CdMx; posteriormente, la FGR cumplimentó la orden de aprehensión federal en su contra.
Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).– Un Juez federal le dictó auto de formal prisión a Facundo Rosas, exsecretario de Seguridad Pública Estatal de Puebla en tiempos de Rafael Moreno Valle y excomisionado de la Policía Federal cercano a Genaro García Luna, por el caso del tráfico de armas “Rápido y Furioso”.
“Este día, el Juez Noveno de Distrito en Agua Prieta, Sonora, le dictó auto de formal prisión a Facundo ‘R’”, informó la Fiscalía General de la República (FGR) en un comunicado este lunes.
El delito que se le imputa es por su participación en el operativo “Rápido y Furioso”, en el cual se coludieron autoridades mexicanas y norteamericanas para introducir ilegalmente un gran numero de armas de alto poder a México, para ser entregadas al Cártel del Sinaloa, entonces encabezado por Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.
Facundo Rosas fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) por presuntamente atropellar a una mujer, quien perdió la vida. Foto: FGR.
“Estas armas fueron utilizadas y han seguido siendo utilizadas para diversos crímenes vinculados con el narcotráfico. Facundo ‘R’ ya contaba con una orden de aprehensión federal por esos delitos, la cual fue ejecutada con el apoyo de la Armada de México, con motivo de un delito del fuero común, presuntamente cometido por dicha persona, en la Ciudad de México”, añadió la FGR.
A principios de enero, un Juez federal mexicano libró órdenes de aprehensión en contra de siete personas por su participación en este operativo. En aquellos días, en un comunicado, la FGR informó que había obtenido órdenes de captura contra García Luna y Luis Cárdenas Palomino, coordinador de Inteligencia de dicha Policía, ambos ya arrestados por otros casos.
García Luna, que fue secretario de Seguridad durante el Gobierno de Calderón (2006-2012), se encuentra detenido en una cárcel de Brooklyn (Nueva York) desde 2019 a la espera de su juicio ante una corte federal de Estados Unidos, acusado de narcotráfico y de aceptar sobornos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
El pasado 27 de enero, Facundo Rosas fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) por presuntamente atropellar a una mujer, quien perdió la vida.
Por los hechos, Facundo Rosas, de 56 años de edad, fue detenido y trasladado junto con su vehículo ante el agente del Ministerio Público, a fin de deslindar responsabilidades.
Esa misma tarde, la FGR ejecutó una orden de aprehensión contra Facundo Rosas por el caso del tráfico de armas “Rápido y Furioso” y fue trasladado al norte del país.
Facundo Rosas, exsecretario de Seguridad Pública Estatal de Puebla en tiempos de Rafael Moreno Valle Rosas y excomisionado de la Policía Federal cercano a Genaro García Luna, acusó de una persecución política en su contra luego de ser detenido.
Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).– Luego de permanecer en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Facundo Rosas, exsecretario de Seguridad Pública Estatal de Puebla en tiempos de Rafael Moreno Valle Rosas y excomisionado de la Policía Federal cercano a Genaro García Luna, fue trasladado al Hangar de la Fiscalía General de la República (FGR) en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Al salir de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para ser ingresado a una de las camionetas, el exfuncionario denunció ser víctima de persecución política:
“Esto es una persecución política del Gobierno”, dijo el excomisionado de la Policía Federal.
Los elementos que lo custodiaron lo ingresaron a una aeronave, presuntamente con destino a un penal federal de Sonora para ser presentado ante el Juez Noveno de Distrito del Quinto Circuito del estado.
Luego de ser detenido por atropellar a una mujer que perdió la vida en Avenida Insurgentes y Eje 10 Facundo Rosas, extitular de Seguridad de Puebla, fue trasladado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro.
La Fiscalía General de la República ejecutó esta tarde una orden de aprehensión contra Facundo Rosas por el caso del tráfico de armas “Rápido y Furioso”. El exfuncionario fue detenido previamente por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) por presuntamente atropellar a una mujer, quien perdió la vida.
Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la FGR ejecutaron la orden en las instalaciones de la Agencia 24 de la Fiscalía capitalina en la Alcaldía Álvaro Obregón.
Por este caso de “Rápido y Furioso también se libraron órdenes de aprehensión contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, capo del Cártel de Sinaloa, Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública Federal, y Luis Cárdenas Palomino, ex coordinador de Inteligencia de la misma corporación.
Traslado de Facundo Rosas. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro.
El operativo “Rápido y Furioso”, que implementó desde la la Oficina de Alcohol, Tabaco, Drogas, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos en 2009, consistió en meter armas marcadas a México para venderlas a bandas criminales y rastrear a sus líderes.
“Rápido y Furioso” habría contado, al menos, con la venia de Genaro García Luna, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
Por ello, desde diciembre de 2018 la FGR reactivó la investigación sobre el exfuncionario federal detenido actualmente en una cárcel de Nueva York y de Joaquín Guzmán Loera, también preso y condenado a cadena perpetua en ADX Florence, una cárcel de alta seguridad en Colorado.
Por este y otros casos, como el del montaje de la aprehensión de Florence Cassez e Insrael Vallarta Cisneros, ya está preso Luis Cárdenas Palomino, jefe policiaco de al to rango en la SSP de García Luna, y quien fue detenido el 5 de julio de 2021. Actualmente se encuentra preso en el penal federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.
En cuanto a Facundo Rosas Rosas se sabe que fue cercano a García Luna desde finales de la década de 1980, cuando pasaron, primero, por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y luego por la Policía Federal Preventiva (PFP).
Facundo Rosas y García Luna. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro.
De acuerdo con un perfil del poblano publicado en SinEmbargo el 23 de julio de 2014, durante 1999 y 2000, Genaro García Luna, en calidad de coordinador de Inteligencia y Prevención de la PFP, oficina a la que estaba adscrito Rosas Rosas, fue involucrado en el desvío de 151 millones de pesos junto con otros funcionarios.
La denuncia penal fue presentada el 13 de julio de 2001 y, sin que la tempestad amainara, habían llegado los días del ascenso de cuerpos especializados en tareas de combate urbano, anticrimen organizado, tecnología aplicada. Eran también los días –en pleno sexenio de Vicente Fox Quesada– en que Joaquín Guzmán Loera se fugaba por vez primera de la cárcel y consolidaba al Cártel de Sinaloa como la organización criminal más poderosa del continente.
Por la mañana, Facundo Rosas fue detenido por arrollar y matar a una mujer en calles de la Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Horas después la FGR ejecutó una orden de aprehensión en su contra por el operativo “Rápido y Furioso”.
Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó esta tarde una orden de aprehensión contra Facundo Rosas, exsecretario de Seguridad Pública Estatal de Puebla en tiempos de Rafael Moreno Valle Rosas y excomisionado de la Policía Federal cercano a Genaro García Luna, por el caso del tráfico de armas “Rápido y Furioso”.
Esta mañana, el exfuncionario fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) por presuntamente atropellar a una mujer, quien perdió la vida.
Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la FGR ejecutaron la orden en las instalaciones de la Agencia 24 de la Fiscalía capitalina en la Alcaldía Álvaro Obregón.
Rosas fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
Por este caso, también se libraron órdenes de aprehensión contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, capo del Cártel de Sinaloa, Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública Federal, y Luis Cárdenas Palomino, ex coordinador de Inteligencia de la misma corporación.
Luego de ser detenido por atropellar a una mujer, Facundo Rosas fue trasladado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro.
Traslado de Facundo Rosas. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro.
El operativo “Rápido y Furioso” que implementó desde la la Oficina de Alcohol, Tabaco, Drogas, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos en 2009, consistió en meter armas marcadas a México para venderlas a bandas criminales y rastrear a sus líderes.
Facundo Rosas y García Luna. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro.
“Rápido y Furioso” habría contado, al menos, con la venia de Genaro García Luna, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
Por ello, desde diciembre de 2018 la FGR reactivó la investigación sobre el exfuncionario federal detenido actualmente en una cárcel de Nueva York y de Joaquín Guzmán Loera, también preso y condenado a cadena perpetua en ADX Florence, una cárcel de alta seguridad en Colorado.
Por este y otros casos, como el del montaje de la aprehensión de Florence Cassez e Insrael Vallarta Cisneros, ya está preso Luis Cárdenas Palomino, jefe policiaco de al to rango en la SSP de García Luna, y quien fue detenido el 5 de julio de 2021. Actualmente se encuentra preso en el penal federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.
En cuanto a Facundo Rosas Rosas se sabe que fue cercano a García Luna desde finales de la década de 1980, cuando pasaron, primero, por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y luego por la Policía Federal Preventiva (PFP).
Genaro García Luna, entonces Secretario de Seguridad Pública Federal y Facundo Rosas Rosas, uno de sus hombres de confianza. Foto: Luis Carbayo, Cuartoscuro.
De acuerdo con un perfil del poblano publicado en SinEmbargo el 23 de julio de 2014, durante 1999 y 2000, Genaro García Luna, en calidad de coordinador de Inteligencia y Prevención de la PFP, oficina a la que estaba adscrito Rosas Rosas, fue involucrado en el desvío de 151 millones de pesos junto con otros funcionarios.
La denuncia penal fue presentada el 13 de julio de 2001 y, sin que la tempestad amainara, habían llegado los días del ascenso de cuerpos especializados en tareas de combate urbano, anticrimen organizado, tecnología aplicada. Eran también los días –en pleno sexenio de Vicente Fox Quesada– en que Joaquín Guzmán Loera se fugaba por vez primera de la cárcel y consolidaba al Cártel de Sinaloa como la organización criminal más poderosa del continente.
Guadalupe Correa Cabrera, profesora asociada en la Universidad de George Mason en Virginia, Estados Unidos, consideró que las órdenes de aprehensión por este caso sí cierran el cerco y hacen cada vez menos creíble la versión del expresidente Felipe Calderón Hinojosa en relación a que desconocía el trasiego controlado de armas en el operativo “Rápido y Furioso”.
Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).- Las órdenes de aprehensión por tráfico de armas en contra del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, de Luis Cárdenas Palomino, uno de los principales mandos de la extinta Policía Federal, así como en contra de otras cuatro personas por su participación en el operativo “Rápido y Furioso” son para especialistas en temas de seguridad “un show mediático y sensacionalista” por parte de Fiscalía General de la República (FGR), dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero, debido a que la narrativa cambió “y la acusación es muy confusa”.
Guadalupe Correa, profesora asociada en la Universidad de George Mason en Virginia, Estados Unidos, explicó que la narrativa que dio la FGR sobre las órdenes de aprehensión cambia sustancialmente la versión que se tenía sobre el operativo, lo cual, deja muchas dudas sobre el tema y se presta a ser poco creíble.
“En la primera versión de ‘Rápido y Furioso’ se relacionaban directamente a los funcionarios estadounidenses porque no había informado al Gobierno mexicano que habían introducido las armas. Ese fue el escándalo: que EU llevó a México armas que irónicamente terminaron matando (además de miles) a su propia gente, al agente Jaime Zapata. A Jaime Zapata lo mataron los Zetas, entonces, ¿por qué ahora ‘El Chapo’ se vuelve la pieza estelar?, ¿por qué la FGR no nos explica porque ahora tenemos a un nuevo personaje, ¿por que no nos dice cómo llegaron esas armas a los Zetas? Aquí hay información que no tenemos y nos está faltando, y ese es el cambio de narrativa, porque antes eran ‘los gringos y los Zetas’ y ahora son ‘El Chapo’, García Luna, el cartel de Sinaloa y ahora es una cuestión mexicana”, dijo.
“Es más un asunto mediático, es un asunto político y sensacionalista porque realmente no persiguen primero la justicia por el hecho cometido, pero también es que pareciera que está un poco desviado del tema […] Evidentemente la Fiscalía tiene que justificar su trabajo de alguna u otra manera […]”, destacó a su vez el profesor Ramón Celaya, especialista en seguridad y derecho penal.
Ramón Celaya explicó que la petición de captura se presenta en medio de una presión mediática y presión política contra la Fiscalía y su titular, Getz Manero: “son momentos de confrontación política, que en el ámbito político tiene que meterse un tema relevante para justificar o comprobar las acciones en procuración de Justicia […] además, no podemos olvidar que este asunto inició prácticamente a petición del Ejecutivo federal, porque él fue el que presionó, el que públicamente estuvo denunciando, señalando y haciendo presión mediática sobre el operativo ‘Rápido y Furioso’”.
No obstante, para la Profesora Guadalupe Correa, estas órdenes de aprehensión sí cierran el cerco y hacen cada vez menos creíble la versión del expresidente Felipe Calderón Hinojosa en el sentido de que “desconocía” la corrupción y nexos de su mano derecha en seguridad, García Luna, actualmente preso en Estados Unidos acusado de narcotráfico.
“Empieza a ser mucho más difícil la versión de Calderón (de que no sabía de Rápido) porque, si estaban metiendo armas de una operación bajo iniciativa Mérida, yo creo que Felipe Calderón debió de haber sabido. Ya no se puede hacer el loco en una cuestión que están vinculando al Chapo Guzmán y a él, supuestamente directamente por introducir las armas, pero hay muchas dudas en todo esto, es una cosa super grotesca”, señaló la académica.
Las armas que llegaron a México tras Rápido y Furioso ocasionaron miles de muertes. Foto: Imagen ilustrativa, Cuartoscuro.
El conocimiento de Felipe Calderón sobre el flujo de armas ha quedado documentado y expuesto. El pasado 20 de junio, la revista Proceso reveló que documentos clasificados como “sensibles” por parte de autoridades mexicanas y estadounidenses “confirman que el exmandatario “supo del tráfico ilegal de armamento —autorizado y supervisado por Estados Unidos— a México”.
En la documentación citada por el semanario se detalla que el “Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos detallaba el tipo de armas y municiones contrabandearas y quién las había adquirido legalmente allá para revenderlas en el mercado negro”.
“Los expedientes exhiben bitácoras realizadas a partir de enero de 2007 y confirman que el entonces Presidente Felipe Calderón siempre estuvo al tanto del tráfico ilegal de armas a México, autorizado y supervisado por Estados Unidos”, detalló el periodista J. Jesús Esquivel en el texto “Un contrabando muy bien monitoreado”, donde también asegura que los informes mexicanos daban cuenta que se conocían perfectamente las rutas del trasiego.
Pero “Rápido y Furioso” no fue el único proyecto del trasiego vigilado de armas por parte de Estados Unidos, y el Gobierno mexicano en su momento no lo desconocía, según documentos que la periodista Dolia Estévez reveló en mayo del año pasado.
Eduardo Medina Mora, exprocurador en el sexenio de Felipe Calderón y exministro de la Corte hasta el año 2019, fue informado por la ATF “sobre entregas controladas” de armas desde 2007, ya que envió al exfuncionario Carlos Fernando Luque Ordóñez como agregado de la extinta PGR en Phoenix para coordinar el proyecto “Gunrunner”, iniciado en 2006.
El documento “Reunión del Procurador General Mukasey con el Procurador Medina Mora” destaca una cita donde se señala que la oficina de la ATF trabajó en conjunto con México “en el primer intento por tener una entrega vigilada de armas que eran contrabandeadas a México por grandes traficantes de armas”. Además, se revela que mientras los primeros intentos de entregas controladas no tuvieron éxito las investigaciones prosiguieron.
Una de las órdenes de aprehensión es contra Genaro García Luna, entonces Secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
Ramón Celaya destacó que en la investigación SEIDO/UEITA-SON/0000306/2020 el expresidente Felipe Calderón también es señalado por parte de la Fiscalía y consideró que el hilo conductor que podría llevar al exmandatario, al menos en el caso “Rápido y Furioso”, más que tener que ver con Genaro García Luna, sería si lograran imputarle o demostrar que Medina Mora tenía conocimiento de esta operación, que fue la derivación de un primer operativo llamado “Gun-runner”.
“Calderón fue citado a declarar, él fue señalado dentro de esta acusación, pero creo que el punto del hilo de la madeja para saber si estas acusaciones alcanzan al expresidente es saber si Eduardo Medina Mora supo de esta operación, es obvio que el expresidente lo sabía […]. La ruta natural es que una de las órdenes de aprehensión sea de Medina Mora porque era el jefe de quien sí se reunía con estos funcionarios de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés y que fue quien realizó el operativo), pero por haber sido un exprocurador, exministro y todos los cargos que tuvo él veo un poco difícil que una de las órdenes de aprehensión que se libraron sea contra él. El hilo de la madeja sería Medina Mora porque él sería el eslabón natural, pero si Medina Mora no es imputado en esta averiguación y no se le comprueba nada, mucho menos al expresidente”.
Las órdenes de captura contra siete personas, incluidos el capo Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, y la mano derecha de éste último, Luis Cárdenas Palomino, se dan ocho meses después de que el Gobierno de México solicitara a la Embajada de Estados Unidos en este país, la información relacionada con el operativo, a fin de conocer si las autoridades mexicanas estaban informadas sobre la intromisión de más de 2 mil 500 armas de fuego a territorio nacional, entre los años 2006 al 2011.
Ramón Celaya explicó que esas órdenes de la FGR están desviadas de los actores principales de “Rápido y Furioso” y son incongruentes porque las imputaciones están basadas en un delito de omisión, es decir, que no acusa directamente a los funcionarios mexicanos de tráfico de armas —porque ellos no las contrabandearon— sino que los acusa por no impedir o evitar que las autoridades de Estados Unidos pudieran traficar estas armas.
“Por ejemplo varios integrantes de la extinta Policía Federal nunca fueron informados de esta acción, entonces si fueron informados y no estaban dentro de sus facultades saberlo, pues es un poco incongruente de que la ahora FGR los está imputando, entonces yo no veo realmente un asunto que se persiga de justicia porque esa acusación no tiene ni pies ni cabeza”, apuntó el especialista.
Detalló que, si se buscara en realidad ir por la justicia, las órdenes de aprehensión estarían giradas principalmente contra el exprocurador Eduardo Medina Mora y Carlos Fernando Luque Ordóñez.
“Los que realmente deberían estar señalados son ellos, porque son los que sí aparecen en documentos públicos, todos los demás imputados realmente son acusaciones extrañas porque las acusaciones contra ellos no conectan bien con los puestos que desempeñaban en su momento”, agregó.
Genaro García Luna, entonces titular de Seguridad Pública, y Eduardo Medina Mora, extitular de la Procuraduría General de la República . Foto: Sashenka Gutiérrez, Cuartoscuro
Por su parte, la profesora Guadalupe Correa consideró que si la investigación es seria, la FGR también debería investigar e imputar a funcionarios estadounidenses involucrados en el operativo.
“No se puede pensar, no hay manera de que las autoridades estadounidenses no supieran nada porque ellos introdujeron las armas, o sea que, si ‘El Chapo’ y Genaro García Luna introdujeron armas al país, quiere decir que introdujeron las armas de la mano de las autoridades estadounidenses porque fue una operación iniciada por el Gobierno Estados Unidos, no hay manera que quieran generar una narrativa distinta […] si la Fiscalía no menciona esta relación con autoridades de Estados Unidos, si deja ese eslabón suelto estaría haciendo una investigación completamente de espectáculo, una investigación completamente increíble e inverosímil que los dejaría muy mal parados”, detalló.
Fue el 8 de mayo de 2021 cuando el Presidente López Obrador ordenó al Canciller Marcelo Ebrard Casaubon enviar una nota diplomática para pedir informes sobre esta operación, después de que Felipe Calderón Hinojosa aseguró, en un tuit, que nunca estuvo enterado.
El operativo, realizado en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, consistió en sembrar armas en México “para darles seguimiento” y para “descubrir las redes de tráfico”. Nunca arrojó resultados y, en cambio, dejó muertos en ambos países.
El Presidente López Obrador destacó en su momento la importancia de conocer que tanto sabía el Gobierno en su momento, porque, dijo, si Estados Unidos no le consultó a México, entonces se había tratado de una violación a la soberanía. Pero si sí informó al país, dijo, sería una evidencia de que hay exfuncionarios que deben ser castigados.
Dos meses después, el 8 de julio el Embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, le informó a la periodista Dolia Estévez que su país ya había contestado al Gobierno mexicano la nota diplomática en donde solicita información sobre el operativo “Rápido y Furioso”.
Tanto el “Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, como García Luna, se encuentran encarcelados en Estados Unidos. Cárdenas Palomino, por su parte, se encuentra preso en el penal del Altiplano de tortura.
Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión contra siete personas, incluidos el capo Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, y la mano derecha de éste último, Luis Cárdenas Palomino, todas ellas por su participación en el operativo llamado “Rápido y Furioso”.
La FGR informó este domingo que obtuvo dichas órdenes de un Juez de Distrito. “Esta conducta criminal tuvo por objeto traficar ilegalmente más de dos mil armas de fuego de los Estados Unidos a México, con el supuesto objeto de identificar a sus usuarios; lo cual es absolutamente ilegal e inadmisible”, señaló la dependencia en un comunicado.
Tanto el “Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, como García Luna, se encuentran encarcelados en Estados Unidos. El primero, cumpliendo una sentencia de cadena perpetua; el segundo, a la espera de su juicio, acusado por tráfico de drogas. Cárdenas Palomino, por su parte, se encuentra preso en el penal del Altiplano de tortura.
#FGRInforma | Se obtuvieron órdenes de aprehensión en contra de presuntos responsables de tráfico de armas en la llamada operación "Rápido y furioso”. En breve más información. pic.twitter.com/gOsn871Ve3
La Fiscalía explicó que, de conformidad con las investigaciones desarrolladas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, “se obtuvo la información necesaria para establecer dicho tráfico ilegal de armas de fuego, que fueron utilizadas en diversos delitos de sangre en el país, desde al año de 2009 hasta fechas recientes”.
“Hemos sido informados que las autoridades norteamericanas se han encargado de investigar y deslindar las responsabilidades de los servidores públicos de aquel país”, señaló la FGR.
“El Chapo” Guzmán fue detenido en México y extraditado a Estados Unidos. Foto: Cuartoscuro.
En México y de conformidad con una investigación propia, y con los datos adquiridos en las averiguaciones previas correspondientes, la Fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero pudo establecer que dichas armas no solamente fueron introducidas ilegalmente al país, sino que también han sido utilizadas en diversos actos criminales, que ya han sido investigados y procesados en México.
“En la investigación realizada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), se pudo establecer la presunta responsabilidad de Joaquín ‘G’ quien, durante un largo lapso, fue líder de la organización delictiva destinataria de las armas”, dijeron sobre Guzmán Loera.
Asimismo, se lograron las órdenes de aprehensión en contra de Genaro “G”, exsecretario de Seguridad Pública Federal en el sexenio de Calderón (2006-2012); así como de Luis “C”, Coordinador de Inteligencia de dicha Policía; y quienes se encuentran recluidos en prisiones de alta seguridad, tanto en Estados Unidos, como en México.
“Por lo que toca a Genaro ‘G’, existen ya dos órdenes más de aprehensión, dictadas por jueces mexicanos, que han motivado la solicitud de extradición a territorio mexicano de dicho individuo”, agregó la FGR.
Genaro García Luna, Secretario de seguridad pública de México durante el mandato de Felipe Calderón entre 2006 y 2012. Foto: Cuartoscuro
El operativo “Rápido y Furioso”, con el que Estados Unidos introdujo armas a México en 2010 para rastrear a delincuentes, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, nunca arrojó resultados y, en cambio, dejó muertos en ambos países.
El impacto del operativo, que se realizó entre 2009 y 2011 por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), ha ganado notoriedad bajo el actual Gobierno mexicano por las críticas al tráfico de armas de origen estadounidense, con las que se cometen el 70 por ciento de los delitos en México, según ha dicho la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Y es que de Estados Unidos ingresan 200 mil armas de fuego de manera ilegal cada año, de acuerdo con la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).
Ante ello, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha establecido una política para actuar contra el tráfico de armas desde Estados Unidos a México.
México ha encabezado una política para frenar el tráfico de armas desde EU. Imagen ilustrativa. Foto: Crisanta Espinosa, Cuartoscuro
El Canciller Marcelo Ebrard dijo el pasado 21 de diciembre de 2021 que el Gobierno mexicano ganará la demanda que interpuso contra 11 empresas que fabrican y venden armas en Estados Unidos.
En conferencia de prensa matutina, el funcionario recordó que en el litigio presentado el pasado 4 de agosto, el cual fue admitido por la Corte de Massachussets, en Estados Unidos, México acusa a las empresas de negligencia por facilitar el tráfico de armas y detonar así la violencia en el país.
“México demandó que las prácticas en fabricación, distribución, publicidad, y venta de estas empresas favorecen el tráfico y uso de armas en nuestro país vinculado a la violencia”, comentó.
“Entonces las empresas las estamos responsabilizando por negligencia, un concepto que se utiliza en la ley norteamericana y que fue admitida por la Corte”, añadió.
Además, señaló que la disponibilidad de armas en México es en un 70 por ciento origen de Estados Unidos, por lo que advirtió que si no se logra reducir la disponibilidad, será difícil reducir la violencia en el país.
F9, la nueva superproducción de la saga Rápido y Furioso, se estrenará a finales de junio en México. Vin Diesel comparte créditos con un elenco de grandes estrellas compuesto por Michelle Rodríguez, Helen Mirren, Ozuna, Charlize Theron, Cardi B y John Cena.
Ciudad de México, 27 de abril (La Opinión).– F9, la nueva superproducción de la saga Rápido y Furioso, se estrenará a finales de junio en México. Vin Diesel comparte créditos con un elenco de grandes estrellas compuesto por Michelle Rodríguez, Helen Mirren, Ozuna, Charlize Theron, Cardi B y John Cena.
En esta nueva aventura, Toretto lleva una vida apacible junto con Lety (Michelle Rodriguez) y su pequeño hijo, pero una amenaza lo obligará a afrontar los errores cometidos en su pasado si desea salvar a los suyos; por ello, reúne a su equipo para detener un plan orquestado por un asesino que, además, es un muy buen conductor, Jakob (John Cena). La acción ahora es por todo el mundo, y el público podrá ver las calles de Londres, Tokio, Azerbaiyán, Edimburgo y hasta Tiflis.
F9 marca también el regreso del director Justin Lin, responsable de otras cuatro películas de la saga. En el elenco multiestelar acompañan a Vin Diesel y John Cena estrellas de la talla de Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Charlize Theron, Helen Mirren, Michelle Rodríguez, Natahalie Emmanuel, Chris “Ludacris” Bridges y hasta la estrella de hip-hop Cardi B, quien interpretará a Leysa, una mujer relacionada con el pasado de Dominic. El reguetonero Ozuna contará con una participación especial, por lo que seguramente el filme tendrá un potente soundtrack.
La saga de Fast & Furious comenzó hace 20 años con un exitoso filme protagonizado por Vin Diesel y Paul Walker (quien falleció en 2013). Le siguieron siete superproducciones que arrasaron en las taquillas a nivel mundial, y tras una pequeña aparición que hizo Diesel en el filme The fast and the furious: Tokyo drift en 2006, decidió regresar de lleno a interpretar al popular personaje tres años después.
Los buenos resultados han sido tales, que en 2019 se estrenó Fast & furious presents: Hobbs & Shaw, un spin-off protagonizado por Jason Statham y Dwayne Johnson. Y aunque ya se planean dos cintas más de la saga, el público está ansioso por ver las nuevas aventuras de Dominic Toretto y sus amigos, luego de cuatro años de ausencia en la pantalla grande.
“Embajador @USAmbMex Landau revela que el lunes, un día antes del viaje, finalmente respondieron la nota diplomática sobre Rápido y Furioso que @m_ebrard mandó hace casi dos meses. @SRE_mx no informó, mucho menos la leyó el Canciller en Internet”, publicó la periodista Dolia Estévez.
Ciudad de México, 8 de julio (sinEmbargo).– El Embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, dijo esta mañana en Washington a la periodista Dolia Estévez que su país ya contestó al Gobierno mexicano la nota diplomática en donde solicita información sobre el operativo “Rápido y Furioso”.
“Se contestó y la respuesta está dentro”, aseguró el diplomático, luego de ser cuestionado por Dolia Estévez por la presunta respuesta que ya habrían dado el lunes pasado las autoridades estadounidenses al Gobierno de México.
En el breve video compartido por la periodista, se observa a Landau durante las ceremonias que encabezó a muy temprana hora el Presidente Andrés Manuel López Obrador para depositar ofrendas florales en el Monumento a Abraham Lincoln y en la Estatua de Benito Juárez, como parte del arranque de sus actividades por Washington.
“Embajador @USAmbMex Landau revela que el lunes, un día antes del viaje, finalmente respondieron la nota diplomática sobre Rápido y Furioso que @m_ebrard mandó hace casi dos meses. @SRE_mx no informó, mucho menos la leyó el Canciller en Internet”, publicó la periodista.
Embajador @USAmbMex Landau revela que el lunes, un día antes del viaje, finalmente respondieron la nota diplomática sobre Rápido y Furioso que @m_ebrard mandó hace casi dos meses. @SRE_mx no informó, mucho menos la leyó el Canciller en Internet. pic.twitter.com/3rD3ymw381
El operativo, realizado en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, consistió en sembrar armas en México “para darles seguimiento” y para “descubrir las redes de tráfico”. Nunca arrojó resultados y, en cambio, dejó muertos en ambos países.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dice que si no se consultó a México, fue una violación de la soberanía. Pero si sí informó al país, como parece que sucedió, hay exfuncionarios que deben ser castigados por el dolor que se padeció.
El mandatario mexicano se encuentra justo el día de hoy en Washington para un encuentro con el Presidente Donald Trump.
La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) realizó varios operativos similares, aunque el más famoso es “Rápido y Furioso“.
“Dejando las armas caminar”, fue el operativo central del Gobierno de Barack Obama. La ATF “deliberadamente permitió a comerciantes de armas de fuego con licencia vender armas a compradores ilegales, con la esperanza de rastrear las armas de fuego que llegarían a los líderes de los cárteles de drogas mexicanos y arrestarlos”. También existió “Project Gunrunner” para contener el flujo de armas de fuego hacia.
AMLO ORDENA ENVIAR LA NOTA DIPLOMÁTICA
El expresidente Felipe Calderón. Foto: Cuartoscuro
Desde el 8 de mayo, el Presidente ordenó al Canciller Marcelo Ebrard Casaubón enviar una nota diplomática al Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos para solicitarse información sobre el operativo “Rápido y Furioso”, después de que Felipe Calderón Hinojosa aseguró, en un tuit, que nunca estuvo enterado.
“¿Cómo hacer eso, un Gobierno que invade de esa manera, que viola flagrantemente la soberanía y las leyes internacionales y nos quedamos callados? Esto lo tenemos que ver no sólo a partir de lo que sucedió en aquél tiempo, lo tenemos que ventilar para que nunca jamás se vuelva a llevar a cabo una acción de este tipo”, dijo el Jefe del Estado mexicano.
Incluso, aseveró que si no existió cooperación entre ambos gobiernos, la administración estadounidense debería ofrecer una disculpa a México, de acuerdo con el derecho internacional.
“Considero debe quedar en claro y conocer toda la investigación y lo que implicó, quiénes participaron. Y como cuestión nada más de complemento, como cuestión complementaria, que el mismo Gobierno estadounidense diga si hubo o no cooperación, nada más como complemento, y si no hubo cooperación, que de todas formas era indebida e ilegal, que el Gobierno de Estados Unidos, todavía es tiempo para ofrecer una disculpa porque era otro el Presidente, pero al final de cuentas es el Gobierno de Estados Unidos, el que tiene que explicar esta situación, como nosotros tendríamos que hacerlo si hubiésemos hecho algo parecido en Estados Unidos, o como cualquier país, esto es parte del derecho internacional”, destacó.
López Obrador recordó que en su conferencia del 7 de mayo, pidió al expresidente Felipe Calderón Hinojosa dar a conocer si tenía conocimiento del operativo “Rápido y Furioso”, que implicó el ingreso de armas con rastreadores a México para conocer las redes de distribución en el país.
“Miren, vamos a dejar esta repuesta a la gente. La formulaste muy bien, está muy claro. La respuesta se la dejamos a los mexicanos. Después yo doy mi opinión, pero ya es muy claro lo que está sucediendo. Vamos a esperar a que termine el juicio del señor García Luna, seguramente va a declarar. Tiene que dar a conocer si actuó solo o había una relación de complicidad y también tiene que decir quiénes actuaban con él. Todo esto en el caso de que resulte culpable porque es un juicio y va a ser un tribunal en Estados Unidos el que va a decidir”, aseguró en su conferencia de prensa matutina del 7 de mayo.
Es falso que el gobierno de México haya tenido un acuerdo con el gobierno de EUA para introducir armas al país. Durante la Administración 2006-2012, el gobierno mexicano exigió firmemente al gobierno de EUA detener el tráfico de armas que llegaban a los criminales. Abro hilo…
— Felipe Calderón 🇲🇽 (@FelipeCalderon) May 8, 2020
Tras ello, Calderón Hinojosa escribió en su cuenta de Twitter (@FelipeCalderon): “Es falso que el Gobierno de México haya tenido un acuerdo con el Gobierno de EUA para introducir armas al país. Durante la Administración 2006-2012, el Gobierno mexicano exigió firmemente al Gobierno de EUA detener el tráfico de armas que llegaban a los criminales”.
Luego agregó: “Después de mucha insistencia, el Gobierno de EUA ofreció tomar acciones para frenar el tráfico de armas. Entre ellas, la Procuraduría de aquel país buscó recolectar y generar evidencia judicializable para detectar, detener y llevar a juicio a los traficantes de armas”.
Es en ese marco que, según se supo después, introdujeron detectores electrónicos en armas comercializadas en la frontera para rastrear su movimiento y actuar judicialmente contra los culpables. Sin embargo, la situación salió de control de las autoridades estadounidenses.
— Felipe Calderón 🇲🇽 (@FelipeCalderon) May 8, 2020
Dijo que “es en ese marco que, según se supo después, introdujeron detectores electrónicos en armas comercializadas en la frontera para rastrear su movimiento y actuar judicialmente contra los culpables. Sin embargo, la situación salió de control de las autoridades estadounidenses. La llamada operación ‘Rápido y Furioso’ fue un operativo secreto, cuyo implementación y resultados fueron revelados a agencias mexicanas en la medida en que fueron del conocimiento público resultados negativos no deseados por sus autores en el Departamento de Justicia”.
En esa misma secuencia de mensajes, concluyó: “En ningún momento el contenido ni la implementación específica de dicha estrategia judicial americana fue un tema que fuese materia de conocimiento, discusión y menos de acuerdo entre oficinas Presidenciales”.
FORMALIZAN SOLICITUD DE INFORMACIÓN
El 11 de mayo, el Gobierno de México solicitó a la Embajada de Estados Unidos en el país la información relacionada con el operativo “Rápido y Furioso”, a fin de conocer si las autoridades mexicanas estaban informadas sobre la intromisión de más de 2 mil armas de fuego a territorio nacional.
En ningún momento el contenido ni la implementación específica de dicha estrategia judicial americana fue un tema que fuese materia de conocimiento, discusión y menos de acuerdo entre oficinas Presidenciales.
— Felipe Calderón 🇲🇽 (@FelipeCalderon) May 8, 2020
A través de un video, el Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, dio a conocer el contenido de la nota diplomática que el Gobierno de México extendió a la Embajada de Estados Unidos en el país.
“El Gobierno de México solicita que se le proporcione toda la información que se disponga respecto al operativo ‘Rápido y Furioso’, conforme al ánimo de cooperación y confianza mutua que rige la estrecha relación entre ambos países”, detalló Ebrard Casaubón.
El secretario @m_ebrard informa sobre la nota diplomática de 🇲🇽 a la Embajada de 🇺🇸 sobre el operativo “Rápido y Furioso” pic.twitter.com/i6kaoeL66I
El Canciller acusó que las armas introducidas mediante el operativo “Rápido y Furioso” han sido utilizadas para cometer delitos en Estados Unidos, México y otros países.
Apuntó que hasta la fecha no se ha cumplido el objetivo de conocer las redes de distribución de armas de fuego ilegales, y mucho menos se ha castigado a los posibles responsables de estos hechos.
El pasado 11 de mayo, el Gobierno de México solicitó a la Embajada de Estados Unidos en México, la información relacionada con el operativo “Rápido y Furioso”, a fin de conocer si las autoridades mexicanas estaban informadas sobre la intromisión de más de 2 mil 500 armas de fuego a territorio nacional, entre los años 2006 al 2011.
–Con información de J. Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso.
Ciudad de México, 20 de junio (SinEmbargo).– Documentos clasificados como “sensibles” por parte de autoridades mexicanas y estadounidenses, obtenidos por la revista Proceso, “confirman que Felipe Calderón Hinojosa supo del tráfico ilegal de armamento -autorizado y supervisado por Estados Unidos- a México”.
J. Jesús Esquivel, corresponsal del semanario, explica que el estadounidense “Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos detallaba el tipo de armas y municiones contrabandearas y quién las había adquirido legalmente allá para revenderlas en el mercado negro”.
“Por su parte, informes mexicanos daban cuenta de que se conocían perfectamente las rutas del trasiego”, detalla J. Jesús Esquivel en el texto Un contrabando muy bien monitoreado, incluido en la revista Proceso del domingo 21 de junio.
Los documentos, agrega Esquivel, “evidencian que no sólo se rastrearon las armas, sino que hasta se lograron recuperar durante las operaciones Gunrunner y Wide Receiver”, llevadas a cabo antes del operativo “Rápido y Furioso”.
“Los expedientes exhiben bitácoras realizadas a partir de enero de 2007 y confirman que el entonces presidente Felipe Calderón siempre estuvo al tanto del tráfico ilegal de armas a México, autorizado y supervisado por Estados Unidos”, señala J. Jesús Esquivel.
“La Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional (STCSN), creada en el sexenio de Calderón, presentó al Gobierno estadounidense un documento de 20 folios en inglés: Confiscaciones relevantes de armas en México 2007-2008”. En la presentación se incluyeron las rutas del trasiego ilegal de armas, el número y tipos de armas que se recuperaron, indica Esquivel.
El pasado 11 de mayo, el Gobierno de México solicitó a la Embajada de Estados Unidos en México, la información relacionada con el operativo “Rápido y Furioso”, a fin de conocer si las autoridades mexicanas estaban informadas sobre la intromisión de más de 2 mil 500 armas de fuego a territorio nacional, entre los años 2006 al 2011.
La operación denominada “Rápido y Furioso” fue iniciada por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, en la cual vendió diversas armas a presuntos criminales y las dejó pasar hacia México con el objetivo de poder rastrearlas, y darles seguimiento a través de un chip. Sin embargo, la acción encubierta no fue reportada al Congreso.
Con dicha operación, el Gobierno de los Estados Unidos esperaba identificar a los responsables del tráfico de armas desde ese país a su vecino del sur, y que posteriormente quedan en poder de carteles mexicanos.
De 2006 a 2011, la ATF permitió que 2 mil 500 armas fueran compradas ilegalmente y transportadas a México.
El pasado 11 de mayo, el Gobierno de México solicitó a la Embajada de Estados Unidos en México, la información relacionada con el operativo “Rápido y Furioso”, a fin de conocer si las autoridades mexicanas estaban informadas sobre la intromisión de más de 2 mil 500 armas de fuego a territorio nacional, entre los años 2006 al 2011.
Ciudad de México, 13 de junio (SinEmbargo).– Documentos del Gobierno de México a los que tuvo acceso la revista Proceso revelan que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa “no sólo sabía de las operaciones de tráfico de armas de Estados Unidos a México, sino que instaló, con ayuda de la DEA, un sistema para espiar ciudadanos mexicanos”.
J. Jesús Esquivel, del semanario mexicano, cita una circular, elaborada en vísperas de una reunión que tuvieron en 2011 Marisela Morales, entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), y Eric Holder, su homólogo estadounidense, en la cual se detallan los temas que se abordarían en el encuentro:
“Se destaca que existen dos temas que, en este momento, repercuten en los congresos de ambos países, los cuales se abordarán en la reunión”:
“a) Rápido y Furioso: Incluir Wide Receiver, así como cualquier otra operación en la que se pudiesen haber utilizado mecanismos de investigación como los usados en estos dos casos. Se debe insistir en la necesidad de contar con información y resultados precisos sobre las investigaciones”.
“b) Supuesta inmunidad de Vicente Zambada Niebla. Observación: la información difundida en medios de comunicación refleja la estrategia de la defensa de Zambada”.
Antes del encuentro, detalla Esquivel, “se había dado a conocer en Estados Unidos que la oficina regional de Phoenix, Arizona, del Buró de Alcohol, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), llevó a cabo en secreto tres operaciones controladas de tráfico de armas a México, entre las que estaba Rápido y Furioso”.
“De entre los asuntos sobre seguridad que Morales y Holder tenían agendas destaca sobre el espionaje en México, en el cual era notoria la exigencia de la colaboración y asesoría por parte de la DEA”, señala el corresponsal de Proceso.
“El punto que abordaron los dos procuradores en la capital mexicana se denominó Intervención de comunicaciones con orden judicial y, según el documento oficial del Gobierno de Calderón, ‘la Procuraduría General de la República aplicará las medidas necesarias para desarrollar el uso de la intervención de comunicaciones con orden judicial a través de la creación de una unidad especializada en el tema’”, agrega.
Morales y Holder discutieron sobre la forma en la que se adiestraría a elementos mexicanos en el uso del Sistema de Rastreo de Armas de Fuego (e-Trace), de acuerdo on Esquivel. El texto, en el cual se detallan los puntos que trataron sobre el sistema de espionaje, puede consultarse completo en la edición de Proceso del domingo 14 de junio.
El pasado 11 de mayo, el Gobierno de México solicitó a la Embajada de Estados Unidos en México, la información relacionada con el operativo “Rápido y Furioso”, a fin de conocer si las autoridades mexicanas estaban informadas sobre la intromisión de más de 2 mil 500 armas de fuego a territorio nacional, entre los años 2006 al 2011.
La operación denominada “Rápido y Furioso” fue iniciada por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, en la cual vendió diversas armas a presuntos criminales y las dejó pasar hacia México con el objetivo de poder rastrearlas, y darles seguimiento a través de un chip. Sin embargo, la acción encubierta no fue reportada al Congreso.
Con dicha operación, el Gobierno de los Estados Unidos esperaba identificar a los responsables del tráfico de armas desde ese país a su vecino del sur, y que posteriormente quedan en poder de carteles mexicanos.
De 2006 a 2011, la ATF permitió que 2 mil 500 armas fueran compradas ilegalmente y transportadas a México.
En una entrevista con El Financiero, el expresidente Felipe Calderón dijo que el Gobierno de México no debería participar en la “maniobra” contra los demócratas estadounidenses.
Ciudad de México, 25 de mayo (SinEmbargo).- El expresidente Felipe Calderón Hinojosa consideró que las recientes críticas que se han hecho al opertativo “Rapido y Furioso”, gestado durante su administración, sólo buscan impulsar la campaña electoral de Donald Trump.
En una entrevista con El Financiero, Calderón dijo que el Gobierno de México no debería participar en la “maniobra” contra los demócratas estadounidenses.
El exmandatario mexicano no considera que los republicanos tengan una preocupación real sobre el control de armas y, aseguró que la National Rifle Association (NRA) financia las campañas del partido -y por lo tanto, la del Presidente Donald Trump-.
“Lo que aquí hay es una maniobra burda, a la cual se está prestando el Gobierno mexicano y no lo debe hacer […] ¿Me van a venir a decir que los republicanos de Trump están muy preocupados por el control de armas?, si es la National Rifle Association, la NRA, la que está financiando sus campañas, si ellos son los más interesados en ese tráfico de armas, si lo que quieren es usar al Gobierno mexicano para darle un golpe a Joe Biden y a la campaña demócrata”, dijo a los periodistas Víctor Piz, Leonardo Kourchenko y Enrique Quintana.
Felipe Calderón Hinojosa fue Presidente de México durante el periodo 2006 a 2012. Foto: Cuartoscuro.
En el programa “La Silla Roja”, se le cuestionó sobre la carta diplomática que envió el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador al país vecino, solicitando información sobre “Rapido y Furioso”, y sobre la posibilidad de enfrentar un juicio por permitir la entrada de armas al país y ocasionar así la muerte de millones de mexicanos.
Al respecto, Calderón Hinojosa subrayó que el operativo consistía en poner chips a rifles y armas de asalto que se vendían en el lado fronterizo de Estados Unidos, y no en que se permitiera la entrada masiva de armas a México.
“No es cierto que el Gobierno mexicano acordara una masiva entrada de armas en México, ese es un cuento. Ya se ha dicho por el Congreso de Estados Unidos, ya está aclarado en el Senado, ya está aclarado por el Congreso mexicano. Investiguen lo que quieran”, explicó para El Financiero.
Sobre el caso Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública durante su mandato, Felipe Calderón expuso que no es increíble que él no supiera al respecto de los nexos que tenía García Luna con el crimen organizado y aseguró que la información que ahora se tiene, no estaba disponible durante su mandato.
“No es inverosímil. Tú tomas decisiones con la información que tienes y ninguna de la información que ha aparecido de García Luna era información disponible en aquel tiempo. Hay una acusación del Rey Zambada en el proceso contra ‘El Chapo’ Guzmán en 2018. Yo goberné de 2006 a 2012”, reiteró.
Felipe Calderón y el exsecetario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Foto: Cuartoscuro.
Por último, reveló que Daniel Cabeza de vaca, extitular de la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR), le dijo que el exlíder del Cártel de Golfo, Osiel Cárdenas, planeaba asesinarlo luego de su triunfo en las elecciones de 2006. Sin embargo, no dejó que este tipo de amenazas “secuestraran” sus decisiones.
“Me saqué mucho de onda porque efectivamente un día Daniel Cabeza de Vaca, que era procurador, me dice: ‘Felipe, tenemos información del Ejército que viene de fuentes americanas de infiltrados en las propias organizaciones de que Osiel Cárdenas no está contento con el resultado de la elección y tiene el plan de asesinarte’”, finalizó en la entrevista otorgada a El Financiero.
LA CARTA DIPLOMÁTICA
O el Gobierno de México [en tiempos de Felipe Calderón] le mintió a la sociedad mexicana, o el Gobierno de Estados Unidos violó la soberanía con “Rápido y Furioso”, dijo el Canciller Marcelo Ebrard. “Estados Unidos nos responderá”, confió, al explicar la nota diplomática que se envió para obtener información del operativo.
“Esa indagatoria va a tener una repercusión muy importante y por eso lo hicimos saber en la nota diplomática. Es decir, hay de dos: o se mintió al Congreso de la Unión y a la sociedad mexicana por parte de las autoridades de México diciendo que no se sabía nada de esto; o bien, se atropelló, se violentó la soberanía nacional de México y por eso es algo que es del mayor interés de la opinión pública”, aseguró.
El 19 de mayo, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) explicó que la nota diplomática es muy reciente, sin embargo, dio a conocer que las autoridades norteamericanas ya la están revisando, por lo que espera tener una respuesta pronto.
[youtube A4FveXTAbN4]
“Pero más allá de eso, te adelanto lo siguiente, la nota hace referencia a la última solicitud de la Fiscalía General de la República de información que fue de septiembre de 2019, ratificada en febrero de 2020, respecto a ‘Rápido y Furioso’ y se refiere a varias cosas”, precisó.
Desde Palacio Nacional, Ebrard Casaubón detalló que tiene que ver “con armas recuperadas en México y en Estados Unidos, tiene que ver con declaraciones de todos los testigos y participantes que no han sido publicadas al 100 por ciento y tiene que ver con una serie de detalles muy relevantes que denotan que hay una investigación de muchos años y que hace falta esa información para avanzar y concluir”.
Por ello, estimó que la respuesta del Gobierno de Estados Unidos estará vinculada con estos temas que está solicitando la Fiscalía General de la República (FGR).
Genaro García Luna y Felipe Calderón durante durante la inauguración del Centro de Inteligencia de la Policía Federal en 2009. Foto: Sáshenka Gutiérrez, Cuartoscuro.
“Entonces estamos haciendo la referencia y estamos ubicando por qué es tan importante para México, por qué nos importa tanto a los ciudadanos que se culmine esa indagatoria que está en la Fiscalía General de la República y que tuvo movimiento tan recientemente como en febrero de este año. Sabemos que nos van a responder”, sostuvo el Secretario.
También expuso que en la información solicitada se encuentran datos sobre armas específicas, seguimiento de armas no recuperadas en México, pero que son parte del operativo, “y los testimonios posteriores a la investigación que se llevó a cabo en 2012 y que fue publicada por el Congreso de los Estados Unidos; así como toda aquella información que obre en poder de las autoridades en Estados unidos que pueda contribuir a esclarecer los hechos”.
El Gobierno expresó que “hay dudas fundadas” sobre esta operación realizada de 2009 a 2011 por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), que introdujo más de 2 mil armas de alto calibre a México para rastrear a narcotraficantes.
El impacto del operativo ha ganado notoriedad bajo el actual Gobierno mexicano por las críticas al tráfico de armas de origen estadounidense, con las que se cometen el 70 por ciento de los delitos en México, según la SRE.
Pero también atrae su atención por el presunto rol que jugó la administración del exmandatario Felipe Calderón (2006-2012), incluyendo el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, detenido desde diciembre en Estados Unidos acusado de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa.
Por otra parte, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presumió la cooperación de su Gobierno con el de Estados Unidos para compartir información sobre un narcotúnel descubierto recientemente en la frontera y el operativo “Rápido y Furioso” realizado por Washington hace una década.
“Es decir, hay de dos: o se mintió al Congreso de la Unión y a la sociedad mexicana por parte de las autoridades de México diciendo que no se sabía nada de esto; o bien, se atropelló, se violentó la soberanía nacional de México y por eso es algo que es del mayor interés de la opinión pública”, afirmó el Secretario de Relaciones Exteriores.
Ciudad de México, 19 de mayo (SinEmbargo).– O el Gobierno de México [en tiempos de Felipe Calderón] le mintió a la sociedad mexicana, o el Gobierno de Estados Unidos violó la soberanía con “Rápido y Furioso”, dijo el Canciller Marcelo Ebrard esta mañana. “Estados Unidos nos responderá”, confió, al explicar la nota diplomática que se envió para obtener información del operativo.
“Esa indagatoria va a tener una repercusión muy importante y por eso lo hicimos saber en la nota diplomática. Es decir, hay de dos: o se mintió al Congreso de la Unión y a la sociedad mexicana por parte de las autoridades de México diciendo que no se sabía nada de esto; o bien, se atropelló, se violentó la soberanía nacional de México y por eso es algo que es del mayor interés de la opinión pública”, aseguró.
En la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López obrador, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) explicó que la nota diplomática es muy reciente, sin embargo, dio a conocer que las autoridades norteamericanas ya la están revisando, por lo que espera tener una respuesta pronto.
“Pero más allá de eso, te adelanto lo siguiente, la nota hace referencia a la última solicitud de la Fiscalía General de la República de información que fue de septiembre de 2019, ratificada en febrero de 2020, respecto a ‘Rápido y Furioso’ y se refiere a varias cosas”, precisó.
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Desde Palacio Nacional, Ebrard Casaubón detalló que tiene que ver “con armas recuperadas en México y en Estados Unidos, tiene que ver con declaraciones de todos los testigos y participantes que no han sido publicadas al 100 por ciento y tiene que ver con una serie de detalles muy relevantes que denotan que hay una investigación de muchos años y que hace falta esa información para avanzar y concluir”.
Por ello, estimó que la respuesta del Gobierno de Estados Unidos estará vinculada con estos temas que está solicitando la Fiscalía General de la República (FGR).
“Entonces estamos haciendo la referencia y estamos ubicando por qué es tan importante para México, por qué nos importa tanto a los ciudadanos que se culmine esa indagatoria que está en la Fiscalía General de la República y que tuvo movimiento tan recientemente como en febrero de este año. Sabemos que nos van a responder”, sostuvo el Secretario.
También expuso que en la información solicitada se encuentran datos sobre armas específicas, seguimiento de armas no recuperadas en México, pero que son parte del operativo, “y los testimonios posteriores a la investigación que se llevó a cabo en 2012 y que fue publicada por el Congreso de los Estados Unidos; así como toda aquella información que obre en poder de las autoridades en Estados unidos que pueda contribuir a esclarecer los hechos”.
“En Estados unidos hay una serie de normas que harían muy difícil la desaparición de documentos oficiales y no suponemos que el gobierno de Estados Unidos tenga en este momento interés de hacer algo así”, comentó el funcionario.
El Gobierno expresó que “hay dudas fundadas” sobre esta operación realizada de 2009 a 2011 por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), que introdujo más de 2 mil armas de alto calibre a México para rastrear a narcotraficantes.
Genaro García Luna y Felipe Calderón durante durante la inauguración del Centro de Inteligencia de la Policía Federal en 2009. Foto: Sáshenka Gutiérrez, Cuartoscuro
El impacto del operativo ha ganado notoriedad bajo el actual Gobierno mexicano por las críticas al tráfico de armas de origen estadounidense, con las que se cometen el 70 por ciento de los delitos en México, según la SRE.
Pero también atrae su atención por el presunto rol que jugó la administración del exmandatario Felipe Calderón (2006-2012), incluyendo el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, detenido desde diciembre en Estados Unidos acusado de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa.
Por otra parte, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presumió este martes la cooperación de su Gobierno con el de Estados Unidos para compartir información sobre un narcotúnel descubierto recientemente en la frontera y el operativo “Rápido y Furioso” realizado por Washington hace una década.
López Obrador se refirió a un tuit de su homólogo, Donald Trump, quien el domingo compartió el hallazgo de un narcotúnel en la frontera de Tijuana con San Diego, California, con el texto “¡México debe tomar el control de este gran problema!”.
“Lo que mencionó el Presidente Trump es cierto y hay cooperación entre los dos gobiernos para evitar que se siga transportando droga hacia Estados Unidos de esta manera y con toda la vigilancia que se está llevando a cabo”, aseveró el mandatario mexicano en su rueda de prensa matutina.
La información que Genaro García Luna posee y puede intercambiar por una pena menor, fue pagada con dinero público. Costó más de 2 mil 700 millones de pesos y benefició a 22 empresas de telecomunicaciones y tecnología. Ese fue el gasto por Adjudicación Directa que hizo el “súper policía”, con la anuencia del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, en el aparato tecnológico de la Plataforma México, el gigantesco juguete de inteligencia con el que espió a funcionarios, narcotraficantes y ciudadanos.
Ciudad de México, 18 de mayo (SinEmbargo).- La última carta que se guarda Genaro García Luna la pagaron los mexicanos. Sólo en la tecnología de la Plataforma México que sirvió para espiar a narcotraficantes, funcionarios y ciudadanos, se gastaron más de 2 mil 773 millones de pesos de dinero público entre 2008 y 2013.
Hoy, cuando el exsecretario de Seguridad Pública se encuentra preso en una cárcel de Brooklyn, Nueva York, por acusaciones relacionadas con narcotráfico, la información obtenida a través de ese aparato le puede servir para conseguir la reducción de condena si se apega al programa de testigos protegidos y logra una negociación.
Ese es el gasto en empresas de tecnología y telecomunicaciones para montar el aparato de la Plataforma México, el sofisticado sistema de inteligencia en línea en el que Genaro García Luna y Felipe Calderón Hinojosa se propusieron conjuntar información de las policías de los estados y municipios, así como de las fuerzas armadas, mientras se desplegaba en México la llamada guerra en contra del narcotráfico.
El exsecretario de Seguridad Pública se encuentra preso en una cárcel de Brooklyn, Nueva York. Rodolfo Angulo, Cuartoscuro.
Se trata sólo de la inversión en tecnología pues el proyecto completo de la Plataforma México costó mucho más: 3 mil 365 millones 45 mil 486 pesos, entre la edificación, el mobiliario de oficina, así como las visitas de personajes y periodistas que eran organizadas mediante agencias de viajes. Todo ello benefició a 29 empresas y tres universidades (ver, más abajo, lista de empresas beneficiadas), de acuerdo con una localización de contratos realizada por SinEmbargo.
Entraña de la política de seguridad y base de la guerra en contra del narcotráfico, la Plataforma México fue creada por disposición del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Su planificación fue tan grande que implicó la modificación del reglamento interior de la Secretaría de Seguridad Pública. En lo físico también implicó un edificio inteligente de por lo menos tres pisos. De modo que Genaro García Luna dispuso de un predio de Avenida Constituyentes, colonia Belén de las Flores en la Delegación Álvaro Obregón de la Ciudad de México, que abarcó casi una cuadra.
Al mando del juguete cibernético, García Luna logró acumular información de inteligencia que al final, sólo quedó en sus manos. En los hechos, las bases de datos jamás fueron compartidas con los gobiernos estatales y tampoco con las fuerzas armadas. Poco a poco, la Plataforma México dejó de ser alimentada. Los Informes Policiales Homologados, reportes clave que debían suministrarla, se aminoraron cada vez más, consta en respuestas a solicitudes de información a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). En 2012, llegaron 104 mil y en 2015, 34 mil, una caída de 64 por ciento en dos años.
Luego, la fuga de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, el 11 de julio de 2015, del penal de máxima seguridad de El Altiplano, mediante un túnel que él mismo construyó, demostró el desperdicio de la Plataforma México. El instrumento de inteligencia de García Luna, heredado por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, no fue capaz de detectar que el narcotraficante dedicaba sus días en la ingeniería de un túnel que lo pondría fuera de la prisión.
Poco a poco, el Gobierno peñanietista dejó de invertir en la Plataforma México hasta que de buenas a primeras, su funcionamiento llegó a niveles mínimos.
En estos días, el proyecto que sirvió de búnker y centro de espionaje del Gobierno que le declaró la guerra a los grupos delincuenciales, se encuentra en ruinas.
Esta semana, el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó informes a EU acerca de si Felipe Calderón sabía del operativo Rápido y Furioso. Foto: Rodolfo Angulo, Cuartoscuro.
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Si se siguen las afirmaciones del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, en realidad, la Plataforma México fue inútil. La inversión de miles de millones de pesos en inteligencia no alcanzó para que su Gobierno conociera “Rápido y Furioso”, la operación de acciones encubiertas mediante la cual, se enviaron desde Estados Unidos a México, unas dos mil 500 armas largas.
En su informe de septiembre de 2012, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que el operativo lo realizó la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y el armamento lo envió con el fin de que cayera en manos de narcotraficantes para luego, rastrearlas. El plan se inició en 2009 y concluyó en 2011.
Fue una operación fallida. Las armas no fueron localizadas y terminaron en destinos inciertos. Mientras, en México, los homicidios aumentaron en proporciones que superaron todas las tendencias. Algunos especialistas coinciden en que el incremento fue de 150 por ciento.
La mañana del 7 de mayo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se preguntó si Calderón Hinojosa sabía o no de esa apuesta que intentaba atrapar a miembros del crimen organizado mediante acciones encubiertas. El exmandatario reaccionó en su cuenta de Twitter con un hilo de mensajes. En dos de ellos, expuso: “La llamada operación “Rápido y Furioso” fue un operativo secreto, cuya implementación y resultados fueron revelados a agencias mexicanas en la medida en que fueron del conocimiento público resultados negativos no deseados por sus autores en el Departamento de Justicia.
En ningún momento, el contenido ni la implementación específica de dicha estrategia judicial americana fue un tema que fuese materia de conocimiento, discusión y menos de acuerdo entre oficinas presidenciales”.
AMLO le reviró al día siguiente que ordenó enviar una nota diplomática a Estados Unidos para conocer detalles del operativo. Y así lo hizo. El 12 de mayo, la Secretaría de Relaciones Exteriores le solicitó de manera formal a Estados Unidos que le proporcione la información disponible con respecto al operativo “Rápido y Furioso”, según informó el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón a través de un video.
“Hay dudas fundadas con respecto a lo ocurrido, si en efecto, como apunta la evidencia descrita, el Gobierno de México conoció y autorizó el operativo, entonces estaríamos ante grandes violaciones a la Constitución política y leyes que de ella emanan, por parte de los que ocupaban los más altos cargos en nuestro país, puesto que habrían mentido al Congreso de la Unión y a la sociedad”, se indica en la nota diplomática, según dio a conocer Ebrard Casaubón.
El funcionario del Gobierno de AMLO presentó una posibilidad más calamitosa: “Si resultase verdad que no se conocía ni se autorizó el operativo en cuestión, entonces las autoridades de Estados Unidos habrían actuado en territorio nacional sin conocimiento del Gobierno”.
EL DINERO BENEFICIABA A LAS EMPRESAS
Una lista de 22 empresas y tres universidades resultaron favorecidas con la hechura del aparato con el que Genaro García Luna realizó espionaje profesional. La mayor, con seis contratos que sumaron mil 252 millones 883 mil 661 pesos, fue Teléfonos de México (Telmex) del empresario Carlos Slim Helú. De hecho, el contrato mayor– la migración de oficinas foráneas de la Policía Federal a la red de la Plataforma México en 2008- se lo llevó esta telefónica.
Telmex también instaló el núcleo central y la red privada, de la Plataforma México. En 2008, García Luna llamó a una de las subsidiarias de la telefónica -Consorcio Red Uno- y firmó otro contrato por 181 millones de pesos para “el fortalecimiento de la operación de los sistemas de la segunda fase”.
Dos de los contratos de Telmex fueron firmados en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando empezaba el declive de la Plataforma México. Uno fue para elaborar el núcleo central por 206 millones 631 mil 342 pesos y el otro para un centro de datos en Hermosillo, Sonora, por 48 millones 610 mil pesos.
Genaro García Luna y la familia Slim no sólo hicieron negocios. En 2010, cuando era Secretario de Seguridad Pública Federal, estuvo entre los invitados de la boda de Carlos Slim Domit y María Elena Torruco Garza, en la Iglesia de San Agustín, en Polanco, según las crónicas de periódicos y revistas de ese año. El “exsúper policía” aparece en esas páginas como socialité.
La segunda empresa tecnológica más beneficiada por el presupuesto de García Luna fue Hewlett Packard México con 309 millones 483 mil 810 pesos. De hecho, fue esta mega empresa estadounidense la que armó el centro de datos principal y la que proporcionó el software de la Plataforma México.
Fue también Hewlett Packard -a la que a la que entre 2011 y 2013 se le condonarían mil 520 millones de pesos en impuestos– la que proporcionó la infraestructura de cómputo para los Registros Nacionales de Seguridad Pública, así como el Registro Público Vehicular, que se elaboraron también en la Plataforma México, lo cual costó ocho millones 891 mil 852 pesos.
Otras empresas en tecnología que se llevaron contratos importantes fueron Tecnología en Sistemas de Apoyo, EMC Computer Systems México, GFR Telecomunicaciones y Origis Consulting.
Ahora, la construcción del edificio en el que se albergó la Plataforma México estuvo a cargo de Tradeco Infraestructura a la que el ex Secretario de Seguridad Pública le pagó 534 millones 698 mil 607 pesos por cinco contratos para la construcción, la albañilería, los acabados y las ingenierías necesarias.
Esta entidad fue la que acaparó las adjudicaciones de obra pública en el sexenio calderonista y pertenece al empresario Federico Alberto Martínez Urmeneta, hijo de Federico Martínes Salas quien fue Subdirector de Ingeniería y Obras Estratégicas en Pemex Exploración y Producción y después, Director corporativo de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos, durante el sexenio calderonista.
En cuanto a las sesiones de trabajo en torno al gigante que había construido -a las que asistieron algunas veces periodistas-, García Luna contrató a Inmobiliaria Hotelera de Toluca y le pagó 356 mil 40 pesos por la renta de salones. A Viajes Génesis, también por organización de visitantes, la contrató por 114 mil pesos.
García Luna gastó millones en la Plataforma México, el gigantesco juguete de inteligencia con el que espió a funcionarios, narcotraficantes y ciudadanos. Foto: Cuartoscuro.
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Genaro García Luna, de 51 años de edad, es el hombre que fue motejado como “súperpolicía”, el mismo que con tal de salirse con la suya, orquestó montajes televisivos como el de Florance Cassez (presunta secuestradora) en el sexenio de Vicente Fox Quesada cuando era Director de la Agencia Federal de Investigación y quien como Secretario de Seguridad Pública en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, hizo capturas selectivas del narco.
Su ser político fue el epicentro de la guerra en contra del crimen organizado, iniciada en diciembre de 2006 por el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa. Tras esa decisión, la violencia repuntó de manera exorbitante. Tras finalizar el sexenio, García Luna se fue de México y no hizo declaraciones públicas hasta que, después de cinco años, reapareció en un programa de Foro TV a propósito de la presentación de su libro Seguridad con Bienestar.
Aún en algunos anaqueles de las librerías de México, en ese libro, quien fuera el hombre fuerte en el combate al tráfico de drogas, critica que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se haya abandonado la Plataforma México. “Se dejó de invertir en equipo de cómputo, servidores, sistemas y licencias de software para la carga, resguardo, procesamiento y análisis de datos, voz e imagen de las bases de datos a nivel municipal, estatal y nacional, y se abandonaron los sistemas para las tareas de seguridad pública en todo el territorio nacional”, escribió el “exsúper policía”.
El 10 de diciembre fue detenido en la ciudad de Dallas, Texas, por autoridades de Estados Unidos, acusado de tres cargos de conspiración de tráfico de cocaína y uno más por hacer declaraciones falsas. Jesús “Rey” Zambada le habría entregado cinco millones de dólares en efectivo en la mano para que permitiera trabajar al Cártel de Sinaloa, según declaró en 2018 el mismo capo en cortes federales estadounidenses durante el juicio de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” Guzmán. García Luna lo negó y lo niega hasta ahora.
El 30 de marzo, la Fiscalía de Brooklyn negó la libertad bajo fianza al exsecretario de Seguridad. Su abogado alegó que su defendido podría adquirir COVID19; pero el juez consideró que la pandemia no es una razón suficiente para otorgarle el beneficio. Al contrario, se estimó que el riesgo de su probable fuga es mayor.
Los fiscales señalaron que aunque hay un caso de COVID 19 en la cárcel federal de Brooklyn, García Luna tiene “acceso a agua caliente y jabón” y como lo hacen otros reclusos, puede aislarse y permanecer en su celda.
Aún le queda la carta de la negociación a cambio de información. Y fue en la Plataforma México, un proyecto pagado con recursos públicos, en la que el “exsúper policía” acumuló esa información.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
