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El combate a la corrupción se estanca en México y el mundo; la COVID lo complica

martes, enero 25th, 2022

Transparencia Internacional otorga una puntuación a cada uno de los 180 países evaluados en función de su nivel de percepción de la corrupción. La media global se mantiene en 43 puntos por décimo año consecutivo, aunque dos tercios de los países no llegan a aprobar, con 27 que obtienen la puntuación más baja de su historia.

Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbrgo/EFE).- El combate contra la corrupción ha quedado prácticamente estancado en la última década y casi el 90 por ciento de los países no registra avances, según el último informe de Transparencia Internacional (TI), que sitúa a Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda a la cabeza de esa estrategia.

La ONG, que publica hoy el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) de 2021, alerta además de que si los gobiernos continúan utilizando la pandemia de COVID-19 para erosionar los derechos humanos y la democracia, la corrupción podría empeorar a mayor velocidad.

“Muchos países han utilizado la pandemia como una excusa para cercenar libertades básicas y esquivar el sistema de pesos y contrapesos”, denuncia el informe de la organización, con sede en Berlín.

TI otorga una puntuación a cada uno de los 180 países evaluados en función de su nivel de percepción de la corrupción. La media global se mantiene en 43 puntos por décimo año consecutivo, aunque dos tercios de los países no llegan a aprobar, con 27 que obtienen la puntuación más baja de su historia.

[pdf-embedder url=”https://www.sinembargo.mx/wp-content/uploads/2022/01/Informe-IPC-2021-ES.pdf” title=”Informe IPC 2021 ES”]

Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, los tres con 88 puntos sobre un máximo de 100, encabezan la clasificación, mientras que Somalia (13), Siria (13) y Sudán del Sur (11) obtienen de nuevo las puntuaciones más bajas del índice.

En esta última década, 154 países han sufrido un deterioro en la percepción de la corrupción o no han avanzado sustancialmente. Preocupa especialmente la situación de algunas regiones como Centroamérica, donde crece el autoritarismo en países como Nicaragua o El Salvador.

Desde 2012, 23 países han decaído en el índice, entre ellos algunas economías avanzadas, como Australia (73), Canadá (74) y Estados Unidos (67), que, por primera vez, deja de estar entre los 25 países mejor calificados.

En cambio, 25 países han mejorado significativamente sus puntuaciones, entre ellos Estonia (74), Seychelles (70) o Armenia (49).

Infografía que muestra los datos de la corrupción a nivel global. Imagen: Borja García y Marta Piñol, EFE. Fuente: Transparencia Internacional.

En 2021, entre las grandes potencias, además de Estados Unidos, que se mantiene con los mismos resultados del año pasado, China escala tres puntos, con una puntuación de 45 frente a los 42 anteriores, mientras que Rusia cae de 30 a 29.

En este nuevo informe España baja un punto en la clasificación, de los 62 que obtuvo en el informe anterior, a los 61, y desciende desde el puesto 32 al 35, entre Lituania e Israel.

Este estancamiento general en la lucha contra la corrupción está relacionado, según la ONG, con los abusos a los derechos humanos y con el deterioro de la democracia en todo el mundo.

El informe destaca que los países que vulneran las libertades civiles obtienen de forma consistente puntuaciones más bajas en el índice.

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Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, afirma que el respeto de “los derechos humanos es más que algo deseable en la lucha contra la corrupción. Los modelos autoritarios destruyen los controles y contrapesos independientes y hacen que tomar acción contra la corrupción dependa de los caprichos de una élite”.

DERECHOS HUMANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN

El informe denuncia que “la complacencia en la lucha contra la corrupción da pie a violaciones de derechos humanos de mayor gravedad y socava la democracia, detonando así una espiral viciosa”.

La erosión de los derechos y libertades y el debilitamiento de la democracia son el caldo de cultivo para el avance del autoritarismo, lo que contribuye aún más a aumentar la corrupción.

Infografía que muestra los datos de la corrupción a nivel global. Imagen: Borja García y Marta Piñol, EFE. Fuente: Transparencia Internacional

De los 23 países que han empeorado significativamente su clasificación en estos últimos diez años, 19 también han perdido puntos en cuestión de libertades civiles.

La ONG señala que de los 331 asesinatos de defensores de los derechos humanos que se registraron en 2020, el 98 por ciento se produjo en países con calificaciones por debajo de 45.

Destaca Filipinas, que obtiene una puntuación de 33, continuando con la caída que inició en 2014 cuando Rodrigo Duterte llegó al poder.

También Venezuela registra en este índice su calificación más baja hasta la fecha, con tan sólo 14 puntos, consecuencia de haber acallado el régimen de Nicolás Maduro “el disenso entre sus rivales políticos, periodistas e incluso trabajadores sanitarios”.

El Presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, en una fotografía de archivo. Foto: Francis R. Malasig, EFE.

Malí ha enfrentado numerosas crisis políticas, institucionales y de seguridad, incluyendo tres golpes de estado militares, en los últimos diez años, lo que ha arrastrado la puntuación del país a los 29 puntos, en consonancia con el declive de las libertades civiles fruto de un conflicto armado que socava las funciones clave del Estado.

Pero incluso los países democráticos han visto en la última década un retroceso tanto en las medidas anticorrupción como en los derechos humanos.

La puntuación de Polonia en el Índice, por ejemplo, ha caído a 56, debido a la represión del activismo por parte del Gobierno mediante leyes sobre el insulto y la grave limitación de la libertad en los medios de comunicación.

Daniel Eriksson, director general de Transparencia Internacional, señala que “en contextos autoritarios en los que el Gobierno, las empresas y los medios de comunicación están controlados por unos pocos, los movimientos sociales son el último recurso para poner freno al poder”.

La ONG urge en su informe a los gobiernos a cumplir sus compromisos en la lucha contra la corrupción y el respeto a los derechos humanos, y llama a la población del mundo entero a unirse y exigir el cambio.

“Será el poder de los educadores, emprendedores, estudiantes y personas comunes de todos ámbitos el que logrará que los poderosos rindan cuentas”, concluye Eriksson.

MÉXICO, SIN AVANCE EN EL ÍNDICE DE CORRUPCIÓN

México mantuvo una calificación de 31 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción, la misma que en 2020 en una escala que va de cero a 100, donde 100 sería la mejor calificación posible. Con esa calificación, el país latinoamericano se ubica en la posición 124 de los 180 países evaluados por Transparencia Internacional.

En el Índice de Percepción de la Corrupción, México comparte la misma calificación (31 puntos) que Gabón (África Central), Níger ( África Occidental) y Papúa Nueva Guinea (Oceanía).

TI destacó que México sigue siendo el país peor evaluado en términos de corrupción de los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En el G20, México ocupa la posición 18, por encima de Rusia que se ubicó en la posición 19. La Unión Europea, que también forma parte del G20, no es evaluada en bloque sino por país.

En ese sentido, TI lamentó que las promesas hechas en campaña electoral de lucha contra la corrupción no llegan en la mayoría de casos a materializarse.

Dice que en México no se ha avanzado nada este año pese a la retórica anticorrupción del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Destaca los grandes escándalos de corrupción que involucran a colaboradores del Gobierno y las críticas por uso político y electoral de la Fiscalía General de la República, que pese a gozar en muchos casos de autonomía formal, no son vistas como órganos independientes al Gobierno.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, durante una conferencia de prensa matutina. Foto: Mosés Pablo, Cuartoscuro.

Por lo anterior, la ONG emitió una serie de recomendaciones para México como pasar de las investigaciones de corrupción a las sanciones efectivas; las instituciones y organismos que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción deben ser evaluados en términos de su desempeño individual, con un enfoque de resultados y no sólo de procesos, así como mantener la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en materia anticorrupción.

En la recuperación de activos, TI señaló que el Gobierno federal debe de cumplir la promesa gubernamental de “devolverle al pueblo lo robado”, además de aprovechar el amplio apoyo social en esta materia para enfrentar a las redes de corrupción que se mantienen vivas, operantes, y en muchos casos vinculadas a redes criminales.

ONG denuncia opacidad en ensayos y contratos de vacunas contra COVID

martes, mayo 25th, 2021

Sólo el 45 por ciento de los datos de los ensayos de vacunas contra COVID se han publicado, y de ellos, el 41 por ciento sólo dio conclusiones, advirtió Transparencia Internacional.

Berlín, 25 may (EFE).- La falta de transparencia de los ensayos de las vacunas contra la COVID y la opacidad en los contratos con las farmacéuticas socava la confianza de la ciudadanía y puede lastrar la campaña global de vacunación, advirtió este martes Transparencia Internacional (TI).

Según un estudio de la división de Salud de esta ONG alemana y la Universidad de Toronto, se detecta un “patrón de escasa transparencia” y una “inquietante tendencia de los gobiernos a censurar detalles clave de sus pedidos a farmacéuticas”.

Estas conclusiones se basan en el análisis de los datos clínicos de los estudios de efectividad de una veintena de vacunas contra el coronavirus (entre ellas las de BioNTech/Pfizer, AstraZeneca y Moderna) y 183 contratos entre gobiernos y farmacéuticas.

TI denunció que, pese a que la transparencia en los ensayos clínicos es la única forma de comprobar la seguridad y eficacia de las vacunas, sólo el 45 por ciento de los datos de estas pruebas han sido publicados. Y de estos, el 41 por ciento no aportó más que las conclusiones y no toda la información para una revisión periodística o académica.

“La falta de acceso público a la información crea espacio para medias verdades engañosas y potencialmente peligrosas, para la desinformación y las teorías de la conspiración que contribuyen a las dudas sobre la vacunación”, argumentó el responsable del programa de Salud Global de TI, Jonathan Cushing.

Con respecto a los contratos, la ONG critica que de los pocos que se han hecho públicos, casi todos incluyen “significativas” omisiones de “información clave” como el precio total a pagar, el precio de cada dosis y el calendario de entregas.

Sólo el siete por ciento de los contratos se han difundido por los canales oficiales y de ellos, sólo uno no fue censurado, denuncia TI.

Así sucede que países en vías de desarrollo pagan más por la misma vacuna que economías avanzadas. TI destaca un caso: Suráfrica pagó un 25 por ciento más por dosis que la Unión Europea (UE).

“Dada la gran cantidad de dinero público invertida en investigación y desarrollo en todo el mundo, los ciudadanos tienen derecho a saber todo sobre las vacunas que sus impuestos han contribuido a financiar”, agregó Cushing.

Como esto puede contribuir a que la campaña global de vacunación no alcance la inmunidad de rebaño, TI aboga por “construir confianza” en torno a las vacunas con varias medidas, como la publicación de la información de los ensayos clínicos o la difusión de los contratos entre gobiernos y farmacéuticas.

Sólo el siete por ciento de los contratos se han difundido por los canales oficiales y de ellos, sólo uno no fue censurado, denuncia TI. Foto: Matt Slocum, AP

Además, insta a los productores de vacunas a hacer públicos los protocolos de los ensayos clínicos, anunciando sus resultados generales a los medios y poniendo todos los detalles a disposición de la comunidad científica y revistas especializadas para que sean revisados.

México celebra la mejora en el Índice de Corrupción, pero es el peor de los países de la OCDE

jueves, enero 28th, 2021

La Secretaria de Gobernación calificó de “buena noticia” esta mejora en la clasificación mundial de percepción de la corrupción, sin embargo México se ubica en el lugar 124 de 180 países evaluados y es el país “con la calificación más baja entre los países que integran la OCDE (…) al ubicarse en la posición 37 de 37 países que la integran”, informó Transparencia Mexicana en un boletín.

México se ubica junto a países como Bolivia, Kenia, Kirguistán y Pakistán. “Un tema delicado en el caso mexicano es la falta de sanciones a los casos y redes de corrupción que ya son del conocimiento de la opinión pública tras ser revelados por periodistas de investigación”, advirtió la ONG.

México, 28 de enero (EFE).- México mejoró dos puntos y seis lugares frente a 2019 en la calificación del Índice de Percepción de la Corrupción divulgado este jueves por la ONG Transparencia Internacional, pero con 31 puntos sigue estando en la cola de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“Con esta calificación, México se ubica ahora en el lugar 124 de 180 países evaluados y continúa siendo el país con la calificación más baja entre los países que integran la OCDE (…) al ubicarse en la posición 37 de 37 países que la integran”, informó Transparencia Mexicana en un boletín.

En términos relativos, escaló seis lugares, pasando de la posición 130 (2019) a la 124 (2020) entre los países evaluados. Ahora, México se ubica junto a países como Bolivia, Kenia, Kirguistán y Pakistán.

Estos datos muestran una “tendencia positiva” para el país, si bien México no recupera aún su mejor evaluación histórica, que fue de 35 puntos en 2014.

“Un tema delicado en el caso mexicano es la falta de sanciones a los casos y redes de corrupción que ya son del conocimiento de la opinión pública tras ser revelados por periodistas de investigación”, advirtió la ONG.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) 2020, los países latinoamericanos que sus ciudadanos perciben como más limpios son Uruguay, Chile y Costa Rica, con 71, 67 y 57 puntos, respectivamente, sobre un máximo de 100.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) 2020, los países latinoamericanos que sus ciudadanos perciben como más limpios son Uruguay, Chile y Costa Rica, con 71, 67 y 57 puntos, respectivamente, sobre un máximo de 100. Foto: Especial

En 2020, Transparencia Internacional informó que en el periodo 2016 a 2019 ninguno de los casos de corrupción transnacional que involucran empresas y funcionarios mexicanos fue sancionado en México.

“El riesgo de impunidad tras conocerse estos casos y no haber identificado sanciones firmes por parte de las autoridades, sigue latente, lamentó el organismo.

Es por ello que emitió una serie de recomendaciones para México.

En el marco de la emergencia sanitaria y sus consecuencias sociales y económicas, México debe fortalecer las instituciones del sistema anticorrupción, especialmente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), indicó Transparencia Internacional.

Precisamente, el Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha cosechado críticas por su interés en eliminar el INAI.

Además, continúo la ONG, la Auditoría Superior de la Federación “debe fiscalizar el gasto público en tiempo real, con particular énfasis en el gasto en salud y los programas sociales” y de reactivación económica.

El Presidente ha recalcado más de una vez su postura para no defender a nadie involucrado en casos de corrupción. Foto: Cuartoscuro

“La Fiscalía General de la República y las instituciones de impartición de justicia deben concentrarse en dar resultados concretos: sentencias a redes de corrupción, recuperación de activos desviados en grandes casos de corrupción y asegurar la reparación de daño a las víctimas para delitos vinculados con actos de corrupción”, concluyó la entidad.

Encabezan la edición del IPC en 2020, Dinamarca y Nueva Zelanda (88 puntos, posición 1), Finlandia, Singapur, Suecia y Suiza (85 puntos, posición 2 de 180 países).

Mientras que en la parte baja del índice se ubican Sudán del Sur y Somalia (12 puntos, en la posición 179 de 180 países evaluados).

EL GOBIERNO CELEBRA

Cuestionada sobre el tema, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, calificó de “buena noticia” esta mejora en la clasificación mundial de percepción de la corrupción.

Recordó que el año pasado también se escalaron varios lugares, que se suman a los seis de este año.

“Vamos a ir escalando poco a poco, espero que tengamos una percepción más alta este 2021”, deseó.

Los corruptos de todo el mundo se desataron con la pandemia: Transparencia Internacional

jueves, enero 28th, 2021

La ONG Transparencia Internacional (TI) publicó el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) que muestra un listado de los países que sus ciudadanos perciben como más corruptos y son los que han tenido una peor respuesta a la COVID-19.

Por Juan Palop

Berlín, Alemania, 28 de enero (EFE).- Corrupción y pandemia van de la mano, concluye la ONG Transparencia Internacional (TI) en su tradicional clasificación anual presentada este jueves, en la que suspende a dos tercios de los 180 países analizados.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI), los países que sus ciudadanos perciben como más corruptos son los que peor han respondido ante la COVID-19, y las reacciones más débiles y caóticas al reto del coronavirus han sido las que han dejado mayor margen a las prácticas ilegales.

Dinamarca y Nueva Zelanda se mantienen en la cabeza de la lista de esta ONG alemana, con 88 puntos sobre un máximo de 100 cada uno; mientras que Sudán del Sur y Somalia, con apenas 12 puntos, reinciden en la parte más baja de la clasificación.

Para la presidenta de TI, Delia Ferreira, el círculo vicioso entre corrupción y pandemia es evidente: “La COVID-19 no es sólo una crisis sanitaria y económica. Es una crisis de corrupción. Y una que actualmente no estamos sabiendo gestionar”.

“El año pasado ha puesto a prueba a los gobiernos como no se recuerda y aquellos con mayores niveles de corrupción han sido menos capaces de afrontar el desafío. Pero incluso aquellos arriba del CPI deben hacer frente de forma urgente su papel en perpetuar la corrupción en casa y en el extranjero”, añade.

El informe habla de una “imagen nefasta” de la situación de la corrupción a nivel global: la puntuación media es 43 sobre 100 y la mitad de los países no ha registrado ningún progreso “en la última década” en la lucha contra estas prácticas ilícitas, “del soborno y la malversación a los precios abusivos y el favoritismo”.

España, entre Catar y Corea del Sur, mantiene los 62 puntos que obtuvo el año pasado, aunque cae del puesto 30 al 32. La media europea, sin embargo, sigue lejos, en los 66.

LA PANDEMIA DE LA CORRUPCIÓN

El análisis, señala el informe, “muestra que la corrupción no sólo socava la respuesta sanitaria global a la COVID-19, sino que también contribuye a prolongar la crisis democrática”.

Estas prácticas ilegales están asimismo asociadas a “una menor cobertura de la sanidad pública, y mayores tasas de mortalidad infantil y maternal, de muerte por cáncer, diabetes y enfermedades respiratorias y cardiovasculares”.

La reacción de los gobiernos a la pandemia ha evidenciado “enormes grietas en los sistemas sanitarios y en las instituciones democráticas” y revelado que los gobernantes “persiguen a menudo sus propios intereses en lugar de los de los más vulnerables”, según esta ONG.

TI aspira a que ahora, cuando la comunidad internacional está empezando a ver la luz al final del túnel gracias a la llegada de la vacuna, “los esfuerzos anticorrupción” se mantengan “para asegurar una recuperación justa y equitativa” para todos.

LUCES Y SOMBRAS

Al frente de la clasificación, tras Dinamarca y Nueva Zelanda, se sitúan Finlandia, Singapur, Suecia y Suiza, todos con 85 puntos; mientras en el extremo opuesto, justo por encima de Sudán del Sur y Somalia, se encuentran Siria (14), Yemen y Venezuela (15).

Las luces del informe las protagonizan los países que más progresos realizan en la lucha contra la corrupción en la última década, con Grecia, Myanmar (Birmania) y Ecuador a la cabeza; y las sombras las encarnan los tres que más pierden en la clasificación: Bosnia Herzegovina, Malawi y Líbano.

Entre las grandes potencias destaca Estados Unidos, que ahonda su caída -por cuarto año consecutivo, toda la Presidencia de Donald Trump- y con 67 puntos marca su peor registro en el CPI desde 2012.

La falta de supervisión en el programa de ayudas por la COVID-19, de un billón de dólares, provocó a la ONG “seria preocupación” y significó, a juicio de TI, un “retroceso significativo” con respecto a la tradición de “normas democráticas para la promoción de la rendición de cuentas gubernamental”.

China suma un punto (42) y dos posiciones (78); y Rusia, bastante más atrás, gana dos puntos y dos puestos (30 y 129).

Como en los últimos años, en América Latina encabezan la lista regional Uruguay y Chile, con 71 y 67 puntos, respectivamente; y la cierran Venezuela y Nicaragua, con 15 y 22.

El informe incide en sus recomendaciones para los países, que pasan por el refuerzo de los supervisores, la contratación pública abierta y transparente, la defensa de la sociedad civil y la democracia y el derecho a la información, especialmente en materia presupuestaria.

“La transparencia es esencial para asegurar que los recursos públicos se emplean adecuadamente y alcanzan a los beneficiarios objetivo”, afirma el texto.

México no está entre los países limpios de corrupción, dice índice global. Aparece entre el montón

jueves, enero 28th, 2021

La consejera regional para América Latina de Transparencia Internacional, Luciana Torchiario, afirmó que en México “las redes de la corrupción están muy enraizadas en el Estado”, pese a que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a acabar con este problema.

Por Juan Palop

Berlín, 28 ene (EFE).– El coronavirus ha socavado la ya compleja lucha de América Latina contra la corrupción, afirma en su tradicional clasificación anual la ONG Transparencia Internacional (TI), que califica de “frustrante” la situación regional.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) 2020, los países latinoamericanos que sus ciudadanos perciben como más limpios son Uruguay, Chile y Costa Rica, con 71, 67 y 57 puntos, respectivamente, sobre un máximo de 100. Mientras Venezuela (15), Nicaragua (22) y Honduras (24) perseveran como los más corruptos.

Entre unos y otros se sitúan Cuba (47), Argentina (42), Colombia y Ecuador (39), Brasil y Perú (38), El Salvador (36), Panamá (35), Bolivia y México (31), República Dominicana y Paraguay (28).

Así, sólo aprueban tres de los 19 países latinoamericanos analizados (16 por ciento) y la puntuación media es 43. La sensación es de estancamiento en el mejor de los casos y, en ocasiones, de retroceso en áreas sensibles.

Éste es el análisis general de la consejera regional para América Latina de TI, Luciana Torchiario, que aseguró en una entrevista a EFE que la región “vuelve a fracasar en la lucha contra la corrupción” y que es especialmente “frustrante en el contexto de la pandemia que no se haga un buen uso de los recursos”.

“En muchos países se ha registrado una regresión en los pesos y contrapesos, una gestión opaca de la pandemia, y recortes del derecho a la información y de la libertad de expresión”, resumió.

A su juicio, es importante que la pandemia “no sea una oportunidad para la corrupción”, sino un “imperativo para mejorar la lucha” contra las prácticas ilegales, para reforzar la eficiencia y la transparencia en la gestión de los recursos públicos.

Preocupan especialmente los dos últimos clasificados, países con una “institucionalidad muy precaria”. Según Torchiario, la democracia es “prácticamente inexistente” en Venezuela, donde la oficina regional de TI estima que la corrupción ha hurtado cinco mil millones de dólares a la sanidad. “Nos preocupa”, aseguró.

El apartado regional del informe de TI destaca además dos países, Honduras y Perú, por estar en este momento en una encrucijada en el ámbito de la transparencia.

Honduras es un caso “difícil” porque a la COVID se sumaron el año pasado dos grandes huracanes. El país, con déficit de transparencia, ha experimentado además “bastantes regresiones democráticas”, como el fin de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACIH).

Perú tiene ante sí “desafíos importantes” y ha registrado algunos avances legales (financiación de partidos, eliminación del sufragio pasivo para corruptos) y judiciales (caso Odebrecht), pese a que sigue “subsumido en la corrupción”.

“En las elecciones de abril la lucha contra la corrupción va a ser importante antes y después de los comicios”, aseguró.

El informe aporta escasas buenas noticias sobre los pesos pesados de la región. Brasil sufre un “deterioro democrático severo” con “injerencias” y “ataques” a la Justicia y los medios por parte de su Presidente, Jair Bolsonario.

México permanece atascado, pese al compromiso en este ámbito de su Presidente, Andrés Manuel López Obrador, y de los avances en ciertas investigaciones, como la de Pemex. “Las redes de la corrupción están muy enraizadas en el Estado”, señaló Torchiario.

En Argentina se están ralentizando los procesos judiciales vinculados con casos de corrupción y crece “la sensación de que la justicia no es independiente”.

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La principal luz en la región es Ecuador, de quien TI resalta que ha mejorado siete puntos en los últimos ocho años, pese afrontar “desafíos muy serios”. La condena al expresidente Rafael Correa ha hecho mejorar la percepción del país, que ha sido sin embargo el “epicentro” de la corrupción ligada a la COVID, matizó Torchiario.

ESCASOS AVANCES A NIVEL GLOBAL

A nivel global, el informe resalta el vínculo entre corrupción y pandemia, y lamenta los escasos avances en los 180 países que analiza, de los que dos tercios suspenden la prueba. TI habla de una “imagen nefasta”.

Dinamarca y Nueva Zelanda se mantienen en la cabeza de la lista, con 88 puntos cada uno, mientras que Sudán del Sur y Somalia, con 12 puntos, reinciden en la parte inferior de la clasificación.

Estados Unidos ahonda su caída -por cuarto año consecutivo- y con 67 puntos marca su peor registro desde 2012. China suma un punto (42) y dos posiciones (78); y Rusia, bastante más atrás, gana dos puntos y dos puestos (30 y 129).

El informe recomienda el refuerzo de los supervisores, la contratación pública abierta y transparente, la defensa de la sociedad civil y la democracia y el derecho a la información, especialmente en materia presupuestaria: “La transparencia es esencial para asegurar que los recursos públicos se emplean adecuadamente y alcanzan a los beneficiarios objetivo”.

México mejora en el Índice de Percepción de Corrupción: sube 6 lugares y está en el puesto 124

miércoles, enero 27th, 2021

¿En México hay menos corrupción? Así lo perciben los mexicanos y expertos en la materia consultados por las organizaciones Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, las cuales elaboraron el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2020. El país se ubica en el lugar 124 de 180 naciones evaluadas.

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).– México escaló seis lugares en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2020 colocándose en el lugar 124 de 180 países evaluados, pero continúa siendo el país con la calificación más baja entre los que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), informaron Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana.

Al presentar la edición 2020 del Índice de IPC para 180 países, las organizaciones destacaron que México mejoró dos puntos su calificación respecto a 2019, pasando de 29 a 31 puntos (donde 0 sería la evaluación más baja y 100 la mejor evaluación posible). En términos relativos, subió seis lugares, pasando de la posición 130 (2019) a la 124 (2020) entre los países evaluados. México se ubica junto a naciones como Bolivia, Kenia, Kirguistán y Pakistán.

Aunque estos datos muestran una tendencia positiva para el país, México no recupera aún su mejor evaluación histórica, que fue de 35 puntos en 2014.

TABLA-PERCEPCIÓN-CORRUPCIÓN

Con esta calificación, México se ubica ahora en el lugar 124 de 180 países evaluados. Foto: Transparencia Mexicana.

El informe destacó que un tema delicado en el caso mexicano es la falta de sanciones a los casos y redes de corrupción que ya son del conocimiento de la opinión pública tras ser revelados por periodistas de investigación. En 2020, Transparencia Internacional informó que en el periodo 2016 a 2019 ninguno de los casos de corrupción transnacional que involucran empresas y funcionarios mexicanos fue sancionado en México.

“El riesgo de impunidad, tras conocerse estos casos y no haber identificado sanciones firmes por parte de las autoridades sigue latente”, se lee en el documento.

La consejera regional para América Latina de Transparencia Internacional, Luciana Torchiario, dijo en entrevista para la agencia EFE, que México permanece atascado, pese al compromiso en este ámbito de su Presidente Andrés Manuel López Obrador y de los avances en ciertas investigaciones, como la de Pemex. “Las redes de la corrupción están muy enraizadas en el Estado”, señaló.

El Índice de Percepción de Corrupción es el instrumento más acreditado a nivel internacional en medición de percepción de la corrupción, registra la opinión de analistas, personas expertas y mujeres y hombres de negocios de diversos países sobre la situación que guarda la corrupción en cada uno de los países evaluados.

El nuevo reporte pone especial énfasis en lo ocurrido en materia de corrupción a partir de la emergencia sanitaria por COVID-19.

Encabezan la edición del IPC en 2020, Dinamarca y Nueva Zelanda (88 puntos, posición 1), Finlandia, Singapur, Suecia y Suiza (85 puntos, posición 2 de 180 países). En la parte baja del índice se ubican Sudán del Sur y Somalia (12 puntos, en la posición 179 de 180 países evaluados).

LAS RECOMENDACIONES

—En el marco de la emergencia sanitaria y sus consecuencias sociales y económicas, Transparencia Internacional recomendó a México fortalecer las instituciones del sistema anticorrupción, especialmente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI).

—Sugirió que la Auditoría Superior de la Federación fiscalizara el gasto público en tiempo real, con particular énfasis en el gasto en salud y los programas sociales y de reactivación económica.

—El INAI debe concentrarse en asegurar el principio de máxima publicidad en las acciones de salud pública, educación y reactivación económica vinculadas con los efectos de la emergencia sanitaria, recomendó.

—A la Fiscalía General de la República y a las instituciones de impartición de justicia les pidió concentrarse en dar resultados concretos: sentencias a redes de corrupción, recuperación de activos desviados en grandes casos de corrupción y asegurar la reparación de daño a las víctimas para delitos vinculados con actos de corrupción.

Transparencia: México detuvo la caída, que se agudizó con EPN, en el Índice global de corrupción

jueves, enero 23rd, 2020

La caída de México en este indicador de agudizó desde 2015, con la llegada de Enrique Peña Nieto al poder. México logró colocarse en la posición 130 de los 180 evaluados, respecto al sitio 139 que obtuvo en 2018; para ubicarse junto a los países de Guinea, Laos, Maldivas, Mali, Myanmar y Togo. Transparencia Mexicana informó que a partir del 2015, el país registró una caída en la calificación de este instrumento.

–Con información de The Associated Press

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).– México mejoró un punto –con relación a 2018– en el ranking mundial Índice de Percepción de la Corrupción, al ubicarse en la posición 130 de 180 países evaluados por Transparencia Internacional.

De acuerdo con la organización, el país obtuvo 29 de 100 puntos posibles en el instrumento, una mejora en la calificación de México, lo que significa que se “detuvo una caída de cinco años consecutivos en el Índice“.

La caída de México en este indicador de agudizó desde 2015, con la llegada de Enrique Peña Nieto al poder. México logró colocarse en la posición 130 de los 180 evaluados, respecto al sitio 139 que obtuvo en 2018; para ubicarse junto a los países de Guinea, Laos, Maldivas, Mali, Myanmar y Togo. Transparencia Mexicana informó que a partir del 2015, el país registró una caída en la calificación de este instrumento.

La cabeza del comunicado dice, textualmente: “México detiene caída en el Índice de Percepción de la Corrupción: Transparencia Mexicana”.

Luego viene un sumario:

“En 2019, México obtuvo una calificación de 29 puntos (en una escala donde 0 es mayor percepción y 100 menor percepción), y ocupa la posición 130 de 180 países evaluados por Transparencia Internacional. Entre 2018 y 2019, México mejoró un punto y con ello detiene una caída sistemática que empezó en 2015. Para regresar a los niveles de 2014, México tendría que mejorar seis puntos más. México sigue siendo el país peor evaluado entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en la posición 36 de 36 países miembros”.

Después la nota:

“Berlín/Ciudad de México, 23 de enero de 2010 Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional presentaron hoy su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). Este instrumento registra la opinión de analistas, empresarias, empresarios y académicos de todo el mundo sobre su percepción de la corrupción en 180 países. Al mejorar su calificación en un punto respecto a 2018, México detuvo una caída de 5 años consecutivos en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. México obtuvo 29 de 100 puntos posibles en este instrumento internacional, lo que representa una diferencia de un punto respecto al 2018”.

“A partir de ese momento, año tras año México fue deteriorando su calificación y perdiendo lugares en su posición relativa con otros países. Aunque la mejora de un punto es una señal positiva, si el país quisiera obtener nuevamente la calificación de 2014, tendría que mejorar otros seis puntos”, señaló la ONG.

Respecto a otros países del continente Americano, México se ubica por debajo de Canadá (12), Estados Unidos (23), Chile (26), Argentina (66), Colombia (96), Brasil (106), El Salvador (113) y Bolivia (123).

Mientras que países como República Dominicana (137), Paraguay (137), Guatemala (146), Honduras (146) y Nicaragua (161), se colocaron por debajo del país. A nivel mundial, los países con mejor calificación son Nueva Zelanda y Dinamarca, ambos en la posición número 1, seguidos por Finlandia, Singapur, Suecia y Suiza.

Ante el resultado, Transparencia Mexicana recomendó que para revertir la tendencia de los últimos cinco años, el país debería consolidar el Sistema Anticorrupción, a nivel estatal y en los tres poderes.

“Asegurar el cumplimiento cabal de la publicidad de las declaraciones patrimoniales y de intereses para todos los servidores públicos, especialmente en áreas de riesgo y alto nivel”, añadió la ONG.

Además, encomendó tener una Fiscalía General de la República (FGR) autónoma e independiente, que cuente con los controles democráticos a fin de evitar su uso selectivo o político. El ranking Índice de Percepción de la Corrupción considera 13 fuentes de información de 12 instituciones distintas que recopilan percepciones de empresario, así como expertos en materia de anticorrupción en los 180 países evaluados.

Los datos son estandarizados en una escala de 0-100, en la que 0 es igual al nivel más alto de corrupción percibida y 100 es igual al más bajo, según explicó la organización. Y precisó que en el caso de México, el resultado se construyó a partir de nueve fuentes de información que recopilaron datos de 2018 y 2019.

FALLAN LAS POTENCIAS

Estados Unidos y varias potencias industriales líderes tratan de mantener el impulso en la lucha contra la corrupción, según un reporte publicado el jueves que instó a los gobiernos a abordar los problemas de financiamiento de los partidos políticos.

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) anual, elaborado por el grupo de monitoreo Transparencia Internacional, mide la percepción de la corrupción en el sector público en 180 naciones. Emplea una escala donde 100 equivaldría a una nación muy limpia y cero a una muy corrupta.

Los 69 puntos de Estados Unidos, que recibió dos menos que el año anterior, fueron su peor resultado en ocho años, según Transparencia Internacional. Además, se situó en la 23ra posición de la lista, una más abajo que en la anterior revisión.

El reporte cita desafíos como las “amenazas a su sistema de controles y balances” y “la influencia cada vez mayor de intereses especiales en el gobierno”, así como el inicio del juicio político a su Presidente, Donald Trump.

Dinamarca, el país mejor valorado el año pasado, empató por el primer puesto con Nueva Zelanda, ambos con 87 puntos. Por detrás se situó Finlandia, y Singapur, Suecia y Suiza, empataron por la cuarta posición. Noruega, Holanda y Alemania y Luxemburgo _ las dos últimas igualadas en el noveno puesto _ completaron la parte alta de la clasificación.

Canadá perdió cuatro puntos hasta los 77 y quedó en la 12da posición. Sacó la misma valoración que Gran Bretaña, que obtuvo tres puntos menos, como Francia, que a su vez empató con Estados Unidos.

Del resto de miembros del Grupo de los Siete países más industrializados del mundo, Alemania y Japón, que quedó en la 20ma plaza, no sufrieron cambios, y solo Italia ganó un punto para sumar 53, que la dejan 51ra.

El último puesto volvió a ser para Somalia, con nueve puntos. Sudán del Sur, Siria y Yemen quedaron justo por encima, por detrás de un grupo de naciones igualadas por la 173ra posición que incluyó a Venezuela y Afganistán.

Uruguay, que empató con Emiratos Árabes Unidos con 71 puntos, y Chile, con 67, fueron los primeros países latinoamericanos de la lista en el 21er y 26to puesto, respectivamente. En el lado opuesto de la balanza, además de Venezuela, se situaron Haití, 168vo con 18 puntos, y Nicaragua, 161ro con 22.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Evan Vucci, AP

El informe destacó la situación de Nicaragua, que perdió siete puntos desde 2012, por ser una nación en la que “la sociedad civil y los partidos de la oposición son excluidos sistemáticamente del proceso político, mientras que los grupos críticos con el Gobierno operan en un clima cada vez más restrictivo”.

Transparencia Internacional hizo hincapié en el avance de Ecuador, empatado con otros dos países por la 93ra plaza con 38 puntos, porque “en los dos últimos años redujo algunas restricciones a la sociedad civil”, agregando que, pese a esto, el Gobierno “mantiene un excesivo poder regulador sobre las ONGs”.

El grupo llamó también la atención sobre Brasil (106to con 35 puntos), donde “la corrupción sigue siendo uno de los mayores impedimentos para el desarrollo económico y social”. Desde la elección de Jair Bolsonaro como Presidente, el país “experimentó una serie de reveses en sus marcos legales e institucionales anticorrupción” y “enfrentó dificultades para avanzar en reformas de amplio alcance en su sistema político”, agregó el reporte.

Más de dos tercios de los países recibieron menos de 50 puntos y el promedio fue de apenas 43, señaló Transparencia Internacional, agregando que los mejor situados en su índice tienen una férrea aplicación de las leyes de financiamiento electoral.

“La frustración por la corrupción gubernamental y la falta de confianza en las instituciones habla sobre la necesidad de una mayor integridad política”, dijo la directora del grupo, Delia Ferreira Rubio. “Los gobiernos deben abordar urgentemente el papel corruptor de las grandes corporaciones en la financiación de los partidos políticos y la influencia que tienen en nuestros sistemas políticos”.

El Presidente brasileño, Jair Bolsonaro, habla con los periodistas al salir de su residencia oficial, el Palacio Alvorada. Foto: Eraldo Peres, AP

El informe destacó también que “la integridad en el país no siempre se traduce en integridad en el extranjero, y múltiples escándalos en 2019 demostraron que la corrupción transnacional está a menudo facilitada, permitida y perpetuada por los aparentemente limpios países nórdicos”.

Armenia y Angola lograron importantes avances este año, sumando siete puntos cada una para alcanzar los 42 (77ma plaza) y 26 (146ta), respectivamente.

En 2017, 62% de los mexicanos veía un aumento en la corrupción. En 2019, bajó a 44%: Transparencia

lunes, septiembre 23rd, 2019

Los mexicanos perciben menos corrupción en el país que hace dos años, así lo reveló la edición regional del décimo Barómetro Global de la Corrupción, la cual arrojó que el número de personas que considera que este problema en México aumentó pasó de 61 por ciento en 2017 a 44 por ciento en 2019, es decir, tuvo una disminución.

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).– Los mexicanos perciben menos corrupción que hace dos años y el 61 por ciento valora de manera positiva la estrategia del Presidente Andrés Manuel López Obrador para erradicar este problema, según un estudio de la organización Transparencia Internacional (TI) publicado este lunes.

La edición regional del décimo Barómetro Global de la Corrupción, el número de personas que considera que la corrupción en México aumentó pasó de 61 por ciento en 2017 a 44 por ciento en 2019, es decir, tuvo una disminución.

De acuerdo con el estudio, 21 por ciento de la población encuestada en México consideró que la corrupción había disminuido (durante los doce meses anteriores a la realización del estudio). En contraste, en el Barómetro 2017, 6 por ciento de los encuestados reportó que la corrupción en México había disminuido.

En cuanto a la opinión que los mexicanos tienen sobre el desempeño del Gobierno en el tema, se preguntó: “¿qué tan bien o mal diría usted que el gobierno actual está manejando la lucha contra la corrupción?” En 2019, 61 por ciento de los encuestados señalaron que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador está actuando “bien” o “muy bien” en lo que se refiere a la lucha contra la corrupción.

En 2017, en contraste, 24 por ciento de los encuestados consideraron que el Gobierno de Enrique Peña Nieto actuaba “bien” o “muy bien” en contra de la corrupción. La diferencia entre la evaluación de Enrique Peña Nieto y la de Andrés Manuel López Obrador es de 37 puntos porcentuales.

El Barómetro Global de la Corrupción 2019 también muestra que una de cada tres personas (34 por ciento) tuvo que pagar un soborno en México para acceder a un trámite o servicio público. En cambio, en 2017, la mitad de los encuestados (51 por ciento) reportó haber incurrido en esta práctica. El número de personas que declaró haber pagado un soborno se redujo 33 por ciento entre 2017 y 2019.

Los servicios públicos en los que un mayor porcentaje de mexicanos reporta haber pagado un soborno se relacionan con la policía (52 por ciento), con el acceso a la justicia (35 por ciento) y con la provisión de servicios públicos básicos (30 por ciento).

México se ubica entre los países con un mayor porcentaje de personas que reconoce haber pagado sobornos, con 34 por ciento de los encuestados, sólo por encima de Venezuela donde 50 por ciento reporta haberlo hecho.

La compra de votos, por su parte, sigue siendo un problema en México, donde el 50 por ciento asegura que se le ha ofrecido dinero para respaldar a un partido o candidato, seguido por República Dominicana (46 por ciento), Colombia y Brasil (40 por ciento).

“Algo muy llamativo es la compra de votos en México. Es un caso excepcional, el país más destacado en este apartado. Otro dato preocupante es que uno de cada cuatro de los que se le ha ofrecido dinero dice haber sido amenazado para votar realmente por lo que se le pagó”, señaló a la agencia EFE la directora ejecutiva de TI.

Sobre estos resultados, Transparencia Internacional insta a los gobiernos a castigar la compra de votos, a reforzar la transparencia financiera de partidos y candidatos y a mejorar la eficiencia de los servicios públicos. También pide que se garantice la independencia de la Justicia, que se proteja a los denunciantes y que se reconozca la extorsión sexual como una forma de corrupción.

El informe llama también a implementar el Compromiso de Lima, que contiene 57 acciones para reforzar la acción de los gobiernos contra la corrupción, y difundir públicamente los avances en este ámbito.

En 2018, último año de EPN, México se volvió el país más corrupto de G20 y OCDE; cayó 3 lugares más

lunes, enero 28th, 2019

México continuó cayendo en el Índice de Percepción de la Corrupción. De acuerdo con Transparencia Internacional, en 2018 obtuvo 28 puntos de 100 y se ubicó en la posición 138 de 180 países evaluados. La calificación de este año significa un retroceso de tres escaños respecto a la evaluación anterior y coloca al país como el peor calificado de las naciones que integran la OCDE y el G20.

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).–La percepción mundial de que México es un país corrupto va en aumento y es el peor calificado en este rubro de entre las naciones que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el G20, reveló el Índice de Percepción de la Corrupción 2018 realizado por Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional.

México obtuvo 28 puntos de 100 y se ubicó en la posición 138 de 180 países evaluados. La calificación de este año significa un retroceso de tres escaños, el año pasado obtuvo 29 puntos de 100 y se encontraba en el lugar 135 de 180.

La caída de México ha sido constante en los últimos diez años, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción. En 2018, México obtuvo una puntuación de 28 en una escala que va de 0 a 100, donde “0” es el país peor evaluado en corrupción y “100” es el mejor evaluado en la materia.

Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana revelaron que la evaluación mantiene a la nación por debajo de sus principales socios y competidores económicos: 40 posiciones separan a México de China, India y Brasil.

El ranking, que a nivel mundial pone a Nueva Zelanda y Dinamarca como los países menos corruptos y a Somalia como el el mayor, evidencia que sólo dos de los 19 países latinoamericanos analizados aprobaron -al obtener más de 50 puntos de un máximo de 100- y once empeoraron sus datos con respecto al año pasado, entre ellos México.

De acuerdo con Transparencia Internacional, México, la decimoquinta economía del mundo, sigue su tendencia a la baja, ubicándose entre países con problemas graves de gobernabilidad y menores niveles de ingreso y desarrollo humano.

“Los 28 puntos que México obtuvo en la escala de 0 a 100 del IPC 2018 de Transparencia Internacional lo colocan en el último lugar entre los miembros de la OCDE, quedando por debajo de países como Grecia o Hungría, que en años recientes enfrentaron problemas severos de gobernabilidad y viabilidad económica”, expone el informe.

En la región, México presenta también resultados poco alentadores: Chile, por ejemplo, lo aventaja por 111 lugares; y Argentina, otro estado federado como México, por 53. México se ubica al final de la tabla de la región, apenas por encima de Guatemala y Nicaragua, países que enfrentan severas crisis de gobernabilidad democrática.

LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO

Un análisis elaborado por Transparencia Mexicana sobre la política anticorrupción en México identificó que el grueso de las medidas adoptadas por este país son de carácter preventivo, y muchas de ellas han resultado ineficaces. En contraste, un número limitado de las acciones anticorrupción en México conducen a la sanción, la recuperación de activos robados o la reparación del daño a las víctimas.

De acuerdo con la organización, en prácticamente ningún caso, México ha logrado desmantelar las redes de corrupción detectadas, ni las redes que les han brindado protección política.

“Las medidas preventivas tomadas hasta ahora pierden efectividad cuando quienes participan en las redes de corrupción saben bien que no serán sentenciados y que podrán mantener los recursos desviados del erario público”, señaló Eduardo Bohórquez, director de la oficina en México de Transparencia Internacional.

La falta de sanciones por corrupción en México es lamentable, concluyó Transparencia Internacional. En materia penal, de acuerdo con datos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entre 2013 y 2016, sólo 2.9 por ciento de las acciones penales terminaron en condena.

Por lo que toca al cohecho internacional, Transparencia Mexicana analizó los resultados de la Convención para prevenir el Cohecho de la OCDE, ratificada por México en 1999. Desde ese año, y hasta la fecha, se inició un número limitado de investigaciones y ninguna de ellas ha sido sancionada.

El marco legal anticorrupción aprobado por México en 2015 sigue sin ser implementado a cabalidad. A tres años de la creación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción no está plenamente integrado y no es funcional como sistema.

“Siguen sin ser nombrados los titulares de la fiscalías especial anticorrupción, delitos electorales y derechos humanos; figuras clave en el control de la corrupción y sus efectos. El nombramiento de jueces anticorrupción en materia administrativa también está pendiente y los estados de la República tampoco han consolidado sus sistemas locales”, destacó el informe de la organización.

Transparencia Internacional consideró que México carece de una política anticorrupción integral para todos los niveles y poderes de gobierno. “Sin una política efectiva en todo el territorio, los escándalos de los que la sociedad mexicana ha sido testigo por décadas seguirán sucediendo, y México se mantendrá en esta lamentable posición, en éste y otros índices internacionales”, advirtió.

LAS RECOMENDACIONES

El nuevo Gobierno de México promete cambiar el rostro del país, pero arrastra con varias problemáticas heredadas del anterior sexenio, una de ellas es la corrupción.

Diversos analistas señalan que así como la guerra contra el narcotráfico marcó al sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), la corrupción fue el estigma de la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Más que por las reformas estructurales, el ex mandatario priista será recordado por los escándalos de corrupción, el auge de la violencia y la bajísima popularidad con la que se despidió del cargo.

Entre las promesas del Presidente Andrés Manuel López Obrador destacan el combate frontal a la corrupción y a la violencia, dos males crónicos del país, a lo que se suma un mensaje disrruptivo para acabar con privilegios en la administración pública.

Transparencia Internacional recomendó a México una serie de medidas para acabar con la corrupción, entre las que se encuentran:

– Consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción, pasando de la etapa de nombramientos a generar primeros resultados.

– Corregir las acciones preventivas que no logren resultados medibles y orientar la política anticorrupción hacia la sanción y la recuperación de activos.

– Desmantelar las redes de corrupción que operan a nivel nacional y que gozan de protección política en los diferentes órdenes de gobierno.

– Mantener un esfuerzo continuo y sistemático en la política anticorrupción.

Corrupción y espionaje no se van del todo impunes: PRI y EPN serán castigados en la urna, coinciden

lunes, junio 25th, 2018

En el segundo año de mandato del priista Enrique Peña Nieto estalló el primer escándalo de corrupción por la “casa blanca” y luego vino la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Guerrero. Pero siguieron más casos: los supuestos sobornos de la constructora OHL México, el desvío de recursos públicos de gobiernos estatales y, entre muchos otros, el de la constructora brasileña Odebrecht que, a pesar de involucrar a funcionarios de Pemex, México ha sido el único país –junto con Venezuela– en no sancionar a los señalados.

En todas las denuncias acumuladas por presunta corrupción en el Gobierno federal, la Secretaría de la Función Pública sigue pasmada y el Sistema Nacional Anticorrupción no opera.

A la par de los señalamientos y la “resistencia” gubernamental a esclarecer las acusaciones vino también el espionaje a activistas y la fiscalización a organizaciones civiles, que denunciaron al Gobierno de EPN de acosarles, en un capítulo que provocó y que aún genera una fuerte tensión.

El Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional ha situado a México en lugares cada vez peores en el transcurso del actual sexenio: pasó del sitio 106 al 135 de 2013 a 2017. Otros índices de impunidad y transparencia presupuestal reflejaron el mismo retroceso. Especialistas consultados por SinEmbargo coincidieron en que los intereses llevaron al Gobierno federal a la simulación, por lo que el costo político en las urnas para su partido, el PRI, será significativo.

Ciudad de México, 25 de junio (SinEmbargo).- A pesar de que año con año Transparencia Mexicana exigió crear e implementar el Sistema Nacional Anticorrupción, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto México se hundió de 2013 a 2017 del lugar 106 al 135 en percepción de corrupción en el sector público, con lo que también se ubicó en el peor sitio entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y hoy destaca como el segundo más corrupto en la región latinoamericana.

El fenómeno del empeoramiento de la opacidad y la impunidad en este sexenio también se repite en el coeficiente TAI (Transparencia, Anticorrupción y lucha contra la impunidad) de Impunidad Cero, en el de impunidad de la Universidad de las Américas Puebla y en la calidad de información presupuestal de gobiernos estatales y municipales medido por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

“Percibo un débil liderazgo político en este tema que incomoda no sólo al Gobierno federal sino a la clase política en general. Hay excepciones, por supuesto, pero en general es difícil avanzar una agenda anticorrupción para el país si los funcionarios o políticos simulan adoptar medidas o si tras bambalinas buscan frenarlas”, aseguró Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.

La forma en la que la administración de Peña manejó la agenda anticorrupción y de impunidad, más que el peso de las reformas estructurales, dijo, ha sido “determinante” en la evaluación del gobierno saliente y la intención del voto, por lo que tendrá un costo político: se prevé que pierdan el 70 por ciento de las elecciones a Gobernador; una parte muy importante del Congreso y, cuando menos con las encuestas disponibles, la Presidencia de la República.

Maximiliano García Guzmán, especialista en Gobierno y Asuntos Públicos, explicó que para que exista la corrupción hay un conjunto de “intereses y de voluntades”, en la que participan tanto actores del sector privado como del público que es muy difícil de detectar y desmantelar.

“En el caso del Gobierno de Enrique Peña Nieto es su talón de Aquiles porque el avance fue mínimo en los marcos institucionales; encontraban muchas resistencias del sector gubernamental porque es a quien menos le convenía en echarlos a andar. Se realizó un ejercicio de simulación”, expuso.

Sobre el espionaje a activistas y el despido de MVS en 2015 a la periodista Carmen Aristegui tras la revelación de la llamada “casa blanca”, García afirmó que al “desconfiar” de la actuación de la sociedad civil y ciertos medios de comunicación, el gobierno “utiliza acciones específicas y recursos públicos para controlar y contener la labor de estas organizaciones, porque no les resultan cómodas”.

Bohórquez también recordó lo del espionaje telefónico a través de Pegasus y auditorías fiscales a organizaciones civiles y sus miembros. Contrastó que antes de 2015 la relación del gobierno con la sociedad civil fue de apertura, pero a partir de las elecciones intermedias de ese año y los escándalos de corrupción estatales, “la relación fue tornándose más tensa”.

Para el representante de Transparencia Mexicana, “las diferencias de opinión se convirtieron en descalificaciones y la segunda etapa de reformas anticorrupción ya no pudo impulsarse”, lamentó. “Esta tensión alcanzó a deteriorar también la relación con el Congreso, que desistió en su impulso de avanzar en pos de un parlamento abierto”.

El ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, es acusado de haber recibido sobornos millonarios por parte de Odebrecht. En México no hay nadie detenido por el escándalo que sacudió a varios países de América Latina. Foto: Cuartoscuro

Ante este marco, los candidatos a la Presidencia de la República han prometido combatir la corrupción, pero el politólogo Maximiliano García también lo ve como parte de la simulación. “Si bien la toman como bandera, los candidatos federales hacia la Presidencia no dicen con claridad qué tipo de acciones concretas se deben hacer para combatir la corrupción más allá del discurso”, afirmó. “Saben que es uno de los temas que tienen más lastimada a la sociedad. El segundo después de la seguridad”.

Por ello, si bien habrá un voto de castigo por parte del electorado hacia el partido del Presidente por la inseguridad y corrupción, el académico dudó si la siguiente administración lo castigará. “Andrés Manuel es con quien menos repercusiones habrá, porque ha mandado señales de puentes con el Gobierno federal. Se investigará, pero está dispuesto al perdón. Los intereses fundamentales no se van a tocar de fondo”, afirmó evocando cuando los legisladores priistas y de Morena votaron en conjunto para elegir a los nuevos comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).

Manuel Guadarrama, de IMCO, expuso que también puede haber costo político a nivel municipal, que es donde más se percibe la diferencia entre el presupuesto recibido y los resultados en las calles.

En el segundo año de mandato del priista Peña Nieto, estalló el primer escándalo de corrupción por la Casa Blanca y la desaparición de 43 normalistas en Guerrero y con el transcurrir de su gestión siguieron apareciendo más: los supuestos sobornos de la constructora OHL México, desvío de recursos públicos de gobiernos estatales y el caso global de la constructora brasileña Odebrecht que, a pesar de involucrar a funcionarios de Petróleos Mexicanos, este país ha sido el único junto con Venezuela en no sancionar a los señalados. La Secretaría de la Función Pública (SFP) de la ex Procuradora Arely Gómez, también gestionada por Virgilio Andrade Martínez, sigue pasmada.

“A pesar de que en 2014 y en 2015, el Congreso de la Unión aprobó las reformas constitucionales que crearon los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción –lo que podría haber contribuido a una mejor evaluación internacional– una serie de escándalos en la opinión pública como Ayotzinapa, la llamada ‘casa blanca’, Oceanografía, OHL, acusaciones contra los ex Gobernadores de Aguascalientes, Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Sonora, Tabasco, entre otros, hicieron imposible que dichos cambios institucionales tuvieran un efecto positivo en el Índice de Percepción de la Corrupción”, destacó Transparencia Mexicana en el reporte del índice de 2015, año en que el país se estancó en combate al fenómeno.

Alertó que la corrupción es el impuesto más regresivo en el país y un obstáculo directo para el acceso a los servicios más elementales para el desarrollo como salud, educación, seguridad y justicia. No obstante, México siguió retrocediendo en 2016 y 2017.

El politólogo Maximiliano García alertó que la impunidad provoca falta de confianza en las instituciones e impacta en la generación de la cultura democrática. “Naturalizamos la corrupción, se nos hace algo normal y cotidiano cuando en realidad es un fenómeno que debe combatirse”, expuso ejemplificando con los señalamientos de corrupción durante este proceso electoral que no han tenido repercusiones.

EL PEOR ENTRE LA OCDE

El Índice de Percepción de la Corrupción lanzado anualmente por Transparencia Internacional clasifica a 180 países del mundo (en 2013 fueron 177 y luego 175) a partir de la percepción de los niveles de corrupción que existen en su sector público. El índice se construye en una escala que va de 0, donde la percepción de corrupción es más alta, a 100, donde la percepción de corrupción es menor.

En 2013, cuando arrancaba el sexenio de Peña Nieto y sus reformas estructurales fueron aplaudidas por el extranjero, México obtuvo una calificación de 34 puntos, lo que lo ubicó en la posición 106 junto con Argentina, Gabón y Níger. En América Latina, la diferencia entre el país mejor ubicado (Canadá lugar 9) y el país fue de 87 posiciones.

Ante ello, Transparencia Mexicana, la organización civil que destaca los resultados del país, llamó desde entonces a consolidar un auténtico “Sistema Nacional de Integridad”, en materia de acceso a la información pública, órganos de fiscalización y control, un nuevo régimen de responsabilidades para los servidores públicos y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

En 2014, bajó un punto en mala percepción. El índice no alcanzó a medir el caso de la casa de la familia presidencial de 7 millones de dólares ubicada en Lomas de Chapultepec, evidenciada en noviembre por un reportaje que, un juez lo resolvió, provocó el despido de la periodista Carmen Aristegui de MVS Noticias. La mansión fue construida por Grupo Higa, una de las empresas que ganó la licitación del tren México-Querétaro (su cancelación provocó una fisura en la relación comercial con China) y que levantó obras importantes en el Estado de México cuando Peña Nieto fue Gobernador (2005-2011).

México obtuvo una puntuación de 35 sobre 100 y se ubicó en la posición 103 junto con Bolivia, Moldavia y Níger; la peor entre los 34 miembros de la OCDE. En América Latina, se localizó por debajo de sus principales socios y competidores económicos: 82 posiciones por debajo de Chile, 34 lugares por debajo de Brasil.

Por ello Transparencia Mexicana volvió a exigir un Sistema Nacional Anticorrupción con Fiscal independiente, así como legislación contra el conflicto de interés en todos los niveles de gobierno y la declaración 3de3 de los aspirantes a un cargo público.

Javier Duarte de Ochoa, ex Gobernador de Veracruz, es uno de los miembros del llamado “nuevo PRI” que hoy está tras las rejas por actos de corrupción cometidos en su gestión estatal. Foto: Iván Stephens, Cuartoscuro

En 2015, el país se estancó en materia de combate a la corrupción. México obtuvo una puntuación de 35 en una escala que va de cero (altos niveles de corrupción) a 100 (bajos niveles de corrupción), la misma que en 2014. Incluso Brasil, cuya calificación empeoró 10 por ciento respecto a la del año anterior, se encuentra 19 lugares arriba de México.

“México sólo podrá mejorar su calificación en este índice si se implementan las reformas en materia de transparencia y anticorrupción, y muestran ser eficaces para seguir ampliando la información pública y reducir la impunidad en los delitos asociados con corrupción en el país”, determinó la organización civil.

En el 2016 bajó al lugar 30 de la escala, el peor de los países de la OCDE. Además, al ubicarse en el lugar 123 figuró entre las seis naciones más corruptas de América Latina, igual que Honduras, y por debajo de Colombia o Perú.

A pesar de los esfuerzos por establecer un nuevo sistema anticorrupción, y probablemente por “las resistencias” que ha despertado, dijo Transparencia Mexicana, México cayó en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017. Empeoró por un punto al pasar de 30 a 29, lo que lo colocó en la posición 135 de 180 países.

A nivel regional, México volvió a estar entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe y, junto a Rusia, el país peor evaluado del G20 y el peor evaluado de la OCDE.

En 2017 se sumó la Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que señaló que en México el lavado de dinero aún no es un delito que se persiga de manera proactiva y sistemática, lo cual es un riesgo de impunidad y corrupción tanto para el sector público como el privado.

OHL se convirtió en medio del sexenio en una empresa asociada a actos de corrupción con la admnistración federal. Foto: Isaac Esquivel, Cuartoscuro

Por ello Transparencia Mexicana por quinto año consecutivo urgió el SNA y agregó la necesidad de incorporar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el SNA, para fortalecer las investigaciones de lavado de dinero y las llamadas “empresas fantasma”. También pidió una Fiscalía General autónoma.

En diciembre del año pasado, Impunidad Cero y Transparencia Mexicana presentaron el Coeficiente TAI, el cual confirmó que ninguna entidad federativa ha avanzado de manera integral en controlar opacidad, corrupción e impunidad.

A nivel nacional, el Coeficiente TAI 2017 es de 60.59 unidades de un máximo de 100, donde a mayor valor peor desempeño. Morelos, Sinaloa, Querétaro, Durango y Chihuahua son las entidades con peor desempeño en transparencia, corrupción e impunidad, en conjunto, de acuerdo con el índice de índices.

Veracruz salió bien evaluado por sus métricas incorrectas, se precisó. Era bien evaluado en transparencia, pero su ex Gobernador Javier Duarte fue encarcelado por enriquecimiento ilícito y desvío de recursos.

De las 32 entidades, 20 presentan problemas en impunidad; nueve en opacidad; y tres en corrupción.

 LA IMPUNIDAD

La impunidad simple y llana, entendida como delito sin castigo, estaría en los márgenes del 99 por ciento en México. Es decir, menos del 1 por ciento de los delitos en México son castigados, reveló el Índice de Impunidad de México (IGI-MEX) que se construyó a partir del modelo teórico sobre impunidad y la metodología cuantitativa del Índice Global de Impunidad 2015 (IGI). De 2015 a 2017 pasó del lugar 58 al 66 de países con más impunidad.

Esto considerando que solamente se denuncian 7 de cada 100 delitos cometidos por lo que la cifra negra en México desde 2013 alcanza un porcentaje no menor al 92.8 por ciento, y que del total de delitos consumados, solamente existe un 4.46 por ciento de sentencias condenatorias. Las cifras no han variado significativamente: 97 por ciento de impunidad, 6 de cada 100 se procesan y solo 3 se condenan.

En el último informe de la UDLAP, su rector Luis Ernesto Derbez Bautista recordó que desde la publicación en 2015 del primer Índice Global de Impunidad se ha señalado que la lucha contra la impunidad debería ser “el elemento clave” de una estrategia para combatir la violencia y la corrupción que afectan a México.

En 2015, los cinco países con los índices más altos de impunidad estudiados por el IGI fueron Filipinas, México, Turquía, Colombia y Rusia. México ocupó el lugar 58 de 193 estados miembros de las Naciones Unidas en materia de impunidad, por su sistema de seguridad y la estructura de su sistema de justicia en las 32 entidades.

En 2016, México estuvo en el sitio 58 de 59 países con mayores niveles de impunidad que mide el IGI. En el de 2017, con el lugar 66 de 69 países nuevamente encabezó la lista de países del continente americano con alto índice de impunidad, seguido de Perú, Venezuela, Brasil, Colombia, Nicaragua, Paraguay, Honduras y El Salvador.

Para 2018, último año de gestión de Enrique Peña Nieto, México ocupó el cuarto lugar del Índice Global de Impunidad (IGI 2017) con 69.21 puntos y lideró la lista de países de América Latina con el más alto índice de impunidad.

“Existe corresponsabilidad de todos los poderes de gobierno (ejecutivo, legislativo y judicial) y en los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) para atender el problema de la impunidad”, determinó este estudio de la UDLAP. El número proporcional de jueces, policías y espacio en las cárceles abona al problema.

LOS ESTADOS OPACOS

El IMCO ha emitido desde 2008 el Índice de Información Presupuestal estatal y municipal. Manuel Guadarrama, investigador de finanzas públicas del think tank, dijo que “es el estándar mínimo” que debe tener cualquier gobierno para poder dar seguimiento efectivo al correcto ejercicio de sus recursos públicos.

Aunque ha habido “una mejora sustantiva” en el cumplimiento básico de la transparencia de su gasto público y contabilidad, porque el cumplimiento nacional alcanza el 80 por ciento, celebró Guadarrama, hay casos en que han empeorado o han permanecido igual en sus desgloses como la Ciudad y el Estado de México, que tienen el mayor presupuesto del país. “No cumplen a cabalidad la ley”, aseguró.

En general, las entidades federativas siguen con una calificación reprobatoria en el 58 por ciento en el ejercicio del gasto. “Los estados reportan cada trimestre. Los Congresos estatales y el federal pueden dar seguimiento puntual a las partidas más opacas, pero su intervención es la que está faltando”, aseveró.

Guadarrama destacó que en Veracruz y Morelos hay una gran brecha entre el gasto aprobado por el Congreso local y el ejercido, por lo que la impunidad también radica en la falta de contrapeso legislativo. Además, la información aportada por Veracruz no llega completa por lo que no es confiable ni verídica.

De los 453 municipios evaluados, el 70 por ciento (320) reprobó el IIP 2017, principalmente de la Ciudad de México, Tlaxcala y Oaxaca.

Además 125 empeoraron frente al 2016, sobre todo de Morelos, Zacatecas y Sinaloa, reportó el think tank en el marco de elecciones y reelección municipal.

El cumplimiento promedio de la contabilidad y la información proporcionada sobre gasto, ingreso y deuda pública por presidentes municipales, cabildos y entidades públicas fue de 42 por ciento, una calificación muy baja.

Premio Latinoamericano de Periodismo cambia de nombre en honor a Javier Valdez

martes, mayo 15th, 2018

El Premio Latinoamericano Periodismo de Investigación cambiará de nombre a partir de este año para homenajear a Javier Valdez, asesinado el pasado 15 de mayo en Culiacán, Sinaloa.

Además, en 2019, el galardón será entregado en la capital sinaloense, informó la Organización de Estados Americanos (OEA), el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y Transparencia Internacional (TI).

Por Roxana Vivanco

En 2019, el premio se entregará en Culiacán, Sinaloa. Foto: Cuartoscuro.

Culiacán, Sinaloa/Ciudad de México, 15 de mayo, (RíoDoce/SinEmbargo).-  El Premio Latinoamericano Periodismo de Investigación a partir de este año llevará el nombre de Javier Valdez, y en la edición 2019 será entregado en Culiacán, Sinaloa, como un homenaje al periodista asesinado el 15 de mayo de 2017.

A través de un comunicado, la Organización de Estados Americanos (OEA) informó que auspiciará el galardón que organizan el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y Transparencia Internacional (TI) desde el año 2002, como un “compromiso de la OEA con el periodismo que investiga la corrupción y las violaciones de derechos humanos, en ocasiones bajo dictaduras y ataques del crimen organizado”.

El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, tras una reciente reunión con Ricardo Uceda, Director Ejecutivo de IPYS, expresó que “recogiendo el sentir de periodistas que cubren el crimen organizado, desde 2018 el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación llevará el nombre de Javier Valdez, en homenaje a este ejemplar periodista asesinado por el narcotráfico en México, donde han muerto más de 100 reporteros desde el año 2000”.

“El Secretario general de la OEA entregará el Premio en noviembre de este año en Bogotá, durante la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (COLPIN 2018). Y el año que viene lo hará en Culiacán, Sinaloa, México, donde se realizará COLPIN 2019. En esta ciudad Javier Valdez dirigía el semanario Riodoce, cuando fue asesinado un día como hoy, el 15 de mayo del 2017”, detalla la información.

Javier Valdez fue asesinado un 15 de mayo de 2017. Foto: Rashide Frías/Cuartoscuro.

Próximamente se firmará también un acuerdo para institucionalizar la participación de la OEA. Uceda dijo que las distinciones, con premios de 10 mil dólares al ganador, 5 mil dólares a los lugares segundo y tercero, y diplomas para 10 finalistas, seguirán siendo decididas por un jurado independiente de los organizadores.

El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, anunció un acuerdo con el IPYS para premiar a los mejores reportajes que empleen peticiones de acceso a la información pública, con distinciones que serán entregadas anualmente en las COLPIN.

“El periodismo de investigación desempeña un rol crítico en lo que refiere a revelar hechos de corrupción, y en ese contexto del derecho de acceso a la información en poder del Estado puede ser una herramienta muy útil para la investigación de irregularidades”, mencionó Lanza.

“Con esta nueva iniciativa, la OEA hace realidad su vocación en pro de la libertad de prensa y la defensa del periodismo independiente”.

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Mexicanos, quienes más pagan sobornos en AL: Transparencia; ve corrupción tupida y extendida

lunes, octubre 9th, 2017

El informe “Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe” de Transparencia Internacional (TI) reveló que los mexicanos son los que más pagan sobornos con un 51 por ciento de respuestas afirmativas por parte de los encuestados. Los ciudadanos perciben un alto grado de corrupción policial y tienen una perspectiva negativa tanto de los esfuerzos gubernamentales contra la corrupción.

Por instituciones y a nivel regional, la policía y los representantes electos son percibidos como “todos o casi todos corruptos” por el 47  por ciento de los encuestados, seguidos por el gobierno local (45 por ciento), el primer ministro (43 por ciento), jueces y magistrados (40 por ciento), empleados públicos (37 por ciento) y empresarios (36 por ciento).

Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).– México es el país donde los ciudadanos pagan más sobornos para acceder a los servicios públicos básicos y es uno de los tres países con más corrupción en América Latina y el Caribe, de acuerdo con un estudio presentado hoy por la organización alemana Transparencia Internacional (TI).

El informe “Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe” destaca además, tras entrevistar a más de 22 mil personas en 20 países de la región, que la percepción generalizada es que estas prácticas están en aumento, que los gobiernos no las combaten con determinación, y que casi un tercio de quienes las denuncian sufre represalias.

México es el país donde más encuestados aseguran haber pagado sobornos en el período de estudio, con un 51  por ciento de los interrogados, seguido por República Dominicana (46 por ciento), Perú (39 por ciento), Venezuela (38 por ciento) y Panamá (38 por ciento).

Al analizar los resultados por país, se deduce que México evidencia claramente los más graves índices de corrupción en la prestación de servicios públicos; en particular, en el caso de escuelas, atención de la salud y documentación personal (del 33 por ciento al 39 por ciento).

LA CORRUPCIÓN EN EL GOBIERNO

En función de las respuestas de sus ciudadanos, Colombia, República Dominicana, México, Perú y Venezuela tienen el peor resultado, dado que reciben calificaciones negativas en cuatro de los cinco indicadores.

De acuerdo con Transparencia Internacional, en estos países, los índices de soborno son elevados, se percibe un alto grado de corrupción policial y los ciudadanos tienen una perspectiva negativa tanto de los esfuerzos gubernamentales contra la corrupción como de la merma en el nivel de corrupción durante los 12 meses anteriores.

La organización alertó al Gobierno mexicano a combatir la corrupción. “La población desea ver que funcionarios públicos reciban las sanciones correspondientes por los delitos que hayan cometido. Si esto no ocurre, los ciudadanos se sentirán incluso más decepcionados con el sistema de gobernanza de su país y esta energía positiva para el cambio podría desperdiciarse”, indicó el informe.

Los hospitales públicos es donde en más ocasiones se han visto obligados a pagar sobornos los encuestados (20 por ciento), seguido por la escuela pública (18 por ciento), las oficinas de documentos de identidad (17 por ciento), la policía (16 por ciento), los servicios públicos de agua y electricidad (14 por ciento) y los tribunales (12 por ciento).

Por instituciones y a nivel regional, la policía y los representantes electos son percibidos como “todos o casi todos corruptos” por el 47  por ciento de los encuestados, seguidos por el gobierno local (45 por ciento), el primer ministro (43 por ciento), jueces y magistrados (40 por ciento), empleados públicos (37 por ciento), empresarios (36 por ciento) y líderes religiosos (25 por ciento).

Los resultados que arrojó el estudio fueron tomados de encuestas realizadas para Transparencia Internacional por Latinobarómetro y Market Research Services.

Entre mayo y diciembre de 2016, estas encuestadoras llevaron a cabo entrevistas a 22 mil 302 personas en 20 países de toda América Latina y el Caribe en las que fueron interrogadas acerca de sus percepciones y experiencias de corrupción.

EL COSTO DE LA CORRUPCIÓN

El costo de los actos de corrupción cometidos por la clase política, el sector empresarial y la ciudadanía, que van desde sobornos hasta desvíos de recursos o enriquecimiento ilícito, obstaculiza las inversiones, entorpece la producción, distorsiona la asignación de los recursos públicos y con ello el crecimiento económico.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico) y el Banco Mundial, la corrupción en México representa cerca del 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) la sitúa en 10 por ciento del PIB. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha reportado que en números equivale a 347 mil millones de pesos, una cifra parecida a la de México ¿Cómo Vamos? que la sitúa en 342 mil millones de pesos al año.

A las empresas la corrupción en materia regulatoria costó mil 600 millones de pesos durante 2016, reveló una encuesta del Inegi. Por cada compañía, el promedio fue de 12 mil 243 pesos.

La violencia de género también tiene un costo económico. Derivado del daño físico y emocional que demanda gastos médicos, terapia psicológica, absentismo laboral y políticas públicas, la violencia contra las mujeres costó en México 245 mil 118 millones de pesos en 2015, lo que equivale al 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con el estudio “El costo de la violencia contra las mujeres en México” realizado por el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG).

Aunque su autora, la académica Hilda Rodríguez, precisó que el costo es aún más elevado, ya que sólo se midió la violencia en el interior de los hogares por parte de la pareja en mujeres casadas.

México, el país de América Latina donde se pagan más sobornos, dice Transparencia Internacional

lunes, octubre 9th, 2017

México es el país donde más encuestados aseguran haber pagado sobornos en el período de estudio, con un 51  por ciento de los interrogados

La percepción generalizada es que estas prácticas están en aumento, que los gobiernos no las combaten con determinación, y que casi un tercio de quienes las denuncian sufre represalias. Foto: Cuartoscuro

Juan Palop

Berlín, 9 octubre (EFE).- Uno de cada tres latinoamericanos pagó sobornos en los últimos doce meses en servicios públicos básicos, según un estudio presentado hoy por la ONG alemana Transparencia Internacional (TI), que resalta la corrupción en México, República Dominicana y Perú.

El informe “Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe” destaca además, tras entrevistar a más de 22 mil personas en 20 países de la región, que la percepción generalizada es que estas prácticas están en aumento, que los gobiernos no las combaten con determinación, y que casi un tercio de quienes las denuncian sufre represalias.

“La fotografía de la región no es positiva. Porque un gran número de ciudadanos piensa que la situación no cambia o ha empeorado y porque muchas personas dicen que el gobierno no está haciendo un buen papel”, resumió en declaraciones a Efe Alejandro Salas, responsable de TI para las Américas.

México es el país donde más encuestados aseguran haber pagado sobornos en el período de estudio, con un 51  por ciento de los interrogados, seguido por República Dominicana (46 por ciento), Perú (39 por ciento), Venezuela (38 por ciento) y Panamá (38 por ciento).

En el extremo contrario de la región se encuentran Trinidad y Tobago (6 por ciento), Brasil (11 por ciento), Argentina (16 por ciento), Jamaica (21 por ciento) Chile (22  por ciento), Uruguay (22 por ciento), Paraguay (23 por ciento) y Costa Rica (24 por ciento).

Entre ambos grupos se encuentran Honduras (33 por ciento), El Salvador (31 por ciento), Nicaragua (30 por ciento), Colombia (30 por ciento) Guatemala (28 por ciento), Ecuador (28 por ciento), Bolivia (28 por ciento).

Las diferencias entre esta encuesta de TI y su popular Índice de Percepción de la Corrupción tienen que ver, principalmente, con que éste pregunta por la “experiencia personal” de personas corrientes, mientras que el segundo interroga a expertos.

En total, dos tercios de los encuestados consideran que la corrupción ha aumentado en los últimos doce meses, aunque con diferencias considerables entre países: mientras en Venezuela un 87 por ciento cree que ha crecido, en Argentina sólo un 41 por ciento lo percibe así.

De entre los encuestados, un 53 por ciento sostiene que su gobierno está haciendo las cosas mal en la lucha contra la corrupción, mientras que un 35 por ciento cree que sus representantes avanzan en la dirección correcta.

No obstante, mientras en Venezuela y Perú el 76 y el 73 por ciento de los interrogados cree que la clase política no contribuye positivamente a su erradicación, en Honduras, Ecuador y Guatemala entre un 54 y un 55 por ciento de los encuestados considera que sus representantes lo están haciendo bien.

El presidente de TI, José Ugaz, criticó en un comunicado que latinoamericanos y caribeños estén “siendo defraudados” por “sus gobiernos, su clase política y los líderes del sector privado”.

“El caso Lava Jato, que causó un tremendo impacto en la región, demuestra que la corrupción está ampliamente extendida. El soborno representa un modo de enriquecerse para unos pocos y un gran obstáculo para acceder a servicios públicos clave, en especial, para los sectores más vulnerables”, argumentó.

Los hospitales públicos es donde en más ocasiones se han visto obligados a pagar sobornos los encuestados (20 por ciento), seguido por la escuela pública (18 por ciento), las oficinas de documentos de identidad (17 por ciento), la policía (16 por ciento), los servicios públicos de agua y electricidad (14 por ciento) y los tribunales (12 por ciento).

Por instituciones y a nivel regional, la policía y los representantes electos son percibidos como “todos o casi todos corruptos” por el 47  por ciento de los encuestados, seguidos por el gobierno local (45 por ciento), el primer ministro (43 por ciento), jueces y magistrados (40 por ciento), empleados públicos (37 por ciento), empresarios (36 por ciento) y líderes religiosos (25 por ciento).

Destaca también que en Venezuela el 73 por ciento de los encuestados considera que la policía es sumamente corrupta, el porcentaje más alto de la región, y que en Honduras, el 56 por ciento de los encuestados que acudieron a la justicia manifestaron que habían pagado un soborno.

Salas destaca que ricos y pobres se ven afectados de forma similar por la corrupción, con lo que en términos relativos afecta mucho más a las personas con menores ingresos.

TI considera que la “medida más importante” contra la pequeña corrupción es dar una información “completa sobre derechos y costos de los trámites”, explica Salas.

Es clave además mejorar la “protección al denunciante”, un ámbito en el que “en América Latina estamos en pañales”: “Está hasta mal visto denunciar. Y los valerosos que se atreven muchas veces sufren castigos. Las consecuencias generan miedo”.

México es aún más corrupto hoy que hace un año: Transparencia; le dan 30, en escala de 100 puntos

martes, enero 24th, 2017

El estudio realizado por Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional señala que nuestro país obtuvo una puntuación de 30 en una escala que va de 0 a 100, donde “o” es el país peor evaluado en corrupción y “100” es el mejor en la materia. La calificación de este año es cinco puntos menor que la de la medición anterior, lo que ubica a nuestro país en la posición 123 de 176 países calificados.

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).– La percepción sobre que México es un país corrupto va en aumento y es el país peor calificado en este rubro entre los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2016 (IPC).

El estudio realizado por Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional señala que México obtuvo una puntuación de 30 en una escala que va de 0 a 100, donde “0” es el país peor evaluado en corrupción y “100” es el mejor evaluado en la materia. La calificación de este año es cinco puntos menor que la de la medición anterior.

Esta calificación ubica a nuestro país en la posición 123 de 176 países calificados.

En un comunicado, Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana revelaron que la evaluación mantiene a la nación por debajo de sus principales socios y competidores económicos: 40 posiciones separan a México de China, India y Brasil, sus principales competidores económicos, señalaron en un comunicado.

La OCDE está integrada por Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Corea, Dinamarca, España, Estados Unidos, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Letonia, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza y Turquía.

Alejandro Salas, director de TI para las Américas, lamentó en declaraciones a Efe la caída general de los resultados de América Latina.

El caso de México “sorprende” no tanto por la caída como por su magnitud, indicó Salas, que señaló que sus resultados se explican por “la combinación de tres factores”.

En el país se suman “uno tras otro” sonoros escándalos, como el de “la casa blanca”, los “estudiantes de Iguala” o “el gobernador de Veracruz”; faltan avances en las reformas del Presidente Enrique Peña Nieto para combatir la corrupción; y la justicia, que “casi no castiga a nadie”, resulta ineficaz.

Las organizaciones recalcaron que las reformas anticorrupción y la primera etapa de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción no fueron suficientes para reducir el efecto de los continuos escándalos de corrupción en todo el país y frenar la caída de México en el IPC 2016.

Y advirtieron que “no basta con asegurar la transformación institucional. Los cambios en el marco legal e institucional deben acompañarse de acciones sistemáticas para desmantelar las redes de corrupción que afectan a un número importante de las instituciones públicas del país. Los casos conocidos por la comunidad nacional e internacional no deben quedar impunes”.

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Los autores del estudio recomendaron a nuestro país que las redes de corrupción formadas por empresas y funcionarios públicos deben ser investigadas, perseguidas y desmanteladas, la  “corrupción e impunidad deben ser excepción y no regla”, apuntaron.

Agregaron que es necesaria una Fiscalía General de la República “capaz, autónoma e independiente para asegurar que la política anticorrupción del país no dependa ni de la política interna ni de la política externa”. Abundaron que su diseño “deberá permitirle emprender acciones decididas, sistemáticas y permanentes para desmantelar redes de corrupción. México debe comenzar la transición de la Procuraduría General de la República hacia una Fiscalía General, asegurando una discusión técnica y abierta, así como apertura en el proceso de designación de su titular”.

Llamaron al Congreso de Unión y locales a  cumplir su función constitucional de ser un contrapeso a los poderes ejecutivos y cumplir cabalmente con su función de vigilancia de las decisiones y el ejercicio de los recursos a nivel local.

También a estatal, las organizaciones llamaron a “iniciar el proceso de creación de los Sistemas Locales Anticorrupción: 19 de las 32 entidades federativas del país aún no lo han hecho”. Mientras que en el ámbito federal “las reformas en materia de adquisiciones y obra pública deben ser una prioridad”.

Alertaron que en muchos estados del país, las instituciones que formarán parte de los Sistemas Locales Anticorrupción cuentan sólo con una autonomía jurídica, sin independencia real para investigar y sancionar la corrupción a nivel subnacional, por lo que “debe revisarse que existan contrapesos reales y no sólo formales entre los poderes de los estados, especialmente en los órganos de fiscalización estatales”.

Finalmente abundaron que en el contexto económico del país, además de las medidas de austeridad anunciadas, deben incorporarse instrumentos adicionales que fortalezcan la apertura gubernamental, la integridad y la apropiada fiscalización del gasto público.

El ránking, que a nivel mundial pone a Nueva Zelanda y Dinamarca como los países menos corruptos y a Somalia como el que más, evidencia que sólo dos de los 19 países latinoamericanos analizados aprobaron -al obtener más de 50 puntos de un máximo de cien- y que once empeoraron sus datos con respecto al año pasado.

Tras Uruguay, que sumó 71 puntos y quedó en la posición 21 de la clasificación general, se colocó Chile (24 posición, 66 puntos), seguido de Costa Rica (41, 58 puntos), Cuba (60, 47 puntos), Brasil (79, 40 puntos) y Panamá (87, 38 puntos).

En el extremo contrario, cierran la tabla latinoamericana Venezuela (166 posición, 17 puntos), Haití (159, 20 puntos), Guatemala (136, 28 puntos) y Paraguay, México y Honduras, compartiendo la 123 posición, 30 puntos.

En medio quedan Colombia (90 posición, 37 puntos), Argentina (95, 36 puntos), El Salvador (95, con 36 puntos), Perú (101, 35 puntos), Bolivia (113, 33 puntos), República Dominicana (120, 31 puntos) y Ecuador (120, 31 puntos).

En el ránking global los mejores clasificados fueron Dinamarca y Nueva Zelanda, con 90 puntos, seguidos por Finlandia (89), Suecia (88), Suiza (86), Noruega (85), Singapur (84), Holanda (83) y Canadá (82).

En la cola, junto a Somalia (10 puntos), están Sudán del Sur (11), Corea del Norte (12), Siria (13), Yemen (14), Sudán (14), Libia (14) y Afganistán (15).

EU, por su parte, alcanza la posición 18 con 74 puntos; Francia, la 23, con 69; España, la 41, con 58; China, la 79 con 40 puntos, empatada con India; y Rusia queda relegada a la 131 posición, con 29 puntos.

Seis empresas mexicanas fallan en transparencia y favorecen la corrupción: informe

lunes, julio 11th, 2016

El informe estudió un centenar de empresas de 15 mercados emergentes entre los que estaban Brasil, México y Rusia. La nota general bajó desde la última encuesta Transparency In Corporate Reporting de 2013, cayendo un punto a 3.4 sobre 10, con tres cuartos de las empresas logrando apenas la mitad de esa valoración.

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Ciudad de México, 11 de julio (SinEmbargo).– Las grandes empresas de los principales países emergentes muestran bajos niveles de transparencia que favorecen la corrupción, de acuerdo con un informe publicado hoy por la organización Transparencia Internacional que muestra que el 75 por ciento de las cien compañías analizadas no alcanzan el aprobado.

El documento titulado “Transparency in Corporate Reporting. Assessing Emerging Market Multinationals” [Transparencia en la información corporativa. La evaluación de las multinacionales de mercados emergentes] se centra en 100 empresas multinacionales con sede en 15 mercados emergentes y que operan en 185 países, entre ellos México, los cuales obtienen una nota media de 3.4 (0.2 puntos menos que en el último estudio de 2013) en una clasificación en el que el 0 indica el menor nivel de transparencia y el 10 el máximo.

Las seis empresas mexicanas incluidas en el índice alcanzaron calificaciones abajo de los 5.0. Femsa y Mexichem tuvieron 4.6 puntos cada una, seguida deGrupo Bimbo y Gruma con 3.7 y 3.6 puntos, respectivamente, mientras que Grupo Alfa obtuvo 2.8 puntos y Mabe 2.6 puntos.

Las 75 empresas de los BRICS analizadas (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) no logran alcanzar la puntuación promedio, arrastradas por los malos resultados de las compañías chinas, un tercio de las evaluadas.

En el informe se estudia si las empresas comunican aspectos clave de sus programas contra la corrupción, la divulgación de sus estructuras societarias y de sus participaciones y si facilitan información financiera clave relativa a cada país.

Según Transparencia Internacional, estas dimensiones son claves para abordar la corrupción y lograr una gestión rigurosa con rendición de cuentas y transmiten el mensaje de que los clientes, el personal y los socios de la empresa no admiten sobornos o prácticas corruptas.

Las mejores puntuaciones en la clasificación general las obtienen empresas indias, encabezadas por Bharti Airtel, con una nota de 7.3, seguida de Tata Communications y el grupo automovilístico Mahindra & Mahindra.

La primera compañía hispanoamericana en la lista es la chilena Falabella, con centros comerciales y tiendas en varios países latinoamericanos, que se sitúa en el décimo puesto con 6.2 puntos.

Falabella lidera además el capítulo en el que se analizan los informes que presenta cada empresas por países, como ya hizo en 2013.

En el capítulo de transparencia organizativa, Bharti Airtel comparte el liderazgo de la clasificación con la petrolera malasia Petronas, con el máximo de puntos.

En el apartado dedicado a la divulgación de programas contra la corrupción, encabeza la lista la turca Sabanci Holding, seguida en el segundo puesto por la aeronáutica brasileña Embraer y el grupo mexicano Bimbo.

Ante los bajos resultados generalizados, Transparencia Internacional reclamó la adopción de medidas concretos que permitan detener la corrupción, frenar la pobreza en las regiones en las que estas empresas desarrollan su actividad y reducir la desigualdad.

“Si bien muchas empresas afirman que desean combatir la corrupción, estos enunciados no son suficientes. Las acciones dicen mucho más que las palabras”, manifestó en un comunicado el presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz.

De acuerdo con el estudio, las empresas chinas, un tercio de las evaluadas, tuvieron el desempeño general más insuficiente, con una puntuación media de 1.6 sobre 10, y sólo una se sitúa entre las 25 primeras.

Transparencia Internacional instó a las autoridades y a la comunidad empresarial del gigante asiático a tomar medidas para fijar estándares más ambiciosos y denunció “la fragilidad o ausencia de políticas y procedimientos contra la corrupción” en ese país.

En el lado opuesto destacó la buena clasificación de las empresas indias, en gran medida resultado de la vigente ley de sociedades.

“Los clientes deberían exigir que las empresas que eligen cumplan con los más altos estándares contra la corrupción o, de lo contrario, se expongan a perderlos como clientes”, manifestó Ugaz en defensa de una política de transparencia en la que se conozcan las empresas subsidiarias de las multinacionales, las filiales o los proyectos conjuntos en marcha.

La organización, con sede en Berlín, advirtió que el fracaso de la amplia mayoría de las empresas encuestadas para operar con transparencia podría crear un ambiente en el que prolifere la corrupción tanto en sus negocios como los países en las que operan.

Organismos internacionales exigen a gobiernos investigar a señalados en Papeles de Panamá

lunes, abril 4th, 2016

Una investigación publicada por una coalición internacional de más de 100 medios, basada en 11.5 millones de documentos sobre cuentas registradas en zonas de bajos impuestos, detalla cómo los políticos, celebridades y otras personas conocidas utilizan bancos, firmas legales y empresas fachadas en paraísos fiscales para ocultar sus activos. El trabajo se llama Panama Papers o Papeles de Panamá, en español. En el caso de México, están involucrados Juan Armando Hinojosa, dueño de Grupo Higa; el hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, Diputado federal del PAN y candidato a la gubernatura de Veracruz. También aparecen la actriz Edith González y los empresarios Ramiro García Cantú, Ricardo Benjamín Salinas Pliego y Guillermo Cañedo White, ex ejecutivo de Televisa y vicepresidente de la Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe de Futbol (Concacaf).

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Ciudad de México/Berlín/Tokio (SinEmbargo).– Organizaciones internacionales como Transparencia Internacional (TI) y Oxfam pidieron actuar contra los líderes políticos, empresarios, deportistas, cineastas y otras personalidades internacionales que ocultaron millones de dólares en paraísos fiscales, revelación hecha ayer por una coalición de medios de comunicación internacionales liderada por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodismo Investigativo (ICIJ).

La investigación, titulada Papeles de Panamá, está basada en 11.5 millones de documentos sobre cuentas registradas en zonas de bajos impuestos y detalla cómo los políticos, celebridades y otras personas conocidas alrededor del mundo utilizan bancos, firmas legales y empresas fachadas en paraísos fiscales para ocultar sus activos.

Se trata de la mayor filtración periodística de la historia, con mucha más información de la que divulgó WikiLeaks a través de la publicación de cables diplomáticos estadounidenses.

En palabras de Edward Snowden, el ex analista de la NSA que filtró un millón y medio de documentos clasificados que demuestran que EU espía de manera masiva y no regulada a todos los usuarios de Internet, los Papeles de Panamá son la “mayor filtración de la historia del periodismo de datos […] y se trata sobre corrupción”.

La organización Transparencia Internacional dijo que la investigación “desenmascara el lado oscuro del sistema financiero global en el que bancos, abogados y profesionales de las finanzas utilizan empresas opacas para hacer operaciones monetarias ilícitas y corruptas”.

“Eso es algo que tiene que detenerse. Los líderes mundiales tienen que llegar a un acuerdo para prohibir las empresas opacas”, exigió el organismo internacional.

Transparencia Internacional llamó además a impulsar desde el G20 la creación de registros públicos de propietarios y beneficiarios de empresas de acuerdo con los estándares internacionales y establecer sanciones para los países que no se acojan a esos estándares.

“Eso debe incluir no sólo a los países del G20 sino también a los numerosos países, grandes y pequeños, donde la creación de empresas opacas es un gran negocio”, dijo.

Los Papeles de Panamá han tenido eco en todo el mundo al revelar la creación de cientos de miles de empresas opacas por parte del bufete de abogados Mossack Fonseca, con sede el itsmo.  Esas empresas están al servicio de diversos clientes del bufete entre los que se encuentras carteles de la droga, clanes mafiosos, traficantes de armas, jefes de estado y de gobierno y dictadores.

Ramón Fonseca, cofundador de la entidad Mossack Fonseca, dijo que los documentos se habían obtenido de forma ilegal con un ataque informático, pero confirmó que muchos eran reales. Fonseca negó que la empresa hubiera cometido cualquier irregularidad.

En respuesta a la investigación, Oxfam dijo que los Papeles de Panamá demuestran que los paraísos fiscales siguen siendo una realidad a la que ni gobiernos ni instituciones internacionales han querido mirar de frente.

“Si los paraísos fiscales siguen existiendo y llevándose millones y millones, es por la falta de voluntad política, nacional e internacional. Esta nueva filtración nos permite hacernos una idea de cómo funcionan estas turbias prácticas, pero el verdadero escándalo es que muchos de los casos que el ICIJ ha sacado a la luz no son ilegales, sino que se aprovechan de legislaciones débiles e insuficientes” dijo Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de la organización.

El pasado 17 de marzo, Oxfam junto a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentaron un informe en el que exhibieron como los sistemas tributarios inadecuados, así como la evasión de impuestos, cuestan a América Latina miles de millones de dólares en ingresos perdidos, cantidades que podrían y deberían invertirse en luchar contra la pobreza y la desigualdad.

Este día, Oxfam exigió que el sistema fiscal internacional sea reformulado para evitar que las grandes fortunas y empresas puedan ocultar miles de millones en paraísos fiscales, privando así a todos los países, pero sobre todo a los más pobres, de ingresos fiscales que les corresponden.

“La captura política genera un sistema regido por el amiguismo y la corrupción, en donde ciertos sectores son privilegiados y protegidos con consecuencias económicas y sociales graves, y que reproducen la exclusión de grupos cada vez más grandes. Si se está generando alguna riqueza, no nos están beneficiando a todos”, dijo Ricardo Fuentes-Nieva, Director Ejecutivo de Oxfam México.

De acuerdo con la organización, cada año, los países pobres pierden 170 mil millones de dólares, mientras 400 millones de personas ni siquiera tienen acceso a asistencia sanitaria básica.

“Mientras una minoría privilegiada se aprovecha de las lagunas del sistema fiscal internacional, se recorta en educación o salud de calidad. En México el 48 por ciento de las escuelas púbicas carecen de acceso a drenaje, 31 por ciento carecen de acceso a agua potable, 12.8 por ciento no cuenta con baños o sanitarios. A nivel global, no hay más excusas para la inacción: hay que sancionar a bancos y a otros actores que facilitan la evasión y elusión fiscal y alcanzar un gran consenso internacional que ponga fin a las debilidades de un sistema fiscal internacional en el que el secretismo, la falta de transparencia y el abuso de poder siguen siendo la norma”, agregó Fuentes-Nieva.

Para Rusia, la investigación trata de desacreditar a Putin y los líderes de este país. Foto: AP.

Para Rusia, la investigación trata de desacreditar a Putin y los líderes de este país. Foto: AP.

INVESTIGACIONES Y REACCIONES

La publicación de la amplia colección de documentos y otros datos sobre las operaciones financieras en paraísos fiscales para personas adineradas, famosas y poderosas de todo el mundo planteó preguntas el lunes sobre el uso generalizado de estas tácticas para evadir impuestos y evitar la supervisión financiera.

Entre los países con políticos pasados o actuales mencionados en los reportes estaban Islandia, Ucrania, Pakistán, Arabia Saudí, Rusia y Argentina.

En el caso de México, están involucrados Juan Armando Hinojosa, dueño de Grupo Higa, el hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, Diputado federal del PAN y candidato a la gubernatura de Veracruz.

También aparecen la actriz Edith González y los empresarios Ramiro García Cantú, Ricardo Benjamín Salinas Pliego y Guillermo Cañedo White, ex ejecutivo de Televisa y vicepresidente de la Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe de Futbol (Concacaf).

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dijo la noche de ayer que abrirá una revisión a empresas y personas mexicanas mencionadas en la investigación periodística sobre la operación del despacho panameño Mossack Fonseca.

“La información publicada se revisará ante la evidencia de la información institucional existente, con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal y, en su caso, iniciar el ejercicio de las facultades de ley”, mencionó el SAT en un comunicado.

Esta mañana Aristóteles Nuñez, titular del SAT aclaró que tener recursos en el extranjero no es ilegal. El acto ilícito es, dijo, no declararlos en México a pesar de obtener una utilidad, rendimiento e intereses.

La agencia tributaria australiana dijo este lunes que estaba investigando a más de 800 australianos adinerados por posible evasión fiscal en relación con sus supuestas operaciones con Mossack Fonseca, una firma legal panameña con oficinas internacionales que proporciona servicios financieros en paraísos fiscales.

En su comunicado, la Oficina Fiscal de Australia indicó que había relacionado a más de 120 de esas personas con un proveedor de servicios en Hong Kong. El proveedor de servicios en paraísos fiscales no fue identificado.

Mientras tanto, en la vecina Nueva Zelanda, el Primer Ministro, John Key, rechazó la descripción de su país que hacía el Consorcio Internacional de Periodismo al incluirlo entre los 21 paraísos fiscales empleados por Mossack Fonseca.

“Los paraísos fiscales son lugares donde no se publica la información”, dijo Key. “En Nueva Zelanda hay total revelación de la información”.

El portavoz del Presidente ruso Vladimir Putin, Dimitri Peskov, les dijo a reporteros que el Kremlin había recibido “una serie de preguntas hechas de manera descortés” por parte de una organización que él dijo trataba de difamar a Putin.

“Periodistas y miembros de otras organizaciones han estado tratando activamente de desacreditar a Putin y los líderes de este país”, dijo Peskov.

El periódico británico The Guardian, que participó en la investigación, publicó un video en su portal el domingo por la noche que muestra una entrevista con el primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson.

Durante la entrevista se le pregunta al primer ministro sobre una compañía llamada Wintris. El premier responde que sus transacciones son limpias, describe la pregunta como “completamente inapropiada” y luego suspende la entrevista.

El Presidente panameño, Juan Carlos Varela, dijo en un comunicado que su gobierno cooperará “vigorosamente” con cualquier investigación judicial derivada de la filtración de documentos del despacho.

Dijo que las revelaciones no deben distraer a su gobierno de la política de “cero tolerancia” hacia cualquier actividad ilícita en el sistema financiero de Panamá.

La Presidencia de Argentina confirmó el domingo en un comunicado que el grupo empresarial propiedad de la familia del mandatario Mauricio Macri estuvo vinculado a Fleg Trading Ltd., una compañía foránea registrada en Bahamas.

De acuerdo con el sitio web del grupo, entre los bancos globales involucrados están HSBC, UBS, Credit Suisse, Deutsche Bank y otros que han trabajado con Mossack Fonseca para crear cuentas ultramarinas.

“Las acusaciones son históricas, en algunos casos datan de 20 años atrás, antes de nuestras bien conocidas reformas implementadas en los últimos años”, dijo el portavoz de HSBC Rob Sherman en un mensaje enviado a la AP en respuesta a un pedido de comentario.

UBS, Credit Suisse y Deutsche Bank no respondieron de inmediato a pedidos de comentario.

Mossack ha dicho que no ha cometido ninguna irregularidad. Foto: Especial.

Mossack ha dicho que no ha cometido ninguna irregularidad. Foto: Especial.

MOSSACK FONSECA Y LA FILTRACIÓN

Ramón Fonseca, cofundador de Mossack Fonseca —una de las firmas líderes mundiales en la creación de empresas fachada, confirmó al Canal 2 de la televisión panameña que los documentos eran auténticos y dijo que se habían obtenido de forma ilegal a través de un ataque informático.

Sin embargo, afirmó que la mayoría de las personas mencionadas en los reportes no eran clientes directos de su empresa, sino cuentas establecidas por intermediarios. Fonseca afirmó que el bufete no había cometido ninguna irregularidad.

El despacho de abogados Mossack Fonseca ofrece desde su sede en Panamá asesoramiento para la creación y administración de firmas offshore, es decir registradas en un país diferente del que operan.

Según sus propias informaciones, Mossack Fonseca emplea a más de 500 trabajadores en todo el mundo. Tiene representaciones en Belice, Holanda, Costa Rica, Reino Unido, Malta, Hong Kong, Chipre, las Islas Vírgenes, las Bahamas, el territorio británico de Anguila, las Seychelles, Samoa y los estados norteamericanos de Nevada y Wyoming.

Mossack Fonseca ofrece asimismo asesoramiento legal en las áreas de finanzas, propiedad intelectual y de concursos públicos (licitaciones). Además, el bufete crea fondos fiduciarios y fundaciones privadas y las administra.

La empresa fue fundada en 1977 por el abogado de origen alemán Jürgen Mossack y en 1986 se unió al panameño Ramón Fonseca Mora. El abogado, escritor y político fue hasta hace poco asesor del Presidente Juan Carlos Varela. Sin embargo, debido a investigaciones contra Mossack Fonseca en Brasil suspendió su actividad como asesor.

En los documentos se menciona a 214 mil 488 empresas y 14 mil 153 clientes de Mossack Fonseca, indicó el ICIJ, entre los que habría empresarios, delincuentes, famosos y estrellas del deporte. El grupo sin ánimo de lucro dijo que publicaría la lista completa de empresas y personas relacionadas con los documentos a principios del mes que viene.

El diario alemán Sueddeutsche Zeitung, dijo haber recibido los datos hace más de un año de una fuente anónima y a través de un canal cifrado. La fuente pidió no pidió compensación monetaria, solamente medidas de seguridad no especificadas, dijo Bastian Obermayer, reportero del Zeitung.

Los documentos que recibió el periódico de Múnich, que suponían unos 2.6 terabytes de datos, incluían correos electrónicos, hojas de cálculo y veredictos judiciales, indicó el periodista a AP. Para verificar el nuevo material se emplearon documentos de Mossack Fonseca obtenidos antes por las autoridades alemanas.

“Permiten una mirada sin precedentes al interior del mundo de las cuentas ultramarinas, proveyendo detalles diarios, década a década, de cómo fluye el dinero negro a través del sistema financiero global, alimentando el crimen y despojando a las tesorerías nacionales de ingresos por impuestos”, dijo el ICIJ.

¿QUÉ SON LAS CUENTAS OFFSHORE?

Las cuentas ultramar —también conocidas como ‘offshore’— y otras operaciones financieras en países extranjeros pueden utilizarse para evitar la supervisión regulatoria u obligaciones fiscales. A menudo, empresas o individuos utilizan empresas fechadas, formadas en principio sin activos ni operaciones significativos, para ocultar la propiedad u otra información sobre los fondos implicados.

¿DONDE ESTAN LA MAYORIA DE LAS CUENTAS?

Hay más de una docena de países pequeños, como Panamá Islas Caimán y Bermudas, con bajos impuestos y que se especializan en gestionar servicios para negocios e inversiones de empresas no residentes.

USOS LEGITIMOS DE LAS CUENTAS:

Se pueden formar compañías o fondos en estos territorios con fines legítimos, como finanzas corporativas, fusiones y adquisiciones y planificación estatal o fiscal, según la Financial Action Task Force, un grupo supervisor que monitorea el lavado de dinero a nivel global.

USOS ILEGITIMOS DE LAS CUENTAS:

Las empresas fachada y otras entidades pueden ser aprovechadas por terroristas o por otras personas implicadas en crímenes internacionales y financieros para ocultar las fuentes de los fondos y su propiedad. El Consorcio Internacional de Periodismo Investigativo (ICIJ, por sus siglas en inglés) señaló que los archivos de Mossack Fonseca incluyen información sobre 214.488 entidades offshore relacionadas con 14.153 clientes en 200 países y territorios.

ESFUERZOS POR PERSEGUIR LOS PARAISOS FISCALES:

La Financial Action Task Force y otras agencias regulatorias publican informes para identificar los puntos flacos de la lucha contra el lavado de dinero y de las operaciones contra las redes financiamiento de terrorismo en países y territorios específicos. Los profesionales legales y financieros reciben formación sobre cómo identificar posibles infracciones, ya que en algunos casos abogados y banqueros no saben que están gestionando transacciones ilegales. La UE ha redoblado sus esfuerzos por perseguir la evasión fiscal de las corporaciones multinacionales.

ESCANDALOS PASADOS SOBRE CUENTAS EN EL EXTRANJERO:

Las leyes de secreto bancario tienden a ocultar las operaciones financieras en el extranjero. Pero la revelación de otros documentos filtrados por el ICIJ y otras organizaciones a finales de 2014 llamó la atención sobre las ventajas fiscales ofrecidas por el pequeño país europeo a empresas multinacionales e individuos súper ricos. En la década de 1980 se descubrió que el Banco de Crédito y Comercio Internacional, una entidad internacional fundada por un financiero paquistaní, había participado en un programa a gran escala de lavado de dinero y otros negocios financieros ilegales.

-Con información de AP, EFE y dpa