El Presidente López Obrador destacó que su Gobierno está trabajando para evitar estos crímenes y también para castigar a los responsables.
Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer este lunes que cada 15 días se presentará un informe sobre asesinatos de periodistas y activistas, así como de feminicidios y violaciones a derechos humanos.
“Ahora en la mañana en la reunión de seguridad acordamos que además del informe mensual sobre la situación de seguridad en el país, vamos a estar informando cada 15 días sobre asesinatos de periodistas, de luchadores sociales, de violaciones a derechos humanos, feminicidios, todo esto que preocupa mucho a la gente”, dijo en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.
El Jefe del Ejecutivo federal destacó que su Gobierno está trabajando para evitar estos crímenes y también para castigar a los responsables. “Cero impunidad, que el que cometa una delito de estas características, el que cometa cualquier delito que no goce de impunidad”, añadió.
López Obrador también informó que ayer ya se trasladaron a los presuntos responsables del asesinato del periodista Heber López de Salina Cruz, Oaxaca.
“Porque se estaba dando ahí un movimiento y como las cárceles en los municipios, la vigilancia es precaria, se les tiene que ayudar. Ya están detenidos y ya se está llevando a cabo una investigación”, declaró.
El día de ayer, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca anunció que un Juez dictó prisión preventiva para los presuntos responsables del asesinato del periodista Heber López.
Presentamos ante Juez a probables homicidas de periodista; hecho suscitado en Salina Cruz pic.twitter.com/3iceW5rMF2
A través de un comunicado, la Fiscalía detalló que los probables homicidad, identificados como R. G. R. y R. E. C., fueron detenidos en flagrancia por agentes de policía en el puerto de Salina Cruz y posteriormente fueron presentados ante la autoridad judicial.
Cabe recordar que el comunicador y director del medio Noticias Web, Heber López, fue atacado afuera de su vivienda el pasado 10 de febrero en las calles del Barrio El Espinal, en Salina Cruz, Istmo de Tehuantepec.
El asesinato de Heber López ocurre un par de semanas después del ataque contra el periodista José Ignacio Santiago Martínez, quien fue agredido a balazos, la madrugada del pasado miércoles 26 de enero, sobre la carretera Yosonicaje-Tlaxiaco, en la región Mixteca, cuando se dirigía a la ciudad de Juchitán, en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
Para garantizar proceso penal y seguridad de imputados, trasladan a dos probables homicidas de periodista; crimen cometido en el Istmo pic.twitter.com/rCd3LIqvGs
Andrés Manuel López Obrador, visiblemente agobiado, ofreció liberar a un joven que lleva 13 años en prisión por medio de un indulto presidencial. Pero ni eso es posible. Olga Sánchez Cordero, quien fue Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), le dijo que para eso se necesitaba sentencia, pero el joven ni siquiera está sentenciado.
Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, estaban claramente frustrados. Un joven encarcelado y torturado cumplió 13 años preso y no tiene sentencia siquiera, y la madre ha estado dos veces en la conferencia matutina, en vivo, reclamando su liberación.
López Obrador, visiblemente agobiado, ofreció liberarlo por medio de un indulto presidencial, y cuestionó a la Secretaria Olga Sánchez si era posible hacerlo con el poder que tiene como mandatario.
“¿Puedo como titular del Poder Ejecutivo indultarlo? Porque si puedo, lo voy a hacer hoy mismo”, preguntó el Presidente.
Sin embargo, Sánchez Cordero, quien fue Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), le dijo que eso era imposible, pues “el indulto procede cuando hay sentencias definitivas, en este momento todas la sentencias son inexistentes por la reposición del procedimiento”.
El Presidente aseguró a la madre de Rafael que habrá justicia en su caso. Foto: Gobierno de México
“No hay sentencias, el indulto procede únicamente con sentencias definitivas”, confirmó la Secretaria.
La madre de Rafael, Judith Valenzuela, expuso que su hijo fue acusado en enero del 2008 por delincuencia organizada y portación de armas en Valle de Bravo, pero no por traer drogas como había mencionado la Secretaria Sánchez Cordero.
Arturo Saldívar Lelo de Larrea, Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
“Una precisión para la señora Secretaria es que sí lo detuvieron y lo acusaron de delincuencia organizada, de armas, y usted dijo que por traer droga y no, no fue así, no había droga”, aclaró.
A pesar de que el joven ha obtenido cuatro protocolos de Estambul, donde se comprobó que sí fue torturado, sigue preso, incluso la madre del joven expuso que la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) ya había solicitado la liberación.
“El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó al Gobierno mexicano la liberación de mi hijo y la reposición del daño”, aseguró.
La señora Judith cuestionó al Presidente y a los presentes sobre el caso de su hijo, pidiendo que se resuelva y se haga justicia.
“Yo sólo quiero que usted, o quienes están ahí me respondan, ¿por qué mi hijo, que tiene 13 años preso por una condena injusta, y que hace tres años debía estar ya conmigo libre, con su familia en libertad, por qué sigue preso?”, remarcó.
Esto provocó que el Presidente AMLO respondiera que con este caso se pretende “conocer si la actitud de los jueces se apega a derecho y si actuaron con justicia”.
“Es un joven que es detenido, cumple con la pena, sin embargo, en uno de los procesos, se decide por un Juez que se debe de reponer el procedimiento, entonces en vez de dejarlo en libertad porque ya cumplió su condena, lo mantienen preso porque hay una sentencia que mandata que se reponga el proceso y es reiniciar la investigación, con toda la demora que caracteriza al Poder Judicial y en los hechos se tiene en la cárcel a quien debería estar en libertad, si se pone por delante la justicia. Si se pone por delante el derecho hay que esperar a que se reponga el procedimiento”, declaró el mandatario.
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POSIBLE LIBERTAD
A pesar de que Sánchez Cordero le dijo al Presidente que no podía indultar a Rafael, aseguró que bajo los protocolos de Estambul, un Juez sí podía otorgarle la libertad de inmediato.
“Yo creo que con el tema de tortura, Presidente, un Juez sensible le otorgaría la libertad de inmediato. Con los protocolos de Estambul se la otorgaría de inmediato”.
Con esto, el Presidente se comprometió a resolver la situación, y dijo que se presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura para ver si se puede dar una amnistía en el caso, además se comprometió a hablar hoy mismo con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
“Siendo respetuosos de la independencia del Poder Judicial, vamos a presentar esta queja para que el órgano encargado de administrar a jueces y ministros, el Consejo de la Judicatura haga lo que corresponda, y ojalá puedan resolver pronto… o que nos recomienden si nosotros como integrantes del Poder Ejecutivo podríamos declarar una amnistía en este caso. Confío en el Consejo de la Judicatura Federal porque afortunadamente sus integrantes son gente con dimensión social, lo mismo jueces y magistrados y los ministros, hay mujeres y hombres sensibles. El presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, es un hombre íntegro, buen abogado y un hombre con visión humanista”, aseguró AMLO.
El funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob) leyó las atrocidades cometidas en contra de la mujer indígena Ernestina Ascencio Rosario en la conferencia de prensa matutina, junto al Presidente Andrés Manuel López Obrador. Luego leyó el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que fue usado para eximir de culpa a los militares.
Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).– El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, resumió en muy pocas palabras la violencia sufrida por la mujer mayor, indígena nahua, Ernestina Ascencio Rosario. La asesinaron en la sierra de Zongolica, Veracruz. La violaron militares mexicanos y le introdujeron un objeto por el recto que le destruyó varios órganos.
Encinas, un reconocido militante de izquierda, leyó las atrocidades cometidas en contra de Ernestina en la conferencia de prensa matutina, junto al Presidente Andrés Manuel López Obrador. Luego leyó el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que fue usado para eximir de culpa a los militares.
Y después, dijo:
“El palabras de Felipe Calderón, la señora Ernestina murió de gastritis crónica. Esta posición por supuesto es inaceptable para el Gobierno de México, por lo cual queremos señalar que la posición sostenida en la reunión de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta semana no representa la posición del Estado mexicano, las políticas en materia de protección y garantía de derechos humanos y las instrucciones del Presidente para atender estos asuntos”.
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Felipe Calderón Hinojosa es expresidente de México y responsable de iniciar una guerra armada contra los cárteles que sigue hasta hoy.
Encinas Rodríguez afirmó que la Fiscalía General de Justicia del estado de Veracruz abrirá de nuevo el caso. Se buscará que las víctimas sean atendidas a satisfacción. Desde distintas instancias.
De acuerdo con lo dicho por el Subsecretario de Derechos Humanos, la señora Ernestina Ascencio fue violentada sexualmente en 2007 por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cuando se encontraba pastoreando a sus borregos en el municipio de Soledad Atzompa, Veracruz.
La hija de Ascencio Rosario fue que la encontró tirada en el camino hacia su casa y al cuestionarle qué le había sucedido, la señora le contestó: “los soldados se me echaron encima, mija. Me duele la cadera”. Luego de ello, Ernestina fue trasladada a una unidad médica rural del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero al no encontrarse abierta y debido a su gravedad, la llevaron hasta la ciudad de Mendoza, Veracruz, donde falleció la madrugada del 26 de febrero del 2007.
Ernestina Ascencio tenía presencia de lesiones correlativas con violación vaginal y anal, y según el reporte presentado esta mañana, sus agresores le introdujeron vía anal un objeto punzocortante que le destrozó el riñón, el hígado y el intestino. El Subsecretario Encinas destacó que dicha versión de los hechos fue confirmada por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Veracruz de ese entonces.
“Sin embargo, de manera posterior, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realizó una investigación y exhumó el cuerpo, llegando a la conclusión de que por las evidencias que encontró, la señora Ernestina había fallecido por, y lo voy a citar textualmente, ‘por las alteraciones tisulares y viscerales consecutivas, anemia aguda por sangrado de tubo digestivo secundario, úlceras gástricas y pépticas agudas de una persona que cursaba con una neoplasia hepática maligna, un proceso neumónico en etapa de resolución, isquemia intestinal y trombosis mecenteril’, cierro la cita. En palabras de Felipe Calderón, la señora Ernestina murió de gastritis crónica”, sentenció el funcionario.
El Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez. Foto: Gobierno de México.
Más adelante, Alejandro Encinas precisó que el caso de la señora Ernestina Ascencio Rosario se reabrirá y se agotarán todas las líneas de investigación hasta que se dé con los responsables por las agresiones físicas y sexuales en su contra que le provocaron la muerte.
“Por ello, y una vez de haber conversado con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz, con la Secretaría General de Gobierno de ese estado, con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), hemos decidido que el informe sobre estos hechos que se presentará el próximo 3 de enero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establecerá que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz abrirá de nueva cuenta las indagatorias hasta agotar todas las líneas de investigación a fin de garantizar la verdad la justicia y la reparación integral para las víctimas”, recalcó desde el Salón de Tesorería de Palacio Nacional.
Por último, Encinas Rodríguez dijo que se trabajará de cerca con las autoridades estatales y se dará el esclarecimiento de los hechos a los familiares de la mujer indígena veracruzana.
“En ese contexto, la Secretaría de Gobernación coordinará ante la Comisión Interamericana estos trabajos a fin de alcanzar con los familiares de las víctimas una solución amistosa que permita atender a fondo esta denuncia que por ejecución extrajudicial y violencia contra la mujer presentaron los familiares de la señora Ernestina Ascencio para resolver de fondo este hecho y garantizar justicia no repetición y la reparación integral”, finalizó el servidor público.
Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador apuntó que se hará justicia por el caso de la señora Ascencio y afirmó que se garantizará “el auténtico Estado de Derecho”.
“Se está avanzando mucho, esto es parte de la transformación. El que estemos tratando estos temas, ¿cuándo se había hecho? ¿Cuándo en la historia reciente? Si los presidentes no informaban, no estaban sujetos al escrutinio público. Nosotros todos los días estamos aquí, garantizando el derecho a la información. Se está haciendo justicia, no hay impunidad, y al mismo tiempo se está haciendo valer el Estado de Derecho, un auténtico estado de Derecho, no ‘estado chueco’, como antes. […] En el caso de la presunta violación de la indígena, la señora Ascencio de la sierra Zongolica, Alejandro ha informado que se reabre el caso”, aseguró.
El informe de la ONU considera que el cuerpo policial de los Carabineros es el principal responsable de las violaciones a los derechos humanos ocurridas desde las protestas iniciadas el 18 de octubre, pero el Gobierno chileno informó que las detenciones ejercidas han sido declaradas legales por los Tribunales de Justicia.
Santiago de Chile, 13 dic (EFE).- Chile aseguró este viernes que “toma debida nota” del informe difundido por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, pero alertó que “se han corroborado un gran número de noticias falsas” sobre violaciones a los derechos humanos que fueron descartadas por la Justicia.
“En algunos casos, el informe afirma la existencia de violaciones de derechos humanos antes de que concluyan las investigaciones en curso”, aseguró en un comunicado el Ejecutivo, que enfatizó “la importancia de validar las fuentes de información, pues se han corroborado un gran número de noticias falsas profusamente divulgadas pese a ser descartadas por el Ministerio Público o los Tribunales de Justicia”.
El informe de la ONU publicado este viernes consideró que el cuerpo policial de Carabineros es el responsable de la mayoría de violaciones a los derechos humanos ocurridas en las protestas que empezaron el pasado 18 de octubre en el país, aunque indicó que las investigaciones nacionales deben determinar las responsabilidades individuales.
La reacción ante protestas que eran pacíficas fue “represiva” y los uniformados utilizaron “fuerza no letal con el objetivo de dispersar a la gente y evitar que llegaran a los puntos de encuentro”, dijo en Ginebra la jefa de la misión de la ONU que visitó Chile, Imma Guerras-Delgado.
Según la Oficina de Derechos Humanos que dirige la alta comisionada y expresidenta chilena Michelle Bachelet, la gravedad de la situación se acentúa en vista de que ciertas violaciones ocurrieron de forma “recurrente en tiempo y en espacio”, en particular el mal uso de armas no mortales -en particular material antidisturbios y gases lacrimógenos- y maltratos durante la detención.
El documento propone, entre otras, “reformas estructurales” de Carabineros, de modo que haya una supervisión civil e independiente de sus actividades.
Por su parte, el Ejecutivo chileno hizo precisiones a la afirmación del organismo internacional de que muchas de las detenciones fueron “indiscriminadas y arbitrarias”: “Cabe clarificar que el 95.1 por ciento de todas las detenciones efectuadas desde el 18 de octubre han sido declaradas legales por los Tribunales de Justicia”.
Asimismo, respecto a la libertad de la prensa y los defensores de derechos humanos, el Gobierno resaltó que “la colaboración ha sido total y permanente” y que el informe “no entrega antecedentes que demuestren la existencia de represalias o restricciones” a su trabajo.
INFORME DE ONU CONTIENE INFORMACIÓN ERRADA, SEGÚN GOBIERNO
La Subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno de Chile, Lorena Recabarren, aseguró este viernes en una rueda de prensa que el documento contiene “información errada o falta información actualizada”.
Recabarren recordó la “situación imprevista e inédita de violencia” que estalló el pasado 18 de octubre en Chile, lo que, según la subsecretaria, motivó la decisión de decretar el estado de emergencia.
“Fue esa situación de violencia y no las manifestaciones pacíficas, como se ha pretendido hacer ver por algunos, lo que determinó la necesidad de decretar el estado de excepción constitucional”, afirmó.
Para la subsecretaria, el Estado “cumplió con su responsabilidad como primer garante de los derechos humanos, que es precisamente resguardar el orden y la seguridad pública para proteger los derechos de todas las personas”.
Por otro lado, subrayó que “el Gobierno y el Congreso se han hecho cargo de las demandas ciudadanas impulsando una importante agenda social y antiabusos”.
Además, resaltó que algunas de las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) ya se están implementando por parte del Gobierno, como programas de reparación para los heridos oculares en las protestas o para las mujeres que han denunciado abusos sexuales presuntamente cometidos por uniformados.
CHILE LAMENTA LAS DENUNCIAS DE LA ONU
“Lamentamos profundamente las denuncias recibidas por el equipo de la alta comisionada. Cada una será investigada por el Ministerio Público y sancionada de acuerdo a lo que determinen los Tribunales de Justicia”, indicó la subsecretaria de Derechos Humanos.
Recabarren también hizo referencia a la revisión de los protocolos de los agentes del Estado, así como la incorporación de cámaras corporales, con el objetivo de “cautelar el uso de la fuerza legítima”.
El Ejecutivo chileno expresó su agradecimiento a la misión de la ACNUDH “por la disposición que tuvo su Misión para recabar informaciones, tanto del Gobierno como de la sociedad civil”.
Los observadores de la ONU estuvieron en Chile desde el pasado 30 de octubre hasta el 22 de noviembre, tiempo en el que recorrieron la capital y otras localidades del país con acceso libre a hospitales y centros de detención.
En su informe para la COP25, la ONG Greenpeace señaló la quema de carbón como principal responsable del cambio climático, así como causante de daños a la salud y los derechos humanos en las zonas mineras.
Madrid, 9 dic (EFE).- La organización ecologista Greenpeace denuncia las violaciones de los derechos humanos en zonas de extracción de carbón en países como Colombia, Indonesia, Rusia y Sudáfrica.
Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra este martes, Greenpeace ha presentado hoy en la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP25) en Madrid el informe “Las heridas del carbón. Violaciones de derechos humanos en las importaciones españolas”.
El estudio incide en los perjuicios que el carbón causa no sólo al medio ambiente (su combustión es la principal responsable mundial de cambio climático por sus emisiones de CO2), sino también a las personas.
La organización ha enumerado los desplazamientos forzosos, la contaminación, la restricción del acceso al agua, la persecución, la criminalización o la represión de las protestas como algunas de las violaciones de los derechos humanos en zonas de extracción de carbón de Colombia, Indonesia, Rusia y Sudáfrica.
Tatiana Nuño, responsable de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace, ha explicado que “la quema de carbón es la principal responsable del cambio climático y causa serios impactos en la salud y su extracción conlleva costes muy elevados para el medio ambiente y los derechos humanos en las zonas mineras”.
El estudio analiza también el impacto de la mina abierta -la más grande del mundo- que opera en Colombia la empresa Cerrejón, que extrae 108 mil toneladas de carbón al día para la exportación y ha desplazado a más de 20 mil personas en todo el territorio.
Indonesia se ha convertido en los últimos quince años en uno de los mayores exportadores de carbón del mundo, subraya el informe, y aproximadamente el 43 por ciento de la superficie de la región de Kalimantan Oriental, en Borneo, ha sido entregado a las empresas mineras.
Denuncia asimismo a las compañías mineras rusas por explotar intencionadamente el carbón cerca de los centros de población para reducir los costes de infraestructuras y facilitar la mano de obra disponible.
Y en Sudáfrica, donde el carbón es la segunda mayor fuente de ingresos del país, señala el estudio, las violaciones de derechos humanos se repiten sistemáticamente, sobre todo en la provincia de Mpumalanga, tradicionalmente rica en carbón y de donde se extrae el 83 por ciento del total producido en el país.
Greenpeace insta a combatir la invisibilización de las mujeres en el negocio del carbón, reconocer su rol como piedra angular para el mantenimiento de los tejidos sociales y garantizar su protección física y psicológica de las dinámicas sociales que perpetúan los abusos contra ellas.
El Ministro del Interior chileno, Gonzalo Blumel, anunció que “como parte de los compromisos que tomamos después del informe de Human Rights Watch, vamos a convocar a un consejo para la reforma de Carabineros”.
Más que modernizar la institución, se debe reformar, continuó, ya que el país necesita “una Policía del siglo XXI” que se va a enfocar en revisar todo lo que se venía haciendo.
SANTIAGO DE CHILE (AP) — El Gobierno chileno convocará a un consejo especial la próxima semana para reformar la Policía ante las continuas denuncias de violaciones a los derechos humanos, anunció el domingo el Ministro del Interior.
“Como parte de los compromisos que tomamos después del informe de Human Rights Watch, vamos a convocar a un consejo para la reforma de Carabineros”, anunció el ministro Gonzalo Blumel en una entrevista con la cadena local CNN.
Más que modernizar la institución, se debe reformar, continuó, ya que el país necesita “una Policía del siglo XXI” que se va a enfocar en revisar todo lo que se venía haciendo.
“Necesitamos actuaciones policiales, protocolos y estándares mucho más modernos”, agregó, al tiempo que reconoció que la reforma es más profunda de lo que cabía esperar.
Varios organismos activistas internacionales han acusado a Chile de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía al intentar controlar las recientes manifestaciones pacíficas, luego de que el 18 de octubre una protesta por el alza en el precio del tren subterráneo derivara en un fuerte estallido social, el cual puso al descubierto el descontento existente por la profunda desigualdad en el país sudamericano a pesar de su economía exitosa.
“El tema del orden público es el gran desafío, porque hoy día efectivamente enfrentamos una situación de orden público y es una prioridad recuperarlo”, añadió el ministro. “Tenemos que ver cómo estas actuaciones en materia de orden público se consolidan bien con la protección absoluta de los derechos humanos que es, insisto, el límite infranqueable que la actuación policial nunca puede superar”.
Chilenos piden no criminalizar las protestas. Foto: EFE/Alberto Valdés
Marcelo Herrera, con los ojos vendados por una lesión que sufrió durante una protesta reciente, participa en una manifestación en Santiago, Chile. Foto: Esteban Felix, AP
Chile enfrenta problemas complejos, reconoció Blumel, y ha habido denuncias graves que se tienen que investigar y resolver. Consideró que lo más importante es sacar las lecciones necesarias de lo sucedido para que no se repita y se apliquen las acciones correctivas, al tiempo que enfatizó que no habrá impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos
Las discusiones sobre esos derechos dividieron muchísimo al país en el pasado, recordó el funcionario, y advirtió que hay que evitar que ello ocurra en el presente y en el futuro, impedir que degenere en una discusión de tinte partidista.
Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos coinciden que en Chile ha habido uso excesivo de la fuerza, así como torturas, abusos sexuales, desnudamientos forzados y otras prácticas, incluido el uso de armas antidisturbios que han provocado lesiones oculares a 352 personas, según el último informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), un organismo independiente.
Éste sólo ofrece cifras de aquellos casos que puede verificar y, debido a su capacidad limitada, no reflejan a todas las víctimas existentes.
La fiscalía investiga 26 muertes en el contexto de las manifestaciones y unas 3 mil 500 personas heridas, según el INDH.
Fundar destacó que el desempeño de Enrique Peña Nieto como Presidente se compuso de falsas promesas, corrupción, inseguridad, pobreza, deudas y fracasos.
La organización detalló que si bien hubo iniciativas que intentaron corregir los problemas estructurales del país, su implementación fue insuficiente y mal ejecutada. Un ejemplo de ello fue el Sistema Nacional Anticorrupción.
Fundar añadió que el Gobierno de Peña Nieto terminará sin reflejar los supuestos beneficios que las reformas estructurales traerían al país; a cambio han mostrado una “sistemática violación a los derechos de los Pueblos Originarios”, como el caso de la Reforma Energética.
Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).– El sexenio de Enrique Peña Nieto concluirá con un saldo negativo y marcado por “graves escándalos de corrupción y violaciones sistemáticas a los derechos humanos“, consideró la organización Fundar.
Al presentar su tercer diagnóstico sexenal, titulado “Fue un mal año. No, menos, como seis”, la organización civil destacó que el desempeño de la actual administración se compuso de falsas promesas, corrupción, inseguridad, pobreza, deudas y fracasos.
Recalcó que si bien hubo iniciativas que intentaron corregir los problemas estructurales del país, su implementación fue insuficiente y mal ejecutada.
“Tenemos marcos normativos de primera, pero con implementación de cuarta”, señaló Haydeé Pérez Garrido, directora de Fundar.
Como ejemplo de lo anterior, Fundar recordó que ante las protestas por casos de corrupción, el Gobierno federal creó el Sistema Nacional Anticorrupción, pero su implementación fue limitada y no brindó resultados en casos como Odebrecht, la Casa Blanca o los señalamientos de desfalco a las finanzas estatales por parte de gobernadores.
Fundar señaló que el sexenio de Peña Nieto fue el más violento en los último años. Foto: Twitter, @FundarMexico.
En materia de seguridad, el sexenio de Peña Nieto fue el más violento en los último años. Ya que, señaló Fundar, desde el inicio de la llamada “Guerra contra el narcotráfico”, de los 36 mil mexicanos desaparecidos hasta abril de 2018, 23 mil casos ocurrieron durante la actual administración.
En materia económica, la organización criticó el aumento en la desigualdad producto, en gran medida, de la mala distribución de la riqueza y de con un deficiente sistema fiscal que “sigue beneficiando a una cuantos y ha permitido a quienes tienen más, pague sólo el equivalente al 11 por ciento de sus ingresos”.
Fundar añadió que el Gobierno de Peña Nieto terminará sin reflejar los beneficios que las reformas estructurales traerían al país.
En cambio, la Reforma energética sólo “ha significado la sistemática violación a los derechos de los pueblos indígenas sin que traiga desarrollo y beneficio a las comunidades”.
Además, ejemplificó, la industria minera “paga menos del 0.5 por ciento del total de impuestos recaudados”, mientras los pueblos originarios viven los estragos de las prácticas de extracción.
Pérez Garrido señaló que la futura administración recibirá un país complejo, “con instituciones dinamitadas“. Y llamó a tomar decisiones adecuadas para evitar la repetición de los esquemas de violencia que México vivió durante los gobierno de Felipe Calderón y Peña Nieto.
En este sentido, llamó a reconsiderar el plan de seguridad para evitar que persistan los balazos.
De acuerdo con una queja presentada en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, remitida a la CNDH por razones de competencia, el 10 de enero de 2013 dos personas adultas viajaban con dos niñas a bordo de una camioneta que recibió disparos de arma de fuego hechos por elementos de la policía.
De la investigación realizada por la CNDH se acreditó que una de las personas adultas perdió la vida a consecuencia directa de los disparos realizados por los elementos policiacos.
Ciudad de México, 17 de septiembre (EFE).- La Procuraduría General de la Republica (PGR) y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) violaron los derechos humanos de cuatro personas, entre ellas dos niñas, en el marco de un ataque a un vehículo con armas de fuego en Chihuahua en 2013, informó hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La CNDH “emitió la Recomendación 34/2017 al Comisionado Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, y al Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, por violaciones a los derechos humanos de cuatro personas, dos de ellas niñas”, indicó el organismo en un boletín.
Esta vulneración de derechos la realizaron servidores públicos de ambas dependencias en la ciudad de Chihuahua, agregó el texto.
“Tras su investigación, este organismo nacional acreditó violaciones a los derechos a la seguridad jurídica y a la integridad personal, a la vida e interés superior de la niñez, así como al acceso a la justicia en su modalidad de procuración en agravio de las víctimas”, informó la CNDH.
El órgano constató que personal de la Policía Federal ejerció uso indebido de la fuerza por accionar sus armas de fuego sin acreditar que repelían una agresión, “incumpliendo diversas disposiciones legales sobre el empleo de la fuerza pública”.
Además, se constató que elementos de la citada corporación “alteraron, manipularon evidencia y procesaron indicios balísticos que no fueron entregados bajo cadena de custodia” al representante social que investigaba los hechos.
“Tampoco se garantizó la integridad física y psicológica de dos niñas, entonces de 4 y 9 años de edad, que viajaban en el vehículo agredido por los elementos de la Policía Federal”, señaló.
Los dos agentes, además, no realizaron “las acciones necesarias para su resguardo y omitieron indicar su presencia en el evento cuando rindieron informes”.
De acuerdo con una queja presentada en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, remitida a la CNDH por razones de competencia, el 10 de enero de 2013 dos personas adultas viajaban con dos niñas a bordo de una camioneta que recibió disparos de arma de fuego hechos por elementos de la policía.
De la investigación realizada por la CNDH se acreditó que una de las personas adultas perdió la vida a consecuencia directa de los disparos realizados por los elementos policiacos.
Mientras la otra salió herida del vehículo y fue llevada a un hospital de esa ciudad para recibir atención médica, y al día siguiente se le puso a disposición del Ministerio Público de la Federación por portar armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y por delitos contra la salud (narcotráfico).
La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) inició una averiguación previa por la probable comisión del delito de homicidio y tentativa de homicidio a la Policía Federal, pero los agentes del Ministerio Público omitieron la práctica de diligencias para la investigación de los hechos, consideró la CNDH.
“Además de que no atendieron a las víctimas respectivas”, denunció la CNDH.
La CNDH solicitó a la CNS reparar los daños a las víctimas, así como colaborar en la presentación y seguimiento de la denuncia que se formule ante la PGR y en la queja ante la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal.
A la PGR se le pide reconocer como víctimas u ofendidos a las personas afectadas e impartir un curso en materia de respeto a los derechos humanos a los agentes del Ministerio Público adscritos a su Delegación en Chihuahua, entre otros
Por las protestas, la Fiscalía General de Venezuela trabaja en 450 investigaciones por presuntas violaciones de derechos fundamentales. De estos casos se han registrado 23 personas fallecidas y 853 lesionadas atribuidas a funcionarios policiales o militares.
Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo/EFE/AP).- Diputados de la oposición venezolana denunciaron hoy que las fuerzas del orden reprimieron con perdigones y bombas lacrimógenas una marcha ciudadana a la sede del Poder Electoral para mostrar su rechazo al proceso constituyente activado por el Gobierno para elaborar una nueva Carta Magna.
“Llegaron las motos de la Guardia Nacional por la parte de atrás de la movilización disparándonos perdigones a todos, disparándonos las lacrimógenas”, relató en un vídeo publicado en Twitter el diputado Miguel Pizarro, que recriminó a los militares haber abierto fuego contra “señoras, muchachitos, abuelos” “sin mediar palabra”.
Efe pudo constatar cómo la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) dispersó con gas lacrimógeno marchas que se dirigían al Consejo Nacional Electoral (CNE) desde varios puntos de Caracas.
Los manifestantes trataron de reagruparse para seguir avanzando hacia la sede del CNE, cuyos alrededores están bloqueados desde la mañana por los cuerpos de seguridad del Estado.
Manifestantes opositores participan en una marcha hacia la sede del Poder Electoral en Caracas, Venezuela. Foto: EFE.
Otros diputados de la mayoría parlamentaria opositora informaron en la red de que efectivos de la GNB dispersaron a los manifestantes o les impidieron llegar a las sedes del Poder Electoral en sus circunscripciones de los estados de Lara y Zulia (noroeste), Carabobo (norte), Mérida (oeste) y Nueva Esparta (noreste).
Antes de que comenzaran las marchas, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) dispersó a los ciudadanos concentrados en la plaza caraqueña de Altamira con bombas lacrimógenas.
¡EXIGIMOS LIBERTAD PLENA! Su único delito fue querer una Venezuela donde la PNB en vez de reprimir los defienda del hampa pic.twitter.com/d7x6gXxrdS
Por otra parte, a Fiscalía General de Venezuela acusó el jueves al ex comandante de la Guardia Nacional por su presunta responsabilidad en violaciones a los derechos humanos durante las protestas que por tres meses han sacudido al país y han dejado 75 muertos.
El mayor general Antonio Benavides Torres, que fungía hasta la semana pasada como comandante general de la Guardia Nacional, fue citado a comparecer ante la Fiscalía el 6 de julio, indicó el Ministerio Público en un comunicado.
Es el primer oficial de alto rango que es acusado en relación a las acciones represivas de los cuerpos de seguridad durante las protestas.
La citación de Benavides Torres se produce en momentos que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, que por años fue cercana al ex mandatario Hugo Chávez, se ha convertido recientemente en una severa crítica de Nicolás Maduro. Sería probable que estos cargos tensen aún más la relación entre la fiscal y el mandatario venezolano.
La Guardia Nacional ha sido objeto de ásperas críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos y de la Fiscalía por su desempeño en la contención de las protestas antigubernamentales, que han dejado mil 400 heridos y más de 500 detenidos. Casi a diario, los guardias nacionales y policías han lanzado bombas lacrimógenas y balas de goma contra los manifestantes.
Venezuela
“Es preferible morir de un tiro que de hambre”
la voz desesperada de un anciano en medio de la calle
La Fiscalía indicó en el escrito que hasta el momento trabajan en 450 investigaciones por presuntas violaciones de derechos fundamentales. De estos casos se han registrado 23 personas fallecidas y 853 lesionadas atribuidas a funcionarios policiales o militares.
En la mayoría de esos casos se evidenció “el uso excesivo de la fuerza en la represión de las manifestaciones, empleo de armas de fuego no autorizadas, la indebida aplicación del equipo suministrado, tratos crueles y torturas a personas aprehendidas, así como allanamientos sin orden judicial y daños a la propiedad, entre otras situaciones”, acotó la Fiscalía.
Cientos de seguidores de la oposición —que exige elecciones adelantadas y reclaman soluciones a los graves problemas económicos y sociales que azota al país— salieron el jueves una vez más a marchar y como ya se ha hecho rutina la caminata fue dispersada abruptamente con gases lacrimógenos y disparos de escopetas de perdigones, pese a que Maduro ha dicho que ese tipo de armas están prohibidas.
Ni un día pasa sin que hayan protestas en Venezuela. Así llegó la manifestación en #ElRosal hacia el Consejo Nacional Electoral este #29Junpic.twitter.com/5gZwfPdCD7
En el marco de la visita oficial a México, que se desarrolla hasta el próximo 24 de enero, Forst escuchó este domingo casos como los presentados por la comunidad del ejido La Sierrita, en el estado de Durango, y Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, en Oaxaca.
Ciudad de México, 16 de enero (EFE).- El relator especial de la ONU Michel Forst mantuvo una reunión con defensores de derechos humanos mexicanos en la que estos presentaron casos de abusos y violaciones cometidos por empresas y autoridades, informó hoy el Proyecto de derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC).
En el marco de la visita oficial a México, que se desarrolla hasta el próximo 24 de enero, Forst escuchó este domingo casos como los presentados por la comunidad del ejido La Sierrita, en el estado de Durango, y Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, en Oaxaca.
Los representantes de La Sierrita presentaron su conflicto con la mina La Platosa, perteneciente a la compañía Excellon de México, a la hora de explotar sus yacimientos de plata, plomo y zinc durante los últimos 12 años.
Tras haber constatado violaciones en un primer contrato, los habitantes firmaron un acuerdo en 2008, cuyas cláusulas económicas, sociales y medioambientales también fueron incumplidas por la empresa en su mayoría.
Esto llevó a que los ejidatarios presentaran una denuncia ante un tribunal de Coahuila por rescisión del contrato.
El litigio terminó el pasado noviembre, cuando dicho tribunal estableció el término del contrato entre ambas partes, lo que implica que la empresa ha de entregar las 1.100 hectáreas de tierra pertenecientes al ejido, así como el pago de una cláusula por la cantidad de 5.5 millones de pesos.
Asimismo, la resolución establece que el ejido también debe pagar a la empresa 5.61 millones pesos, “manteniendo un embargo sobre las tierras hasta que se realice el pago”.
Daniel Pacheco, presidente del Comisariado ejidal de La Sierrita, afirmó que “en un contexto como el mexicano, donde el acceso a la justicia es el camino más difícil”, es fundamental el apoyo de los organismos internacionales, que puedan poner los derechos de las personas por encima de los intereses de las transnacionales.
Denunció que a lo largo del proceso judicial los ejidatarios sufrieron “amenazas, hostigamiento y violencia” por parte de la empresa y un sindicato de protección patronal.
Por otra parte, la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) expuso al relator los diferentes amparos que han presentado para exigir una consulta por la instalación del parque eólico Bií Hioxo, de la empresa Gas Natural Fenosa.
También denunciaron “las violaciones al proceso de consulta que realizó el Gobierno mexicano”, a través de la Secretaría de Energía en Juchitán, para la instalación del parque eólico de la empresa Eólica del Sur en 2014.
Mariano López, vocero de la APPJ, dijo que para las comunidades indígenas zapotecas del Istmo de Tehuantepec “el incremento de parques eólicos en la región ha representado un aumento en las violaciones a nuestros derechos humanos”.
En particular, se refirió al “derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado”.
La reforma energética y sus leyes secundarias, agregó el vocero de la APPJ, “pretende expandirse sin considerar los derechos de las comunidades”.
La visita del relator de la ONU incluirá viajes a los estados de Chihuahua, Estado de México, Guerrero y Oaxaca, así como reuniones con autoridades estatales y federales, y organizaciones y defensores de DD.HH.
Las servidoras y servidores públicos señalados por las personas quejosas como responsables de las violaciones denunciadas, pertenecían en su mayoría a instituciones estatales con 82 mil 220 presuntas violaciones (51 por ciento), seguidos por las instituciones municipales, 56 mil 302 quejas (35 por ciento) y las federales reportada en 22 mil 185 casos (14 por ciento).
Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).– Los estados de Jalisco, Tabasco y la Ciudad de México son las entidades en las que más quejas por violaciones a los derechos humanos por cada 100 mil habitantes se reportaron en 2015, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
A nivel nacional en 2015 se presentó una tasa de 137 violaciones por cada 100 mil habitantes, mientras que en 2014 alcanzó un valor de 115.6
La entidades mencionadas cuadruplican o duplican la media nacional: Jalisco (479), Tabasco (313) y Ciudad de México (253).
De acuerdo con la revisión del Inegi a las quejas presentada ante los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) estatales y nacional se recibieron quejas por 158 mil 889 presuntas violaciones de los derechos humanos por parte de elementos de los tres órdenes de gobierno.
Las servidoras y servidores públicos señalados por las personas quejosas como responsables de las violaciones denunciadas, pertenecían en su mayoría a instituciones estatales con 82 mil 220 presuntas violaciones (51 por ciento), seguidos por las instituciones municipales, 56 mil 302 quejas (35 por ciento) y las federales reportada en 22 mil 185 casos (14 por ciento).
Estas cifras representan un incremento con el número de violaciones denunciadas en 2014, cuando se registraron 131 mil 632, afectando los derechos de al menos 100 mil 932 personas.
56 mil 364 (36 por ciento) violaciones afectaron el derecho a la seguridad jurídica y libertad personal, convirtiéndolo en el derecho humano más vulnerado en ese año, seguido del derecho a la integridad y seguridad personales7, con 24 mil 348 (15 por ciento) y el Derecho a la protección de la salud, 16 mil 185 (10 por ciento)
Las autoridades federales más reportadas fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social (3 mil 948 presuntos hechos), Instituto Nacional de Migración (2 mil 253), Policía Federal (2 mil 159 hechos), Procuraduría General de la República (2 mil 11), Sistema Penitenciario Federal (mil 719), Secretaría de la Defensa Nacional (mil 604) y Secretaría de Marina (mil 131).
A nivel estatal, las más señaladas fueron las procuradurías o fiscalías generales de justicia de las entidades federativas (24 mil 531 presuntos hechos), Secretarías de Seguridad Pública estatales (12 mil 949) y Secretarías de Educación Pública estatales (9 mil 608).
Mientras que en el orden municipal, la mayoría de las violaciones se atribuyeron a los Ayuntamientos (presidencias municipales, sindicaturas, regidurías) con 40 mil 435 presuntos hechos y a las Secretarías o Direcciones de Seguridad Pública municipales (11 mil 91).
Al menos 177 mil 60 personas(66 mil 53 mujeres y 81 mil 328 hombres) y 9 mil 130 colectivos habrían resultado afectados en sus garantías por parte de los funcionarios.
Durante 2015, los OPDH también recibieron denuncias por 11 mil 504 casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes y mil 985 de tortura, representando en conjunto poco más del 55 por ciento del total de hechos violatorios de este derecho. También registraron 727 hechos de omisión para brindar medidas efectivas de protección y 16 hechos por tolerancia u omisión de la autoridad para la protección contra la trata de personas o explotación con fines sexuales.
El Inegi aclaró que para los hechos restantes los OPDH señalaron en su mayoría de forma general como actos u omisiones contrarios al derecho a la integridad y seguridad personal u otras violaciones a este derecho.
Gabino Cué Monteagudo significó la esperanza de un viraje en la conducción política, social y administrativa de Oaxaca; pero sus críticos resultados superaron con creces 70 años de Gobiernos priistas. Está por concluir el sexenio. Y sobre sus hombros se lleva la tragedia de Nochixtlán que ocurrió mientras él estaba en una fiesta; pero también una deuda histórica elevada en 185 por ciento y un posible daño patrimonial al estado de 10 millones 602 mil pesos por manejo irregular de recursos, detectado por la Auditoría Superior de la Federación. Pese a todo, la Secretaría de Hacienda a cargo de Luis Videgaray Caso, le perdonó el pago de 9 millones 540 mil 048 millones de pesos en 2015.
Por Linaloe R. Flores, Alejandra Padilla y Daniela Barragán
Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).– Las buenas cuentas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no serán la huella de Gabino Cué Monteagudo cuando deje el Gobierno de Oaxaca. Tomó posesión en 2010 y encarnó la esperanza de que en esa entidad averiada por la miseria y el añejo conflicto magisterial, el destino cambiara un poco. Era el primero en 70 años que no fue postulado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Sus cartas académicas eran fuertes. Se licenció en Economía con maestría en Dirección Económica y Financiera en el Instituto Directivo de Empresas en Madrid, España y se doctoró en Hacienda y Economía del Sector Público en la Universidad Complutense de ese país. Un perfil de economista que podía encarar esa herencia de deuda pública de 4 mil 615 millones de pesos en 2010.
Pero el resultado fue inverso. Para 2015, ese endeudamiento se había elevado a 13 mil 175 millones de pesos, un incremento de 185 por ciento, según datos de la misma Secretaría de Hacienda que debe llevar un registro histórico de las obligaciones fiscales de los estados de la República. Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en su fiscalización presentada ese mismo año que más de 10 millones 602 mil pesos podrían haberse ejercido de manera irregular, lo que constituiría un daño al patrimonio del estado debido a irregularidades en la operación de transferencias del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa).
El Gobierno –según la ASF– habría tomado dinero de ese fondo para pagar adeudos que tenía con Hacienda desde 2013 por actualizaciones y recargos del Impuesto Sobre la Renta retenido a los trabajadores. El desajuste costó 5 millones 458 mil 747 pesos que al final, no fueron reportados.
También lo hizo para pagar sueldos a dos trabajadores que no cumplían con el perfil laboral, lo que ocasionó un boquete de 3 millones 996 mil 963 pesos en el Fassa.
Además, hubo un posible daño a la Hacienda pública por 842 mil 472 pesos porque la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado no transfirió en su totalidad los rendimientos financieros generados de el fondo.
Cada transferencia que el Gobierno de Cué Monteagudo hizo de Fassa ocurrió sin transparencia. En su informe, la ASF expuso: “Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad federativa no proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos del primer trimestre de nivel fondo; tampoco reportó de manera pormenorizada la información relativa al avance de las acciones realizadas, y no realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al gobierno del estado conocer sus debilidades y áreas de mejora”.
Pese a este relato, la Secretaría de Hacienda benefició al Gobierno de Gabino Cué en 2015 con la condonación de 9 millones 540 mil 48 pesos, una cifra parecida a la que el órgano fiscalizador señala por daño patrimonial a la entidad.
Gabino Cué Monteagudo entregará la administración estatal de Oaxaca a Alejandro Murat el próximo 1 de diciembre. Le llegó el momento de hacer corte. Y recibir el juicio social una vez que deje el poder. No se trata sólo de los informes financieros; sino de los resultados en pobreza, la protección de los derechos humanos, el conflicto magisterial a partir del cual explotó la tragedia de Nochixtlán y algunos episodios de corrupción.
Uno de sus ex colaboradores y hoy Senador de la República por Oaxaca, Benjamín Robles Montoya, se convirtió en uno de sus más puntuales detractores. “Deja una deuda impresionante. No puede ocultarse. Eso contrasta con las obras públicas. Contrasta con el hecho de que hay más pobres. Es sorprendente que Hacienda le condone impuestos a un Gobierno con este tipo de administración”.
Cuando en 2010 tomó posesión, una de las frases de Cué Monteagudo fue “no más represión”. Se refería al añejo y encajado problema magisterial. Cientos de maestros rodeaban el Congreso de la Unión y lo escucharon con atención. Él tenía seis años de futuro y aquellas palabras fueron interpretadas por observadores, periodistas y los mismos maestros como un signo de que los tiempos traerían la negociación con la disidencia magisterial agrupada en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
La CNTE surgió en 1989 para oponerse a la designación de Elba Esther Gordillo Morales en el Sinicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). En Oaxaca siempre fue y aún es, muy poderosa. Por ejemplo, bajo su dominio tuvo al Instituto Estatal de Educación Pública (IEEEPO), conformado en 1992. Con el plan de federalización de la educación de ese año, el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari, la CNTE y el Gobierno del estado firmaron un convenio que le otorgó el derecho a la sección 22 del SNTE, adscrita a la CNTE, de nombrar a los funcionarios, jefes de departamento y directivos.
Gabino Cué heredó ese pasado. Las escenas de los maestros en Oaxaca jamás han carecido de tintes violentos. Ya sea urnas quemadas o ayuntamientos apedreados, la sección 22 ha aparecido como la protagonista de varias historias de daño. En 2006, en la capital oaxaqueña, en la entraña de la sección, se gestó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) que permaneció varios meses en plantón en contra del Gobierno de Ulises Ruiz que antecedió al de Gabino Cué.
En la APPO, participaron 365 organizaciones sociales, ayuntamientos populares y sindicatos. Colocaban barricadas y efectuaban incendios hasta que un día, la Policía Federal logró desalojarlos.
Experto en movimientos sociales en México, José Fernández Santillán, investigador en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de México (ITESM) encuentra que la CNTE significa en Oaxaca un movimiento de oposición que va más allá de los gobiernos en turno, al que jamás se quiso contener en el pasado.
Y a Gabino Cué ese desencuentro le explotó en las manos.
En 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión una reforma a la estructura de la Educación que implicaba –implica aún– una evaluación general de los docentes. Las manifestaciones en contra se azuzaron. Ya no sólo fue Oaxaca. 40 mil maestros se apostaron el Zócalo de la Ciudad de México durante poco más de un mes en uno de los campamentos más grandes en la historia de la capital del país.
Gabino Cué Monteagudo se convirtió en el Gobernador que puso freno a ese movimiento desde el ámbito legal y a través de una negociación con el Gobierno federal. El 21 de julio de 2015 anunció la desaparición del Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO) para conseguir la modernización del sistema educativo del estado. En la foto alusiva quedaron el Secretario de Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet Chemor, y el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, y él el Gobernador que cinco años antes encarnó la esperanza de la negociación. Juntos dieron a conocer que se crearía un nuevo instituto de educación descentralizado, con personalidad jurídica y autonomía de gestión. El decreto que ordena la transformación amaneció publicado en el periódico oficial de la entidad.
Y las cosas iban bien en apariencia. Pero el domingo 19 de junio Oaxaca, otra vez, se vio obligada a enlutarse. Ocurrió otra de las tragedias que marcarían el sexenio de Enrique Peña Nieto (Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato eran las otras). Elementos de la Policía Federal y del estado intentaron destrabar un bloqueo de maestros en una carretera de Nochixtlán. Se enfrentaron. Hubo piedras, palos, bombas molotov y balas. Ocho personas murieron y 40 resultaron heridas. ¿Quién mató a los de Nochixtlán? ¿Quién disparó? Los meses han transcurrido y es la hora en que no hay un reporte oficial sobre esta responsabilidad.
Lo cierto es que ese día, Gabino Cué Monteagudo se encontraba en una fiesta. Se casaba el Secretario de Obra Pública de Guerrero, Rafael Navarrete. Él, quien el día uno de su Gobierno pronunció la frase “no más represión” debió abandonar el brindis, ubicarse en su despacho y enfrentar la barricada cultural que organizó el escultor Francisco Toledo en el atrio de Santo Domingo de Guzmán para que Nochixtlán no volviera a repetirse.
En las cuentas de Cué Monteagudo el problema de la disidencia magisterial (histórica, gestada ahí mismo) no es el saldo más marcado. Cuando se inició su Gobierno, la estampa de la pobreza era de 62 de cien oaxaqueños en esa circunstancia, la proporción más alta de México. En otros números, 2 millones 434 mil 600 oaxaqueños vivían en condición de pobreza y 916 mil 600 en pobreza extrema, ese límite en el que el hambre de algunos días se transforma en hambre de días y días. Ahora que está por concluir el Gobierno estatal, hay 2 millones 662 mil 700 habitantes en pobreza. En la tragedia de la pobreza extrema, la miseria, se cuenta a un millón 130 mil oaxaqueños, según la medición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval).
Y eso no es todo lo que heredó y que hizo crecer Cué Monteagudo. Cuando se convirtió en Gobernador la deuda pública era de 4 mil 615 millones de pesos. Bastaron tres años para pasar de esa cifra a 10 mil 154 millones de pesos. La Secretaría de Hacienda registró que en 2015, ese saldo se elevó a 13 mil 175 millones de pesos, lo que significó un incremento de 185 por ciento.
El discurso de su toma de posesión parecían palabras sobre ruinas. “… Con humildad, porque el pueblo oaxaqueño es quien ha instaurado este cambio y nosotros tenemos la honrosa tarea de impulsarlo”. Y el compromiso parecía lo más oportuno: “ … Que no haya más represión ni acoso político. Nunca jamás”.
Seis años después, el 5 de junio de 2016, el PRI recuperó Oaxaca con Alejando Murat Hinojosa como candidato y la oposición que logró gobernar Oaxaca, encarnada en el ser de Gabino Cué Monteagudo, se quedó en impasse.
Una misión de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos expuso el peligro que representa en México defender una causa. El organismo internacional registra 615 agresiones contra defensores de derechos humanos entre 2010 y 2014 en México, por diferentes causas. Entre los que se se hallan 36 asesinatos. El contexto no abona la resolución de conflictos con las empresas. El Grupo recibió 68 caso documentados de violaciones de empresas a los derechos humanos de la población. Las empresas del estado, la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos están entre las que más abusos cometen.
Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).- Las organizaciones civiles que arroparon la reciente visita de un grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre empresas y derechos humanos lamentaron la respuesta entregada hoy por el Gobierno ante las conclusiones preliminares de esta visita.
“Vemos el comunicado de prensa de tres diferentes secretarías [Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores y Secretaría de Economía]. No hay un reconocimiento real de la crisis de derechos humanos y nos parece que ese es el primer paso (para que se avance en la materia)”, dijo Astrid Puentes, directora ejecutiva de Aida.
El Grupo incluyó en su informe preliminar registros de la ONU que hablan sobre el contexto de violencia en el país, en específico las 615 agresiones a defensores de derechos humanos entre el 2010 y el 2014, que incluyen 36 asesinatos.
La empresa que tuvo mayores denuncias en su contra fue la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que, junto con Pemex, son las que más agreden a la población, recordó Puentes.
“Hay una debilidad de control a las empresas y las condiciones laborales. Hay que resaltar los ataques a personas que se oponen a proyectos. Es importante que el Estado se pronuncie para declarar intolerables estas agresiones”, dijo Puentes.
La coalición de más de 100 organizaciones documentó 68 casos (aunque se estima que el informe final pueda terminar por incluir más de 80) para el trabajo preliminar de la ONU, en donde se ven vulnerados los derechos humanos de la población, de acuerdo con el trabajo, por la debilidad del Estado ante las empresas.
La metodología para documentar cada caso no se basa en un periodo de tiempo determinado. Sino en la vigencia de los conflictos entre empresas y derechos humanos.
Karen Hudlet Vásquez, representante del Centro de Información sobre empresas y Derechos Humanos detalló que si bien un conflicto pudo suceder hace años, el solo hecho de que no hubiese justicia, hace que cumpla un criterio de vigencia.
Los atropellos se dieron especialmente en violaciones a la tierra y recursos naturales. Las organizaciones apuntaron que el contexto de corrupción, impunidad y violencia que se vive en el país, permite que las empresas se puedan aprovechar de eso.
Las organizaciones civiles secundaron la recomendación al Estado para que reconozca que no todos los proyectos de inversión son viables. Y la importancia de que se les consulte a las comunidades previo a la realización de los mismos en sus territorios.
OAXACA
Las organizaciones recordaron que enumeraron ante los visitantes de la ONU la serie de atropellos que se han presentado en 17 casos, con 25 testimonios, principalmente, de proyectos mineros, de hidrocarburos y parques eólicos.
Elena Villafuerte, representante de Prodesc, detalló que muchos atropellos han sucedido porque los contratos se firman por la vía civil y no la agraria.
De cara al futuro, Villafuerte explicó que hay una preocupación por la inclusión de Oaxaca en las Zonas Económicas especiales, que tienen como centro de desarrollo el Puerto Salinas.
GUADALAJARA
El grupo de la ONU visitó proyectos turísticos, maquileros, de la industria electrónica, mineros, energéticos y sindicatos de trabajadores.
Uno de los casos fue el de la contaminación industrial del Río Santiago. “El grupo reconoce la contaminación como una tragedia y un desastre ecológico”, explicó
María González, de la asociación civil Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, lamentó la postura del Gobierno de Jalisco, que dijo que tenía la voluntad de recuperar el río Santiago, “pero que es una cuestión de competencias”. Por lo que instó a las autoridades a sumarse a un tratado vinculante al respeto de los derechos humanos.
HERMOSILLO
Benjamín Cokelet, de la organización PODER, apuntó que desde hace dos años han estado pidiendo al Gobierno que conforme un grupo de varios sectores para dar seguimiento a los atropellos de derechos humanos cometidos por empresas. Pero han encontrado oídos sordos.
En Sonora el grupo de la ONU indagó sobre la contaminación del Río Yaqui, el derrame en el Río Sonora y el incidiendo de la Guardería ABC.
Cokelet secundó la recomendación preliminar del grupo de la ONU que afirma que hay ciertos proyectos que de por sí no cumplen con la normatividad básica de respetar los derechos humanos.
“Si no realizas una consulta previa, esos proyectos no deberían ser viables. Es el caso del Río Sonora, el mayor desastre a la ecología por un grupo minero”, explicó el activista.
XOCHICUATLA
En Xochicuatla se presentaron los atropellos perpetrados por el Grupo Higa. José Luis Fernández, líder comunitario, apuntaló que la empresa ha desarrollado la carretera Toluca-Naucalpan con el respaldo del Estado, sin considerar la opinión de la localidad. En ese sentido, demandó la cancelación inmediata del proyecto carretero.
El Edomex, junto con Oaxaca, son los estados con un mayor número de atropellos, dijeron las organizaciones en conferencia de prensa.
GUERRERO
En Guerrero los activistas resaltaron los casos de la situación económica en la que trabajan los jornaleros agrícolas. Que en muchos casos tienen trabajos temporales.
“Reciben 65 pesos por tarea, lo que en muchos casos equivale a todo un día de trabajo”, dijo Sandra Alarcón del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.
La activista calificó estas condiciones de semiexclavitud, ya que varios campesinos han debido integrar a sus familias al trabajo de campo.
El Centro de Investigación para el Desarrollo AC considera que siete factores de la administración encabezada por Enrique Peña que exhiben “fracturas” en el modelo de “gobernabilidad”: el distanciamiento con el sector empresarial, el recrudecimiento del conflicto magisterial, el descontento de la Iglesia Católica, la “distancia sana” del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el Presidente, el Ejército, los señalamientos de organizaciones nacionales e internacionales y el castigo del electorado a la corrupción.
Peña Nieto ha perdido oportunidades para atacar la corrupción, señala el CIDAC. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo).– La situación en el país puede empeorar en lo que resta del sexenio y poner en jaque la estabilidad y gobernabilidad, advierte un análisis del Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC). Destaca que esto es resultado de las oportunidades que perdió el Presidente Enrique Peña Nieto para atender a tiempo problemáticas relacionadas con la corrupción y la rendición de cuentas.
El CIDAC enumera siete factores de la administración Peña que exhiben “fracturas en el modelo de “gobernabilidad”: el distanciamiento con el sector empresarial, el recrudecimiento del conflicto magisterial, el descontento de la Iglesia Católica, la “distancia sana” del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el Presidente, el Ejército, los señalamientos de organizaciones nacionales e internacionales y el castigo del electorado a la corrupción.
“Un cúmulo de episodios en la vida política del país han puesto en evidencia las diversas fracturas que exhibe el modelo de gobernabilidad actual del Gobierno Federal. A su inicio, la administración de Enrique Peña Nieto tenía ante sí la oportunidad de posicionar al PRI en el poder […] gozaba de una aprobación superior al 50 por ciento y tenía el apoyo de distintos grupos sociales, como la iniciativa privada, la Iglesia e inclusive de los principales partidos de la oposición en el Congreso bajo el marco del Pacto por México. Sin embargo, hoy, a dos años para la próxima elección presidencial, las coaliciones sociales sobre las cuales PRI podía gobernar se han resquebrajado. Los frentes abiertos de Enrique Peña Nieto, no sólo determinarán las condiciones del PRI rumbo al 2018, sino que establecerán las condiciones de gobernabilidad del país entero en el corto y mediano plazo”, señala el CIDAC.
En el caso del distanciamiento del sector empresarial, el think tank considera que la reciente aprobación de la versión modificada de la Ley 3de3 por parte del Legislativo, que obligaba a todos los ciudadanos que tuvieran contratos o financiamientos del Gobierno a presentar sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses, fue el punto culminante del distanciamiento entre el Gobierno federal y el sector empresarial, el inicio del conflicto puede rastrearse hasta finales del año 2013 con la aprobación de la Reforma Fiscal.
Recuerda el análisis que desde el inicio de la discusión en el Congreso, el sector empresarial se posicionó en contra de la Reforma Fiscal, argumentando que la iniciativa de Peña privilegiaba fines recaudatorios a costa de desincentivar la inversión. En su momento, la iniciativa privada pujaba por el aumento de la base gravable mediante impuestos generalizados a alimentos y medicinas. Sin embargo, la Reforma aprobó diversas disposiciones específicamente orientadas a la actividad empresarial, por ejemplo la homologación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la frontera, el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) sobre alimentos con alto contenido calórico y bebidas, así como la disminución de la deducibilidad en prestaciones y en capital. Esto provocó que tanto en 2014 como 2015, el sector empresarial demandara la reconsideración de la miscelánea fiscal en aras de atemperar las “nuevas” obligaciones. Inclusive durante 2015, el Partido Acción Nacional (PAN) capitalizó la causa de derogar la Reforma en el contexto electoral de ese momento.
“Este año, la iniciativa privada tuvo una participación determinante en el desarrollo de la iniciativa Ley 3de3. Gracias a organizaciones empresariales como la Coparmex [Confederación Patronal de la República Mexicana] y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la iniciativa pudo superar el umbral de firmas necesario para que iniciara su discusión en el Congreso. Aunque dicha ley podría haber representado una posible reconciliación entre el Gobierno Federal y el sector empresarial, las modificaciones de último minuto en torno a las obligaciones impuestas a las empresas que son prestadoras de servicios al sector público, terminaron por agravar la situación”, reflexiona.
Empresarios durante una protesta en contra de la Ley 3de3 aprobada por el Congreso. Foto: Valentina López, SinEmbargo
En el caso del conflicto con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que se oponen a la Reforma Educativa, recuerda que la misma fue una de las primeras impulsadas por el Gobierno de Peña Nieto. Entre las disposiciones más importante estaban la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa para regular el ingreso, permanencia y desarrollo de los maestros dentro del servicio profesional docente.
Desde su inicio, la Reforma resultó en el enfrentamiento con la CNTE, provocando marchas y bloqueos en Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Ciudad de México. La Reforma causó tal controversia que inclusive durante su discusión, el Congreso se vio obligado a sesionar en una sede alterna a San Lázaro debido a los bloqueos y enfrentamientos. Antes del enfrentamiento más reciente en Nochixtlán, ya se habían dado otros choques importantes, como los desalojos de los plantones en el Zócalo de la capital, los bloqueos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y el incendio de la sede estatal del PRI en Guerrero.
Más tarde, el conflicto se agravó con la desaparición del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y la designación de Aurelio Nuño Mayer como nuevo Secretario de Educación, así como la petición de órdenes de aprehensión en contra de los líderes magisteriales. Luego de 37 días, el bloqueo en la capital de Oaxaca culminó con un enfrentamiento en Nochixtlán con un total de 9 muertos.
El enfrentamiento con la Iglesia Católica vino cuando Peña propuso modificaciones a la Constitución y al Código Civil de forma que se reconozcan los matrimonios igualitarios en todo el país.
“El rechazo de la Iglesia Católica al reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo no es ninguna novedad, sin embargo, la propuesta de Peña tuvo como consecuencia el rechazo abierto de ciertos líderes eclesiásticos hacia el PRI. Inclusive, la Iglesia Católica se atribuyó la derrota del PRI en varios estados como Aguascalientes argumentando un voto de castigo motivado por el rechazo a dicha iniciativa. Si bien no se puede concluir que haya existido una causalidad directa entre el llamado al voto de las iglesias y el resultado electoral de junio pasado, las expresiones de descontento merecen ser sopesadas por la magnitud del mismo sector. De acuerdo al Inegi, en 2014 el 82 por ciento de la población mexicana seguía siendo católica y, además, las iglesias generaban hasta el 11.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Instituciones Sin Fines de Lucro”, señala el análisis.
El conflicto magisterial, una de las muestras de fractura de la gobernabilidad en el país, consideran los investigadores. Foto: Cuartoscuro
LAS ELECCIONES DEL 5 DE JUNIO
La derrota sufrida por el PRI en las elecciones del pasado 5 de junio, en la que perdió siete de las 12 gubernaturas en juego, entre ellas cuatro estados que había gobernado por más de ochenta años, también significó una derrota para el Presidente.
Antes de renunciar como presidente del partido, Manlio Fabio Beltrones Rivera, argumentó que el electorado había expresado su rechazo a las políticas implementadas y mencionó que “lo que los gobiernos hacen, sus partidos lo resienten”.
“La renuncia del dirigente nacional, así como sus declaraciones, se producen en un momento crucial para el presidente y acarrean una serie de críticas directas hacia la figura de Peña Nieto por parte de figuras clave del partido. En este sentido, el mensaje de Beltrones es un mensaje hacia el Gobierno federal por no haber abordado de ninguna manera las demandas de rendición de cuentas de la ciudadanía tanto dentro del gabinete como en estados claves para el partido como Veracruz, Tamaulipas, Durango o Quintana Roo. Esta coyuntura representa una de las primeras fisuras en la unidad priista que se había mantenido a lo largo del presente sexenio. Finalmente, la renuncia de Manlio Fabio vulnera la figura del presidente pues marca una distancia significativa entre el Presidente y el partido con miras a la carrera hacia 2018”, destaca el CIDAC.
En cuanto al Ejército, señala que a pesar de que sus tareas de seguridad pública empezaron desde 2006, es hasta ahora cuando los integrantes de las Fuerzas Armadas han mostrado su inconformidad por continuar haciendo labores de policías civiles.
El Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda ha declarado su desacuerdo con la asignación del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública. De acuerdo con el mismo Secretario, las fuerzas federales han desempeñado estas labores, para compensar la ineficacia policial, sin un marco normativo que las regule y han sido objeto de múltiples escarnios y acusaciones por parte de la opinión pública y organismos nacionales e internacionales.
“Si bien no se ha llegado a un rompimiento evidente, lo cierto es que las expresiones del General Cienfuegos han mostrado que existe un malestar de las fuerzas federales con la política del Ejecutivo en materia de seguridad que no debe pasar desapercibido”, observa.
En cuanto a los señalamientos de organizaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, desde 2006 hasta la fecha el Gobierno de México ha recibido 548 recomendaciones en materia de violaciones graves a derechos humanos por parte de organizaciones nacionales e internacionales.
El titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, ha manifestado en varias ocasiones que el Ejército aún realice tareas que le corresponden a la policía. Foto: Cuartoscuro
El país acumula más de 150 mil muertos y 26 mil desaparecidos, además de una situación grave de ataques a periodistas. Lo anterior se agrava con una cifra negra en la cual únicamente 9 de cada 10 delitos se reporta y un número mucho menor de los denunciados efectivamente se resuelve. “El diagnóstico es devastador, sin embargo el gobierno mexicano ha optado, en la mayoría de los casos, por negar la evidente realidad y por resaltar los insuficientes avances –la mayoría legales- ya mencionados. Inclusive las modificaciones derivadas de la reforma penal de 2008 parecen escasos frente al escenario de crisis de derechos humanos. En este sentido no se ha logrado reducir los altos índices de impunidad pero tampoco se han logrado acciones de prevención efectivas que atiendan todas las dimensiones del problema”, detalla.
“Una de las lecciones de la pasada jornada electoral fue que la corrupción de los gobernantes y el voto de castigo como mecanismo de rendición de cuentas serán torales en las campañas presidenciales de 2018. El pasado 5 de junio, las campañas centradas en promesas de castigo a gobiernos corruptos capitalizaron un gran número de votos en estados como Chihuahua y Veracruz. El mensaje no es nuevo: desde 2015 con los triunfos de Claudia Pavlovich y Jaime Rodríguez “El Bronco”, el tema de combate a la corrupción y castigo a gobiernos salientes había demostrado su atractivo electoral”.
Dentro del Gobierno federal, diversos escándalos incluyen a miembros destacados del gabinete, por ejemplo al ex director general de la Comisión Nacional del Agua, el Secretario de Hacienda, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, el ex director general de Petróleos Mexicanos, el propio Presidente, y recientemente, el ex Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. A pesar de ello, ninguno de estos casos ha sido castigado por las autoridades correspondientes, y el Gobierno Federal ha desperdiciado sus oportunidades para demostrar un compromiso en contra de la corrupción. En este sentido, el Gobierno Federal tenía ante sí la oportunidad de abordar la problemática con la Ley 3de3. Sin embargo, el legislativo, liderado por la bancada del presidente decidió desairar las propuestas de la ciudadanía, modificando en demasía la propuesta original y aprobando una ley descafeinada y poco funcional en ciertos aspectos.
A unas horas de que entrara en vigor el nuevo Sistema Penal Acusatorio, otro video de tortura ha puesto en relevancia la necesidad de detener la práctica de tortura en México. Un artículo del semanario inglés The Economist se pregunta si el país dejará de castigar a personas inocentes.
Ciudad de México, 17 de junio (SinEmbargo).- El periodista Ciro Gómez Leyva anunció hoy que el próximo lunes presentará un nuevo video de tortura que podría involucrar a alguna fuerza policiaca de México; el periódico El Universal, así lo anunció. La grabación existe desde el 2015 en el Blog del Narco.
En los últimos meses se han dado a conocer distintos videos que evidencian la práctica de tortura en fuerzas federales y locales y también del Ejército. Organizaciones internacionales han denunciado que la tortura está extendida por todo el país como una práctica de confesión, y que la mayoría de las averiguaciones utilizan como prueba acusatoria solamente declaraciones firmadas.
El Relator especial para Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); Juan Méndez, dijo en un amplio reporte que la tortura es una práctica extendida en México. El Gobierno protestó airadamente y movilizó a distintos funcionarios federales de primer nivel para rechazarlo. Méndez se sostuvo en un posterior encuentro en el Senado de la República, justo después de que el Secretario de la Defensa Nacional, el General Salvador Cienfuegos se disculpo públicamente, en un hecho inédito, por un video que exhibe a militares torturando.
Hoy mismo, previo a que se ponga en marcha el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, un artículo de The Economist pone en duda que esta iniciativa detenga las prácticas de tortura en México.
Afirma que con el nuevo sistema ya en marcha, el Gobierno enfrenta el reto de que las fuerzas policiales y militares mejoren sus procesos para detener, enjuiciar y encarcelar a los verdaderos culpables de los delitos.
Destaca que los cambios contemplados en esta reforma son los correctos, el problema es su implementación y perfeccionamiento pueden durar años. Además de que se enfrenta al reto de mejorar la percepción popular sobre los tribunales del país.
“La percepción popular es que los tribunales del país no logran convencer a la mayoría de las personas. Alrededor de tres cuartas partes de los homicidios se quedan sin resolver, y el público se ha acostumbrado al espectáculo de soldados enmascarados que presentan ante las cámaras a ‘narcotraficantes’ o ‘sicarios’, recientemente detenidos, para verlos libres días después”, señala el artículo titulado “Ensayos y errores. La reforma correcta se ha introducido, pero perfeccionarla podría tomar años”.
Destaca el semanario que uno de los problemas más graves del sistema penal en México es que aproximadamente el 90 por ciento de sus condenas se respaldan en confesiones obtenidas por policías que “tienen el repugnante hábito de golpear a los prisioneros”.
The Economist citó un informe del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), que estimó un periodo de 11 años para que el sistema funcione de manera adecuada.
“A pesar de los dolores por el crecimiento, existe un amplio consenso de que las reformas son necesarias, aunque insuficientes para establecer el estado de derecho en cada rincón de México. Su puesta en práctica, dice David Shirk, de la Universidad de San Diego, representa la piedra angular en el maratón para mejorar el sistema. Esto es un motivo de esperanza”, destacó la publicación.
Con el nuevo sistema se evoluciona a los llamados juicios orales, establece los derechos básicos de los acusados como la presunción de inocencia y el acceso a un abogado, también excluye las confesiones en las que no esté presente un representante legal.
El 28 de marzo, la Caravana partió de Honduras; pasó por El Salvador y Guatemala, a inicios de este mes, y desde el pasado 7 de abril llegó a México, y pretende viajar y permanecer en Nueva York, entre el 19 al 21 de abril, donde llevará a la Sesión Especial sobre drogas de la Asamblea General de las Naciones Unidas, experiencias y testimonios que recopile sobre de violaciones a derechos humanos cometidas en por la guerra contra las drogas.
El padre Alejandro Solalinde señaló que la guerra contra las drogas es un pretexto para reprimir a la población. Foto: Vía Twitter @padresolalinde
Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).– La Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia, llegó la tarde este viernes al Zócalo de la Ciudad de México hicieron un llamado para dar fin a la guerra contra las drogas.
“Nosotros no estamos aquí para bendecir las drogas, no estamos aquí para decir sí a seguir consumiendo, no es nuestro papel; sino para desenmascarar una política que supuestamente es una guerra contra las drogas y es un pretexto para reprimir a la gente”, dijo el padre Alejandro Solalinde durante el discurso frente a la Catedral Metropolitana.
El sacerdote abundó: “Es un buen momento para decirle al Gobierno ‘basta’, para desenmascarar quiénes son los que realmente están beneficiándose con la droga, quiénes venden las armas y quiénes son también los que están usando esta guerra como pretexto para reprimir a los inmigrantes y a la gente pobre”.
A su vez, Vitalino Similox, del Movimiento Ecuménico de Guatemala, dijo que han recabado testimonios de desapariciones vinculadas a los operativos en contra de los narcóticos.
“Nos consta, nos indigna que la política de nuestros Estados de la política contra las drogas se han constituido en prácticas injustas, vinculadas a la violación de derechos humanos”, dijo.
El 28 de marzo, la Caravana hizo presencia en Honduras; pasó por El Salvador y Guatemala, a inicios de este mes, y desde el pasado 7 de abril llegó a México, y pretende arribar y permanecer en Nueva York entre el 19 al 21 de abril.
La Caravana dio a conocer que tiene como objetivo de abrir espacios de diálogo entre las comunidades más afectadas por la guerra contra las drogas y recopilar las experiencias y testimonios de las violaciones graves a derechos humanos cometidas en la mima, que serán llevadas a la Sesión Especial sobre drogas de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se llevará a cabo del 19 al 21 de abril.
La Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia está integrada por expertos, miembros de organizaciones civiles y víctimas de la violencia por la lucha contra el comercio ilegal de estupefacientes.
El arribo de la caravana al Zócalo de la Ciudad de México. Foto: Cencos
La caravana que pretende concientizar sobre los efectos negativos sobre la política prohibicionista de las drogas en el mundo inició el recorrido por cinco países, incluido México, hacia la sede de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, previo al cónclave en el que se debatirá este tema el próximo 19 de abril.
Las organizaciones civiles critican el rol que ha jugado Estados Unidos para atender los problemas de drogas y el narcotráfico. Ted Lewis, Director de Derechos Humanos de Global Exchange, una organización en los Estados Unidos, detalló que estas políticas antidrogas han servido para reprender a defensores de derechos humanos.
“El Gobierno estadounidense ha jugado un rol fundamental en promover esta política prohibicionista en todo el mundo, pero sobre todo en Latinoamérica. Aquí tenemos una nueva serie de leyes que están implementando con un sesgo racial en la política de justicia criminal y en Latinoamérica se ha manifestado en forma de intervención y de violencia contra su propia gente”, detalló el director el pasado 28 de marzo a través de una teleconferencia.
Los impulsores de la caravana apuntaron que pretenden abrir un debate sobre las políticas prohibicionistas de las drogas que han costado numerosas vidas.
En el caso de México, un informe en hecho público en el Senado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con datos de la Procuraduría General de la República, en el 2014, reveló que durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa hubo 120 mil muertes relacionadas con el narcotráfico.
A su llegada a Nueva York, que se prevé sea el próximo 18 de abril, se realizará una caminata del Ayuntamiento de Nuevo York al Centro Correccional Metropolitano con el objetivo de resaltar los vínculos entre las reformas de políticas de drogas y de justicia penal. Además se llevará a cabo un encuentro afuera de la ONU con familiares de víctimas de la guerra contra las drogas alrededor del mundo y un evento por la tarde en la Iglesia Bautista Abisinia en Harlem con líderes religiosos en contra de la guerra contra las drogas.
La última sesión de la Asamblea General para abordar el tema del control mundial de las drogas se realizó en el 2008, cuando los estados miembros se reunieron para discutir los progresos de la declaración realizada en 1998, y para hacer una nueva.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
