Una misión de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos expuso el peligro que representa en México defender una causa. El organismo internacional registra 615 agresiones contra defensores de derechos humanos entre 2010 y 2014 en México, por diferentes causas. Entre los que se se hallan 36 asesinatos. El contexto no abona la resolución de conflictos con las empresas. El Grupo recibió 68 caso documentados de violaciones de empresas a los derechos humanos de la población. Las empresas del estado, la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos están entre las que más abusos cometen.
Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).- Las organizaciones civiles que arroparon la reciente visita de un grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre empresas y derechos humanos lamentaron la respuesta entregada hoy por el Gobierno ante las conclusiones preliminares de esta visita.
“Vemos el comunicado de prensa de tres diferentes secretarías [Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores y Secretaría de Economía]. No hay un reconocimiento real de la crisis de derechos humanos y nos parece que ese es el primer paso (para que se avance en la materia)”, dijo Astrid Puentes, directora ejecutiva de Aida.
El Grupo incluyó en su informe preliminar registros de la ONU que hablan sobre el contexto de violencia en el país, en específico las 615 agresiones a defensores de derechos humanos entre el 2010 y el 2014, que incluyen 36 asesinatos.
La empresa que tuvo mayores denuncias en su contra fue la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que, junto con Pemex, son las que más agreden a la población, recordó Puentes.
“Hay una debilidad de control a las empresas y las condiciones laborales. Hay que resaltar los ataques a personas que se oponen a proyectos. Es importante que el Estado se pronuncie para declarar intolerables estas agresiones”, dijo Puentes.
La coalición de más de 100 organizaciones documentó 68 casos (aunque se estima que el informe final pueda terminar por incluir más de 80) para el trabajo preliminar de la ONU, en donde se ven vulnerados los derechos humanos de la población, de acuerdo con el trabajo, por la debilidad del Estado ante las empresas.
La metodología para documentar cada caso no se basa en un periodo de tiempo determinado. Sino en la vigencia de los conflictos entre empresas y derechos humanos.
Karen Hudlet Vásquez, representante del Centro de Información sobre empresas y Derechos Humanos detalló que si bien un conflicto pudo suceder hace años, el solo hecho de que no hubiese justicia, hace que cumpla un criterio de vigencia.
Los atropellos se dieron especialmente en violaciones a la tierra y recursos naturales. Las organizaciones apuntaron que el contexto de corrupción, impunidad y violencia que se vive en el país, permite que las empresas se puedan aprovechar de eso.
Las organizaciones civiles secundaron la recomendación al Estado para que reconozca que no todos los proyectos de inversión son viables. Y la importancia de que se les consulte a las comunidades previo a la realización de los mismos en sus territorios.
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Estos son algunos de los casos más serios:
OAXACA
Las organizaciones recordaron que enumeraron ante los visitantes de la ONU la serie de atropellos que se han presentado en 17 casos, con 25 testimonios, principalmente, de proyectos mineros, de hidrocarburos y parques eólicos.
Elena Villafuerte, representante de Prodesc, detalló que muchos atropellos han sucedido porque los contratos se firman por la vía civil y no la agraria.
De cara al futuro, Villafuerte explicó que hay una preocupación por la inclusión de Oaxaca en las Zonas Económicas especiales, que tienen como centro de desarrollo el Puerto Salinas.
GUADALAJARA
El grupo de la ONU visitó proyectos turísticos, maquileros, de la industria electrónica, mineros, energéticos y sindicatos de trabajadores.
Uno de los casos fue el de la contaminación industrial del Río Santiago. “El grupo reconoce la contaminación como una tragedia y un desastre ecológico”, explicó
María González, de la asociación civil Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, lamentó la postura del Gobierno de Jalisco, que dijo que tenía la voluntad de recuperar el río Santiago, “pero que es una cuestión de competencias”. Por lo que instó a las autoridades a sumarse a un tratado vinculante al respeto de los derechos humanos.
HERMOSILLO
Benjamín Cokelet, de la organización PODER, apuntó que desde hace dos años han estado pidiendo al Gobierno que conforme un grupo de varios sectores para dar seguimiento a los atropellos de derechos humanos cometidos por empresas. Pero han encontrado oídos sordos.
En Sonora el grupo de la ONU indagó sobre la contaminación del Río Yaqui, el derrame en el Río Sonora y el incidiendo de la Guardería ABC.
Cokelet secundó la recomendación preliminar del grupo de la ONU que afirma que hay ciertos proyectos que de por sí no cumplen con la normatividad básica de respetar los derechos humanos.
“Si no realizas una consulta previa, esos proyectos no deberían ser viables. Es el caso del Río Sonora, el mayor desastre a la ecología por un grupo minero”, explicó el activista.
XOCHICUATLA
En Xochicuatla se presentaron los atropellos perpetrados por el Grupo Higa. José Luis Fernández, líder comunitario, apuntaló que la empresa ha desarrollado la carretera Toluca-Naucalpan con el respaldo del Estado, sin considerar la opinión de la localidad. En ese sentido, demandó la cancelación inmediata del proyecto carretero.
El Edomex, junto con Oaxaca, son los estados con un mayor número de atropellos, dijeron las organizaciones en conferencia de prensa.
GUERRERO
En Guerrero los activistas resaltaron los casos de la situación económica en la que trabajan los jornaleros agrícolas. Que en muchos casos tienen trabajos temporales.
“Reciben 65 pesos por tarea, lo que en muchos casos equivale a todo un día de trabajo”, dijo Sandra Alarcón del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.
La activista calificó estas condiciones de semiexclavitud, ya que varios campesinos han debido integrar a sus familias al trabajo de campo.
