El magistrado se refirió a la polémica reforma en la que se incluye la extensión de la gestión de Zaldívar de 2022 a 2024 publicada a principios de junio por el Gobierno mexicano.
Ciudad de México 2 ago (EFE).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició este lunes el segundo periodo de sesiones del año en el que discutirán, entre otros temas, la polémica reforma al poder judicial en la que se incluye la extensión de la gestión de su presidente, Arturo Zaldívar.
Durante la sesión de inauguración, Zaldívar refirió su esperanza de que en este periodo se resuelva el expediente relativo al artículo 13 de reforma judicial pues, aseveró, “su pronta resolución es fundamental para dar certeza a la ciudadanía y al propio poder”.
Afirmó que este tema ha causado una gran inquietud y “empaña la trascendencia del poder judicial”, puntualizó.
El magistrado se refirió a la polémica reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación en la que se incluye la extensión de la gestión de Zaldívar de 2022 a 2024 y que fue publicada a principios de junio por el Gobierno mexicano.
El artículo polémico establece que la persona que a su entrada en vigor ocupe la Presidencia de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024.
Originalmente, el periodo de Zaldívar al frente de la Suprema Corte debía terminar en 2022, puesto que la presidencia del Poder Judicial tiene un plazo de cuatro años.
Ante la polémica, el propio Zaldívar activó el proceso para que el pleno del organismo se pronuncie sobre dicha reforma.
El regreso a sesiones presenciales del Pleno abonará a debates más robustos y a un mayor intercambio de ideas en beneficio de la transparencia y la legitimidad de nuestra labor. La Corte y el #PJF seguirán demostrando su autonomía e independencia: Ministro Pdte. @ArturoZaldivarLpic.twitter.com/juPKxkkFDn
El presidente del Supremo señaló que además de la reforma judicial se discutirán otros temas relacionados con el aborto, el matrimonio igualitario y la objeción de conciencia.
Además de la ley de migración, los centros de atención infantil, competencias constitucionales en radio y televisión, la ley de la Guardia Nacional y una ley nacional sobre el uso de la fuerza, “entre muchos otros temas”, puntualizó.
Señaló que la resolución de estos asuntos “dará lugar a la formación de jurisprudencia obligatoria, lo que unificará el lenguaje constitucional” y dará fuerza a los fallos del Tribunal Constitucional en el sistema jurídico.
Destacó la importancia de la independencia judicial, la cual, dijo, “es un valor del que todos buscan apropiarse” y apuntó que la SCJN seguirá demostrando su autonomía e independencia y avanzará en la consolidación de “una mejor justicia, más accesible, transparente y honesta”.
El 17 de marzo de 2020 la Corte suspendió totalmente las sesiones presenciales de su pleno y salas, aunque el 20 de abril siguiente decidió reanudarlas únicamente de manera virtual, en un sistema en el que los ministros y secretarios de estudio y cuenta se comunicaron por videoconferencia.
Tras año y medio, el pleno de ministros volverá a reunirse de manera presencial, aunque seguirá aplicando los protocolos sanitarios por lo que se mantendrá aforo reducido de personas y seguirá privilegiando el trabajo a distancia.
La SCJN ordenó en 2019 regular el consumo lúdico de la mariguana, pues considera inconstitucional su prohibición, pero la iniciativa aún se encuentra estancada en el Senado.
Por Juan Manuel Ramírez G.
Ciudad de México, 27 junio (EFE).- Activistas en favor del consumo lúdico de mariguana se manifestaron este domingo en el centro de la Ciudad de México, a unas horas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discuta un proyecto que invalidaría, con efectos generales, la prohibición del consumo individual del cannabis con fines recreativos.
Los activistas acampan y aguardan a unos metros del edificio en el que los magistrados de la Suprema Corte debatirán, el lunes, una declaratoria que calificaría como inconstitucionales, de ser aprobada, cinco artículos de la Ley General de Salud relacionados con el consumo y el cultivo de marihuana sin fines lucrativos.
“Estamos prácticamente a unas horas de que se discuta la declaratoria de inconstitucionalidad, que fue nuestra apuesta desde un principio”, dijo a Efe Miguel, integrante del Plantón 420 y del Movimiento Cannábico Mexicano, que se encuentra junto al Senado.
“Sabíamos que los legisladores no tenían una voluntad política para hacerlo y llegamos a este punto, ahora es chamba (trabajo) de la Suprema Corte dar esta declaratoria y liberar la planta de 101 años de prohibición”, añadió.
Decenas de jóvenes en pro de la despenalización del uso de la Mariguana. Victoria Valtierra, Cuartoscuro
SEGUNDO INTENTO
En medio de una persistente llovizna, unos 100 activistas marcharon de su plantón frente al Senado mexicano, una acampada de casi año y medio -llegaron en febrero de 2020, como protesta ante la promesa de una ley que regule el consumo y el cultivo de marihuana-, hacia la SCJN, ubicada en el Zócalo capitalino.
A decir del colectivo, la acampada es un zona pacífica y un auténtico “plantón” en donde en las jardineras de la ciudad crecen las plantas de cannabis. Los propios activistas han sembrado más de 300 y algunas alcanzan hasta 2.5 metros de alto.
Aunque dispersos, los activistas caminaron por la céntrica avenida Reforma hasta llegar al Zócalo capitalino y en su caminata trasladaron la carpa de su acampada inicial, ya que planean instalarse afuera del Supremo de México donde pernoctarán en espera de la votación de este lunes.
Hace dos semanas, los activistas habían buscado establecerse a un lado de la Suprema Corte, pero unos 300 policías no les permitieron llegar al edificio.
“Nuestra protesta es pacífica y es desobediencia civil, nuestro movimiento no está interesado en la venta ni en el mercado de la cannabis, sino por lo que no tiene fines de lucro”, dijo Pepe Rivera, coordinador del Plantón 420.
Precisó que “son cinco los tipos de cultivos sin fines de lucro mediante los cuales las personas podrían tener acceso a la planta sin tener que ir a comprar para consumir y pensamos que puede ser histórico lo que pueda pasar este lunes en la Suprema Corte”.
De esta manera tanto el consumo como el cultivo sin ánimo de lucro serían legales, pero se encontrarían en un limbo legal, por lo que el Poder Legislativo se vería obligado a legislar sobre este tema.
Ambos recordaron que si ocho de los 11 magistrados votan a favor de la declaratoria de inconstitucionalidad, los cinco artículos que serían declarados inconstitucionales ya no aplicarían para ningún ciudadano y dejarían de existir.
PARAR LA CRIMINALIZACIÓN
De familia motera consumidora de cannabis, la liberación de la planta para Miguel significa “reparar toda los esfuerzos que se le han dado a algo que es un estilo de vida, a una comunidad que es pacífica y que el uso de la planta es pacífico y no daña a terceros”.
Además, destacó que es importante la decisión para que ya no se criminalice a las personas consumidoras y también para que las familias ya no sufran de extorsión o que sus familiares vayan a la cárcel.
“Lo que exigimos no son privilegios, sino derechos humanos. En nuestro plantón hemos demostrado que ni nosotros ni las plantas somos un peligro y lo que nos quieren hacer es maltratar con la ley darnos un trato diferenciado”, dijo apuntó Pepe Rivera.
Agregó que la sociedad mexicana, mediante su representación, está a un paso de que todas las personas que consumen cannabis de forma responsable y sin fines de lucro sean “tratadas dignamente para empezar a informar y romper mitos y estigmas desde la legalidad”.
Entre sus exigencias están el cultivo libre sin fines de lucro, posesión libre sin fines de lucro, espacios de consumo compartido, trato digno ante la ley y el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
LOS ANTECEDENTES
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó en 2019 regular el consumo lúdico de la mariguana en México, pues considera inconstitucional su prohibición, pero la iniciativa se encuentra estancada en el Senado.
Una primera versión del texto fue aprobada por el Senado en noviembre del año pasado, pero este marzo fue modificada por la Cámara de Diputados y regresó de nuevo a la Cámara Alta.
Los senadores no están de acuerdo en varias modificaciones hechas por los diputados, por lo que pidieron a la Suprema Corte una nueva prórroga del plazo para aprobar la ley, que venció el 30 de abril.
La reforma ha causado polémica porque los concesionarios y el Gobierno dejarán sin servicio a quienes no proporcionen sus datos biométricos en un plazo de dos años para líneas preexistentes y de seis meses para nuevas líneas.
Ciudad de México, 15 de junio (EFE).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió este martes al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) la suspensión solicitada del polémico Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), que recopilará datos biométricos.
La suspensión de la obligación de instalar, operar, regular y mantener el Panaut se decretó al considerar que con su implementación “existe una inminente afectación presupuestaria del IFT, que puede poner en peligro su autonomía constitucional”.
En un comunicado, el IFT recordó que el 26 de mayo presentó un recurso constitucional en contra de las diversas disposiciones contenidas en el padrón.
En aquella ocasión, el IFT expuso que “no cuenta con los recursos para cumplir el mandato legislativo de poner en marcha el registro del Panaut con cargo a su presupuesto”.
Señaló que la totalidad de los recursos presupuestales aprobados por la Cámara de Diputados para el presente ejercicio fiscal 2021 “están asignados a las funciones que mandata la Constitución a este órgano regulador.
Además, indicó que este ordenamiento legal “contraviene su autonomía presupuestal” consistente en llevar a cabo la planeación y ejercicio de los recursos que considera necesarios de forma autónoma, eficaz y oportuna en el marco de sus competencias.
LA POLÉMICA DE LOS DATOS BIOMÉTRICOS
La reforma ha causado polémica porque los concesionarios y el Gobierno dejarán sin servicio a quienes no proporcionen sus datos biométricos en un plazo de dos años para líneas preexistentes y de seis meses para nuevas líneas.
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha defendido el padrón con el argumento de que combatirá las extorsiones y al crimen organizado.
Desde el 27 de abril la reforma estaba suspendida de forma indefinida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, que consideró que la norma “viola derechos de usuarios y no disminuirá los delitos”.
El recurso constitucional del IFT se sumó a una acción de inconstitucionalidad que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció el 27 de abril.
La firma Digital Policy & Law Group estimó que la citada reforma podría dejar a 30 millones de mexicanos sin acceso a un celular, en particular a personas de bajos ingresos.
La SCJN explicó que la reforma de 2019 buscó romper el vínculo entre extinción y proceso penal, pero parece haber hecho aún más difícil que prosperen estas demandas.
Ciudad de México, 15 de junio (SinEmbargo).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que la extinción de dominio solamente podría proceder respecto a bienes cuya legítima procedencia no esté acreditada, pues no existe otro modo que las Fiscalías inicien este tipo de demandas.
Con nueve votos a favor y dos en contra, el Pleno de la SCJN aclaró que el artículo 22 de la Constitución, reformado en marzo de 2019, cambió radicalmente los requisitos para demandar la extinción, que es un juicio civil por medio del cual el Estado se puede quedar con bienes relacionados con once delitos graves sin importar si hay acusaciones o sentencias penales contra los delincuentes.
Reforma detalló que la extinción, que en países como Colombia ha sido exitosa para combatir a la delincuencia organizada, fue introducida en México en 2008, pero tuvo poco éxito al seguir íntimamente relacionada con los procesos penales.
Además, la SCJN explicó que la reforma de 2019 buscó romper el vínculo entre extinción y proceso penal, pero parece haber hecho aún más difícil que prosperen estas demandas.
También, se anuló varios artículos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio de agosto de 2019, algunos de los cuales hacían más fácil el trabajo de las Fiscalías y otros que lo dificultaban.
“Conforme al nuevo diseño constitucional de la extinción de dominio, el hecho de que un bien esté relacionado con la investigación de hechos ilícitos como instrumento u objeto del delito ya no es suficiente para que proceda la acción, pues, además, es imprescindible que no esté acreditada su legítima procedencia de los bienes”, afirmó la SCJN.
Durante la sesión de este martes, la Corte eliminó una porción del artículo 7 de la Ley nacional, que permite extinguir bienes “de origen lícito” utilizados para ocultar otros bienes de origen ilícito o mezclados con estos.
Lo anterior porque el artículo 22 de la Constitución ya no permite extinguir bienes cuyo origen lícito esté acreditado.
El artículo 9 también fue anulado por contemplar el “destino ilícito” del bien como un elemento de esta acción, así como exigir que exista “un hecho ilícito” probado, cuando lo único que la Constitución requiere es que exista una investigación.
El objetivo de esta marcha era establecerse a un lado del edificio hasta que los magistrados de la Suprema Corte debatieran una declaratoria que calificaría como inconstitucionales, de ser aprobada, cinco artículos de la Ley General de Salud relacionados con el consumo y el cultivo de marihuana sin fines lucrativos.
México, 14 de junio (EFE).- Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México cercaron este lunes durante más de tres horas a manifestantes del movimiento cannábico que pretendían llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Alrededor de 50 activistas partieron del plantón frente al Senado mexicano -en el que llevan varios meses como protesta ante la promesa de una ley que regule el consumo y el cultivo de marihuana- hacia la SCJN, ubicada en el emblemático Zócalo capitalino.
Pero unos 300 policías de la SSC los detuvieron en las inmediaciones del Zócalo al acordonarlos para impedir su avance, una situación que se prolongó durante horas.
En un inicio llegó al lugar Adriana Contreras, directora general de Gobierno de la capital mexicana e intentaron establecer un diálogo.
La funcionaria les instó a regresar al plantón del Senado, donde se les permite el consumo y el cultivo de marihuana -pero no la venta-.
Sin embargo, los manifestantes se negaron a regresar ya que, dijeron, contaban con la confirmación por parte del Gobierno de la ciudad de que podrían llegar a las puertas de la SCJN donde los recibirían.
El objetivo de esta marcha era establecerse a un lado del edificio hasta que los magistrados de la Suprema Corte debatieran una declaratoria que calificaría como inconstitucionales, de ser aprobada, cinco artículos de la Ley General de Salud relacionados con el consumo y el cultivo de marihuana sin fines lucrativos.
“Si 8 de los 11 magistrados votan a favor de lo que nosotros exigimos que es la declaratoria, esos 5 artículos ya no aplicarían para ningún ciudadano”, dijo a Efe Miguel, integrante del Plantón 420 y del Movimiento Cannábico.
Con esto, precisó, tanto el consumo como el cultivo sin ánimo lucrativo serían legales pero se encontrarían en un limbo legal, por lo que el Poder Legislativo se vería obligado a legislar sobre este tema.
Según los activistas supieron, este lunes la ministra de la Suprema Corte Norma Lucía Piña presentó el proyecto, por lo que en los próximos diez días, consideraron, debería debatirse.
Sin embargo, de acuerdo a la información proporcionada por la SCJN a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que llegó al encapsulamiento para establecer diálogo, no será hasta el 28 de junio que se debata.
PENDIENTES DEL ACUERDO
Por eso, después de varias horas ubicados en el lugar en medio de un cordón por parte de la Policía, la SCJN ofreció a los manifestantes una reunión con un portavoz de dicha institución el martes, al igual que el Secretario de Gobierno de la ciudad, Alfonso Suárez del Real.
Aun así, tras una tarde larga para agentes policiales y manifestantes -aunque no hubo enfrentamientos directos-, los miembros del movimiento cannábico y las autoridades todavía buscan llegar a un acuerdo.
Por el momento los activistas todavía no se retiran del lugar y no se confirma si mañana martes se llevarán a cabo las reuniones antes de que el 28 de junio se lleve a cabo el debate sobre la declaratoria de inconstitucionalidad.
“Como movimiento lo veríamos (la declaratoria) totalmente positivo porque es el poder supremo judicial determinando si vamos a poder ejercer este derecho”, detalló Miguel, refiriéndose a que sería imprescindible una regulación legislativa posterior.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó en 2019 regular el consumo lúdico de la marihuana en México, pues considera inconstitucional su prohibición, pero la iniciativa se encuentra estancada en el Senado mexicano.
Una primera versión del texto fue aprobada por el Senado en noviembre del año pasado, pero el pasado marzo fue modificada por la Cámara de Diputados y regresó de nuevo a la Cámara Alta.
Los senadores no están de acuerdo en varias modificaciones hechas por los diputados, por lo que pidieron a la Suprema Corte una nueva prórroga del plazo para aprobar la ley, que venció el 30 de abril.
Originalmente, el periodo de Zaldívar al frente de la Suprema Corte debía terminar en 2022, ya que la presidencia del Poder Judicial tiene un plazo de cuatro años.
Ciudad de México, 14 de junio (EFE).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió este lunes la consulta extraordinaria presentada por su Ministro presidente, Arturo Zaldívar, que extiende dos años su periodo en la presidencia de la institución.
Zaldívar anunció este lunes por la mañana que había presentado por escrito la solicitud de consulta al pleno y por la tarde ya había sido admitido el trámite que, en condiciones normales, tarda varios días.
“Radíquese este asunto en el Pleno de la Suprema Corte y túrnese al Ministro José Fernando Franco González Salas, a quien le corresponde por decanato, según el turno que para tal efecto se lleva en la Secretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, a fin de que formule el proyecto de resolución correspondiente y dé cuenta con éste al propio Pleno”, se apuntó en el acuerdo.
Este lunes, Zaldívar anunció que se activó el proceso para que el pleno del organismo analice la ampliación de su mandato.
“Comparto escrito por el que activo el procedimiento para que el pleno de la SCJN se pronuncie, a la brevedad, sobre la constitucionalidad del artículo décimo tercero transitorio de la reforma judicial”, informó Zaldívar en Twitter.
En un comunicado publicado en su cuenta oficial, Zaldívar recordó que el 7 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas al Poder Judicial “más importantes en los últimos 25 años”.
Dijo que esta reforma fue posible gracias a un “esfuerzo inédito” de los distintos poderes y recordó que durante el debate en el Congreso se adicionó un artículo que permite prorrogar su periodo actual como titular del Supremo, así como del Consejo de la Judicatura Federal.
“Dicho precepto ha sido altamente cuestionado, pues se ha señalado que puede ser violatorio de los artículos 97 y 100 de la Constitución General, así como de los principios de independencia y autonomía” del Poder Judicial, admitió.
Por todo ello consideró que el pleno debe fijar “una postura a la brevedad posible”.
Al ser cuestionado este lunes sobre la publicación de Zaldívar, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, le reiteró en rueda de prensa su apoyo y confianza y lo calificó como un hombre “íntegro y honesto”.
Afirmó que su permanencia al frente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura “es la única posibilidad de reformar el Poder Judicial” y de defender los intereses del pueblo y no solo de una minoría.
Y aclaró que lo de Zaldívar no se trata de una reelección sino de que termine su mandato en el 2024. Aunque para ello, reconoció, es necesario que lo apoyen los otros jueces de la corte, pero dudó que consiga su respaldo ya que ellos fueron designados en anteriores gobiernos.
Originalmente, el periodo de Zaldívar al frente de la Suprema Corte debía terminar en 2022, ya que la presidencia del Poder Judicial tiene un plazo de cuatro años.
El Juez Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena consideró que no se fijaron correctamente las sentencias.
Ciudad de México, 26 de mayo (SinEmbargo).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó revisar las sentencias dictadas en contra de 22 funcionarios del Instituto Méxicano del Seguro Social (IMSS) y del ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, involucrados en el caso de la Guardería ABC.
El fallo indicó que algunos acusados podrían tener una disminución de sus penas, mientras que otros podrían tener la vinculación a proceso, a pesar de haber sido absueltos en una primera ocasión.
Por medio de 19 amparos, los agraviados, quienes fueron sentenciados a entre 14 y 29 años de prisión, solicitaron a la corte que sus penas se modifiquen y ajusten.
Además, la SCJN aprobó el proyecto del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien, si bien ratifica la culpabilidad de los funcionarios imputados por homicidio y lesiones dolosas, ordenó revisar las penas que les fueron impuestas, debido que se consideró que no se hizo la correcta aplicación del artículo 64 del Código Penal Federal (CPF) al momento de fijar las sentencias.
Derivado del incendio en la Guardería ABC, el 5 de junio de 2009, donde murieron 49 menores de edad y otros 38 resultaron lesionados, 22 funcionarios federales y estatales fueron imputados por homicidio y lesiones dolosas.
INCENDIO EN LA GUARDERÍA
El 5 de junio del 2009 una bodega de la Secretaría de Hacienda en Hermosillo se incendió y el fuego se propagó a la Guardería ABC, donde había un centenar de niños con sus cuidadoras y el personal.
En la guardería, que operaba subrogada por particulares al IMSS, murieron 49 bebés, además otras 70 entre niños, maestras y empleados, resultaron heridos con quemaduras.
A una década de la tragedia, ninguna persona ha pisado la cárcel por su responsabilidad en el incendio y el juicio está en su última etapa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Ante el velo de injusticia en el caso, los padres afirman que acudirán a instancias internacionales ante la impunidad que mantiene libres a los responsables de la mayor tragedia infantil de México en este siglo.
La investigación comenzó en la Procuraduría de Justicia de Sonora y más tarde la tomó la Procuraduría General de la República (PGR) y todavía el Poder Judicial no ha determinado los nombres de los responsables.
Se pidió investigar a Eduardo Bours, responsable en su calidad de Gobernador de Sonora de 2003 al 2009, quien a su vez decía que la guardería ABC correspondía al IMSS y que ellos eran los responsables.
En medio de la falta de justicia y la impunidad que impiden alcanzar la resignación, los padres buscan evitar una tragedia similar en otras guarderías del país para lo cual promueven la llamada “Ley 5 de junio”.
Esta Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil “es muy buena y protectora para los niños, pero la verdad no la cumplen”, señala Marisol Montaño Estrada la madre de Danna Paola, quien sobrevivió al incendio con 20 cirugías y requerirá 50 más para rehabilitarse.
Por el incendio, en el caso de los dueños de la Guardería ABC, sólo dos fueron sentenciados a 28 años de cárcel: Sandra Lucía Téllez Nieves y Antonio Salido Suárez, representante legal y secretario del Consejo de Administración.
Pero Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, socia fundadora del lugar y familiar de Margarita Zavala Gómez del Campo, exprimera Dama, fue exonerada desde un inicio, cuando Felipe Calderón Hinojosa era Presidente de la República.
Juan Luis González Alcántara, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desechó el viernes la controversia que interpuso el Congreso de Tamaulipas contra el desafuero del Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Ciudad de México, 17 de mayo (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó hoy el fallo de un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que sostiene el fuero de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Gobernador de Tamaulipas, contra la acción penal de la autoridad federal.
El titular de la dependencia, Alejandro Gertz Manero, presentó temprano ante la Suprema Corte el recurso de reclamación, que va contra el desechamiento de la controversia del Congreso de Tamaulipas contra la declaración de procedencia o desafuero de Cabeza de Vaca.
El recurso fue dirigido a Arturo Zaldívar, presidente de la Corte. En la oficina de la Presidencia de la Suprema Corte se determinará si es desechado o turnado a la ponencia de algún Ministro.
Cabeza de Vaca. Foto: Cuartoscuro.
MIER DICE QUE NO TIENE FUERO
Ignacio Mier Velazco, Diputado federal y coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, aseguró hoy que Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Gobernador de Tamaulipas, no tiene fuero y que el Congreso de su estado debe buscar a un mandatario interino.
“Los efectos a los actos de la Cámara de Diputados no se rigen por un desechamiento; Cabeza de Vaca no tiene fuero”, dijo en su cuenta de Twitter.
La Fiscalía General de la República (FGR) debe ejercer la acción penal y el Congreso de Tamaulipas debe nombrar un gobernador interino conforme el artículo 84 de la Constitución del estado, agregó Mier.
Los efectos a los actos de la @Mx_Diputados no se rigen por un desechamiento; Cabeza de Vaca no tiene fuero. La FGR debe ejercer la acción penal y el Congreso de Tamaulipas debe nombrar un gobernador interino conforme el artículo 84 de la Constitución del estado. pic.twitter.com/ZAQzTWejtU
Juan Luis González Alcántara, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desechó el viernes la controversia que interpuso el Congreso de Tamaulipas contra el desafuero del Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
El Ministro González Alcántará Carrancá desechó la demanda presentada por el Poder Legislativo de Tamaulipas “por notoria y manifiesta improcedencia”, según se lee en un extracto del acuerdo de desechamiento.
Pese a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la Controversia Constitucional 50/2021, el Gobernador García Cabeza de Vaca sigue protegido contra acciones penales porque el Congreso de Tamaulipas no aprobó su desafuero.
De acuerdo con el abogado defensor de García Cabeza de Vaca la decisión de la SCJN no significa que se prejuzgue la responsabilidad del funcionario, por lo que podría ser investigado hasta que concluya su administración.
EU ENVÍA INFORME
La Fiscalía General de la República (FGR) recibió el 10 de mayo la información que el Departamento de Justicia de Estados Unidos envió respecto a las posibles responsabilidades penales del Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sus hermanos Ismael García Cabeza de Vaca y José Manuel García Cabeza de Vaca y empresas relacionadas con irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales y operaciones.
La FGR señaló que al ser nuevas pruebas que recibieron las autoridades mexicanas, se “integrarán a la carpeta de investigación correspondiente”. La autoridad dijo que la carpeta de investigación “se conformará con las diligencias que deban de hacer tanto la FGR, como las autoridades hacendarias respectivas, para establecer con toda precisión, las posibles responsabilidades penales que procedan en este caso”.
Desde marzo pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda planteó que investigaba los hermanos del Gobernador de Tamaulipas por el origen presuntamente ilícito de sus recursos.
El propio Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, entregó a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, los documentos donde José Manuel e Ismael García Cabeza de Vaca, aparecen ligados a propiedades y empresas en la investigación.
El informe de la UIF, presentado por Nieto Castillo, expuso que José Manuel posee tres inmuebles en el estado de Tamaulipas y dos en Texas, Estados Unidos. Además aparecen once vehículos de alta gama valorados en 16.7 millones de pesos.
La UIF destacó que entre 2011 y 2016 este hermano del mandatario tamaulipeco realizó operaciones en efectivo por valor de 4.1 millones de pesos; entre 2012 y 2019 efectuó transferencias interbancarias por 9.9 millones de pesos. Y, también en ese lapso, recibió 40.8 millones de pesos.
Cabeza de Vaca. Foto: Cuartoscuro.
Sobre Ismael García Cabeza de Vaca, quien es Senador de la República y aspira a ser Gobernador de Tamaulipas en representación del PAN, la UIF le atribuye 3 inmuebles en Texas y ocho camionetas con valor de 7 millones de pesos.
El documento elaborado por la UIF y puesto a disposición de los diputados federales, también destaca que entre 2014 y 2019 recibió sueldos por 15.6 millones de pesos, parte de ellos de empresas con características de fachada y listadas por el SAT como EFOS.
Es decir que “sus operaciones financieras rompen su perfil a partir de que su hermano es nombrado gobernador del Estado de Tamaulipas (de 2017 a 2018 recibe 9.3 mdp de sueldo y salarios)”, destaca el documento que, además, contiene más datos sobre irregularidad financieras ligadas al actual Senador de la República.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó el viernes la controversia constitucional interpuesta por el Congreso de Tamaulipas en torno al desafuero del gobernador de dicho estado mexicano, Francisco García Cabeza de Vaca, acusado de corrupción y nexos con el crimen organizado.
En la notificación se detalla que “dada la naturaleza de este procedimiento constitucional, se habilitan los días y horas que se requieran para llevar a cabo la notificación de este proveído”.
En el documento también se establece que la controversia contra el desafuero fue promovida por el Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas.
“Con el escrito y los anexos, fórmese y regístrese el expediente físico y electrónico relativo a la controversia constitucional que plantea quien se ostenta como presidente del Congreso del Estado de Tamaulipas, contra la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión”, menciona.
El pasado 30 de abril, el Congreso federal aprobó la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) de desaforar a García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada, operación de recursos con procedencia ilícita y fraude fiscal.
Sin embargo, el Congreso de Tamaulipas, donde el derechista Partido Acción Nacional (PAN) tiene la mayoría, rechazó el desafuero del gobernador, por lo que diputados locales y federales han presentado controversias constitucionales para que la Suprema Corte resuelva la disputa de competencias.
Poco después de la controversia, y a través de un video publicado en redes sociales, el gobernador de Tamaulipas calificó su desafuero como un “golpe a la Constitución y a la democracia, pero, sobre todo, al federalismo”.
Desde el año pasado trascendió que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR indagaba al gobernador tras obtener audios telefónicos conseguidos por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés).
El caso genera interés porque México tendrá las elecciones más grandes de su historia el 6 de junio, cuando casi 93,5 millones de personas están llamadas a votar por los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 Congresos locales y 1.900 Ayuntamientos.
García Cabeza de Vaca, elegido de 2016 a 2022, también figura en la denuncia del exdirector de Pemex Emilio Lozoya contra legisladores del PAN, a quienes acusa de recibir sobornos de la empresa Odebrecht en 2013 para aprobar la reforma energética del entonces presidente, Enrique Peña Nieto.
Muñoz Ledo enfatizó que impulsará un Amicus Curae ante las posibles acciones de inconstitucionalidad que pretenden prolongar el mandato del Ministro Arturo Zaldívar.
Ciudad de México, 29 de abril (Zeta).- El Diputado federal Porfirio Muñoz Ledo anunció que la próxima semana constituirá un Frente Amplio en Defensa de la Constitución, que impulsa él junto con académicos, juristas, jueces, periodistas, intelectuales y ciudadanos interesados en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de los órganos autónomos.
“Se trata de que defendamos la Constitución, reflexionando y haciendo propuestas. De defender la autonomía de las instituciones como elel INE, Inegi, INAI y todos los órganos autónomos constitucionales, producto de un avance democrático en el país que impulsamos muchos sectores”, indicó en entrevista con el diario Reforma.
Aunado a ello, el legislador del grupo parlamentario del partido Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, adelantó que impulsará un Amicus Curae ante las posibles acciones de inconstitucionalidad que pretenden prolongar el mandato del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, al frente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
El Diputado federal aseveró que está convencido de que, por unanimidad, el Pleno de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y con la excusa de su Ministro presidente, va a rechazar lo que llamó una sumisión del Poder Legislativo en la llamada “Ley Zaldívar”.
Asimismo, Muñoz Ledo se manifestó preocupado por el rumbo que está tomando el actual Gobierno encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que ve tendencias concentradoras de poder peligrosas, ya que, según él, pareciera estar rodeado de gente de derecha que lo llevan a que no sea de izquierda.
“Vamos a parar esto. Es el momento de pararlo y es un momento por la restauración de la democracia”, apuntó el ex presidente de la Mesa Directiva del Senado, quien dijo, además, estar en desacuerdo de que vayamos hacia “el país de un solo hombre”.
Aunado a ello, se manifestó en contra de lo que llamó “robotización” de la llamada “Cuarta Transformación” que pretende repetir sin razones, ni reflexión, una serie de propuestas, como la de desaparecer algunos órganos autónomos, que son producto de largas luchas ciudadanas y demócratas.
El Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se quedará dos años más como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) bajo la premisa de que se encargará de una Reforma al Poder Judicial.
Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).- Diputados de oposición promoverán de manera conjunta un recurso de inconstitucionalidad contra la ampliación del periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“La aprobación en el Congreso de la Unión del artículo décimo tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que amplía por dos años la presidencia de la Suprema Corte, y de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, no sólo contradice los artículos 94 y 97 de la Constitución Política, sino que, adicionalmente, compromete la independencia del Poder Judicial”, señalaron integrantes de Acción Nacional (PAN), del Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento Ciudadano (MC).
A pesar de las críticas, el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se quedará dos años más como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) bajo la premisa de que se encargará de una Reforma al Poder Judicial.
El Poder Judicial debe contribuir decididamente en la generación de las condiciones que hagan efectivos los valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo políticos que la Constitución proclama, para reforzar el Estado social y democrático de Derecho y la Defensa de los Derechos Humanos, dijeron los legisladores de oposición.
“Por ello, debemos impulsar la revalorización de la independencia, la imparcialidad y la responsabilidad de las y los jueces como referentes constitucionales de la administración de justicia y procurar la expansión de su legitimación democrática por su acción jurisdiccional de salvaguarda de las libertades, los derechos fundamentales y de tutela de los intereses legítimos”, agregaron en un comunicado.
Los observadores dicen que esta decisión (la ampliación del periodo de Zaldívar) del Poder Legislativo (con mayoría del partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena), auspiciada por el Poder Ejecutivo (emanado de Morena), alimentará las críticas al Presidente por “acumular demasiado poder”, y tendrá un costo político que podría ser tan o más caro que someter esa Reforma a lo que decida la Suprema Corte, donde hay ministros que fueron propuestos por los últimos cuatro presidentes de México.
El Presidente pareció dejar claro que prefiere pagar el costo político de aumentarle dos años a Zaldívar, a quien ve como su aliado, que confiar a que el pleno del máximo tribunal del país decida si la reforma va. “Creo muy importante que continúe el presidente Arturo Zaldívar porque es un hombre íntegro, honesto, con principios, y se requiere que las leyes que se aprobaron para renovar el Poder Judicial se conviertan en realidad, y para eso se necesita una gente honrada como el presidente de la Corte, el Ministro Zaldívar. Si no es él, van a quedar como letra muerta las leyes que se aprobaron para renovar el Poder Judicial”, dijo apenas hace unos días, el pasado 20 de abril en su conferencia matutina.
Julio Scherer Ibarra, Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, admitió la noche del jueves en el programa de “Los Periodistas”, conducido por Álvaro Delgado y Alejandro Páez, que la decisión se presta a un “golpeteo político” contra el Presidente, pero al mismo tiempo, dijo, él está acostumbrado y se mantiene “firme en sus ideas”: “los contrarios van a insistir en que esto es un experimento para la reelección del Presidente, pero López Obrador es antireeleccionista, es un hombre de palabra, y como ha dicho: cuando termine su periodo se irá a vivir lejos de la política a su finca en Palenque, Chiapas”.
La Suprema Corte está conformada por 11 ministros. Uno está allí a propuesta de Vicente Fox Quesada, de Acción Nacional (PAN); cinco vienen del periodo de uno de los principales enemigos del Presidente, Felipe Calderón Hinojosa, también del PAN; dos llegaron por Enrique Peña Nieto (PRI) y tres están a propuesta de López Obrador, es decir, son los más recientes.
Pero la composición no debería importar si se considera que los ministros son independientes a cualquier influencia externa. El Presidente dice que no, que “una mayoría” está allí para responder a los intereses de las anteriores administraciones.
El dictamen de Reforma del Poder Judicial, prevé la extensión de dos años el mandato del presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, y el mandato de los consejeros de la Judicatura Federal hasta 2026.
La reforma ha sido tachada de inconstitucional, pues en la Constitución está establecido que el mandato del presidente de la Suprema Corte tiene una duración máxima de cuatro años; Arturo Zaldívar fue elegido en enero de 2019.
Con 262 votos a favor, 182 en contra y 7 abstenciones, se aprobó la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial con un artículo transitorio que amplía la gestión de Zaldívar de 2022 a 2024, cuando termina la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador.
Ciudad de México, 23 de abril (SinEmbargo).- La Cámara de Diputados avaló la Ley Orgánica del Poder Judicial que amplía el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como el de los miembros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
El periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se aumenta de cuatro a seis años, y el de los miembros del CFJ será de cinco a siete años.
Por lo dicho anteriormente, Arturo Zaldívar terminaría sus funciones a la par que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Además, según las nuevas reformas, el Consejero de la Judicatura Federal nombrado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 1 de diciembre de 2016 finalizará su encargo el 30 de noviembre de 2023; el Consejero de la Judicatura Federal designado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 24 de febrero de 2019 terminará sus funciones el 23 de febrero de 2026.
“Aprobado por 262 votos el contenido de los artículos reservados en términos del dictamen. Aprobado en lo general y lo particular el proyecto de de decreto por el que se expiden la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación”, afirmó Dulce María Sauri Plancho, presidenta de la Mesa Directiva.
?Termina la sesión ordinaria y se cita a la próxima, el miércoles 28 de abril, a las 11:00 horas, en su modalidad semipresencial.
También se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional; de la Federal de Defensoría Pública, de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política, y Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política; así como del Código Federal de Procedimientos Civiles.
Las iniciativas serán turnadas a las comisiones que correspondan y la Cámara de Diputados sesionara hasta el miércoles 28 de abril en su modalidad semipresencial a las 11:00 de la mañana.
Una de las partes más cuestionadas y criticadas en el dictamen aprobado por los legisladores federales es el artículo Décimo Tercero Transitorio, pues a fin de “implementar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación de 11 de marzo de 2021 y las leyes reglamentarias, la persona que a su entrada en vigor ocupe la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024”.
? El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, por 260 votos a favor, 167 en contra y 2 abstenciones, el dictamen que expide las leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación. https://t.co/OWUyDojpFQ
La reforma causa controversia nacional e internacional desde su inesperada aprobación hace una semana en el Senado porque Zaldívar ha apoyado proyectos de López Obrador, como su consulta para juzgar a expresidentes y el nuevo Aeropuerto de Santa Lucía para la capital mexicana.
Cabe destacar que durante la madrugada Porfirio Muñoz Ledo, Diputado de Morena, se mostró en contra de los cambios y declaró que “estamos por una parte llegando a lo que algunos actores llaman bifurcación de la historia, este es un momento de no retorno, o nos vamos de un lado o nos vamos del otro, o nos vamos hacia la democracia o nos vamos al autoritarismo”.
Los legisladores de oposición han anunciado que presentarán una acción de inconstitucional contra la extensión de su mandato en la SCJN, que ostenta desde 2019, pero la propia Suprema Corte sería responsable de analizar el caso. Además, al finalizar la sesión se les escuchaba gritar “justicia”.
Los opositores clamaron justicia al terminar la sesión. Foto: Cuartoscuro
Arturo Zaldívar llegó a la Suprema Corte en 2009, nombrado por el entonces Presidente Felipe Calderón, rival político de López Obrador, pero ahora se ha mostrado cercano al actual Presidente, a quien incluso ha acompañado en eventos de obras públicas.
Por otra parte, la Ley de Carrera Judicial consta de 161 artículos, es de observancia general y tiene por objeto establecer las bases para el desarrollo de la carrera judicial de las personas servidoras públicas de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, así como regular todas aquellas cuestiones que inciden directamente en el funcionamiento de la misma.
En el dictamen, se aclara que “la carrera judicial constituye un sistema institucional encargado de regular los procesos de ingreso, formación, promoción, evaluación del desempeño, permanencia y separación de las personas servidoras públicas de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, basado en el mérito y la igualdad real de oportunidades”.
A su vez, busca desarrollar un sentido de identidad y pertenencia hacia el Poder Judicial de la Federación; contribuir a la excelencia y eficacia de la impartición de justicia; garantizar la legitimidad de los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial de la Federación; y vincular el cumplimiento de los objetivos institucionales con el desempeño de las responsabilidades y el desarrollo profesional de las personas servidoras públicas.
El director para América de HRW, José Miguel Vivanco, destacó que la extensión debe ser avalada por la Cámara de Diputados, sin embargo, viola el Artículo 97 de la Constitución mexicana.
Ciudad de México, 18 de abril (SinEmbargo).- Human Rights Watch (HRW) considera que, con la reforma que amplía dos años el cargo como titular de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) amenaza la independencia del Poder Judicial.
José Miguel Vivanco, director para América de HRW, destacó mediante sus redes sociales que la extensión debe ser avalada por la Cámara de Diputados, sin embargo, viola el Artículo 97 de la Constitución mexicana.
El CJF está conformado por siete miembros: el presidente de la Corte, un elegido por el Presidente de la República, dos seleccionados por el Senado, en el cual Morena tiene oficialmente la mayoría y otros tres elegidos por la SCJN.
El jueves senadores del partido oficialista @PartidoMorenaMx aprobaron un proyecto de ley para extender por 2 años el mandato del presidente de la Corte Suprema.
El proyecto, que aún debe ser aprobado por la Cámara de Diputados, viola el art. 97 párr. 4 de la Constitución. Vean: pic.twitter.com/4zjVFnz9H5
“Al extenderle el mandato al presidente de la Corte Suprema, Arturo Zaldívar, AMLO, quien tiene mayoría en el Senado, se asegura una mayoría de cuatro de los siete miembros del Consejo de la Judicatura. AMLO ya ha dicho que a Zaldívar ‘le tiene confianza’, dijo Vivanco mediante un hilo de Twitter.
Vivanco asegura que el hecho de que AMLO consiga la mayoría le permitirá nombrar, sancionar y remover. A esto, agrega, se le suma que Zaldívar también es presidente del CJF, lo que le otorga funciones claves, entre ellas se destacan fijar el orden del día de discusiones del Consejo, así como dirigir los debates.
“Con un voto más, AMLO tendría una mayoría calificada de cinco jueces que le permitirá nombrar, sancionar y remover jueces”, expresó.
Además, recordó que no sería la primera vez que AMLO se queja por la actuación de un juez, pues anteriormente se mostró molesto ante la suspensión de la reforma energética.
¿Tienen alguna duda de este asalto a la justicia? Escúchenlo a AMLO reconocer sin vergüenza alguna su propia movida de ajedrez: pic.twitter.com/xO0sk2YF8G
Un Juez federal suspendió la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que se aprobó en el Congreso mexicano y que busca priorizar la participación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el sector.
Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que su Gobierno recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para defender la llamada Ley Eléctrica, que prioriza a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las empresas privadas, luego de que un juez ordenara su suspensión.
El mandatario mexicano también pidió al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que investigue al Juez que otorgó la protección a las empresas privadas.
“Están muy molestos los dueños de las empresas extranjeras y también algunos mexicanos, pero la verdad es que estaban abusando vendiendo cara la energía eléctrica, recibiendo subsidio. Ellos fueron beneficiados con contratos leoninos“, aseguró el mandatario federal.
Ayer, el Juez Segundo de Distrito en materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones de la Ciudad de México ordenó suspender los efectos y consecuencias del decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).
Jueces como el que concedió el amparo a la filial en México de Zuma Energía, Parque Solar Orejana, surgieron cuando se realizó la Reforma Energética y nacieron con el fin de “proteger a las empresas particulares y extranjeras, no para proteger y defender el interés nacional”, aseguró el Presidente López Obrador.
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Aseguró que el contrato que fue más “humillante” para el país, por lo ventajoso que resultó para la compañía, fue el celebrado con la española Iberdrola que, “de manera gangsteril”, contrató a quien fuera Secretaria de Energía en el país (Georgina Kessel) y también al expresidente Felipe Calderón, quién fungió como consejero de la empresa.
La relación que se generó en el sexenio de Felipe Calderón con las compañías energéticas “es una vergüenza” y desencadenó que los dueños de la compañía española se sintieran “dueños de la industria eléctrica nacional”, aseguró el mandatario.
La Administración federal solicitará a la SCJN que se realice una revisión “del proceder de estos jueces, porque sería el colmo que el Poder Judicial del país estuviese al servicio de particulares”, aseguró.
La reforma a la LIE modifica los artículos 3, 4, 12, 26, 35, 53, 101, 108 y 126 de la citada ley y que entraría en vigor el 10 de marzo. Surgió de una iniciativa preferente que remitió el titular del Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados el pasado 1 de febrero.
“No estamos cancelando la Reforma Energética, estamos procurando quitarle a esa reforma las aristas más filosas, lo que más daña, y que las empresas puedan seguir haciendo negocio, pero con ganancias razonables. Que no vengan a robar o se vayan a robar más lejos”, dijo el Presidente.
Sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, en la que somete a discusión el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro
El amparo, aseguró el Juez, no deja insubsistente la reforma energética sino que posterga sus efectos.
PUBLICACIÓN EN EL DOF
El 9 de marzo la Secretaría de Energía (Sener), publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LIE.
La reforma cambiará el criterio de despacho eléctrico para priorizar siempre la generación de las plantas viejas y de combustibles fósiles de la CFE sobre las centrales privadas de renovables, además de revisar de forma retroactiva los contratos con el Gobierno.
Además, establece la obligación de que los permisos a que se refiere la LIE se encuentran sujetos a los criterios de planeación del Sistema Eléctrico Nacional emitidos por la Secretaría de Energía.
También precisa que el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias (CEL) no dependerá de la propiedad o la fecha de inicio de las operaciones comerciales en las centrales eléctricas y además elimina la obligatoriedad de comprar por subastas para el Suministrador de Servicios Básicos.
Luego de la entrada en vigor del decreto, la Sener, la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía dispondrán de “un plazo máximo de 180 días naturales” para realizar las modificaciones que sean necesarias a todos los acuerdos, resoluciones, lineamientos, políticas, criterios, manuales y demás instrumentos regulatorios expedidos en materia de energía eléctrica, con el fin de alinearlos.
EL EMPRESARIADO EN CONTRA
La sección para México de la Cámara Internacional de Comercio de Estados Unidos dijo el miércoles que espera una ola de demandas, apelaciones legales y paneles internacionales de disputas de inversionistas luego de que México promulgó una ley que da ventaja a las empresas gubernamentales de electricidad sobre firmas privadas de energía limpia.
La Cámara de Comercio de EU aseguró que la entrada de la Ley de la Industria Eléctrica violaba los términos del nuevo Tratado de Libre Comercio. Foto: Cuartoscuro
La cámara de comercio dijo el miércoles que varias cláusulas de la nueva ley violan la propia Constitución mexicana, que garantiza el derecho a la competencia y un ambiente saludable, y que parecen violar acuerdos de protección de inversiones y comercio.
Este martes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, aseguró que la nueva ley “inhibirá” las inversiones en el sector energético y en conjunto del país.
El dirigente aceptó que la publicación de la LIE vendrá seguida de una batalla legal, aunque aclaró que esos recursos “los hacen afectados directos”, no asociaciones empresariales o partidos políticos de la oposición.
La regulación del consumo de la marihuana obedece a un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 2018 declaró inconstitucional la prohibición del consumo recreativo de cannabis.
México, 8 de marzo (EFE).- La comisiones de Justicia y Salud de la Cámara de Diputados aprobaron este lunes el dictamen que regula el consumo lúdico de marihuana en el país, el cual se enviará el martes al pleno para su debate y votación definitiva.
Con 34 votos a favor y 11 en contra y 10 abstenciones, los diputados de dichas comisiones validaron la iniciativa, que ya fue aprobada por el Senado en noviembre pasado y que está pendiente de ser ratificada por la Cámara de Diputados.
La regulación del consumo de la marihuana obedece a un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 2018 declaró inconstitucional la prohibición del consumo recreativo de cannabis.
Después de tres aplazamientos, el alto tribunal estableció el 30 de abril de 2021 como fecha límite para que el Congreso regulara este asunto.
El dictamen crea la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y modifica la Ley General de Salud y el Código Penal para legalizar el cultivo, la producción, el consumo, la distribución, la industrialización y la venta de la marihuana bajo control federal.
La comisiones de Justicia y Salud de la Cámara de Diputados aprobaron este lunes el dictamen que regula el consumo lúdico de marihuana en el país. Foto: Cuartoscuro.
La iniciativa, aprobada en el Senado el 19 de noviembre del año pasado, permite fumar marihuana sin presencia de menores, poseer hasta ocho plantas por domicilio y crear asociaciones de fumadores con un máximo de 50 plantas.
También establece un sistema de licencias para la siembra, el cultivo, la cosecha y la venta de marihuana y derivados con cannabis no psicoactivo.
El texto aprobado en el Senado también preveía la creación del Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis, pero los diputados tumbaron esta propuesta y establecieron que el ya existente Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic) regule la normativa sobre marihuana.
La regulación, que previsiblemente se aprobará el martes en la Cámara de Diputados, ha sido recibida con suspicacias por organizaciones defensoras del consumo lúdico de marihuana ya que no se despenaliza del todo su posesión.
La legislación prevé multas por portar entre 28 y 200 gramos, y penas de prisión de hasta 15 años por portar más de 300 gramos.
Durante la discusión en comisiones, el diputado Marco Medina, del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), defendió la necesidad de acabar con el “modelo prohibicionista” actual que ha “criminalizado” a los consumidores y engrosado las cárceles.
Por su parte, la diputada Martha Romo, del derechista Partido Acción Nacional (PAN), lo consideró un “pésimo dictamen” porque, a su juicio, los niños y adolescentes estarán “expuestos a mayor acceso a fumar marihuana”.
La discusión sobre la viabilidad de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, que se incluyó en el decreto del 15 de mayo de 2020 de la Secretaría de Energía aún no se hará.
El proyecto lo presentó el Ministro Luis María Aguilar Morales e incluyó la impugnación que interpuso la Cofece en contra de la modificación de la política que rige al SEN.
Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó posponer la discusión sobre la permanencia o eliminación de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional propuesta por el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
La política energética del mandatario federal ha sido defendida por la Secretaria de Energía Rocío Nahle, sin embargo, la SCJN ha recibido quejas por las empresas participantes del SEN que quedarían afectadas, por lo que aprobó suspensiones temporales que deberán discutirse para determinar si las cerca de 20 disposiciones del decreto del 15 de mayo de 2020 se validarán o no.
En sesión, la Segunda Sala de la Suprema determinó posponer la discusión del proyecto que presentó el Ministro Luis María Aguilar Morales, que incluyó la impugnación que interpuso la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en contra de la modificación de la política que rige al SEN.
En adelante, y hasta que se determine el resultado de la SCJN, las inmovilizaciones de aplicación del decreto quedan vigentes. La Cofece argumentó que el documento generará un obstáculo para obstaculiza la libre competencia y concurrencia en materia energética.
Foto: Cuartoscuro
El Gobierno de México busca limitar a las energías renovables para fortalecer la electricidad generada en plantas propias de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Con el argumento de preservar la estabilidad del sistema eléctrico de la pandemia, el Cenace publicó un acuerdo en abril pasado que limitaba la entrada de plantas privadas de renovables.
Después, en mayo, la Secretaría de Energía (Sener) publicó una política para desincentivar el despacho de energía renovable porque son “intermitentes”.
El Presidente López Obrador, ha sostenido que debe rescatar a la CFE del “saqueo de los privados” que comenzó en el “periodo neoliberal”.
“La CFE sostiene al Sistema Eléctrico Nacional. Es una garantía para la nación y la vamos a defender. El Presidente ha tomado una postura que nos enorgullece: hay que rescatar a la CFE precisamente del diseño para su desaparición”, dijo Manuel Bartlett, director de la CFE.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Foto: SCJN vía Cuartoscuro.
CFE LAS QUIERE FUERA
La CFE pedirá “sacar de operación” a generadoras de energías renovables al responsabilizarlas del apagón nacional que afectó a 10.3 millones de personas a finales de diciembre. Argumentó que la falla en el sistema eléctrico del 28 de diciembre ocurrió cuando “había muy baja demanda”, y una generación de energía eólica y fotovoltaica que representaba 28 por ciento del total, “el mayor valor en la historia”.
“Como medida preventiva en demandas bajas, el Cenace (Centro Nacional de Control de Energía) se verá obligado a sacar de operación parte de la generación renovable intermitente para asegurar la confiabilidad del sistema nacional”, informó Luis Bravo, director de Comunicación Corporativa de CFE.
La empresa ha insistido en que un incendio en una línea de transmisión de Tamaulipas, en el noreste del país, fue la principal causa del incidente aunque las autoridades de ese estado han cuestionado esa versión.
Ana Margarita Ríos-Farjat y Yasmín Esquivel Mossa fueron electas por unanimidad de votos para el periodo 2021-2022.
Ciudad de México, 04 enero (SinEmbargo).- En un hecho inédito en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dos mujeres fueron elegidas como presidentas de la Primera y Segunda Sala.
Ana Margarita Ríos-Farjat y Yasmín Esquivel Mossa fueron electas por unanimidad de votos para el periodo 2021-2022, durante sesiones remotas realizadas este lunes 4 de enero, luego del inicio del período extraordinario de sesiones del Tribunal Constitucional.
Por su parte Ríos-Farjat, quien presidirá la Primera Sala, enfatizó que su elección es una encomienda muy alta, especialmente por la coyuntura que se vive actualmente en el país.
“Vivimos tiempos sumamente complicados, cargados de incertidumbre, a tiempos así sólo se les hace frente con templanza y fortaleza”, exaltó la Ministra.
Felicito a la Ministra Margarita Ríos Farjat por haber sido elegida Presidenta de la Primera Sala. Para mi es un honor compartir con ella el momento histórico que por primera vez dos mujeres presidimos las dos Salas de la @SCJN, sin duda, un avance en equidad de género.
En tanto, Yasmín Esquivel Mossa electa para la Segunda Sala agradeció a sus compañeros la nominación y se dijo sentirse muy honrada de asumir la presidencia.
“Les expresó mi más sincera gratitud por esta votación y por esta oportunidad de representar uno de los pilares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dijo.
Es la primera vez que un mismo periodo dos mujeres asumen la presidencia de las salas, momento que Esquivel Mossa calificó como de avance en equidad de género.
PRIMER PERÍODO DE SESIONES 2021
La SCJN dio inicio a su primer período de sesiones del 2021, por medio de una videoconferencia y una larga lista de impugnaciones como la Ley de la Guardia Nacional, la reducción de los tiempos del Estado en radio y televisión y la Política de Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.
“La corte continuará defendiendo los derechos y la democracia en el marco de la división de poderes y trabajando en plena autonomía”, señaló el Ministro presidente, Arturo Zaldívar, durante su discursos de bienvenida.
Durante la primera sesión se realizó la elección de las presidentas de la Primera y Segunda Salas de la Corte.
El inicio de año viene con una gran carga de trabajo para la SCJN, en donde se encuentran reformas pendientes como el veto para que funcionarios puedan laborar en la iniciativa privada, la tipificación del fraude fiscal y la Ley de Adquisiciones para la compra de medicamentos.
Hasta el momento la sesión del Pleno tiene un listado de 46 asuntos agendados hasta febrero, lista que podría cambiar en cualquier momento.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
