El INAI, uno de los organismos que impugnó la legislación aprobada en el Congreso, festejó la decisión, asegurando que el pleno de la Corte había salvaguardado con su votación “la privacidad, la intimidad y los datos personales de las mexicanas y mexicanos”.
Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró este lunes que el Padrón Nacional de Usuarios de TelefoníaMóvil (Panaut), aprobado por el Congreso mexicano y que obligaría a los usuarios a entregar sus datos biométricos para poder hacer uso de celulares, es inconstitucional.
Una mayoría de nueve ministros, los suficientes para definir la inconstitucionalidad de una norma, votaron a favor del proyecto de la Ministra Norma Piña, para tumbar de forma definitiva el Panaut, debido a que consideraron que violenta el derecho a la protección de datos y a la intimidad.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) felicitó inmediatamente la decisión de la Corte. “El Pleno del INAI reconoce la determinación de la Suprema Corte sobre la Acción de inconstitucionalidad 82/2021 y su acumulada 86/2021, que declara la invalidez del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil”, señaló.
La SCJN revisó las acciones de inconstitucionalidad promovidas por varios organismos autónomos. Foto: Cuartoscuro.
Con esta votación, añadió el INAI, se salvaguardan “la privacidad, la intimidad y los datos personales de las mexicanas y mexicanos”.
En la resolución, la Ministra Piña propuso declarar “la invalidez de la totalidad del sistema normativo que integra el Decreto de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión”. Ocho ministros se sumaron a esta postura, incluido el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar.
“No haber cumplido con esta exigencia somete a los derechos a la privacidad, intimidad y protección de datos personales a un riesgo que no puede ser avalado”, añadió Piña Hernández en su proyecto.
Zaldívar, durante su argumentación a favor, reconoció que se trataba de un instrumento que conjugaba una gran cantidad de información sensible de los ciudadanos y que no había explícitamente forma de velar por su seguridad ni su mal uso.
El martes la SCJN analizará qué efectos tendrá la declaratoria de inconstitucionalidad del Panaut. Foto: Graciela López, Cuartoscuro
La creación de un padrón nacional de este tipo hubiera obligado a los 129.8 millones de usuarios que tienen una línea telefónica a en México proporcionar sus datos personales y biométricos. El Panaut fue diseñado para inhibir la comisión de delitos que explotan esta tecnología para chantajear, amenazar o secuestrar, pero para el proyecto aprobado no es la medida más adecuada.
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha defendido el padrón con el argumento de que combatirá las extorsiones y al crimen organizado. Pero desde el 27 de abril de 2021 la reforma estaba suspendida de forma indefinida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, que consideró que la norma “viola derechos de usuarios y no disminuirá los delitos”.
Luego, en junio, la SCJN suspendió el Panaut tras la impugnación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Este lunes, al término de la sesión, el Ministro Zaldívar adelantó que mañana martes el pleno analizará cuáles serán los efectos de que se haya declarado inconstitucional el Panaut.
La reforma ha causado polémica porque los concesionarios y el Gobierno dejarán sin servicio a quienes no proporcionen sus datos biométricos en un plazo de dos años para líneas preexistentes y de seis meses para nuevas líneas.
Ciudad de México, 15 de junio (EFE).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió este martes al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) la suspensión solicitada del polémico Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), que recopilará datos biométricos.
La suspensión de la obligación de instalar, operar, regular y mantener el Panaut se decretó al considerar que con su implementación “existe una inminente afectación presupuestaria del IFT, que puede poner en peligro su autonomía constitucional”.
En un comunicado, el IFT recordó que el 26 de mayo presentó un recurso constitucional en contra de las diversas disposiciones contenidas en el padrón.
En aquella ocasión, el IFT expuso que “no cuenta con los recursos para cumplir el mandato legislativo de poner en marcha el registro del Panaut con cargo a su presupuesto”.
Señaló que la totalidad de los recursos presupuestales aprobados por la Cámara de Diputados para el presente ejercicio fiscal 2021 “están asignados a las funciones que mandata la Constitución a este órgano regulador.
Además, indicó que este ordenamiento legal “contraviene su autonomía presupuestal” consistente en llevar a cabo la planeación y ejercicio de los recursos que considera necesarios de forma autónoma, eficaz y oportuna en el marco de sus competencias.
LA POLÉMICA DE LOS DATOS BIOMÉTRICOS
La reforma ha causado polémica porque los concesionarios y el Gobierno dejarán sin servicio a quienes no proporcionen sus datos biométricos en un plazo de dos años para líneas preexistentes y de seis meses para nuevas líneas.
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha defendido el padrón con el argumento de que combatirá las extorsiones y al crimen organizado.
Desde el 27 de abril la reforma estaba suspendida de forma indefinida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, que consideró que la norma “viola derechos de usuarios y no disminuirá los delitos”.
El recurso constitucional del IFT se sumó a una acción de inconstitucionalidad que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció el 27 de abril.
La firma Digital Policy & Law Group estimó que la citada reforma podría dejar a 30 millones de mexicanos sin acceso a un celular, en particular a personas de bajos ingresos.
El IFT informó que presentará una controversia contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil para garantizar su autonomía presupuestal.
Ciudad de México, 12 de mayo (SinEmbargo).– El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) interpondrá una controversia constitucional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), que exige datos biométricos de usuarios de teléfonos celulares.
El Pleno del IFT determinó que no cuenta con recursos para poner en marcha el registro ya que el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2021 no contempla este gasto.
“El mandato legislativo para que el IFT lleve a cabo acciones para instalar, operar, regular y mantener el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil configura una afectación directa a una garantía institucional de este órgano autónomo prevista en la Constitución”, argumentó el IFT en un comunicado.
El Pleno del IFT también consideró que la reforma contiene elementos que podrían contraponerse “con el mandato del IFT de garantizar los derechos contenidos en los artículos 6 y 7 de la Constitución, así como de favorecer el acceso a los servicios de telecomunicaciones, que son derechos fundamentales”.
El decreto que establece la creación del padrón fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril, en él se establece la responsabilidad del IFT para instalarlo y encargarse de su regulación; también otorga al instituto la responsabilidad de solicitar a los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, a los autorizados, la cancelación de líneas de telefonía móvil que no hayan sido identificadas o registradas por los usuarios o clientes.
Además del IFT, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) aprobó el 27 de abril presentar una acción de inconstitucionalidad contra el Panaut al considerar que el uso de datos biométricos es violatorio de los derechos humanos.
Los comisionados del INAI avalaron recurrir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al advertir que el Panaut también afecta la protección de datos personales y el acceso a la información pública.
El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil tiene el objetivo de contar con una base de datos de todos los titulares de celulares que esté a disposición de las autoridades de seguridad y justicia y que así sea más fácil combatir ciertos delitos. La ley establece un plazo de dos años para registrar a sus usuarios que ya tienen línea.
Desde que se discutió en el Senado, organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) alertaron que se trata de una violación a la privacidad que podría tener consecuencias peligrosas.
Para Luis Fernando García, director de la R3D, el padrón “es inútil, es riesgoso y es autoritario” porque un registro similar sólo lo tienen 17 países y la mayoría no democráticos.
En entrevista con SinEmbargo, García opinó que “es inexplicable cómo este Gobierno que ha criticado tanto al Gobierno de Calderón —con justa razón en la mayoría de las veces— regresa y hace un refrito de una iniciativa de Felipe Calderón y de García Luna que demostró ser una estrategia fallida y un fracaso”.
Lo que Calderón y García Luna hicieron en 2008 fue el Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (RENAUT), el cual sólo funcionó hasta 2011 porque la base de datos fue filtrada y vendida en el mercado negro. Se aprobó también bajo el argumento de que ayudaría a reducir los delitos, pero de acuerdo con los datos de R3D, la extorsión y el secuestro aumentaron 40 y ocho por ciento, respectivamente, justo en esos tres años.
Luis Fernando García sostuvo que al Presidente Andrés Manuel López Obrador lo están “engañando” los miembros del Gabinete de seguridad, al decirle que el padrón servirá para traer seguridad, porque de otro modo, agregó, no se explica el respaldo a esta medida que resulta por completo innecesaria.
Ricardo Mejía, Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, defendió la implementación del “Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil” y acusó a las empresas telefónicas de emprender una campaña en contra de este registro para defender su negocio de prepago.
Ciudad de México, 29 de abril (SinEmbargo).– Las empresas telefónicas no quieren abandonar su modelo de prepago y por eso han echado a andar una campaña en contra del “Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil”. No quieren que se les acabe su negocio, aseguró Ricardo Mejía, Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
En entrevista en el programa “Los Periodistas“, que conducen Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela en SinEmbargo al Aire, por YouTube, Mejía Berdeja insistió e que “el corazón de la oposición es el modelo de prepago”.
“Lo que estamos modificando con este padrón es un modelo de venta de las empresas telefónicas. Las telefónicas que crearon el negocio del prepago han echado a andar estos argumentos en contra”, expuso.
El pasado 13 de abril, el Senado de la República aprobó en lo general y los artículos no reservados del dictamen que reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para crear el “Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil”.
El polémico dictamen obtuvo 54 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones.
La aprobación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que incluye la obligatoriedad de dar los datos biométricos, despertó críticas por parte de organizaciones civiles y del INAI. Alertan que esta base de datos, que sería de las más grandes del mundo, es innecesaria, pero además tiene riesgos para las personas que pueden ser irreversibles.
Por su parte, las compañías telefónicas también alertaron por el uso de este padrón. Pero para el Gobierno federal, estas empresas sólo defienden su negocio.
Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública de la SSPC, explica por qué las grandes compañías de telefonía en México se oponen al Padrón Nacional de Telefonía Móvil. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro
El lunes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló directamente a Telmex como una de las promotoras en contra de esta ley, la cual establece un plazo de dos años para registrar a sus usuarios que ya tienen línea y entrará en vigor después de que el Ejecutivo la promulgue.
El Subsecretario Ricardo Mejía defendió en entrevista este padrón y puso como ejemplo que actualmente “9 de cada 10 llamadas de extorsión salen de números prepago y hay casos en la Comisión Nacional de Secuestro de más de 25 tarjetas SIM. En los operativos que realiza la Guardia Nacional, Sedena, Marina están ramilletes de teléfonos prepago y tarjetas. Es el arma y el prepago los que están utilizando estos delincuentes”.
Al ser cuestionado acerca de que en el padrón no estarán incluidos los datos de los jefes del narcotráfico, el Subsecreatario señaló que el objetivo es ir paso a paso pata acabar con esta red delincuencial:
“A lo mejor los grandes capos no se registran, pero sus halcones y secuestradores sí, y es ahí donde va dirigida esta medida que puede ayudar a inhibir este tipo de delitos”.
TELEFÓNICAS YA PIDEN DATOS BIOMÉTRICOS
Los sistemas de renta fija ya piden identificación, comprobante de domicilio, autorización para consultar el Buró de Crédito, recaban datos personales y te piden referencias, aseguró el Subsecretario Mejía.
“Cuando firmas el contrato con estas empresas dejas tu huella digital. Sin embargo, esto representa el 16.5 por ciento del mercado. En cambio en el prepago no te piden nada de requisitos”, detalló.
Mejía mencionó que estas empresas no dicen que ya piden este tipo de datos en sus planes de renta fija, pero sí protestan cuando la autoridad lo pide para sus modelos de prepago.
“El fondo es que para las telefónicas es fácil vender chips de celulares sin ninguna responsabilidad de carácter moral, ya los venden en plataformas como Mercado Libre, que permite adquirir lotes de 100 chips de celulares sin ningún dato y entonces cuando tú les dices que por seguridad debe pedir dato”, indicó.
Al ser cuestionado sobe que sólo los países con regímenes autoritarios han apelado a esta clasificación, el Subsecretario de Seguridad informó que hicieron una revisión de los servicios de registros de telefonía móvil en todo el mundo y alrededor de 155 países tienen en diferentes escalas modelos de registro.
“Hay unos que te piden datos biométricos que van desde el reconocimiento facial, huella digital, y hay otros que sólo te piden una identificación oficial. Hay que comentar que en varios países ya existe esta credencial única de identidad y únicamente cotejan que esté la persona y ya no tiene necesidad de recabar más datos porque el Estado ya los tiene”, detalló.
Mejía insistió que que en México no se puede vivir en un régimen de excepción “en donde tenemos millones de líneas telefónicas utilizando el espectro radioeléctrico del país y están amparados en el anonimato. Estos ha servido para que los delincuentes utilicen como principal medio de comunicación estos sistemas porque pueden manejarse en el anonimato”.
Cabe señalar que esta resolución puede ser impugnada ante un Tribunal Colegiado, que en su consideración podría solicitar la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se pronunciara sobre el caso.
Ciudad de México, 28 de abril (SinEmbargo).– El Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, otorgó la primera suspensión definitiva en contra del nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), con la cual un ciudadano no estará obligado a entregar sus datos personales y biométricos.
La suspensión fue concedida durante la noche del 27 de abril y en ella se concluyó que la medida no ocasiona ningún perjuicio al interés social, pues aunque el Gobierno de México aseguró que la finalidad de dicho padrón es compartir información con autoridades de seguridad en casos de investigaciones criminales, su sola existencia no tiene como consecuencia inmediata la disminución de la incidencia delictiva.
“Por sí mismo el PANAUT no tiene como finalidad constituir un beneficio directo e inmediato para la colectividad, es decir, la implementación de dicho padrón no traerá como consecuencia inmediata, directa y necesaria, la disminución de la incidencia delictiva”, argumentó.
El beneficiario de este amparo es Óscar González Abundis, quien no estará obligado a registrar su línea telefónica móvil en el PANAUT sin que le cause la cancelación de la misma. Tampoco deberá entregar datos personales y biométricos.
“Si la finalidad de ese padrón es que exista una base de datos para el intercambio de información entre el Instituto Federal de Telecomunicaciones y las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia, en asuntos relacionados con la comisión de delitos, ello no quiere decir, que la sola vigencia de la norma provocará, en automático, la disminución de los delitos o, en su caso, que dichas autoridades puedan investigar delitos que antes no podían por la falta del PANAUT”, se señala en el dictamen del Juez.
Bajo la misma línea, el Juan Pablo Gómez Fierro aclaró que con esta medida se está postergando el registro del usuario en el Padrón, lo cual no se traduce a la comisión o continuación de algún delito. Sin embargo, no descartó que las autoridades puedan investigar al respecto de la línea telefónica si es que ésta se ve involucrada en algún hecho ilícito.
JUEZ DE LA PEZA RECHAZA 53 AMPAROS
A penas el pasado 26 de abril, el Juez primero Especializado en Competencia Económica y Telecomunicaciones, Rodrigo de la Peza, desechó 53 demandas de amparo que se interpusieron para impugnar la obligación de entregar datos personales y biométricos al nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) para obtener una línea de telefonía celular.
El Magistrado señaló que dichas demandas son improcedentes y prematuros, ya que la reforma legal sobre los datos biométricos aún no causa efectos en los clientes de teléfonos celulares.
“En este momento, la ley tiene una peculiaridad derivada de su régimen transitorio, que conduce a que este juzgador deba considerar que durante el mismo, se está ante una norma heteroaplicativa”, argumentó el Juez, con lo que expuso que las leyes heteroaplicativas no tienen algún perjuicio contra los ciudadanos por su sola entrada en vigor, sino que es necesario tener actos de aplicación por parte de alguna autoridad para que así los amparos sean válidos.
De acuerdo con la información, De la Peza informó sobre el rechazo de 21 amparos el pasado viernes 23 de abril, sin embargo, esta mañana fueron desechados 32 más.
El Juez recalcó que es necesario que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) expida disposiciones administrativas, en un plazo de 180 días -el cual es válido desde el 17 de abril-, para que las compañías telefónicas puedan recabar datos de los usuarios.
El INAI presentará ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad contra el PANAUT para evitar que el uso de datos biométricos sea obligatorio.
Ciudad de México, 27 de abril (SinEmbargo).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) aprobó presentar una acción de inconstitucionalidad contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) al considerar que el uso de datos biométricos es violatorio de los derechos humanos.
Por unanimidad, los comisionados avalaron recurrir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al advertir que el PANAUT también afecta la protección de datos personales y el acceso a la información pública.
“Acompaño en sus términos el presente acuerdo y considero necesario destacar la relevancia de la acción de inconstitucionalidad, en virtud de que es un medio de control de constitucionalidad”, señaló Blanca Lilia Ibarra, presidenta del INAI.
?Advertimos que diversas disposiciones del decreto de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, causan afectaciones de distintos tipos, a los #DerechosHumanos de #DAI de protección de #DatosPersonales, por cuya efectividad corresponde velar y proteger a este instituto.
Además, los comisionados indicaron que la implementación de los datos biométricos podría ser contrario a la Constitución debido a que se establece la obligatoriedad de compartirlos, lo cual viola el derecho a la identidad.
También, aseguraron que no hace falta la recolección de nuevos datos para identificar al titular de la línea telefónica porque ya se cuenta con el Registro de Población que tiene a su cargo la Secretaría de Gobernación (Segob).
“Nadie en el mundo comparte los datos biométricos, son datos únicos, esa es su importancia y la trascendencia que deben tener. Lo que se pone en riesgo no es un tema menor, es la protección de datos personales de millones de personas en México”, expuso el Comisionado Adrián Alcalá.
“Lo que se pone en riesgo no es un tema menor, es la protección de datos personales de millones de personas en México, de tus datos, mis datos y de todos los que queremos y necesitamos contar con un teléfono celular”, agregó.
Por su parte, el Comisionado Óscar Guerra expuso que cuando se presume que las leyes pueden generar una contradicción a la Constitución, es deber importante consultar al Poder Judicial su legalidad.
“Cuando existen indicios o se presuma alguna contradicción con la Constitución, el preguntar al Poder Judicial y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son los competentes para resolver y dirimir este asunto, es lo más importante”, apuntó.
El pasado 17 de abril comenzó a ser válida la reforma que oficializa la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, luego de que ésta fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el cual se indicó que el IFT tiene un plazo de seis meses para definir la reglamentación que los concesionarios deberán seguir para recopilar los datos de los usuarios.
Ciudad de México, 26 de abril (SinEmbargo).– El Juez primero Especializado en Competencia Económica y Telecomunicaciones, Rodrigo de la Peza, desechó 53 demandas de amparo que se interpusieron para impugnar la obligación de entregar datos personales y biométricos al nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) para obtener una línea de telefonía celular.
El magistrado señaló que dichas demandas son improcedentes y prematuros, ya que la reforma legal sobre los datos biométricos aún no causa efectos en los clientes de teléfonos celulares.
“En este momento, la ley tiene una peculiaridad derivada de su régimen transitorio, que conduce a que este juzgador deba considerar que durante el mismo, se está ante una norma heteroaplicativa”, argumentó el Juez, con lo que expuso que las leyes heteroaplicativas no tienen algún perjuicio contra los ciudadanos por su sola entrada en vigor, sino que es necesario tener actos de aplicación por parte de alguna autoridad para que así los amparos sean válidos.
De acuerdo con la información, De la Peza informó sobre el rechazo de 21 amparos el pasado viernes 23 de abril, sin embargo, esta mañana fueron desechados 32 más.
El Juez recalcó que es necesario que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) expida disposiciones administrativas, en un plazo de 180 días -el cual es válido desde el 17 de abril-, para que las compañías telefónicas puedan recabar datos de los usuarios.
“Los concesionarios enfrentan en este momento una imposibilidad jurídica para recabar esos datos de sus clientes, pues para ello, deben utilizar medios digitales y medios remotos, que garanticen la veracidad e integridad de la información, conforme a las disposiciones administrativas de carácter general que llegue a emitir el IFT, pero que todavía no existen. […] Por consiguiente, será hasta entonces que pueda hacerse efectivo el deber del usuario para proporcionar sus datos al concesionario, para que éste posteriormente, pueda registrar la línea móvil en el PANAUT”, insistió.
A pesar del rechazo de los amparos, el magistrado no expuso algún criterio sobre la posible inconstitucionalidad de la obligación de entregar datos al PANAUT, por lo que cabe la posibilidad de que, cuando ya existan las disposiciones del IFT sobre el PANAUT, otorgue suspensiones.
SE HACE OFICIAL EL PADRÓN BIOMÉTRICO
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tendrá un plazo de seis meses para definir la reglamentación que los concesionarios deberán seguir para recopilar los datos del nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, según indica el decreto publicado el pasado 17 de abril en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El polémico padrón de usuarios de telefonía celular incluirá indicadores biométricos además de datos personales. El Gobierno considera que esto redundará en una mayor seguridad, pero organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) alertaron que se trata de una violación a la privacidad que podría tener consecuencias peligrosas.
El decreto publicado en la edición vespertina del DOF establece que sobre cada línea telefónica móvil, el Padrón Nacional incluirá el número de línea telefónica móvil; la fecha y hora de la activación de la línea adquirida en la tarjeta SIM, y nombre completo o, en su caso, denominación o razón social del usuario.
También tendrá otros datos como la nacionalidad del dueño de la línea; su número de identificación oficial con fotografía o Clave Única de Registro de Población del titular de la línea; datos Biométricos del usuario; domicilio del usuario, además de datos del concesionario de telecomunicaciones.
El IFT tendrá que usar su presupuesto actual para administrar el Padrón. “El Instituto Federal de Telecomunicaciones realizará las acciones necesarias para que las erogaciones que se generen con motivo de instalar, operar, regular y mantener el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, se realicen con cargo a su presupuesto aprobado en el presente ejercicio fiscal y subsecuentes”, se lee en el decreto.
La publicación en el Diario Oficial era el requisito que faltaba para que el funcionamiento del padrón de usuarios de telefonía móvil se oficializara. Además del plazo de seis meses para el IFT, los operadores tendrán dos años para registrar los datos de líneas preexistentes y seis meses para líneas nuevas.
El pasado 13 de abril, el Senado de la República aprobó en lo general y los artículos no reservados del dictamen que reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que busca contar con una base de datos de todos los titulares de celulares que esté a disposición de las autoridades de seguridad y justicia y que así sea más fácil combatir ciertos delitos.
Ciudad de México, 20 de abril (SinEmbargo).- Un Juez federal otorgó la primera suspensión provisional al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) al considerar que puede afectar los derechos humanos de los usuarios.
“Podría no se idónea ni proporcional, ya que no se advierte una relación directa o casual entre la existencia de ese padrón y una mejor investigación y persecución de los delitos”, dice el amparo otorgado.
El Juez añadió que la creación del Panaut “no se aprecia cómo es que la entrega de esos datos personales, como excepción al principio de protección, podría influir de manera positiva en las actividades de seguridad pública que el Estado está obligado a desplegar e, incluso, no se entiende en qué medida se podría ver favorecida investigación y persecución del delito, pues la entrega de aquellos datos personales no constituye una condición necesaria para que las instancias respectivas investiguen más o mejor”, añadió.
El amparo fue otorgado por el Juez Segundo Especializad en Telecomunicaciones y Competencia Económica, Juan Pablo Gómez Fierro, a un ciudadano identificado como Oscar González Abundis.
La medida sólo beneficiará este ciudadano, quien promovió el amparo, luego de que una reforma creó el Panaut.
Con este amparo, el quejoso no tendrá riesgo de perder su línea si no entrega los datos solicitados.
Será el próximo 27 de abril cuando el Juez defina si la suspensión es definitiva o no.
El pasado 13 de abril, el Senado de la República aprobó en lo general y los artículos no reservados del dictamen que reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para crear el “Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil”.
El polémico dictamen obtuvo 54 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones.
El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil tiene el objetivo de contar con una base de datos de todos los titulares de celulares que esté a disposición de las autoridades de seguridad y justicia y que así sea más fácil combatir ciertos delitos. La ley establece un plazo de dos años para registrar a sus usuarios que ya tienen línea y entrará en vigor después de que el ejecutivo la promulgue.
Tras su aprobación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFetel) tendrá seis meses para diseñar las reglas del padrón. En caso de que alguna persona no se registre, perderá su línea celular.
Los celulares son un instrumento utilizado en algunos de los crímenes de mayor impacto en México, como extorsiones o secuestros, y en muchas ocasiones, las llamadas de los criminales se hacen desde las cárceles. Hasta el momento el Gobierno no ha logrado controlar de manera efectiva este servicio de telefonía.
Durante la Presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), del PAN, operó unos años un Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Celular, similar pero sin datos biométricos, que fue abolido por el Senado en 2011, cuando se descubrió que fue hackeado y estaba disponible en el mercado negro por unos 25 dólares.
En la administración siguiente, la de Enrique Peña Nieto (2012-2108), del PRI, tuvo lugar el escándalo de espionaje con el software Pegasus, un programa que el Gobierno compró, teóricamente, para perseguir a criminales pero con el que fueron infectados teléfonos de periodistas y defensores de derechos humanos críticos con el Gobierno. La investigación de este caso sigue abierta sin avances.
La aprobación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que incluye la obligatoriedad de dar los datos biométricos, despertó críticas por parte de organizaciones civiles y del INAI. Alertan que esta base de datos, que sería de las más grandes del mundo, es innecesaria, pero además tiene riesgos para las personas que pueden ser irreversibles.
Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).- “Es inexplicable cómo este Gobierno que ha criticado tanto al Gobierno de Calderón —con justa razón en la mayoría de las veces— regresa y hace un refrito de una iniciativa de Felipe Calderón y de García Luna que demostró ser una estrategia fallida y un fracaso”, comentó Luis Fernando García Muñoz, director ejecutivo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) sobre la aprobación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PNUTM).
Lo que Calderón y García Luna hicieron en 2008 fue el Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (RENAUT), el cual sólo funcionó hasta 2011 porque la base de datos fue filtrada y vendida en el mercado negro. Se aprobó también bajo el argumento de que ayudaría a reducir los delitos, pero de acuerdo con los datos de R3D, la extorsión y el secuestro aumentaron 40 y ocho por ciento, respectivamente, justo en esos tres años.
Luis Fernando García sostuvo en entrevista con SinEmbargo que al Presidente Andrés Manuel López Obrador lo están “engañando” los miembros del Gabinete de seguridad, al decirle que el padrón servirá para traer seguridad, porque de otro modo, agregó, no se explica el respaldo a esta medida que resulta por completo innecesaria.
“Están detrás quienes han impulsado (la creación del padrón) y quienes intentan engañar al Presidente en el Gabinete de Seguridad. Hay una intención autoritaria y hay una intención para poner pretextos al Presidente sobre por qué está fallando la estrategia de seguridad. ¿El Gabinete de Seguridad dirá que hay incompetencia y que por eso subió el delito de extorsión? No, dicen que les faltaba este padrón, que no podían combatir porque no hay padrón. Están buscando pretextos para lavar la cara y la estrategia fallida de seguridad, que en gran parte sigue la línea de los gobiernos anteriores. Eso es un poco el trasfondo de lo que impulsa este padrón”, comentó.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) también alertó sobre la afectación o vulneración de datos biométricos, que podría provocar “daños significativos de una difícil o imposible reparación” y además, que la tendencia en materia es la de limitar al máximo la recolección de datos biométricos.
El Senado avaló el martes pasado la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, por la que se crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil con el objetivo de contar con una base de datos de todos los titulares de celulares que esté a disposición de las autoridades de seguridad y justicia para que así “sea más fácil combatir ciertos delitos”.
La Ley establece un plazo de dos años para registrar a sus usuarios que ya tienen línea y entrará en vigor después de que el Ejecutivo la promulgue.
“Este padrón está en el escritorio del Presidente y él tiene una decisión que tomar. O ejerce su derecho de veto y es congruente con lo que él ha dicho sobre el respeto a las libertades en la 4T o le pone literalmente su nombre a este padrón y con ello deja un legado histórico autoritario”, agregó el representante de R3D.
De acuerdo con la minuta, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sería el encargado de la instalación, operación, regulación y mantenimiento del PNUTM y trabajaría en conjunto con las autoridades de seguridad.
De concretarse, todas las personas que tengan un teléfono celular deberán entregar su número telefónico, fecha y hora de activación de la línea telefónica móvil; nombre completo, denominación o razón social del usuario; nacionalidad; Clave Única de Registro de Población (CURP) del titular de la línea; datos biométricos del usuario (persona física) o de su representante legal (persona moral); domicilio del usuario; esquema de contratación de la línea, y avisar cualquier cambio de información.
El miércoles por la mañana, el Presidente dijo en su conferencia de prensa que los miembros del Gabinete de Seguridad le comentaron sobre la creación del padrón: “se explicó a detalle la importancia que tiene tener control sobre estas tarjetas para la protección de los mexicanos, porque se usan estas tarjetas que eran anónimas, se cambiaban de chips y se utilizaban los teléfonos para cometer ilícitos. Entonces, nada más es tener un registro para cuidar a la población, es un asunto de seguridad”.
LOS RIESGOS DEL PADRÓN
De acuerdo con el posicionamiento del INAI, la información que se recolecta para fines de identificación de la población “requiere del mayor cuidado posible” porque existe un riesgo potencial al permitir que el manejo de los datos biométricos para fines de identificación personal “puedan ser manipulados por un número elevado de operadores de telefonía, pues se presume que serán las propias empresas las encargadas de recabar dichos datos”
Sobre los posibles daños de difícil o imposible reparación, señaló que se debe a que estos datos hacen referencia a aspectos que permiten ser asociados, de manera única a una persona y constituyen características insustituibles. “El INAI considera imprescindible limitar al máximo la recolección de datos biométricos que pudieran revelar información sensible de las personas, así como obtener y utilizar únicamente los que sean necesarios, adecuados y no excesivos para las finalidades con las que serán recabados”.
García Muñoz enlistó algunos de los problemas que podría generar esa base de datos, y que son resultado de la experiencia que ha tenido México tanto a nivel Gobierno como empresarial y bancario. De entrada, la evidencia indica que esta recolección de información para la telefonía no ayuda al combate al crimen, lo que se observó con el RENAUT de Calderón.
Esto, detalló, se debe a que la delincuencia “tiene y seguirá teniendo muchas maneras de eludir el padrón”, como usar chips de otros países, clonar o duplicar tarjetas SIM, usar sistemas que permiten modificar el número que aparece en el identificador o utilizar teléfonos y tarjetas robadas.
Otro riesgo es sobre la presunción de inocencia, ya que resultará sencillo suplantar la identidad de un número telefónico. En la minuta se establece que cualquier llamada o mensaje realizado corresponde a la persona registrada en el padrón.
Además está el tema de la privacidad, “el propio RENAUT a los dos meses de ser conformada esa base de datos se encontraba en venta en 500 pesos”, contó Luis Fernando García, pero apuntó que el riesgo con este nuevo padrón es que ya se incluyen los datos biométricos.
“Sería la base de datos más gigantesca de la historia. Hay más de 120 millones de líneas de teléfono móvil, sería más grande que la del INE y los riesgos de vulneración de estas bases de datos es gravísimo y no solamente porque sea un caso aislado lo que pasó con el RENAUT, este año hemos dado cuenta de cómo en foros de internet se venden bases de datos de millones de registros de bancos como Santander, BBVA, Banco Coppel, Banamex, padrones de secretarías federales, locales. Es frecuente, constante y cotidiano que bases de datos se filtren en este país sin consecuencias, en total impunidad”, concluyó.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales alertó que no hay evidencia para asegurar que los padrones con indicadores biométricos ayudan a reducir delitos, lo que sí se sabe es que permiten la vigilancia de la sociedad; también criticó que registros de este tipo son utilizados por países no democráticos.
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México tendrá un padrón de usuarios de telefonía celular que incluirá indicadores biométricos además de datos personales. El Gobierno considera que esto redundará en una mayor seguridad, pero la oposición, diversas entidades y grupos de derechos humanos consideran que es una violación a la privacidad que podría tener consecuencias peligrosas.
Algunos pidieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador que vete la reforma, algo que se atisba improbable, y advirtieron que interpondrán acciones de inconstitucionalidad para frenarla en caso de que sea promulgada.
“Nada más es tener un registro para cuidar a la población. Es un asunto de seguridad”, afirmó el miércoles López Obrador durante su conferencia matutina. “Nosotros no vamos nunca a llevar a cabo acciones de espionaje en contra de nadie”.
Sin embargo, para Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), el padrón “es inútil, es riesgoso y es autoritario” porque un registro similar sólo lo tienen 17 países y la mayoría no democráticos.
El Senado avaló el martes la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones por la que se crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil con el objetivo de contar con una base de datos de todos los titulares de celulares que esté a disposición de las autoridades de seguridad y justicia y que así sea más fácil combatir ciertos delitos. La ley establece un plazo de dos años para registrar a sus usuarios que ya tienen línea y entrará en vigor después de que el ejecutivo la promulgue.
Los partidos de oposición –Partido de Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI), el Partido del Trabajo (PT) y el de la Revolución Democrática (PRD)– propusieron cambios para, entre otras cosas, eliminar el registro de los datos biométricos o evitar el robo de la base de datos. No obstante, la mayoría oficialista de Morena rechazó las modificaciones.
Senadores del PAN y el PRI ya anunciaron que estudian las vías para recurrir la normativa.
Los celulares son un instrumento utilizado en algunos de los crímenes de mayor impacto en México, como extorsiones o secuestros, y en muchas ocasiones, las llamadas de los criminales se hacen desde las cárceles. Hasta el momento el Gobierno no ha logrado controlar de manera efectiva este servicio de telefonía.
Durante la Presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), del PAN, operó unos años un Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Celular, similar pero sin datos biométricos, que fue abolido por el Senado en 2011, cuando se descubrió que fue hackeado y estaba disponible en el mercado negro por unos 25 dólares.
En la administración siguiente, la de Enrique Peña Nieto (2012-2108), del PRI, tuvo lugar el escándalo de espionaje con el software Pegasus, un programa que el Gobierno compró, teóricamente, para perseguir a criminales pero con el que fueron infectados teléfonos de periodistas y defensores de derechos humanos críticos con el Gobierno. La investigación de este caso sigue abierta sin avances.
Tras su aprobación, el dictamen será turnado al Ejecutivo para su publicación.
Debido a que atenta contra los derechos de millones de personas, hacemos un llamado al Presidente @lopezobrador_ a decir #NoAlPadrón y vetar esta legislación autoritaria.
Para el director de R3D no hay evidencia de que ese tipo de padrones reduzcan delitos aunque sí permiten la vigilancia de la sociedad, la base de datos es fácilmente eludible por la delincuencia y “está casi garantizada”. Además, García alertó que los criminales podrán seguir operando con tarjetas robadas, extranjeras, obligando a gente a registrar números a su nombre o mediante plataformas de voz que alteran el número desde el que se marca. Asimismo, el padrón podrá hacer que personas inocentes sean investigadas y acusadas de delitos.
“Será la base de datos más grande, más de 120 millones de líneas, y va a contener los datos de todo el mundo menos de los delincuentes”, advirtió, y recordó que las leyes actuales ya dan a las autoridades las herramientas necesarias para perseguir cualquier ilícito.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) también alertó que podría “generar daños significativos de una difícil o imposible reparación” y pidió “limitar al máximo” la recolección de datos biométricos.
R3D es una de las organizaciones que ya prepara acciones en los tribunales pero es previsible que sumen partidos políticos, compañías telefónicas y usuarios.
“Este padrón se creó porque fracasó política de seguridad” del Gobierno, afirmó García y por eso su colectivo insistirá en pedirle al Presidente que sea congruente y la vete. Si no, confió en que la bloquee el poder judicial.
Los diputados aprobaron la creación de la nueva Cédula de Identidad Digital, que será expedida por la Secretaría de Gobernación mediante la Ley General de Población; dicho documento no sustituirá la función de otros como el INE o el pasaporte y se emitirá gratuitamente a toda la población.
Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).– La Cámara de Diputados aprobó durante su sesión de este jueves la expedición de la Ley General de Población.
Esto significa que se creará la Cédula de Identidad Digital, la cual estará conformada por el nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad y datos biométricos, y que tiene el objetivo de fortalecer los derechos humanos y corroborar la ciudadanía e identidad de las personas, sin que se debiliten las facultades de órganos constitucionales autónomos.
La propuesta recibió 426 votos a favor, tres abstenciones y uno en contra, por lo que se abrogará la publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974.
Este nueva Cédula será el documento oficial de identidad ante todas las autoridades mexicanas y las personas tanto físicas como morales.
Además, permitirá a la Secretaría de Gobernación crear una base con contenga los datos personales de todos los y las mexicanas.
El Diputado Rubén Cayetano del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) propuso una modificación para adicionar las fracciones V y VI del artículo 48.
Estás establecían que “el Registro Nacional de Población debe contener el número del certificado de discapacidad, emitido por la autoridad competente del sector salud, cuando corresponda; y la auto-adscripción como integrante de los pueblos indígenas o población afromexicana, en los términos que establezca el reglamento”.
Por lo que, una vez aprobada en la Cámara de Diputados, se envió al Senado para que se puedan “establecer las bases de coordinación interinstitucional para formular y conducir la política de población e interculturalidad que atienda las causas y consecuencias de la dinámica demográfica, y garantice el derecho a la identidad”.
También se dio a conocer que el nuevo documento será expedido de forma gratuita a toda la población y contará con los siguientes datos de la persona: Clave Única de Registro de Población (CURP), nombres y apellidos, fecha de nacimiento, entidad federativa de nacimiento, nacionalidad, y datos biométricos, que se estipularán en el reglamento correspondiente.
Con el fin de fortalecer derechos humanos, ciudadanía e identidad de la población sin debilitar atribuciones de los órganos constitucionales autónomos como el @INEMexico los @diputadospan votamos a favor la Ley General de Población pic.twitter.com/sq7lTbg365
La nueva ley aprobada permitirá que los particulares realicen un pago de derechos y puedan validar la identidad de los ciudadanos, esto debido a que se creará un nuevo Servicio Nacional de Identificación Personal, el cual permitirá el cruce con una base de datos oficial.
El nuevo documento creado a partir de la Ley General de Población no sustituirá la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), el pasaporte o la cédula profesional.
El Partido Acción Nacional expresó que la bancada se mantendrá al tanto de proteger los datos personales de la población.
También se indicó que la Cédula de Identidad podrá mostrarse de forma física o digital (a través de dispositivos electrónicos).
#MetaDatos | La creación de un registro único y centralizado con los datos biométricos de los mexicanos –huellas dactilares, reconocimiento facial y de iris, entre otros– es una medida que los gobiernos de las últimas dos décadas han promovido bajo diferentes argumentos sin lograr consolidarlo, en un contexto de vacíos legales y vulnerabilidades en cuanto ciberseguridad, así como exceso de vigilancia, critican.
De acuerdo con la Red en defensa de los derechos digitales (R3D), el Gobierno mexicano necesita explicar qué resolvería el registro único vinculado al Registro Nacional de Población (Renapo) y qué garantías ofrece a la ciudadanía.
Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).– La creación de un sistema centralizado, masivo y obligatorio con los datos biométricos de 30 millones de mexicanos –vinculado al Registro Nacional de Población (Renapo)– es un proyecto neoliberal al que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador estaría dando continuidad de manera contradictoria y sin contemplar los riesgos que implica, afirma Luis Fernando García, director ejecutivo de la Red en defensa de los derechos digitales (R3D).
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de datos personales (INAI) define a los datos biométricos como “propiedades físicas, fisiológicas, de comportamiento o rasgos de la personalidad, atribuibles a una sola persona” que son universales, permanentes, únicos y medibles, estos datos permiten la identificación en algunos casos por si misma a partir de un registro, pero en otros requiere de un procesamiento adicional. La concentración de estos datos en un solo registro facilita la identificación de las personas pero conlleva riesgos de acuerdo con especialistas.
DÉCADAS DE ATRASO
La recolección de datos biométricos para la creación de un registro único de identificación ha cambiado de discurso y de nombre durante la actual administración, pero en sustancia es el mismo proyecto que intentó iniciar el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, y que su homólogo Enrique Peña Nieto trató de continuar sin éxito en medio de vacíos legales y sin presentar una propuesta alterna para reforzar las medidas de resguardo y tratamiento de los datos.
Entre 2006 y 2012, en el Gobierno de Felipe Calderón se introdujo el concepto de “identidad biométrica” y se promovió la creación de un documento único de identificación llamado Cédula de Identidad Ciudadana (CEDI), mismo que no se logró concluir.
La CEDI funcionaría de manera conjunta con la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral (IFE), hoy Instituto Nacional Electoral (INE), para garantizar la identidad jurídica de los ciudadanos. Ya desde 2009, el registro contemplaba la recolección de huellas dactilares, rostro e iris. Pero además de la identificación de los ciudadanos, estaba orientado a la mejora de los accesos a los programas sociales.
“Se trata de que sea una llave que abre las puertas a la información relevante de cada quien frente a quienes le prestan servicios. como el sistema de salud a los asegurados, o el sistema de apoyo sociales a los (beneficiarios) de Oportunidades y 70 y más, entre otros”, afirmó en el 2009 Felipe Calderón.
El tema fue retomado durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, esta vez con la intención de garantizar el acceso a los servicios sociales. Bajo el argumento de que “México no tiene resuelto su problema de identidad” y de que este era posiblemente el único país del G-20 con esta problemática, José Antonio Meade Kuribreña, ex Secretario de Hacienda y Crédito Público, propuso la creación de un sistema único a partir de datos biométricos, no solo para eliminar las duplicidades en los sistemas como la CURP, sino para mejorar la atención a la ciudadanía.
“Por lo que debiéramos de resolver el problema de identidad y, en consecuencia, de tener un padrón único, no para evitar duplicidades, un padrón único para asegurar una adecuada atención (a los beneficiarios de los programas sociales)”, afirmó a los medios Meade Kuribreña.
El proyecto se impulsó en el marco de las tensiones surgidas a raíz del caso Ayotzinapa, y a partir del que el propio Enrique Peña Nieto se comprometió a impulsar la creación de una Clave Única de Identidad como una medida desesperada para fortalecer el estado de derecho. Esto tampoco se llevó a cabo.
DATOS VULNERABLES
Lejos de que Calderón y Peña Nieto consolidaran el registro único de datos biométricos, durante sus sexenios se tuvieron pocos avances en esta materia, y de manera simultánea los problemas que padecían los registros ya existentes se acentuaron. De acuerdo con una investigación de la Unidad de Datos de SinEmbargo, meses antes de que concluyera la administración de Peña Nieto, existían discordancias importantes en el registro de la CURP que contaba en ese entonces con un sobreregistro por 46.4 por ciento con respecto a los datos del Consejo Nacional de Población (Conapo).
Los problemas en los registros no estuvieron exentos de derroches presupuestarios. En tanto que casi la mitad de la población mexicana contaba con CURP duplicada, la Secretaría de Gobernación –bajo la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong– invirtió más de mil millones de pesos en el mantenimiento de las bases de datos de la CURP. A esto se sumó un problema con los datos biométricos en poder del INE, ya que en octubre de 2018 el instituto informó que habría solicitado la colaboración de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Agencia de Investigación Criminal y la Policía Cibernética, debido a que detectaron que el padrón electoral habría sido puesto en venta, luego de que los mecanismos de seguridad en el resguardo de estos datos habrían sido vulnerados.
Desde el arranque del proyecto de registro único de datos biométricos existe una contradicción en cuanto a su justificación con fines identificatorios ya que, de acuerdo con Luis Fernando García, mientras que algunos mexicanos no cuentan con CURP o acta de nacimiento, otra gran cantidad de mexicanos se encuentran sobreidentificados y cuentan con más de un documento de identidad. En tanto que los Gobiernos nunca han sido claros acerca de qué problema resolvería realmente la creación de un registro único.
“Una vez que el Gobierno mexicano decida qué problema está tratando de resolver, podríamos evaluar si la construcción de una base de datos que están proponiendo es razonable, pero no parece ser el caso,” afirmó el director de R3D.
LA 4T NO EXPLICA QUÉ RESOLVERÁ
El Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) ha resignificado la motivación del proyecto que Calderón y Peña promovieron con fines identificatorios y para garantizar el acceso a los programas sociales. Desde octubre de 2019, el proyecto ha recibido el nombre de Proyecto de Identidad Fundacional y de acuerdo con Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación (Segob), busca garantizar el derecho a la identidad, lo que le añade una dimensión con perspectiva centrada en los derechos humanos.
La reinterpretación del registro de datos biométricos como un derecho a la identidad, surge en un contexto de crisis forense, acentuada por la cifra de desaparecidos y personas no identificadas en las morgues de todo el país. La generación de un registro biométrico en estos momentos facilitaría el trabajo de identificación post-mortem. Pero en este caso se trataría de una medida reactiva ante una crisis que va más allá de mejorar los mecanismos de identidad con los que ya cuentan los ciudadanos con fines burocráticos. El Gobierno mexicano todavía si este es el verdadero propósito.
Tampoco aclara a la ciudadanía la metodología por la que obtendrá los registros biométricos. Además de la vía mediante la incorporación de los datos ya existentes en el INE y otros organismos como instituciones bancarias y otros, hay una propuesta para recolectarlos de manera directa por parte del Gobierno federal.
De acuerdo con una investigación realizada por El Universal, el Gobierno de la 4T estaría buscando generar el registro único de datos biométricos, en un proyecto alterno que implica la adquisición por parte de la Segob de software especializado. De acuerdo con el rotativo, los documentos relativos a este proyecto han sido reservados hasta el 2024.Con el objetivo de prevenir el robo de identidad recolectaría tres tipos de datos biométricos que se vincularían a la CURP y el Renapo.
PAÍSES DESARROLLADOS LOS EVITAN
La tendencia global apunta a que los países desarrollados evitan la creación de estos registros únicos y centralizados de datos biométricos. De acuerdo con Luis Fernando García, su creación presenta vulnerabilidades y costos que ya han resultado contraproducentes en otros países donde se han aplicado por lo que el Gobierno de México tendría que garantizar antes que las bases de datos no serían vulneradas como ya ha ocurrido con anterioridad.
“Los datos biométricos son datos que una vez comprometidos afectan de manera permanente a las personas vulnerables. Si en este caso se llega a perder la base de datos biométricos se pone en riesgo la identidad, seguridad y privacidad de más de 30 millones de personas. Es un riesgo muy grave porque ya en otros países han habido alteraciones de datos personales y datos biométricos en muchos países, en Estados Unidos, en Corea, en Libia y en México tenemos un historial de que las bases de datos del Gobierno han sido vulneradas,” afirmó el abogado.
Además de los riesgos cibernéticos, también existe un riesgo latente de sobreexposición a prácticas de vigilancia y control social que han sido expuestos por Luis Fernando García.
“Está un riesgo latente importantísimo y muy grave en cuanto a la vigilancia y el control social. La única razón por la que a nosotros se nos ocurre que al Gobierno construya una base de datos obligatoria, centralizada que se incluyan todos los datos de los mexicanos con datos biométricos es porque pretenden que este método de investigación sustituya a cualquier otro y que empiece a ser requisito para el acceso a una serie de servicios tanto públicos como privados. Generaría un registro de la actividad de cada una de las personas juntar todas las bases de datos de la actividad de una persona.
“Hay qué preguntarse por qué hay otros países que no tienen este sistema Reino Unido no tiene un sistema así Canadá, el propio Estados Unidos no tiene un sistema y lo ha rechazado el público, lo ha rechazado políticos y lo han rechazado sociedades por los costos, por los riesgos y por la falta de necesidad de hacer esto”, sostuvo García.
El registro único en el contexto actual requeriría una actualización de la Ley en esta materia ya que la recolección de este tipo de datos, amparada por la Ley mexicana desde el año 1992, se encuentra desactualizada y no garantiza la protección de los derechos de los ciudadanos en el contexto actual debido a los avances tecnológicos en cuanto a la recolección, procesamiento y tratamiento en general de los datos biométricos, según Luis Fernando García.
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador intenta concluir el proyecto que lleva décadas de atraso, pero adelantándose a las reformas necesarias en la materia, un motivo por el que el INE se ha amparado para entregar la base de datos biométricos solicitada este mes por la Secretaría de Gobernación con el fin de crear el registro único, lo que ha obstaculizado la operación.
Facebook se habría saltado la ley al utilizar las fotografías que los internautas colgaban en la red social para enseñar a sistemas de inteligencia artificial que posteriormente fuesen capaces de identificar a personas concretas en nuevas imágenes y sugerir al usuario la etiqueta con el nombre de la persona.
San Francisco (EU), 29 ene (EFE).- La multinacional estadounidense Facebook anunció este miércoles que ha alcanzado un acuerdo extrajudicial con un grupo de demandantes de Illinois (EU) por el que les pagará 550 millones de dólares por haber usado sus datos biométricos sin permiso para sistemas de reconocimiento facial.
Justo después de presentar sus resultados financieros correspondientes a 2019, la compañía que dirige Mark Zuckerberg informó del pacto, que pone fin a una disputa judicial de casi cinco años y ahora deberá ser presentado por las partes ante el juez y aprobado por este.
La demanda colectiva fue presentada en 2015 de forma conjunta por tres gabinetes de abogados con base en la ley estatal de Illinois, de acuerdo con la cual las empresas no puede compilar datos biométricos de los usuarios (tales como las huellas dactilares, la voz, la expresión facial, etc.) sin su consentimiento expreso.
Facebook se habría saltado la ley al utilizar las fotografías que los internautas colgaban en la red social para enseñar a sistemas de inteligencia artificial que posteriormente fuesen capaces de identificar a personas concretas en nuevas imágenes y sugerir al usuario la etiqueta con el nombre de la persona.
Aunque la empresa con sede en Menlo Park (California, EU) sigue ofreciendo este sistema de etiquetado automático, desde 2015 ha cambiado su funcionamiento para que sea más fácil para los internautas desactivarlo y evitarse así nuevas demandas colectivas como la de Illinois.
Al margen del acuerdo extrajudicial, Facebook volvió a desautorizar este miércoles a quienes llevan tiempo augurando una posible pérdida de usuarios en su plataforma e informó de que cerró 2019 con un 9 por ciento más de internautas, aunque las cuantiosas multas por parte de los reguladores lastraron sus resultados financieros.
La red social más usada del mundo cerró su ejercicio fiscal 2019 con unos beneficios de 18 mil 485 millones de dólares, lo que supuso una disminución del 16 por ciento respecto al año anterior, pese a ingresar en el mismo período un 27 por ciento más hasta los 70 mil 697 millones de dólares.
Los principales responsables de este desajuste entre beneficios y facturación son un incremento sustancial en los gastos -derivado de las sanciones- y un aumento de las provisiones fiscales.
Hasta ahora, Santander ha registrado 28 mil usuarios, con quienes realiza 42 mil verificaciones biométricas mensuales, con la expectativa a largo plazo de realizar más de 70 millones de operaciones anuales con esta revisión de seguridad.
México, 16 de enero (EFE).- El banco Santander ha empezado el registro de los datos biométricos de sus clientes mexicanos con la meta de registrar 145 mil clientes por mes para alcanzar más de 3.7 millones de usuarios enrolados en la primera etapa, informó este jueves la empresa de origen español.
Con este registro, que será obligatorio para todos los bancos a partir de marzo próximo por disposición de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Santander agregará elementos de seguridad para las operaciones presenciales en una primera fase, y para móviles y cajeros automáticos en las siguientes.
“El registro de datos biométricos consiste en la captura de las huellas digitales (deca-dactilar) y de rostro (geometría facial) con un sofisticado sistema cuyas especificaciones alcanzan los niveles de los servicios de migración internacionales (con equipos certificados por el FBI)”, explicó en un boletín.
Santander aclaró que las primeras acciones iniciaron en febrero del año pasado, para lo que han dispuesto más de 9 mil 900 equipos de alta tecnología y capacitado a más de 9 mil 200 colaboradores a nivel nacional.
Hasta ahora, Santander ha registrado 28 mil usuarios, con quienes realiza 42 mil verificaciones biométricas mensuales, con la expectativa a largo plazo de realizar más de 70 millones de operaciones anuales con esta revisión de seguridad.
Para la implementación del sistema de captura y administración de estos datos, Santander México espera invertir cerca de mil millones de pesos (unos 53 millones de dólares) dentro de los próximos cinco años.
“Santander México será el primer país del grupo en utilizar la huella facial, y el segundo en usar la huella dactilar después de Brasil, biometrías que se suman al uso de la huella vocal que desde el 2013 está implementada en Santander México para operaciones telefónicas”, detalló la institución financiera.
Los registros también permitirán comparar la información con la del Instituto Nacional Electoral (INE), que tiene una base de datos de huellas dactilares de más de 90 millones de ciudadanos.
Esto permitirá la identificación plena de la persona para que esta autenticación sume elementos de seguridad a las operaciones bancarias, mencionó el banco.
El proceso es “muy sencillo”, gratuito para el cliente, y toma cerca de siete minutos, expuso.
El cliente debe ir a la sucursal, identificarse con su credencial del INE, que se valida en un escáner inteligente, se toman las huellas digitales y se registra su huella facial.
“A partir de que haya registrado sus biométricos, éstos se usarán cuando el cliente haga una operación presencial, como consulta de saldo en escritorio, retiro por más de 10 mil pesos (unos 500 dólares) con tarjeta de débito o desee abrir una cuenta”, añadió el boletín de prensa.
La aplicación de sistemas de seguridad biométricos se revela como un mecanismo, impulsado por las autoridades financieras de México, para evitar la usurpación o el robo de identidad en el país.
A la fecha, la aplicación de esta medida por parte de los bancos ocurre a paso lento. A la fecha, de los 10 bancos más grandes del país, el 50 por ciento ya está listo para operar con este sistema. Sin embargo, ante la complejidad del proceso, algunos bancos han solicitado de prórroga de 12 meses.
Por Adriana Rodríguez
Ciudad de México, 7 de agosto, (EconomíaHoy/SinEmbargo).- Con la apertura del sistema financiero a las nuevas tecnologías, a través de la banca por Internet y la banca móvil, los delitos cibernéticos como la usurpación o el robo de identidad han tenido un incremento notable y hoy México es el octavo país con mayor crecimiento en estos ilícitos, según el Banco de México (Banxico).
Ante ello, las autoridades financieras de México han tenido que tomar acciones para frenar esta problemática, y una de las alternativas es usar, precisamente, la tecnología, con la aplicación de sistemas de seguridad biométricos.
De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), al primer trimestre de este 2018, se registraron 18 mil 748 reclamaciones iniciadas por posible robo de identidad, por un monto de 747 millones de pesos.
En 2017 se registraron 78 mil 989 reclamaciones por posible robo de identidad, y aunque sólo significó un incremento del 1 por ciento respecto a un año anterior, si se hace el comparativo respecto al 2015, cuando se registraron alrededor de 50 mil casos, el aumento ha sido del 57.97 por ciento.
El aumento en robo de identidad ha incentivado a los bancos a recopilar datos biométricos. Foto: EconomíaHoy.
Los bancos deberán capturar los datos biométricos de sus clientes y validarlos con la base de datos del INE. Foto: EconomíaHoy.
Ante ello, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aprobó cambios en la Circular Única de Bancos, en la que exige que estas instituciones incorporen el uso de datos biométricos (huella dactilar, principalmente) para la autenticación de los usuarios de la banca.
Para este proceso, los bancos deberán capturar los datos biométricos de sus clientes, pero deberán validar la identidad con la base de datos que está desarrollando el Instituto Nacional Electoral (INE), que desde el 2001 empezó con la concentración de dichos datos.
“Las huellas se capturan al momento en que un ciudadano hace un trámite ante el INE. Desde el 2001, el INE inició con la captura de las huellas de los dos dedos índices, pero a partir del 2012 empezó a registrar las 10 huellas, y actualmente tienen un avance del 75% del padrón. Por ello, inicialmente los bancos harán la verificación sólo con las huellas de los dedos índice”, comentó en entrevista para Economía Hoy el coordinador de Procesos Tecnológicos de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (INE), Alejandro Andrade.
“Se busca que cuando una persona llegue a un banco, a través de sus huellas se pueda confirmar que porta la credencial de quien dice ser. El objetivo es prevenir el robo de identidad y que el ciudadano tenga la certeza de que no hay otra persona con una credencial apócrifa queriendo hacer transacciones a su nombre”, agregó.
Al ser cuestionado sobre por qué el INE está conformando esta base de datos y no el Registro Nacional de Población (Renapo), organismo encargado de registrar y acreditar la identidad de todas las personas residentes en el país, Andrade afirmó que al principio nació como una necesidad de garantizar la seguridad de las credenciales.
“El INE ofrecerá la base de datos que está conformando a otras instituciones, tanto públicas como privadas, para que puedan verificar la identidad de las personas, y la ley no nos limita para hacerlo. Además, en Renapo no hay un proyecto para la conformación de una base biométrica”, indicó.
BANCOS: LENTOS, PERO SEGUROS
La Circular Única de Bancos establecía que para el 29 de agosto de este año, los bancos con operaciones en México, que actualmente son alrededor de 50, ya tendrían que estar implementando el uso de biométricos para proteger las transacciones de sus usuarios; sin embargo, ante la complejidad del proceso, algunos bancos han solicitado de prórroga de 12 meses.
“De los 10 bancos más grandes del país, 50 por ciento ya están listos para operar con la nueva tecnología, dos todavía no definen los sistemas que utilizarán, mientras que algunos ya están en proceso de implementación. En el caso de los pequeños, alrededor del 70 por ciento ya podrían operar con las nuevas disposiciones”, indicó Adolfo Loera, director general de Biometría Aplicada.
“Hay bancos que están a punto de liberar sus servicios en un par de meses. La implementación de este sistema requiere de un proceso complejo, no es algo sencillo. Por ello, hay bancos más adelantados, y aunque la aplicación en materia de seguridad debe ser la misma, siempre será más ágil avanzar si tienes menos clientes”, explicó el proveedor de sistemas de seguridad biométricos.
La ley establece como obligatoria la captura de huellas digitales como la biometría principal, además de una biometría secundaria (que puede ser voz, rostro o iris), y aunque varios bancos están optando por la voz y el rostro, y otros están dejando abierta su infraestructura para poder aplicar otras biometrías en el futuro, también hay algunos que sólo buscarán cumplir con la ley y no buscarán utilizar esta infraestructura para ofrecer servicios de atención al cliente alterno a la seguridad.
Al ser cuestionado sobre la robustez que tendrá el sistema que se está aplicando bancos, Loera indicó que “es un primer paso, un paso importante, pero no suficiente. Hay varios puntos que debemos ir madurando para llegar a un ecosistema bancario con identidades seguras. Para ello, debemos seguir impulsando la creación de un buró de identidades biométricas que permita un intercambio de información de operaciones sospechosas”.
Aseveró que si la nueva regulación hubiera estado operando durante el hackeo que registró el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) a finales de abril y principios de mayo pasado, se hubiera podido identificar o bloquear a la persona que estaba realizando las transacciones de manera virtual, o se hubiera podido hacer en sucursal o cajeros, donde de manera forzosa hubieran solicitado al delincuente sus datos biométricos para poder acceder a los recursos.
“Es importante que el sector cuente con un buró de usuarios de la banca, que permita generar alertas generalizadas entre los bancos ante la posibilidad de una transacción sospechosa. Con ello podremos prevenir que alguien que ha defraudado o intentado defraudar a una institución, pueda aplicar el mismo sistema en otra”, concluyó.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
