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La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró sin materia la consulta popular para enjuiciar a expresidentes impulsada recientemente por un grupo de ciudadanos.
Esta solicitud fue enviada por el Senado al ministro Luis María Aguilar y, de acuerdo con la Ley Federal de Consulta Popular, el máximo tribunal del país tiene 20 días naturales para resolver el asunto.
LA SCJN determinó que la ASF «tiene facultades para auditar los recursos que el Instituto destina».
La Alianza Federalista, formada por 10 gobernadores de México, firmó un decreto que entregarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar la eliminación de los 109 fideicomisos del próximo paquete presupuestal del Gobierno federal.
Por primera vez, dos personas fueron amparadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que le Gobierno mexicano garantice su tratamiento contra el VIH; la sentencia obligará a que Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Estado se hagan cargo de que las personas reciban tratamiento médico.
Ciudadanos celebraron esta tarde que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio seis votos a favor de la iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador para realizar una consulta popular para decidir si se enjuicia o no a cinco expresidentes de México.
El Presidente consideró que «no existe ninguna violación a los derechos humanos», explicando que en caso de llevarse a cabo estos juicios, éstos se tienen que hacer ante la autoridad competente en el marco de la legalidad.
Los expolicías federales denunciaron discriminación al ingresar a la Guardia NAcional, debido a que no se les fue respetado su cargo y sus condecoraciones como sí sucedió con los militares que también ingresaron a la institución.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador no quiso arriesgarse y fue él el que envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la solicitud de consulta popular para enjuiciar a cinco expresidentes de México. Ahora la decisión, antes de pasar al Congreso, está en el Máximo Tribunal Constitucional del país y, de manera más precisa, en manos del Ministro Luis María Aguilar Morales, quien llegó a esa instancia en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
Con tres votos a favor, el proyecto del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, se aprobó debido a que que se basa en el argumento de que el proceso para sancionar a un Gobernador en funciones está definido en la Constitución federal, y que el congreso local no puede inventar su propio sistema.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación atraer para su conocimiento, el amparo promovido por el analista Sergio Aguayo en contra de la sentencia emitida por la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la cual lo obliga a pagar 10 millones de pesos por daño moral a Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila.
LA SCJN explicó que las atribuciones de los órganos internos de control consisten en la fiscalización de ingresos y egresos, lo que no incide en las competencias específicas de cada organismo.
El Tribunal del pleno determinó que las disposiciones ampliaban de manera indeterminada los supuestos a la excepción a la licitación pública para la contratación de obras, adquisiciones, arrendamientos y servicios, lo que se prestaba a una amplia discrecionalidad.
El Poder Ejecutivo tiene la facultad de impugnar la admisión de la controversia, por lo que la Corte tendría que aclarar si Rojas puede promover el recurso sin la aprobación de la Cámara de Diputados.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado al Congreso de México para que regule la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de vigilancia de la seguridad pública; la Cámara de Diputados busca impugnar constitucionalmente el decreto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La suspensión provisional otorgada a los institutos autónomos permitirán al Banxico, IFT y al INE restaurar los salarios que sus mandos percibieron en 2019.