El Presidente López Obrador aclaró que esta iniciativa sólo es para aquellos comunicadores que no cuenten con seguridad social, ya que consideró que en la mayoría de los medios se les deben de garantizar las prestaciones de ley.
Ciudad de México, 23 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este miércoles que su Gobierno ya analiza otorgar apoyos a periodistas independientes que no tengan seguridad social en México, destinando una parte del presupuesto.
“Estamos viendo esto último en el Seguro Social, estamos viendo la forma en que se le pueda garantizar la seguridad social a periodistas, destinando una parte del presupuesto de publicidad que tiene el Gobierno, ya no es mucho, ya no es como antes, pero sí nos puede alcanzar para pagar una especie de prima, cuota y garantizar la seguridad social de los periodistas que no cuentan con la seguridad social”, comentó el mandatario en conferencia de prensa.
Dese Palacio Nacional, López Obrador consideró que la mayoría de los periodistas en medios de comunicación cuentan, cuando menos, con seguro social, no obstante, señaló que aún existen los que no están inscritos a los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
“Pronto vamos a darlo a conocer, porque vamos a destinar una parte de la partida del presupuesto. En la mayoría de los medios sí tienen seguridad social, tienen cuando menos seguro. Esto es porque hay muchos periodistas independientes, que ellos mismos son sus patrones, viven al día y no tienen para la seguridad social”, dijo.
Además, el Jefe del Ejecutivo federal mexicano pidió a los dueños de medios de comunicación otorgar seguridad social a los periodistas
“De todas maneras la recomendación a los medios es que si son empresarios, tienen que tener a sus trabajadores en el Seguro Social y garantizarles todas las prestaciones como cualquier otro trabajador, por ley, pero vamos a trabajar eso”, agregó.
Periodistas de Michoacán se manifestaron por el asesinato de su colega Armando Linares López, director del portal Monitor Michoacán. Foto: Juan José Estrada Serafín, Cuartoscuro.
México vive una situación inédita de violencia contra los periodistas. Desde el año 2000 hasta la fecha, Artículo 19 ha documentado 151 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor profesional.
Del total, 139 son hombres y 12 son mujeres. De éstos, 47 se registraron durante el mandato del Presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y 31 en el actual de López Obrador (2018-2024).
La protección social debería incluir acceso a la atención médica y a la seguridad de un ingreso, en particular para personas mayores, en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, accidente de trabajo, maternidad o pérdida del principal generador de ingreso familiar.
Ginebra, 1 sep (EFE).- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió hoy a los países de que no es hora de imponer austeridad para intentar cubrir el importante gasto público que ha requerido la respuesta a la pandemia, y aseguró que esto sería sumamente perjudicial para las sociedades.
Al presentar el último informe de la organización sobre la protección social en el mundo, su director general, Guy Ryder, reveló que 4 mil 100 millones de personas no cuentan con ninguna prestación de seguridad social, una desprotección que en tiempos de pandemia ha tenido consecuencias muy graves.
“Este es el momento propicio para utilizar la respuesta a la pandemia a fin de construir una nueva generación de sistemas de protección social basados en los derechos y que protejan a las personas de futuras crisis”, sostuvo el responsable.
"Effective & comprehensive social protection is not just essential for social justice & decent work but for creating a sustainable & resilient future too." 🗣 @GuyRyder Director-General, @ILO
Según el nuevo análisis de la OIT, sólo el 47 por ciento de la población mundial está cubierta por al menos una prestación social, aunque con diferencias considerables dependiendo del nivel de desarrollo económico de la región o país.
Europa y Asia central tienen las tasas de cobertura más elevadas, con el 84 por ciento de sus poblaciones cubiertas por al menos una prestación social, mientras que el continente americano tiene una tasa de del 64 por ciento, superior a la media mundial.
Nuevo informe de la @OITnoticias concluye que la expansión sin precedentes de la protección social en respuesta a la pandemia ha sido a menudo insuficiente, y que no ha logrado ofrecer la protección que todas las personas merecen.
La región de Asia y Pacífico tiene un 44 por ciento, el mundo árabe un 40 por ciento y África un 17 por ciento.
También varía fuertemente el gasto público en protección social. En promedio, los países destinan el 12.8 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) a ese fin (excluyendo la salud), pero en realidad los países ricos invierten el 16.4 por ciento y los de ingresos más bajos apenas el 1.1 por ciento:
Esto explica que la respuesta a la pandemia haya sido tan desigual e insuficiente en muchas partes del mundo, lo que ha aumentado la distancia entre los países ricos y pobres, según la OIT.
[pdf-embedder url=”https://www.sinembargo.mx/wp-content/uploads/2021/09/Informe-sobre-la-proteccion-social-en-el-mundo-2020-22_-mas-de-4000-millones-de-personas-aun-carecen-de-proteccion-social-segun-un-informe-de-la-OIT.pdf” title=”Informe sobre la protección social en el mundo 2020-22_ más de 4000 millones de personas aún carecen de protección social, según un informe de la OIT”]
Si se quisiera garantizar al menos una cobertura básica de seguridad social, el grupo de países más pobres tendrían que invertir unos 78 mil millones de dólares, los de ingresos medios-bajos unos 362 mil millones y los países ricos 750 mil millones.
Los más vulnerables se llevan la peor parte: sólo uno de cada cuatro niños en el mundo tiene algún tipo de protección social, sólo una de cada tres personas discapacitadas perciben una prestación por invalidez y sólo el 18.6 por ciento de trabajadores desempleados están efectivamente cubiertos.
“Las brechas de cobertura y de calidad de los servicios entre los afiliados a la seguridad social contributiva y el resto de la población son todavía muy importantes” y aunque Perú, Bolivia, Ecuador y México, habían anunciado reformas, el organismo consideró que “los avances no son tan relevantes” como en Uruguay y Colombia.
Lima, 3 de febrero (EFE).- Los sistemas de salud de América Latina son “altamente fragmentados” y mantienen “importantes brechas de cobertura” entre los afiliados a la seguridad social contributiva y el resto de la población, señaló la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en un informe.
El organismo, que tiene su sede regional en Lima, analizó las respuestas a corto plazo en materia de salud que los países latinoamericanos han puesto en marcha para atender la emergencia sanitaria generada por la pandemia de la COVID-19, así como los “desafíos persistentes” que afronta la región.
Advirtió, en ese sentido, que lograr el “acceso universal y equitativo” a servicios de salud de calidad requerirá de un manejo “muy cuidadoso de la política fiscal” en el contexto de la actual crisis económica que también golpea al continente.
BRECHAS DE COBERTURA
“Las brechas de cobertura y de calidad de los servicios entre los afiliados a la seguridad social contributiva y el resto de la población son todavía muy importantes en estos países”, sostuvo el especialista de Protección Social de la Oficina de OIT para los Países Andinos Pablo Casalí, uno de los autores del informe.
A esto se suma la baja prioridad del gasto público en salud y los problemas de eficiencia, que generan “importantes gastos de bolsillo” para acceder a servicios de salud o a medicamentos.
Los sistemas sanitarios en la región también tienen una baja dotación de recursos humanos y físicos, se indicó.
BRASIL Y COSTA RICA
El informe mencionó a Brasil como “el caso más relevante” en cuanto a sistemas sin seguros de salud contributivos obligatorios, mientras que Costa Rica es el caso “más claro y tradicional de coordinación entre las fuentes de financiación contributivas y de rentas generales para un sistema de cobertura universal homogéneo”.
Vista de la calle 25 de Marzo, una vía comercial, el 1 de septiembre de 2020, en el centro de Sao Paulo (Brasil). Foto: EFE, Sebastiao Moreira, archivo.
La OIT agregó que países como Uruguay y Colombia “habían avanzado ya, antes de la pandemia, en importantes reformas” para eliminar la fragmentación y las brechas de cobertura entre los afiliados a la seguridad social contributiva y el resto de la población.
En el caso de Perú, Bolivia, Ecuador y México, habían anunciado reformas en ese mismo sentido, pero el organismo consideró que “los avances no son tan relevantes como en el caso anterior”.
CHILE Y ARGENTINA
El informe mencionó que en el caso de Chile las reformas “tienden a consolidar la brecha o fragmentación entre seguros contributivos y no contributivos”.
En Argentina, añadió, se determinó la cobertura de la totalidad de la población, pero “los cambios derivaron en un mayor grado de divergencia y el sistema presenta hoy serios problemas de equidad”.
“La irrupción de la pandemia por COVID-19 ha hecho que los países se replanteen la prioridad que tenían los sistemas de salud al interior de cada país”, acotó Casalí.
Trabajadores de la salud esperan su turno para recibir la vacuna rusa Sputnik V contra el nuevo coronavirus en el estadio River Plate en Buenos Aires, Argentina. Foto: AP.
MEDIDAS DURANTE LA EMERGENCIA
La OIT destacó que las medidas que se implementaron durante la emergencia sanitaria han sido “bastante similares” en la región e incluyeron el predominio de la política sanitaria en las agendas gubernamentales y presupuestos públicos, y el fortalecimiento de la rectoría de los ministerios de Salud.
Además, los incentivos al personal sanitario y la gestión centralizada de la infraestructura hospitalaria, la acelerada incorporación de tecnologías de la información y comunicación (TIC) en los servicios, el apoyo financiero a la seguridad social, la transferencias en especie a grupos vulnerables y los planes de financiación y adquisición de vacunas.
Casalí dijo que “ahora toca pensar más allá de la crisis actual y definir qué rutas de reforma de largo plazo permitirán alcanzar el acceso universal y equitativo a servicios de salud de calidad”, con mecanismos de financiación “solidarios y sustentables”.
CAMBIOS PERMANENTES
El especialista consideró, en ese sentido, que cuando pase la emergencia sanitaria “desaparecerán poco a poco algunas” de esas medidas, pero opinó que “algunos de los elementos… deberían permanecer y constituir la base de cambios más permanentes”.
Entre estos cambios, la OIT mencionó a la “revalorización” de la política pública, en especial a la rectoría de los ministerios de Salud, y la incorporación de las TIC en los servicios de salud.
“No existe una ruta ideal de reformas. Cada país debe asumir el sendero que corresponda, considerando el espacio fiscal que la crisis permita y haciendo el uso más eficiente posible de los recursos escasos, para avanzar hacia políticas de protección social que garanticen la cobertura y acceso universales a los servicios de salud”, concluyó el organismo.
El Gobierno de Jalisco entregará el Bono Único COVID-19, de tres mil pesos, a partir del 15 de noviembre, a los trabajadores que han estado en la primera línea de atención.
Ciudad de México, 23 octubre (SinEmbargo).- El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció la basificación de 4 mil 622 trabajadores de la Secretaría de Salud del estado, y su acceso a la Seguridad Social a partir del primero de noviembre.
Durante la inauguración de las instalaciones del Área de Ginecobstetricia del Hospital General de Occidente el mandatario jalisciense señaló que estas designaciones ocurrirán a pesar de la complejidad económica que enfrenta la entidad debido a la pandemia por la COVID-19.
Alfaro Ramírez aclaró que la basificación será escalonada y concluirá en el 2024 con una inversión de un billón 616 millones 923 mil 722.46 pesos.
“Yo había hecho el compromiso en campaña (…) Hoy damos el primer paso para que a partir del primero de noviembre, estos trabajadores reciban seguridad social. Y a partir del primero de enero, tenemos ya programada la ruta para iniciar el proceso de basificación de los 4 mil 622 trabajadores eventuales que tienen derecho”, dijo.
Asimismo, enfatizó que se entregará el Bono Único COVID-19, de tres mil pesos, a partir del 15 de noviembre, a las personas que ha estado en la primera línea de atención, por su valentía y por poner encima la vida de los pacientes que la de ellos mismos.
“Hemos ya generado una bolsa de recursos de 38 millones 550 mil pesos para poder entregar un incentivo económico a los trabajadores operativos, a los de base y a quienes cuenten con un nombramiento supernumerario, que no hayan recibido ningún incentivo por estar en áreas de COVID-19”, exaltó.
INFRAESTTRUCTURA HOSPITALARIA
El Gobernador de Jalisco inauguró la obra de mejora del área de Urgencias de Ginecobstetricia, donde se remozaron baños, vestidores, sistema de iluminación, muros pisos, además de la instalación de un sistema de gases medicinales.
Asimismo, se incrementó la capacidad de hospitalización en el área de Tococirugía, misma que permitirá el albergue de 36 pacienetes.
Tres quirófanos fueron renovados para la atención obstétrica y tres expulsivos, los cuales podrían ser utilizados como quirófanos alternos en casos de emergencia.
En cuanto al paro contabilizado en las oficinas de empleo del organismo público (SEPE), ha sumado 302 mil 265 nuevos demandantes en marzo, lo que deja el total de parados en 3.54 millones tras la mayor subida del desempleo mensual de la historia.
Madrid, 2 de abril (EFE).- La Seguridad Social española perdió 833 mil 979 afiliados al cierre del mes de marzo por el impacto del COVID-19, lo que supone la mayor caída de su historia y deja el número de cotizantes en 18.4 millones, mientas que el desempleo registró el mayor aumento mensual de la serie con 302 mil 265 nuevos demandantes de trabajo.
Según los datos facilitados por el Gobierno, la cifra de afiliación al término del mes refleja mejor lo ocurrido que la media mensual -el dato que se facilita habitualmente y que deja el descenso de marzo en 243 mil 469 afiliados-, ya que el impacto de la pandemia del coronavirus se empieza apreciar de forma notoria a partir del día 12.
En cuanto al paro contabilizado en las oficinas de empleo del organismo público (SEPE), ha sumado 302 mil 265 nuevos demandantes en marzo, lo que deja el total de parados en 3.54 millones tras la mayor subida del desempleo mensual de la historia.
Los datos reflejan dos realidades radicalmente distintas del mes: la primera mitad con la evolución habitual en marzo, que suele ser bueno para el empleo, y la segunda, con el impacto del parón de la economía que ha supuesto la pandemia del coronavirus.
Así, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social explica que en los primeros once días del mes, cuando el empleo aún evolucionaba con normalidad, la ocupación aumentó en 64 mil 843, mientras que entre los días 12 a 31 de marzo, se desplomó en 898 mil 822.
Por actividades, los mayores desplomes desde que comenzó la crisis del coronavirus fueron en la construcción (17.08 por ciento), hostelería (14.27 por ciento), actividades administrativas y servicios auxiliares (8.91 por ciento), educación (5.24 por ciento) y transporte y almacenamiento (4.76 por ciento); mientras que destaca el incremento en las actividades sanitarias, con siete mil 85 afiliados más.
Por tipo de contrato, destaca el descenso de la ocupación temporal (17.30 por ciento menos) respecto a la indefinida (1.92 por ciento menos).
El Ministerio puntualiza que la afiliación a la Seguridad Social sigue contabilizando a los trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) causado por el COVID-19, un total de 258 mil 645 personas, ya que siguen cotizando.
En cuanto al paro, la evolución en marzo fue igual: los primeros 12 días del mes el número de desempleados registrados se había incrementado sólo en dos mil 857 personas, pero terminó con esa subida mensual histórica de 302 mil 265 nuevos demandantes de empleo, según los datos del Ministerio de Trabajo.
Hasta ahora el mayor incremento en un mes del paro estaba en enero de 2009 con 198 mil 838 desempleados más.
Por sectores, la agricultura sumó seis mil 520 desempleados más, 25 mil 194 la industria y 59 mil 551 la construcción. La mayor alza fue para el sector servicios, con 206 mil 16 parados más.
Aplicaciones como Aliada, Apetoi y Mi Dulce Hogar verifican y certifican tanto a especialistas del mantenimiento del hogar, como a quienes buscan sus servicios para proveer seguridad y trabajo a los trabajadores mexicanos.
Por Pedro Pablo Cortés
México, 13 de enero (EFE).- Aplicaciones digitales ofrecen ahora una solución tanto para los clientes como los trabajadores mexicanos del hogar, un sector que en este país ha estado desprotegido históricamente por la discriminación, los abusos y la falta de seguridad social.
La búsqueda de un ingreso más estable y de mayor seguridad motivó a Rodolfo Espino, técnico de línea blanca desde hace más de 20 años, a registrarse en Apetoi, una aplicación que comenzó en México el año pasado para conectar a clientes con trabajadores como él, además de plomeros (fontaneros), carpinteros, electricistas y cerrajeros.
“La cuestión de seguridad es lo más importante, Tanto para una parte como la otra. Debe de haber seguridad tanto para los clientes como para los técnicos“, comenta Espino a Efe tras advertir que sus colegas suelen ser víctimas de fraude al trabajar por su cuenta.
En México, hay más de 297 mil carpinteros, 233 mil 500 electricistas y 9 mil 618 cerrajerías, con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), aunque no hay información precisa de cuántos de los 15 millones de trabajadores independientes se dedican a estos oficios porque la mayoría labora en la informalidad.
Ante esta oportunidad, el emprendedor venezolano Armando Goncalves fundó Apetoi, que ya tiene en Ciudad de México más de 400 trabajadores registrados, que pasan por una revisión de seguridad, capacitación tecnológica y descuentos con proveedores de materiales.
“Esta plataforma está creada para los aliados. Algo que ellos tienen es la disponibilidad de conseguir trabajo cuando ellos lo deseen, conseguirlo en el momento que ellos lo requieran y, adicional a esto, poder tener una formación constante”, explica en entrevista.
La plataforma revisa a los usuarios y a los empleados para evitar abusos en ambos lados.
Para el empresario, el acceso a la tecnología y el alto uso de celulares inteligentes hacen a México un mercado atractivo para estas plataformas.
“Me gusta tener todas estas oportunidades y creo y estoy convencido de que el mercado mexicano está sumamente preparado y conocedor de aplicaciones de esta índole y ha sido un poco más sencillo entender cuál es su funcionamiento”, expresa Goncalves.
EMPLEADAS PROTEGIDAS
En México hay cerca de 2.5 millones de personas que se dedican al trabajo doméstico remunerado, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de las que 95 por ciento son mujeres y en “su gran mayoría no gozan de seguridad social o de la protección de un mecanismo afín”, según un estudio del Senado.
Con esto en mente, Estefanía Barajas lanzó en 2015 la aplicación Mi Dulce Hogar, que cuenta con más de 60 trabajadoras que cuentan con prestaciones y están registradas ante el IMSS desde un inicio.
“Empezó Mi Dulce Hogar con la intención de matar dos pájaros de un tiro y darle a los clientes una forma sencilla de agendar un servicio confiable, pero también para que las trabajadoras del hogar tengan un empleo formal. Y nosotras somos la única plataforma en México que contrata 100 por ciento a todas las trabajadoras”, relata.
En los más de 50 mil servicios de limpieza, la plataforma ha encontrado como mayor reto el respeto a las trabajadoras, lamenta Barajas, quien precisa que la empresa da de baja a los clientes con reporte de maltrato.
“Creo que es algo que nos ha costado mucho trabajo porque, increíblemente, aún en pleno 2020, hay gente que es discriminatoria hacia ellas”, manifiesta.
NUEVAS OBLIGACIONES
El Gobierno mexicano ratificó el año pasado el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para extender las protecciones laborales a los empleados domésticos.
Además, lanzó un programa piloto, que este año será obligatorio, para inscribir a estos trabajadores en el IMSS, algo a lo se ha adaptado Aliada, una plataforma digital que nació hace cinco años para dignificar el trabajo doméstico.
“Ha sido un gran reto ya que tanto la sociedad como las leyes en México apenas se están adaptando a esto y estamos en proceso de desarrollar planes de acceso a seguridad social mediante el uso del Piloto del IMSS para trabajadoras domésticas”, indica Carlos Maya, director general de la aplicación.
Sin embargo, el empresario percibe que la dignificación de estas empleadas va más allá de este programa, por lo que ellos les proveen de seguro de accidentes, capacitación financiera y atención en caso de maltrato.
“Las hemos ayudado en temas de inclusión financiera, todas tienen una cuenta de banco, y a través de la tecnología tienen acceso a más opciones de trabajo, eso les ha generado mayor confianza en sí mismas y que sean económicamente y emocionalmente independientes”, menciona.
Adelantó que en zonas determinadas, junto con el Insabi laboran el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Armada de México.
Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).- Este miércoles entra en funciones el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) “cuyo objetivo primordial e garantizar servicios de salud, gratuitos y de calidad, a 69 millones de personas que no tienen seguridad social”.
La dependencia trabajará bajo la rectoría de la Secretaría de Salud y con los criterios de universalidad, igualdad e inclusión informó el titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar, en un video.
“Desde hoy, las personas sin seguridad social, ya no necesitan afiliarse ni pagar cuotas, con sólo presentar la credencial del INE, la CURP, o el acta de nacimiento” podrán acceder a los beneficios del Insabi.
Destacó que habrá atención a enfermedades que generan “gastos catastróficos”, como el cáncer o el VIH, a través del financiamiento del Fondo de Salud para el Bienestar, recién creado.
“Vamos a fortalecer el Primer Nivel de Atención, con énfasis en la prevención de enfermedades y la promoción de la salud, es decir buscaremos que las personas se mantengan sanas”, destacó Ferrer Aguilar.
Hizo hincapié en que no faltarán equipamientos de última generación, ni medicamentos en los 81 establecimientos de salud que se han abierto en la República. Afirmó que el instituto recuperará 230 clínicas, centros de salud y hospitales abandonados.
“Estamos iniciando un programa de basificación para 87 mil trabajadores de la salud”; con lo que se aumentará el personal sanitario para tener más profesionales de la salud.
El fin es que cada 3 mil habitantes tengan médicos, enfermeras y promotores de salud que emanen de las comunidades. Estas personas podrán acceder al programa a partir de la convocatoria médicos del bienestar.
“Esta convocatoria sigue abierta. Se aprovechará la experiencia de los trabajadores en el las entidades del régimen estatal de protección social en salud (Repss)”, afirmó Ferrer Galván.
Además dijo que se impulsará la creación de redes integradas de servicios de salud en las que se sumen esfuerzos y recursos de las instituciones públicas del sector.
Adelantó que en zonas determinadas, junto con el Insabi laboran el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Armada de México.
“Hoy es un día histórico para México. Ahora la salud pública, y sobre todo la salud de los más desfavorecidos, ya nunca más será para lucro o negocio de nadie. La salud pública de las mexicanas y los mexicanos tiene ahora en el Insabi a su principal promotor y defensor”, afirmó el titular del Insabi.
El nuevo esquema permitirá que las entidades federativas que evitará la duplicidad o dispersión de plazas; permitirá lograr ahorro y dará oportunidad a invertir mejor los recursos para la infraestructura médica, bajo los principios de austeridad, transparencia y cero corrupción.
“En ningún momento será interrumpida la atención a los pacientes” para lo que se otorgó un presupuesto adicional de 40 mil millones que se reflejarán en 2020.
Inicia la recuperación del sentido público del sector salud que “estaba siendo desmantelado y yendo hacia la privatización” denunció.
La Secretaría de Salud (SSa) explicó que con la creación del Fondo de Salud para el Bienestar como un Fideicomiso Público habrá una atención universal a todos los padecimientos que generan gastos catastróficos, incluidos todos los tipos de cáncer, así como los análisis clínicos, medicamentos y demás insumos requeridos para los tratamientos.
Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaría de Salud (SSa) aseguró a los beneficiarios del Seguro Popular que está garantizado el abasto de medicamentos y el acceso al tratamiento de enfermedades de alta especialidad durante la transición del anterior programa de salud al nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
En un comunicado, la dependencia indicó que la aprobación del Dictamen que reforma la Ley General de Salud en la Cámara de Diputados pretende proveer de servicios de salud gratuitos a las personas que no tienen acceso a la seguridad social.
Recordó que en la actualidad los gastos médicos de alta especialidad que se generan por la atención de 66 enfermedades, incluidos padecimientos oncológicos, son pagados con recursos provenientes del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud / Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.
La SSa explicó que con la creación del Fondo de Salud para el Bienestar como un Fideicomiso Público habrá una atención universal a todos los padecimientos que generan gastos catastróficos, incluidos todos los tipos de cáncer, así como los análisis clínicos, medicamentos y demás insumos requeridos para los tratamientos.
Respecto a la transición de un sistema de salud a otro, aseguró que la atención médica de pacientes no será interrumpida, ya que la normatividad prevé y garantiza la continuidad en la atención de los padecimientos que actualmente se encuentran en proceso de tratamiento; además de que dicha iniciativa contempla la ampliación del espectro de padecimientos cubiertos.
Finalmente, la dependencia aseguró que la transición al nuevo Instituto de Salud para el Bienestar no representará una afectación a los servicios médicos y medicamentos que actualmente se prestan por parte de instituciones públicas y privadas.
DIPUTADOS AVALAN CREACIÓN DEL INSABI
El pasado 23 de octubre, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
Con 290 votos a favor, 65 en contra y 43 abstenciones, se aprobó el dictamen que reforma la Ley General de Salud y la Ley de los Institutos Nacionales de Salud para la creación del Insabi.
El pasado 21 de octubre, el Gobierno federal presentó el nuevo Plan Nacional de Salud, en el cual se contemplaba la creación del Insabi, con el objetivo de ampliar de forma progresiva el acceso a los servicios para la población sin seguridad social, “eliminando las restricciones en los tratamientos y medicamentos que existen actualmente”.
Juan Antonio Ferrer Aguilar, próximo titular del Insabi, detalló que se trata de un organismo público descentralizado de la administración federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado en la Secretaría de Salud.
#ÚltimaHora El Pleno aprobó, en lo general, el dictamen que reforma la Ley General de Salud y la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, para crear el Instituto de Salud para el Bienestar #Insabi. Se da paso a la discusión de los artículos reservados. pic.twitter.com/938jPadV4k
En conferencia de prensa, indicó que el Instituto tendrá cuatro coordinaciones nacionales para la gestión médica, abasto, infraestructura, así como administración y finanzas.
Ferrer Aguilar explicó que la primera etapa del Insabi iniciará en 2020 con diversas funciones básicas, entre las que se encuentra el abasto y la distribución de medicamentos, material de curación y equipos médicos; proporcionar médicos, enfermeras y especialistas en las unidades de atención; construir y brindar mantenimiento de establecimientos de salud; regularizar a todos los trabajadores eventuales y con honorarios por contratos.
En el año 2035, México tendrá entre 20 y 24 millones de adultos mayores. El Presidente AMLO ha dicho que no aumentará la edad legal de retiro (65 años) durante su sexenio; pero en los próximos 16 años, la quinta parte de los adultos mayores será pobre y uno de cada tres deberá trabajar para sobrevivir o complementar su pensión.
De acuerdo con cifras del Gobierno federal y organizaciones internacionales, el panorama mexicano de cara a 2035 será dicotómico: la pobreza y la desigualdad irán a la baja, aunque la economía informal y la insuficiencia del sistema de pensiones irán al alza.
Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).- En los próximos 16 años el número de adultos mayores en México se duplicará y el mercado laboral del país cobijará a 7.9 millones de trabajadores de la tercera edad. Para entonces será el año 2035 y dos de cada 10 mexicanos tendrán al menos 65 años. Este ejército de adultos mayores estará compuesto por personas que lucharán por salir adelante, muchos de ellos sin una pensión, en la informalidad o sumidos en la pobreza, de acuerdo con cifras oficiales analizadas por este medio digital.
Las proyecciones a futuro, empero, son alentadoras hasta cierto punto. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) prevé que en el año 2035, México tendrá la mitad de pobres que en la actualidad. Asimismo, las cifras del Gobierno federal y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indican que la población sin seguridad social decaerá en 28.7 por ciento.
Lo anterior es de suma importancia considerando que la cobertura y suficiencia de los sistemas de protección social en la vejez están relacionadas con las tasas de pobreza en adultos mayores, refiere la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
Tanto la Consar como la OCDE señalan que hay tres elementos básicos para garantizar que la población de adultos mayores de un país tenga una vejez o una pensión dignas: acceso a un empleo formal con ingresos superiores al costo de vida mensual, control de ingresos y gastos, así como un plan de jubilación o de retiro (ahorro).
Pero en la actualidad estas condiciones son insuficientes.
Las cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) refieren que sólo el 26 por ciento de la población mexicana –o 13.4 millones de personas– tiene ingresos mensuales superiores al gasto corriente de los hogares en México (10 mil 638 pesos al mes). Esto incluye gastos de alimentos, bebidas y tabaco; transportes y comunicaciones; educación y esparcimiento; vivienda y combustibles; cuidados personales y de la salud; artículos y servicios del hogar; vestido y calzado, además de micro-gastos.
México envejecerá en los próximos 16 años. Para 2035, dos de cada 10 mexicanos serán adultos mayores. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro.
Asimismo, las cifras de Cepal y Consar indican que la mitad de los adultos mayores en México (más de 7 millones de personas) están pensionados, ya sea por haber ahorrado durante su vida laboral (39 por ciento de los casos) o por ser beneficiarios de programas sociales (61 por ciento de los casos). Sin embargo, apuntan que los ingresos promedio de los pensionados, que van de 610 a 5 mil 865 pesos al mes, son insuficientes para sobrellevar la vejez sin un ingreso adicional, en la mayor parte de los casos.
Esto nos lleva al último punto: el trabajo en la vejez y la economía informal.
Hoy en día cerca del 9.4 por ciento de los trabajadores de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada tiene al menos 65 años de edad. Se trata de 4.9 millones de adultos mayores que trabajan de manera voluntaria o por necesidad. A este grupo demográfico se sumarán tres millones de personas en los próximos 16 años, la mitad de ellos ocupados en la economía informal que, para el año 2035, habrá crecido en 25.5 puntos porcentuales, de modo que el 45.2 por ciento de la PEA ocupada –de 67.4 millones de mexicanos– será informal.
La falta de ingresos suficientes (durante los años laborales) y de control de las finanzas personales, además de la imposibilidad de ahorro limitarán la calidad de vida de los adultos que en la próxima década y media serán considerados adultos mayores con edad legal de retiro.
En el año 2035 habrá, de esta forma, un población aproximada de 5.3 millones de personas de la tercera edad en situación de pobreza. Además, el país tendrá que lidiar con el futuro incierto de 42 millones de mexicanos con al menos una carencia en materia de seguridad social.
LA CRISIS A FUTURO
La jubilación y la indemnización por vejez forman parte de las bases mínimas de la seguridad social en México (artículo 123 constitucional, apartado B, inciso XI) y el otorgamiento de pensiones debe de ser –previo cumplimiento de los requisitos legales– garantizado por el Estado (artículo 2 de la Ley del Seguro Social).
Cuando una persona no goza de pensión o jubilación y no es familiar de un derechohabiente, o cuando alguien de 65 o más años no dispone de esos beneficios ni es beneficiario de algún programa social para adultos mayores, existe privación de seguridad social, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Para el Coneval, la PEA con ingresos sin registro ante el IMSS y aquella no asalariada e independiente sin registro voluntario y con Afore, también constituyen casos de privación de seguridad social, se lee en el estudio (2018) “Pobreza y Derechos Sociales en México”.
“Disponer de un ingreso seguro y suficiente durante la vejez es una aspiración generalizada, aunque hacer contribuciones o ser parte de alguna de las instituciones de seguridad social que ofrecen estos beneficios es una condición necesaria pero no suficiente para asegurar que el derecho respectivo llegue a ejercerse”, refiere el Consejo.
A medida en que la población envejece y que la esperanza de vida se incrementa –para el año 2030 un mexicano promedio vivirá 85 años, según la OCDE– los sistemas tradicionales de pensiones se vuelven “financieramente insostenibles”, se lee en el informe “Las pensiones en México y el mundo” de la Consar.
Este contexto de crisis obligó a México a transitar de uno a otro sistema de pensiones.
Antes de las reformas de 1997 y 2007, los trabajadores del sector público (afiliados al ISSSTE) y del sector privado (afiliados al IMSS) cotizaban con una fórmula de “beneficio definido”. Esto implicaba que los trabajadores aportaban parte de su salario para financiar las pensiones de los trabajadores retirados, y cuando les tocaba retirarse, las nuevas generaciones pagaban su pensión.
A partir de las reformas, México adoptó el esquema de pensiones de “contribución definida” y en consecuencia, el IMSS y el ISSSTE dejaron de administrar las pensiones de los trabajadores que comenzaron a cotizar después de 1997 (en el caso de los afiliados al IMSS) y 2007 (en el caso de los afiliados al ISSSTE).
Lo anterior supuso que se adoptara un esquema individual de aportaciones que –a diferencia del sistema anterior que operaba con una fórmula general de pensiones según el salario, la edad y el tiempo de cotización de cada trabajador– depende de subsidios del patrón y del gobierno, pero sobre todo del ahorro del trabajador y del rendimiento acumulado de éste (y ya no de una fórmula general de Estado).
La etapa de transición en el sistema de pensiones de México acarreó dos principales consecuencias: que gran parte del presupuesto del IMSS y del ISSSTE –64 por ciento en promedio, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019– se va en el pago de pensiones y jubilaciones, en lugar de ser utilizado en servicios de salud; y que los ahorros acumulados de los trabajadores de hoy, proporcionan un monto de pensión inferior al del anterior sistema de pensiones.
El bajo ingreso por pensiones limitará el poder adquisitivo de dos de cada 10 mexicanos que tendrán al menos 65 años de edad para 2035. Pero el gasto en pensiones que arrastrará para entonces el Gobierno federal limitará el desarrollo social de la población general.
Entre los años 2035 y 2040, las obligaciones pensionarias totales del Gobierno federal –IMSS, ISSSTE, Pemex, CFE, entre otras– alcanzarán su costo máximo histórico de 1.2 billones de pesos, de acuerdo con el estudio (2018) “Gasto en Pensiones y su Perspectiva de Largo Plazo” del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados.
El costo de las obligaciones pensionarias en los próximos 20 años será equiparable al 6.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nominal de México durante el primer trimestre de 2019, de acuerdo con cifras del Inegi. Dicha cantidad es siete veces superior al presupuesto total de la Secretaría de Bienestar (antes Sedesol) para este año, de acuerdo con los analíticos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019.
EL RETO POR VENIR
La Cepal indica que México tiene dos grandes problemas relacionados con el actual sistema de pensiones: desigualdad en los montos de las jubilaciones y falta de planeación para cubrir las obligaciones pensionarias.
Por un lado, la Comisión refiere que el país carece de una política pública uniforme en materia de pensiones y jubilaciones, a la que se suma “una gran disparidad en los montos de las pensiones que se ofrecen e inequidad al limitar el otorgamiento para las pensiones del programa Pensión para Adultos Mayores, en tanto que con recursos públicos se pagan pensiones que superan de manera muy significativa los 580 pesos mensuales que se establecen en las reglas de operación de dicho programa”.
También indica que “la protección para el retiro por parte de diversas instituciones públicas no se ha fundamentado en el análisis de sus efectos financieros, lo que ha conducido a enfrentar situaciones de insolvencia y a que el Gobierno federal en forma creciente haya tenido que respaldar los compromisos respectivos”.
En contraste y no obstante el elevado pago por concepto de pensiones, refiere Cepal, “la cobertura de la PEA ha sido insuficiente, particularmente ante la elevada proporción que se ubica en condiciones de informalidad laboral. El escaso crecimiento económico también ha sido un factor limitante para la creación de empleos formales en concordancia con la evolución demográfica”.
Esta circunstancia –coincide la Consar– implica que el gasto en pensiones en México es “regresivo”. Sin embargo, solucionar el problema requiere reducir el gasto en pensiones –cuyo costo decaerá a partir del año 2045, de acuerdo con el CEPF– y aumentar el ingreso de los mexicanos, además de fortalecer la cultura del ahorro a nivel nacional.
Acerca de este último punto, la Consar refiere que las personas requieren “un empujón” para que ahorren lo suficiente para su pensión. Para ello propone –entre otras cosas– una política de aumento a la tasa de aportaciones obligatorias y voluntarias en México, para impulsar la tasa de remplazo de los pensionados y jubilados.
De acuerdo con OCDE y Consar, la tasa de aportación obligatoria y voluntaria en México (6.5 por ciento) es la segunda más baja de 27 países analizados, tan sólo por encima de la de Costa Rica (4.3 por ciento). Mientras que estos países tienen aportaciones promedio de 17 por ciento, naciones como Italia, Hungría, Francia, Finlandia e Israel mantienen tasas de 25 a 33 por ciento.
Para fortalecer las aportaciones de los trabajadores, Consar plantea crear un “enrolamiento automático de todos los trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE en un programa de ahorro voluntario automático”.
Lo anterior implicaría generar un esquema de ahorro voluntario del 5 por ciento del salario base de cotización del trabajador que, junto con el 6.5 obligatorio actual, garantizara un 11 u 11.5 por ciento de ahorro sobre el ingreso mensual. Ello nos acercaría a los estándares internacionales que establecen un mínimo de 20 por ciento de ahorro sobre el salario base de cotización.
De lograrlo, México podría reducir la tasa de pobreza de adultos mayores a nivel nacional, que actualmente es del 43 por ciento, equivalente a 6.3 millones de personas de al menos 65 años de edad.
Según las cifras de la OCDE, la tasa de remplazo en México –o el porcentaje de salario que recibe un trabajador retirado respecto al sueldo antes de su jubilación– es la más baja entre 43 países analizados. Mientras que en nuestro país un trabajador promedio recibe el 26.4 por ciento de su último salario, la mayoría de los países de la OCDE recibe el 58.7 por ciento. En países como Holanda, India, Dinamarca e Italia, la tasa de remplazo oscila entre el 83.1 y el 96.9 por ciento del último salario percibido por el trabajador.
“Para superar la pobreza, los retos son lograr un crecimiento del ingreso adecuado, incluyente y sostenido; políticas públicas que fortalezcan la atención de todas las carencias sociales, particularmente el aumento del ingreso de las familias y ampliación de la cobertura de la seguridad social”, destacó el Coneval.
Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- En 10 años, las carencias sociales que vive la población mexicana indican la gravedad de estas: no es lo mismo no tener acceso a la seguridad social únicamente que a seguridad social y educación, afirmó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
“El número de personas con un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos pasó de 18.7 a 21.0 millones de personas entre 2008 y 2018”, afirmó el Consejo en un documento.
En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza el número de personas en situación de pobreza creció en 2.9 millones de personas, de 49.5 a 52.4 en esta situación. Sin embargo, la población en situación de pobreza extrema pasó de 12.3 a 9.3 millones de personas entre 2008 y 2018, una disminución de 3 millones.
“Entre 2008 y 2018, la pobreza extrema disminuyó; para continuar con esta tendencia se requiere que la política social se dirija a la población con mayores necesidades”, concluyó Coneval.
En el periodo: el rezago educativo pasó de 21.9 a 16.9 por ciento; la carencia por acceso a los servicios de salud pasó de 38.4 a 16.2; por acceso a la seguridad social pasó de 65 a 57.3; por calidad y espacios de la vivienda pasó de 17.7 a 11.1; por acceso a los servicios básicos en la vivienda, de 22.9 a 19.8 y por acceso a la alimentación de 21.7 a 20.4.
Pese a que hubo una disminución en todos estos índices, el número de personas en pobreza aumentó en una década.
Además, el Consejo evaluó que el promedio de carencias de la población en situación de pobreza bajó 0.6 puntos pasó del 2.8 al 2.2 y las carencias sociales, en promedio, para el rango en pobreza extrema pasó de 3.9 a 3.6 puntos en el periodo evaluado.
“Para superar la pobreza, los retos son lograr un crecimiento del ingreso adecuado, incluyente y sostenido; políticas públicas que fortalezcan la atención de todas las carencias sociales, particularmente el aumento del ingreso de las familias y ampliación de la cobertura de la seguridad social”, destacó el Coneval.
Los sectores sociales más afectados por esta condición han sido la población indígena, los adultos mayores, la población con discapacidad, así como niñas, niños y adolescentes.
POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA
El porcentaje de la población que obtuvo un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema fue de 16.8 en 2008, cifra que se mantuvo a lo largo de la década.
Quienes viven con un ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos creció en 2.3 millones de personas de acuerdo con el dato arrojado de 18.7 a 21.0, dado a conocer por Coneval.
POBREZA POR MUNICIPIOS
De acuerdo con Coneval hay una “gran heterogeneidad territorial de la pobreza y del bienestar”. Contabilizó que en mil 185 de los municipios aumentó el número de personas en situación de pobreza en los años comprendidos entre 2010 y 2015.
“La medición de la pobreza en las entidades federativas incluye los mismos dos grandes rubros que la pobreza nacional: las carencias sociales y el ingreso”, afirmó el Coneval.
En la última década, en 24 entidades federativas se redujo el porcentaje de la población en situación de pobreza, principalmente en Aguascalientes, Hidalgo y Tlaxcala, sin embargo los estados en los que más creció fueron Veracruz, Oaxaca y Colima.
RETOS A FUTURO
Se debe lograr un crecimiento del ingreso adecuado que sea incluyente y sostenido; además, la política pública debe centrarse en el fortalecimiento de la atención del conjunto de carencias sociales: el ingreso de las familias y ampliar la cobertura de la seguridad social.
“Estos últimos son los dos retos más importantes de las políticas públicas encaminadas a disminuir la pobreza”, concluyó la institución.
Además, destacó como prioridad terminar con las desigualdades territoriales y en particular con la población de mujeres indígenas que viven en zonas rurales.
Las familias y la seguridad social de sus integrantes fueron considerados como los dos más grandes retos de las políticas que busquen disminuir la pobreza.
“El ingreso es insuficiente y muestra una concentración elevada”, concluyó.
Recomendó trabajar en dos elementos: el aumento en el ingreso laboral y el control de la inflación particularmente en el costo de los alimentos.
Héctor Villareal, director del CIEP, comentó que lo mejor que podría pasar a esta generación, la más vulnerable en la estrategia fiscal implementada hasta ahora, es que “se pongan las pilas” y exijan políticas públicas con perspectiva demográfica. “Hay una urgencia de política pública con perspectiva de género y también debe haber política pública con perspectiva etaria”, dijo.
Por Laura Quintero
Ciudad de México, 26 de agosto (Economía Hoy).- La generación millennial, las personas nacidas entre 1980 y 1999 que tienen entre 20 y 39 años de edad, son quienes enfrentan una mayor desigualdad socioeconómica. Se emplean en un mercado laboral más precario y con menos seguridad social y al mismo tiempo son los responsables de sostener el sistema fiscal vigente pero, ¿quién lo sostendrá cuando lleguen a la vejez?
“Esta generación está pagando impuestos a cambio de muy malos servicios públicos, a parte, tienen que ahorrar para su pensión, están pagando las de otras generaciones y se emplean en un mercado laboral que tiene trabajos mucho más precarios, más inseguros y más volátiles”, expuso Héctor Villareal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) a Economía Hoy.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), este sector representa más de la mitad de la Población Económicamente Activa (PEA) y concentran a la mayor parte de los contribuyentes, pero debido al panorama laboral actual también representan más del 60 por ciento de la cifra de desempleo.
Un estudio encabezado por María Sol Corral, en el que participó la encuestadora De las Heras Demotecnia, Bitácora Social, la Universidad de Guadalajara, entre otros, reveló que los jóvenes que conforman esta generación anhelan lo mismo que sus padres cuando eran jóvenes: estudiar, casarse o vivir en pareja, obtener un empleo y hacer una carrera en él, tener hijos, contar con un seguro o una pensión, tener una vivienda propia, un auto. La única diferencia es que son conscientes de que el sistema económico y social, no juega a su favor.
Villareal explicó que los millennialls son quienes sostienen y sostendrán los servicios de seguridad para la generación de los baby boomers y la generación X (las de sus padres y sus abuelos). Pero para esta generación, y frente a las condiciones socioeconómicas que vive, tener hijos ya no es una prioridad, lo que complicará aún más el panorama para su vejez.
El especialista lamentó que la política pública que se hace en México no tiene una perspectiva demográfica y si no se hace algo al respecto este sistema y quienes ahora son jóvenes enfrentarán un escenario “muy adverso”.
DESPLOMA TASA DE FECUNDIDAD
El director del CIEP comentó que existe la probabilidad de que la tasa de fecundidad, que actualmente en México es de 2.07, tenga un desplome importante.
“En siete u ocho años podría haber un desplome de la tasa de fecundidad y que está sea de 1.6 o 1.5, lo que va a pasar es que las generaciones abajo, en donde la generación Z, que contempla a quienes nacieron entre el año 2000 y el 2019, sería una especie de colchón, pero la generación alfa, las que nazcan a partir del 2020, sería muy chiquita comparado a lo que estamos acostumbrados en México”, advirtió.
Explicó que la generación millennial enfrenta un escenario en el que los ingresos petroleros no son similares a los del periodo de 2003-2014. A esto se sumarán cambios fiscales y para cuando llegue la vejez millenial habrá otra estructura sociodemográfica que anticipa un panorama fiscal poco prometedor.
Los cambios en la demografía como el aumento en la esperanza de vida, la caída en la tasa de fecundidad, el incremento de las enfermedades crónico degenerativas, entre otras, somete a la juventud mexicana en una dinámica fiscal compleja debido a que entre menor sea menor la base de contribuyentes la presión fiscal será mayor.
Para la vejez de la mayor parte de la PEA actual habrá menos recursos para destinar a programas sociales y sectores como salud, educación, infraestructura, entre otros.
REVISAR TEMAS “SENSIBLES”
Sobre el tema del pago de pensiones, para el que se destinaron 984 mil 464 millones de pesos este año, este absorbió 17 por ciento del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) y representó 3.95 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), pero también redujo el espacio fiscal para el nuevo Gobierno.
El problema no sólo es lo que se paga por concepto de pensiones sino la desigualdad en ellas: cerca de 877 mil millones de pesos se distribuyen entre 5 millones de personas pensionadas, mientras que 107 mil millones de pesos se reparten entre 7.7 millones de personas ancianas y con discapacidad permanente.
“Se tienen que revisar cosas que no son agradables, si tú le metes retroactividad al sistema de pensiones, seguramente a alguien le va a doler, pero también es una barbaridad que las finanzas públicas estén destinadas a beneficiar a millón y medio de personas”, aseveró Villareal.
Alejandra Macías Sánchez, investigadora del CIEP, argumentó que hay personas que reciben pensiones de hasta un millón de pesos al año que fueron otorgadas a través del Gobierno federal y para cubrirlas se han destinado menos recursos a sectores como educación o salud.
Héctor Villareal comentó que lo mejor que podría pasar a esta generación, la más vulnerable en la estrategia fiscal implementada hasta ahora, es que “se pongan las pilas” y exijan políticas públicas con perspectiva demográfica.
“Hay una urgencia de política pública con perspectiva de género y también debe haber política pública con perspectiva etaria”, concluyó.
El acceso a la seguridad social en México continúa como el más rezagado del total de carencias que mide el Coneval. En los últimos diez años la cifra de mexicanos sin seguridad social se mantuvo estancada y además en altos índices, ya que en algunas entidades más del 80 por ciento de sus habitantes está desprotegido.
Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).- “La carencia por acceso a la seguridad social está ligado a la precariedad laboral”, repitió varias veces José Nabor Cruz, director ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el pasado 5 de agosto, luego de presentar las cifras de pobreza 2008-2018.
De acuerdo con las cifras de esta última década, la carencia de seguridad social se ubicó en 2008 en 65 por ciento de la población y para 2018, en 57.3 por ciento. En millones de personas, la carencia la padecieron de entrada 72.5 millones de personas a 71.7 millones.
Por entidades, lógicamente son Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla las que presentan los mayores índices y están muy por arriba de la media nacional, ubicada entre 60 y 55 por ciento. En esas regiones hasta el 85 por ciento de la población no tiene asegurado ese derecho y los números no bajan.
Sin embargo, por número de personas es el centro del país el que tiene las peores condiciones y en específico es el Estado de México el que desde hace 10 años lidera la lista de estados con el mayor número de población sin acceso a la seguridad social.
En 2008 eran 10 millones 307 mil personas sin acceso contabilizadas por el Coneval y la cifra no bajó: para 2010 fue de 9 millones 235 mil; en 2012 brincó de nueva cuenta a los 10 millones 468 mil; en 2014 fue de 10 millones 108 mil; en 2016 bajó a 9 millones 535 mil personas y para 2018 la cifra se volvió a colocar por arriba de los 10 millones.
Veracruz es el estado que en este periodo de tiempo no abandonó el segundo lugar: eran 5 millones 463 mil personas en 2008 y para el año pasado, 5 millones 561 mil.
El tercer lugar sí fue disputado: la Ciudad de México lo ocupó en 2008, 2010 y 2012 con más de 4.6 millones de personas desprotegidas, pero luego subió Puebla, que en 2014 fue de 4 millones 610 mil y en 2018, fue de 4 millones 604 mil.
De acuerdo con Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador del colectivo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, estos números “estancados” reflejan la pobreza urbana, que se desprende de manera directa del mundo del trabajo.
A nivel nacional, son 71 millones 700 mil personas las que carecen del acceso a la seguridad social, es decir, seis de cada 10 personas, de las cuales aproximadamente 48 millones viven en zonas urbanas.
De acuerdo con Acción Ciudadana, quien no tiene seguridad social es porque no tiene trabajo, quien trabaja por su cuenta o en negocios familiares y quien, aún teniendo empleo, se les niega el derecho al seguro social, generado en gran medida por el outsourcing “ilegal” y en “general los modelos de negocios basados en bajos salarios, contratos temporales, y evasión a la seguridad social”.
Las consecuencias de que este derecho no se atienda se reflejarán en el sistema de pensiones, de salud y otros servicios.
El derecho a la seguridad social está previsto en la Constitución, en el artículo 123, en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
Un informe realizado por Coneval en 2018 sobre el derecho al trabajo, sostiene que existe un sistema segmentado y desigual de seguridad social para asalariados, de lo que se derivan condiciones diferenciadas de acceso al derecho y en el monto de las prestaciones para la población asegurada.
Y que además prevalece un trato discriminatorio para el trabajo doméstico remunerado y a otros trabajadores, como los jornaleros agrícolas, que hoy superan el millón y medio, sin considerar a sus familias.
Uno de los grupos sociales en mayor desventaja por la falta de acceso a la seguridad social es la población inactiva de 65 y más años, ya que, en 2017, solo 26.3 por ciento tuvieron acceso a una pensión o jubilación, “es notoria la mayor desventaja en el acceso a una pensión o jubilación de las mujeres, pues únicamente 11.7 por ciento gozaban de ella, en comparación con los hombres, que llegaban a 52.6 por ciento”, se puede leer en el estudio.
Gómez Hermosillo coincidió en que el dato de desprotección muestra la segmentación y la exclusión que hay en la seguridad social porque está ligada al contrato laboral como prestación laboral, lo que dejó afuera a más de la mitad de la población y “entonces se convierte en una situación seria”.
Explicó que la segmentación parte de que se construyeron en paralelo vías o programas sociales como el Seguro Popular, Estancias Infantiles, antes IMSS Solidaridad y todos los subsidios a vivienda, para que quienes no tuvieran seguridad social accedieran a las protecciones que están incluidas para las personas que sí están en el IMSS, que son servicios de salud, ahorro, pensión, ingresos por discapacidad o incapacidad.
Pero luego, a eso se sumó la generación de vías legales para ahorrarse ese derecho.
“Esa carencia es una fábrica de pobreza porque al final tenemos personas que trabajan con empleo y que no las afilian a la seguridad social, no solo son los que trabajan por su cuenta y no tienen, sino millones de personas que aunque trabajen para un tercero tienen un salario sin registro. Actualmente, el 40 por ciento de los trabajadores deberían tener ese derecho y no lo tienen, según datos del Observatorio de Trabajo Digno”, comentó en entrevista con SinEmbargo.
“Que los índices sean muy altos muestran que se generó un mecanismo de simulación y de violación a este derecho por vía legal, por ejemplo los honorarios asimilables a salarios. Todo eso está legalizado, aunque de fondo es ilegal. Por otro lado el mercado de trabajo no está creciendo a la velocidad que se requiere y más bien se están generando trabajos sin seguridad social, como la gente que trabaja para una gran empresa pero sin seguridad social […] Los casos más recurrentes ahora son Uber, Didi, en el que tú eres propio patrón, no Uber. Y son empleos que se están multiplicando y muestran que es un error, porque la seguridad social debe ser un derecho de las personas y no una prestación laboral, que se pague con impuestos generales”, agregó.
El antecedente directo del fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitido en diciembre pasado, fue la demanda de amparo que interpuso María Rosario Garduño, de 80 años, quien durante 57 años trabajó para la misma familia, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, exigiendo el pago de prestaciones y su inscripción retroactiva al IMSS.
El 6 de julio de 2017, el presidente del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito solicitó a la SCJN que ejerciera su facultad de atracción. Además, el 14 de febrero de 2018, en sesión, la Segunda Sala de la SCJN ejerció dicha facultad. Y fue el pasado 5 de diciembre cuando la SCJN declaró inconstitucional que las trabajadoras domésticas no estén sujetas al régimen obligatorio del Seguro Social.
Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).– Marcelina toca la puerta de una casa ubicada en Lomas de Chapultepec. Una voz rasposa responde por el interfón.
–Sí, dígame.
–Hola. Venimos del Sindicato de Trabajadoras del Hogar, ¿podemos hablar con usted? –responde Marcelina.
–Ahorita salgo, deme unos minutos.
El tiempo pasa. La puerta de la casa permanece cerrada.
Horas antes, el sobrino de una empleada del hogar que había fallecido en un hospital, a consecuencia de una caída que tuvo en la cocina de la vivienda en la que trabajaba, le pidió ayuda. Los empleadores de su tía le habían ofrecido 5 mil pesos para los gastos funerarios, pero el costo ascendía a 35 mil pesos. El cadáver de su tía, quien había trabajado como empleada doméstica casi durante medio siglo, deambulaba por la ciudad arriba de una carroza fúnebre. Sí: la casa en la que esa mujer se accidentó, mientras limpiaba la cocina, era la de la señora de la voz rasposa.
Marcelina pide ayuda: envía un mensaje de whatsapp al grupo en el que se mantiene en contacto con activistas, periodistas y comunicadores. Su denuncia llega a las redes.
Después de tres horas, la señora de la voz rasposa, presumiblemente advertida, le grita por el interfón:
–Oiga, sí voy a darle para los gastos funerarios, sólo que estoy viendo las cosas con mi abogado.
–¡Pues, salga! Llevamos mucho tiempo esperando. Aquí está la carroza, con su empleada muerta –le suelta Marcelina. Y no miente: la carroza fúnebre, con el cuerpo, se encuentra estacionada afuera del domicilio.
De pronto, un empleado de la señora abre la puerta. Les lleva un mensaje: la señora accede a pagar los gastos funerarios a cambio de que se vayan.
Son las 10 de la noche. Marcelina no sabe cómo regresar a su casa. Ni siquiera si, por esa zona, pasa algún camión. El chofer de la carroza le dice que le puede dar un aventón al metro Auditorio. Marcelina acepta.
El olor avinagrado de la muerte se filtra en la cabina. A pesar de eso, Marcelina Bautista respira aliviada. Su trabajo está hecho.
“Mañana será otro día”, se dice a sí misma mientras la carroza circula por las calles silenciosas, apagadas, de Lomas de Chapultepec.
***
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México trabajan en el sector del hogar remunerado 2 millones 293 mil 700 personas, lo que equivale al 4.21 por ciento de la población económicamente activa ocupada. De esta actividad depende la economía de 1 987 mil 294 hogares mexicanos (Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo, ENUT, 2014), según el documento Seguridad Social para el Trabajo, de la serie Derechos laborales de las trabajadoras del hogar, elaborado por Christian Aurora Mendoza, Vanessa Armendáriz y Alejandra Muñoz.
En México existen dos principales ramas de incorporación a la Seguridad Social: el primero, a todas luces, un oxímoron: Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio (Régimen voluntario); el segundo, la Modalidad Obligatoria (Régimen obligatorio). Es decir: la Ley del Seguro Social permite la afiliación de las trabajadoras del hogar sólo bajo el Régimen Voluntario, mismo que las excluye de acceso a fondo de ahorro para la vivienda, guarderías y la atención médica de enfermedades preexistentes, entre otras prestaciones. Bajo este régimen, los empleadores no tienen la obligación de asegurar a las trabajadoras del hogar. El Estado deja a su arbitrio la decisión de hacerlo o no.
Marcela Azuela, fundadora de Hogar Justo Hogar, una asociación civil que trabaja en la promoción de los derechos de las trabajadoras domésticas, sostiene que la relación paternal que se establece entre un empleador y una trabajadora del hogar es más perjudicial que beneficiosa.
“Son dos relaciones diferentes. Tú puedes querer mucho a tu empleada, pero la relación de trabajo tiene que transitar por otro carril. En aras del cariño, como se refleja bien en la película Roma, podemos afectar sus derechos”, sostiene. Y ejemplifica: “Cleo no para en todo el día: es la primera que se levanta y la última en irse a dormir”.
Hasta ahora, esa relación laboral, dice, ha transitado históricamente por la informalidad. Y las cifras le dan la razón: el 97.5 por ciento de las trabajadoras del hogar remuneradas trabaja en condiciones de informalidad, es decir sin prestaciones ni seguridad social, reporta la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, 2017.
Sólo una de cada 10 trabajadoras del hogar cuenta con un contrato de trabajo, lo que deriva en la ausencia de un registro sobre las relaciones laborales en el sector.
Hogar Justo Hogar, entre sus líneas de acción, promueve la firma de un contrato entre empleador y trabajadora del hogar, con el fin de estipular derechos y obligaciones claras.
“Es una gran herramienta para regular una relación y, de paso, sensibilizarnos como empleadores”, asegura. Sin un documento oficial, de ningún tipo, sostiene, en ocasiones el empleador no sabe ni siquiera en donde vive la trabajadora. Cuenta que el pasado sismo del 19 de septiembre de 2017 fue testigo de escenas terribles: personas que deambulaban por las calles de la colonia Condesa buscando a sus familiares, muchas de ellas trabajadoras del hogar a las que todavía no localizaban. O empleadores que tenían horas sin saber de sus trabajadoras del hogar, de quienes sólo conocían el nombre de pila.
“Ni por seguridad sabemos a veces sus apellidos, ni donde viven, ni un dato de contacto. En cambio, cuando firmas un contrato forzosamente pones un domicilio, un teléfono, un nombre de a quién acudir”. Además el contrato estipula responsabilidades, horario, descansos y remuneración, además del pago por horas extra.
–¿El contrato es suficiente sin un régimen legal que lo ampare?
–Hoy, sin duda, no podemos garantizar seguridad social a las trabajadoras aun con la firma del contrato. Por ejemplo, para algunas de ellas, contar con guardería es algo vital, que les facilitaría la vida.
De las 2.4 millones de trabajadoras del hogar que se calcula que existen en el país, el 95.4 por ciento son mujeres y de ellas el 33 por ciento son jefas de familia, de acuerdo con datos del Inegi.
“Sin ese derecho básico, muchas de ellas, hoy en día, se las ven grises a la hora de salir de sus casas –muchas de ellas viven en las periferias–, dejar a sus hijos encargados, trabajar ocho horas, sin contar las cuatro horas de traslado. ¡Es una barbaridad!”
En el fondo, debajo de todas estas cifras, subyace una cruda realidad: la discriminación y segregación de este sector de la población.
–¿Crees que una reforma que garantice los derechos laborales de las trabajadoras doméstica promueva un cambio cultural?
–Es posible. Una cosa empuja a la otra. El machismo, el clasismo y el racismo se enseñan, se reproducen y se perpetúan en las condiciones de trabajo doméstico que tenemos hoy en día. Los niños aprenden a normalizar la desigualdad laboral en casa. Urge un paradigma cultural: enseñar a niñas y niños a tratar con respeto a las personas a su servicio. No es correcto pedirle a una trabajadora del hogar que prepare una quesadilla o un trago, a las dos de la madrugada.
Hoy no se puede garantizar seguridad social a trabajadoras aun con la firma del contrato y, para algunas de ellas, contar con guardería es algo vital, que les facilitaría la vida, dice Marcela Azuela. De las 2.4 millones de trabajadoras del hogar en México, el 95.4 por ciento son mujeres y de ellas el 33 por ciento son jefas de familia. Foto: Alejandro Neyra, Cuartoscuro
Azuela coincide en que hace falta voluntad política. Ha perdido la cuenta de cuantas veces piso el Senado de la República demandando la ratificación del convenio.
“Nos decían, a las representantes: ‘Estamos de acuerdo, pero en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) nos dicen que no les alcanza’. Íbamos al IMSS y nos decían: ‘Nosotros sí queremos, pero el SAT se niega’. Se echaban la bolita, pues”.
A pesar de ello, se muestra optimista con el fallo que la Suprema Corte de Justicia (SCJN) dictó el pasado 5 de diciembre de 2018, relativo a la creación de un programa piloto para incorporar a las trabajadoras del hogar al IMSS.
“No se necesita la firma del Convenio 189 para implementar el programa piloto. En muchos países, primero se ratificó el convenio y luego se adecuaron las leyes”, refiere.
–Si te pidiera que fueras pesimista, ¿con qué cambio en política pública a favor de las trabajadoras del hogar te conformarías?
–Me conformaría con lo mínimo de lo mínimo: el Seguro Social.
El Convenio 189, de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el trabajo decente para las y los trabajadores domésticos, adoptado el 16 de julio de 2011 en Ginebra, compromete a los países firmantes a que “los trabajadores domésticos disfruten de condiciones no menos favorables que las condiciones aplicables a los trabajadores en general con respecto a la protección de la seguridad social”. México no lo ha ratificado.
Martha Tagle Martínez, Diputada de Movimiento Ciudadano (MC), hace un llamado al nuevo Gobierno federal para que ratifique el Convenio. La legisladora agrega que sería paradójico que la legislatura de la paridad de género, que así se anuncia en toda su propaganda, no aprobara una Reforma Laboral en beneficio de las trabajadoras domésticas.
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El antecedente directo del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue la demanda de amparo que interpuso María Rosario Garduño, de 80 años, quien durante 57 años trabajó para la misma familia, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México (JLCA), exigiendo el pago de prestaciones y su inscripción retroactiva al IMSS.
El 6 de julio de 2017, el presidente del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito solicitó a la SCJN que ejerciera su facultad de atracción. El 14 de febrero de 2018, en sesión, la Segunda Sala de la SCJN ejerció dicha facultad. El pasado 5 de diciembre la SCJN declaró inconstitucional que las trabajadoras domésticas no estén sujetas al régimen obligatorio del Seguro Social.
La SCJN falló contra el artículo 13, fracción segunda, de la Ley del Seguro Social, que ubica a las trabajadoras del hogar como sujetos de aseguramiento voluntario.
La sentencia, presentada por el Ministro Alberto Pérez Dayán, plantea que no existe una justificación constitucional para excluir a este sector de trabajadores del régimen obligatorio, por lo que se violan sus derechos de acceso a la seguridad social y no discriminación.
“No sólo la exclusión del régimen obligatorio del Seguro Social comporta una actuación discriminatoria que perpetúa y fortalece la marginación social de las mujeres que se dedican al hogar, sino que además esa violación no puede ser superada simplemente porque dichas trabajadoras puedan acceder al régimen voluntario”, sostuvo el Ministro. Calificó como vulnerable a este sector de trabajadores, por lo que urgió al IMSS instrumentar, durante un periodo de 18 meses, un programa piloto, de fácil implementación, que otorgue seguridad social a las empleadas del hogar.
El 30 de enero pasado, Germán Martínez Cázares, director general del IMSS, en presencia de Luisa María Alcalde Luján, titular de la STPS, presentó el programa piloto para asegurar a las y los trabajadores del hogar servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos, obstétricos, incapacidades, pensión por invalidez y vida, fondo para el retiro, guardería y velatorios. Foto: IMSS
La reacción fue inmediata. “El IMSS acata inmediata y puntualmente la decisión de la SCJN para incluir a las trabajadoras o empleadas domésticas, en su mayoría mujeres, al régimen obligatorio de protección en el seguro social”, dijo Germán Martínez Cázares, director general del IMSS, en un video en su cuenta de Twitter.
Garduño perdió, por ahora, una batalla jurídica: no logró que condenaran a su exempleadores a pagar las cuotas caídas del seguro social desde 1959. La Corte aclaró que no eran obligatorias, pero la JLCA tendrá que dictar un nuevo laudo sobre el caso.
La JLCA, en el laudo original, condenó a los expatrones a pagar aguinaldo, horas extras y prima vacacional sólo por el año anterior a la renuncia, que se efectuó en 2016.
Garduño perdió, pero ganó: sentó un precedente para la probable incorporación de millones de trabajadoras del hogar al IMSS.
El 30 de enero del presente año, en sesión ordinaria del Consejo del IMSS, integrado por representantes del sector patronal, obrero y de gobierno, el titular del organismo, Germán Martínez Cázares, en presencia de la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, presentó el programa piloto para la incorporación de personas trabajadoras del hogar, el cual fue aprobado de manera unánime.
Martínez Cázares afirmó que con esta decisión se acata la sentencia de la SCJN, recibida formalmente el 29 de enero de 2019, con el objetivo de asegurar en el régimen obligatorio a las y los trabajadores del hogar, a fin de garantizarles el acceso a servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos, obstétricos, incapacidades, pensión por invalidez y vida, fondo para el retiro, así como prestaciones sociales, principalmente servicio de guardería y velatorios.
“El trabajo del hogar en México se realiza en condiciones de precariedad laboral”, sentencia Martha Cebollada Gay, en su libro Hacer visible lo invisible, formalización del trabajo remunerado en México: una propuesta de política pública.
La discriminación es un acto silencioso, pero visible: en un recorrido efectuado por SinEmbargo se comprobó que en algunas casas ubicadas en las colonias Del Valle, Polanco y Lomas de Chapultepec, las trabajadoras del hogar cuentan con accesos diferenciados e, incluso, tienen prohibido el acceso a ciertas áreas o a utilizar los elevadores que usan sus empleadores.
“El trabajo del hogar remunerado se realiza en una unidad doméstica no productiva. Este hecho supone, por un lado, un alto grado de aislamiento del individuo y la disminución considerable de visibilidad de los abusos a los que se puede ver sometido, así como sus posibilidades de denuncia”, sostiene Cebollada Gay.
Marcelina Bautista, fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (Caceh) y secretaria general colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (Sinactraho), pionera en la lucha de los derechos de las trabajadoras del hogar, agrega otro factor: las mujeres que se emplean en trabajo doméstico provienen de regiones alejadas del país, indígenas en su mayoría, quienes arrastran atavismos culturales, nula participación política y violencia intrafamiliar.
Esa circunstancia tiene una continuidad cuando emigran a las ciudades. Los patrones encarnan –entonces– esa figura de autoridad, a la que le toleran abusos.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), siete de cada 10 trabajadoras del hogar tiene ascendencia indígena. Y su promedio de escolaridad es de 7 años.
Bautista lleva 22 años luchando por los derechos de las trabajadoras del hogar. Tercera de doce hermanos, originaria de Nochixtlán, Oaxaca. Llegó a los 14 años sin conocer la Ciudad de México y sin hablar español. Trabajó en casa de una familia, ubicada en Naucalpan, cerca de la zona del Toreo. Era trabajadora doméstica de planta y sólo contaba con un día libre a la semana: los domingos. Uno de esos días, recuerda, mientras caminaba de regreso a su casa, a 30 minutos a pie de su trabajo, se encontró con la Iglesia de San Pedro. En ese lugar se llevaban a cabo las reuniones de la Juventud Obrera Cristiana (JOC). El párroco, de origen francés, formado en la teología de la liberación, auspiciaba ese tipo de reuniones.
“El padre me invitó al grupo después de que me vio en la estudiantina de la iglesia. Parece que yo no cantaba bien. Me dijo: ‘¿Sabes qué? Aquí tenemos un grupo’. Y me sumé. La mayoría eran obreros, pero al poco tiempo, ya éramos un grupo como de 25 trabajadoras del hogar”, cuenta.
La discriminación es un acto silencioso, pero visible: en un recorrido efectuado por SinEmbargo se comprobó que en algunas casas ubicadas en las colonias Del Valle, Polanco y Lomas de Chapultepec, las trabajadoras del hogar cuentan con accesos diferenciados e, incluso, tienen prohibido el acceso a ciertas áreas o a utilizar los elevadores que usan sus empleadores. Foto: Cuartoscuro
Mary Goldsmith, académica feminista, refirió a Marcelina con el Colectivo Atabal de trabajadoras del hogar. Ahí conoció a la sindicalista Rosario Ortiz, quien le ayudó a darle forma a su plan de acción. Marcelina formó parte de la creación de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (Conlactraho) en 1988, organización de la que fue secretaria general.
Con apoyo de la Fundación MacArthur fundó el Caceh en el año 2000. Posteriormente, obtuvo una beca de Ashoka. De 2005 a 2013 obtuve el apoyo del Fondo Semillas, mujeres sembrando igualdad, una organización feminista que apoya a grupos y organizaciones de mujeres.
Para 2005, su red de contactos la llevó a obtener el apoyo de Semillas que se mantuvo constante hasta el 2013.
El 17 de septiembre de 2015 obtuvo el registro del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal. Y posteriormente la toma de nota por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
–¿Involucrarte en actividades políticas en qué medida modificó tu relación laboral con tus patrones? –le pregunto.
–Uno calla los abusos por necesidad. En ese entonces tenía un total desconocimiento de mis derechos. Trabajé durante 14 años en la misma casa y siempre me decía: “Este año me voy”. Uno evita soñar porque no es parte tuyo soñar. Le debo mucho a ese padre, quien me invitaba a reflexionar sobre mi situación. Empiezo a viajar a otros países, a todo Latinoamérica, a congresos sobre el tema del trabajo del hogar y mi empleadora me empieza a cuestionar. Un día revisó mis cosas en el cuarto y me dijo: “Ya sé en qué andas y eso de los derechos no me gusta”. Viajaba en mis vacaciones, para que no interfiriera con mi trabajo. No obstante, la señora me reclamaba. Al final, cuando me despidió, me dijo: “Te voy a dar 500 pesos como gratificación”. A mí me pareció inaceptable, así que le reclamé mi aguinaldo (que me adeudaba) y una indemnización. Me respondió que lo vería con su abogado.
–Al final, ¿obtuviste tu indemnización?
–Sí –responde, con una sonrisa tímida en el rostro.
Marcelina Bautista, fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar y secretaria general colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (Sinactraho), es pionera en la lucha de los derechos de las trabajadoras del hogar, cuya mayoría son mujeres que provienen de regiones alejadas del país, indígenas en su mayoría. Foto: SinEmbargo
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Marcelina sostiene que el hostigamiento sexual, que ella también padeció, es algo que habitualmente padecen las trabajadoras del hogar.
“Es algo que me dolió muchísimo y que me impulsó a hacer lo que hago: defendernos”.
El estudio Violencia de Género contra Mujeres en Regiones Indígenas de México, elaborado bajo el auspicio de la de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la coordinación general del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social (Ciesas), señala que el fenómeno de la violencia contra mujeres indígenas se produce en un sistema de múltiples estructuras de opresión que se traslapan y operan simultáneamente, potenciando las desventajas, exclusiones y desigualdades de las mujeres indígenas.
–¿Qué es lo que demandarán desde el Sinactraho? –le pregunto a Marcelina.
–Queremos seguro social obligatorio, aportaciones individuales y que se ratifique el Convenio 189.
Si bien existe todo un capítulo de la Ley Federal del Trabajo a los “trabajadores domésticos”, a juicio de Marcelina, lo estipulado en sus artículos limita sus alcances. La pasada reforma a esta ley, aprobada el 30 de noviembre de 2012, tras 40 años sin modificaciones, estipuló descansos para las empleadas del hogar de tres horas durante el día y de nueve horas en la noche, lo que significó la legalización de la jornada de 12 horas. Por ello, exigirán la aprobación de una iniciativa de reforma al capítulo 13 de dicha ley que se presentó en noviembre pasado.
–¿Cuál es el escenario ideal para ti?
–Ojalá que no tuviéramos razón de existir. Si todos nuestros derechos estuvieran garantizados, no tendríamos razón de existir. Ese es mi ideal. Nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón. Y ahora nos estamos concentrando en la profesionalización del trabajo del hogar. Estamos conscientes de que si exigimos derechos también tenemos obligaciones.
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En el auditorio Octavio Paz, del Senado de la República, el pasado 30 de enero, el Conapred, en colaboración con Caceh, organizó el Cuarto de Paz: “La agenda pendiente sobre trabajo del hogar”. En su intervención, Annika Thunborg, embajadora de Suecia en México, tras aclarar que le encanta vivir, trabajar y viajar por nuestro país, contó una anécdota que dejó en silencio a los asistentes:
“La residencia permanente de la delegación sueca en México está en remodelación. Ese lugar, junto a la Embajada, es el sitio en el que se llevan a cabo todos los eventos oficiales”. Por esa razón despachan en una residencial temporal.
“Nos tomó mucho tiempo encontrar una casa en las Lomas con cuartos dignos y decentes para las trabajadoras del hogar”, afirmó. Y agregó: “La casa que rentamos, finalmente, tampoco los tiene. Hay un sótano, oscuro, húmedo, con piso de piedra y un baño muy sencillo. Nosotros lo utilizamos como bodega para almacenar la comida y el vino”
No obstante, ese cuarto se había construido ex profeso para los empleados del hogar. Así se los aclaró la agencia inmobiliaria.
Por fortuna, continúa, la casa que rentan cuenta con un departamento para huéspedes en la planta alta, “en donde viven nuestras trabajadoras del hogar, de planta, que provienen de Tlaxcala y Michoacán”.
Reveló que se han reunido con autoridades mexicanas para hablar del tema. Y, a pesar de eso, sigue sin entender: “¿Por qué una ama de llaves, con la responsabilidad de toda la operación de nuestra residencia, incluyendo todos los eventos, tiene menos derechos?”.
El pasado 5 de diciembre, la SCJN estableció que es “discriminatorio” e “inconstitucional” que las empleadas domésticas sean excluidas del Seguro Social, dado que actualmente los patrones no están obligados a inscribirlas. Por lo que pidió al IMSS presentar un programa piloto para que dichas trabajadoras cuenten con las prestaciones de ley que el instituto brinda.
Ciudad de México, 31 de enero, (SinEmbargo).- El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aprobó el programa piloto para que las trabajadoras del hogar tengan acceso a servicios médicos, pensión, fondo de retiro y prestaciones sociales.
Con ello, afirmó el titular del IMSS, Germán Martínez Cázares, se acata la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la que se solicita asegurar en el régimen obligatorio a las y los trabajadores del hogar.
El programa tiene carácter de piloto y será evaluado a final de año para garantizar que cumpla con el otorgamiento de salud y seguridad social a dichos empleados.
“Esto es progreso con justicia, la orientación política que triunfado en el Gobierno de México, que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y que permite igualar al país”, dijo el titular del IMSS.
El pasado 5 de diciembre, la SCJN estableció que es “discriminatorio” e “inconstitucional” que las empleadas domésticas sean excluidas del Seguro Social, dado que actualmente los patrones no están obligados a inscribirlas.
La resolución se dio en respuesta a un procedimiento de amparo, por lo que se pidió al IMSS armar un “programa piloto” que diseñe y ejecute un régimen especial de seguridad social para las trabajadoras del hogar que les entregue “las facilidades administrativas necesarias que permitan cumplir de manera sencilla y clara las obligaciones patronales”.
PASO FIRME: STPS
Durante la aprobación del programa piloto, la Secretaria del Trabajo y Prevención Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, dijo que con la medida se dan pasos firmes para reconocer a las y los trabajadores del hogar.
“Esto es histórico, porque durante muchos años se había venido discutiendo cuándo iba a ser ese momento donde reconociéramos que esas trabajadoras y trabajadores tienen derechos como lo tienen otros”, detalló.
El IMSS informó que ahora trabaja en acondicionar la plataforma tecnológica que permita materializar el programa piloto y, con ello, dar paso a la incorporación del personal del hogar al seguro social.
Tras ello, y según lo establecido por la sentencia de la SCJN, el IMSS deberá proponer al Congreso de la Unión las adecuaciones legales necesarias para la incorporación formal de un nuevo sistema especial de seguridad social para las trabajadoras del hogar y que, en un plazo no mayor a tres años, “la seguridad social, efectiva, robusta y suficiente a la totalidad de las empleadas domésticas en el país”.
Aunque el Presidente Enrique Peña Nieto prometió como candidato hace seis años la universalización de las pensiones y elaboró una Reforma Fiscal, el objetivo no se logró.
Coneval publicó las cifras de lo que la actual administración deja en materia: 55.8 por ciento de la población, es decir, 68.4 millones de personas, carecen de seguridad social; 26 por ciento de las personas mayores de 65 años no tienen algún tipo de pensión o programa de apoyo económico, mientras que un adulto mayor beneficiario de programas de apoyo recibe 536 pesos mensuales en promedio.
Ciudad de México, 11 de junio (SinEmbargo).– Un adulto mayor que trabajó y ahorró para su retiro tiene derecho a 5 mil 564 mensuales en promedio, mientras que uno que trabajó en la informalidad vive con 536 pesos mensuales en promedio, revelan cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Esa proyección no es alentadora si se compara con las cifras de empleo informal actuales: 30 millones de personas laboran en esa condición, lo que es el 56.7 por ciento de la población ocupada, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Y el problema es aún mayor para las nuevas generaciones, ya que los trabajadores que cotizaron antes del 1 de julio de 1997 tendrán acceso a una mejor pensión de beneficio definido, subsidiadas con recursos fiscales. Pero, los trabajadores que iniciaron su vida laboral posterior a julio de 1997, no tendrán acceso a dichas pensiones y al subsidio, además tendrán que pagar con sus impuestos el creciente gasto pensionario de la generación anterior, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
Los beneficios de la seguridad social representan derechos laborales adquiridos con cierto grado de estabilidad en el tiempo –salud, trabajo, pensión y un ingreso– y es el derecho básico de toda la población y es hoy el derecho con más rezago en todo el país.
El Coneval, en su Evaluación Estratégica de Protección Social, detectó que la protección social en México está fragmentada y es desigual en su nivel de acceso desde 2012.
Estas son las cifras de seguridad social en la administración de Enrique Peña Nieto: 55.8 por ciento de la población, es decir, 68.4 millones de personas, carecen de seguridad social.
El Consejo explica que aunque hay programas sociales para cubrir ese derecho, hay una fragmentación en la cobertura, ya que no benefician a toda la población; que hay fallas en la coordinación entre entidades y dependencias para entregar los beneficios a la población vulnerable y en condiciones de pobreza y además, no se cuentan con los instrumentos eficaces para la población vulnerable en áreas urbanas.
La seguridad social se financia principalmente con aportaciones “tripartitas”, explica Coneval en su estudio: trabajador o trabajadora, empleador y gobierno, “sobre todo de los dos primeros”.
Ocho de cada diez personas indígenas nunca han contribuido a la seguridad social, lo que significa que no contarán con una pensión o jubilación contributiva al final de su vida laboral. Foto: José Hernández, Cuartoscuro
El Gobierno Federal y algunos gobiernos estatales crearon programas no contributivos, como el Programa de Apoyo al Empleo, el Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), el programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, el Pensión para Adultos Mayores (PAM)– y el Seguro de Vida de Jefas de Familia a nivel federal.
En lo que se refiere a pensiones, dentro del esquema contributivo se encuentran las otorgadas por la seguridad social, principalmente a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y los esquemas especiales de Petróleos Mexicanos (Pemex), Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y regímenes estatales. Estas pensiones están ligadas a una relación laboral.
De acuerdo con Rodolfo de la Torre, director del Programa de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), existe una visión incompleta del problema, ya que se debe procurar que la seguridad social esté en las personas y no en el empleo de éstas, “desacoplar la seguridad social del trabajo y concentrarla en la persona”.
“Eso no se ha entendido en las reformas que se han intentado. Ha habido varias propuestas al respecto, por ejemplo Enrique Peña Nieto como candidato manejó la idea de una seguridad social universal. Cuando llegó al gobierno realizó una importante Reforma Hacendaria, pero no destinó los recursos para financiar la seguridad social realmente universal no contributiva. Se quedó muy lejos y seguimos sufriendo las consecuencias de posponer el problema de universalizar la seguridad social”, comentó De la Torre en entrevista con SinEmbargo.
Agregó que el hecho de la situación económica complicada que vive el país, le da muy pocos márgenes de maniobra en las cuestiones fiscales y frente al endeudamiento de los últimos años no hay oportunidades para financiar proyectos ambiciosos como la seguridad social universal, pero que con un saneamiento de las finanzas públicas se podrían obtener ingresos adicionales para plantear “el respeto a los derechos sociales, en particular el de salud y el de una pensión digna”.
LOS NÚMEROS DE CONEVAL
Para Coneval, uno de los objetivos principales de los esquemas de seguridad social es ofrecer a las y los trabajadores protección económica y de salud ante la vejez, la discapacidad y la muerte, así como ante la maternidad, enfermedades y accidentes que ocasionen incapacidad temporal para trabajar.
Para 2016, el IMSS registró un gasto de 67.2 millones de pesos por concepto del pago de 276 mil 053 jubilaciones y pensiones, de los cuales 214 mil 903 (77.8 por ciento) fueron jubilaciones por años de servicio, mientras que 35 mil 196 fueron pensiones otorgadas directamente a las o los trabajadores que representan 12.8 por ciento del total. También se otorgaron 25 mil 954 pensiones por fallecimientos, que significan el 9.4 por ciento del total.
Lo anterior, revela que para 2016 poco más de 90 por ciento de las personas que recibieron una pensión por el IMSS estuvo directamente relacionada con su edad.
Actualmente, 26.0 por ciento de las personas mayores de 65 años no tienen algún tipo de pensión o programa de apoyo económico.
En lo que se refiere a pensiones contributivas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), en 2016 sólo 31 por ciento de las personas mayores de 65 años estaban cubiertas y los deciles más bajos eran los más desprotegidos, es decir, los que presentaban mayor condición de pobreza.
Por otro lado, el 60.2 por ciento de los adultos mayores en el decil 10 –los de más ingresos y poca o cero condición de vulnerabilidad– contó con una pensión, el porcentaje era de sólo 1.9 para el decil con menores ingresos.
Un adulto mayor con pensión contributiva recibió 5 mil 564 pesos en promedio al mes; mientras que un adulto mayor beneficiario de programas de apoyo no contributivos recibió 536 pesos en promedio, “lo cual refleja la fragmentación y diferenciación en la cobertura y beneficios del sistema de protección social”, puede leerse en el estudio.
La situación se agudiza en la población indígena donde ocho de cada diez personas nunca han contribuido a la seguridad social, lo que significa que no contarán con una pensión o jubilación contributiva al final de su vida laboral –con las prestaciones sociales que esto implica– y podrían depender solamente de los programas sociales y pensiones no contributivas.
LA INFORMALIDAD
Otro factor que aborda el estudio de Coneval es la informalidad y sus consecuencias.
“La intermitencia entre el mercado laboral formal e informal, es decir el tránsito de trabajadores y trabajadoras entre estos dos sectores, afecta la densidad de cotización”, señala.
El promedio de los cotizantes al IMSS es de 42.9 por ciento, lo que sugiere que en promedio las y los trabajadores pasan más de la mitad de su vida laboral en la informalidad.
Para 2017 el salario promedio de cotización al IMSS fue de 334.21 pesos (4.2 salarios mínimos), mientras que, para diciembre de 2016, 36.5 por ciento de las y los cotizantes trabajadores al IMSS, lo hacían con uno y dos salarios mínimos.
“Aun cuando las y los trabajadores logren cumplir con los requisitos establecidos en la Ley del Seguro Social para tener derecho a recibir una pensión, el bajo nivel salarial de cotización puede llevar a que no acumulen los recursos suficientes para obtener una pensión financiada totalmente por su cuenta individual, y serán sujetos a recibir una Pensión Mínima Garantizada como lo estipula el artículo 170 de dicha Ley”, agrega el estudio.
Para el investigador del CEEY, las cifras de Coneval muestran que se está ante un problema que corresponde a la acumulación de población que ha estado fuera de la formalidad y que llega a la edad de retiro sin manera de financiar su vida y que sobre todo llama la atención la enorme desigualdad que hay entre lo que recibe una persona que sí tuvo acceso a una seguridad social formal, respecto a los que están sujetos a pensiones que son por completo proporcionadas por el gobierno y que no pudieron tener ahorro de su retiro.
“Las políticas de formalización de empleo de este gobierno son absolutamente insuficientes. En once años se ha reducido la informalidad en uno o dos puntos porcentuales, pero prácticamente comenzamos con un 60 por ciento de la población ocupada en la informalidad. A este ritmo nos tomaría 80 años o 120 años acabar con la informalidad y no es posible que confiemos en que ese tipo de políticas nos lleven a resolver el problema porque se necesita un enfoque absolutamente diferente, en el que se pueda proporcionar la seguridad social de forma universal”, concluyó De la Torre.
En este sentido, datos de la Consar, muestran que el envejecimiento poblacional que se vive en México –y que es una tendencia mundial– incrementó la tasa de dependencia, definida como el número de personas de 65 años o más sobre el número de personas en edad de trabajar entre 15 y 64 años.
“En 1950, la población mundial de adultos mayores era de 128.81 millones de personas, representando 5.08 por ciento de la población total y la tasa de dependencia era de 8.4 por ciento, es decir, por cada 100 personas de 15 a 64 años había 8.4 adultos mayores. Se estima que en 2050, 15.82 por ciento serán adultos mayores, equivalentes a 1,546.06 millones, con una tasa de dependencia de 25.2 por ciento. En 1950 en México los adultos mayores representaban 3.47 por ciento de la población (971 mil personas), con una tasa de dependencia de 6.4 por ciento”, informó la Comisión en un comunicado de prensa.
Y agrega que para 2050 se estima que este porcentaje aumente a 18.79 por ciento (30.87 millones de personas) y la tasa de dependencia sea de 29.22 por ciento.
“Un reconocimiento a todos los trabajadores de la construcción: hombres y mujeres que con sus manos materializan nuestras casas y edificios. Les debemos una vida mejor, empezando por brindarles seguridad social y mejores condiciones de vida. #DíaDelAlbañil”, escribió Margarita en redes sociales.
Foto: Margarita Zavala
Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).- Margarita Zavala, candidata independiente a la Presidencia, propuso otorgar a los albañiles seguridad social y mejores condiciones de vida.
A través de su cuenta de Twitter, la presidenciable aprovechó para enviar una felicitación a los trabajadores de la construcción, hoy en su día: a los “hombres y mujeres que con sus manos materializan nuestras casas y edificios”.
“Les debemos una vida mejor, empezando por brindarles seguridad social y mejores condiciones de vida. #DíaDelAlbañil”, escribió la ex panista en Twitter.
Un reconocimiento a todos los trabajadores de la construcción: hombres y mujeres que con sus manos materializan nuestras casas y edificios. Les debemos una vida mejor, empezando por brindarles seguridad social y mejores condiciones de vida. #DíaDelAlbañil
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
