El antecedente directo del fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitido en diciembre pasado, fue la demanda de amparo que interpuso María Rosario Garduño, de 80 años, quien durante 57 años trabajó para la misma familia, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, exigiendo el pago de prestaciones y su inscripción retroactiva al IMSS.

El 6 de julio de 2017, el presidente del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito solicitó a la SCJN que ejerciera su facultad de atracción. Además, el 14 de febrero de 2018, en sesión, la Segunda Sala de la SCJN ejerció dicha facultad. Y fue el pasado 5 de diciembre cuando la SCJN declaró inconstitucional que las trabajadoras domésticas no estén sujetas al régimen obligatorio del Seguro Social.

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).– Marcelina toca la puerta de una casa ubicada en Lomas de Chapultepec. Una voz rasposa responde por el interfón.

–Sí, dígame.

–Hola. Venimos del Sindicato de Trabajadoras del Hogar, ¿podemos hablar con usted? –responde Marcelina.

–Ahorita salgo, deme unos minutos.

El tiempo pasa. La puerta de la casa permanece cerrada.

Horas antes, el sobrino de una empleada del hogar que había fallecido en un hospital, a consecuencia de una caída que tuvo en la cocina de la vivienda en la que trabajaba, le pidió ayuda. Los empleadores de su tía le habían ofrecido 5 mil pesos para los gastos funerarios, pero el costo ascendía a 35 mil pesos. El cadáver de su tía, quien había trabajado como empleada doméstica casi durante medio siglo, deambulaba por la ciudad arriba de una carroza fúnebre. Sí: la casa en la que esa mujer se accidentó, mientras limpiaba la cocina, era la de la señora de la voz rasposa.

Marcelina pide ayuda: envía un mensaje de whatsapp al grupo en el que se mantiene en contacto con activistas, periodistas y comunicadores. Su denuncia llega a las redes.

Después de tres horas, la señora de la voz rasposa, presumiblemente advertida, le grita por el interfón:

–Oiga, sí voy a darle para los gastos funerarios, sólo que estoy viendo las cosas con mi abogado.

–¡Pues, salga! Llevamos mucho tiempo esperando. Aquí está la carroza, con su empleada muerta –le suelta Marcelina. Y no miente: la carroza fúnebre, con el cuerpo, se encuentra estacionada afuera del domicilio.

De pronto, un empleado de la señora abre la puerta. Les lleva un mensaje: la señora accede a pagar los gastos funerarios a cambio de que se vayan.

Son las 10 de la noche. Marcelina no sabe cómo regresar a su casa. Ni siquiera si, por esa zona, pasa algún camión. El chofer de la carroza le dice que le puede dar un aventón al metro Auditorio. Marcelina acepta.

El olor avinagrado de la muerte se filtra en la cabina. A pesar de eso, Marcelina Bautista respira aliviada. Su trabajo está hecho.

“Mañana será otro día”, se dice a sí misma mientras la carroza circula por las calles silenciosas, apagadas, de Lomas de Chapultepec.

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De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México trabajan en el sector del hogar remunerado 2 millones 293 mil 700 personas, lo que equivale al 4.21 por ciento de la población económicamente activa ocupada. De esta actividad depende la economía de 1 987 mil 294 hogares mexicanos (Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo, ENUT, 2014), según el documento Seguridad Social para el Trabajo, de la serie Derechos laborales de las trabajadoras del hogar, elaborado por Christian Aurora Mendoza, Vanessa Armendáriz y Alejandra Muñoz.

En México existen dos principales ramas de incorporación a la Seguridad Social: el primero, a todas luces, un oxímoron: Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio (Régimen voluntario); el segundo, la Modalidad Obligatoria (Régimen obligatorio). Es decir: la Ley del Seguro Social permite la afiliación de las trabajadoras del hogar sólo bajo el Régimen Voluntario, mismo que las excluye de acceso a fondo de ahorro para la vivienda, guarderías y la atención médica de enfermedades preexistentes, entre otras prestaciones. Bajo este régimen, los empleadores no tienen la obligación de asegurar a las trabajadoras del hogar. El Estado deja a su arbitrio la decisión de hacerlo o no.

Marcela Azuela, fundadora de Hogar Justo Hogar, una asociación civil que trabaja en la promoción de los derechos de las trabajadoras domésticas, sostiene que la relación paternal que se establece entre un empleador y una trabajadora del hogar es más perjudicial que beneficiosa.

“Son dos relaciones diferentes. Tú puedes querer mucho a tu empleada, pero la relación de trabajo tiene que transitar por otro carril. En aras del cariño, como se refleja bien en la película Roma, podemos afectar sus derechos”, sostiene. Y ejemplifica: “Cleo no para en todo el día: es la primera que se levanta y la última en irse a dormir”.

Hasta ahora, esa relación laboral, dice, ha transitado históricamente por la informalidad. Y las cifras le dan la razón: el 97.5 por ciento de las trabajadoras del hogar remuneradas trabaja en condiciones de informalidad, es decir sin prestaciones ni seguridad social, reporta la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, 2017.

Sólo una de cada 10 trabajadoras del hogar cuenta con un contrato de trabajo, lo que deriva en la ausencia de un registro sobre las relaciones laborales en el sector.

Hogar Justo Hogar, entre sus líneas de acción, promueve la firma de un contrato entre empleador y trabajadora del hogar, con el fin de estipular derechos y obligaciones claras.

“Es una gran herramienta para regular una relación y, de paso, sensibilizarnos como empleadores”, asegura. Sin un documento oficial, de ningún tipo, sostiene, en ocasiones el empleador no sabe ni siquiera en donde vive la trabajadora. Cuenta que el pasado sismo del 19 de septiembre de 2017 fue testigo de escenas terribles: personas que deambulaban por las calles de la colonia Condesa buscando a sus familiares, muchas de ellas trabajadoras del hogar a las que todavía no localizaban. O empleadores que tenían horas sin saber de sus trabajadoras del hogar, de quienes sólo conocían el nombre de pila.

“Ni por seguridad sabemos a veces sus apellidos, ni donde viven, ni un dato de contacto. En cambio, cuando firmas un contrato forzosamente pones un domicilio, un teléfono, un nombre de a quién acudir”. Además el contrato estipula responsabilidades, horario, descansos y remuneración, además del pago por horas extra.

–¿El contrato es suficiente sin un régimen legal que lo ampare?

–Hoy, sin duda, no podemos garantizar seguridad social a las trabajadoras aun con la firma del contrato. Por ejemplo, para algunas de ellas, contar con guardería es algo vital, que les facilitaría la vida.

De las 2.4 millones de trabajadoras del hogar que se calcula que existen en el país, el 95.4 por ciento son mujeres y de ellas el 33 por ciento son jefas de familia, de acuerdo con datos del Inegi.

“Sin ese derecho básico, muchas de ellas, hoy en día, se las ven grises a la hora de salir de sus casas –muchas de ellas viven en las periferias–, dejar a sus hijos encargados, trabajar ocho horas, sin contar las cuatro horas de traslado. ¡Es una barbaridad!”

En el fondo, debajo de todas estas cifras, subyace una cruda realidad: la discriminación y segregación de este sector de la población.

–¿Crees que una reforma que garantice los derechos laborales de las trabajadoras doméstica promueva un cambio cultural?

–Es posible. Una cosa empuja a la otra. El machismo, el clasismo y el racismo se enseñan, se reproducen y se perpetúan en las condiciones de trabajo doméstico que tenemos hoy en día. Los niños aprenden a normalizar la desigualdad laboral en casa. Urge un paradigma cultural: enseñar a niñas y niños a tratar con respeto a las personas a su servicio. No es correcto pedirle a una trabajadora del hogar que prepare una quesadilla o un trago, a las dos de la madrugada.

Azuela coincide en que hace falta voluntad política. Ha perdido la cuenta de cuantas veces piso el Senado de la República demandando la ratificación del convenio.

“Nos decían, a las representantes: ‘Estamos de acuerdo, pero en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) nos dicen que no les alcanza’. Íbamos al IMSS y nos decían: ‘Nosotros sí queremos, pero el SAT se niega’. Se echaban la bolita, pues”.

A pesar de ello, se muestra optimista con el fallo que la Suprema Corte de Justicia (SCJN) dictó el pasado 5 de diciembre de 2018, relativo a la creación de un programa piloto para incorporar a las trabajadoras del hogar al IMSS.

“No se necesita la firma del Convenio 189 para implementar el programa piloto. En muchos países, primero se ratificó el convenio y luego se adecuaron las leyes”, refiere.

–Si te pidiera que fueras pesimista, ¿con qué cambio en política pública a favor de las trabajadoras del hogar te conformarías?

–Me conformaría con lo mínimo de lo mínimo: el Seguro Social.

El Convenio 189, de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el trabajo decente para las y los trabajadores domésticos, adoptado el 16 de julio de 2011 en Ginebra, compromete a los países firmantes a que “los trabajadores domésticos disfruten de condiciones no menos favorables que las condiciones aplicables a los trabajadores en general con respecto a la protección de la seguridad social”. México no lo ha ratificado.

Martha Tagle Martínez, Diputada de Movimiento Ciudadano (MC), hace un llamado al nuevo Gobierno federal para que ratifique el Convenio. La legisladora agrega que sería paradójico que la legislatura de la paridad de género, que así se anuncia en toda su propaganda, no aprobara una Reforma Laboral en beneficio de las trabajadoras domésticas.

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El antecedente directo del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue la demanda de amparo que interpuso María Rosario Garduño, de 80 años, quien durante 57 años trabajó para la misma familia, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México (JLCA), exigiendo el pago de prestaciones y su inscripción retroactiva al IMSS.

El 6 de julio de 2017, el presidente del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito solicitó a la SCJN que ejerciera su facultad de atracción. El 14 de febrero de 2018, en sesión, la Segunda Sala de la SCJN ejerció dicha facultad. El pasado 5 de diciembre la SCJN declaró inconstitucional que las trabajadoras domésticas no estén sujetas al régimen obligatorio del Seguro Social.

La SCJN falló contra el artículo 13, fracción segunda, de la Ley del Seguro Social, que ubica a las trabajadoras del hogar como sujetos de aseguramiento voluntario.

La sentencia, presentada por el Ministro Alberto Pérez Dayán, plantea que no existe una justificación constitucional para excluir a este sector de trabajadores del régimen obligatorio, por lo que se violan sus derechos de acceso a la seguridad social y no discriminación.

“No sólo la exclusión del régimen obligatorio del Seguro Social comporta una actuación discriminatoria que perpetúa y fortalece la marginación social de las mujeres que se dedican al hogar, sino que además esa violación no puede ser superada simplemente porque dichas trabajadoras puedan acceder al régimen voluntario”, sostuvo el Ministro. Calificó como vulnerable a este sector de trabajadores, por lo que urgió al IMSS instrumentar, durante un periodo de 18 meses, un programa piloto, de fácil implementación, que otorgue seguridad social a las empleadas del hogar.

La reacción fue inmediata. “El IMSS acata inmediata y puntualmente la decisión de la SCJN para incluir a las trabajadoras o empleadas domésticas, en su mayoría mujeres, al régimen obligatorio de protección en el seguro social”, dijo Germán Martínez Cázares, director general del IMSS,  en un video en su cuenta de Twitter.

Garduño perdió, por ahora, una batalla jurídica: no logró que condenaran a su exempleadores a pagar las cuotas caídas del seguro social desde 1959. La Corte aclaró que no eran obligatorias, pero la JLCA tendrá que dictar un nuevo laudo sobre el caso.

La JLCA, en el laudo original, condenó a los expatrones a pagar aguinaldo, horas extras y prima vacacional sólo por el año anterior a la renuncia, que se efectuó en 2016.

Garduño perdió, pero ganó: sentó un precedente para la probable incorporación de millones de trabajadoras del hogar al IMSS.

El 30 de enero del presente año, en sesión ordinaria del Consejo del IMSS, integrado por representantes del sector patronal, obrero y de gobierno, el titular del organismo, Germán Martínez Cázares, en presencia de la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, presentó el programa piloto para la incorporación de personas trabajadoras del hogar, el cual fue aprobado de manera unánime.

Martínez Cázares afirmó que con esta decisión se acata la sentencia de la SCJN, recibida formalmente el 29 de enero de 2019, con el objetivo de asegurar en el régimen obligatorio a las y los trabajadores del hogar, a fin de garantizarles el acceso a servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos, obstétricos, incapacidades, pensión por invalidez y vida, fondo para el retiro, así como prestaciones sociales, principalmente servicio de guardería y  velatorios.

Posicionamiento del Director General del #IMSS, Germán Martínez Cázares frente a la resolución de la @SCJN a favor de las trabajadoras domésticas y #SeguridadSocial. #TrabajadorasDelHogar pic.twitter.com/Eh5UF3QxVm

— IMSS (@Tu_IMSS) 6 de diciembre de 2018

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“El trabajo del hogar en México se realiza en condiciones de precariedad laboral”, sentencia Martha Cebollada Gay, en su libro Hacer visible lo invisible, formalización del trabajo remunerado en México: una propuesta de política pública.

La discriminación es un acto silencioso, pero visible: en un recorrido efectuado por SinEmbargo se comprobó que en algunas casas ubicadas en las colonias Del Valle, Polanco y Lomas de Chapultepec, las trabajadoras del hogar cuentan con accesos diferenciados e, incluso, tienen prohibido el acceso a ciertas áreas o a utilizar los elevadores que usan sus empleadores.

“El trabajo del hogar remunerado se realiza en una unidad doméstica no productiva. Este hecho supone, por un lado, un alto grado de aislamiento del individuo y la disminución considerable de visibilidad de los abusos a los que se puede ver sometido, así como sus posibilidades de denuncia”, sostiene Cebollada Gay.

Marcelina Bautista, fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (Caceh) y secretaria general colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (Sinactraho), pionera en la lucha de los derechos de las trabajadoras del hogar, agrega otro factor: las mujeres que se emplean en trabajo doméstico provienen de regiones alejadas del país, indígenas en su mayoría, quienes arrastran atavismos culturales, nula participación política y violencia intrafamiliar.

Esa circunstancia tiene una continuidad cuando emigran a las ciudades. Los patrones encarnan –entonces– esa figura de autoridad, a la que le toleran abusos.

De acuerdo con datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), siete de cada 10 trabajadoras del hogar tiene ascendencia indígena. Y su promedio de escolaridad es de 7 años.

Bautista lleva 22 años luchando por los derechos de las trabajadoras del hogar. Tercera de doce hermanos, originaria de Nochixtlán, Oaxaca. Llegó a los 14 años sin conocer la Ciudad de México y sin hablar español. Trabajó en casa de una familia, ubicada en Naucalpan, cerca de la zona del Toreo. Era trabajadora doméstica de planta y sólo contaba con un día libre a la semana: los domingos. Uno de esos días, recuerda, mientras caminaba de regreso a su casa, a 30 minutos a pie de su trabajo, se encontró con la Iglesia de San Pedro. En ese lugar se llevaban a cabo las reuniones de la Juventud Obrera Cristiana (JOC). El párroco, de origen francés, formado en la teología de la liberación, auspiciaba ese tipo de reuniones.

“El padre me invitó al grupo después de que me vio en la estudiantina de la iglesia. Parece que yo no cantaba bien. Me dijo: ‘¿Sabes qué? Aquí tenemos un grupo’. Y me sumé. La mayoría eran obreros, pero al poco tiempo, ya éramos un grupo como de 25 trabajadoras del hogar”, cuenta.

Mary Goldsmith, académica feminista, refirió a Marcelina con el Colectivo Atabal de trabajadoras del hogar. Ahí conoció a la sindicalista Rosario Ortiz, quien le ayudó a darle forma a su plan de acción. Marcelina formó parte de la creación de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (Conlactraho) en 1988, organización de la que fue secretaria general.

Con apoyo de la Fundación MacArthur fundó el Caceh en el año 2000. Posteriormente, obtuvo una beca de Ashoka. De 2005 a 2013 obtuve el apoyo del Fondo Semillas, mujeres sembrando igualdad, una organización feminista que apoya a grupos y organizaciones de mujeres.

Para 2005, su red de contactos la llevó a obtener el apoyo de Semillas que se mantuvo constante hasta el 2013.

El 17 de septiembre de 2015 obtuvo el registro del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal. Y posteriormente la toma de nota por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

–¿Involucrarte en actividades políticas en qué medida modificó tu relación laboral con tus patrones? –le pregunto.

–Uno calla los abusos por necesidad. En ese entonces tenía un total desconocimiento de mis derechos. Trabajé durante 14 años en la misma casa y siempre me decía: “Este año me voy”. Uno evita soñar porque no es parte tuyo soñar. Le debo mucho a ese padre, quien me invitaba a reflexionar sobre mi situación. Empiezo a viajar a otros países, a todo Latinoamérica, a congresos sobre el tema del trabajo del hogar y mi empleadora me empieza a cuestionar. Un día revisó mis cosas en el cuarto y me dijo: “Ya sé en qué andas y eso de los derechos no me gusta”. Viajaba en mis vacaciones, para que no interfiriera con mi trabajo. No obstante, la señora me reclamaba. Al final, cuando me despidió, me dijo: “Te voy a dar 500 pesos como gratificación”. A mí me pareció inaceptable, así que le reclamé mi aguinaldo (que me adeudaba) y una indemnización. Me respondió que lo vería con su abogado.

–Al final, ¿obtuviste tu indemnización?

–Sí –responde, con una sonrisa tímida en el rostro.

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Marcelina sostiene que el hostigamiento sexual, que ella también padeció, es algo que habitualmente padecen las trabajadoras del hogar.

“Es algo que me dolió muchísimo y que me impulsó a hacer lo que hago: defendernos”.

El estudio Violencia de Género contra Mujeres en Regiones Indígenas de México, elaborado bajo el auspicio de la de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la coordinación general del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social (Ciesas), señala que el fenómeno de la violencia contra mujeres indígenas se produce en un sistema de múltiples estructuras de opresión que se traslapan y operan simultáneamente, potenciando las desventajas, exclusiones y desigualdades de las mujeres indígenas.

–¿Qué es lo que demandarán desde el Sinactraho? –le pregunto a Marcelina.

–Queremos seguro social obligatorio, aportaciones individuales y que se ratifique el Convenio 189.

Si bien existe todo un capítulo de la Ley Federal del Trabajo a los “trabajadores domésticos”, a juicio de Marcelina, lo estipulado en sus artículos limita sus alcances. La pasada reforma a esta ley, aprobada el 30 de noviembre de 2012, tras 40 años sin modificaciones, estipuló descansos para las empleadas del hogar de tres horas durante el día y de nueve horas en la noche, lo que significó la legalización de la jornada de 12 horas. Por ello, exigirán la aprobación de una iniciativa de reforma al capítulo 13 de dicha ley que se presentó en noviembre pasado.

–¿Cuál es el escenario ideal para ti?

–Ojalá que no tuviéramos razón de existir. Si todos nuestros derechos estuvieran garantizados, no tendríamos razón de existir. Ese es mi ideal. Nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón. Y ahora nos estamos concentrando en la profesionalización del trabajo del hogar. Estamos conscientes de que si exigimos derechos también tenemos obligaciones.

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En el auditorio Octavio Paz, del Senado de la República, el pasado 30 de enero, el Conapred, en colaboración con Caceh, organizó el Cuarto de Paz: “La agenda pendiente sobre trabajo del hogar”. En su intervención, Annika Thunborg, embajadora de Suecia en México, tras aclarar que le encanta vivir, trabajar y viajar por nuestro país, contó una anécdota que dejó en silencio a los asistentes:

“La residencia permanente de la delegación sueca en México está en remodelación. Ese lugar, junto a la Embajada, es el sitio en el que se llevan a cabo todos los eventos oficiales”. Por esa razón despachan en una residencial temporal.

“Nos tomó mucho tiempo encontrar una casa en las Lomas con cuartos dignos y decentes para las trabajadoras del hogar”, afirmó. Y agregó: “La casa que rentamos, finalmente, tampoco los tiene. Hay un sótano, oscuro, húmedo, con piso de piedra y un baño muy sencillo. Nosotros lo utilizamos como bodega para almacenar la comida y el vino”

No obstante, ese cuarto se había construido ex profeso para los empleados del hogar. Así se los aclaró la agencia inmobiliaria.

Por fortuna, continúa, la casa que rentan cuenta con un departamento para huéspedes en la planta alta, “en donde viven nuestras trabajadoras del hogar, de planta, que provienen de Tlaxcala y Michoacán”.

Reveló que se han reunido con autoridades mexicanas para hablar del tema. Y, a pesar de eso, sigue sin entender: “¿Por qué una ama de llaves, con la responsabilidad de toda la operación de nuestra residencia, incluyendo todos los eventos, tiene menos derechos?”.

La pregunta sigue sin respuesta.