Las enfermedades crónicas ligadas a la mala alimentación agravan la actual pandemia de COVID-19 en México, afirma la Secretaría de Salud. A pesar de la advertencia, los distintos niveles del Gobierno de México adjudican cientos de millones de pesos cada año para alimentar a funcionarios y ciudadanos con botanas, dulces, galletas, postres y refrescos. Así ha sido, al menos, en los últimos 18 años o tres sexenios.
TERCERA ENTREGA DE UNA SERIE
Ciudad de México, 5 de agosto (SinEmbargo).- Aunque los gobiernos estatales y federal buscan reducir el consumo de comida ultraprocesada y chatarra en México, son grandes consumidores de productos de baja calidad alimenticia. Entre 2002 y 2018 –durante los sexenios de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto– gastaron al menos 4 mil 585 millones 613 mil 940 pesos corrientes en alimentos industrializados de poco valor nutricional o con alto contenido de azúcar, grasa y/o sodio, de acuerdo con cifras del portal de compras gubernamentales CompraNet.
Además está el gasto registrado desde que Andrés Manuel López Obrador llegó al poder. En 2019 y lo que va de 2020, los gobiernos estatales y federal ejercieron un mínimo de 1 mil 31 millones 824 mil 35 pesos para comprar productos ultraprocesados y chatarra.
Hoy en día, las y los mexicanos sufren de una pandemia de sobrepeso y diabetes. “La obesidad es un problema de salud pública en México, que afecta a población de todas las edades y constituye un factor de riesgo en enfermedades crónico-degenerativas, como diabetes mellitus y problemas del corazón. Estas enfermedades ocupan los primeros lugares de morbilidad y mortalidad [a nivel nacional], además de que conllevan un mayor gasto público para su atención”, refiere la Secretaría de Salud capitalina en su sitio de internet.
La información oficial analizada por la Unidad de Datos de SinEmbargo plantea que en los últimos 18 años, los distintos niveles de Gobierno abonaron a la crisis de mala alimentación y obesidad en México. Botanas, dulces, galletas, postres y refrescos forman parte de los alimentos con que las instituciones gubernamentales alimentan a sus trabajadores y a la ciudadanía.
El gasto referido no es menor. Traído a valor presente o a pesos constantes de 2020, es 2 por ciento superior al valor de la inversión aprobada para éste año por el Gobierno Federal (6 mil 634 millones 24 mil 304 pesos) para el programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral.
A pesar de que la información oficial no permite saber cuál es el monto total gastado en comida chatarra desde 2002, ya que la mayoría de los contratos de insumos alimenticios no especifica los productos adquiridos por las distintas dependencias de gobierno, la muestra realizada a través de 25 mil 173 contratos da cuenta de una realidad nacional: el consumo de productos de baja calidad alimenticia es un problema normalizado, incluso desde las instituciones.
Tampoco es posible saber a cabalidad qué Gobierno gastó más en comida chatarra. Sin embargo y de manera proporcional, es decir, considerando el gasto (a precios constantes de 2020) distribuido por el número de contratos adjudicados según la muestra analizada por éste medio digital, los contratos más caros o más jugosos fueron aprobados durante el sexenio (2000-2006) del panista Vicente Fox Quesada, seguido por los gobiernos de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).
Al corte del 3 de agosto de 2020, dicho análisis coloca a la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador entre las de Peña y Calderón, respectivamente. Lo anterior supone cuando menos que, la normalización del consumo de comida chatarra en México desde las instituciones públicas continúa, sin que ello implique necesariamente que el problema está siendo agravado por el Gobierno en turno.
CONTRATOS CHATARRA
La comida chatarra es adictiva ya que “su ingesta hace que el cerebro libere una sustancia llamada dopamina, la cual genera en el organismo una sensación de bienestar, placer y saciedad”, refiere la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en un comunicado con fecha del 4 de junio de 2018
De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto de Investigación de Florida, abunda la Profeco, “ingerir cotidianamente comida rica en calorías y grasas genera una adicción similar al que causan la cocaína y heroína” (sic). Y al igual que el mercado de la droga, las cifras internacionales indican que la comida ultraprocesada y chatarra es un negocio en asenso.
En 2015 el consumo mundial de alimentos procesados fue de 4 mil 867 mil millones de dólares. Para el periodo 2015-2020 se espera que dicho consumo crezca a una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 5.7 por ciento. En el caso de México, la TMCA estimada es de 5.1 por ciento, señala un estudio (2018) sobre la industria de alimentos procesados de ProMéxico.
Siguiendo la tendencia de consumo a nivel nacional, el consumo de productos ultraprocesados y chatarra por parte de los gobiernos estatales y federal en los últimos 18 años, también refleja que la categoría con mayores ventas fue la de panadería.
El gasto en galletas, por ejemplo, supuso una erogación de 3 mil 166 millones 895 mil 293 pesos a precios constantes de 2020. Una cantidad equiparable al 47 por ciento del gasto en comida chatarra desde 2002, a través de los 25 mil 173 contratos analizados por SinEmbargo. A ello se suman cuando menos 124 millones 427 mil 886 pesos (constantes) en pan blanco y dulce.
Para poner en contexto el nivel de negocio está el caso de Bimbo. Ésta empresa mexicana, que es la panificadora más grande del mundo, vendió un mínimo de 239 millones 714 mil 753 pesos (corrientes) en pan blanco y dulce a distintas dependencias gubernamentales, durante el periodo señalado. Ello sin considerar la mayor parte de los contratos registrados en CompraNet, mismos que no fueron agregados a la lista de comida chatarra por no contener información suficiente acerca de los bienes suministrados.
Entre los productos más vendidos por Bimbo están, por ejemplo, las barras de cereal tipo Balance o Bran Fruit, como consta en los contratos con número de licitación 44068002-011-06 y 44068002-006-07. Éste tipo de alimento, aunque sirven de colación, “se recomienda no consumir más de una porción debido a que son una fuente importante de calorías”, de acuerdo con un estudio (2019) del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor en que fueron analizadas 22 marcas.
“Se determinó el contenido total de sacarosa, glucosa, fructosa y lactosa debido a que su contenido es alto (hasta un 41 por ciento por barra) y provienen de la adición de azúcar, mieles o jarabes, como el de alta fructosa o de agave u otros ingredientes”, se lee en el documento del Laboratorio Profeco.
Además de Bimbo destaca el caso de la Comercializadora Pepsico México, que fue la empresa con mayores ventas en comida chatarra, de acuerdo con la muestra de contratos analizada por éste medio digital. Por vender botanas, dulces, galletas, postres y refrescos, la compañía se embolsó al menos 993 millones 213 mil 407 pesos (corrientes) en productos de marcas famosas como Gamesa, Gatorade y Sabritas, por mencionar algunos ejemplos.
Más allá del gasto en panadería, uno de los gastos más elevados fue aquél relacionado a la compraventa de botanas, dulces y postres por al menos 1 mil 124 millones 163 mil 814 pesos constantes de 2020. La lista que incluye caramelos, chocolates, flanes, gelatinas y pasteles tiene grandes distribuidores tras de sí: Barcel, Bimbo, Canel’s, Fritos Totis, Gamesa, La Costeña, La Moderna, Nestlé y Pepsico, entre muchas otras marcas.
En la siguiente tabla usted puede consultar los contratos seleccionados, las empresas y dependencias participantes, así como un conjunto de cifras relativas a la compraventa de comida ultraprocesada y chatarra por parte de los diferentes niveles de gobierno en México entre 2002 y 2020.
Algunos de los productos, como en el caso de los tamales y los atoles industrializados, pese a ser alimentos tradicionales mexicanos, están considerados como productos con alto contenido de azúcar, grasa y/o sodio, así como por tener bajo contenido nutricional.
El año pasado, por ejemplo, un análisis de la fundación Changing Markets arrojó que los productos de Maizena de Unilever engañan a los consumidores porque no están fortificados con los micronutrientes y vitaminas que dicen contener. De acuerdo con el documento Micronutrientes faltantes en la Maizena, los atoles saborizados tienen 15 por ciento menos hierro y 9 por ciento menos Zinc del que indica el etiquetado.
Algo similar ocurre con todo el pan blanco, que de acuerdo con el Laboratorio Profeco “es uno de los alimentos procesados más comunes en la dieta de los mexicanos sobre el que debemos estar más vigilantes, pues su contenido de sodio puede sorprenderte”.
En el estudio Sodio en bolillo y pan de caja. Te echan la sal ¡y tú ni en cuenta!, Profeco advierte que el 77 por ciento de la sal que consumen los mexicanos proviene de alimentos procesados.
POLÍTICA Y CHATARRA
La Secretaría de Salud (SSA) ha cuestionado, en diversas ocasiones, a la industria de la comida chatarra por agravar la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19 en todo el territorio nacional.
“Desde los años 80, el perfil epidemiológico, es decir, las enfermedades que aquejaban a los mexicanos eran principalmente infecciosas, de corta duración, y hoy tenemos un predominio clarísimo de las enfermedades crónicas que están causando una importante mortalidad por la mala alimentación”, dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la SSA, Hugo López-Gatell Ramírez, en una conferencia de prensa del 6 de julio de 2020.
La comida ultraprocesada y chatarra, que genera enfermedades crónicas como la diabetes, aumenta el riesgo de mortalidad por coronavirus. Una situación que según Gatell, es culpa de un ambiente nutricional “desarrollado para favorecer los negocios de estos productos y no para favorecer la salud, y desde luego, a lo largo de varios años, una importante omisión de las autoridades sanitarias que no han hecho los esfuerzos necesarios para regular esto”, como es el caso de la reforma de la Norma Oficial Mexicana 051 para hacer obligatorio el uso de etiquetados claros.
El análisis de la Unidad de datos de SinEmbargo a partir de una muestra de 25 mil 173 contratos gubernamentales para la adquisición de productos ultraprocesados y chatarra por parte de los gobiernos estatales y federal arrojó que, a pesar de la imposibilidad de saber a cabalidad qué Gobierno gastó más en éste tipo de productos en los últimos 18 años, hubo momentos de repunte que coinciden con momentos de coyuntura política.
Entre 2006 y 2007, por ejemplo, el gasto relativo por contrato para insumos con alto contenido calórico y/o bajo contenido nutricional por parte de los gobiernos aumentó 146 por ciento, de acuerdo con la muestra obtenida por éste medio digital.
Dicho repunte constituye una anomalía en comparación con años precedentes y sucesivos. El incremento fue impulsado, en gran medida, por dos contrataciones con monto atípico hasta ese momento, que fueron realizadas por el DIF mexiquense a cargo de Mónica Pretelini Sáenz, difunta esposa del exgobernador (2005-2011) Enrique Peña Nieto.
Las dos licitaciones públicas obtenidas por Grupo Bimbo sumaron 118 millones 62 mil 634 pesos corrientes para la adquisición de galletas dulces, barras de cereal, nachos y polvorones, tal y como consta en los siguientes contratos.
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Una situación similar tuvo lugar en los dos últimos años (2011-2012) del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, cuando el gasto en alimentos ultraprocesados y chatarra por parte de Diconsa comenzó a elevarse en comparación con años anteriores.
Precisamente en 2012, en pleno año electoral, trascendió que el Gobierno federal apoyó de manera inusual a la empresa paraestatal que busca garantizar el abasto de productos básicos en localidades rurales de alta y muy alta marginación económica, ya que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le autorizó una ampliación presupuestal de 160 millones para el Programa de Comunicación Social de Diconsa.
Un año después del aumento del gasto en productos ultraprocesados y chatarra reflejado en la muestra obtenida por SinEmbargo, Liconsa, otra de las paraestatales de beneficio social del Gobierno de México fue señalada por vender productos chatarra –como golosinas y sopas instantáneas– en algunas de sus lecherías habilitadas como tiendas de abarrotes en la capital del país.
En contraste, en un contexto de crisis de salud alimentaria en un país con altos índices de mortandad por obesidad y diabetes, existen dependencias como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que ha reconocido la necesidad de reducir el consumo institucional de alimentos ultraprocesados y chatarra.
Desde hace un lustro, el ISSSTE implementó el compromiso de reducir al máximo el consumo de éste tipo de productos en las Estancias Infantiles.
A través de un comunicado, el Instituto aseguró que a partir de 2015, en las Estancias Infantiles “se cambió la ingesta de leche entera por descremada, pan blanco por pan integral, tortillas de harina por tortillas de maíz o tostadas horneadas, se redujo al máximo la grasa, azúcares y embutidos, se elaboran aguas de fruta sin azúcar y agua natural”.
Reducir el consumo de comida chatarra y ultraprocesada es indispensable para garantizar la salud de las y los mexicanos. Para ello, además de los esfuerzos para educar a la población a tener una dieta sana y balanceada, el Gobierno federal reconoce la necesidad de limitar el consumo a través de instituciones públicas. Ello en un México en que más del 50 por ciento de las personas acostumbra comer alimentos chatarra varias veces por semana, y en que el 13 por ciento de la población ingiere éste tipo de productos todos los días, indican los resultados de la más reciente encuesta de Hábitos alimenticios en México de la empresa en investigación de mercados Mercawise.
