De ser cierto que la reconciliación nacional tiene como premisa “el perdón y olvido” en los casos de corrupción política, y se le da impunidad a Enrique Peña Nieto eso sería una traición a la voluntad de los mexicanos que dieron el voto a Andrés Manuel López Obrador, dice Javier Corral Jurado, Gobernador de Chihuahua.

“Sería muy desalentador no volver a contar con el Gobierno federal para el combate de la corrupción política”, plantea en entrevista con SinEmbargo el político panista.

El mandatario chihuahuense asegura que la investigación contra el priista César Duarte Jáquez pone a personajes como Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso en el escenario de la  operación  fraudulenta y el desvió de recursos públicos. De ahí que para él y la entidad que gobierna es importante conocer cuál será la postura del hoy Presidente electo de México en el combate y persecución de los corruptos de esta administración federal.

Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).– El pasado 1 de julio, el pueblo de México le dio el triunfo presidencial a Andrés Manuel López Obrador y a una gran parte de los candidatos del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) motivado por el hartazgo de la corrupción política, por lo que de ser cierto que la reconciliación nacional tiene como premisa el “perdón y olvido” y el Gobierno de Enrique Peña Nieto queda impune, sería una traición a la voluntad popular, al pueblo que votó por Andrés Manuel López Obrador, afirma el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, en entrevista con SinEmbargo.

El pasado 8 de agosto, José Agustín Ortiz Pinchetti, representante de Morena ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, afirmó que López Obrador no castigará a los funcionarios corruptos de la actual administración. AMLO “va a olvidar y perdonar” e intentará establecer un “borrón y cuenta nueva”, expresó durante una charla con la periodista Carmen Aristegui.

Además, Ortiz Pinchetti tildó como “un error” la investigación penal contra el ex Gobernador priista César Duarte, pues dijo que la persecución “quita recursos y energías que deberían estar destinados al gobierno”.

Javier Corral Jurado, actual Gobernador de Chihuahua, califica como sorpresivas, escandalosas y absurdas las declaraciones del representante de Morena.

“Esta grotesca concepción de la reconciliación lo que haría, de ser cierto, es perpetuar la injusticia. Porque el borrón y cuenta nueva no pudre los problemas o los elimina; al contrario, crecen. […] Cuando el conjunto de esos raterillos saben que se perdona a los grandes ladrones de México, eso en realidad es un aliciente”, comenta el mandatario chihuahuense.

El político panista considera que es preocupante que Ortiz Pinchetti emita este tipo de declaraciones, porque se entiende que son una interpretación de lo que él ha platicado con el Presidente electo.

Corral Jurado explica que todas las transiciones de un régimen a otro o de una época a otra han requerido sí, una dosis de perdón y de reconciliación, pero también están basadas en la justicia.

Establecer un “borrón y cuenta nueva” a la corrupción política, considera, va en sentido contrario a la motivación que tuvieron los mexicanos que votaron por López Obrador: el hartazgo por la corrupción política.

“Ningún gobernante puede perdonar a nombre de las personas, de la sociedad y del pueblo, a quienes le causaron agravios en su patrimonio o en sus derechos humanos”, sentencia. 

El Gobernador de Chihuahua expone que la interrogante de fondo es sí Enrique Pena Nieto quedará impune.

“¿Qué tanto y qué realmente piensa hacer López Obrador? ¿Es lo que dice José Agustín Ortiz Pinchetti? Si eso es cierto y si eso es lo que piensa López Obrador –olvidar y perdonar a los corruptos–, ¿otorgarle impunidad a Peña Nieto? ¿No serán sancionados en realidad Odebrech, la ‘Estafa Maestra’, el socavón del Paso Express, la ‘casa blanca’, César Duarte, Etileno XXI, OHL?”, se preguntó el mandatario.

Javier Corral arguye que el castigo de los delitos, desde una perspectiva penal y administrativa, no es una revancha política o un asunto personal, sino una obligación.

Si el nuevo Gobierno no se propone en serio combatir la corrupción y atajar la impunidad, cualquier política, programa o expresión social que plantee estará condenada al fracaso, no tendrá éxito, y entonces se puede complicar incluso todo lo demás, añade.

No obstante, el mandatario de Chihuahua estima que sólo se trata de una falta de claridad por parte de AMLO en el tema de combate de corrupción: “Hay mucha mucha confusión que es necesario aclarar”.

A Chihuahua, dice, le interesa conocer la posición de López Obrador porque la investigación del caso Duarte toca a altas esferas políticas y pone a personajes como Enrique Peña Nieto y Luís Videgaray Caso en el escenario de la operación fraudulenta y el desvió de recursos públicos del priista César Duarte.

“Es una investigación que en función del entramado que descubrió, coloca indiscutiblemente a Enrique Peña Nieto, también como uno de los responsables de estos desvíos multimillonarios. Si alguna investigación ha tocado a los altos niveles de la política en México, esa es la de Chihuahua. De ahí que a nosotros nos interese tanto la definición de López Obrador en este tema”, expone.

Corral Jurado denuncia que Peña Nieto, a través de su Gobierno, ha puesto en marcha toda una operación de protección a Duarte, quien tiene siete órdenes de aprehensión y éstas están detenidas en la Procuraduría General de la República (PGR).

“Está tratando [el aparato gubernamental federal] de conseguirle amparos al ex Gobernador –y lo están logrando–, para tratar de derribar esas órdenes de aprehensión en las solicitudes de extradición y que sólo se le pueda juzgar por otros delitos exclusivamente de la corrupción política local y del enriquecimiento ilícito del ex Gobernador del estado”, considera.

El mandatario insiste en el tema de las declaraciones de Pinchetti para afirmar que el representante de Morena se equivoca al decir que la persecución provoca un desgaste y derroche innecesario de energía. El pacto de impunidad que parte desde la Presidencia de la República es lo que dificulta la sanción y el combate a la corrupción política en México, afirma.

“Se equivoca mi estimado amigo, porque lo que nos ha hecho perder recursos y energía es que Peña Nieto ha blindado a César Duarte, no el empeño ni el profesionalismo de una Fiscalía que ha demostrado ante jueces locales la comisión de delitos por desvíos multimillonarios en Chihuahua, ese es el gran equívoco de esta visión”, asegura.

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–En relación a las declaraciones de Ortiz Pinchetti, ¿Qué impresión tiene sobre la postura que tendrá López Obrador en el tema de corrupción política?

–El discurso de López Obrador, en distintos ámbitos, ha sido que él no va a iniciar ninguna persecución judicial contra nadie y que serán las instituciones las que se encarguen de desahogar los asuntos que ya están planteados. En la Conago [Conferencia Nacional de Gobernadores] él así lo dijo: que los asuntos que ya estuvieran encaminados serían los que tomarían su curso, su trámite, también las [denuncias] que otras organizaciones y grupos de la sociedad. Pero que él, en lo personal, no haría ningún tipo de “persecución”. Yo quiero entender que él habla de no entrar en una cacería de brujas o en persecuciones de carácter político, porque el ejercicio y el cumplimiento de la Ley, en la persecución de los delitos, no depende de la voluntad del Presidente de la República y de si quiere o no hacerlo: está obligado a cumplir la Ley.

Sin embargo, desde Morena, personajes muy cercanos a López Obrador hablan de que él sí va a olvidar y perdonar a los corruptos.  Lo ha dicho en artículos publicados, por ejemplo, Ricardo Monreal; la mejor defensora de Alejandro Gutiérrez es Yeidckol Polevnsky Gurwitz y ahora un personaje muy identificado con López Obrador –por cierto muy amigo mío–, José Agustín Ortiz Pinchetti, salió a dar una escandalosa declaración, absurda, grotesca. Yo mismo me asombré cuando me platicaron. No lo podía creer. Lo primero que pensé es que alguien estaba usurpando a Ortiz Pinchetti.  Me resulta un absurdo plantear que la reconciliación nacional tenga como premisa el perdón y el olvido de los casos de corrupción porque es ir a contrapelo, en sentido contrario a una de las motivaciones más importantes que se expresaron en la elección del 1 de julio: el hartazgo frente a la corrupción política.  Esta grotesca concepción de la reconciliación lo que haría, de ser cierto, es perpetuar la injusticia. Porque el borrón y cuenta nueva no pudre los problemas o los elimina, al contrario, crecen. Y los raterillos, que son transversales a los partidos, los poderes de Gobierno y de la Unión, siguen viendo un aliciente de esa impunidad. Cuando el conjunto de esos raterillos saben que se perdona a los grandes ladrones de México en realidad es un aliciente.

¿Qué tanto y qué realmente piensa hacer López Obrador? ¿Es lo que dice José Agustín Ortiz Pinchetti? Si eso es cierto y si eso es lo que piensa López Obrador –olvidar y perdonar a los corruptos, ¿es otorgarle impunidad a Peña Nieto? Porque en el fondo  de esta cuestión, hay que decirlo con toda claridad, la gran pregunta es: ¿se van a quedar impunes EPN y su gobierno? ¿No serán sancionados Odebrech, la “Estafa Maestra’, el socavón del Paso Express, la “casa blanca”, la casa de Malinalco, César Duarte? ¿No serán realmente sancionadas Etileno XXI y OHL? El gran asunto es ver si puede haber reconciliación sólo con dosis de perdón y sin dosis de justicia.

Todas las transiciones de un régimen a otro o de una época a otra, sí han requerido dosis de perdón y de reconciliación pero también basadas en la justicia, porque ningún gobernante puede perdonar a nombre de las personas, de la sociedad y del pueblo, a quienes le causaron agravios en su patrimonio o en sus derechos humanos. ¿Lo  interesante es saber qué tan cerca está hoy José Agustín. Me llama mucho la atención, entiendo que está haciendo una interpretación de lo que ha platicado con él [con AMLO ] por eso es muy preocupante este hecho. De ser cierto, sería una traición a la voluntad popular del 1 de julio, sería muy desalentador no volver a contar con el Gobierno federal para el combate de la corrupción política. Porque nosotros continuaremos en ello. Nosotros tenemos un mandato popular claramente vinculado a un ofrecimiento de justicia para Chihuahua, en términos del resarcimiento del saqueo de los recursos públicos en Chihuahua. Hay un momento de mucha confusión en este tema del combate a la corrupción; mucha, mucha confusión que es necesario aclarar.

–¿Hay entonces un mal entendido con José Agustín?

–Es que no sé que está pasando con José Agustín. He llegado a pensar que ha perdido agilidad mental.

–Usted estuvo con López Obrador en días pasados, ¿le dio la impresión que el perdón y olvido protegerá a los corruptos?

–Yo no abordé propiamente el tema con él. No hablamos de los casos de corrupción política del gobierno anterior de Chihuahua [el de César Duarte] o del actual Gobierno federal [que encabeza Enrique Peña Nieto]. No hubo una especificidad en el detalle. Lo que sí percibo es falta de claridad por parte de él en el tema de corrupción política, porque el castigar los delitos, desde una perspectiva penal, administrativa y de recuperación de los recursos, no puede ser entendida como una revancha política o un asunto personal. La paz y reconciliación que quiere López Obrador sólo se podrá generar si realmente hacemos justicia a las víctimas de violencia y le regresamos a la gente el dinero robado, el dinero del saqueo, que además lo necesitamos para hacer muchas cosas. Yo sí percibo falta de claridad de él en este tema, pero tampoco creo que la interpretación que está haciendo Pinchetti sea la correcta, quisiera creerlo así.

–¿A qué atribuye esa ambigüedad en el tema de corrupción?

–Realmente no tengo una explicación. Durante la campaña varios advertimos que se había planteado un pacto de impunidad entre Peña Nieto y el entonces candidato [AMLO] que se supone debe de tener contraprestaciones y lo que no me cuadra es: ¿qué le debería o qué le debe López Obrador a Peña Nieto? ¡Nada! No lo necesitara para nada. El manejo que la PGR tuvo en la campaña para mermar la campaña de Ricardo Anaya, el uso faccioso de la PGR,  estuvo planteado para beneficiar a José Antonio Meade y bajar a Anaya. El gran beneficiario terminó siendo López Obrador. Pero ni siquiera eso. Yo no sé cual es la explicación de esto [la falta de claridad en el tema de corrupción] no la entiendo. Por eso quiero creer que a lo mejor es una estrategia del momento para tener una transición más tersa, un relevo más civilizado, coordinado y de mayor confianza, y poder llegar hacer ya en el Gobierno federal, desde el principio, acciones con mayor conocimiento y mayor información. A lo mejor es una estrategia de precaución en la transición. Obviamente yo voy a platicar con él [AMLO] del caso de Chihuahua. Hemos tenido un buen acercamiento durante su visita a Ciudad Juárez, hemos hablado fundamentalmente del tema de inseguridad, de violencia, de víctimas, de programas sociales, obras inconclusas en el estado, y ha sido un buen tono: franco y honesto. Sólo a Calderón le pareció indebido que nos acercaremos en ese tono; pero habrá el momento en que yo tenga que tratar eso  [el caso de Duarte] y la investigación profunda de corrupción, y lo voy a tratarcon absoluta claridad, franqueza y directamente, porque ahí está en la PGR todo el caso más lo que se va acumular en las siguiente semanas con relación al mismo ex Gobernador.

–De ser cierto,  lo dicho por Pinchetti, ¿cree que AMLO no va a facilitar la búsqueda y extradición de César Duarte?

–Se metería en un berenjenal. Hay una corriente muy importante en la expresión popular del 1 de julio en torno de la corrupción política del país. Simple y sencillamente traicionaría esta parte que concurrió de manera decidida a otorgarle su confianza. Pero no sólo ello: estoy seguro que cualquier expresión social y política que se plantee [en su Gobierno] si no se propone en serio combatir la corrupción y atajar la impunidad, estará condenada al fracaso, no tendrá éxito, y entonces se puede complicar incluso todo lo demás. Hay una concepción muy errónea en la declaración de José Agustín cuando dice es un error haber perseguido a César Duarte porque el Gobernador de Chihuahua ha perdido recursos y energía en esa persecución. Se equivoca mi estimado amigo, porque lo que nos ha hecho perder recursos y energía es que Peña Nieto ha blindado a César Duarte, no el empeño ni el profesionalismo de una Fiscalía que ha demostrado, ante jueces locales, la comisión de delitos por desvíos multimillonarios en Chihuahua. Ese es el gran equívoco de esta visión. Lo que dificulta la sanción y el combate a la corrupción política en México es el pacto de impunidad que parte desde la Presidencia de la República y corroe en muchos niveles de gobierno. Ese es el problema que hace que este tema se vuelva desgastante, no el tema en sí mismo.

–Sobre esta denuncia, que EPN obstruye la justicia, la investigación de la Fiscalía de Chihuahua no ha tocado a personajes de alto nivel, como un Manlio Fabio Beltrones, Beatriz Paredes, etcétera, ¿qué pasó con ello?

–Yo creo que al  contrario de esa visión, Chihuahua es el único estado del país que realmente tocó los altos niveles de la política nacional, porque Alejandro Gutiérrez no es ningún personaje menor. Es ni más ni menos que el ex Secretario General Adjunto del PRI nacional y el hombre clave en la operación y la comunicación política de Gobierno y partido, entre Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones. No es un personaje menor, se trata de un personaje clave en una operación de desvío multimillonario que no sólo ocurrió en Chihuahua sino en varias entidades del país. Y digo que es Chihuahua el único caso porque en todos los demás [donde se iniciaron procesos contra ex gobernadores] las investigaciones se quedaron encapsuladas en personajes de lo local, como si el raterío o rateriaje hubiera sido solamente para el disfrute personal del ex Gobernador, su familia y sus principales colaboradores, y no es cierto. Toda esa desviación de recursos públicos fueron mucho para favorecer a las campañas del PRI en otros estados y al PRI nacional.

Si alguna investigación toca a los altos niveles de la política en México, es la de Chihuahua. Y es una investigación que en función del entramado que descubrió coloca indiscutiblemente a Enrique Peña Nieto también como uno de los responsables de estos desvíos multimillonarios. El Presidente de la República no estuvo distante ni fue de su desconocimiento una operación como ésa, donde se trasladaron recursos federales de los estados para las campañas del PRI. No es ajeno, como no lo es el ex Secretario de Hacienda Luis Videgaray. Si alguna investigación ha tocado a los altos niveles de la política en México es la de Chihuahua. De ahí que a nosotros nos interese tanto la definición de López Obrador en este tema. Muchos estados quizá están festejando la declaración de Luis Pinchetti o esa ambigüedad con la que López Obrador se ha manejado en el tema de corrupción política. Para nosotros el tema del combate a la corrupción y el seguimiento del caso César Duarte definirá en mucho nuestra relación con el Gobierno de López Obrador, porque para nosotros es crucial el tema de recuperar el fruto de lo robado, porque son miles de millones de pesos los que están en juego, porque el proceso penal no sólo busca llevar a la cárcel a César Duarte: buscamos recuperar lo que se robaron.

–¿Qué falta para que se abran procesos contra esos altos funcionarios?

–Lo que falta es que efectivamente el Poder Judicial federal haga su parte en el caso de Alejandro Gutiérrez, porque atrajeron la investigación, nos quitaron la investigación a Chihuahua en una connivencia con la Procuraduría General de la República.  Esperaría a que el Ministerio Público federal, en una etapa nueva del país, actué realmente como el persecutor de los delitos y no como el protector de los delincuentes, que en este caso así han actuado. También lo que es muy importante es que se complete el proceso de extradición de César Duarte. El proceso es fundamental para el desahogo de muchos de estos procesos que siguen, porque el propio César Duarte ha sido clave.

¿Por qué ha sido tan protegido César Duarte por Peña Nieto? ¿Por qué en los demás casos rápidamente actuaron contra algunos ex gobernadores, los detuvieron e incluso les regresaron dinero? ¿Por qué esa actitud de Peña Nieto con otros Gobiernos y otros casos? ¿Por qué la diferencia con el caso de César Duarte? Porque nosotros no hemos querido negociar ni negociamos, y porque es claro que abrimos las  investigaciones para que se conociera el modus operandi de la corrupción política en México, que fue lo que ha puesto en evidencia el caso Chihuahua. Insisto: de ahí la importancia que para nosotros tiene la definición del Presidente electo en estos temas y porque están siete ordenes de aprehensión pendientes de procesar en la PGR y en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Las tienen detenidas porque están ahí los casos más relevantes en monto y en destino de los recursos públicos. Está tratando [el aparato gubernamental federal] de conseguirle amparos al ex Gobernador y lo están logrando, para tratar de derribar esas órdenes de aprehensión en las solicitudes de extradición y que sólo se le pueda juzgar por otros delitos exclusivamente de la corrupción política local y del enriquecimiento ilícito del ex Gobernador del estado. Eso es lo que ha estado en marcha en estos meses, es toda una operación de protección.

–¿Usted ve a AMLO persiguiendo penalmente a Enrique Peña Nieto?

–Eso es lo que no tengo claro.

–¿Por qué?

–Porque ahí sí ha habido muchas manifestaciones de él. En el caso de Peña Nieto ha habido más claridad al decir: “yo no voy a iniciar nada”. Ahora, López Obrador tampoco ha dicho que se va a oponer a quienes las iniciemos. No podría oponerse. Él ha dicho que la Ley será la guía; ha dicho que “nadie por encima de la Ley”. Pues no podría oponerse al desahogo o al desarrollo de estas  investigaciones, incluso habrá muchos grupos de la sociedad civil que se encarguen de llevar estas causas de corrupción política del Gobierno de Peña Nieto a tribunales nacionales e internaciones. Peña Nieto ha obstruido el acceso a la justicia en Chihuahua y, en ese sentido, si AMLO lo hace o no lo hace [investigar a EPN] será su decisión y tendrá su consecuencia, pero tampoco impedirá que otros lo hagamos.

–¿Y si cae en el mismo juego de obstaculizar?

–No veo eso porque es entrar en una profunda contradicción. No lo veo obstaculizándolos. No veo, sinceramente, que vaya a continuar el mismo ambiente de agresión, obstrucción y obstaculización a Chihuahua. Eso sí no lo veo.

–¿Se requiere ya un mensaje claro y contundente del Presidente electo sobre el tema de corrupción política?

–Claro que se requiere, porque ya inicia formalmente un proceso de entrega-recepción y uno de los asuntos más importantes del nuevo Gobierno federal es que debe revisar el estado y los términos en los que se han realizado los procesos de extradición por parte de la PGR y la SRE. Es fundamental que ese proceso de entrega-recepción dé cuenta no sólo del caso de César Duarte, hay decenas de solicitudes de extradición sobre distintos tipos de delincuentes. Saber cómo se han manejado las extradiciones, las solicitudes, y dónde  están los documentos y expedientes en fundamental. No vaya a ser que al rato se diga que la nueva administración desapareció documentos, pruebas, expedientes, elementos, o que lo plantearon mal, lo hicieron indebidamente. Es uno de los temas más importantes de la transición del proceso, formalmente hablando.

–¿Qué opina sobre la postura del nuevo Gobierno en el tema de la Fiscalía Anticorrupción?

–Yo creo que ahí se tiene que avanzar hacía una verdadera independencia del Ministerio Público, particularmente en el tema de la Fiscalía Anticorrupción. En el tema de la Fiscalía Anticorrupción se tiene que asegurar una independencia, una autonomía y una desvinculación con el Presidente de la República. Esto lo digo con asidero jurídico y político: Chihuahua es el primer estado, de todo el país, que promovió una Reforma Constitucional de carácter local para que el nombramiento del  Fiscal Anticorrupción ya no dependiera el Gobernador del Estado.