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De acuerdo con el Gobierno federal, el Tren Maya cuenta con una inversión de alrededor de 200 mil millones de pesos para construir cerca de mil 554 kilómetros de ferrocarril en los cincos estados del sureste.
A casi 10 horas de que la Gobernadora de Campeche Layda Sansores publicó una serie de conversaciones vía WhatsApp que sostuvieron Alejandro Moreno Cárdenas y Lorenzo Córdova Vianello, el Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) se justificó diciendo que “es normal y obligado en una democracia”.
En un nuevo audio, Sansores reveló supuestamente al dirigente nacional priista de shopping en una agencia de autos de lujo, donde pide modificaciones personalizadas y califica los vehículos como «juguetotes».
Alejandro Moreno Cárdenas enfrenta ahora a la justicia de Campeche, estado del que fue Gobernador entre 2015 y 2019, luego de que la Fiscalía pidiera a la Cámara de Diputados su desafuero para proceder penalmente en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito. Esta investigación, se suma a los señalamientos que ha enfrentado como dirigente del PRI.
El dirigente nacional del PRI denunció en un video que tanto él como su familia han sido presuntamente perseguidos, amenazados y espiados; la Fiscalía de Campeche abrió una investigación en contra de Alejandro Moreno Cárdenas por supuesto enriquecimiento ilícito.
La mandataria de Campeche informó que la transmisión del programa «Martes del Jaguar» será desde su casa y a través de sus redes personales después de que, tras una suspensión emitida por un Juez federal, éste no contemplara las cuentas de Layda Sansores.
«La suspensión ilegal de Nuevo León ya se tiró, falta una», comentó la Gobernadora de Campeche en relación a la medida cautelar que tumbó un Tribunal Colegiado en Nuevo León para que la morenista dejara de difundir audios del dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.
Un Tribunal Colegiado en Nuevo León revocó este lunes la suspensión que impedía a la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, difundir audios sobre el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, que le había otorgado un Juez federal.
La Gobernadora dijo que impugnaría la decisión del Juez por frenar las difusiones de audios sobre «Alito».
El líder priista deberá de precisar diversos aspectos de la demanda de amparo interpuesta en contra de una alerta migratoria emitida por las autoridades de Campeche, quienes actualmente lo investigan por presunto enriquecimiento ilícito.
Las legisladoras del partido tricolor acusan a Layda Sansores de incurrir en violencia de género y delitos por posesión de material íntimo, pues consideran que pudo haber una obtención ilegal de fotografías privadas.
Desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal recordó que hasta donde tiene información del caso, hay una investigación abierta en contra de Moreno Cárdenas en Campeche, la cual surgió a raíz de una denuncia de la Fiscalía General del Estado (FGE).
El Instituto Nacional de Migración (INM) confirmó este domingo la revisión migratoria que se realizó a Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en cumplimiento a una solicitud de las autoridades de Campeche.
Ante la publicación de un nuevo audio de Alejandro Moreno y los recientes trabajos de diligencia realizados en la mansión del dirigente nacional del PRI, el Grupo Parlamentario de dicho partido sentenció que Morena busca «silenciar a la oposición», acusando a Layda Sansores y Renato Sales de espionaje y tiranía.
Alejandro Moreno Cárdenas anunció hace más de medio año su aspiración de ser candidato presidencial. Sin embargo, en todo este tiempo se han cruzado malos resultados, señalamientos dentro del PRI y acusaciones de corrupción que lo han alejado de su objetivo de figurar para 2024.
Layda Sansores, Gobernadora de Campeche, confirmó que la Fiscalía realizó una diligencia de cateo a la residencia de Alejandro Moreno Cárdenas, la cual estuvo previamente autorizada por un Juez. En su red social, detalló que el proceso «se desahogó en todo momento en presencia del abogado defensor, respetando el debido proceso del indiciado».