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A menos de tres meses de que termine la administración de Enrique Peña Nieto, los casos de corrupción no han dejado de aparecer.

En lo que va septiembre, la decisión de una jueza casi otorga la libertad al priista Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, investigado por desviar 250 millones de pesos del erario de Chihuahua para financiar campañas electorales, en presunta colusión con el entonces Gobernador César Duarte Jáquez, ahora prófugo de la justicia.

El domingo pasado, la revista Proceso publicó la forma en que Miguel Ángel Mancera Espinosa y su equipo más cercano se hizo de una fortuna en propiedades, y el diario Reforma reveló ayer, con datos de la Auditoría Superior de la Federación, cómo la Sedesol y la Sedatu transfirieron a 10 domicilios mil 900 millones de pesos, todo durante la gestión de Rosario Robles Berlanga.

Aunque se percibe una especie de limbo político en esta transición –a la que le faltan ya 82 días–, hay un Poder Legislativo ya se instalado y que podría no sólo enviar señales de cambio verdadero, sino que puede actuar desde ya para investigar estos actos, coincidieron analistas. Además, dijeron, ese Congreso está en su mayoría integrado por elementos de Morena, lo que facilitaría aún más comenzar la prometida batalla contra la corrupción en México.

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).- El pasado lunes, representantes de la sociedad civil y legisladores del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) presentaron la Ley Orgánica de la Fiscalía General, la cual busca acabar con la impunidad, reconfirmar la idea de justicia en México y avanzar hacia la elección del Fiscal General de la República y de las fiscalías especializadas.

A la par, los casos que esa Ley Orgánica debe abordar, se fueron acumulando. En lo que va de septiembre, Alejandro Gutiérrez, acusado del desvío de 250 millones de pesos del erario de Chihuahua estuvo a punto de obtener su libertad; el domingo pasado, la revista  Proceso publicó un reportaje en el que exhibe las propiedades que adquirió el ex Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y su equipo más cercano, durante su administración. El día de ayer, con base en las revisiones de la Auditoría Superior en la Federación (ASF), el periódico Reforma publicó el desvío de mil 900 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

De acuerdo con académicos y expertos, ya con el Congreso instalado se podría pasar de los dichos a los hechos y llamar a cuentas a cualquier político que esté involucrado en actos de presunta corrupción, sobre todo cuando en el Poder Ejecutivo está el periodo de transición.

Este martes, un nuevo informe de Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional sobre los niveles de cumplimiento de la Convención de la OCDE en la lucha contra la corrupción, identificó a México en el grupo de países con niveles mínimos o nulos de cumplimiento.

El informe destacó, en su apartado para México, lo que será el principal reto para la nueva administración federal: que la Fiscalía General que está por nacer tenga la independencia necesaria para investigar a funcionarios o empresas sin importar su nacionalidad o nivel de influencia política. La nueva Fiscalía General será la responsable de utilizar esta Convención para investigar y perseguir casos de corrupción trasnacional.

“Lo que distingue a un país bien evaluado en el cumplimiento de la Convención OCDE es el trabajo que realiza su Fiscalía y, por supuesto, que al final de la investigación, una sanción en firme sea aplicada por un juez. A casi 20 años de la ratificación en el Senado de esta Convención por parte de México, esto nunca ha ocurrido”, señaló Transparencia Mexicana.

En entrevista con SinEmbargo, analistas coincidieron en que en  el Congreso la fiesta por la victoria ya se acabó y que se podrían tomar cartas en estos asuntos, si es que se quiere impulsar el cumplimiento de la promesa que llevó, en gran medida, a Morena a la victoria: el combate a la corrupción y a la impunidad.

De acuerdo con Eduardo Espinosa, Coordinador del área legal del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), desde el punto de vista jurídico, puede decirse que las instituciones que están a cargo de la justicia en México siguen trabajando a pesar de que exista una transición en el Ejecutivo, lo que no supone la falta o ausencia de la autoridad, pero hay un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que no se aplica y aún no hay un nombramiento de un Fiscal General.

Alejandro Guillén Reyes, investigador de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) dijo que el Congreso ya tendría que estar trabajando y revisar si se está aplicando o no el SNA, independientemente de que aún no entre el nuevo gobierno, “la fiesta ya se acabó. Esa nueva legislatura ya tiene que estar en esa sintonía. Tienen que mandar señales, una señal política de que todos tienen que rendir cuentas y aclarar esos asuntos que son bochornosos y que además, se vea que las instituciones están trabajando”.

Mariana Campos de México Evalúa coincidió: “El Congreso puede llamar a cuentas a cualquier Secretario, el Gobierno de Enrique Peña Nieto sigue en funciones, por lo que se espera que el Congreso no priista llame a cuentas a los responsables que siguen en funciones”.

Para Guillén Reyes, la situación sobre el tema de la corrupción es preocupante y en las elecciones de este año se envió un mensaje muy claro en el sentido de que la gente votó por una opción que entre otras cosas prometió combatir la corrupción y la impunidad y esa fue una de las razones principales por las que la gente votó por Andrés Manuel López Obrador y también le dio en el Congreso una mayoría para que pudiera hacer muchas cosas.

“La intención de la gente de darle todos estos instrumentos es para que lleve a cabo o cumpla con su promesa de campaña, que es combatir la corrupción […] El Congreso tiene que ponerse a trabajar ya en el nombramiento del Fiscal Anticorrupción. Que haya una propuesta formal de quién lo encabezará. En el corto plazo, si continúa la incertidumbre de si se va a proceder o no con respecto a los escándalos de corrupción, el bono democrático se seguirá desgastando y será trágico para México que un personaje como López Obrador, que ha levantado tanta expectativa y por el que la gente votó porque necesitaba algo diferente a lo que hicieron PRI y PAN en esta materia, entonces el que no mande señales concretas, terminará por desgastar aún más el bono”, añadió.

DE LOS SEÑALAMIENTOS A LAS ACCIONES

La académica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Claudia Aldana González, comentó que el poder que tiene ya la mayoría en el Congreso, no tiene solo que enviar señales claras, sino tener un aparato legal que pueda actuar legítimamente y no dejar impunes estos casos.

“Estamos en un vacío de poder porque a la antigua cabeza ya no se le tiene el más mínimo respeto y la nueva todavía no puede empezar a actuar”, agregó.

En este sentido, Espinosa sostuvo que no debería debe existir ese limbo generado el 2 de julio y que puede extenderse hasta el 1 de dociembre.

“Si bien políticamente parece que lo hay, el caso de Sedatu lo lleva la ASF, es quien hizo los reportes y deben ser los encargados ese llevar una acción penal si así lo consideran. No lo sabemos aún, sólo que ellos concluyeron que sí hubo un desvío e hicieron análisis para llegar a esa conclusión, pero son ellos los que tienen que tomar la acción penal. Si la ASF es muy cercana a las cámaras, ésta puede actuar aunque Andrés Manuel no esté en el poder”, señaló.

Sobre el papel o responsabilidad del Congreso, dijo que éste tiene una agenda muy clara de cuáles son sus prioridades y hasta el momento, estos temas recientes no han figurado en lo absoluto.

“Técnicamente lo que pueden hacer es un juicio político porque la Constitución nos dice que se puede hacer durante el cargo o hasta un año después que lo hayan concluido, pero no se ven esas intenciones porque tienen una agenda muy marcada y es a la que se están ciñendo”, agregó Espinosa.

Por su parte, Juan Luis Avendaño, académico de la Universidad Iberoamericana, comentó que parte del problema es el largo periodo de transición “que justamente se presta a este tipo de aberraciones de gobernabilidad y de corrupción porque el gobierno saliente tiene cinco meses para desaparecer expedientes, para arreglar sus futuros. Tiene cinco largos meses para trabajar en la limpieza de expedientes”.

El politólogo prevé una Procuraduría General de la República (PGR) que se enfocará en

sacar del atolladero a distintos personajes que están acusados de corromper instituciones o de desviar recursos públicos a campañas, como el caso de Gutiérrez en Chihuahua y tampoco vislumbra una investigación seria sobre los casos que ya acumula Rosario Robles.

“Claramente hay una sistemática e institucionalizada obstrucción de la justicia. Es parte de este sexenio fallido que tuvimos en México y que fue reprobado en las elecciones por los electores”, añadió.

LOS ÚLTIMOS CASOS PREVIO AL CAMBIO DE GOBIERNO

–ROSARIO ROBLES

Rosario Robles Berlanga, titular de la Sedatu, rechazó las acusaciones en su contra. Foto: Victoria Valtierra, Cuartoscuro.

Durante la gestión de Rosario Robles Berlanga al frente de las secretarias de Desarrollo Social (Sedesol) y la de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) se detectaron más de 700 millones de pesos transferidos en efectivo a diez domicilios, a través de una triangulación de depósitos y mediante el servicio de Tameme, Cometra y Panamericano, reveló este martes el diario Reforma.

El dinero en efectivo, que fue repartido entre diciembre de 2014 y diciembre de 2017, se añade a las anomalías que detectó la ASF sobre 76 empresas presuntamente beneficiadas por contratos de servicios.

El día de ayer, la titular de la Sedatu, rechazó las acusaciones de desvíos y pidió que se investigue.

“Una vez más se involucra mi nombre en acusaciones sin pruebas. Refrendo mi compromiso con la transparencia, insisto, que se revisen y continúen las investigaciones pertinentes para que se deslinde o se castigue cualquier responsabilidad”, escribió en su cuenta de Twitter.

–MIGUEL ÁNGEL MANCERA

Miguel Ángel Mancera no se ha pronunciado por el reportaje de Proceso donde se le acusa de acumular propiedades. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro.

Este fin de semana la revista Proceso publicó que Miguel Ángel Mancera, Senador de la República y ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y los hermanos Julio César y Luis Ernesto Serna Chávez comparten el gusto por la acumulación de bienes inmuebles. Y hasta antes de que Mancera pidiera licencia a su cargo en la capital del país, los tres poseían un patrimonio inmobiliario de más de 130 millones de pesos.

La investigación detalló que en la recta final del Gobierno de Mancera, él y Luis Ernesto, quien fungió como su secretario particular, obtuvieron más propiedades, sobre las cuales no rindieron cuentas y tampoco las registraron a sus nombres.

Del total de las propiedades reconocidas oficialmente por los tres, la mayoría son de Mancera e incluyen locales comerciales; sin embargo, el valor y la fastuosidad de las de Luis Ernesto superan por mucho las del ex jefe de Gobierno. Indica que, hasta 2016, el valor catastral de las propiedades de Mancera era de 43.5 millones de pesos, y las de Luis Ernesto eran de 77.9 millones.

Hasta el momento, Miguel Ángel Mancera no ha desmentido ni afirmado la investigación de Proceso.

-CASO CHIHUAHUA 

En la imagen, Alejandro Gutiérrez durante su audiencia en Chihuahua. Foto: Vanguardia.

Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario del PRI, es otro de los casos de corrupción en este sexenio. Preso desde diciembre de 2017 en el Cereso Estatal 1 en Aquiles Serdán, enfrenta dos procesos penales de presunto peculado agravado.

El primer caso es del ámbito federal por 250 millones de pesos, de los cuales 246 millones supuestamente se triangularon desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante la administración del ex Gobernador César Duarte Jáquez –prófugo de la justicia–,y que fueron entregados al PRI para las campañas de 2016.

La segunda acusación es en el ámbito local por recibir mediante otra compañía un millón 740 mil pesos por servicios que, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, nunca prestó.

La Fiscalía de Chihuahua busca juzgarlo ante la desconfianza que tiene hacia la PGR. Abiertamente el Gobernador Javier Corral Jurado mantiene un enfrentamiento con el Gobierno de Peña Nieto, a quien acusa de pretender dejar en la impunidad el caso contra César Duarte.

El día de ayer, por ejemplo, se dio a conocer que un Juez de Control local revocó la prisión preventiva a Gutiérrez y le impuso como medida cautelar un brazalete en la pierna, una fianza de un millón de pesos y la prohibición de salir de la Ciudad de Chihuahua.

Pese a la resolución del juez, Gutiérrez seguirá preso porque el sobreseimiento del caso federal de la triangulación de los 250 millones de pesos no ha sido resuelto.