Entre enero y octubre de este año, el gasto aprobado (por contrato) de las 18 secretarías de Estado se concentró en bienes y servicios de obra pública, así como en bienes y servicios médicos y de laboratorio. Esto es diferente a lo que ocurrió en el mismo periodo de 2013, cuando las secretarías dieron prioridad a las obras públicas, pero también a los consumibles y servicios de oficina.
El gasto de las secretarías en 2019 ha sido congruente con la política de austeridad de la 4T. En comparación con 2013, durante el primer año del sexenio pasado, los gastos más superficiales (eventos, obsequios, propaganda, vestuario, viáticos, entre otros) fueron 58.5 por ciento inferiores, indican datos oficiales.
Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).- El gasto de las secretarías de Estado no es el mismo que hace seis años. La lista de contratos públicos de este año no refleja lo mismo que apareció en el gasto gubernamental durante el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto: regalos, renta de camionetas blindadas, festejos al por mayor y maquillaje con cargo al erario público, por mencionar algunos ejemplos.
Entre enero y octubre de este año, las 18 secretarías que dependen del Poder Ejecutivo Federal aprobaron al menos 6 mil 213 contratos públicos por 37.6 mil millones de pesos, de acuerdo con el registro de fallos del portal de compras gubernamentales CompraNet.
La mayor parte del dinero (68.3 por ciento) fue utilizada para bienes y servicios de obra pública, ya fuera de infraestructura o de programas sociales.
En comparación con los 6 mil 810 contratos aprobados en los primeros 10 meses de 2013, el gasto en obra pública fue 33.4 por ciento mayor.
Entre las grandes diferencias con el gasto de hace seis años, también estuvo el aumento (45 por ciento) al presupuesto destinado a bienes y servicios médicos y/o de laboratorio, así como la reducción (-83.2 por ciento) al gasto en consumibles y servicios de oficina.
La redistribución del gasto en contratos públicos en lo que va de este año es consistente con la política de austeridad del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Aunque la medida ha sido bien recibida por una amplia mayoría de la población mexicana –57 por ciento, de acuerdo con una encuesta de agosto de El Financiero–, los ahorros contrastan con el grado de inversión pública que, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y el Inegi, es menor al de años previos.
Por un lado, el gasto capital –o de inversiones gubernamentales que incrementan el patrimonio público– equivalió al 2.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) durante los primeros nueve meses de 2019.
Este grado de inversión es menor al registrado en el mismo periodo de 2013 (3.4 por ciento del PIB) y también es inferior al gasto capital de los primeros nueve meses de 2018 (2.6 por ciento del PIB).
En septiempre, AMLO (der.) dijo que durante el sexenio de EPN (izq.) hubo gastos de “vanidad” que en 2017-18 costaron cerca de 1.3 mdp en productos higiénicos, durante dos viajes presidenciales. Foto: Cuartoscuro.
Además, la inversión pública –medida a través de la formación bruta de capital fijo– al segundo trimestre de 2019 (dos por ciento del PIB) fue menor a la registrada durante el mismo periodo de 2013 (4.4 por ciento del PIB) y 2018 (2.4 por ciento del PIB).
En economía, uno de los principales factores para incentivar la inversión privada es el aumento de la inversión pública. De modo que cuando el gasto de gobierno se contrae, por lo general, el gasto privado va a la baja y la productividad nacional se estanca, sufre de una desaceleración o de una recesión económica.
Algunos analistas económicos refieren que un reto del Gobierno de AMLO será mantener la austeridad republicana sin sacrificar la inversión pública.
Para que el PIB de México crezca a un promedio anual de 3.8 o cuatro puntos porcentuales, la inversión total (pública, privada y extranjera) deberá equivaler al 24 ó 25 por ciento del PIB –en lugar del 21 por ciento actual– , dijeron a SinEmbargo (2018) los doctores en economía Luis Foncerrada Pascal y José Nabor Cruz Marcelo.
El gasto en inversión y la eliminación de “grandes excesos de gasto público en gasto corriente”, junto con medidas de responsabilidad fiscal y de endeudamiento, además de la implementación de programas regionales de desarrollo económico, subsanarán parte del déficit económico gubernamental y encaminarán al país por buen rumbo, explicaron ambos analistas económicos.
NO ES LO MISMO
Entre enero y octubre de 2013, las 18 secretarías de Estado adjudicaron de manera directa el 16.2 por ciento de los contratos otorgados a privados, por un monto superior a 6.2 mil millones de pesos.
En cambio, en los primeros 10 meses de 2019, las secretarías de Estado adjudicaron el 0.001 por ciento de los contratos aprobados durante el periodo, por un monto de 304 mil 602.04 pesos.
El grado de licitaciones públicas entre uno y otro año también varió.
En 10 meses de 2013, el 62 por ciento de los contratos aprobados fue otorgado por concurso. Seis años más tarde, el 84 por ciento de los contratos fue otorgado por licitación pública.
Más allá del cambio en el tipo de procedimiento de contratación, la austeridad del Gobierno de AMLO se vio reflejada en algunos rubros presupuestarios.
Por ejemplo, hasta octubre del primer año de mandato de Peña Nieto, las secretarías de Gobernación (Segob), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y del Trabajo y Previsión Social (STPS) erogaron más de 11.7 millones de pesos en fiestas relacionadas con días festivos no oficiales.
En ese mismo periodo de 2019, la STPS y las secretarías de Bienestar, Cultura, Educación Pública (SEP) y Relaciones Exteriores (SRE) erogaron casi 3.3 millones de pesos en celebraciones y festejos no oficiales.
La SEP también gastó 135 mil 164.08 pesos en maquillaje, un gasto no reflejado en lo que va de este año.
Pese a los ahorros, existen contrastes entre uno y otro inicio de sexenio.
En 2013, a estas alturas del año la SRE ya había erogado más de 1.3 millones de pesos en obsequios del día del padre y de la madre. Esta dependencia de gobierno también gastó 49 mil 500 pesos en carteras promocionales y 439 mil 104.37 pesos en juguetes para días festivos.
La SRE no tiene registro de este tipo de contratos en 2019, pese y a que existen algunos vigentes aprobados en años anteriores. Sin embargo, la Segob y la STPS gastaron poco más de 1 millón de pesos en juguetes durante los primeros 10 meses de este año.
Entre los gastos que destacan asimismo están los contratos relacionados con vehículos blindados.
Por un lado, entre enero y octubre de 2013, tres secretarías de Estado erogaron 454 mil 318 pesos en el rubro: 172.4 mil pesos de Segob para mantener sus vehículos blindados, más de 255 mil pesos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para el arrendamiento de una camioneta blindada, así como 27 mil pesos en compra de llantas blindadas de la Secretaría de Salud.
En cambio en lo que va de este año, la Secretaría de Economía gastó casi 690 mil pesos en mantenimiento de vehículos blindados.
PRIORIDADES Y GASTO
Durante los primeros 10 meses de este año, el 86 por ciento del gasto aprobado por contrato público estuvo concentrado en bienes y servicios para obra pública (68.3 por ciento); bienes y servicios médicos y/o de laboratorio (8.4 por ciento); dictámenes, estudios y seguimiento de proyectos (5.1 por ciento); y servicios profesionales especializados (4.2 por ciento).
Seis años antes, el 82.4 por ciento del gasto en contrataciones estuvo concentrado en obra pública (51.2 por ciento); bienes y servicios de oficina (16.1 por ciento); servicios profesionales especializados (9.3 por ciento); y bienes y servicios médicos y/o de laboratorio (5.8 por ciento).
Entre 2013 y 2019, los gastos que han permanecido prácticamente igual –como porcentaje del gasto total en contrataciones– son aquellos en materiales y refacciones (tres contra 3.3 por ciento), así como en bienes y servicios para vehículos y/o maquinaria (2.5 contra 2.6 por ciento).
También hubo otros gastos importantes que tuvieron variaciones considerables.
El gasto en alimentos, bebidas y/o vales de despensa fue recortado en un 81.5 por ciento entre 2013 y 2019. Asimismo, las erogaciones para viáticos y/o transporte de personal (-69.2 por ciento), arrendamientos y seguros (63 por ciento), así como el de eventos oficiales (-58.3 por ciento) fueron a la baja.
En contraste, la inversión en dictámenes, estudios y seguimiento de proyectos de 2019 fue 113 por ciento superior a la de hace seis años.
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no tuvo los ingresos presupuestarios que pensó que tendría en 2019. Por ello, anunció que cubrirá el déficit presupuestario con dos fondos de ahorro (FEIP y FEIEF) que le permitirán jinetear el gasto público en un entorno de estancamiento económico.
Para el final de este año, estos fondos –acumulados durante los últimos 19 años– podrían sufrir una reducción de 58 por ciento, con erogaciones cercanas a 144 mil millones de pesos. Sin embargo, estos recursos, que debieran servir para impulsar la inversión y la productividad nacionales, podrían ser malgastados en programas y proyectos de “dudosa viabilidad”, según especialistas.
Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- En los últimos 19 años, los fondos del Gobierno federal para cubrir boquetes presupuestarios pasaron de ser una caja de ahorro para emergencias, a ser una caja chica de gastos en su mayoría opacos, plantean datos oficiales.
El Gobierno federal tiene un “colchón” para cubrir la falta de ingresos. Ese “guardadito” le permite gastar lo que debe cuando su presupuesto se queda corto.
Existen dos principales “fondos de estabilización de los ingresos”. Uno que sirve para compensar la falta de ingresos del Gobierno federal (FEIP), y otro que sirve para compensar la falta de ingresos en las entidades federativas (FEIEF).
Este año, el Gobierno federal –incluidos los estados de la República Mexicana– tuvo menores ingresos que los calculados. Las cifras de la la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indican que dicha diferencia es de casi 1.9 billones de pesos y que, al tercer trimestre de 2019, ya le hacen falta más de 210.5 mil millones de pesos para cubrir sus gastos.
Debido al clima de recesión económica internacional, que le dio un resfriado a la economía de México, el Gobierno federal anunció que utilizará 120 mil millones de pesos del FEIP, para compensar la falta de ingresos petroleros de este año. Esto además de los casi 23 mil millones –del FEIP y del FEIEF– a los que ya echó mano para evitar un déficit fiscal más grave.
Lo anterior implica que al final de este año, el Gobierno federal habrá reducido el ahorro de los últimos 19 años en 58 por ciento, considerando que en ese periodo, dichos fondos fueron triplicados (aún con la reducción de 75.4 por ciento que sufrieron entre 2007 y 2012).
En marzo, el hoy titular de la SHCP, Arturo Herrera Gutiérrez, dijo que el FEIP sería utilizado para rescatar a Pemex y que, a lo largo del sexenio, este fondo será “contracíclico”. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro.
De acuerdo con México Evalúa, aunque este tipo de fondos están para casos de emergencia como el actual, su uso es consistente con la falta de ahorro por parte del Gobierno federal.
En su estudio “Descifrando la caja negra del gasto” de 2014, el centro de análisis de políticas públicas determinó que a lo largo de los años, “el FEIP perdió su identidad y dejó de ser un fondo de ahorro para convertirse en uno de gasto”.
México Evalúa también determinó que el manejo de dicho fondo “ilustra los problemas de transparencia y rendición de cuentas en los ingresos extraordinarios que recibe el gobierno”, ya que no cuenta con “mecanismos explícitos” de asignación de recursos, además de que el gobierno no garantiza que los recursos sean utilizados para proyectos productivos.
EL BOQUETE ACTUAL
Las cifras del Gobierno federal indican que al cierre de 2019, la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habrá erogado casi 144 mil millones de pesos del FEIP y del FEIEF.
Dicha cantidad es equiparable a la tercera parte del uso total de estos fondos por parte del Gobierno federal, durante 2007-2012 (432.3 mil mdp) y 2013-2018 (460 mil mdp).
Con respecto al uso del FEIP, el jefe de la Unidad de Planeación Económica de la SHCP, Alejandro Gaytán González, indicó en octubre que los recursos serán utilizados para impulsar la inversión pública y que, si se llegaran a agotar, “se recorta[rá] el gasto” gubernamental.
Lo anterior se da en un contexto en que los datos oficiales preeliminares para 2019 indican que la inversión pública, privada y extranjera directa fueron a la baja en 14, 13.4 y 33 por ciento real en comparación con las cifras al cierre de 2018.
Esto es que, mientras que el año pasado las inversiones fueron equiparables al 22.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), en lo que va de este año han sido equiparables al 21.1 por ciento.
Aunque la inflación y el endeudamiento de México están controlados por el momento, además de que el país cuenta con fondos de estabilización y reservas internacionales que protegen las finanzas nacionales, el problema es que México sigue teniendo una baja productividad, con programas y estrategias de inversión que aún son insuficientes para reducir los altos niveles de pobreza y desigualdad, indican las recomendaciones de los “Estudios Económicos de la OCDE: México 2019”.
Por un lado, existen proyectos de inversión –como la “inviable” Refinería de Tula, según el Instituto Mexicano del Petróleo– que no alientan a la inversión privada. Y por otra parte, existe continuidad de programas sociales con problemas en el alcance de sus metas, bajo nivel de cobertura e incapacidad para resolver los grandes rezagos públicos (INDEP 2019).
Para algunos analistas económicos –como la ex presidente de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, Soraya Pérez– el uso de recursos extraordinarios (como los fondos) para programas y proyectos de “dudosa viabilidad” no son una solución efectiva para resolver los boquetes económicos del país, sobre todo considerando que la actual administración no ha podido alcanzar su propia meta de recaudación por “malas decisiones de política pública”, además de que existe un subejercicio acumulado de más de 80 mil millones de pesos en Pemex y sectores como el de educación y salud.
Sin embargo y de acuerdo con la agencia calificadora HR Ratings, lo mejor que puede hacer el Gobierno federal es utilizar los fondos para sanear las finanzas públicas de empresas productivas del Estado, como en el caso de Pemex.
LA CRISIS DEL AHORRO
En los últimos 20 años fue común que el Gobierno federal recaudara menos de lo que estimó cada año, y casi siempre –salvo por 2006 y 2007– su balanza fiscal mostró números rojos, de acuerdo con cifras de la Ley de Ingresos, los Presupuestos de Egresos de la Federación y la SHCP.
Durante ese periodo de tiempo, el ahorro corriente del sector público se estancó y la deuda pública fue en aumento.
Durante el Gobierno de Vicente Fox Quesada (2000-2006) el ahorro se duplicó (pasó de 1.2 a tres puntos del PIB) y la deuda pública decreció (pasó de 19.9 a 18.7 puntos del PIB).
Con Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) el ahorro decayó a dos puntos del PIB y la deuda fue duplicada (pasó de18.7 a 33.8 puntos del PIB).
En los años de mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018) el ahorro del sector público volvió a caer (pasó de dos a 1.2 puntos del PIB) y la deuda pública explotó (cerró 2018 equivaliendo al 46.1 por ciento del PIB).
Para el tercer trimestre de 2019, ya con AMLO en el poder, el ahorro del sector público fue equiparable a los niveles del año 2000 (1.3 por ciento del PIB) y la deuda pública se mantuvo casi igual que en el último año de Peña Nieto (45.8 por ciento del PIB).
La crisis de ahorro no sólo fue visible en la economía general del país. Los fondos FEIP y FEIEF también tuvieron problemas para incrementar su saldo disponible como proporción del PIB nacional.
Con Fox, el FEIP pasó de 0.1 a 0.2 puntos del PIB. Con Calderón esta proporción decayó y regreso al 0.1 por ciento, pero con Peña avanzó y creció hasta equipararse al 1.2 por ciento del PIB. En los primeros tres meses del año en curso, no obstante, el saldo disponible de este fondo se redujo en 0.1 puntos del PIB.
En el caso FEIEF, que fue creado en 2006, las cifras oficiales indican que hubo un ligero aumento: aunque entre 2007 y 2012 pasó de 0.2 a 0.1 puntos del PIB, para el tercer trimestre de 2019 tuvo un porcentaje similar al del cierre de 2018 (0.4 puntos del PIB).
El crecimiento económico de México está estancado y el pronóstico más optimista para este año ronda entre los 0.5 y los 0.1 puntos porcentuales. Aunque la situación actual es consistente con el clima de recesión internacional, en los últimos 19 años los gobiernos de México han batallado para sacar adelante a la economía nacional.
Entre 2000 y 2018, la desaceleración del mercado interno y los obstáculos de la economía global trajeron consigo momentos de tensión económica, inclusive habiendo dos años (2001 y 2009) con déficit de crecimiento.
Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).- La economía mexicana se ha desacelerado en 2019, mientras que en el contexto internacional se avecina un clima de recesión o estancamiento económico.
Las cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) indican que durante el primer trimestre de este año, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) dio marcha atrás en 0.3 por ciento con respecto al cuarto trimestre de 2018. Asimismo, el PIB del tercer trimestre de 2019 fue 0.4 por ciento menor al del tercer trimestre de 2018.
El estancamiento económico se debió, principalmente, a la falta de crecimiento de las actividades secundarias (industria y construcción) del país.
La situación de estancamiento económico no es particular de este sexenio y se ha repetido en los últimos 19 años, en momentos en que el entorno internacional fue difícil.
En el sexenio de Vicente Fox Quesada, en los años 2000, 2001, 2002 y 2004 hubo siete trimestres en que el crecimiento económico fue negativo. Ello ocurrió en momentos de desaceleración económica global, que empezó a menguar a partir del 2002.
Inclusive, durante el primer año de gobierno de Fox, la variación anual del PIB fue negativa (-0.4 por ciento).
De acuerdo con CIBanco, el gran reto de AMLO será dar certeza de respeto a los contratos, además de que el gasto público y la inversión empiecen a fluir de forma significativa. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro.
Lo mismo sucedió durante los años de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Entre 2008 y 2009, el crecimiento económico de México se contrajo, sobre todo por la crisis mundial a partir del colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos.
Como consecuencia, el PIB mexicano se desaceleró entre 2006 y 2009, año en que el crecimiento económico mexicano volvió a ser negativo (-5.3 por ciento).
La economía de México batalló por salir a flote durante el calderonismo, y al final de su sexenio, la economía pareció asomar la cabeza, cerrando 2012 con un crecimiento de 3.6 por ciento.
Sin embargo, los tropiezos económicos no tardaron en llegar. La transición de gobierno, como es usual, golpeó la economía. Pero a lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto la economía tuvo cuatro trimestres con crecimiento negativo, en los años 2013, 2015, 2017 y 2018.
Fue durante esos años, entre 2014 y 2016, que la economía internacional se vio golpeada por la caída del precio internacional del petróleo.
PROMESAS Y REALIDAD
El crecimiento económico de México es como la piedra de Sísifo: los políticos prometen llevarla a la cima, pero antes de llegar a ella se les viene encima y rueda cuesta abajo. Esto ha venido pasando en el país durante los últimos 19 años.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la economía nacional crecería al cuatro por ciento anual, en promedio, durante su sexenio. Esto implicaría un crecimiento de 4.7 por ciento (anual sostenido) de 2020 a 2024, considerando las perspectivas más recientes de crecimiento para 2019: 0.5 por ciento, de acuerdo con las principales organizaciones financieras (Banco Mundial, Banxico, MCO, FMI, OCDE, entre otras).
A sabiendas de que el primer año de gobierno de cualquier Presidente suele caracterizarse por una desaceleración económica en comparación con el año anterior –en 2001 fue de -0.4 por ciento, en comparación con el 4.9 por ciento en 2000; en 2007 fue de 2.3 por ciento, en contraste con el 4.5 por ciento de 2006; y en 2013 fue de 1.4 por ciento, en comparación con el 3.6 por ciento de 2012–, los pronósticos de los primeros mandatarios suelen no corresponder con la realidad de sus respectivos sexenios.
En mayo del año 2000, Vicente Fox Quesada puso en la mesa la posibilidad de un crecimiento anual del 7.5 por ciento. Sin embargo, durante el sexenio de Fox el crecimiento económico se estancó y promedió dos puntos porcentuales por año.
Aunque en sus años de mandato hubo avances en el sector financiero, la industria –sobre todo pequeña y mediana– decayó y la inversión extranjera directa (IED) fue a la baja por una “tendencia hacia la pérdida de competitividad de la economía mexicana en los mercados externos”, de acuerdo con el Foro Económico Internacional.
Algo similar sucedió con los dos gobiernos subsecuentes.
A principios de su sexenio, Felipe Calderón Hinojosa adelantaba un posible crecimiento superior al tres por ciento anual. Pero al final de su gobierno, el PIB del país creció a un ritmo de 1.8 por ciento al año, en promedio.
Pese a que su gobierno tuvo que enfrentar una crisis económica internacional a partir de 2008, que se complicó con problemas en las cadenas globales de producción entre 2010 y 2011, en sus seis años de administración hubo un crecimiento de la inversión privada, pero con estancamiento en las inversiones pública y extranjera.
En el caso del ex Presidente Enrique Peña Nieto, la promesa de crecimiento económico previó un incremento anual promedio de cinco por ciento.
Sin embargo, su administración enfrentó problemas en materia de inversión, aumentos inusitados en deuda pública, devaluación del peso e inflación por las caídas del precio internacional del petróleo entre 2014 y 2016, que llevaron al país a crecer a un ritmo de 2.4 por ciento anual, en promedio.
Pese a que cada sexenio ha tenido pros y contras en materia económica, una realidad en México ha sido el estancamiento de las inversiones (pública, privada y extranjera) en los últimos 19 años.
Los datos preliminares sobre inversión en lo que va de 2019, indican que la inversión pública, privada y la IED fueron a la baja en 14, 13.4 y 33 por ciento real en comparación con las cifras al cierre de 2018.
De esta forma, mientras que el año pasado las inversiones fueron equiparables al 22.1 por ciento del PIB, en lo que va de este año han sido equiparables al 21.1 por ciento.
LA VUELTA EN “U” DE FOX
Durante el sexenio de Vicente Fox Quesada (2000-2006) el crecimiento del PIB fue de dos por ciento anual en promedio. Esta tasa de crecimiento muestra un “cuasi-estancamiento” de la economía mexicana, de acuerdo con el estudio “La economía mexicana en el gobierno de Vicente Fox” del Investigador Nacional Nivel II, Jaime Ornelas Delgado.
El crecimiento del primer sexenio panista fue el más bajo registrado entre los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz Bolaños (1964-1970) y de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), salvo por el periodo de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) en que el PIB cayó 0.05 por ciento, en promedio.
Para el doctor Ornelas, en este periodo, uno de los principales problemas que afectaron la inversión privada fue la reducción en la inversión pública, “que cuando cae deja de estimular a la inversión privada, que no puede suplir la reducción de la inversión pública debido al elevado volumen de recursos necesarios para invertir en infraestructura”.
La información oficial indica que entre 2000 y 2003 la inversión (pública, privada y extranjera) fue a la baja. Sin embargo, entre 2004 y 2006 repuntó y cerró el sexenio de Fox tal y como en su primer año de gobierno: con un grado de inversión equiparable al 21.5 por ciento del PIB.
“Recibo este gobierno con una economía en marcha ciertamente, pero con un presupuesto con muy escaso margen de maniobra para responder a los enormes rezagos sociales”, dijo Fox en 2000, durante su protesta como Presidente de México. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro.
Dado que el grado de inversión entre 2001 y 2006 es inferior o igual al del año 2000, es posible decir que la inversión durante el sexenio de Fox sólo creció en el año en que llegó al poder, es decir, en el último año de gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León.
De acuerdo con Ornelas, “el estancamiento de la economía se asocia a la deformación de la estructura productiva”.
Lo anterior es de suma importancia considerando que durante el sexenio de Fox las actividades primarias (materia prima) dieron la misma vuelta en “u” que el crecimiento de la inversión en México. Asimismo, las actividades secundarias (industria y construcción) decayeron (de 36 a 34.9 por ciento del PIB) y las actividades terciarias (servicios y comercio) tuvieron un estancamiento (su incremento real fue de apenas 1.3 puntos porcentuales en seis años).
El estancamiento de las inversiones en México, el lento crecimiento económico y la caída de la industria –a pesar del repunte del sector financiero– en la composición del PIB fueron, precisamente, unos de los factores que distorsionaron la economía mexicana.
Además de los factores internos, la economía mexicana se vio afectada por situaciones en el contexto económico mundial.
Entre 2000 y 2001, hubo una desaceleración de la economía mundial. Sin embargo, entre 2002 y 2004 el comercio internacional impulsó la economía global, sobre todo por la reactivación de la economía de Estados Unidos y el acelerado crecimiento en las exportaciones chinas.
En el año 2005, no obstante, el mundo volvió a sufrir una desaceleración económica por la “tendencia ascendente que han registrado los precios del petróleo, las limitaciones de la capacidad en los sectores basados en los recursos, la adopción de políticas monetarias más restrictivas en Estados Unidos y la maduración del ciclo de inversión después de un año de acelerado crecimiento”, refieren datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados refiere en ese sentido que, entre 2000 y 2006, la economía mexicana siguió la tendencia de la economía mundial.
“Mientras en 2000 se alcanzó un crecimiento de 6.60 por ciento favorecido por el buen desempeño del sector externo, altos niveles de empleo y recuperación en las remuneraciones reales de los trabajadores, en 2001 cayó a 0.16 por ciento, consecuencia de la desaceleración de la actividad económica de Estados Unidos dada la estrecha relación económica que se tiene con ese país, lo que propició un incremento en la tasa de desempleo”.
Empero, entre 2002 y 2004 la economía mexicana tuvo “crecimiento marginal” sustentado por el consumo interno, la demanda de exportaciones no petroleras y la producción manufacturera que, irónicamente, propició la necesidad de más importaciones y por ende, “generó el desequilibrio de la balanza comercial”.
A partir de 2005 y 2006 México continuó con su lento crecimiento. En esos años, las exportaciones petroleras, las remesas y el aumento de créditos al consumo sostuvieron la economía.
“Sin embargo el crecimiento menos favorable en 2005 se puede explicar porque el crecimiento por actividad económica en los sectores industrial y agropecuario fue bajo, siendo estos de 1.57 y 1.52 por ciento, respectivamente, mientras que el sector servicios tuvo una actividad más dinámica presentando un crecimiento de 4.18 por ciento para dicho año”, refiere el CEFP en su estudio “Evolución de la Economía y las Finanzas Públicas 2000-2006”.
CRECIMIENTO A LA BAJA
Durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) México tuvo bajos niveles de inflación, un récord positivo de reservas internacionales y una deuda pública estable.
Sin embargo, en sus años de mandato el crecimiento del PIB fue de 1.8 por ciento anual en promedio. Un “limitado crecimiento” económico que, de acuerdo con los informes de la Cuenta Pública de 2012 de la Auditoría Superior de la Federación, conllevó “precarias oportunidades de empleo formal’’ y aumento de la informalidad.
Lo anterior implicó bajos ingresos y poder adquisitivo.
De acuerdo con un estudio del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, durante el segundo sexenio panista el salario real de los trabajadores mexicanos registró una pérdida de poder adquisitivo de 42 por ciento.
La crisis, consecuencia del bajo crecimiento que tuvieron los salarios nominales en el país frente al comportamiento de los precios de la canasta alimentaria, generó una desaceleración en las inversiones y conllevó reducidos niveles de productividad y carencias de seguridad social y servicios de salud.
La información oficial indica que entre 2006 y 2008 la inversión (pública, privada y extranjera) fue al alza en 1.7 puntos porcentuales. Sin embargo, entre 2008 y 2010 la productividad decayó, para levantarse un poco en los dos últimos años del sexenio de Calderón, que sufrió un efecto similar al de la vuelta en “u” del sexenio de Vicente Fox Quesada.
“Sé que no se han generado todos los empleos que necesitamos, pero aquí también hay resultados favorables: desde enero de 2007 se han generado más de 2 millones 240 mil empleos”, dijo Calderón en septiembre de 2012. Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro.
Con Calderón, las inversiones en México estuvieron estancadas. Tuvieron un crecimiento real de 1.3 puntos porcentuales impulsado, sobre todo, por el incremento de las inversiones privadas (1.7 por ciento real), un aumento prácticamente nulo en el grado de inversiones públicas y un déficit de 0.4 puntos porcentuales en la IED.
En este contexto de escaso crecimiento económico, las “distorsiones” en la estructura productiva de la economía mexicana también fueron observables.
Durante el sexenio de Calderón las actividades primarias (materia prima) y secundarias (industria y construcción) decayeron en 0.1 y 2.6 puntos porcentuales como porcentaje del PIB. En cambio, las actividades terciarias (servicios y comercio) tuvieron un incremento real de 2.6 puntos en seis años.
Pese a que la economía mexicana siguió requiriendo de un impulso a la productividad y una estructura que cerrara la brecha de desigualdades, el país no sufrió de un choque externo –o un descalabro mayor– después de la crisis financiera internacional de 2008-2009, por el colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, gracias a la relativa estabilidad económica y macroeconómica que perduraba desde principios de los dosmiles.
Sin embargo, durante el sexenio de Calderón, además de los problemas internos, la economía internacional implicó retos para el país debido a la caída de los precios del petróleo y al detrimento del crecimiento económico global a partir de 2009.
Entre 2010 y 2011, el crecimiento económico mundial se redujo de 5.3 a 3.9 por ciento, principalmente por desastres naturales ocurridos en Japón que ocasionaron problemas en las cadenas globales de producción. Esto es, un alza en los precios de las materias primas e incertidumbre en los mercados financieros internacionales, de acuerdo con el informe de “Evaluación de la Cuenta Pública 2011” de la Cámara de Diputados.
El complicado entorno internacional y la baja productividad en México implicó que durante el sexenio de Calderón persistiera un crecimiento económico limitado, con tasas de desempleo e informalidad elevadas, además de condiciones financieras débiles.
EL “MEXICAN MOMENT”
“Con todas las 13 reformas peñistas, la economía mexicana aún sufre del mismo problema de antaño: debilidad crónica de la inversión”, dijo en noviembre de 2018 el director general de Moody’s para América Latina, Alfredo Coutiño.
Entonces México ya había atravesado una serie de tropiezos económicos que sustituyeron el llamado “Momento Mexicano” –es decir, la promesa de un desarrollo nacional impulsado por cambios legales como las reformas energética y fiscal, así como por pactos políticos– con una realidad poco prometedora:
México cargaba con una deuda (equiparable al 45.5 por ciento del PIB) superior a la de los sexenios de Zedillo (30.6), Fox (29.5) y Calderón (37.2).
El país tampoco había dado los resultados esperados en materia de generación de empleos y combate a la desigualdad, pese al decremento en la pobreza registrado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Asimismo, México aún pagaba los platos rotos por la devaluación del peso (46.4 por ciento entre 2012 y 2018) y la inflación que se disparó en 2017 por el llamado “gasolinazo”, una de las peores crisis en los precios de bienes y servicios del sexenio, posterior a las caídas del precio internacional del petróleo en 2014, 2015 y 2016.
Las cifras oficiales indican que entre agosto de 2013 y enero de 2016, la mezcla mexicana de exportación pasó de 100 a 23.9 dólares por barril.
Por lo anterior, lo dicho por Coutiño no fue en vano.
En los años de gobierno de Peña Nieto el crecimiento del PIB fue de 2.4 por ciento anual en promedio. Este nivel –aunque fue superior al de Fox (2 por ciento) y Calderón (1.8 por ciento)– fue insuficiente según el grado mínimo de crecimiento anual necesario (4.5 por ciento) para México, de acuerdo con la OCDE.
La poca productividad se debió a la crisis de las inversiones (pública, privada y extranjera) en el país.
Por un lado, la tendencia positiva de crecimiento de las inversiones durante el periodo 2000-2012 (que pasó de 21.5 a 22.8 por ciento del PIB) se vio contrariada.
La economía de México creció a un ritmo promedio de 2.4 por ciento anual con Peña. Según el Inegi, son los mejores resultados desde el sexenio de Zedillo (3.3 por ciento anual en promedio). Foto: Presidencia.
A partir de 2013, las inversiones totales en México ascendieron al 21.3 por ciento del PIB, hasta colocarse en 22.1 por ciento al cierre de 2018. Dado que el grado de inversión entre 2013 y 2018 es inferior o igual al del año 2012, es posible decir que la inversión durante el sexenio de Peña Nieto tuvo tendencia negativa (-0.7 por ciento real durante seis años).
Lo anterior se debió a la caída de la inversión pública (-1.5 por ciento real) y privada (-0.4 por ciento), pese al incremento en la IED (1.2 por ciento real entre 2012 y 2018) en el marco de la firma de un nuevo acuerdo comercial (T-MEC) con Estados Unidos y Canadá.
Además de la caída general en las inversiones, el bajo crecimiento económico del país se debió al estancamiento en el crecimiento de las actividades primarias (2.9 por ciento real) y el descalabro en las actividades secundarias (-9.5 por ciento real), pese al repunte en las actividades terciarias (5 por ciento real).
“La obra pública y privada está parada”, sentenció Sinhué Rodríguez, Gobernador de Guanajuato, y advirtió que “no hay inversión pública en los estados. Las becas a jóvenes no son la solución”.
Respecto al proyecto de presupuesto de 2 mil 500 millones de pesos para el Tren Maya planeados para 2020, Joaquín González consideró que el monto “muestra que no están llegando todos los recursos que se dicen hacia la zona sureste de México”.
Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).- El Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, dijo que el Tren Maya, el proyecto de infraestructura más importante del sexenio, “no es aún un hecho”.
Durante su participación en el Foro Forbes 2019, el mandatario perredista expuso que sigue en fase inicial y, a pesar de las diversas reuniones con Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), al día de hoy “no tenemos todavía los estudios correspondientes”.
Joaquín González aseguró que el Gobierno estatal ha ofrecido el derecho de vía y de tierras para las estaciones, “pero todavía sigue siendo un proyecto, no es aún un hecho”.
Respecto al proyecto de presupuesto de 2 mil 500 millones de pesos para el Tren Maya planeados para 2020, consideró que el monto “muestra que no están llegando todos los recursos que se dicen hacia la zona sureste de México”.
En su turno, el Gobernador de Guanajuato Diego Sinhué Rodríguez argumentó que los niveles de violencia registrados en la entidad “es un tema de dinero”, ya que por la refinería de Salamanca se sigue registrando el robo de combustibles.
Sin embargo, afirmó el panista, la Embajada de Estados Unidos nunca ha emitido una alerta de visita a Guanajuato, pese a los miles de estadounidenses que residen en San Miguel de Allende.
Respecto a la zona centro-Bajío del país, anunció que los Gobiernos de Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí y Jalisco preparan una especie de ProMéxico regional para convertirse en la región más competitiva de América Latina con mayor riqueza industrial, turística y manufacturera.
“La obra pública y privada está parada”, sentenció Sinhué Rodríguez y advirtió que “no hay inversión pública en los estados. Las becas a jóvenes no son la solución”.
Sinhué concluyó convocando a la necesidad de una Convención Nacional Hacendaria que considere a las entidades más responsables con el endeudamiento público, ya que “la distribución de participaciones no está siendo justa en los estados”. Guanajuato, ejemplificó, es el sexto estado que más impuestos aporta a la federación, pero es de los últimos en recepción de recursos en proporción de allá población.
Esta mañana, el Secretario de Hacienda Arturo Herrera mencionó al término de su ponencia en el Foro Forbes 2019 que evaluarán cambiar la estructura tributaria en estados y municipios.
El Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, también destacó con cifras de la Organización Internacional del Trabajo que solo el 47 por ciento de las mujeres en México entre 15 y 64 años participa en el mercado laboral en comparación con el 80 por ciento de los hombres del mismo rango de edad, una incorporación por debajo de Chile, Uruguay, Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador y solo por arriba de Honduras.
Ciudad de México, 7 octubre (SinEmbargo).– El Secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, enlistó las cinco causas por las que México ha crecido de manera “mediocre” los últimos años: baja inclusión financiera que canalice inversión y ahorro; poca inversión pública en infraestructura; baja participación de la mujer en el mercado laboral; la tensión comercial entre Estados Unidos y China; así como el Brexit, y la baja recaudación fiscal.
Sobre el último punto, aseguró a la prensa, después de su ponencia en el Foro Forbes 2019, que el siguiente paso de retener los impuestos ya existentes es “evaluar si debe cambiarse la estructura tributaria de tal forma que no solo recaudemos nosotros sino también los estados y municipios”.
Una semana después de la revelación de Fundar y el SAT sobre condonaciones millonarias de impuestos a políticos, artistas, y empresas, Herrera comentó que “los ciudadanos y las empresas van a tener que modificar su comportamiento”.
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público comparó en el panel del foro el 13 por ciento de recaudación en México frente al 17 por ciento promedio de América Latina, por lo que llegar al 16 por ciento equivaldría a 751 mil millones de pesos adicionales al año que podrían destinarse a programas de inversión y disminución de pasivos.
Entre las otras causas que han obstaculizado llegar a un crecimiento económico de 3 a 5 por ciento, expuso, es la baja participación financiera, ya que sólo el 37 por ciento de la población mexicana mayor de 15 años tiene una cuenta bancaria y el monto de las Afores del ahorro de los trabajadores sólo equivale al 15 por ciento del PIB frente al 25 por ciento de Colombia y el 60 por ciento de Chile.
El otro punto es que los niveles de inversión ascienden a 22 por ciento del PIB, de los cuales la inversión pública sólo es el 2.9 por ciento, en comparación con el 6 por ciento registrados en 2009, por lo que la inversión privada es casi siete veces mayor a la gubernamental.
Herrera Gutiérrez también destacó con cifras de la Organización Internacional del Trabajo que sólo el 47 por ciento de las mujeres en México entre 15 y 64 años participa en el mercado laboral en comparación con el 80 por ciento de los hombres del mismo rango de edad, una incorporación por debajo de Chile, Uruguay, Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador y sólo por arriba de Honduras.
“El país no ha podido crear las condiciones para que una mujer se sienta cómoda y segura para poderse incorporar al mercado laboral y generar mayor producción y eliminación de desigualdades”, aseguró.
Finalmente, sobre los factores externos como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, Herrera declaró a la prensa tras su participación en el foro que para estar “preparados” a sus efectos están siendo prudentes con las finanzas públicas y en lograr la ratificación del T-MEC.
“Aún en un entorno muy complejo como el que hay, si lográramos que se ratificara en las próximas semanas, esto cambiaría completamente las condiciones de México, es decir, tendría un entorno internacional muy incierto con una guía de certeza”, dijo.
La clase media es un motor importante para la economía de México. Su encogimiento en los últimos 13 años evidencia la falta de inversión pública adecuada y la creación de empleos con baja productividad, según cifras oficiales.
En la actualidad, tres de cada 10 hogares son de clase media y por cada hogar que se suma a este decil, hay dos hogares que pierden poder adquisitivo.
Ciudad de México, 16 de abril (SinEmbargo).- La clase media mexicana decayó en 10 por ciento real entre 2005 y 2018. Esto implicó que al menos 2.1 millones de personas perdieran poder adquisitivo, en un entorno de precarización de los empleos y salarios. La decadencia de la clase media “se debe a que no estamos siendo capaces de generar el número de empleos bien pagados que requiere el incremento de nuestra clase trabajadora”, dijo a SinEmbargo el doctor Luis Foncerrada Pascal.
Para el economista, el encogimiento de la clase media también se debió a que “a partir del año 2000, la migración neta de entrada y salida de mexicanos al país fue negativa. [Esto] quiere decir que regresan más [mexicanos] de los que salen [y que] la válvula de escape que teníamos al no generar suficientes empleos, se cerró en Estados Unidos”.
En México, las personas con ingresos equiparables de tres (7.6 mil pesos) a ocho (20 mil pesos) salarios mínimos mensuales pertenecen a la clase media, de acuerdo con cifras calculadas por la Unidad de Datos de SinEmbargo, según la información oficial (Inegi, Conasami) y los parámetros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
“Una clase media fuerte y próspera es crucial para cualquier economía exitosa y [para cualquier] sociedad cohesiva. La clase media sostiene el consumo, impulsa gran parte de la inversión en educación, salud y vivienda; y juega un papel clave para el sostenimiento de los sistemas de protección social a través de sus contribuciones fiscales”, se lee en el estudio “Bajo presión: la reducida clase media” (2019).
La OCDE también señala que “las sociedades con clase media fuerte tienen bajas tasas de criminalidad, disfrutan de mayores niveles de confianza y satisfacción de vida, así como una mayor estabilidad política y buen gobierno”.
A mediados de noviembre de 2018, el aún Presidente Enrique Peña Nieto presumió “cifras inéditas” de generación de empleo, con un total de 4 millones 061 mil 243 puestos en 2013-2018. Foto: Isaac Esquivel, Agencia Cuartoscuro.
Pesa a su importancia como motor económico a nivel mundial, el organismo internacional advierte que durante los últimos 30 años, la clase media se ha visto presionada por el incremento de su costo de vida –por encima de la inflación– y por su estancamiento salarial en un contexto de inseguridad laboral, en que “uno de cada seis trabajos con ingresos medios enfrentan alto riesgo de automatización”.
México, en ese sentido, no es la excepción; pero sí un ejemplo crítico.
Mientras que la clase media promedio de los países de la OCDE está compuesta por el 61 por ciento de la población, en México la clase media es inferior al 45 por ciento poblacional.
“El mercado interno son los ingresos de la gente; y si estos se vienen desbaratando […] no vamos a crecer sobre el mercado interno”. Esto sucede porque “no damos certezas para la inversión ni promovemos la productividad, ni el avance tecnológico, ni la educación”, ejemplificó el otrora director de Política Monetaria y Crediticia en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Foncerrada Pascal.
LA CRISIS NACIONAL
La clase media en México está compuesta por 19 millones 380 mil 451 empleados, equivalentes al 44.98 por ciento de los 43 millones 082 mil 478 personas ocupadas con ingresos, de acuerdo con cifras del Banco de Indicadores (BI) del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).
No obstante, si consideramos que muchas de estas personas representan a la cabeza de familia que provee recursos de sostenimiento para su hogar, la proporción según los parámetros de la OCDE no reflejaría el impacto de las personas ocupadas con ingresos, en su entorno familiar.
Es decir que sabemos que casi la mitad de la población mexicana tiene ingresos medios; pero ¿cuántos hogares en México pertenecen a la clase media?
Los datos del Inegi sobre los ingresos de los hogares indican que, entre 2005 y 2016, el 31 por ciento de los hogares tuvo ingresos equiparables de tres a ocho salarios mínimos, de modo que pertenecerían a la clase media (según los parámetros de la OCDE).
Esta clasificación de hogares por decil de ingreso arroja que, así como la tercera parte de la población puede ser considerada de clase media, el 59 por ciento tendría ingresos bajos, además del 10 por ciento con ingresos altos o al menos superiores a la media.
En dicho transcurso de 11 años, asimismo se observa un crecimiento estable de 31 por ciento en promedio por decil, que responde al crecimiento demográfico de los últimos años.
No obstante, la proporción de crecimiento de cada uno de los deciles, en comparación con la cantidad de hogares totales, dibuja otra realidad en México, donde “hay una precarización del empleo [y] una precarización del salario”, como dijo a SinEmbargo el doctor Luis Foncerrada Pascal.
Los datos oficiales analizados por la Unidad de Datos de este medio digital indican que, entre 2005 y 2016, el aumento real de los hogares con bajos ingresos (de menos de uno y hasta dos salarios mínimos mensuales) fue dos veces mayor que el de los hogares con ingresos medianos y seis veces superior a los deciles con mayores ingresos (más de ocho salarios mínimos).
Así, en los últimos años, 4.7 millones de hogares se sumaron al decil de bajos ingresos, 2.3 millones al de medianos y 742 mil al de altos ingresos.
PRECARIZACIÓN Y POBREZA
Desde 2008 “lo que ha venido pasando, año con año, es que sí se genera alrededor de un millón de nuevos empleos por abajo de tres salarios mínimos, porque se pierden alrededor de 300 ó 400 mil que ganaban más de tres salarios mínimos”, dijo a SinEmbargo el economista Luis Foncerrada Pascal.
Esto concuerda con los resultados del análisis (2018) de la Universidad Iberoamericana Puebla sobre los ingresos laborales en México según el cual, en el último sexenio, el Gobierno “destruyó fuentes de trabajo en empleos de altos salarios y sólo presentó crecimiento del empleo en salarios de baja remuneración”.
Las cifras del Inegi durante el periodo indican que en el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron creados 4 millones 676 mil 314 empleos de hasta dos salarios mínimos. En cambio, todos los empleos superiores a dos salarios mínimos decayeron con un total de 2 millones 348 mil 898 puestos perdidos.
Como consecuencia, a la par que los empleos con menores ingresos aumentaron 39 por ciento, los empleos con ingresos medios y superiores decrecieron en 14 por ciento.
La generación de empleos con baja productividad es consecuente con el estancamiento en la reducción de la población con ingresos laborales inferiores al costo de la canasta alimentaria.
Pese a que este tipo de pobreza por ingreso decayó en 1.2 puntos porcentuales entre 2013 y 2018, las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) refieren que México empeoró en los últimos 13 años.
Entre 2005 y 2018, la población con ingresos laborales inferiores al costo de la canasta alimentaria aumentó en 6.2 puntos porcentuales reales. Esto es que, en lugar de afectar al 34 por ciento de la población que labora, hoy en día cuatro de cada 10 trabajadores mexicanos sufre de pobreza por ingresos.
De acuerdo con el doctor Foncerrada, México no genera empleos adecuados y suficientes para cubrir su demanda por la falta de inversión, ya que “la inversión es lo único que realmente te genera empleos”.
El economista recordó que la inversión pública durante el sexenio pasado fue la más baja en los últimos 80 años (a excepción del periodo 1997-1998). Dicho “error” –junto con la actual crisis de desconfianza, de incertidumbre jurídica, de derechos de propiedad, en un marco de conflictos sociales e inseguridad pública– “impide que se genere más inversión privada”.
Las cifras del Banco de México refieren que hoy en día, en promedio, el sector público invierte el tres por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB). Junto con las inversiones privadas, equiparables al 17 por ciento del PIB, incluida la inversión extranjera directa, la inversión Nacional asciende a un máximo de 20 puntos porcentuales.
Con este nivel de inversión, dijo Foncerrada, “no hay manera de crecer mas que al dos por ciento”; y por consiguiente, no hay manera de revertir las desigualdades y carencias sociales o impulsar la productividad per capita.
Al terminar 2018, México habrá destinado 489.1 mil millones de pesos para el pago de intereses de la deuda pública nacional, que es de 10.5 billones de pesos. Esta cantidad es 55.5 por ciento superior a la registrada en 2013 (314.6 mil millones de pesos) y equivale a 13 veces el presupuesto que recibe la Universidad Nacional Autónoma de México.
Si a esa deuda se suman “otras erogaciones” federales, los réditos ampliados ascenderían a 663.5 mil millones de pesos, monto que es 6.6 veces mayor a, por ejemplo, los gastos en materia de justicia y de seguridad nacional.
Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).– Entre enero y octubre de 2018, México pagó más del doble (118 por ciento adicional) de intereses derivados de la deuda pública nacional, en comparación con el mismo periodo de 2013. La diferencia (237.3 mil millones de pesos) en estos cinco años es equiparable, por ejemplo, a la mitad (44 por ciento) de lo que el Gobierno federal invirtió el año pasado en salud, o a la tercera parte (35 por ciento) de lo que erogó en materia educativa.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Gobierno de México pagó, hasta octubre de este año, más de 438.5 mil millones de pesos para el pago de intereses de la deuda pública.
Para el cierre de este año, el país habrá pagado cerca de 489.1 mil millones, según los estimados del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018. Esta cantidad es 13 veces superior al presupuesto (38.3 mil millones de pesos) que el Gobierno federal le otorgó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para 2018.
Comparado por años, el aumento de los intereses entre 2012 y 2017 fue de 74.7 por ciento, por una diferencia cercana a los 228 mil millones de pesos.
En 2019, según el PEF, México pagará casi 543 mil millones de pesos en intereses. Esto será 11 por ciento superior a lo que la SHCP prevé para el cierre de 2018, por una diferencia de casi 54 mil millones.
El pago de intereses por deuda pública es parte del “gasto no programable” del Gobierno federal. Esto implica que es una obligación “que no financia la operación de las instituciones” gubernamentales. Es decir, que no se traduce en bienes y servicios para la población.
Los intereses limitan, por un lado, el espacio fiscal (o el dinero disponible para gastos) del Gobierno. Además, como uno de sus principales impactos, contribuye al aumento de la deuda pública.
Según la SHCP (comunicado 088/2018), entre 2018 y 2017, “el costo financiero de la deuda aumentó 12.3 por ciento real, debido, en mayor medida, por un mayor pago de intereses de la deuda y, en menor medida, a mayores recursos para los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca”.
Este año, el Gobierno de AMLO anunció que habría una “austeridad republicana”. Ante los recortes presupuestarios y salariales, hubo roces entre Morena, PAN y MC en el Congreso de la Unión. Foto: Victoria Valtierra, Agencia Cuartoscuro.
Sin embargo, las cifras mencionadas son el dato más conservador del total de intereses que comprometen, cada año, al presupuesto federal.
Si consideramos –además del “Ramo General 24 Deuda Pública”– las “otras erogaciones” gubernamentales, como lo son la deuda de las empresas de Estado y los ramos generales 29 (para pago de operaciones y programas de saneamiento financiero) y 34 (para las erogaciones de programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca), los intereses se disparan.
En 2018, el costo financiero estimado de la deuda pública ascendió a 663.5 mil millones de pesos. Para 2019, las previsiones de Hacienda se elevan a más de 749 mil millones. Esto es una diferencia de 11 puntos porcentuales, equiparables a un monto de 53.8 mil millones de pesos.
Con ese dinero, por ejemplo, casi podría triplicarse el monto total (35.1 mil mdp) que la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) invertirá, en 2019, para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático.
Inclusive, el costo financiero de la deuda pública para 2019 supera, con un copete de 249 mil millones de pesos, a la inversión inicial (500 mil mdp) del nuevo Gobierno para el desarrollo de proyectos de infraestructura prioritarios, como lo son los trenes en el Istmo de Tehuantepec y de la Riviera Maya, o la construcción de 300 caminos rurales en el sureste del país.
De acuerdo con un estudio de la Universidad Autónoma del Estado de México (Uamex), los costos financieros de la deuda pública se incrementaron como consecuencia de factores macroeconómicos (como el ajuste de las tasas de interés y el tipo de cambio).
Sin embargo, “en principio fueron resultado del mayor endeudamiento” porque “el gasto corriente aumentó de manera constante en todos los sexenios, lo que, ante la caída de los ingresos petroleros, elevó los requerimientos financieros del gobierno, algo que no se ha reconocido fehacientemente”, se lee en el estudio “Endeudamiento público de México: un análisis comparativo de los últimos tres sexenios”.
LA DEUDA PÚBLICA
A partir de 1993 –después de una tendencia a la baja (al menos) desde 1990– y hasta la fecha –con excepción de 1996, cuando la deuda pública decreció 0.2 puntos porcentuales– el endeudamiento del Estado mexicano tuvo una tendencia al alza.
Hasta hace dos meses, la deuda pública ascendió a 10.5 billones de pesos. Esta cantidad duplica (96.5 por ciento) la registrada a inicios del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto (al cierre de 2012, fue de 5.4 billones de pesos) y 29.4 veces mayor a la registrada en 1993 (357.4 mil millones de pesos actuales).
La cifra de enero a octubre de este año, asimismo, es 87.3 por ciento superior a la registrada en el mismo periodo, pero de 2013 (cuando la deuda era de 5.6 billones de pesos).
A lo largo de 25 años, el interés básico (del Ramo 24) generado por la deuda se multiplicó 13 veces, al pasar de 33.3 a 438.5 mil millones de pesos.
Debido al incremento constante de la deuda nacional y sus réditos, AMLO ha prometido que durante su mandato no endeudará más al país.
“Ese es nuestro compromiso. No gastaremos más de lo que ingrese a la hacienda pública. Se respetarán los contratos suscritos por los gobiernos anteriores, pero ya no habrá más corrupción ni influyentismo en negociaciones con empresas particulares”, refirió el 1 de diciembre pasado, al rendir protesta como el sexagésimo quinto Presidente de la República mexicana.
Hasta enero de este año, el monto de la deuda pública mexicana fue la segunda más alta de América Latina, sólo por debajo de la de Brasil, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Las cifras oficiales de la SHCP y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) indican que, a la fecha, cada uno de los más de 120 millones de mexicanos tiene una deuda proporcional contraída de 85 mil 509 pesos.
El sexenio de Enrique Peña Nieto cerrará sin cumplir todos los objetivos de su Programa Nacional de Infraestructura. Pese a que hubo avances en obra pública y física, 10 proyectos emblemáticos de su administración develan la “falta de planeación” del Gobierno, según analistas consultados.
Trenes, canales y una refinería fueron cancelados con pérdidas monetarias millonarias. Otros proyectos como líneas del Metro, una red de Internet nacional y algunas “megaobras” avanzaron entre prórrogas, irregularidades y sospechas de corrupción. Además, hubo proyectos que generaron conflictos sociales (NAIM y Paso Exprés) e implicaron sobrecostos que no han sido esclarecidos.
En la actualidad, México no invierte lo suficiente en infraestructura pública (2.5 en lugar del cinco por ciento del PIB). Y aunque la calidad de las obras se mantiene (WEF), la calidad del gasto público, la politización de los proyectos, la falta de contrapesos al Ejecutivo federal y la escueta transparencia y rendición de cuentas ocasionan que no haya más obra física que impulse el desarrollo nacional, refieren datos oficiales.
Ciudad de México, 18 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente Enrique Peña Nieto cerrará su administración sin haber cumplido, a cabalidad, con su Programa Nacional de Infraestructura (PNI). Su Gobierno defiende sus logros; pero algunas de las obras emblemáticas reflejan ineficiencia y problemas administrativos, como lo son la falta de planeación adecuada y la corrupción.
Entre las obras “de especial relevancia” –según el Ejecutivo federal– se cuentan 10 proyectos, uno de ellos ya cancelado (NAIM), que impulsarían el desarrollo y el progreso de México. Obras que, contrario a lo esperado, generaron polémica, involucraron irregularidades o fueron sinónimo de incumplimiento.
La Refinería Bicentenario en Hidalgo (que inició con FCH y fue cancelada por EPN); el Tren Transpeninsular de Yucatán; el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM); la Red Compartida; el Tren Interurbano México-Toluca; las líneas tres y cuatro del Metro de la ciudad de Monterrey, en Nuevo León; el Tren de Alta Velocidad México-Querétaro; el Canal Centenario de Nayarit (que EPN se comprometió a cumplir); las tres “megaobras” de Puebla, e inclusive, el Paso Exprés de Morelos (que involucró a la SCT federal en un caso de “negligencia y presunta corrupción”, según la CNDH), dan cuenta de ello.
En términos generales, dijo a SinEmbargo el maestro Enrique Soto, profesor investigador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “no hay claridad en muchos de los rubros de la infraestructura, [acerca] de cómo vinculan [los proyectos] en una estrategia nacional […] y cómo vinculan los objetivos de la administración con los rubros de gasto, desempeño y avances” físicos.
Aunque el arquitecto reconoció que durante el actual sexenio fue realizada “una cantidad importante de obras en todo el país”, mencionó que “preocupa” que casos emblemáticos como el tramo carretero de Cuernavaca (donde un socavón causó la muerte de dos personas), el Tren México-Toluca (cuya puesta en operación se retrasará hasta el año entrante por problemas logísticos y operativos) y el NAIM (que refleja múltiples inconsistencias presupuestarias y que ha generado conflictos sociales) “exhibieran la falta de planeación” del Gobierno federal.
La opinión del académico coincide con los resultados del estudio Ojos a la Obra de México Evalúa que refieren que, estas obras, tienen una serie de “problemas crónicos” en sus procesos de contratación que facilitan actos de corrupción.
Según la organización civil, las licitaciones de estas tres obras de infraestructura carecen de adecuada competencia en los procedimientos de contratación (hay falta de eficacia), de cumplimiento en los procesos de licitación que generan sobrecostos (escasa eficiencia) y falta de transparencia y rendición de cuentas.
En el caso del NAIM y del Paso Exprés, por ejemplo, México Evalúa encontró problemas en las licitaciones y atrasos que costaron más dinero.
El aeropuerto presentó un atraso del 75 por ciento en la fase de contratación de contratistas (la mayor parte de los concursos duró 142 días cuando debían durar 81) y un incremento del monto de inversión de 68 por ciento (el costo estimado actual es de 285 mil millones de pesos, mientras que el inicial en 2014 era de 168 mil 880 millones).
En 2014, EPN prometió convertir a México en un “gran centro logístico global de alto valor agregado” con inversión en infraestructura física. Foto: Guillermo Perea, Agencia Cuartoscuro.
El Paso Exprés, por su parte, tuvo un sobrecosto de 73 por ciento (el costo total a 2017 fue de 2 mil 213 mdp, mientras que el presupuesto inicial en 2014 fue de 1 mil 274 mdp) y su la licitación principal incluyó “prácticas de abuso de los requisitos que impiden garantizar las mejores condiciones de contratación”.
Pese a que la responsabilidad de los políticos en materia de infraestructura es mantener e incrementar la calidad y la cantidad de obras en el país para potenciar nuestro desarrollo como nación, el problema de fondo es que nuestras autoridades terminan haciendo obras de infraestructura “a la ligera” para justificar sus labores, explicó Soto.
La práctica “muy común” y “perversa” en la política mexicana “de inaugurar obras o de hacer coincidir las obras con [el desempeño de] los gobiernos es muy lamentable. Debemos de desprender la agenda de lo político de la agenda de infraestructura, que es indispensable para el desarrollo social”, abundó el académico de la UNAM.
Esta circunstancia de precipitar la construcción “cuando todavía no está suficientemente desarrollado el diseño del proyecto” abona a “circunstancias de abuso y de corrupción”, se lee en el documento de México Evalúa.
LOS PENDIENTES
Durante este sexenio, según las cifras oficiales, fueron construidos 15 mil 813 kilómetros de carretera (31 por ciento menos de lo construido con FCH y 114.25 menos que con VFQ), se modernizaron 28 aeropuertos del país y se abrieron más de mil 200 nuevas rutas aéreas (con una inversión 3.5 veces mayor que durante el sexenio anterior).
Al cierre de este sexenio, nuestro país cuenta con 76 aeropuertos (12 nacionales y 64 internacionales que también dan servicio a nivel nacional); 117 puertos marítimos (49 de cabotaje y 68 de altura y cabotaje); 27 mil kilómetros de vías férreas y más de 393 mil kilómetros de carreteras, refieren datos de Pro México.
En materia de la calidad general de la infraestructura física, el Global Competitiveness Report 2017-2018 del Foro Económico Mundial indica que, entre 2014 y 2017, México avanzó al pasar del lugar 69 a 71, de 137 economías mundiales analizadas.
Actualmente, la calidad del suministro eléctrico es la que tiene la mayor calificación (72), seguido de la calidad del transporte aéreo (67), ferroviaria (65), portuaria (62) y carretera (52).
A pesar de los avances, como resultado de la mala planeación, el Presidente Peña Nieto no podrá cumplir con todos sus compromisos en materia de infraestructura física. Mientras él asegura que al término de su gestión habrá cumplido con más del 95 por ciento de sus objetivos, los datos lo contradicen.
De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), al finalizar 2018 el avance máximo en inversión que el PNI podrá alcanzar es del 73 por ciento, con una erogación de 5 billones 686 mil 160 pesos, cifra inferior a los 7.7 billones propuestos.
Además, según un conteo de la Unidad de Datos de SinEmbargo, a tres meses de concluir su administración, el Presidente Enrique Peña Nieto habrá cumplido con el 58.97 por ciento de las 156 promesas que hizo en materia de infraestructura, como parte de su campaña política de 2011-2012.
Las 92 promesas que Peña sí cumplió, se concentran en 30 estados de la República Mexicana, de los cuales, los estados del bajío concentran los mayores niveles de cumplimiento, con un promedio de 73.51 por ciento, seguido por las entidades del norte (58.73), del sur (54.05) y del centro (47.30).
De los compromisos no cumplidos, 25 corresponden a la construcción de puentes, vialidades y carreteras; 13 a proyectos hidráulicos y de drenaje; ocho a infraestructura en puertos y aeropuertos; cinco a obras en materia de transporte público; cinco más en materia de modernización y recuperación de áreas e inmuebles; tres obras ferroviarias y tres hospitalarias, así como el proyecto de la Refinería Bicentenario en Tula, Hidalgo, que fue cancelado en 2014 por “falta de viabilidad” y que, según el Gobierno federal, implicó el ejercicio de 3.4 mil millones de pesos.
Asimismo, proyectos como el Tren Transpeninsular de Yucatán y el Tren de Alta Velocidad México-Querétaro se quedaron varados. Ambos fueron cancelados en 2015, en el marco de un recorte presupuestario de 124.3 mil millones de pesos.
La cancelación, al menos en el caso del Tren México-Querétaro, generó tensión entre los gobiernos de México y China, luego de que este último exigiera a nuestro país el pago de 11.3 mil millones de pesos por haber incumplido con el contrato que ganaron las empresas China Railway Construction Corporation, China Railway Construction Corporation International y CSR Corporation Limited.
El Canal Centenario de Nayarit, por su parte, también fue abandonado. La obra estatal “del siglo”, que contó con una inversión del Gobierno federal de 1.3 mil millones de pesos (de 7.5 mmdp que invertiría) fue detenida y quedó con un avance de obra de no más de 11 por ciento, cuando según el proyecto, debía entrar en operación a finales del año pasado.
Otro ejemplo de mala planeación fueron las líneas tres (que comenzará a operar el año entrante, pero que debía estar lista en 2015) y cuatro (que no se construyó) del Metro de Monterrey, en Nuevo León.
En el caso de la línea tres, el monto de inversión –que aportaron en conjunto la Federación, el estado y la iniciativa privada– implicó un sobrecosto de 1.2 mil millones de pesos. El motivo del atraso fue la adquisición de 26 carros del Metro elevado que no fueron adquiridos a tiempo.
El abandono y retraso de obras están ejemplificados, también, por el avance parcial de tres “megaobras” de Puebla, como lo son el Libramiento de la carretera la Galarza-Amatitlanes (que debía estar lista en julio pasado y cuyo costo ascendió a 742.8 mdp), el Periférico Ecológico y su intersección con Atlixco (cuya construcción terminará en diciembre de 2018 con un costo de 183.6 mdp) y el proyecto pendiente del Transporte Masivo de La Cuenca Norte-Sur (que habría de culminar en diciembre de este año).
En Puebla, la administración de EPN quedará a deber la rehabilitación de las áreas operacionales del aeropuerto de Tehuacán (que debía iniciar en octubre de este año, pero no sucedió), la carretera federal Puebla-Tlapa (que iniciará en 2019) y la rehabilitación de las áreas operacionales y de acceso al recinto fiscalizado del aeropuerto de Puebla (que deberán iniciar en febrero de 2019).
Otros casos, como la Red Compartida (cuyo objetivo es conectar a Internet al 80 por ciento de la población y que arrancó este año a pesar de que debió de hacerlo en 2014) y el Tren Interurbano México-Toluca, también presentaron problemas.
El primero tropezó desde el proceso de licitación que ganó el consorcio Atlán (en que participan Axel y Megacable), señalado por Rivada Networks (la competencia) de tener información privilegiada a cambio de sobornos.
El segundo, presentó un desfase del 50 por ciento en sus procesos de licitación (ya que la mitad de ellas tardaron 69 días en lugar de 62) y un sobrecosto de 77 por ciento (su costo estimado actual asciende a 59 mil 217 mdp cuando el inicial en 2014 fue de 33 mil 741 mdp), de acuerdo con datos del estudio Ojos a la Obra.
CUENTAS DEFICITARIAS
La falta de planeación gubernamental (también) se hace evidente con el mal manejo de las partidas presupuestarias en materia de inversión en infraestructura física.
Con el PNI, el Poder Ejecutivo federal se comprometió a realizar 743 proyectos de infraestructura física (distribuidos en las 32 entidades federativas) con una inversión monetaria total de 7.7 billones de pesos (o 7.4 por ciento del PIB nacional).
Según el Gobierno federal, este monto de inversión fue logrado gracias al impulso al sector privado, que hoy en día, aporta el 75 por ciento de las inversiones en materia de infraestructura.
No obstante, el “truco” de las cifras oficiales es que sólo hacen referencia a la inversión sin especificar cuánto dinero fue devengado en inversión física y pública, explicó a SinEmbargo Alejandro García, investigador del Programa de Presupuesto y Rendición de Cuentas de México Evalúa.
Por un lado –dijo– el Gobierno infla sus cifras al considerar como gasto de inversión física las “aportaciones a fideicomisos” (que son bolsas presupuestarias que no son ejercidas al momento en que se registra el gasto en la Cuenta Pública).
Al inicio del sexenio de Peña Nieto, el 11 por ciento de los recursos destinados a la inversión física (52 mil millones de pesos) fue manejado a través de fideicomisos. Al cierre de 2017, la proporción aumentó a 40 por ciento (equivalente a 216 mil millones).
Para García, esto significa que “no se está realizando el gasto en inversión física a pesar de que se está registrando como un gasto”, lo que evidencia problemas en materia de transparencia y rendición de cuentas porque no hay claridad en las cuentas públicas y en el ejercicio del gasto público, situación agravada con la falta de revisión por parte del Poder Legislativo, que falla en su papel de contrapeso al Ejecutivo federal.
Por otro lado, la “mala composición del gasto público” ha hecho que la inversión física (carreteras y vías de comunicación, servicios básicos, etcétera) fuera en decremento desde 2014, como proporción del gasto corriente (burocracias, publicidad oficial, suministro de materiales, entre otros).
Entre agosto de 2017 y 2018, por ejemplo, el gasto corriente tuvo un alza de 143 mil millones de pesos. En contraste, el gasto en inversión física sólo aumentó en 21 mil millones, refieren cifras de México Evalúa.
Mientras que en 1992 la inversión en infraestructura física supuso la tercera parte del gasto corriente (32 por ciento), en 2014 representó la quinta parte (22 por ciento). Para 2017-2018, la inversión física como proporción del gasto corriente disminuyó a 16 por ciento.
Esto quiere decir que la administración del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa gastó más en inversión física que durante el actual mandato.
Las cifras infladas (con inversión financiera y gasto en fideicomisos), la mala composición del gasto público y la falta de contrapesos explican por qué, a pesar del aumento presupuestario en infraestructura, en la actualidad no haya más obra física que impulse el desarrollo nacional.
De acuerdo con la consultora McKinsey, a partir de 2010 México comenzó a gastar sólo el 62 por ciento de lo necesario para salir adelante y generar desarrollo social.
De ese modo, mientras que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) recomienda una inversión física mínima del cinco por ciento del PIB por los próximos 12 años, en la actualidad, México destina apenas el 2.5 por ciento de su PIB al año.
Por estas razones, explica McKinsey en uno de sus informes, “se puede concluir que en México en los últimos años la calidad del gasto público se ha deteriorado”.
Esta circunstancia se hace más evidente si se compara el gasto en inversión pública que reporta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (capital) y la inversión física (el valor de la inversión pública como formación bruta de capital) reportada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).
De 1993 a 2012, a excepción del periodo 1996-1988, el monto de la inversión pública fue inferior al monto de la inversión física (lo que quiere decir que el gasto se tradujo en más valor). Por el contrario, a partir de 2013 y hasta 2016, el monto en inversión pública fue superior al monto de la inversión física (o bien, parte del gasto no se tradujo en valor).
“En teoría la deuda pública debería destinarse exclusivamente a generar proyectos de inversión que generen mayores ingresos presupuestarios en el largo plazo. Hay que recordar que la inversión está directamente ligada con la deuda pública”, comentó Alejandro García.
Para 2018, el Congreso de la Unión aprobó que, por cada peso de endeudamiento, sólo 56 centavos sean para inversión física. Y según el integrante de México Evalúa, si la deuda pública neta del Gobierno federal es mayor al gasto en inversión, es un problema porque, a largo plazo, puede causar una “desbalance en las finanzas públicas” y reducir (aún más) el espacio fiscal.
Por ello, urge que en México mejoremos los controles de la deuda pública (especialmente para que se justifiquen los proyectos que se van a financiar con deuda), limitemos el crecimiento del gasto “no prioritario” e impulsemos el gasto en inversión física, además de regular la transferencia de recursos que se realizan a los estados (a través de figuras discrecionales que no cuentan con regulación suficiente).
Andrés Manuel López Obrador exageró al decir que México está en “bancarrota”, coincidieron especialistas consultados. Sin embargo, dijeron que la economía nacional es muy “delicada” debido a la mala gestión y a las irresponsabilidades cometidas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
A nivel macroeconómico México parece “estable”, aunque en el fondo corremos el riesgo de endeudarnos más y con ello detener el flujo de dinero que podría ser invertido para sacar al país del atolladero en el que se encuentra.
Según las cifras del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda, la deuda histórica de México es equiparable al 51 por ciento del PIB nacional. El tipo de cambio en los últimos dos años (de entre 19 y 20 pesos por dólar) es el peor de la última década. Sólo de 2013 a 2018, el dólar aumentó en 50.54 por ciento.
Para los especialistas, los “grandes retos” de AMLO serán reducir la pobreza, la desigualdad y la inseguridad, además de fortalecer el Estado de Derecho. También tendrá que mantener la estabilidad macroeconómica y hacer frente al déficit fiscal que hemos arrastrado durante los tres últimos sexenios.
Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).- México no está en bancarrota como dijo esta semana Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Pero las condiciones económicas actuales –explicaron analistas consultados– sí ponen al país en una situación “delicada” que reducirá el espacio de operación fiscal de la nueva administración.
“Fue una declaración un poco desafortunada que muestra una frustración [porque] más que una bancarrota, el país sí tiene un espacio fiscal muy reducido. Esto quiere decir que, dado el estado de nuestras finanzas públicas, una vez que pagas todos los compromisos –participaciones a entidades, servicio de deuda, pensiones y nóminas a maestros [entre otros]– el margen de maniobra que te queda para hacer política pública es muy pequeñito”, dijo a SinEmbargo Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Para el doctor en economía Luis Foncerrada Pascal, AMLO exageró. Pero lo que sí es cierto, “es que el manejo de las finanzas públicas de Enrique Peña Nieto, de Luis Videgaray Caso y de Jose Antonio Meade Kuribreña, estos dos últimos ex titulares de Hacienda, fue muy irresponsable. El endeudamiento que llevaron a cabo en estos años es brutal” y evitó que México tuviera un mayor desempeño económico.
A finales de 2012, la deuda histórica total de México fue de 6.3 billones de pesos (equivalentes al 39 por ciento del PIB). Este año, el país tiene una deuda acumulada de 11.5 billones –incluida la deuda de estados y municipios– que equivalen al 51 por ciento del PIB.
Ello a pesar de que el año pasado el Gobierno federal pagó 200 mil millones de pesos de deuda, con una transferencia del Banco de México (Banxico) de 320 mil millones en utilidades no realizadas (es decir, con dinero “inexistente” que implicó la contracción de más deuda por parte del Banco Central).
Según Foncerrada, este nivel de deuda es “excesivamente alto para un país como México” porque reduce su tasa de crecimiento del PIB. En los países emergentes como el nuestro, cuando la deuda es del 40 por ciento del PIB, su tasa de crecimiento se reduce medio punto porcentual, explicó. Y cuando alcanza niveles como el de México, la reducción aumenta a uno 0 1.5 puntos al año.
Para que México esté en graves problemas, el endeudamiento tendría que ser equiparable al 60 por ciento del PIB (con reducciones estimadas de dos a 2.5 puntos porcentuales).
Por su parte, el PIB en los últimos 18 años tuvo una tasa promedio de aumento de 2.52 por ciento anual, de acuerdo con cifras del Banxico. Pero el país requiere un crecimiento superior al tres por ciento para salir adelante. Empero, con el nivel de deuda –que resta crecimiento– y la falta de inversión pública, la posibilidad de más desarrollo nacional se estancó.
“La falta de inversión fue un error muy serio del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto” y es la más baja en los últimos 80 años (a excepción del periodo 1997-1998), comentó Foncerrada.
El 9 de septiembre de 2013, EPN dijo que la Reforma Fiscal tenía el propósito de “elevar el crecimiento económico del país” y la inversión pública, que generaría más empleos mejor remunerados. A poco más de cinco años de su alocución, la realidad es otra. Foto: Guillermo Perea, Agencia Cuartoscuro.
Las consecuencias de la mala gestión también se verán reflejadas en los próximos años, cuando la economía crecerá a un ritmo de 2.3 ó 2.5 por ciento. Si queremos crecer a un promedio anual de 3.8 o cuatro por ciento –como lo prometió AMLO en campaña– tendríamos que tener una inversión total equivalente al 24 ó 25 por ciento del PIB, explicó.
En la actualidad, México invierte entre el 19 y el 20 por ciento de su PIB (el 13-14 por ciento lo pone el sector privado, tres el gobierno y tres más los inversionistas extranjeros). Con este nivel de inversión, el mayor crecimiento económico al que nuestro país puede aspirar es del dos por ciento.
Si México estuviera en bancarrota, sucederían catástrofes económicas como las que padece Venezuela, donde la crisis actual ha generado pérdidas en el PIB de 35 por ciento en los últimos cuatro años. O como ocurrió en Bolivia entre 1981 y 1985, cuando su PIB decreció 9.5 por ciento. O Argentina, cuyo PIB decayó en más de 18 por ciento con la crisis de 1998 a 2002.
Hoy, México no atraviesa una crisis tan grave como las de 1982, 1985, 1993 y 1994. Ello se debe –según Foncerrada– a dos cuestiones. Porque tenemos 133 mil millones de dólares de reservas internacionales y 86 mil millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), además de contar con un tipo de cambio flexible. Estos elementos permiten a México “hacer frente a cualquier tipo de movimiento especulativo”.
Sin embargo, “hay síntomas –además de la deuda– de que podemos caer en una terrible crisis” como en el caso del proceso de devaluación del peso que viene ocurriendo desde 2012, señaló Alfredo Bravo Olivares, profesor de economía de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Las cifras del Banxico arrojan que el tipo de cambio ha fluctuado de manera paulatina y no de manera estrepitosa (lo que anunciaría un posible desplome del valor del peso mexicano).
La paridad de los últimos dos años (de entre 19 y 20 pesos por dólar) ha sido la peor de los últimos 10 años. Sólo de 2013 a 2018, el tipo de cambio peso-dólar aumentó en 50.54 por ciento a favor de la moneda norteamericana. Y aún, para organismos internacionales como el FMI, los indicadores macroeconómicos del país son “estables”.
A pesar de todo, México no está libre de caer en bancarrota porque “estamos al borde del colapso económico y la economía se mantiene con alfileres”, lamentó Olivares. Y en la opinión de Héctor Villarreal del CIEP, la falta de recesión y de precios fuera de control hacen que, al menos desde el punto de vista de la macroeconomía, no haya crisis.
“Tenemos un margen en las finanzas públicas muy estrecho que sí hay que arreglar. Los pagos que se nos vienen en pensiones, los compromisos con el servicio de deuda, el asunto de que nuestro sistema de salud público no le podemos dar un fondeo, todas son señales de mucha debilidad y cosas de qué preocuparse. Pero no es una crisis macroeconómica en el sentido clásico”, explicó.
LA ECONOMÍA MEXICANA
Luego de la declaración de AMLO sobre la “bancarrota” de México, integrantes del sector empresarial lo contradijeron diciendo que el país ha cumplido con sus compromisos económicos en el interior y en el exterior.
Empero, figuras como Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, reconocieron esta semana que nuestra nación enfrenta situaciones complicadas en materia de violencia, de impartición del Estado de Derecho y en la eficiencia del gasto público (para pensiones, seguridad social, etcétera), además de la falta de mayor inversión y de mayores esfuerzos en el combate a la pobreza y a la informalidad laboral.
Mientras que la falta de crecimiento económico significa “bancarrota” para AMLO, para instituciones como el Banco Mundial y el FMI implica una situación de insolvencia financiera o monetaria. Es decir, cuando un Estado es incapaz de pagar los intereses de su deuda o cuando es incapaz de contraer deuda porque los organismos internacionales u otras naciones desconfían de su situación económica.
“Declarar una bancarrota tiene que ver con la capacidad de un país para cumplir con sus compromisos. Si un país no tiene capacidad financiera para cumplir con sus compromisos, en ese momento es un país en bancarrota […]. México tiene los mecanismos establecidos presupuestalmente a través de la Ley de Ingresos para ser cubiertos. Puede haber desequilibrios, que se gaste de más en ciertos rubros, que se tenga que endeudar más todavía”, pero no hay bancarrota aunque sí una “terrible crisis económica y social”, recalcó Alfredo Bravo Olivares de la FES Aragón.
Por ejemplo, en 2008, cuando la crisis financiera y la burbuja de vienes raíces en Estados Unidos, Islandia se declaró en quiebra. Como resultado, nadie le prestaba dinero. Para convencer a los demás de que lo hicieran, elevó su tasa de interés preferencial hasta en un 18 por ciento (Venezuela, otro de estos casos, lo hizo en 20 por ciento).
Con este tipo de alza, el riesgo de falta de pago aumenta y la calificación crediticia de los países decae. Asimismo, la inflación aumenta y los mercados financieros se desploman con la caída del valor de bonos y acciones (como le ocurrió a Argentina en 2001, tiempo en que el Gobierno empezó a congelar cuentas bancarias para evitar un colapso monetario).
En México, la situación económica es “delicada”. Y de acuerdo con los analistas, “cualquier país, para tener estabilidad macroeconómica tiene que tener finanzas públicas responsables y equilibradas, porque si no provocas inflación, que es lo que provocó la administración de Peña Nieto”.
En la actualidad, la inflación subyacente (la que no incluye productos agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno) es de 8.8 por ciento. El año pasado, la canasta básica alcanzó una tasa de 9.8 por ciento (lo que quiere decir que la capacidad de compra de la gente se redujo en casi 10 por ciento). Y al cierre del año pasado, según el Banxico, la inflación general tuvo uno de sus niveles más altos (6.77 por ciento) desde la crisis financiera de 2008 (cuando fue de 6.53 por ciento).
De esta manera, la inflación actual ha sido una de las más altas en los últimos 17 años y no alcanza el objetivo establecido por el Banxico (de dos a cuatro por ciento). Sin embargo, dista de ser la de una situación de bancarrota (como en Venezuela, que según el FMI, cerrará este año con una crisis inflacionaria de 1 millón por ciento).
EMPLEO PRECARIO Y BAJOS SALARIOS
AMLO aseguró esta semana que la situación de “bancarrota” que ha vivido el país durante los últimos 30 años no permitirá que su administración cumpla con “todo lo que se está demandando”. Sin embargo, prometió que sí cumplirá “todo” lo que ofreció durante el periodo de campaña política.
Para el tabasqueño, la política neoliberal “fracasó”. Y la bancarrota nacional se debe –en su opinión– al incremento de la deuda pública de los últimos 18 años, a la precaria inversión en el país y a la caída productiva del sector energético nacional. Estos elementos, dijo, han abonado al ensanchamiento de la población en situación de pobreza y al incremento de la desigualdad entre mexicanos.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), las condiciones de empleo durante el sexenio peñanietista no fueron ideales. La tasa de ocupación decreció (pasó de 60.70 en 2013 a 59.80 en 2018) y la tasa de desempleo, aunque parece de las más bajas del mundo (3.2 por ciento ó 1.8 millones de personas), se agrava si consideramos a las personas que no buscan empleo (14.6 por ciento u ocho millones de individuos) y a quienes están subempleados (6.8 o 3.7 millones de personas).
En el caso de los salarios (cuyo mínimo diario pasó de 64.76 a 88.36 pesos) el aumento registrado sigue siendo insuficiente. Según el reporte Pobreza persistente en México, mercados laborales con salarios bajos de la Universidad Iberoamericana (2018), el salario mínimo diario debería de ser de 353 pesos. Es decir, cuatro veces mayor al mínimo actual.
Con los niveles salariales de hoy en día, es entendible que la pobreza en México, en los últimos 10 años, apenas haya dado marcha atrás (pasó de 44.40 a 43.60 por ciento de la población entre 2008 y 2016, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social).
Para los economistas consultados, los “grandes retos” de AMLO serán reducir la pobreza, la desigualdad y la inseguridad, además de fortalecer el Estado de Derecho. También tendrá que mantener la estabilidad macroeconómica y hacer frente al déficit fiscal que se ha mantenido en números rojos desde el año 2000 –salvo por el periodo de 2006 a 2007– y que según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha mejorado (en 2017 fue 36.28 por ciento menor que en 2012).
“En un país donde el campo no produce lo que se necesita para comer, donde no tenemos una industria propia, donde no tenemos un aparato productivo porque se desarticuló para permitir que las grandes trasnacionales se beneficiaran, ¿cómo generas empleo? Es el reto más grande de la historia de este país y si no se tiene una perspectiva de transformación social de fondo, simple y sencillamente no se va a lograr”, sentenció el economista Alfredo Bravo Olivares de la UNAM.
Entre las medidas recomendadas para que México salga de su atolladero, los especialistas recomendaron la eliminación y sustitución de programas sociales y gubernamentales que no han logrado reducir la desigualdad y la pobreza en México; considerar la asociación con empresas nacionales y extranjeras (porque eso le puede dar recursos adicionales al Gobierno por la vía del pago de derechos) y diseñar una nueva reforma fiscal a lo largo de todo el sexenio, con énfasis en impuestos indirectos (como el IVA o el IETS) e impuestos al flujo (como el IETU, para simplificar el cobro y la fiscalización de impuestos).
“Me llama la atención que [aún] cuando [AMLO] tiene un espacio fiscal tan reducido, salga con una propuesta como la de reducir impuestos en la frontera norte. Es un gasto fiscal potencialmente muy alto. Le está abriendo un hueco al espacio fiscal para evasión y los beneficios de dicha medida son dudosos”, dijo Héctor Villarreal del CIEP, al respecto de las necesidades fiscales.
Para los analistas, el meollo para la siguiente administración será la priorización de recursos (por el reducido espacio fiscal), que además de subsidios en programas sociales, requerirá de una gran inversión –como en el caso de la infraestructura nacional– para impulsar el desarrollo y evitar perder el costo de oportunidad de los recursos, como sucedió durante el sexenio que está por concluir.
Desde la campaña electoral y ahora, ya en el proceso de transición y armado de las nuevas políticas públicas, Andrés Manuel López Obrador anunció mecanismos de austeridad sólo aplicables para los altos cargos de la burocracia mexicana. El objetivo, ha dicho, es tener más recursos para la inversión, un ramo que sufrió severos recortes durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Entre sus principales puntos destaca la reducción de 50 por ciento a los sueldos de los funcionarios públicos que ingresen más de un millón de pesos anuales. Ese es el caso de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral, que actualmente superan los sueldos del propio Presidente de la República o de los secretarios de Estado.
“Hay gente que si uno incluye los bonos, las nuevas prestaciones y le vas sumando, tiene salarios que rebasan los 300 mil pesos mensuales”, destacó Luisa Alcalde Luján, virtual Secretaria del Trabajo en el próximo sexenio.
Ciudad de México, 17 de julio (SinEmbargo).– El próximo sexenio en México se perfila ya como el del gran cambio en el sistema burocrático y su paraíso en salarios y beneficios laborales, muy lejanos a la de un trabajador promedio. En la administración federal de Andrés Manuel López Obrador, el gasto ostentoso del Gobierno federal pasará a uno de austeridad, con el objetivo de ahorrar recursos para inversión pública y gasto social, de acuerdo con los 50 puntos que ya ha anunciado sobre el tema.
Solo por el apartado sobre la reducción a la mitad del salario y prestaciones a funcionarios públicos de alto rango, como son los casos del Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el actual Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), las finanzas públicas ahorrarán 4 millones 506 mil pesos anuales, con base en un cálculo hecho por SinEmbargo.
Si se considera que los once ministros y los once consejeros ingresan lo mismo, el ahorro por recortar el 50 por ciento asciende a 49 millones 572 mil pesos cada año, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2018. No obstante, el artículo 94 constitucional reza que “la remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo”.
El Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, tiene actualmente una percepción anual bruta de 6 millones 938 mil pesos, que se vuelven 4 millones 659 mil pesos netos con la reducción de impuestos que anexa prestaciones. Es decir, gana en total 388 mil 250 pesos mensuales, de acuerdo con lo que muestra el Presupuesto de Egresos 2018.
Ya con el recorte a la mitad por la política de austeridad del Gobierno lopezobradorista, el Ministro ingresaría 2 millones 329 mil pesos anuales (194 mil 125 pesos mensuales). O incluso menos si se considera que ningún funcionario público podrá ganar más que el Presidente de la República, quien ingresará 108 mil pesos mensuales. En este caso no se ha especificado si son netos (con impuestos) o brutos.
El Consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello, al igual que los otros diez Consejeros del INE, gana al año 4 millones 354 mil 208 pesos, incluyendo prestaciones. Esto es, 362 mil 850 pesos mensuales, con base en el PEF 2018.
Pero con la medida de la nueva administración ganará 2 millones 177 mil pesos anuales (o 181 mil 425 pesos mensuales).
Ayer, el Consejero Ciro Murayama señaló que ni él ni los otros consejeros del órgano electoral se oponen a las reducción del salario y de las prestaciones, pero dijo que no debe afectar a funcionarios del personal de carrera, como los del Servicio Profesional Electoral Nacional .
“No tienen privilegios, tienen derechos, y no pueden ser vulnerados ni restringidos”, aseguró el también integrante de la Comisión Temporal de Presupuesto y detalló que este miércoles se instalará la Comisión de Presupuesto de 2019, y luego buscarán contacto con el equipo López Obrador para conocer los criterios bajo los que se les asignarás recursos.
En el caso de los secretarios de Estado, cada uno tiene un ingreso distinto dependiendo sus compensaciones.
De acuerdo con el Portal de Transparencia, Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), gana un sueldo bruto de 32 mil 813 pesos mensuales, más 172 mil 308 pesos de compensaciones. Es decir: 205 mil 122 pesos al mes brutos, o 139 mil 741 pesos netos. Esto es alrededor de 2 millones 461 mil pesos anuales brutos, y con la reducción por el pago de impuestos son 1 millón 676 mil pesos anuales netos.
Con base en el punto de reducir a la mitad los sueldos, el próximo Secretario de Comunicaciones y Transportes Javier Jiménez Espriú ganará al año 838 mil pesos (69 mil 833 pesos mensuales netos).
Durante 2017, el Gobierno federal realizó una inversión pública por 569 mil 551 millones de pesos, una reducción de 26.3 por ciento respecto a 2016. Entre los recortes destaca la inversión física en educación por 49.6 por ciento o de salud por 55 por ciento anual. En comparación, gastó en servicios personales [sueldos] mil 147 millones 25 mil pesos el año pasado, sólo 2.5 por ciento menos que en 2016, y egresó 301 mil 987 millones de pesos en materiales y suministros del gobierno [como nuevas computadoras o papelería], 18 por ciento más que en 2016, revelan datos de la Secretaría de Hacienda.
Además de la reducción salarial, exponen los puntos de austeridad, “no habrá bonos ni otras canonjías, el salario será integral, según la Constitución que a la letra dice: ‘Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales'”. Por ello López Obrador dejará de recibir seguro médico privado, separación individualizada, dinero para auto, ayuda para despensa o prima quinquenal.
SUELDO MÁS COMPENSACIONES
Los puntos de austeridad también exponen que no habrá vehículos nuevos para funcionarios, equipo de cómputo ni adquisición de mercancía de la que haya existencia suficiente en los almacenes públicos. Tampoco se remodelarán oficinas ni se comprará mobiliario de lujo. No habrá bonos ni seguro de separación individualizada (dinero acumulado cuando se sale del carago); se suprimirá toda partida para gastos médicos privados; los viáticos para viajes de trabajo serán solo lo indispensable; adiós guardaespaldas y choferes para todos; tampoco existirán partidas para vestuario en eventos ni regalos mayores a 5 mil pesos; y con la eliminación de áreas duplicadas se reducirá un 70 por ciento todo el personal de confianza.
La futura Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que aplicará la misma política de austeridad en el gasto del gobierno capitalino.
“Nada más no logro entender qué tipo de persona quiere trabajar en el gobierno de AMLO. Les van a cortar el sueldo a la mitad, les van a quitar el seguro médico, y capaz los mandan a vivir a provincia. Serán o muy ricos, que no les importa, o muy…. no entiendo”, tuiteó el martes pasado Jorge Guajardo, ex Embajador de México en China. Le llovieron críticas.
En febrero de 2016, en plena crisis petrolera y con el anuncio de un ajuste de gasto público, Reuters reveló que los funcionarios de la Secretaría de la Función Pública –entonces dirigida por Virgilio Andrade Martínez– incluían en sus viáticos pagados por la dependencia alimentos de alto costo como caviar, champán, salmón, entre otros.
La virtual Secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, expuso el jueves en Foro TV que “hay gente que si uno incluye los bonos, las nuevas prestaciones y le vas sumando, tiene salarios que rebasan los 300 mil pesos mensuales. Esa es la realidad y lo interesante es que ni siquiera sabemos la información a ciencia cierta: se suma por aquí, por allá y cuando quieres la cifra para hacer una proyección, careces de la información completa”.
Dentro de dichas prestaciones o compensaciones, un funcionario público, a diferencia de un trabajador civil, puede gozar de seguros por riesgo de trabajo, de ahorro, de gastos médicos, 20 días de vacaciones, aguinaldo, prima quinquenal, ayuda para despensa o alimentos, pagos por defunción, becas para sus hijos en preparatorias y universidades, asistencia legal, asignación de vehículo o apoyo para comprar uno, seguro de cesantía en edad avanzada y vejez.
Ante ello, dijo Luisa Alcalde, siempre respetando los derechos laborales constitucionales, se necesita reducir el gasto corriente para que se pueda aumentar el gasto en inversión, “y eso requiere que el gobierno se apriete el cinturón porque ya dijimos no va haber mayor deuda, no se van a incrementar impuestos. De algún lado deben salir los recursos y van a salir de este plan de austeridad y sin duda de eliminar la corrupción en todos los niveles”.
“Los seguros privados cuestan muchísimo dinero. El seguro médico privado se quita desde el Presidente hasta Secretarios de Estado”, aseveró en la misma entrevista televisiva. “Que no se compren autos nuevos, que se utilicen los de la vieja administración”.
Aclaró que no se van a correr a los trabajadores de base, sino a los trabajadores de confianza en ciertas áreas “que hacen muy poco” o las que están duplicadas, las cuales se van a conjuntar. Alcalde documentó que en el sexenio de Enrique Peña Nieto hubo 27 por ciento más de nuevos cargos de alto nivel, “ahí donde ganan altos salarios y duplican funciones es donde puede haber muchísimo ahorro”.
La Unidad de Datos de SinEmbargo reportó previamente que el Presidente Enrique Peña Nieto y algunos de los integrantes de su Gabinete federal en los últimos cinco años han hecho crecer su dinero en ahorros hasta en un 116 por ciento, a través de diversos instrumentos financieros, de acuerdo con sus declaraciones patrimoniales presentadas ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).
EL GASTO EN SECRETARIO DE GABINETE
Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes. Foto: Cuartoscuro.
El Secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza goza, además de su sueldo, de seis seguros, seis prestaciones económicas, cinco prestaciones médicas, una asignación de auto, y un préstamo desde 13 mil 500 hasta 24 mil pesos, expone el Portal de Trasparencia. El monto varía entre cada Secretario de los 18 existentes.
En cuanto a seguro, tiene 40 meses de percepción ordinaria bruta mensual que podrá incrementarse; tiene un colectivo de retiro de 12 mil 500 a 25 mil pesos si causa baja por jubilación; para sus gastos médicos tiene suma asegurada básica de 333 veces el salario mínimo mensual y podrá incrementarse; si desea una separación individualizada (aportación por si se pierde el empleo), la dependencia cubrirá el equivalente al 2, 4, 5 o 10 por ciento de la percepción ordinaria bruta mensual del servidor público que se incorpore al mismo; podrá otorgarse un pago extraordinario por riesgo.
Tiene un seguro de Responsabilidad Civil Límite por 2 millones 500 mil pesos, el cual podrá incrementarse como mínimo de 7 millones 500 mil hasta 20 millones de pesos, cuya prima es con cargo al servidor público.
Las prestaciones económicas de las que ha gozado este sexenio son la prima vacacional por cada uno de los dos periodos vacacionales a que tengan derecho de 10 días hábiles cada uno, que equivale al 50 por ciento de 10 días de sueldo base tabular; un pago complementario al salario, por cada 5 años de antigüedad hasta 25 años de servicio efectivo prestado, desde 100 hasta 225 pesos mensuales aplicado en las dos quincenas, y 365 pesos mensuales para despensa.
Tuvo un aguinaldo anual equivalente a 40 días de salario, que deberá cubrirse en un 50 por ciento antes del 15 de diciembre y el 50 por ciento restante a más tardar el 15 de enero.
Asimismo, si fallece y tiene 6 meses de antigüedad, los familiares recibirán hasta 4 meses de su último sueldo para el funeral.
Sus prestaciones de seguridad social en el IMSS-ISSSTE son el 9.970 por ciento del sueldo básico de cotización; el FOVISSSTE/INFONAVIT FOVISSSTE es el 5 por ciento del sueldo básico; el SAR SAR (afores) es el 2 por ciento del sueldo básico. Para el ahorro Solidario podrá ahorrar el 1 o 2 por ciento del sueldo básico de cotización y por cada peso que ahorre el trabajador se le otorgara 3.25 pesos con un tope de 6.5 por ciento del sueldo base de cotización.
LOS PRIVILEGIOS DE SER MINISTRO
El Ministro Presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales. Foto: Cuartoscuro.
El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, tiene un sueldo bruto de 4 millones 743 mil pesos, revela el Presupuesto de Egresos 2018.
Pero se añaden las prestaciones de ley, pago de riesgo, condiciones de trabajo, seguro y seguro de ahorro, por lo que en total son 6 millones 938 mil pesos. Menos los impuestos, queda en 4 millones 659 mil pesos anuales, esto es, 388 mil 250 pesos al mes.
En la institución ingresan diez Ministros más con esa percepción anual. Es decir, el gobierno gasta 51 millones 249 mil pesos anuales en el sueldo de los 11 ministros.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2018, el Ministro ingresa al año además de su sueldo, 681 mil 792 pesos por prestaciones de ley; 853 mil 223 pesos por riesgo; 49 mil 254 pesos por condiciones laborales, 81 mil 646 pesos por seguro a la persona y 528 mil 728 pesos en seguro de ahorro.
EL GASTO EN CONSEJERO ELECTORAL
Lorenzo Córdova Vianello, Consejero presidente del INE. Foto: Cuartoscuro.
En el Instituto Nacional Electoral hay 10 mil 353 personas trabajando cuyos sueldos implican un gasto anual por mil 263 millones 746 mil 692 pesos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2018.
El Consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello, al igual que los otros diez Consejeros, gana al año 4 millones 354 mil 208 pesos. Es decir, el gobierno debe destinar anualmente del presupuesto 47 millones 896 mil 288 pesos para pagarles su salario.
Su sueldo es de 3 millones 151 mil pesos. A ese monto se añaden a cada Consejero sus prestaciones por 1 millón 202 mil pesos que se desglosan en 72 mil 412 pesos por seguridad social; 556 mil 262 pesos por medidas de protección de salario; 88 mil 961 pesos por seguros a las personas; y 484 mil 965 pesos por fondos y ahorros para el retiro.
El Presidente Enrique Peña Nieto, de la mano de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, prometió “Mover a México”. No obstante, su sexenio será evocado por tres obras públicas señaladas por sobrecosto, corrupción, afectación a comunidades o haber sido canceladas: el Nuevo Aeropuerto Internacional, el Tren México-Toluca y el Tren México-Querétaro, que se canceló debido a un escándalo de corrupción.
A pesar de que durante su administración –en la cual la inversión física cayó en 2017 a niveles no vistos desde la crisis de 1994– desarrolló sistemas carreteros, de puertos y presas, esos proyectos en asociación público-privadas no generarán el impacto económico requerido, dijeron especialistas.
Esta es última entrega sobre el manejo de las finanzas públicas de la presente administración que concluirá este año.
CUARTA PARTE DE UNA SERIE
Ciudad de México, 27 de mayo (SinEmbargo).– El Plan Nacional de Infraestructura 2013-2018 planteó acciones para “Mover a México”, esto es, que el país cuente con una moderna infraestructura de movilidad y conectividad que acerque ciudades y poblados, así como interconectar centros industriales en menor tiempo y costo en los mercados nacionales e internacionales. Sin embargo, las grandes obras por las que será recordado el sexenio de Enrique Peña Nieto están señaladas por sobrecosto, corrupción o imposición en comunidades: es el caso del Aeropuerto Internacional, el Tren Interurbano México-Toluca y el cancelado Tren México-Querétaro, expusieron especialistas.
El lunes pasado, el Presidente Peña Nieto entregó la carretera Cardel-Poza Rica tramo Nautla-Gutiérrez Zamora, al sur del país. Desde Veracruz destacó las otras varias obras más que han impulsado sumando esfuerzos tanto gobiernos estatales como el Federal.
“Esta también ha sido la Administración de la inversión, de la Inversión Extranjera Directa, que es la que se puede medir por las divisas que entran a nuestro país, y de la inversión extranjera o de la inversión también nacional”, declaró a seis meses de que concluya su gestión. “Con el apoyo y respaldo de la inversión privada, así hemos impulsado los grandes proyectos de infraestructura”, destacó.
Sin embargo, afirmó el economista y académico de la UNAM, Benjamín García Páez, estas obras públicas bajo modalidades de asociación público-privada, como el sistema de infraestructura carretera, puertos o presas, están diseminadas en el país, pero no califican como megaproyectos como el Nuevo Aeropuerto, “y tienen la particularidad de que no logran generar el impacto macroeconómico deseable para un país ni logran estimular la recuperación económica, porque hay otros elementos de la estrategia que no son resueltos como el de la productividad en el campo y en la industria”.
Además, la inversión física ha registrado un desplome de la mano de tres ajustes al gasto público. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, la inversión física cayó 26 por ciento de 2016 a 2017, lo que representó la mayor disminución en el sexenio y de las últimas tres administraciones, sólo por arriba del -27.77 por ciento registrado en 1995-1996, luego de la crisis financiera generada por el “Efecto Tequila”. De 2015 a 2016 comenzó a caer 8.3 por ciento anual.
“La caída tendencial de la inversión física hace que el fenómeno de la inflación se dispare relativamente a lo esperado, y si se dispara, la desigualdad aumenta en un país por altos costos de bienes y servicios”, afirmó el economista García Páez.
2O de junio de 2013. Enrique Peña Nieto anuncia en la Reunión Nacional de Comunicaciones y Transportes que destinarán para el tren transpeninsular 16 mil millones de pesos. Francisco Balderas, Cuartoscuro
Como parte del ajuste al gasto público por la crisis petrolera, se canceló el proyecto del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro y el Tren de Pasajeros Transpeninsular en Yucatán y Quintana Roo en los primeros años del sexenio.
En 2013 firmas chinas ganaron la licitación para el Tren México-Querétaro junto con compañías mexicanas, entre ellas Grupo Teya, de Juan Armando Hinojosa, propietario de la Casa Blanca donde vivía la familia presidencial, de acuerdo con un reportaje que reveló el conflicto de interés de por medio. Aunque China le ha solicitado al Gobierno mexicano el pago de 600 mil dólares por cancelar el contrato, en febrero Chuanming Zhou, consejero Económico-Comercial de la Embajada de China en México, dijo a SinEmbargo que ese caso “ya pasó” y “ya no es muy grave”.
“¿Te acuerdas del Tren México-Querétaro que cancelaron al final? Nunca nos dijeron si ese dinero se redireccionó hacia algún lado”, cuestionó el economista Abraham Vergara.
El analista en finanzas públicas destacó que las grandes obras del sexenio no canceladas rebasan los presupuestos establecidos y “van muy lentas” en su construcción. En los estados, añadió, también hay infraestructura “a medias” o mal hechas. Un caso emblemático fue el socavón que se abrió en el Paso Exprés en Morelos, lo que arrebató la vida a un padre e hijo en agosto de 2017. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había advertido en informes las irregularidades en su construcción.
“Fue muy fácil culpar a los mercados internacionales, buscar un presupuesto austero, pero cuál austero si están gastando en su publicidad para mostrar lo que aparentemente hicieron con sus reformas mal implementadas”, planteó el académico de la Universidad Iberoamericana.
EL LENTO TREN MÉXICO-TOLUCA
El Tren Interurbano México -Toluca se construye con un sobreprecio desbordado. Foto: SCT
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) lanzó este año una herramienta para detectar ineficiencia y riesgos de corrupción en proyectos de infraestructura. Entre los casos que analizó fueron el del Tren México-Toluca.
“Están las dos grandes obras de infraestructura: el Aeropuerto Internacional y el Tren México-Toluca. Este tren es insostenible en un cálculo de costo-beneficio en términos sociales; el presupuesto ya se triplicó, y hay riesgo de un gasto muy ineficiente”, afirmó Manuel Guadarrama, investigador de IMCO.
De acuerdo con el análisis de este think tank, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el Tren México-Toluca ha incurrido en falta de información, una mala e incompleta planeación, sobrecosto hasta ahora de 21 mil millones de pesos (al costar ahora 59 mil millones de pesos) y un retraso de casi medio año, por lo que ha dejado de ser socialmente rentable.
El proceso de determinar los 23 contratos por un monto de 36 mil millones de pesos fue “desorganizado y opaco”, determinó IMCO. La SCT y la Secretaría de Hacienda dijeron no encontrar los documentos de dictámenes de excepción a licitación pública ni los oficios de preinversión para determinar sobrecostos excesivos. Tampoco se conocen los documentos iniciales para saber en cuánto se presupuestó la obra. Respecto a lo disponible en CompraNet es deficiente.
Además, no hay ningún mapa público que muestre el trazo exacto por el que pasará el Tren de Zinacantepec a Observatorio. Tampoco la SCT ni Secretaría de Obras de la CDMX localizan los puntos de los tres tramos donde no tienen control por cuestiones de derecho de vía ante la oposición de comunidades aledañas, determinó IMCO.
En octubre de 2015, la SCT de Gerardo Ruiz Esparza les pagó 292 millones de pesos a los ciudadanos Marcelino Narváez de la O y Valente Lima Hernández –dos habitantes del poblado San Jerónimo Acazulco, Edomex– a cambio de un convenio para construir el Tren México-Toluca en el tramo de 32 hectáreas denominada El Portezuelo a la altura de la zona turística La Marquesa. Entonces echó raíz para un conflicto entre dos pueblos, uno otomí y el otro náhuatl, de acuerdo con dos visitas que ha hecho este medio.
Los habitantes de la comunidad aledaña de origen náhuatl, Santa María Tepexoyucan, aseguran que la indemnización debió ser para ellos ya que ese territorio, donde siembran para vivir, les pertenece desde hace siglos de acuerdo con documentos del Registro Nacional Agrario.
“El Gobierno no está pagando la indemnización a las personas que deben ser. Mi inconformidad es que está pasando el Tren, las autopistas y las torres de electricidad sin que recibamos nada a cambio. No nos oponemos a la infraestructura, pero no está respetando los derechos de los indígenas”, aseguró la habitante Rosa González.
EL CUESTIONADO NAICM
En el caso del Nuevo Aeropuerto, el principal proyecto de infraestructura de este sexenio aunque se planea terminar en 2020, ha recibido un puñado de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, de ambientalistas y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que lleva 17 años oponiéndose a la obra que primero se planteó en el sexenio de Vicente Fox.
En febrero, el órgano fiscalizador señaló que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), figura encargada de la construcción, debe explicar qué hizo y dónde están un total de 990 millones 336 mil 502 pesos.
Esa cantidad, de acuerdo con siete auditorías que se desprenden de la Cuenta Pública 2016, está conformada por dinero que el GACM pagó por tierras de las que no hay pruebas que ya tiene, por servicios que ya tenían contemplado un presupuesto, por ampliación de costos no sin justificación, para supervisión de obras que no se estaban ejecutando y por pagos que realizó y que eran responsabilidad de las empresas.
Asimismo, SinEmbargo ha revelado que las empresas de Carlos Slim Helú, Carlos Hank Rhon, Hipólito Gerard Rivero, Rolando Cantú Barragán, Olegario Vázquez Aldir, Bernardo Quintana Isaac y constructoras como Iuyet –que participa en la construcción del Tren México-Toluca– y Aldesem, Epccor y Aldesa –encargadas de construir el Paso Exprés de Cuernavaca–, concentran el 77 por ciento del presupuesto que se ha pagado en la construcción del Nuevo Aeropuerto.
Con base en los datos abiertos del Grupo Aeroportuario, de los 321 contratos que se han celebrado, este grupo de empresas han obtenido sólo 16. El monto de esos contratos asciende a más de 106 mil millones de pesos.
Respecto a las comunidades opositoras, el Frente de Pueblos ha acusado ser víctimas de represión y despojo, y han documentado cada una de las razones por las que se oponen y las han llevado a tribunales.
“Peña Nieto, si un día no es condenado a la cárcel, será castigado por mentiroso, pues aseguró que los pueblos no serían afectados por el NAIM. Llevan 10 por ciento de construcción y ya ocasionan accidentes. Tienen en la mira el despojo y desaparición total para construir ahí sus hoteles y centros comerciales. Está manchado de sangre luego de que en mayo de 2006 nos soltaron a sus bestias. Nadie quiere recordar las imágenes de la sangrienta represión [de Atenco]. Cuando hablan de negocios y de viabilidad, hablan también de asesinatos de niños, violación tumultuaria, años de prisión”, aseguró en abril Martha Pérez, integrante del Frente de Pueblos.
El Gobierno federal gastó más de 8 mil millones de pesos en comunicación social durante 2017, lo equivalente al monto destinado para las acciones de reconstrucción de la Ciudad de México tras los sismos de septiembre, reveló un análisis del ejercicio del gasto público realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad.
Las secretarías que más gastaron en publicidad fueron: Educación Pública, Turismo, Salud, Hacienda y Crédito Público, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Desarrollo Social, Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Marina y Economía.
En lo que respecta a la deuda pública como porcentaje del PIB, pasó del 35 al 47 por ciento entre 2012 y 2017; mientras que la inversión pública se detuvo en este sexenio: en 2017 se aprobaron 74 mil 174 millones pesos para este rubro y se ejercieron 8 mil 634 millones de pesos menos de lo aprobado, es decir, 12 por ciento menos.
Ciudad de México, 2o de mayo (SinEmbargo).– El Gobierno federal gastó más de 8 mil millones de pesos en comunicación social durante 2017, cifra superior a los mil 447 millones que le fueron aprobados para este rubro y es equivalente al monto destinado para las acciones de reconstrucción de la Ciudad de México tras los sismos de septiembre, reveló un análisis del ejercicio del gasto público realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Para el gasto de comunicación social del Poder Ejecutivo federal, en 2017 fueron aprobados mil 447 millones de pesos, pero hubo una variación de más de 6 mil millones de pesos adicionales, destacó el análisis “Del dicho al hecho… La Cuenta Pública Federal 2017”.
Las secretarías que más gastaron en publicidad el año pasado fueron: Educación Pública, Turismo, Salud, Hacienda y Crédito Público, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Desarrollo Social, Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Marina y Economía.
De acuerdo con el análisis del IMCO, la Secretaría de Educación Pública (SEP), entonces a cargo de Aurelio Nuño Mayer, fue la dependencia que más gasto en comunicación social, con un monto de mil 963 millones de pesos.
En lo que va de su sexenio, el Presidente Enrique Peña Nieto se ha gastado 40 mil millones de pesos en un puñado de medios. Organizaciones nacionales y extranjeras indican que al final de su mandato alcanzará los 60 mil millones erogados en comunicación social, una cifra histórica en México. Consideran que el gasto es básicamente para comprar la línea editorial de periódicos impresos, televisoras y radiodifusoras, además de medios digitales.
Apenas el pasado 11 de mayo el Presidente promulgó la Ley General de Comunicación Social, conocida como #LeyChayote, en medio de reclamos de organismos internacionales y sociedad civil que le pedían no avalarla porque fomenta y legaliza malas prácticas, y no cumple con los estándares mínimos necesarios para cambiar el uso inapropiado de la publicidad oficial.
Organismos internacionales, periodistas y sociedad civil le habían solicitado que no pasara esa Ley, que básicamente deja en manos del Gobierno federal, otra vez, miles de millones de pesos que gasta a su arbitrio cada año. Alertaron que la legislación atenta contra la libertad de expresión, legaliza malas prácticas, y no cumple con los estándares mínimos para cambiar el uso inapropiado de la publicidad oficial.
La #LeyChayote entrará en vigor el 1 de enero de 2019.
MENOS GASTO EN INVERSIÓN PÚBLICA
En 2017 se aprobaron 74 mil 174 millones pesos para inversión pública y se ejercieron 8 mil 634 millones de pesos menos de lo aprobado, es decir, 12 por ciento menos.
Durante los últimos cinco años la inversión en obra pública ha registrado una significativa disminución, lo que además de tener un impacto negativo en la economía ha repercutido en el bienestar social, pues estas reducciones significan que se han dejado de construir escuelas, hospitales, carreteras e infraestructura.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a partir del tercer trimestre de 2008 la inversión en obra comenzó a tener un aumento gradual, pero a partir de 2013, volvió a presentar descensos. Además, de 2015 a 2016 el presupuesto asignado para el rubro de obra pública se desplomó un 20.78 por ciento en 2016 y para el año siguiente el monto representó 2.6 por ciento del PIB, el menor nivel registrado en los últimos 10 años.
La inversión en el sector de la construcción de México durante 2017 alcanzó un valor de producción de 523 mil 811 millones de pesos, lo que representa un descenso de 3.5 por ciento en el año, el más grande desde 2013.
AUMENTA LA DEUDA CON EPN
En lo que respecta a la deuda pública, constituida por todas las obligaciones derivadas de financiamientos a cargo del Ejecutivo federal y sus dependencias, la cifra aumentó el año pasado, de acuerdo con el análisis del IMCO.
Para este ejercicio se aprobó una deuda de 495 mil millones pesos y se contrataron 298 mil 16 millones de pesos menos (-60 por ciento). Sin embargo, la deuda como porcentaje del PIB pasó del 35 al 47 por ciento entre 2012 y 2017.
“Este crecimiento de la deuda es insostenible, por lo que la SHCP ha comenzado una política de contención y de rompimiento de la tendencia creciente”, aseguró el Think Tank.
La deuda pública de México reportó un saldo neto de 10,088,979.7 billones de pesos al cierre de 2017, el mayor incremento desde que se tiene registro, en el año de 1990.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en lo que va del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto la deuda pública federal se ha incrementado 69.75 por ciento.
Durante 2017 el Gobierno federal destinó más de medio billón de pesos al costo financiero de la deuda, es decir, al pago de intereses, comisiones y amortizaciones de la deuda. A este rubro se destinaron 533 mil 351 millones de pesos.
El 70 por ciento de estos recursos fue para pagar intereses del gobierno, el 23 por ciento se destinó al pago de intereses de las empresas productivas del Estado y un 7 por ciento para el saneamiento financiero del Gobierno federal.
En lo correspondiente al Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) —la medida más amplia de la deuda del país— en 2017 se ubicó en 10 billones 31,652 millones de pesos, de los cuales alrededor de 63 por ciento es deuda interna y 37 por ciento es deuda externa.
En 2017 la inversión pública sufriría un recorte de -30.7 por ciento frente a 2016 en el contexto del ajuste al gasto público, pero los servicios personales aumentarían 0.5 por ciento, destaca un estudio del CIEP basado en el Paquete Económico de la Secretaría de Hacienda.
La baja inversión pública en infraestructura física en la región sur, por enfocarla en el centro y norte del país por la alta dependencia a Estados Unidos, ahuyenta la inversión extranjera en estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, lo que provoca que sus altos índices de pobreza continúen, afirmaron investigadores. Además de la falta de carreteras y mecanismos de distribución de bienes, la inseguridad y el bajo nivel de educación y acceso a salud influyen.
Ciudad de México, 5 de marzo (SinEmbargo).– El Presidente Enrique Peña Nieto manejó el lunes pasado en una camioneta para inaugurar los 17 kilómetros del Libramiento Poniente de San Luis Potosí y posteriormente enfatizó que México está trabajando “para que sea un país verdaderamente atractivo para la inversión”. El martes 21 de febrero también dio luz verde a la autopista Tepic-San Blas y al Libramiento de Tepic, en Nayarit, donde habrá elecciones este año. “Lograr que venga la inversión nacional y extranjera es gracias a que tenemos infraestructura […] y buena conectividad”, dijo desde San Luis.
Sin embargo, investigadores destacaron que la pronunciada caída en la inversión pública a nivel nacional –un -30.7 por ciento que contrasta con el aumento de 0.5 por ciento en servicios personales– ahuyenta el flujo de la inversión extranjera directa en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, lo que sigue incentivando los altos índices de pobreza y desigualdad existentes en la región sur del país, una zona con focos de violencia y bajos niveles educativos.
En los últimos 17 años la Inversión Extrajera Directa (IED) en México ha acumulado más de 460 mil millones de dólares, equivalente a más de un tercio del PIB del país. Es, de hecho, entre la octava y la novena nación que más recibe en el mundo, destacó Cosmin Gabriel Bolea, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del oeste de Rumania y profesor de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM.
“El problema no es que no haya inversión extranjera, sino que está muy concentrada. Los primeros diez estados que reciben más del 70 por ciento de la Inversión Extranjera Directa son del centro y centro-norte. Los últimos diez estados son del sur o sureste y tienen solo el 6 por ciento de esa inversión”, aseguró en entrevista.
Eso hace que Guerrero, Oaxaca y Chiapas tengan niveles de desarrollo “realmente bajos” y se conviertan en estados “muy poco atractivos” para la inversión extranjera directa, agregó.
De 2000 a la fecha, Chiapas y Oaxaca suman 0.5 y 0.6 por ciento de IED. El economista e investigador Cosmin Gabriel Bolea atribuye este poco flujo a la falta de infraestructura física porque el país mira principalmente hacia el norte –donde es principalmente manufactura de poco valor agregado– por su alta dependencia con Estados Unidos, pero también enfatizó el bajo nivel educativo, el acceso a la salud y los focos de violencia en una zona donde hay poco empleo y la informalidad laboral es alta, destacó.
Solo en enero, las cifras oficiales reportaron 219 homicidios dolosos en Guerrero, 12 extorsiones y seis secuestros; 115 homicidios dolosos en Oaxaca, tres extorsiones y cuatro secuestros; y 143 homicidios dolosos, 12 extorsiones y cuatro secuestros en Chiapas. Guerrero es epicentro de grupos del crimen organizado.
La República mexicana, describió el académico, tiene una “Y” muy grande que parte del Valle de México y va hacia Querétaro, Guadalajara, Guanajuato, San Luis Potosí y Nuevo León. En la parte sur, sin embargo, la situación de infraestructura es muy deficitaria, aunque también es cuestión de terreno desfavorable.
El investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Kristóbal Meléndez Aguilar, por su parte aseguró que el gobierno “está apostando” a que la inversión venga principalmente del extranjero, pero los inversionistas internacionales buscan que la inversión pública contribuya en este desarrollo.
“Requieren que haya carreteras y demás sistemas de distribución para que puedan establecer su industria y comercio. Si no hay la infraestructura suficiente para poder vender sus productos, implica mayor riesgo y menor rentabilidad para sus negocios, lo cual los inhibe”, dijo en entrevista.
El Presidente Enrique Peña Nieto recorrió en camioneta las obras inauguradas en SLP y Nayarit. Foto: Presidencia.
No obstante, la inversión pública a nivel nacional tendrá un recorte de -30.7 por ciento real en 2017 respecto a 2016, esto es, 293 mil 190 millones de pesos, con base en el paquete económico 2017 presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Por entidad, un estudio de distribución de gasto público hecho por el investigador Kristóbal Meléndez Aguilar destacó que la inversión pública en Oaxaca sufrió un recorte de -49.7 por ciento, la de Guerrero de -38.2 por ciento y la de Chiapas de -28.7 por ciento.
La inversión pública en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para infraestructura física y demás, tuvo un tijeretazo de -67.4 por ciento en Guerrero, de -64.2 por ciento en Oaxaca y de -59.2 por ciento en Chiapas este año.
En contraste, los servicios personales a nivel nacional crecerían 0.5 por ciento real para 2017 frente a 2016 (815 mil 693 millones de pesos), y los de Chiapas subirían un 12.7 por ciento, de Oaxaca un 10.5 por ciento y de Guerrero un 4.1 por ciento, si se toma en cuenta el paquete económico 2017.
“La estrategia que tomó Hacienda, como parte del ajuste al gasto público, fue recortar la inversión pública y no trataron de disminuir los servicios personales”, destacó en entrevista el investigador del CIEP, Kristóbal Meléndez Aguilar, autor del estudio “Distribución del gasto público en los estados 2017”.
“[El recorte de inversión pública en el sur] tiene un efecto muy importante porque son los estados rezagados que tienen mayores índices de pobreza y hay una desigualdad. Si hay recortes en inversión pública, la pobreza permanece en esta región. Están apostando por la inversión extranjera directa mediante las Zonas Económicas Especiales, pero mientras se tiene esa inversión, la pobreza continúa”, dijo.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social reporta 3 millones 961 personas en situación de pobreza en Chiapas; 2 millones 662 de en Oaxaca; y 2 millones 615 en Guerrero.
El académico Cosmin Gabriel Bolea explicó que la creación de las llamadas Zonas Económicas Especiales, ubicadas en el Puerto de Lázaro Cárdenas (Michoacán-Guerrero), el Istmo de Tehuantepec (Veracruz), Salina Cruz (Oaxaca) y en Chiapas, intenta fomentar el emprendimiento e incrementar la IED intrarregional entre esas regiones y países de Centroamérica.
Sin embargo, en Guatemala, El Salvador, Michoacán, Guerrero y pueblos de Oaxaca y Chiapas “los focos de violencia hacen que los inversores huyan de esos lugares”, agregó.
Ante esta asimetría entre el recorte a la inversión pública y el aumento a servicios personales (salarios), Meléndez García aseguró que “es complicado que mejore esta situación de eficiencia en el gasto. Todavía falta un buen uso de los recursos. Si hay recortes y no hay buena eficiencia, hay un mayor impacto en los niveles de pobreza y la sociedad”, reiteró el también contador y administrador por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
En el estudio del CIEP también se abordó que las transferencias brutas a nivel nacional disminuirían -1.4 por ciento real para 2017. En apoyos sociales, a Chiapas se le recortó -17 por ciento, a Guerrero -7.3 por ciento y a Oaxaca -4 por ciento. En subsidios, a Guerrero se le quitó -40.4 por ciento, a Oaxaca -38.2 por ciento y a Chiapas -36.3 por ciento.
A ese escenario de menos subsidios y apoyos sociales, se suma el gasolinazo, que impacta en precios de los bienes que se distribuyen en transporte, por lo que el poder adquisitivo estatal está cayendo. Esto, añadió el investigador, tiene una repercusión en la pobreza, especialmente en los que tienen un salario mucho menor que el promedio.
LA IED EN EL SUR VA A ENERGÍA Y CONSTRUCCIÓN
Una escuela en Comitán, Chiapas, el estado sureño con mayor número de pobres. Foto: Cuartoscuro.
Para que la inversión extranjera directa genere crecimiento económico y posteriormente un desarrollo regional, se necesita una base: infraestructura física (puentes y carreteras), un sistema de salud y uno de educación, aseguró Cosmin Gabriel Bolea, investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
“Una Inversión Extranjera Directa, aunque sea en el mismo sector, tiene efectos diferentes en cada país porque se asientan sobre bases muy diferentes y eso es lo que los hacedores de políticas públicas deben entender. Solo creando esta base permite el efecto multiplicador de las inversiones, sino no sirven”, aseguró el académico durante la presentación del libro “Reflexiones sobre las desigualdades y el desarrollo en México”.
Además de eso, los efectos de la inversión dependen del sector económico (no es lo mismo el agrícola que el aeroespacial), del tipo de economía y “extremadamente importante” es el funcionamiento del sistema judicial, porque brinda a los inversionistas la seguridad y certeza de que es respetada la propiedad privada y cualquier ley ambiental o laboral, dijo.
En los últimos 20 años, la IED en México ha venido principalmente de Estados Unidos, pero en los últimos tres años ha bajado esa tendencia. El economista Cosmin aseguró que es importante mirar hacia América Latina y hacia Asia.
“La elección de [Donald] Trump y, si se atreve a poner un impuesto a las exportaciones mexicanas, exactamente confirma esto. Generaría un ajuste tremendo particularmente para México por la dependencia comercial”, declaró.
En entrevista, afirmó que la IED al sur se enfoca en el sector energético y de construcción, básicamente proveniente de empresas españolas. Sin embargo, el año pasado Oaxaca fue el único estado del país que presentó una inversión extranjera negativa.
La inversión extranjera en el sector agrícola es casi nula.
En marzo de 2015, el académico dijo en entrevista radiofónica que “ni siquiera el Estado ha estado interesado en invertir en el campo”.
La mayoría de las empresas extranjeras que invierten en ese sector, el 90 por ciento viene de las trasnacionales especialmente en la agroindustria concentrada en el centro norte del país (Jalisco, Sonora,) no tanto en el campo ni en el centro sur (Oaxaca, Guerrero, Chiapas).
“Las inversiones van a ir donde más beneficios puedan sacar y mejor aún si el país carece de un marco legislativo”, sostuvo Cosmin Gabriel Bolea.
El proceso de globalización tiene “un evidente impacto negativo” en el sector agrícola mexicano y ha propiciado la brecha de la pobreza en el campo mexicano lo que ha propiciado por un lado el desplazamiento de las actividades agrícolas hacia otros sectores de actividad o la migración de campo (sur) a ciudad (norte) o a Estados Unidos.
“En el campo mexicano debe haber transparencia en los fondos públicos en agricultura. Hay muchos artículos que critican el programa Procampo porque ha regalado dinero a campesinos que más cultivan, es decir, a las agroindustrias que no necesariamente lo necesitan como el pobre campesino, quien si recibe dinero lo gasta para comprar comida o necesidades básicas, no para cosechar. Se debe cambiar ese enfoque”, concluyó en aquella entrevista con Radio UNAM.
Los informes de auditoría de las Cuentas Públicas de 2010 a 2014 realizados por la Auditoría Superior de la Federación, así como las consideraciones expuestas en la Evaluación de la Política Pública de Deuda realizada por la ASF con motivo de la revisión de la Cuenta Pública de 2011, revelan que la mayor parte del dinero del endeudamiento neto del Sector Público Federal se destina al pago del servicio de la deuda, lo que origina que ésta crezca año con año. “Asimismo, reflejan que no existe una evaluación sobre los beneficios sociales que la deuda pública aporta, ni se identifica el destino de los ingresos derivados del endeudamiento”, expuso la ASF.
Ciudad de México, 3 de marzo (SinEmbargo).– La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que la mayor parte de la deuda del Sector Público Federal se destina en gran parte al pago de los mismos pasivos, sin que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) demuestre su utilidad social o el destino de los recursos.
De acuerdo con la auditoría 40-GB realizada a la SCHP para “fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la política de deuda del Sector Público Federal”, de cada cien pesos que el Gobierno federal contrató en pasivos en 2015, 86.7 fueron para la amortización y pago del costo financiero de la misma, y sólo 13.3 pesos fueron para la realización de proyectos de inversión o actividades productivas.
Y así, agrega la revisión, ha sido desde al menos el año 2010.
“Los informes de auditoría de las Cuentas Públicas de 2010 a 2014 realizados por la ASF, así como las consideraciones expuestas en la Evaluación de la Política Pública de Deuda realizada por la ASF con motivo de la revisión de la Cuenta Pública de 2011, revelan que la mayor parte de los recursos que se obtienen del endeudamiento neto del Sector Público Federal se han destinado al pago del servicio de la deuda, lo que origina que ésta crezca año con año”, dice la revisión.
“Asimismo, reflejan que no existe una evaluación sobre los beneficios sociales que la deuda pública aporta, ni se identifica el destino de los ingresos derivados del endeudamiento; ante situaciones atípicas, como la crisis de 2008-2009, la economía mexicana es sensible por lo que no es sostenible, obligando al uso del crédito para hacer frente al gasto presupuestario; si bien diferir el pago de la deuda y ampliar los plazos de vencimiento es un alivio a las finanzas de corto plazo, no se resuelve el problema dado que endosa el pago a los gobiernos futuros”, agrega la ASF en su Informe de la cuenta pública de 2015, presentada el 15 de febrero.
El reporte explica que la Deuda del Sector Público Federal, ubicada en diciembre pasado en nueve billones 306.4 mil millones de pesos, está integrada por los compromisos financieros contratados por el Gobierno Federal, las empresas productivas del Estado, como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Banca de Desarrollo –como el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), el Banco de Comercio Exterior, Nacional Financiera, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) y Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND).
También explica que “deuda pública en México ha sido un elemento histórico importante para financiar el gasto gubernamental, justificando su uso para alcanzar un mayor desarrollo económico y, con ello, elevar la calidad de vida de los mexicanos”.
Pero la Secretaría de Hacienda, encuentra la revisión de la ASF, no acreditó haber aprobado los proyectos y programas que requirieron financiamiento ni determinó si las dependencias públicas que obtuvieron este tipo de recursos tenían capacidad de pago.
“La SHCP no acreditó que para determinar las necesidades financieras conociera por conducto de las Secretarías de Estado, encargadas de la coordinación del sector que corresponda, los proyectos y programas de actividades debidamente aprobados por dicha secretaría, que requieran de financiamientos para su realización”, dice uno de los resultados.
“De igual manera, la SHCP no acreditó que dichos proyectos y programas estuvieran aprobados por la SHCP conforme a la capacidad de pago de las entidades del sector público promotoras de los financiamientos, ni que estableció el saldo total de la deuda contingente derivada de proyectos de inversión productiva de largo plazo, los ingresos derivados de dichos proyectos, así como de los nuevos proyectos a contratar y su monto, por entidad y por tipo de inversión, en la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación de 2015”, agrega.
Además de falta de mecanismos para determinar necesidades y capacidad de pago de las entidades que recibieron recursos, la ASF encuentra que Hacienda –en 2015 conducida por el hoy Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso– tampoco vigila sus avances en los pagos.
“La SHCP no contó con los reportes mensuales de 2015 enviados por las entidades del Sector Público Federal con los saldos y movimientos de las líneas de créditos, así como con los oficios de autorización para los créditos externos y de oficios de toma de nota para los créditos internos, ni con el Sistema Estadístico de Deuda (SEDE), por lo que la dependencia no acreditó la vigilancia a las entidades respecto de la suficiencia para realizar los pagos de los financiamientos aprobados, ni la supervisión de los pagos de los programas de financiamiento contratados, así como tampoco la verificación del pago de capital e intereses de los créditos contratados por las entidades”, dice.
En 2015, el saldo de la deuda bruta del Sector Público Federal fue de ocho billones 430 mil 561.7 millones de pesos y representó el 46.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Esta proporción del PIB, plantea la ASF, es más del doble de lo que la deuda representaba en 2007, cuando era de tres billones 485 mil 513 millones de pesos y sólo el 22.4 por ciento del PIB.
“En opinión de la ASF, la SHCP contrató y administró la deuda del Sector Público Federal, atendió las necesidades del gasto, y contribuyó a mantener la estabilidad macroeconómica del país; sin embargo, continuó el problema de insuficiencia de la capacidad de pago para reducir el saldo de la deuda, ya que si bien los resultados de los indicadores de sostenibilidad y vulnerabilidad se ubican dentro de los rangos sugeridos por el FMI, en 2015 los ingresos presupuestarios representaron el 23.5 por ciento (4,266,989.5 millones de pesos) del PIB, en tanto que el saldo de la deuda bruta del Sector Público Federal representó el 46.5 por ciento (8,430,561.7 millones de pesos) del PIB, siendo mayor en 97.5 por ciento a los ingresos presupuestarios disponibles por el Sector Público; lo que significa que la deuda sigue creciendo, ya que se continúa recurriendo al endeudamiento interno y externo para pagar el saldo acumulado de la deuda y cubrir el costo financiero de la misma”, dice.
La ASF también reporta que, en 2015, el sector público federal contrató deuda por dos billones 948 mil 74 millones de pesos; la mayoría de los cuales –2.1 billones– se destinaron a la amortización al saldo de la misma deuda e, insiste la ASF, sin que haya reportes de los beneficios sociales de tal contratación de pasivos.
“Se realizó el pago oportuno de principal por un monto de 2,148,962.9 millones de pesos mediante amortizaciones al saldo de la deuda del Sector Público Federal; sin embargo, no existió una evaluación sobre los beneficios sociales que la deuda pública aporta, ni se identificó el destino de los ingresos derivados del endeudamiento”, concluye el dictamen.
“Del financiamiento obtenido, se destinaron 2,148,962.9 millones de pesos (72.9 por ciento) a la amortización del saldo de la deuda, 408,287.2 millones de pesos (13.8 por ciento) al pago del servicio de la deuda y 390,823.9 millones de pesos (13.3 por ciento) quedó disponible para financiar proyectos de inversión, lo que significó que, en ese año, por cada 100 pesos de financiamiento obtenido, se destinaron 86.7 pesos a la amortización y pago del costo financiero de la deuda, quedando disponibles 13.3 pesos para destinarlos a la realización de proyectos de inversión o actividades productivas”, agrega.
Ante las deficiencias, la ASF recomendó a la Secretaría de Hacienda coordinarse con las entidades del Sector Público Federal para mejorar la “determinación de necesidades de financiamiento” de cada dependencia, así como fortalecer la vigilancia de la capacidad de pago de cada una, a fin de que se hagan oportunamente los depósitos de capital e intereses.
“Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere investigar las causas por las que no acreditó la aprobación de los proyectos y programas que requirieron de financiamientos en 2015; y con base en los resultados, adopte las medidas para que pueda determinar las necesidades de financiamiento y su pago, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 11 de la Ley Federal de Deuda Pública, y 17, fracciones I, III y V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia determinada”, recomienda la ASF.
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