Entre enero y octubre de este año, el gasto aprobado (por contrato) de las 18 secretarías de Estado se concentró en bienes y servicios de obra pública, así como en bienes y servicios médicos y de laboratorio. Esto es diferente a lo que ocurrió en el mismo periodo de 2013, cuando las secretarías dieron prioridad a las obras públicas, pero también a los consumibles y servicios de oficina.
El gasto de las secretarías en 2019 ha sido congruente con la política de austeridad de la 4T. En comparación con 2013, durante el primer año del sexenio pasado, los gastos más superficiales (eventos, obsequios, propaganda, vestuario, viáticos, entre otros) fueron 58.5 por ciento inferiores, indican datos oficiales.
Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).- El gasto de las secretarías de Estado no es el mismo que hace seis años. La lista de contratos públicos de este año no refleja lo mismo que apareció en el gasto gubernamental durante el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto: regalos, renta de camionetas blindadas, festejos al por mayor y maquillaje con cargo al erario público, por mencionar algunos ejemplos.
Entre enero y octubre de este año, las 18 secretarías que dependen del Poder Ejecutivo Federal aprobaron al menos 6 mil 213 contratos públicos por 37.6 mil millones de pesos, de acuerdo con el registro de fallos del portal de compras gubernamentales CompraNet.
La mayor parte del dinero (68.3 por ciento) fue utilizada para bienes y servicios de obra pública, ya fuera de infraestructura o de programas sociales.
En comparación con los 6 mil 810 contratos aprobados en los primeros 10 meses de 2013, el gasto en obra pública fue 33.4 por ciento mayor.
Entre las grandes diferencias con el gasto de hace seis años, también estuvo el aumento (45 por ciento) al presupuesto destinado a bienes y servicios médicos y/o de laboratorio, así como la reducción (-83.2 por ciento) al gasto en consumibles y servicios de oficina.
La redistribución del gasto en contratos públicos en lo que va de este año es consistente con la política de austeridad del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Aunque la medida ha sido bien recibida por una amplia mayoría de la población mexicana –57 por ciento, de acuerdo con una encuesta de agosto de El Financiero–, los ahorros contrastan con el grado de inversión pública que, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y el Inegi, es menor al de años previos.
Por un lado, el gasto capital –o de inversiones gubernamentales que incrementan el patrimonio público– equivalió al 2.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) durante los primeros nueve meses de 2019.
Este grado de inversión es menor al registrado en el mismo periodo de 2013 (3.4 por ciento del PIB) y también es inferior al gasto capital de los primeros nueve meses de 2018 (2.6 por ciento del PIB).
Además, la inversión pública –medida a través de la formación bruta de capital fijo– al segundo trimestre de 2019 (dos por ciento del PIB) fue menor a la registrada durante el mismo periodo de 2013 (4.4 por ciento del PIB) y 2018 (2.4 por ciento del PIB).
En economía, uno de los principales factores para incentivar la inversión privada es el aumento de la inversión pública. De modo que cuando el gasto de gobierno se contrae, por lo general, el gasto privado va a la baja y la productividad nacional se estanca, sufre de una desaceleración o de una recesión económica.
Algunos analistas económicos refieren que un reto del Gobierno de AMLO será mantener la austeridad republicana sin sacrificar la inversión pública.
Para que el PIB de México crezca a un promedio anual de 3.8 o cuatro puntos porcentuales, la inversión total (pública, privada y extranjera) deberá equivaler al 24 ó 25 por ciento del PIB –en lugar del 21 por ciento actual– , dijeron a SinEmbargo (2018) los doctores en economía Luis Foncerrada Pascal y José Nabor Cruz Marcelo.
El gasto en inversión y la eliminación de “grandes excesos de gasto público en gasto corriente”, junto con medidas de responsabilidad fiscal y de endeudamiento, además de la implementación de programas regionales de desarrollo económico, subsanarán parte del déficit económico gubernamental y encaminarán al país por buen rumbo, explicaron ambos analistas económicos.
NO ES LO MISMO
Entre enero y octubre de 2013, las 18 secretarías de Estado adjudicaron de manera directa el 16.2 por ciento de los contratos otorgados a privados, por un monto superior a 6.2 mil millones de pesos.
En cambio, en los primeros 10 meses de 2019, las secretarías de Estado adjudicaron el 0.001 por ciento de los contratos aprobados durante el periodo, por un monto de 304 mil 602.04 pesos.
El grado de licitaciones públicas entre uno y otro año también varió.
En 10 meses de 2013, el 62 por ciento de los contratos aprobados fue otorgado por concurso. Seis años más tarde, el 84 por ciento de los contratos fue otorgado por licitación pública.
Más allá del cambio en el tipo de procedimiento de contratación, la austeridad del Gobierno de AMLO se vio reflejada en algunos rubros presupuestarios.
Por ejemplo, hasta octubre del primer año de mandato de Peña Nieto, las secretarías de Gobernación (Segob), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y del Trabajo y Previsión Social (STPS) erogaron más de 11.7 millones de pesos en fiestas relacionadas con días festivos no oficiales.
En ese mismo periodo de 2019, la STPS y las secretarías de Bienestar, Cultura, Educación Pública (SEP) y Relaciones Exteriores (SRE) erogaron casi 3.3 millones de pesos en celebraciones y festejos no oficiales.
La SEP también gastó 135 mil 164.08 pesos en maquillaje, un gasto no reflejado en lo que va de este año.
Pese a los ahorros, existen contrastes entre uno y otro inicio de sexenio.
En 2013, a estas alturas del año la SRE ya había erogado más de 1.3 millones de pesos en obsequios del día del padre y de la madre. Esta dependencia de gobierno también gastó 49 mil 500 pesos en carteras promocionales y 439 mil 104.37 pesos en juguetes para días festivos.
La SRE no tiene registro de este tipo de contratos en 2019, pese y a que existen algunos vigentes aprobados en años anteriores. Sin embargo, la Segob y la STPS gastaron poco más de 1 millón de pesos en juguetes durante los primeros 10 meses de este año.
Entre los gastos que destacan asimismo están los contratos relacionados con vehículos blindados.
Por un lado, entre enero y octubre de 2013, tres secretarías de Estado erogaron 454 mil 318 pesos en el rubro: 172.4 mil pesos de Segob para mantener sus vehículos blindados, más de 255 mil pesos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para el arrendamiento de una camioneta blindada, así como 27 mil pesos en compra de llantas blindadas de la Secretaría de Salud.
En cambio en lo que va de este año, la Secretaría de Economía gastó casi 690 mil pesos en mantenimiento de vehículos blindados.
PRIORIDADES Y GASTO
Durante los primeros 10 meses de este año, el 86 por ciento del gasto aprobado por contrato público estuvo concentrado en bienes y servicios para obra pública (68.3 por ciento); bienes y servicios médicos y/o de laboratorio (8.4 por ciento); dictámenes, estudios y seguimiento de proyectos (5.1 por ciento); y servicios profesionales especializados (4.2 por ciento).
Seis años antes, el 82.4 por ciento del gasto en contrataciones estuvo concentrado en obra pública (51.2 por ciento); bienes y servicios de oficina (16.1 por ciento); servicios profesionales especializados (9.3 por ciento); y bienes y servicios médicos y/o de laboratorio (5.8 por ciento).
Entre 2013 y 2019, los gastos que han permanecido prácticamente igual –como porcentaje del gasto total en contrataciones– son aquellos en materiales y refacciones (tres contra 3.3 por ciento), así como en bienes y servicios para vehículos y/o maquinaria (2.5 contra 2.6 por ciento).
También hubo otros gastos importantes que tuvieron variaciones considerables.
El gasto en alimentos, bebidas y/o vales de despensa fue recortado en un 81.5 por ciento entre 2013 y 2019. Asimismo, las erogaciones para viáticos y/o transporte de personal (-69.2 por ciento), arrendamientos y seguros (63 por ciento), así como el de eventos oficiales (-58.3 por ciento) fueron a la baja.
En contraste, la inversión en dictámenes, estudios y seguimiento de proyectos de 2019 fue 113 por ciento superior a la de hace seis años.