La ASE pidió a la Fiscalía General del Estado que haga las gestiones necesarias para asegurar las cuentas del expresidente municipal de Puebla, Antonio Gali, y tres de sus ex funcionarios, así como investigar su patrimonio.
Por Elena Domínguez
Puebla, 15 de junio (Periódico Central).- En la denuncia que interpuso la ASE por el manejo irregular de más de 102 millones de pesos, se solicita el aseguramiento de las cuentas bancarias y una investigación del patrimonio del expresidente municipal de Puebla, Antonio Gali Fayad, cuatro de sus excolaboradores y las 98 empresas factureras con las que supuestamente simularon operaciones para desviar el dinero público.
Periódico Central publicó que la Auditoría Superior del Estado (ASE) denunció penalmente al exalcalde de Puebla, Antonio Gali Fayad; al exsecretario general del Ayuntamiento, Mario Riestra Piña; a Luz María Aguirre Barbosa, extitular de la Contraloría; a Arely Sánchez Negrete, quien encabezó la Tesorería; así como a Rafael Ruiz Cordero, el ex secretario de Administración.
A los ex funcionarios municipales se les acusa de asociación delictuosa, abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, peculado, fraude y demás que resulten. Mientras, a las 98 empresas factureras involucradas en el presunto desvío de 102 millones de pesos, se les denuncia por asociación delictuosa, fraude y demás que resulten responsables.
Gali junto a Peña Nieto. Foto: Cuartoscuro.
Las diligencias que la ASE solicita a la Fiscalía General del Estado (FGE) abarcan la petición de las declaraciones fiscales de los exfuncionarios, el registro de los bienes inmuebles con los que cuentan, los informes de sus cuentas bancarias y el aseguramiento de las mismas.
Respecto a las empresas, se solicita a la Secretaría de Economía un informe sobre la existencia de las compañías, la información sobre sus cuentas bancarias si es que se cuenta con ésta y si se encuentran abiertas.
ASE PIDE INVESTIGAR PATRIMONIOS
En la denuncia, la Auditoría Superior del Estado solicitó que se realicen diferentes diligencias para investigar el patrimonio de los ex funcionarios municipales involucrados en el presunto desvío de 102 millones de pesos.
La ASE pidió a la FGE girar un oficio al Sistema de Administración Tributaria (SAT) para que le informe sobre las declaraciones fiscales del ex alcalde de Puebla, Antonio Gali Fayad y tres de sus ex colaboradores, Mario Riestra Piña, Luz María Aguirre Barbosa, Arely Sánchez Negrete y Rafael Ruiz Cordero.
En las diligencias, también se solicita hacer las gestiones para que al Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla informe sobre los bienes inmuebles inscritos a nombre de estos tres ex funcionarios municipales.
Además, que se realicen las gestiones necesarias ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que requiera a todas las instituciones bancarias del país la información relacionada con las cuentas a su nombre, si cuentan con datos, que remitan los estados de cuenta de febrero de 2014 a la fecha en que se expida el oficio de solicitud.
Gali junto a Manuel Velasco. Foto: Cuartoscuro.
Respecto a las diligencias para investigar la presunta responsabilidad de las 98 empresas, se pide a la Secretaría de Planeación y Finanzas del estado los contratos celebrados entre la dependencia y las personas morales involucradas en la denuncia, de febrero de 2014 a febrero de 2016.
A la Secretaría de Economía del Gobierno Federal a fin de informar si existe registro de las empresas y en su caso, remita expediente de cada una de ellas. Tal como a los funcionarios, también se solicitará un informe sobre las cuentas bancarias a su nombre y, en caso de tenerlas, que se remitan los estados de cuenta de febrero de 2014 a la fecha del oficio.
Gire oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que a su vez expida los oficios correspondientes con la finalidad de que se lleve a cabo el aseguramiento de los instrumentos, objetos o productos del delito”, indica la denuncia.
EL MODUS OPERANDI DE LAS FACTURERAS
Para realizar el presunto desfalco, las 98 Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) emitieron varios Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI´s), es decir, facturas electrónicas por diferentes cantidades y montos, varios no superaron los 100 mil pesos, por lo que a través de pequeñas cantidades habrían sumado los 102 millones de pesos.
Por ejemplo, en la denuncia se asentó que la empresa Asociación de Agroproductores Sade SA. de CV. emitió dos CFDI´s sólo para facturar 600 pesos; también llama la atención el caso de la empresa Construcciones Ascar S.A. de C.V. que emitió cuatro facturas electrónicas por un monto global de 4 mil 200 pesos.
La empresa denominada Comercializadora del Centro Brunocas S.A. de C.V. se emitieron 17 CFDI´s sólo para justificar 24 mil 974 pesos. La persona moral llamada Como en el Rancho S.A de C.V. emitió una factura electrónica por un monto de 640 pesos.
El monto máximo que facturó una de estas empresas fue por 39 millones 308 mil 808 pesos, la compañía Soluciones Organizacionales Strategia S.A de C.V. fue la encargada de emitir 10 CFDI´s al Ayuntamiento por dicho monto.
La empresa Vepora Constructora S.A de C.V. con 5 millones 443 mil 798 pesos a través de seis facturas electrónicas; también Bosques Constructora Arrendadora e Inmobiliaria S.A. de C.V. que facturó 4 millones 652 mil 272 pesos mediante nueve CFDI´s, e Hinfra S.A de C.V. emitió a favor del municipio de Puebla ocho CFDI´s por 4 millones 348 mil 369 pesos.
Hinfra S.A de C.V. ya había sido señalada por operar de manera irregular y también por formar parte de las empresas factureras con las que los ex gobernadores Rafel Moreno Valle y Antonio Gali desviaron recursos desde el Comité Administrador para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee).
Dijo que si algún servidor público conoce de una empresa facturera o de “outsourcing” que defrauda a la Hacienda y no lo denuncia “es un encubridor”. Se refirió a sus opositores y expresó que están inconformes porque ahora tienen que pagar impuestos que antes no pagaban porque se los condonaban.
Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que enviará una iniciativa de ley para desaparecer el “outsourcing“. Adelantó que será un “tema polémico” como lo fue la extinción de los fideicomisos, “pero tenemos que limpiar, no podemos ser cómplices de corrupción, encubridores”.
“Abusaron de esas medidas y afectan al trabajador, afectan a la hacienda pública, afectan al desarrollo del país y se fomenta la corrupción. Voy a enviar una iniciativa de ley para que ese mecanismo desaparezca“, dijo esta mañana el mandatario.
Además dijo que en caso de que alguna persona servidorapública conoce de una empresa facturera o de “outsourcing” que defrauda a la Hacienda y no lo denuncia “es un encubridor“. “Yo no quiero ser, pasar a la historia como encubridor, como tapadera, como cómplice de la corrupción”, expresó.
Se refirió al tema durante su conferencia de prensa diaria al mencionar a sus opositores que, dijo, están inconformes porque ahora tienen que pagar impuestos que antes no pagaban porque se los condonaban.
Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, durante la conferencia de prensa para dar el informe semanal sobre el avance de la pandemia. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro.
El Presidente dijo que su Gobierno investiga a un facturero que también tenía una empresa de subcontratación con doscientos mil empleados formales que servía para retirarle la responsabilidad de hacer un pago justo a las empresas, “para que no les cubrieran a los trabajadores sus prestaciones, para quitarlos de la nómina en noviembre, diciembre y no darles aguinaldo y volverlos a subir a la nómina en enero, en febrero. Pues eso se va a terminar”.
En materia aboral, continuó, se hicieron reformas para ayudar a las empresas a no tener que hacer trámites administrativos y contratar a sus empleados con una empresa que administrara los pagos al IMSS, al Infonavit y salariales.
“Qué bueno que esto esté pasando, nos está dando -este proceder- buenos resultados porque las empresas saben que hay en México un auténtico Estado de derecho y por eso están llegando más inversiones, saben que ya no es un Estado de chueco, un Estado de cohecho, que no se permite la corrupción ni la impunidad, trátese de quien se trate”, aseguró.
Con la entrada en vigor del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) las empresas mexicanas afrontan la mayor transformación laboral en la historia reciente, a esto se suma que Gobierno federal emprendió una lucha contra la subcontratación abusiva u “outsourcing”.
Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro.
Entre los cambios que se avecinan están la garantía de la democracia de los sindicatos, las negociaciones colectivas, el aumento al salario mínimo y la creación de un sistema de tribunales que resuelvan las disputas laborales, explican activistas, académicas y empresarios consultados por Efe en febrero.
La renovada Ley Federal del Trabajo proviene a su vez de una reforma constitucional aprobada en febrero de 2017, que se considera “la más importante en materia de empleo” desde la Revolución mexicana de 1910, asevera Joyce Sadka, profesora investigadora del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Esto implica, precisa, reemplazar las actuales Juntas de Conciliación y Arbitraje, que dependen del poder Ejecutivo, por tribunales laborales a cargo del poder Judicial para erradicar la corrupción e ineficacia en la resolución de conflictos laborales.
Otro punto de incertidumbre es el combate a la subcontratación, conocida como “outsourcing”, pues hay un dictamen en el Senado que “prácticamente prohíbe” y “criminaliza” la actividad, advierte Elías Micha, director general de la agrupación empresarial Tallentia MX.
En México 8 millones de personas tienen un contrato bajo este esquema, que representa al 40 por ciento de los trabajadores formales, informa el representante del sector privado.
Las autoridades ubicaron a los contribuyentes y les notificaron a cada uno de ellos el oficio individual de presunción, en el cual se informó los hechos por lo cuales se les consideró, dándoles un plazo de 15 días para presentar los documentos correspondientes.
Ciudad de México, 19 octubre (SinEmbargo).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer una lista de 119 personas físicas y morales que se presume podrían ser factureras, sin embargo sus comprobantes fiscales no presentaron activos.
De acuerdo a la publicación del Diario Oficial de la Federación (DOF), la lista de los contribuyentes señalados emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos; personal, infraestructura o capacidad material para prestar servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan sus comprobantes.
Debido a la situación las autoridades ubicaron a los contribuyentes y les notificaron a cada uno de ellos el oficio individual de presunción, en el cual se informó los hechos por lo cuales se les consideró.
“Se les informa a los contribuyentes (…) que se encuentran en el supuesto (…) lo anterior se les hace de su conocimiento con el objetivo de que puedan manifestar ante la autoridad fiscal que les notificó el oficio individual lo que a su derecho convenga y aportar, ante dichas autoridades, la documentación e información e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos”, señala el documento.
Las autoridades dieron un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de que surta efectos la última de las notificaciones para que se presenten directamente ante las oficinas de las autoridades, asimismo, deberán acudir con la documentación e información que se consideren pertinentes para desvirtuar los hechos pormenorizados en el oficio recibido.
La publicación sostiene que la documentación presentada deberá cumplir con los requisitos establecidos y en caso de que transcurrido el plazo concedido no se aportasen las pruebas, documentación e información respectiva o bien una vez admitidas y valoradas, no se desvirtúan los hechos señalados se procederá en su contra.
La lista de las 119 empresas notificadas por la SHCP puede revisarse en la dirección https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5603030&fecha=19/10/2020
El Pleno del INAI revocó la respuesta del SAT en 25 recursos de revisión relacionados con la emisión de facturas en instituciones como la Sedena, Presidencia, las Cámaras de Diputados y Senadores.
También con el PRI, Morena, PAN, PVEM y el PRD; con el IMSS, el ISSSTE, la CFE y Pemex.
Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) determinó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debe dar a conocer las listas de las empresas factureras que realizaron operaciones 25 instituciones públicas.
El pleno del INAI instruyó que se hagan públicas las Entidades de Facturación de Operaciones Simuladas (EFOS), así como la relación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) emitidos a cada institución de la Administración entre 2006 y 2020.
“Estos recursos son fundamentales y ejemplifican una de las vertientes del acceso a la información, en tanto que la persona que se acercó a este derecho quiere obtener información acerca de estas empresas que facturan mediante operaciones simuladas, las famosas factureras, que realizaron operaciones con diversos sujetos obligados”, enfatizó el Comisionado Oscar Guerra Ford.
La lista deberá estar desglosada por Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del emisor y del receptor, la razón social del emisor, los conceptos o descripción de la compra, así como el monto total de la factura y la fecha de emisión.
Al observar 25 recursos de revisión en contra del SAT, el INAI solicitó la información de las operaciones con la Sedena; la Presidencia de la República; la Cámara de Diputados y de Senadores; la Función Pública; el mismo INAI; el Instituto Nacional de Migración; así como el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social.
La relación de empresas que colaboraron con los partidos políticos PRI; Morena; PAN; PVEM; y el PRD.
En la rama de Salud, las facturas con el IMSS; ISSSTE; el Hospital Juárez de México; la Secretaría de Salud; el INER “Ismael Cosío Villegas”; así como el Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”.
Además de las facturas con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Pemex, así como la Sección 11 de su Sindicato.
El Comisionado estableció que desde 2014 el SAT publicó la lista de empresas factureras que, en ese momento sumaban 9 mil 857 y durante la presente Administración se agregaron 3 mil 261.
“La publicidad de la información, como la requerida, permitirá que la ciudadanía evalúe cómo se gasta el dinero público y también puede disuadir la realización de actos irregulares, con lo cual será viable avanzar en la construcción de confianza en las instituciones y, de esa manera, impactar en mayores índices de recaudación al disminuir la resistencia fiscal, que se traducirán en más recursos para el desarrollo”, expresó la Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena.
Recordó que entre 2014 y 25 de junio de 2019, se identificaron 8 mil 204 EFOS que generaron más de 8 millones de facturas falsas, un total de 354 mil 512 millones de pesos de recursos evadidos.
El Comisionado Presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, subrayó que el tema fiscal ha sido un reclamo contante del INAI. “Tuvimos que ir a los tribunales, este Pleno fue directamente a hacer alegatos con los jueces de distrito, los jueces federales, mi compañera Josefina Román y un servidor fuimos comisionados por nuestros compañeros para ir a aclararle a los jueces que de ninguna manera se ponían en riesgo las preocupaciones que a ellos les asistía por haber sido en el pasado, sí, esto motivo de secreto fiscal reconocido por el Código Fiscal de la Federación”, recordó.
El Pleno del INAI revocó la respuesta otorgada por el SAT en los 25 recursos de revisión y le instruyó proporcionar la información solicitada.
Pese a que las más de 200 empresas fueron enlistadas por el SAT como empresas fantasma, la Secretaría de la Defensa celebró contratos por los que pagó más de 2 mil millones de pesos, justificados en la contratación de servicios o la compra de bienes como grava, concreto, artículos de papelería, de limpieza, uniformes, botas, luminarias, acarreo de escombro y hasta el mantenimiento de plantas.
El reportaje de El País también demostró que en las adjudicaciones directas que recibió el Ejército mexicano, durante las administraciones de Peña Nieto y Calderón Hinojosa, la institución subcontrató empresas que también resultaron calificadas como inexistentes.
Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).– La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desvió 2 mil 371 millones de pesos entre 2013 y 2019, el periodo de Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Los recursos se declararon ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como el pago a 250 empresas que resultaron fantasma.
Un reportaje de Zorayda Gallegos en el periódico El País demostró que ninguno de los altos mandos que autorizaron las compras ha recibido una sanción por el ejercicio de operaciones que podrían incurrir en el delito de defraudación fiscal, realizado a través de las empresas factureras, es decir, aquellas que son compañías inexistentes que emiten facturas de operaciones simuladas.
En octubre de 2019 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que, luego de varias reuniones con el sector empresarial, llegaron a un acuerdo para hacer ajustes en materia fiscal para combatir a las empresas factureras, aclarando que no se actuará contra contribuyentes.
Los gastos incluyeron la compra de grava, arena, concreto, artículos de papelería, de limpieza, uniformes, botas, chalinas, cortinas, chalecos de seguridad, sábanas, llantas, luminarias, losetas, renta de andamios, viajes de agua en pipa, acarreo de escombro, arrendamiento de equipo de cómputo e impresión, instalación de ventanas, servicios de lavandería y hasta el mantenimiento de plantas eléctricas y de aguas residuales.
La Sedena efectuó contratos con empresas consideradas fantasma. Foto: Gabriela Pérez Montiel, Cuartoscuro, Archivo.
La información obtenida por El País destacó que los más de 2 mil millones de pesos fueron desviados a través de 11 mil 175 comprobantes digitales que amparan la contratación o la compra de bienes y servicios para decenas de instalaciones militare como campos, cuarteles y guarniciones a lo largo del país. La Sedena no emitió ningún comentario al respecto de los presuntos desvíos identificados.
Algunas de las instalaciones que supuestamente se vieron beneficiadas con estas compras fueron el Heroico Colegio Militar; el Museo Nacional de la Cartografía; un parque eólico, ubicado en el Itsmo de Tehuantepec; el cine del Centro de Atención Social para Militares Retirados; el Campo Militar 37-D en Santa Lucía, en el Estado de México; la Escuela Militar de Sargentos; la Dirección General de Administración y en el ahora cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de México, en el municipio de Texcoco, en el Estado de México.
Otros de los rubros en los que se detectó el desvío de fondos fue en la ejecución de labores de mejora en caminos rurales o carreteras en el camino de entrada a los cuarteles del Ejército mexicano. También para obras de mantenimiento o adecuación de bases aéreas, prisiones, juzgados, centros de justicia, unidades habitacionales, cafeterías, centros deportivos, estacionamientos, gimnasios, museos, centros de desarrollo infantil, además de 15 hospitales militares.
El reportaje descubrió que las facturas falsas demostraban reparaciones en las unidades médicas por un valor de 115 millones de pesos, entre 2013 y 2018, por supuestos insumos médicos. Las obras justificadas se habrían realizado en los hospitales Militar de Zona en Ixtepec, en Oaxaca; Militar Regional de Puebla; de Zona del Campo Militar 1 en Naucalpan, en el Estado de México; Regional de Especialidades en Mérida; además de en la Unidad Médica de Consulta Externa del Colegio Militar.
Por el concepto de obras civiles, la Sedena realizó pagos por 50 millones de pesos para la instalación de invernaderos y viajes para acarrear grava viveros forestales ubicados en los estados de Veracruz, Jalisco, Sinaloa, Guanajuato e Hidalgo, en las unidades conocidas como Perote, Ameca, Pueblo Viejo, El Sauz, Sarabia y Zimapán.
Las facturas falsas demostraban reparaciones en las unidades médicas por un valor de 115 millones de pesos. Foto: Carlos Alberto Carbajal, Cuartoscuro, Archivo.
El País aseguró que la Dirección General de Comunicación Social de la Sedena comprobó gastos por 51.5 millones de pesos para empresas distribuidoras de papel.
Entre 2014 y 2015 se encontraron contratos con las empresas “Advertising and Digital Effects” y “Producciones Siehj” por los servicios de masajes e hidratación; también para el suministro de playeras y medallas, además de la organización de eventos deportivos, como una carrera conmemorativa de la Fuerza Aérea Mexicana y para la carrera titulada “La gran fuerza de México”.
Sólo en 2013 la Sedena entregó a empresas fantasma 619.4 millones de pesos. La compañía “Construglobal de Chiapas” fue una de las más beneficiadas, con la erogación de 312.7 millones de pesos, entre 2013 y 2014, para la contratación de servicios de renta de maquinaria de construcción que se habrían empleado en la rehabilitación de la unidad habitacional militar de Cintalapa, en el estado de Chiapas.
La Dirección General de Materiales de Guerra e Industria Militar facturó 260.5 millones de pesos en la supuesta compra de insumos para la fabricación de armamento. De acuerdo con un reportaje anterior de el mismo medio, “DRM Aceros Internacional” se encargó de elevar los precios de los bienes contratados por la Sedena. La Auditoría Superior de la Federación alertó de este caso, por lo que la empresa fue sancionada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en 2019, pero ninguno de los mandos militares (Generales) al frente de la división resultó sancionado.
ADMINISTRACIÓN DE AMLO
Durante la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador El País encontró dos facturas, emitidas en abril de 2019, por 1.1 millones de pesos cada una por la “Constructora Mendoza López”. Las transacciones se realizaron cinco meses antes de que la empresa fuera calificada por el SAT como una empresa fantasma. de acuerdo con la investigación, la constructora se constituyó en 2002 en el estado de Tabasco.
La “Constructora Mendoza López” suministró y colocó material pétreo en la calle principal entre una unidad habitacional militar y el vivero forestal del campo número 30-E, en el municipio de Cárdenas en Tabasco. El invernadero es parte del programa oficial “Sembrando Vida”.
Una de las personas que fundó la empresa tabasqueña fue José Gabriel Mendoza Murillo, un empresario del municipio de Cárdenas quien, de acuerdo con el periódico, se ha proclamado amigo de Adán Augusto López, Gobernador de Tabasco.
OBRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA
En las anteriores Administraciones, las de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la Sedena ejecutó obras de infraestructura encargadas por dependencias federales o Gobiernos estatales. Estos contratos le fueron adjudicados sin licitación, sino directamente bajo lo previsto por la Ley de Obras. El País mostró que estos convenios resultaron en la subcontratación de privadas para la ejecución de las obras.
Por ejemplo, en el caso de la adjudicación directa para la construcción del hoy cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), Zorayda Gallegos encontró 168 facturas falsas para la construcción de la barda y camino perimetral, además de la pista seis del puerto.
Tres firmas recibieron pagos por 184.1 millones de pesos para el suministro de materiales (tuberías, varillas, cables de cobre, artículos de limpieza y placas de acero), además recibieron pagos por servicios de soldadura, supervisión de la colocación de tuberías y renta de oficinas móviles.
“Comercializadora en General Hercalop” fue beneficiada con los contratos, entre enero y febrero de 2018, pese a que desde agosto de 2017 fue exhibida por el SAT como una presunta empresa fantasma.
Para la construcción del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en la localidad de San Bartolo Coyotepec, en el estado de Oaxaca, la Sedena y la oficialía mayor del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) firmaron un contrato, en mayo de 2013, para la ejecución de la primera etapa de la obra. El convenio ascendió a 284.9 millones de pesos, por lo que la Sedena subcontrató a una serie de proveedores que realizaron las labores por las que fue contratadas. Tres de estas empresas ya fueron declaradas como fantasma por el SAT, aunque recibieron un millón de pesos por la supuesta renta de maquinara.
SANCIONES A MANDOS
El reportaje destacó que, en respuesta a una solicitud de información, la Sedena dio a conocer que, entre 2013 y 2019, sólo cuatro miembros de las Fuerzas Armadas resultaron sancionados por los procedimientos contractuales elaborados con facturas falsas. Los elementos penalizados fueron el jefe de la fábrica de cartuchos, un jefe del grupo de ingeniería de la fábrica de cartuchos, el jefe de la sección de planeación de la jefatura de adquisiciones y un integrante de la sección de contratos.
Los nombres de los militares fueron omitidos por la Secretaría, pero sí informó que los castigos estuvieron relacionados con la adquisición de acero a la empresa “DRM”. La sanción fue la suspensión, durante seis meses, que inició en el mes de septiembre y que a la fecha ya culminó.
Por su parte, la SFP explicó que 21 elementos de la Sedena también han recibido sanciones como amonestaciones; tres fueron suspendidos por un mes y uno más resultó inhabilitado por un periodo de tres meses. Los cargos y los nombres de los efectivos militares tampoco fueron revelados por la dependencia.
OPERACIONES DE FATURERAS
Raquel Buenrostro Sánchez, titular del SAT anunció, el pasado mes de junio, que la dependencia ha presentado denuncias penales contra las empresas factureras. Para las investigaciones se citará a quienes recurrieron a ellas. En conferencia de prensa explicó que el modus operandi de estas compañías consistía en la simulación de facturas sobre bienes o servicios simulados o inexistentes, así como el incremento de gastos falsos, para la disminución en los beneficios registrados por la empresa y la posterior disminución en sus obligaciones tributarias.
“Nosotros hemos encontrado diferentes empresas factureras, algunas que simplemente se dedican a incrementar falsamente los gastos con servicios o bienes inexistentes, pero muchas veces estas empresas están vinculadas con las dos actividades. O sea, no sólo inventan facturas de gastos falsos, sino que también llevan facturas para encubrir o disfrazar gastos y pagos ilícitos”, agregó.
El Ejecutivo de López Obrador ha emitido siete querellas contra los principales grupos de estas factureras. Por tipo de impuestos, las compañías generaron un fraude fiscal de 24 mil 583 millones de pesos en el Impuesto Sobre la Renta y de 11 mil 396 millones de pesos (450 millones de euros) en el IVA.
Las empresas que se han visto expuestas a esta red de fraudes se caracterizan por no tener empleados en muchos casos y se reparten en diferentes sectores como comercio e industrias manufactureras, aunque en los últimos años se han trasladado hacia el área de servicios por la complejidad en comprobar dichos fraudes en este sector, según Buenrostro.
“Cuando se empezó a revisar el tema de facturas, sobre todo el año pasado, porque como lo mencionó el Presidente estas empresas vienen proliferando desde 2010 y empiezan a crecer exponencialmente. Al principio la incidencia estaba en temas de comercio al mayoreo, construcción, comercio al menudeo e industrias manufactureras. A medida de que pasa el tiempo, se van al área de servicios. ¿Por qué? Porque los servicios son más difíciles de comprobar”, sostuvo.
Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación, subrayó que la primer ocupación será atacar a quienes venden las facturas falsas, a quien constituye las empresas. “Se va a mandar un requerimiento, un exhorto a los contribuyentes pensando que todos actuaron de buena fe y que no saben que compraron estas facturas y que las utilizaron en su contabilidad o que incluso recibieron algún dinero vía asimilares a salario. Se les va a dar tres meses para que cumplan y se regularicen. Si en estos tres meses no se regularizan, la Procuraduría Fiscal presentara las querellas contra el que compró las facturas o el que se vio beneficiado, o el que recibió el dinero por asimilable a salario, porque se presume entonces que sí hay un contubernio, que sí hay un acuerdo criminal entre el que compró y el que vendió”, añadió.
Ese mismo mes el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la persecución legal contra un “fraude monumental” de facturas falsas equivalente al 30 por ciento de los ingresos del Gobierno en el que estarían involucrados altos funcionarios. Dijo que en la última década han operado en el país empresas dedicadas a “falsificar facturas mediante mecanismos de lavado de recursos para no pagar por completos los impuestos”.
“Se creó un sistema de recaudación paralelo, un sistema fiscal informal en donde estos despachos ofrecían servicios a pequeñas, medianas y grandes empresas y se cometió un gran fraude”, expresó López Obrador, quien asumió el poder en 2018 con la promesa de erradicar la corrupción.
En 2019, México mejoró ocho posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional pero sigue estando en la parta baja de la clasificación, al ocupar la posición 130 de 180 países evaluados.
Las empresas bloqueadas por la UIF habrían dejado de pagar más de 55 mil millones de pesos de impuestos.
Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).– La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló las cuentas bancarias de 42 empresas que realizaban operaciones simuladas, conocidas como factureras.
Las empresas habrían realizado operaciones simuladas por 93 mil millones de pesos.
Además, de acuerdo con información recabada por el Servicio de Administración Tributaria, las empresas dejaron de pagar 55 mil 125 millones de pesos de impuestos a través de la emisión de facturas falsas.
La UIF explicó que bloqueó las cuentas bancarias después de que revisó sus sistemas de investigación y de análisis y encontró “movimientos inusuales” en el sistema financiero de las empresas.
INVESTIGACIONES A FACTURERAS
El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el lunes 22 de junio una persecución legal contra un “fraude monumental” de facturas falsas equivalente al 30 por ciento de los ingresos del Gobierno en el que estarían involucrados altos funcionarios.
En conferencia de prensa en el Palacio Nacional, el mandatario dijo que en la última década han operado en el país empresas dedicadas a “falsificar facturas mediante mecanismos de lavado de recursos para no pagar por completos los impuestos”.
“Se creó un sistema de recaudación paralelo, un sistema fiscal informal en donde estos despachos ofrecían servicios a pequeñas, medianas y grandes empresas y se cometió un gran fraude”, expresó López Obrador, quien asumió el poder en 2018 con la promesa de erradicar la corrupción.
El Presidente estimó que la evasión “equivalía hasta el 30 por ciento de los ingresos del Gobierno”, por lo que “estamos hablando de un fraude monumental”.
En las investigaciones la UIFE localizó que hay implicados ex funcionarios de gobiernos estatales anteriores, además de otros servidores públicos, un ex presidente municipal y personas externas al ejercicio público de gobierno.
Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).- Las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Gobierno de Tamaulipas (UIFE) han derivado, hasta ahora, en 29 órdenes de aprehensión en contra de presuntos factureros. De estas, cuatro ya fueron cumplimentadas y existen 103 más en vía de ser solicitadas.
En más de dos años de los trabajos de investigación sobre factureras que operaron en el estado de 2012 a 2016. El monto quebrantado al erario público por las defraudaciones ejecutadas, por al menos 52 de 100 empresas a investigar, asciende a dos mil millones de pesos. Las 52 empresas analizadas facturaron un monto de casi 10 mil millones de pesos.
“El trabajo de la UIFE, organismo estatal puesto en marcha por el Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, ha permitido la integración de 56 expedientes que han derivado en 23 carpetas de investigación por el delito de lavado de dinero, informó en conferencia de prensa, el titular de la Unidad, Raúl Ramírez Castañeda”, destacó la entidad.
El Ministerio Público adscrito a la UIFE generó las 29 órdenes de aprehensión y tramita las otras 103 por delitos relacionados con actividades de delincuencia organizada y contra la corrupción de ex funcionarios.
Fuente: Gobierno de Tamaulipas.
Además destacó que en las indagatorias se descubrió que ex funcionarios de Gobiernos estatales anteriores se vieron implicados, además de otros servidores públicos, un expresidente municipal y personas externas al ejercicio público de Gobierno.
“La Unidad También ha solicitado Ficha Roja a la Interpol contra uno de los probables responsables implicados en una de las 23 carpetas de investigación, la cual corresponde a un caso municipal”, anunció el estado.
Se han asegurado 35 cuentas bancarias, 45 bienes inmuebles, 3 de ellos de forma precautoria. También se generaron más de 58 Auditorías Fiscales debido a la omisión de impuestos federales superiores a 1 mil 413 millones de pesos.
Ramírez Castañeda detalló que dentro en las carpetas de investigación se encontró a 52 empresas que simularon prestar servicios en el Gobierno de Tamaulipas, pero que también tienen como socios a las mismas personas. Esto lo conocieron a través de las actas constitutivas de las empresas en municipios de Nuevo León y en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
La Contraloría Gubernamental y la Auditoría Superior de Tamaulipas, detectaron que seis empresas, de las 52, tuvieron contratos con el Gobierno estatal. Además emitieron facturas de 2014 al 2016 por 736 millones de pesos, pero no se encontraron las evidencias de la prestación de los servicios facturados.
Foto: Gobierno de Tamaulipas.
“Al realizar el análisis de las mencionadas empresas, se identificó una célula integrada por varias personas que constituyeron esas 52 empresas en contubernio con diversos ex servidores públicos de sexenios anteriores de acuerdo con lo informado por los hasta hoy detenidos”, expresó la dependencia.
15 EMPRESAS DE LAS 52
La Secretaría de Finanzas de Tamaulipas recibió facturas por 15 de las 52 empresas investigadas por montos que ascienden a 1 mil 600 millones de pesos de 2014 a 2016.
Tributos del Norte SA de CV, con domicilio fiscal en Ciudad Victoria, fue una de las empresas identificadas como facturera. Además, ésta está incluida en el listado que publicó el Servicios de Administración Tributaria (SAT) como “empresa fantasma” o ubicada en el apartado del 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Esta sola compañía defraudó al Gobierno del estado por más de 323 millones de pesos.
Cristóbal “N”, Jorge Silvestre “N” y Jorge “N” son los tres exservidores públicos implicados. Tenían puestos clave en la Secretaría de Finanzas. El primero tiene una orden de aprehensión desde el 13 de junio de 2018 y se encuentra prófugo.
Fuente: Gobierno de Tamaulipas.
LUGARES COMUNES
“Los implicados de estas 52 empresas tienen varios elementos en común, se encuentran conectados como socios, comisarios y representantes legales y según los registros encontrados, sus empleadores son los mismos”, destacó la UIFE.
A excepción de Tributos del Norte S.A de C.V., el nombre de las empresas con operaciones simuladas restantes aún no puede revelarse en atención al principio de presunción de inocencia pero todas tienen el domicilio fiscal en Ciudad Victoria, Tamaulipas y en el estado de Nuevo León.
Tan sólo las cinco empresas que originaron la investigación realizaron un daño al estado por más de 576 millones de pesos, que en total asciende a un mil 600 millones de pesos facturados al estado por 15 empresas más de la misma célula empresarial.
El SAT se detectó que los contribuyentes emitieron comprobantes fiscales “sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material” para la emisión de las facturas.
Apenas ayer, la Jefa del SAT, explicó que el modus operandi de estas compañías consiste en la simulación de facturas sobre bienes o servicios simulados o inexistentes, así como el incremento de gastos falsos para disminuir los ingresos de las empresas y con ello la cifra del pago de impuestos.
Ciudad de México, 24 de junio (SinEmbargo).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer un listado de 100 presuntos factureros que pasaron a las filas de la lista negra de la dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se dio a conocer el listado global definitivo de empresas que emitieron facturas falsas o no comprobables y así amparar presuntas operaciones inexistentes.
“Se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación”, destacó el oficio del DOF.
Apenas ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un primer paquete de denuncias en el caso de las factureras contra el fraude fiscal de 43 empresas que podría superar los 50 mil millones de pesos. En este conglomerado, aseguró, participó la Cámara de Diputados, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), partidos políticos, periodistas, gobiernos, funcionarios públicos, Radio y Televisión Hidalgo, el Club Atlas y más.
Raquel Buenrostro Sánchez, titular del SAT, informó que se están ya presentando denuncias penales contra las factureras y que se citará además a quienes recurrieron a ellas.
En el caso de las 100 personas (físicas y morales) dadas a conocer este miércoles por el SAT se detectó que los contribuyentes emitieron comprobantes fiscales “sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”.
Por tal motivo se emitió un oficio de presunción individual a cada uno de los contribuyentes mencionados en el que se indicó el motivo y los fundamentos por los cuales fueron observados como presuntas factureras.
“Las autoridades fiscales otorgaron a cada contribuyente un plazo de quince días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones antes efectuadas, para que realizaran las manifestaciones y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes para desvirtuar los hechos dados a conocer”, aseguró el SAT.
Al concluir el plazo se les notificó la resolución individual definitiva y se procedió a la publicación de sus nombres, denominaciones o razones sociales en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos dados a conocer”.
El listado global de presunción fue notificado por el SAT con el fin de que la sociedad conozca quiénes son “aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones”.
DENUNCIAS A FACTURERAS
Buenrostro, Jefa del SAT, explicó que el modus operandi de estas compañías consistía en la simulación de facturas sobre bienes o servicios simulados o inexistentes, así como el incremento de gastos falsos, para la disminución en los beneficios registrados por la empresa y la posterior disminución en sus obligaciones tributarias.
Señaló que en este fraude llegaron a participar hasta 8 mil 212 empresas en una red que presentó operaciones simuladas por 93 mil millones de pesos. La funcionaria añadió que este tipo de operaciones también se utilizaron para operaciones ilícitas a través del blanqueo de dinero.
Las empresas que se han visto expuestas a esta red de fraudes se caracterizan por no tener empleados en muchos casos y se reparten en diferentes sectores como comercio e industrias manufactureras, aunque en los últimos años se han trasladado hacia el área de servicios por la complejidad en comprobar dichos fraudes en este sector, según Buenrostro.
Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación, subrayó que primero van a atacar a quienes venden las facturas falsas, al que constituye las empresas. Por ello, “el día de hoy se estarán presentando 7 querellas contra los grupos principales de estas factureras para tratar de cuadrar dos delitos: uno que es la defraudación fiscal y otro que es lavado de dinero para tratar de equiparar la delincuencia organizada”.
Las irregularidades fiscales por el uso de facturas falsas se pueden reparar, dijo este martes el SAT. Primero, se va a mandar un requerimiento “pensando que todos actuaron de buena fe” y que no saben que compraron estas facturas. Luego, tendrán tres meses para que cumplan y se regularicen, pero si en ese lapso no lo hacen, la Procuraduría Fiscal presentará las querellas contra quien compró las facturas, quien se benefició o quien recibió el dinero.
Ciudad de México, 23 de junio (SinEmbargo).- Las personas físicas y morales que participaron en el esquema de evasión fiscal mediante facturas falsas, con el que dejaron de ingresar a las arcas del Estado millones de pesos en impuestos, podrían pasar hasta 16 años en la cárcel de no regularizar su situación.
Raquel Buenrostro, Jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación, dieron a conocer el modelo en el que operaron las factureras, pero dieron espacio a reivindicarse antes de proceder legalmente.
Romero Aranda anunció que hoy se presentarán siete querellas por defraudación fiscal y lavado de dinero, para tratar de equiparar a delincuencia organizada, en contra de estas factureras. Sin embargo, destacó que el Gobierno es consciente de que empresarios involucrados pudieron haber participado en este esquema sin saber que se trataba de un acto ilegal, por lo que el SAT les invitará a regularizar su situación.
Una factura es un “papelito” que se otorga cuando se hace una transacción, una compra o una venta, explicó la Jefa del SAT. “Las facturas dicen quién vende, ahí viene el nombre de la empresa o de la persona, cuándo, en qué fecha, el domicilio y la descripción, si es un bien o servicio y el monto. A partir de ese monto se determina el impuesto”, dijo Buenrostro.
Raquel Buenrostro Sánchez, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó que se están ya presentando denuncias penales contra las factureras y que se citará además a quienes recurrieron a ellas. Foto: Gobierno de México.
Durante los últimos 10 años surgió el esquema de defraudación con base en la facturación simulada de operaciones. Algunas de las facturas emitidas no pertenecieron al modelo presentado, sino se trató de un servicio o un bien que realmente existió.
En el caso de una operación simulada, dijo la Jefa del SAT, se trata de bienes que facturaron y se documentaron, pero nunca existieron, “porque a veces resulta difícil comprobar a lo largo del tiempo las operaciones”.
“Por ejemplo, si nosotros tenemos una construcción, es muy difícil saber si una columna tenía cuatro varillas, ocho varillas o 10 varillas reforzadas, tendríamos que romper para ver cuántas son; o en el caso de los servicios, también después de muchos años es difícil saber cuántas veces se pintó un edificio, aunque se ha gastado, se haya pagado a lo mejor tres veces el mantenimiento, a lo mejor nada más se hizo una vez o ninguna”, explicó la funcionaria.
¿CÓMO ARREGLAR LA SITUACIÓN?
La Procuraduría Fiscal atacará, en primer lugar, a las empresas que venden las facturas y a quienes constituyen las empresas, que son en conjunto el grupo criminal.
Para evitar ser apercibido por la Procuraduría, se debe atender el requerimiento o exhorto que será enviado a los contribuyentes. Se hará “pensando que todos actuaron de buena fe y que no saben que compraron estas facturas”.
El @SATMX enviará cartas a los contribuyentes involucrados, mediante el Buzón Tributario, invitándolos a que se regularicen porque muchos de ellos pudieron ser engañados para participar con estas empresas que son parte del crimen organizado. pic.twitter.com/lOju1LZNCu
El llamado también se hará para quienes no saben que las utilizaron en su contabilidad o que incluso recibieron algún dinero vía asimilables a salario, que es otra versión de las factureras.
A partir de ello, se les dará un plazo de tres meses para que cumplan y se regularicen con los pagos.
Si en ese lapso no se regularizan, la Procuraduría Fiscal presentará las querellas contra con quien compró las facturas, quien se benefició, o quien recibió el dinero por asimilable a salario, porque en tal caso se presumirá que hubo contubernio.
¿QUÉ SON LAS FACTURERAS?
Las empresas factureras son empresas que entregan facturas con base en operaciones simuladas, inexistentes o ficticias con el fin de reducir el pago de impuestos de las empresas.
El esquema es aumentar, con gastos falsos, las erogaciones de alguna empresa real y terminar por disminuir sus utilidades y con ello también el pago de sus impuestos. Con el movimiento se engañó a la autoridad fiscal y se cometió el delito de defraudación fiscal.
Otro modelo fue el de realizar pagos por actividades ilícitas disfrazadas de una operación de una compra o venta del servicio. Se facturó, por ejemplo, un honorario de una persona por trabajos de construcción cuando en realidad se pagó un soborno, tráfico de drogas, extorsión, trata de personas, actos de corrupción de servidores públicos, u otros delitos.
El SAT encontró diferentes empresas factureras: las dedicadas a aumentar falsamente los gastos con servicios o bienes inexistentes; además de las que se vincularon con ese modelo y además encubrieron o disfrazaron gastos y pagos ilícitos.
Por un lado, hay una empresa que vende la factura y pide una comisión por cada factura que expide. Por el otro, una persona o empresa que compra la factura.
La empresa que compra la factura lo hace para aumentar sus gastos y así reducir la cantidad de impuestos que paga al SAT; la facturera “sólo” se lleva la comisión.
Normalmente la empresa facturera no paga contribuciones porque son difíciles de localizar: no tienen empleados y generalmente no se les localiza en el domicilio fiscal entregado, sino que se trata de un terreno baldío o un departamento de interés social o simplemente la dirección no existe.
“Al principio la incidencia estaba en temas de comercio al mayoreo, construcción, comercio al menudeo e industrias manufactureras; a medida que pasa el tiempo nos hemos dado cuenta -estos son datos del 2019, a finales de 2019- que la tendencia es que se va al área de servicios”, dio a conocer Buenrostro.
El viraje a los servicios se dio por la dificultad de probar, por ejemplo, si un edificio se pintó cuatro o cinco veces o si se dio mantenimiento a un coche cinco o 10 veces.” Es difícil también después de 10 años saber si nos gastamos un millón o dos millones o tres millones hojas”, dijo la funcionaria.
Cuando se trata de empresas grandes la operación se hace a través de despachos jurídicos y contables fiscales. Generalmente, se crea una empresa exclusivamente para hacer este tipo la facturación de operaciones simuladas.
También puede ser que la empresa se vuelva un socio comercial donde lo que hace es ofrecer servicios que no existen y paga, o incluso algunos grupos corporativos lo que crean es una empresa dentro de su grupo corporativo que se dedica únicamente a emitir las facturas.
En contribuyentes más pequeños lo hicieron a través de asesores jurídicos y contables, que hasta se ofrecen puerta por puerta ofreciendo el servicio de facturación simulada y evadir impuestos.
El Gobierno de México presentará un primer paquete de denuncias en el caso de las factureras contra el fraude fiscal de 43 empresas que realizaron evasión de impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por un valor total de 55 mil 125 millones de pesos.
Ciudad de México, 23 de junio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que en el fraude con facturas falsas participaron la Cámara de Diputados, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), partidos políticos, periodistas, gobiernos, funcionarios públicos, Radio y Televisión Hidalgo, el Club Atlas y más.
En su conferencia de prensa matutina, afirmó que todos serán requeridos y que la defraudación fiscal podría superar los 50 mil millones de pesos. Las denuncias serán contra 43 empresas defraudadoras y 8 mil contribuyentes, personas físicas y morales.
“¿Cuándo se había presentado una denuncia de defraudación fiscal como la que se acaba de dar a conocer? Porque esto fue tolerado por muchos años y desde luego que participaban funcionarios públicos y les diría algunos empresarios, no todos, porque hay empresarios muy responsables, pero como en todos los sectores, hay ‘fichitas’ y en esto también participaron medios de comunicación. Era la corrupción somos todos”, comentó el mandatario.
Frente a los medios de comunicación, confirmó que en esta evasión fiscal participaron “partidos, periodistas, funcionarios, públicos, gobiernos“, por lo que “todos van a ser requeridos”.
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“No hay impunidad y qué bien que se explicó el procedimiento. Son dos niveles: los autores intelectuales, los que maquinaron todo este fraude con influyentismo, las empresas factureras están bien identificadas, por eso se están presentando denuncias penales; y la gente, los contribuyentes que utilizaron este procedimiento para reducir el pago de impuestos, algunos conscientes, otros sin saberlo. Entonces por eso de inmediato querellas penales a los de arriba, son 43, y a 8 mil contribuyentes, personas físicas o morales”, precisó.
Antes, Raquel Buenrostro Sánchez, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó que se están ya presentando denuncias penales contra las factureras y que se citará además a quienes recurrieron a ellas. Buenrostro se le considera uno de los brazos más sólitos del proyecto del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Desde Palacio Nacional, anunció que el Gobierno de México presentará un primer paquete de denuncias en el caso de las factureras contra el fraude fiscal de 43 empresas que realizaron evasión de impuestos al SAT por un valor total de 55 mil 125 millones de pesos.
“De los últimos 10 años para acá, empezaron a surgir unas empresas que facturaban operaciones, algunas, la mayoría, reales, pero muchas fueron operaciones simuladas. ¿Qué es una operación real? Es un servicio, un bien que realmente existió. Una operación simulada es un bien que se facturó, que se documentó, pero que nunca existió. Y que es difícil comprobar a lo largo del tiempo”, detalló.
La jefa del SAT explicó que el modus operandi de estas compañías consistía en la simulación de facturas sobre bienes o servicios simulados o inexistentes, así como el incremento de gastos falsos, para la disminución en los beneficios registrados por la empresa y la posterior disminución en sus obligaciones tributarias.
“Nosotros hemos encontrado diferentes empresas factureras, algunas que simplemente se dedican a incrementar falsamente los gastos con servicios o bienes inexistentes, pero muchas veces estas empresas están vinculadas con las dos actividades. O sea, no sólo inventan facturas de gastos falsos, sino que también llevan facturas para encubrir o disfrazar gastos y pagos ilícitos”, agregó.
Raquel Buenrostro Sánchez, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó que se están ya presentando denuncias penales contra las factureras y que se citará además a quienes recurrieron a ellas. Foto: Gobierno de México
Buenrostro señaló que en este fraude llegaron a participar hasta 8 mil 212 empresas en una red que presentó operaciones simuladas por 93 mil millones de pesos. La funcionaria añadió que este tipo de operaciones también se utilizaron para operaciones ilícitas a través del blanqueo de dinero.
El Ejecutivo de López Obrador ha emitido siete querellas contra los principales grupos de estas factureras. Por tipo de impuestos, las compañías generaron un fraude fiscal de 24 mil 583 millones de pesos en el Impuesto Sobre la Renta y de 11 mil 396 millones de pesos (450 millones de euros) en el IVA.
Las empresas que se han visto expuestas a esta red de fraudes se caracterizan por no tener empleados en muchos casos y se reparten en diferentes sectores como comercio e industrias manufactureras, aunque en los últimos años se han trasladado hacia el área de servicios por la complejidad en comprobar dichos fraudes en este sector, según Buenrostro.
“Cuando se empezó a revisar el tema de facturas, sobre todo el año pasado, porque como lo mencionó el Presidente estas empresas vienen proliferando desde 2010 y empiezan a crecer exponencialmente. Al principio la incidencia estaba en temas de comercio al mayoreo, construcción, comercio al menudeo e industrias manufactureras. A medida de que pasa el tiempo, se van al área de servicios. ¿Por qué? Porque los servicios son más difíciles de comprobar”, sostuvo.
El Gobierno enviará una carta a los posibles defraudadores para que regularicen su situación en un periodo de tres meses, incluso para aquellos contribuyentes que no sabían de dicha irregularidad y han participado en el fraude de manera involuntaria. En el caso de que no se produzca dicha regularización, la Procuraduría Fiscal podría imponer penas de hasta nueve años de prisión.
En su oportunidad, Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación, subrayó que primero van a atacar a quienes venden las facturas falsas, al que constituye las empresas. Por ello, “el día de hoy se estarán presentando 7 querellas contra los grupos principales de estas factureras para tratar de cuadrar dos delitos: uno que es la defraudación fiscal y otro que es lavado de dinero para tratar de equiparar la delincuencia organizada”.
Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación, en conferencia de prensa. Foto: Gobierno de México
“Como mencionaba la jefa del SAT, se va a mandar un requerimiento, un exhorto a los contribuyentes pensando que todos actuaron de buena fe y que no saben que compraron estas facturas y que las utilizaron en su contabilidad o que incluso recibieron algún dinero vía asimilares a salario. Se les va a dar tres meses para que cumplan y se regularicen. Si en estos tres meses no se regularizan, la Procuraduría Fiscal presentara las querellas contra el que compró las facturas o el que se vio beneficiado, o el que recibió el dinero por asimilable a salario, porque se presume entonces que sí hay un contubernio, que sí hay un acuerdo criminal entre el que compró y el que vendió”, añadió.
Finalmente, Romero Aranda recordó que “antes no se llevaban investigaciones, proliferaron las factureras porque se permitía. El mensaje que se quiere mandar hoy es que se acabó la fiesta, que las factureras ya no pueden seguir adelante. Todos tenemos que pagar impuestos, es el cambio de la cultura tributaria”.
AMLO ANUNCIA “FRAUDE MONUMENTAL” DE FACTURERAS
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció ayer una persecución legal contra un “fraude monumental” de facturas falsas equivalente al 30 por ciento de los ingresos del Gobierno en el que estarían involucrados altos funcionarios.
En conferencia de prensa en el Palacio Nacional, el mandatario dijo que en la última década han operado en el país empresas dedicadas a “falsificar facturas mediante mecanismos de lavado de recursos para no pagar por completos los impuestos”.
“Se creó un sistema de recaudación paralelo, un sistema fiscal informal en donde estos despachos ofrecían servicios a pequeñas, medianas y grandes empresas y se cometió un gran fraude”, expresó López Obrador, quien asumió el poder en 2018 con la promesa de erradicar la corrupción.
El Presidente estimó que la evasión “equivalía hasta el 30 por ciento de los ingresos del Gobierno”, por lo que “estamos hablando de un fraude monumental”. Foto: Gobierno de México
El Presidente estimó que la evasión “equivalía hasta el 30 por ciento de los ingresos del Gobierno”, por lo que “estamos hablando de un fraude monumental”.
Según dijo, se defraudaron al menos 50 mil millones de pesos (unos 2 mil 240 millones de dólares).
“Desde luego se van a presentar denuncias penales para los responsables y, para los contribuyentes que ni siquiera saben que sus facturas fueron falsas, se les va a dar la oportunidad de que se regularicen”, dijo.
Al ser preguntado sobre la implicación de altos funcionarios de Administraciones pasadas, el Presidente se limitó a confirmar que “hay de todo”.
“Nosotros no podemos callar porque estaríamos encubriendo, y vamos a dar a conocer en qué consistía este fraude a la nación, cómo operaba, quiénes eran los responsables y cuánta gente fue víctima”, expresó López Obrador.
En 2019, México mejoró ocho posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional pero sigue estando en la parta baja de la clasificación, al ocupar la posición 130 de 180 países evaluados.
“Hay hasta personajes famosos”, dijo el Presidente sobre las personas que estarían implicadas en la defraudación al fisco mexicano, sin embargo aseguró que serán notificadas porque en algunos casos fueron las personas encargadas de la contabilidad las responsables del delito. Aseguró que algunas ya “han ido al SAT y se han puesto al corriente”.
Ciudad de México, 16 de junio (SinEmbargo).- El Gobierno de México identificó un fraude a la hacienda pública por casi 50 mil millones de pesos ocurrido en los sexenios anteriores, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador. En las operaciones ilícitas contra el fisco mexicano estarían envueltos políticos y trabajadores de la Secretaría de Hacienda de administraciones pasadas.
Desde el estado de Tlaxcala expresó en su conferencia de prensa matutina que hay un fraude registrado por factureros de 48 mil millones de pesos, que dará a conocer en los próximos días.
“Vamos a presentar denuncias penales para estos personajes encargados de promover este sistema de facturación falsa que se extendió, se calcula, que se fugaban alrededor 300 mil millones de pesos mediante este mecanismo”, declaró el tabasqueño.
Aseguró que muchas de las personas implicadas en el fraude al fisco no saben que sus facturas son falsas, por lo que darán oportunidad a la regularización.
Expresó que hay personas muy conocidas entre las implicadas en el delito, pero que han asistido al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a regularizarse, pues algunos de ellos, fueron engañados por sus contadores.
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“Hay hasta personajes famosos”, reiteró, “lo que pasa que no quiero caer en lo espectacular, además debemos de cuidar siempre la dignidad de las personas, que han ido al SAT y se han puesto al corriente”.
“Eso era el Gobierno anterior y todos los Gobiernos anteriores”, que se caracterizaron por el saqueo, dijo.
FACTURERAS EN 2020
Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación (PFF), alertó el 24 de febrero que en abril o mayo se darían a conocer las primeras órdenes de aprehensión contra aquellas personas que adquirieron facturas falsas durante el mes de enero.
“Las primeras órdenes de aprehensión podríamos verlas hacia abril o mayo, dado que estaríamos esperando que los primeros que compraron facturas ahorita en enero ya tuvieron que haberlas declarado en febrero”, señaló al concluir su participación en la mesa de trabajo en materia de outsourcing, organizado en el Senado de la República.
Romero Aranda añadió que la adquisición de facturas falsas también suele emplearse para simular la subcontratación de servicios laborales, por lo que empresas dedicadas a esta práctica también podrían verse afectadas por la emisión de órdenes de aprehensión.
“Quienes hayan comprado facturas simuladas por servicios simulados de tercerización en enero, podríamos estar hablando también de órdenes de aprehensión por esos conceptos”, abundó.
En este sentido, el funcionario federal recordó que la emisión de facturas falsas constituye un delito equiparable a la delincuencia organizada y que amerita prisión preventiva.
De acuerdo con Nieto Castillo, los dueños de las empresas son originarios de China y comercian los zapatos a un costo menor de la producción.
Ciudad de México, 28 de febrero (SinEmbargo).-Tres compañías originarias de León, Guanajuato, son investigadas por presuntas operaciones irregulares con una empresa originaria de China, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo.
Durante una presentación ante integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Querétaro, el funcionario alertó que la empresa china estaría involucrada en un gran manejo de recursos en efectivo.
“Acabamos de detectar un tema de una serie de empresas que están introduciendo calzado y textiles al estado de Guanajuato, particularmente a la ciudad de León. Son empresas que se constituyen el mismo día ante el SAT”, dijo el funcionario de acuerdo con una nota de El Economista.
Aparentemente, las empresas envían dinero a una compañía radicada en China; así como a otras en Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur, Canadá, Estados Unidos y Francia, detalló Nieto Castillo.
Entre las irregularidades detectadas, el titular de la UIF dijo que envían hasta 500 millones de pesos al mes.
De acuerdo con Nieto Castillo, los dueños de las empresas son originarios de China y comercian los zapatos a un costo menor de la producción.
“Los zapatos los traen de China y los venden a precios más baratos del costo de producción. Es un tema de competencia desleal para los productores de calzado de León”.
Incluso especuló si en realidad las compañías desean “lavar dinero”, en lugar de comercial sus productos.
CONTRA FACTUREROS
El pasado 26 de febrero, la UIF congeló las cuentas de cuatro personas que operaban al menos 100 empresa facturaras. La dependencia señaló que el grupo realizó retiros por cerca de ocho mil 500 millones de pesos.
“El dinero con el que operaba la organización provenía de operaciones ligadas a los Panama Papers, los cuales eran ingresados vía depósitos en efectivo y transferencias interbancarias, estas últimas por un monto seis mil 730 millones de pesos, a las empresas constituidas por la organización“, reveló la dependencia encabezada por Santiago Nieto en un comunicado.
El esquema utilizado por el grupo criminal utilizaba un esquema de pago a través de tarjetas de nómina. Suplantaron la identidad de personas a las que generaban cuentas para beneficiarse de recursos ilícitos. Para desarrollar la operación, la UIF detectó que en el grupo criminal participó una ejecutiva bancaria quien facilitó la entrega de tarjetas y dispositivos token para disponer del dinero.
“El Gobierno de México ha señalado entre sus principales ejes de acción la prevención y detección de lavado de dinero mediante la operación de empresas factureras”, señaló la UIF, por lo que además de la denuncia bloqueó las cuentas bancarias relacionadas con la organización.
La dependencia aseguró que las acciones realizadas se hicieron con base en la normatividad existente que busca la prevención del delito con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.
De acuerdo con la investigación de la dependencia, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, arrojó que a través de la suplantación de identidad las cuatro personas detenidas lavaron ocho mil 500 millones de pesos de los que seis mil 730 millones provenían de recursos y operaciones ligadas a los Panama Papers.
Ciudad de México, 26 de febrero (SinEmbargo).- Cuatro personas operaban una organización criminal de al menos 100 empresas factureras. Al detectarla, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) y se descubrió que sus operaciones están vinculadas con las los Panama Papers. El grupo realizó retiros por cerca de ocho mil 500 millones de pesos.
“El dinero con el que operaba la organización provenía de operaciones ligadas a los Panama Papers, los cuales eran ingresados vía depósitos en efectivo y transferencias interbancarias, estas últimas por un monto seis mil 730 millones de pesos, a las empresas constituidas por la organización“, reveló la dependencia encabezada por Santiago Nieto en un comunicado.
El esquema utilizado por el grupo criminal utilizaba un esquema de pago a través de tarjetas de nómina. Suplantaron la identidad de personas a las que generaban cuentas para beneficiarse de recursos ilícitos. Para desarrollar la operación, la UIF detectó que en el grupo criminal participó una ejecutiva bancaria quien facilitó la entrega de tarjetas y dispositivos token para disponer del dinero.
“El Gobierno de México ha señalado entre sus principales ejes de acción la prevención y detección de lavado de dinero mediante la operación de empresas factureras”, señaló la UIF, por lo que además de la denuncia bloqueó las cuentas bancarias relacionadas con la organización.
La dependencia aseguró que las acciones realizadas se hicieron con base en la normatividad existente que busca la prevención del delito con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.
EL OPERATIVO
El Ejército y la Marina Armada de México detuvo a los cuatro integrantes de la la red criminal. Dos hombres y dos mujeres que operaron la sustracción ilegal de recursos a partir de una cadena de empresas “factureras” que podrían ser más de 100.
La detención de tres de las personas integrantes se realizó en el municipio de Metepec, en el Estado de México desde donde operaban al menos 50 de las empresas falsas y localidad destinada como oficinas de ellas; el tercer cómplice fue detenido en una sucursal bancaria.
El operativo terminó con la detención de las cuatro personas y su vinculación a proceso por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez fue el responsable de determinar el crimen.
Para la ejecución del operativo la FGR emitió órdenes de aprehensión para asegurar a los participantes del robo. Además, las supuestas oficinas fueron aseguradas por las fuerzas oficiales; en su interior se localizaron al menos 100 actas de constitución de 100 empresas factureras o de operaciones simuladas.
VAN POR FACTUREROS
El Procurador Fiscal de la Federación (PFF), Carlos Romero Aranda, alertó el amrtes que en abril o mayo se conocerán las primeras órdenes de aprehensión contra aquellas personas que adquirieron facturas falsas durante el mes de enero.
“Las primeras órdenes de aprehensión podríamos verlas hacia abril o mayo, dado que estaríamos esperando que los primeros que compraron facturas ahorita en enero ya tuvieron que haberlas declarado en febrero”, señaló al concluir su participación en la mesa de trabajo en materia de outsourcing en el Senado de la República.
Romero Aranda añadió que la adquisición de facturas falsas también suele emplearse para simular la subcontratación de servicios laborales, por lo que empresas dedicadas a esta práctica también podrían verse afectadas por la emisión de órdenes de aprehensión.
“Quienes hayan comprado facturas simuladas por servicios simulados de tercerización en enero, podríamos estar hablando también de órdenes de aprehensión por esos conceptos”, abundó.
En este sentido, el funcionario federal recordó que la emisión de facturas falsas constituye un delito equiparable a la delincuencia organizada y que amerita prisión preventiva.
El Secretario de Hacienda se refirió a la ratificación de Raquel Buenrostro como titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y aplaudió el trabajo en conjunto que se hará con la institución para mejorar en materia de transparencia fiscal.
Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).- A dos meses de la aprobación de la Reforma Fiscal la Procuraduría en esta materia ha logrado recaudar más de dos mil millones de pesos en pagos de siete empresas que presentaron facturas falsas.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, y el Procurador Fiscal, Carlos Romero Aranda, expusieron los resultados del paquete de leyes en materia fiscal que, dijeron, aún no entra en vigor y ya entregó resultados positivos.
La Cámara de Diputados presentó, el 16 de octubre, una serie de iniciativas contra las empresas “factureras” que promueven la evasión fiscal. Poco de un mes después, el 8 de noviembre, el Senado de la República las aprobó y su entrada en vigor se dará el 1 de enero del año próximo.
Las normas han arrojado resultados benéficos desde antes de su entrada en vigor, escribió el Secretario Herrera en su cuenta de Twitter, pues se ha logrado una recaudación de 2 mil 009 millones 970 mil 115 pesos.
“En las últimas semanas 7 empresas que habían presentado facturas falsas en su declaración tributaria decidieron autocorregirse y arreglar su situación antes de que la ley entrara en vigor”, afirmó Herrera.
El Procurador Aranda afirmó que la dependencia a su cargo continuará trabajando lo que queda del año para apoyar a las empresas que se han acercado con el fin de evitar problemas penales.
“Las empresas que habían comprado facturas, que estaban conscientes que habían cometido un ilícito antes de que entrara en vigor la reforma, decidieron autocorregirse y buscar un acuerdo reparatorio” afirmó Romero Aranda.
La Secretaría de Hacienda informó que a través del correo electrónico [email protected] se pueden realizar denuncias sobre empresas que incurran en este delito.
El Secretario de Hacienda se refirió a la ratificación de Raquel Buenrostro como titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y aplaudió el trabajo en conjunto que se hará con la institución para mejorar en materia de transparencia fiscal.
De junio a octubre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el SAT y la Procuraduría Fiscal dieron cuenta de 145 empresas con las características que habrían simulado operaciones por un valor de 50 mil millones de pesos.
En conferencia de prensa desde Palacio Nacional la ex titular del SAT, Margarita Ríos-Farjat, explicó que en un primer momento se identificaron 150 posibles empresas con estas características, conocidas como factureras, que habrían facturado 282 mil millones de pesos.
Ante esto, la dependencia les bloqueó el Certificado de Sello Digital a 144 empresas, después de rectificaciones, aclaraciones y trámites. Seguido de ello, el total de expedientes finales fue otorgado a la UIF para dar inicio a una investigación por etapas.
“Es difícil creer que alguien por error va a traer en su estado de resultados un error de más de 30 millones de pesos”, afirmó el presidente del CCE y afirmó que han trabajado a lo largo de dos meses con el Senado, donde extendieron sus preocupaciones.
Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).- Sobre el combate a la pobreza y la inclusión social, representantes de organismos empresariales, englobados en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), se dijeron dispuestos a colaborar para trabajar sobre la promesa que hizo Carlos Salazar Lomelín al Presidente Andrés Manuel López Obrador de combatir la pobreza.
En conferencia de prensa los representantes de Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDAMX), la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) recordaron haber estado trabajando sobre el tema de las empresas factureras con las Cámaras legislativas.
“Ha habido dos tipos de iniciativas con orígenes diferentes que se han mezclado. Desde hace dos meses el Senado propuso por parte del Senador Alejandro Armenta una nueva ley que proponía atender el tema de los factureros (facturas falsas de las empresas)”, explicó Carlos Salazar, presidente del CCE.
Sin embargo, los empresarios afirmaron que trabajaron a lo largo de dos meses con el Senado, donde extendieron sus preocupaciones.
“Como cada año se entregó el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) y dentro viene la miscelánea fiscal que son las regulaciones que se agregan al presupuesto. Fuimos atendidos en todos los temas de la miscelánea fiscal. Fuimos atendidos y se atendieron sus aportaciones”, destacó Lomelín.
Afirmó que han habido versiones que indicaron que a quien “se le encuentre una factura falsa en su estado de resultados lo van a meter a la cárcel”, pero “esta ley está hecha para personas que no son contribuyentes, que no tienen un pasado fiscal, no están dadas de alta, no existen para la autoridad”.
Explicó que han estado en reuniones con el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y en ellas se aclaró que no es cierto que “por un error de un contribuyente” va a estar sujeto a prisión, pero se tendría que tener un error de más de 30 millones de pesos en sus estados de resultados.
“Es difícil creer que alguien por error va a traer en su estado de resultados un error de más de 30 millones de pesos”, afirmó el presidente del CCE.
Confirmó que en las reuniones con las Cámaras se logró elevar el monto para que no caiga ningún pequeño contribuyente “y lo logramos, debido a que la iniciativa inicial del Senado se llevaba 2.3 millones de pesos, elevados a 7.8 millones de pesos por el sector empresarial”.
Reconoció que aún no se ha logrado que en la ley se plantee literalmente “que esto no está sujeto a los pequeños contribuyentes”.
Afirmó que continúan en reuniones con la Secretaría de Hacienda para que se pueda incluir una interpretación y que se explique con claridad que no cualquier persona puede estar sujeta a la prisión
Reconocieron que aún queda pendiente el tema de responsabilidad compartida, de espacios y la reducción de intereses, pero afirmaron “que se están trabajando con la autoridad. Hemos avanzado mucho pero nos pasa mucho”.
AUTOS CHOCOLATE
Los representantes de la industria automotriz se refirieron a la modificación en el artículo 15 de la Ley de Ingresos que pretende ser legislada para “legitimar lo ilegal, para hacer legal lo que es contrabando”.
Sobre el paso y legalización de vehiculos que fueron internados al país sin importación, es decir que no tienen documentación de legal entrada el país desde Estados Unidos, los conocidos “autos chocolate” refirieron que buscaban frenar la intención de regularizarlos.
“El día de hoy venimos a reportarles que se logró una reunión con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, y Armenta, de la Comisión de Hacienda, quienes les dieron una esperanza.
Afirmaron que su intención es “bajar el artículo”.
“Es muy probable que en muchos casos se esté en presencia de una delincuencia cualificada y transnacional, que quizá no siempre busca lavar dinero, sino conseguir fuentes de financiamiento. Es por ello que estas actividades ilícitas son realizadas por organizaciones que de manera reiterada o permanente tienen la finalidad de delinquir”, destacaron los funcionarios del SAT, UIF y PFF.
Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).- De junio a octubre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) dieron cuenta de 145 empresas con las características que habrían simulado operaciones por un valor de 50 mil millones de pesos.
En conferencia de prensa desde Palacio Nacional la titular del SAT, Margarita Ríos-Farjat, explicó que en un primer momento se identificaron 150 posibles empresas con estas características, conocidas como factureras, que habrían facturado 282 mil millones de pesos.
Ante esto, la dependencia les bloqueó el Certificado de Sello Digital a 144 empresas, después de rectificaciones, aclaraciones y trámites. Seguido de ello, el total de expedientes finales fue otorgado a la UIF para dar inicio a una investigación por etapas.
La titular del SAT, Margarita Ríos-Farjat presentó el informe de las factureras. Foto: Captura de pantalla.
El primer muestreo de la UIF fue de 10 empresas aleatorias, en las que se detectó a 135 personas físicas y morales que estuvieron relacionadas con las irregularidades.
Posteriormente “se dio vista a la PFF para que proceda por defraudación fiscal contra quien reciba las ganancias. Además, se están abriendo 14 investigaciones penales por lavado de dinero, que abarcan a 145 sujetos”, destacó la presentación de los titulares.
Posteriormente, el SAT revisó 135 casos relacionados detectados por la UIF, más los primeros 10 detectados y representaron 50 mil millones de pesos facturados.
Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Foto: Captura de pantalla.
La UIF encontró movimientos de lavado de dinero en el 100 por ciento de los casos, principalmente a países como China, Corea del Sur, Panamá, República Dominicana, Hong Kong, Uruguay, Suiza, Turquía, Estados Unidos, España, India, Portugal, Taiwán, Vietnam, Letonia, Israel, Reino Unido, Canadá, Paraguay, Emiratos Árabes, Singapur, Japón y Perú.
Fuente: Presidencia.
“Es muy probable que en muchos casos se esté en presencia de una delincuencia cualificada y transnacional, que quizá no siempre busca lavar dinero, sino conseguir fuentes de financiamiento. Es por ello que estas actividades ilícitas son realizadas por organizaciones que de manera reiterada o permanente tienen la finalidad de delinquir”, destacó el área de la Secretaría de Hacienda.
De 2015 a 2018 hubo 210 denuncias por el delito de expedición/enajenación de facturas por operaciones inexistentes y sólo en lo que va de 2019 han sido 174 y en proceso de presentación 130, lo que “representa un incremento de casi 30 por ciento respecto a los cuatro años anteriores”.
“Es muy probable que en muchos casos se esté en presencia de una delincuencia cualificada y transnacional”, afirmaron los titulares. Foto: Captura de pantalla.
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