Ricardo Mejía reveló el modus operandi del “Cártel Inmobiliario” que lideraban dos funcionarios panistas en la Alcaldía Benito Juárez.
Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).- El Subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, habló este jueves sobre el “Cártel Inmobiliario” presuntamente encabezado por dos servidorespúblicos del Partido Acción Nacional (PAN) de la Alcaldía BenitoJuárez acusados de realizar actos de corrupción en la CiudaddeMéxico.
En la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Subsecretario expuso que Luis Vizcaíno Carmona, exdirector jurídico (2009-2016) , y Nicias René Aridjis Vázquez, exdirector de obra pública (2006-2018) serían los líderes de esta estructura delictiva en la que estarían vinculadas 10 empresas fantasma.
Mejía Berdeja detalló los actos que cometían van desde establecer un sistema de intercambio de favores por medio de condiciones ilegales con constructoras y desarrollos inmobiliarios, empresas fachada, otorgamiento y gestión de autorizaciones, hasta extorsiones a empresarios dentro de la misma demarcación.
Como parte de su informe semanal “Cero Impunidad”, el funcionario explicó que la investigación sobre esta organización delictiva comenzó en agosto de 2021 tras la explosión de un inmueble ubicado en avenida Coyoacán, el cual se acreditó como una obra nueva y obtuvo un dictamen de habitabilidad durante la gestión de Nicias Aridjis.
A partir de las indagatorias, la Fiscalía capitalina descubrió que el exdirector de obras de la Benito Juárez posee un par de departamentos en ese mismo edificio, los cuales podrían haber sido obtenidos como contraprestación a cambio de las facilidades que la Alcaldía ofrecía para la construcción de obras nuevas, pues entre sus facultades estaba garantizar que la infraestructura cumpliera con la normatividad aplicable.
Asimismo, acreditó que la condiciones de uno de los inmuebles afectados durante el sismo de 2017 ubicado en la avenida Emiliano Zapata cumplían con todas las disposiciones legales, sin embargo, el edificio colapso nueve meses después de haber sido inaugurado, hecho por el cual fue suspendido en 2020.
Modus operandi del “Cártel Inmobiliario” de la Alcaldía Benito Juárez. Foto: Captura de pantalla de video
Por tales hechos, se logró ubicar a la organización de servidores públicos acusados de realizar actos de corrupción en materia inmobiliaria en la Alcaldía Benito Juárez, por los cuales ya fueron detenidos en cumplimiento con una orden de aprehensión en su contra por el delito enriquecimiento ilícito.
El 30 de junio, la Fiscalía capitalina logró la detención de Luis Vizcaíno, quien también está presuntamente asociado con la demolición de un inmueble catalogado por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA); y el 4 de agosto se obtuvo la vinculación a proceso con prisión preventiva en el Reclusorio Norte.
Además, anunció que se realizaron cateos en 42 inmuebles de las alcaldías Benito Juárez, Tlalpan, Coyoacán y Miguel Hidalgo, en los que se recabaron información que permitieron fortalecer la indagatoria.
Mientras que Nicias René Aridjis Vázquez fue detenido por las autoridades capitalinas el 1 de agosto, también señalado como el responsable de la construcción desmedida de inmuebles en la demarcación y de operar el “Cártel Inmobiliario” con otros exfuncionarios de la Benito Juárez.
Por su parte, el Presidente López Obrador celebró que las autoridades lleven a cabo estos procesos judiciales contra exfuncionarios del PAN y líderes del ‘Cártel Inmobiliario’ de la Alcaldía Benito Juárez.
“Qué bien que ya se incluya a delincuentes de cuello blanco, porque solamente a los delincuentes del crimen organizado se les exhibía, y los grandes ladrones de la política y del poder económico ni siquiera perdían su respetabilidad, nunca iban a la cárcel”.
Fuentes familiares aseguraron a El Universal que el crédito para la adquisición del inmueble es completamente de Bauer Mengelberg, por lo que no hay involucramiento alguno de su esposo José Luis Vargas Valdez.
Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).- Mónica Bauer Mengelberg López, esposa del Magistrado José Luis Vargas Valdez, quien es acusado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de corrupción, habría adquirido una propiedad en Estados Unidos, según reveló este lunes El Univesal.
De acuerdo con la periodista Ariadna García, el inmueble, el cual está ubicado en Connecticut, estaría valuado en tres millones de dólares. A dicho estado estadounidense, Mónica Bauer fue trasladada hace menos de un año por la compañía multinacional para la que trabaja.
Según los documentos a los que El universal tuvo acceso, para adquirir la propiedad Mónica Bauer, solicitó un préstamo superior a dos millones de dólares al banco HSBC en aquel país, por lo que dicha institución bancaria es quien tiene la hipoteca del inmueble con un interés de 2.41 por ciento.
José Luis Vargas es acusado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de corrupción. Foto: Cuartoscuro.
La periodista Ariadna García añade en su reportaje que la fecha de contrato fue el 10 de septiembre de 2021. Dicha casa cuenta con una superficie de 598.76 metros cuadrados, seis recámaras y cinco baños.
Sin embargo, fuentes familiares aseguraron al medio que el crédito para la adquisición del inmueble es completamente de Bauer Mengelberg, por lo que no hay involucramiento alguno de su esposo José Luis Vargas Valdez. Además, agregaron a El Universal que la licitud del recurso utilizado como enganche está comprobado ante la institución bancaria estadounidense, la cual hizo una investigación previa a otorgar el crédito.
Cabe recordar que Mónica Bauer Mengelberg López es investigada en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntamente constituir una presunta red de empresas fachada junto a su esposo.
En esta imagen, el Magistrado José Luis Vargas Valdez, a quien cinco de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) removieron de sus funciones como presidente en una sesión que él desconoció. Foto: Twitter (@JL_VargasV).
La nueva denuncia contra Vargas Valdez, Mónica y Peter Bauer Mangelberg López, su esposa y cuñado, así como cinco empresas, involucra a casi 107 millones de pesos, según la denuncia de la UIF, que presume el uso de recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con lo que investiga la Fiscalía General de la República (FGR), se identificaron diversos depósitos en las cuentas bancarias de Mónica Bauer Mengelberg López que no guardan relación directa con lo declarado ante la autoridad hacendaria.
También, según las pesquisas, se conocieron transferencias con destino al extranjero y constitución de personas morales cuya finalidad no se justifica, al haber funcionado únicamente como captadoras de recursos provenientes de empresas con características de posibles fachada, para posteriormente dejarse sin funcionalidad.
La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana presentó los resultados de la búsqueda que emprendió, junto con sus órganos desconcentrados, sobre el caso Pegasus, la cual arrojó el hallazgo de 31 contratos con empresas vinculadas en sus actividades al Grupo NSO.
Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo/EFE).– El Gobierno federal dio a conocer esta mañana que encontró 31 contratos realizados por México con la empresa NSO, la dueña del polémico sistema de espionaje Pegasus, y dijo que las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto pagaron millones (mil 970 millones de pesos) a empresas fachada, como supuestas vendedoras de semillas o de textiles.
“Estos 31 contratos involucran a los gobiernos de Felipe Calderón y de Peña Nieto bajo cuya protección operaba el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, actualmente preso en un penal de Nueva York y está reconocido por sus prácticas de espionaje; pero también en el caso de Peña Nieto mantuvo esa actividad durante todo su sexenio”, afirmó Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Desde Palacio Nacional, recordó que la empresa israelí NSO Group desarrolló el software de espionaje Pegasus que operó entre 2011 y 2018, en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. “Y fue vendido a la entonces Procuraduría General [de la República] por medio del Grupo Tech Bull, que es quien tiene el contrato para la adquisición del sistema”, apuntó.
La funcionaria destacó que “para sus transacciones, la empresa israelí usó otras compañías fachada, llevando a cabo así una simulación de contratos relacionados con el software Pegasus en diferentes instancias del Gobierno federal por conceptos distintos al uso de tecnología de inteligencia”.
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Por ello, señaló, la SSPC se dio a la tarea de hacer una búsqueda exhaustiva en sus archivos digitales e impresos y pidió lo mismo a sus órganos desconcentrados. “Como resultado de esta búsqueda, se encontraron 31 contratos con empresas vinculadas en sus actividades al Grupo NSO”, reveló.
De acuerdo con Rodríguez Velázquez, en archivos de la extinta Policía Federal (PF) se encontraron 16 contratos suscritos con dos empresas distintas: KBH y la Comercializadora de Soluciones Integrales Mecale. Además, en los mismos archivos se detectaron dos contratos más firmados por la Secretaría de Gobernación (Segob), de donde antes dependía la Policía Federal, con las empresas Proyecto Semilla y Artículos Textiles, Equipo y Accesorios MB.
También, agregó, se localizaron otros siete contratos en el órgano de Prevención y Readaptación Social que administra las cárceles, dos en el Servicio de Protección Federal, y cuatro más en el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
A su vez, la Secretaria de Seguridad acusó al Gobierno de Peña Nieto de “mantener esta actividad ilegal durante todo su sexenio”.
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“[El espionaje] violó la intimidad de periodistas, de políticos de luchadores sociales, de empresarios, de defensores de derechos, de servidores públicos, de legisladores”, enunció.
La funcionaria aseveró que entregará la información a la Fiscalía General de la República (FGR) para la investigación, mientras que el Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que los contratos “se subirán a la red para que todos tengan la información”.
Aunque López Obrador y su familia fueron víctimas de espionaje, el mandatario ha rechazado indagar de forma directa a sus predecesores, y en su lugar ha pedido participar en la consulta popular del 1 de agosto que preguntará sobre violaciones de derechos humanos de sexenios pasados.
En tanto, Rodríguez replicó la promesa del Presidente de que el Gobierno “ya no espía”.
— Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) July 28, 2021
“Este nuevo Gobierno tiene como premisa fundamental la libertad y la transparencia, aquí no espía a nadie, se acabó la persecución política y el espionaje”, sostuvo.
La denuncia ocurre tras revelarse el 18 de julio una investigación de medios internacionales que destapó que varios países espiaron 50 mil teléfonos con Pegasus, de los que 15 mil casos fueron en México durante el Gobierno de Peña Nieto, la cifra más alta.
La FGR anunció una indagatoria, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había revelado que los gobiernos anteriores, desde el de Calderón (2006-2012), pagaron un contrato de 32 millones de dólares a la empresa israelí del programa, NSO.
Una investigación publicada por el diario El País reveló que el Partido Verde usó a decenas de empresas fantasma para gastos de campaña entre los años 2014 y 2019.
Ciudad de México, 30 de junio (SinEmbargo).– El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) envió a 35 empresas fantasma una parte de los recursos que se le asignaron entre 2014 y 2019 para financiar sus actividades ordinarias y costear sus gastos de campaña, dice esta mañana el diario español El País.
El PVEM fue en coalición con Morena, el partido oficial, en las elecciones de 2021. Considerado un partido parasitario por los analistas, suele aliarse a las fuerzas políticas que están en el poder para acarrearse votos. La alianza de 2021 le permitió un fuerte crecimiento en la Cámara de Diputados y además le entregó la gubernatura de San Luis Potosí.
“En ese periodo, la formación pagó cerca de 133 millones de pesos a compañías que meses o años después de recibir los recursos fueron declaradas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como entidades que facturan operaciones simuladas por no contar con empleados ni infraestructura para realizar sus actividades”, agrega el reportaje firmado por la periodista mexicana Zorayda Gallegos.
Incluso, dice la investigación, “al menos una decena de ellas estuvo en la mira de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) tras haber encontrado irregularidades en los informes anuales de gastos que presentó el Partido Verde para respaldar sus transacciones con esas firmas”.
“Los servicios que facturaron las empresas al PVEM son variados, como subcontratación laboral para las brigadas del programa de afiliación; arrendamiento de oficinas; renta de camionetas; reparación de autos; asesoría jurídica; consultorías administrativas; encuestas y servicios de investigación, según la información contenida en una base de datos proporcionada a El País por el SAT tras diversas solicitudes de información y cotejada con los reportes de gasto que presentó el partido al INE”, agrega el diario en su edición mexicana.
En esta imagen de mayo se observa a Marina del Pilar Ávila Olmeda, candidata a la gubernatura de la coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California”, en el cierre de campaña del Partido Verde de México en la entidad. El evento masivo se realizó en las instalaciones del Museo del Trompo. Foto: Cuartoscuro.
“Los conceptos descritos en las cientos de facturas también incluyen servicios para costear supuestos gastos de campaña como ‘financiamiento de propaganda’, renta y colocación de anuncios espectaculares, pinta de bardas, compra de volantes, cubetas de pintura, material impreso, cobertores, termos, bolígrafos, gorras y playeras verdes, así como relojes y llaveros metálicos con el logotipo del partido. Los bienes y servicios no solo fueron contratados por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido, sino también por las directivas estatales, como la de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Jalisco, Querétaro y Sonora”, escribe Zorayda Gallegos.
DE ESCÁNDALO EN ESCÁNDALO
Apenas el 17 de junio pasado, el Instituto Nacional Electoral (INE) dijo que investigaba, mediante un estudio de mercado, cuánto gastó el Verde Ecologista para que “influencers” pidieran votar por el partido. Se trata del último gran escándalo de ese partido que se dice ecologista.
Adriana Favela, Consejera presidenta de la Comisión de Fiscalización del INE, dijo en entrevista para Milenio que tanto la Unidad Técnica de Fiscalización como la Unidad Técnica de lo Contencioso realizaban investigaciones sobre el caso y mandarán los resultados a la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para su análisis.
El INE ha identificado a 95 “influencers”, como se le conoce a las personas con cientos de seguidores en las redes sociales, que promovieran el voto a favor del Verde Ecologista en plena veda electoral, a horas de la jornada electoral del 6 de junio.
Favela detalló que ya preguntaron al PVEM cuánto le pagó a los “influencers” y en algunos casos contactará directamente a los involucrados, el INE también realizará un estudio de mercado independientemente para compararlo con la versión que dé el Verde.
Además, dijo la Consejera, se hará un análisis de cuánto cobraron los “influencers” por cada mensaje. “Tenemos que actuar muy rápido y debemos hacer cotizaciones como el cuánto cobran otros influencers o si ellos mismos tienen en sus redes un catálogo de los servicios que ellos ofrecen, ‘por un mensaje de 20 o 30 segundos cobro tanto’, todo eso lo tenemos que ir viendo”, explicó a Milenio.
El 5 de junio, a horas de la jornada electoral, conductores de televisión y personajes con miles de seguidores en redes sociales mostraron su apoyo al PVEM. Tres días después, algunos “influencers” revelaron que el Partido Verde les pagó y en otros casos se ofreció a hacerlo para que en sus redes sociales —en las cuales tienen miles de seguidores, en su mayoría jóvenes— promocionaran la plataforma política de este instituto político en el marco de la elección de este año y durante la veda electoral, lo que llevó a la autoridad electoral a emitir medidas cautelares contra el partido del tucán, aliado de Morena en la jornada del 6 de junio.
El partido aseguró durante los comicios del pasado fin de semana que el respaldo que expresaron estos personajes se debió a simples “muestras de apoyo” e incluso pidió a sus “simpatizantes” dejar de publicar estos mensajes durante la veda electoral, la cual contempla los tres días anteriores a la votación. No obstante, algunos “influencers” han salido a decir que estas “muestras de apoyo” se dieron a cambio de un pago, mientras que otros han asegurado que se les hizo un ofrecimiento similar, el cual declinaron.
La Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum informó que el empresario Martín Rodríguez, asesinado la semana pasada, estaría involucrado en una investigación sobre empresas fantasma.
Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).– El empresario Martín Rodríguez, asesinado la semana pasada en la colonia Nápoles de la Ciudad de México, habría estado relacionado con empresas fantasma y con Miguel Ángel Vázquez Reyes, exsubsecretario de Administración y Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad de México durante la administración de Miguel Ángel Mancera Espinosa.
Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se refirió este mediodía al caso luego de que ayer la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) informó que pronto destapará el vínculos entre empresas fantasma, “asociadas con el lavado de ml millones de pesos” de dinero público, delito que se cometió en las administración de Mancera Espinosa y José Ramón Amieva Gálvez.
En conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno de la capital mexicana respondió a pregunta expresa: “Un empresario que recientemente fue privado de la vida está involucrado con esta investigación, está vinculado a una de las empresas a las que él pertenecía con esta investigación de fraude de mil millones de pesos del erario público”, dijo.
Martín Rodríguez Sánchez, presidente del Consejo Internacional de Empresarios (CIE) y su escolta fallecieron durante un ataque directo por parte de sujetos armados en las calles de Georgia y Dakota de la colonia Nápoles. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro.
La liga de Rodríguez, el empresario acribillado en las calles de la colonia Nápoles, con Vázquez Reyes, quien fue detenido el 27 de febrero de 2020 y está acusado de uso ilegal de atribuciones y ejercicio indebido del servicio público, debe ser plenamente esclarecida, además de que más servidores públicos y empresas fantasma estarían relacionados.
Actualmente, Vázquez Reyes está vinculado a proceso y permanece en el Reclusorio Preventivo Norte de la capital mexicana. La Fiscalía ha presentado pruebas de que, supuestamente, el exfuncionario –considerado operador financiero de Mancera– creó una nómina especial con los salarios más altos del tabulador de la administración pública local, con la que se benefició a 58 familiares y personas allegadas, como cónyuges, hermanos y sobrinos.
Además se le acusa de un presunto fraude por más de 190 millones de pesos, que fueron usados para la compra de tarjetas de identificación para los empleados del Gobierno de la CdMx.
Pero la principal línea de investigación se centra en el planteamiento de la FGJ-CdMx que apunta a que Miguel Ángel Vázquez, junto con tres exfuncionarios del entonces Gobierno de Miguel Ángel Mancera, suspendieron el pago de las aportaciones de jubilados y pensionados del ISSSTE, que se encontraban en la Caja de Previsión de la Policía (Caprepol).
El supuesto delito se habría cometido del 1 de abril de 2016 al 31 de diciembre de 2017, cuando Vásquez era presidente suplente del Consejo de Administración de la Caprepol, lo que ocasionó un daño a la Hacienda Pública local por más de 293 millones de pesos, según datos de la Fiscalía capitalina.
EL ASESINATO DEL EMPRESARIO
La tarde del viernes 22 de enero, sujetos abrieron fuego contra un empresario en calles de la colonia Nápoles, en Ciudad de México. El ataque dejó dos muertos y una mujer lesionada.
Las cámaras de vigilancia de la capital y el Estado de México dieron seguimiento al escape de los involucrados, quienes habrían disparado 21 veces contra el empresario y su escolta.
Al menos dos sujetos que viajaban en una motocicleta agredieron al empresario que se encontraba a bordo de una camioneta blanca.
La tarde del viernes 22 de enero, integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CdMx) arribaron hasta la zona, entre las calles Dakota y Georgia, para comenzar con las indagatorias.
El Gobierno de México informó la semana pasada que el país cerró 2020 con 34 mil 515 homicidios dolosos, lo que supone una leve caída del 0.4 por ciento respecto a 2019, siendo la primera reducción de este delito en cinco años.
Con esta, se acumulan cuatro órdenes de aprehensión en contra del hijo del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.
Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).– Un Juez de Control de la Ciudad de México libró una nueva orden de aprehensión en contra de Gonzalo Gil White, luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) acreditara que utilizó empresas fantasma para desviar recursos de la empresa petrolera Oro Negro.
El Juez también ordenó que se detenga a Carlos Enrique Willamson Nasi, Miguel Ángel Villegas Vargas y Cynthia Ann Delong, quienes habrían actuado como cómplices de Gil White.
De acuerdo con un comunicado de prensa, se acreditó que Gonzalo Gil White ordenó que se enviaron cerca de 100 millones de pesos a “Elementos Visionarios”, la cual fue incluida “definitivamente como facturera” en la lista que publica la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Además, la Fiscalía demostró que los recursos se otorgaron por operaciones simuladas.
“Se acreditó que esos recursos se enviaron por servicios que nunca fueron prestados, es decir, por operaciones simuladas”, se lee en el documento.
Por ello, también se consideró el delito de lavado de dinero, por lo que en próximas fechas es posible que la Fiscalía General de la República (FGR) también llame a Gil White y a sus cómplices.
Con esta, se acumulan cuatro órdenes de aprehensión en contra del hijo del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.
TERCERA ORDEN DE APREHENSIÓN
El pasado 20 de agosto, un Juez de control de la Ciudad de México giró la tercera orden de aprehensión en contra de Gonzalo Gil White por la probable responsabilidad de Gil White en el delito de abuso de confianza en contra de la sociedad Oro Negro Drilling Pte. Ltd.
La orden también fue dictada en contra de Carlos Enrique Williamson Nasi, Miguel Ángel Villegas Vargas y Cynthia Ann Delong.
Esta se derivó de una denuncia presentada el 3 de mayo de 2019 por representantes de la empresa Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos Financieros quienes señalaron a Gonzalo Gil y a quienes serían sus cómplices por desviar aproximadamente 360 millones de pesos.
La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés), ya emitió un afiche de búsqueda para localizar a Gonzalo Gil White, quien estaría prófugo en Estados Unidos. Además, la Fiscalía General de la República ya inició un proceso de extradición en su contra.
La panista negó que con sus exigencias busque beneficiarse para fines electorales.
Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).- La Senadora Lilly Téllez negó que las acusaciones que hace en contra de Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia de la República, sean con fines electorales.
La Senadora del Partido Acción Nacional (PAN) recordó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador la acusa de pedir cárcel para el vocero, luego de que una investigación periodística relaciona al periódico Regeneración con el uso de una empresa fantasma durante el periodo que él lo dirigió.
Además de negar hacer uso de fines electorales, la panista explicó que, con base en la ley, las personas que se encuentren culpables de utilizar comprobantes fiscales a través de empresas fantasma podrían pasar hasta dos años privadas de su libertad.
“El Señor Presidente @lopezobrador_ dijo hoy que pido cárcel para su vocero @JesusRCuevas por motivos electorales.
Eso es falso.
?? No busco nada electoral.
?? Es la ley la que señala de 2 a 9 años de prisión para quien adquiere comprobantes fiscales de empresas fantasma.”, se lee en la publicación.
El Señor Presidente @lopezobrador_ dijo hoy que pido cárcel para su vocero @JesusRCuevas por motivos electorales.
Eso es falso.
?? No busco nada electoral.
?? Es la ley la que señala de 2 a 9 años de prisión para quien adquiere comprobantes fiscales de empresas fantasma.
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción reveló esta semana que Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular del Presidente Andrés Manuel López Obrador, contrató empresas fantasma durante la campaña electoral de 2018.
“Esquer contrató a Ligieri de México SA de CV para proporcionar el servicio de logística en 15 eventos políticos que encabezó López Obrador en Puebla y a ENEC Estrategia de Negocios y Comercio SA de CV para la colocación de propaganda de campaña en 10 espectaculares en aquella misma entidad”, informó Raúl Olmos en el texto “Esquer contrató empresas fantasma para eventos y anuncios de AMLO en campaña del 2018”.
Ligieri de México SA de CV y ENEC Estrategia de Negocio y Comercio SA de CV fueron puestas en 2020 en “el listado definitivo de personas morales que simulaban operaciones comerciales con fines de evasión fiscal, lo que en términos coloquiales se identifica como empresas fantasmas”, señaló el reportaje.
Además, de acuerdo con una publicación del diario El Universal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició una investigación contra la empresa fantasma Benefak, S.A. de C.V., que en 2016 dio servicios a Morena para la impresión del periódico Regeneración, fundado y dirigido por el actual portavoz del Gobierno de México, Jesús Ramírez.
Ligieri de México SA de CV y ENEC Estrategia de Negocio y Comercio SA de CV fueron puestas en 2020 en el listado definitivo de personas morales que simulaban operaciones comerciales con fines de evasión fiscal, de acuerdo con información de Raúl Olmos. Ambas fueron contratadas por Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular del Presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la campaña de 2018, según los datos del investigador.
Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular del Presidente Andrés Manuel López Obrador, contrató empresas fantasma durante la campaña electoral de 2018, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción.
“Esquer contrató a Ligieri de México SA de CV para proporcionar el servicio de logística en 15 eventos políticos que encabezó López Obrador en Puebla y a ENEC Estrategia de Negocios y Comercio SA de CV para la colocación de propaganda de campaña en 10 espectaculares en aquella misma entidad”, informa Raúl Olmos en el texto Esquer contrató empresas fantasma para eventos y anuncios de AMLO en campaña del 2018.
Ligieri de México SA de CV y ENEC Estrategia de Negocio y Comercio SA de CV fueron puestas en 2020 en “el listado definitivo de personas morales que simulaban operaciones comerciales con fines de evasión fiscal, lo que en términos coloquiales se identifica como empresas fantasmas”.
“En la página oficial de Morena existía hasta hace unos días el vínculo a los contratos que Esquer Verdugo firmó con las dos empresas. Los documentos fueron eliminados, pero todavía puede consultarse una versión de los mismos en la copia de seguridad o ‘caché’”, detalla Olmos en la investigación publicada este lunes 9 de noviembre.
“El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que ambas empresas estaban en el padrón de proveedores –un requisito para que Morena la haya contratado-, pero fueron dadas de baja este año al no haber gestionado su refrendo”, agrega.
Raúl Olmos señala que solicitó una entrevista con Alejandro Esquer Verdugo, sin embargo, no obtuvo ninguna respuesta. Para la creación de las dos empresas fantasma que fueron contratadas por Morena se utilizó la identidad de personas de bajos recursos, señala el investigador.
Ligieri de México fue creada el 14 de abril de 2016 ante el notario público Mario Alberto Montero Serrano, de San Andrés Cholula, Puebla mientras que ENEC Estrategia de Negocios y Comercio SA de CV, se creó el 21 de octubre de 2015 ante la notaria Norma Romero Cortés, de Puebla, de acuerdo con la información publicada por Mexicanos Contra la Corrupción.
De acuerdo con la causa penal 97/2016, ambos eran socios de la empresa Terra Urbanizaciones e Inmobiliaria, que era utilizada par triangular recursos durante el Gobierno de Duarte de Ochoa.
Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).- Dos excolaboradores cercanos de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, obtuvieron un amparo contra orden de aprehensión librada en agosto de 2016 en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El amparo fue otorgado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México, en beneficio de Santa Bartolo Acuña y Miguel ángel Vázquez Nieva.
La resolución establece que existían vicios formales en el proceso e sentencia del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.
“Agréguese a los autos el oficio suscrito electrónicamente por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, a través del cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de 19 de octubre del presente año, esencialmente informa que negó la orden de aprehensión en los términos apuntados en la constancia de audio y video; por lo que, se le tiene en vías de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en este juicio”, puntualizó el juzgado.
Tanto Bartolo Acuña como Vázquez Nieva estaban señalados de participar en el dejó de 500 millones de pesos del erario veracruzano a empresas fachada.
De acuerdo con la causa penal 97/2016, ambos eran socios de la empresa Terra Urbanizaciones e Inmobiliaria, que era utilizada par triangular recursos durante el Gobierno de Duarte de Ochoa.
Bartolo Acuña fungía como contadora, mientras Vázquez Nieva era comisario ejidal y otorgaron contratos a 35 empresa fantasmas.
Una parte de los recursos sirvió para simular la compra venta de terrenos en Campeche, por un monto de 439 millones 662 mil 979 pesos.
Ambos personajes formaba parte de una red encabezada por Moisés Manzur Cysneiros, empresario veracruzano que a la postre dejó como beneficiario a Duarte de Ochoa de tres inmuebles en la Ciudad de México,
La segunda entrega de la investigación del periódico El País sobre el desvío de recursos en las instituciones mexicanas destacó manejos irregulares de los recursos convenidos entre el SAT y la Secretaría de la Defensa Nacional para la construcción y remodelación de garitas y demás infraestructura aduanera.
Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) empleó 11 empresas fantasma para el desvío de 385.1 millones de pesos durante su participación en el Plan de Modernización de Infraestructura en Aduanas 2013-2018 en seis entidades del país, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El Ejército mexicano contrajo con la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) un convenio de colaboración que, hasta ahora, se mantuvo como un clasificado bajo reserva de 12 años por motivos de “seguridad nacional”, informó Zorayda Gallegos, en un segundo reportaje sobre la institución, publicado en el diario El País.
La investigación se basa en las solicitudes de información requeridas a la Sedena por el medio, que arrojaron que durante la Administración de Peña Nieto el proyecto de modernización de las aduanas “más importantes del país” se encomendó a la Defensa debido a la amenaza del crimen organizado frente a las empresas privadas. “Se tuvo que recurrir a una instancia de seguridad nacional, como la Sedena para la construcción de diversas obras”, justificó la dependencia.
El Plan de Modernización se basó en la construcción de instalaciones y la remodelación de infraestructura existente en los puertos de ingreso y salida de personas y mercancías al país. Inició en marzo de 2013 y tuvo una duración de cinco años y ocho meses, hasta noviembre de 2018.
La Dirección de Ingenieros de la Sedena y el SAT contrajeron 30 convenios para el proyecto, que requirió una cláusula de confidencialidad con el fin de “evitar que información sensible que pudiera desprenderse de los proyectos, así como los detalles de la forma en que operan las aduanas pudiera ser utilizada en contra del Estado mexicano”, de acuerdo con lo informado a El País por la propia dependencia federal.
Los recursos para los contratos, otorgados por adjudicación directa, provinieron del Fideicomiso para Programas de Mejoramientos de los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras (Fidemica). Sin embargo, la categoría de “seguridad nacional” otorgada a los documentos impidió que los archivos se publicaran el sistema de registro de las compras del Gobierno, Compranet.
El Ejército mexicano mantuvo bajo resguardo los archivos en los que constó la subcontratación de terceros para la realización de las obras encomendadas en las aduanas de Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, Baja California y Chiapas.
CONTRATOS PARA 6 ADUANAS
El SAT encomendó a la Sedena la ampliación de la aduana de Ojinaga, en el estado de Chihuahua, en agosto de 2015. El precio de las obras ascendió a 342.3 millones de pesos, de los que el 48.4 por ciento se refirieron a “Ramón René Lara Marín”, listado en el grupo de emisores fantasma del servicio tributario de la Secretaría de Hacienda.
En este contrato la facturera emitió 88 recibos por el total de 165.9 millones de pesos, durante 2016. La justificación fue la venta y renta de retroexcadoras, montacargas, camiones de volteo, grúas, cargadores y camionetas.
Para el proyecto de reordenamiento Integral de la aduana de Ciudad Juárez, ocurrida en 2014 en el puente internacional Zaragoza, en la misma entidad federativa, la Sedena entregó a Lara Marín 103.1 millones de pesos, el 40 por ciento del presupuesto total que ascendió a 260.1 millones de pesos, por la renta de maquinaria y el suministro de grava, arena y piedra.
El País observó que Lara Marín no estaba inscrito en el padrón de contratistas de la Sedena, sin embargo, fue el subcontratista que más recursos recibió por los convenios: 269.1 millones de pesos, de septiembre de 2014 a diciembre de 2016. En febrero de 2019, el SAT determinó incluirla en la lista de las factureras.
La Dirección de Ingenieros militares ejecutó la segunda etapa del programa de fortalecimiento de la frontera sur en Catazajá, Chiapas, entre 2013 y 2014. El presupuesto para el proyecto fue de 314.3 millones de pesos, de los que 28 por ciento se adjudicaron a la empresa “Comercializadora del Valle Central”, encargada de la colocación de canceles de aluminio, detallado de anaqueles y la instalación de muebles de madera.
El SAT declaró a la Comercializadora, con domicilio fiscal en Puebla, como fantasma en 2018. De acuerdo con la investigación de Gallegos esta empresa también dio servicios de impresión de proyectos para la entidad en la que reside y para el Estado de México fue intermediaria de comercio al por mayor.
En Nuevo León, la Sedena contrató a la empresa “Estrucxa” para la construcción y equipamiento de los alojamientos de los oficiales de comercio exterior, adscritos a seis aduanas de la frontera norte. Las obras se ejecutaron en Colombia, en la localidad de Anáhuac, Nuevo León, para las que vendió camas, sábanas, cobertores, almohadas y colchones por 3 millones de pesos.
La misma empresa participó en la construcción de alojamientos en los puentes I y II de la aduana de Nuevo Laredo, en Tamaulipas. En este caso recibió 3 millones de pesos por la venta de camas, persianas y juegos de ropa.
Para la modernización de San Emeterio, en Sonoyta, en el estado de Sonora, la Defensa contrató a “Morcoba Comercializadora”, otra facturera que, en 2017, le vendió tableros profesionales para basquetbol.
“Estrucxa” es una empresa constituida en la localidad de Xalapa, en el estado de Veracruz, en tanto que “Morcoba Comercializadora” se constituyó en Oaxaca.
Pese a que las más de 200 empresas fueron enlistadas por el SAT como empresas fantasma, la Secretaría de la Defensa celebró contratos por los que pagó más de 2 mil millones de pesos, justificados en la contratación de servicios o la compra de bienes como grava, concreto, artículos de papelería, de limpieza, uniformes, botas, luminarias, acarreo de escombro y hasta el mantenimiento de plantas.
El reportaje de El País también demostró que en las adjudicaciones directas que recibió el Ejército mexicano, durante las administraciones de Peña Nieto y Calderón Hinojosa, la institución subcontrató empresas que también resultaron calificadas como inexistentes.
Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).– La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desvió 2 mil 371 millones de pesos entre 2013 y 2019, el periodo de Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Los recursos se declararon ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como el pago a 250 empresas que resultaron fantasma.
Un reportaje de Zorayda Gallegos en el periódico El País demostró que ninguno de los altos mandos que autorizaron las compras ha recibido una sanción por el ejercicio de operaciones que podrían incurrir en el delito de defraudación fiscal, realizado a través de las empresas factureras, es decir, aquellas que son compañías inexistentes que emiten facturas de operaciones simuladas.
En octubre de 2019 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que, luego de varias reuniones con el sector empresarial, llegaron a un acuerdo para hacer ajustes en materia fiscal para combatir a las empresas factureras, aclarando que no se actuará contra contribuyentes.
Los gastos incluyeron la compra de grava, arena, concreto, artículos de papelería, de limpieza, uniformes, botas, chalinas, cortinas, chalecos de seguridad, sábanas, llantas, luminarias, losetas, renta de andamios, viajes de agua en pipa, acarreo de escombro, arrendamiento de equipo de cómputo e impresión, instalación de ventanas, servicios de lavandería y hasta el mantenimiento de plantas eléctricas y de aguas residuales.
La Sedena efectuó contratos con empresas consideradas fantasma. Foto: Gabriela Pérez Montiel, Cuartoscuro, Archivo.
La información obtenida por El País destacó que los más de 2 mil millones de pesos fueron desviados a través de 11 mil 175 comprobantes digitales que amparan la contratación o la compra de bienes y servicios para decenas de instalaciones militare como campos, cuarteles y guarniciones a lo largo del país. La Sedena no emitió ningún comentario al respecto de los presuntos desvíos identificados.
Algunas de las instalaciones que supuestamente se vieron beneficiadas con estas compras fueron el Heroico Colegio Militar; el Museo Nacional de la Cartografía; un parque eólico, ubicado en el Itsmo de Tehuantepec; el cine del Centro de Atención Social para Militares Retirados; el Campo Militar 37-D en Santa Lucía, en el Estado de México; la Escuela Militar de Sargentos; la Dirección General de Administración y en el ahora cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de México, en el municipio de Texcoco, en el Estado de México.
Otros de los rubros en los que se detectó el desvío de fondos fue en la ejecución de labores de mejora en caminos rurales o carreteras en el camino de entrada a los cuarteles del Ejército mexicano. También para obras de mantenimiento o adecuación de bases aéreas, prisiones, juzgados, centros de justicia, unidades habitacionales, cafeterías, centros deportivos, estacionamientos, gimnasios, museos, centros de desarrollo infantil, además de 15 hospitales militares.
El reportaje descubrió que las facturas falsas demostraban reparaciones en las unidades médicas por un valor de 115 millones de pesos, entre 2013 y 2018, por supuestos insumos médicos. Las obras justificadas se habrían realizado en los hospitales Militar de Zona en Ixtepec, en Oaxaca; Militar Regional de Puebla; de Zona del Campo Militar 1 en Naucalpan, en el Estado de México; Regional de Especialidades en Mérida; además de en la Unidad Médica de Consulta Externa del Colegio Militar.
Por el concepto de obras civiles, la Sedena realizó pagos por 50 millones de pesos para la instalación de invernaderos y viajes para acarrear grava viveros forestales ubicados en los estados de Veracruz, Jalisco, Sinaloa, Guanajuato e Hidalgo, en las unidades conocidas como Perote, Ameca, Pueblo Viejo, El Sauz, Sarabia y Zimapán.
Las facturas falsas demostraban reparaciones en las unidades médicas por un valor de 115 millones de pesos. Foto: Carlos Alberto Carbajal, Cuartoscuro, Archivo.
El País aseguró que la Dirección General de Comunicación Social de la Sedena comprobó gastos por 51.5 millones de pesos para empresas distribuidoras de papel.
Entre 2014 y 2015 se encontraron contratos con las empresas “Advertising and Digital Effects” y “Producciones Siehj” por los servicios de masajes e hidratación; también para el suministro de playeras y medallas, además de la organización de eventos deportivos, como una carrera conmemorativa de la Fuerza Aérea Mexicana y para la carrera titulada “La gran fuerza de México”.
Sólo en 2013 la Sedena entregó a empresas fantasma 619.4 millones de pesos. La compañía “Construglobal de Chiapas” fue una de las más beneficiadas, con la erogación de 312.7 millones de pesos, entre 2013 y 2014, para la contratación de servicios de renta de maquinaria de construcción que se habrían empleado en la rehabilitación de la unidad habitacional militar de Cintalapa, en el estado de Chiapas.
La Dirección General de Materiales de Guerra e Industria Militar facturó 260.5 millones de pesos en la supuesta compra de insumos para la fabricación de armamento. De acuerdo con un reportaje anterior de el mismo medio, “DRM Aceros Internacional” se encargó de elevar los precios de los bienes contratados por la Sedena. La Auditoría Superior de la Federación alertó de este caso, por lo que la empresa fue sancionada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en 2019, pero ninguno de los mandos militares (Generales) al frente de la división resultó sancionado.
ADMINISTRACIÓN DE AMLO
Durante la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador El País encontró dos facturas, emitidas en abril de 2019, por 1.1 millones de pesos cada una por la “Constructora Mendoza López”. Las transacciones se realizaron cinco meses antes de que la empresa fuera calificada por el SAT como una empresa fantasma. de acuerdo con la investigación, la constructora se constituyó en 2002 en el estado de Tabasco.
La “Constructora Mendoza López” suministró y colocó material pétreo en la calle principal entre una unidad habitacional militar y el vivero forestal del campo número 30-E, en el municipio de Cárdenas en Tabasco. El invernadero es parte del programa oficial “Sembrando Vida”.
Una de las personas que fundó la empresa tabasqueña fue José Gabriel Mendoza Murillo, un empresario del municipio de Cárdenas quien, de acuerdo con el periódico, se ha proclamado amigo de Adán Augusto López, Gobernador de Tabasco.
OBRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA
En las anteriores Administraciones, las de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la Sedena ejecutó obras de infraestructura encargadas por dependencias federales o Gobiernos estatales. Estos contratos le fueron adjudicados sin licitación, sino directamente bajo lo previsto por la Ley de Obras. El País mostró que estos convenios resultaron en la subcontratación de privadas para la ejecución de las obras.
Por ejemplo, en el caso de la adjudicación directa para la construcción del hoy cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), Zorayda Gallegos encontró 168 facturas falsas para la construcción de la barda y camino perimetral, además de la pista seis del puerto.
Tres firmas recibieron pagos por 184.1 millones de pesos para el suministro de materiales (tuberías, varillas, cables de cobre, artículos de limpieza y placas de acero), además recibieron pagos por servicios de soldadura, supervisión de la colocación de tuberías y renta de oficinas móviles.
“Comercializadora en General Hercalop” fue beneficiada con los contratos, entre enero y febrero de 2018, pese a que desde agosto de 2017 fue exhibida por el SAT como una presunta empresa fantasma.
Para la construcción del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en la localidad de San Bartolo Coyotepec, en el estado de Oaxaca, la Sedena y la oficialía mayor del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) firmaron un contrato, en mayo de 2013, para la ejecución de la primera etapa de la obra. El convenio ascendió a 284.9 millones de pesos, por lo que la Sedena subcontrató a una serie de proveedores que realizaron las labores por las que fue contratadas. Tres de estas empresas ya fueron declaradas como fantasma por el SAT, aunque recibieron un millón de pesos por la supuesta renta de maquinara.
SANCIONES A MANDOS
El reportaje destacó que, en respuesta a una solicitud de información, la Sedena dio a conocer que, entre 2013 y 2019, sólo cuatro miembros de las Fuerzas Armadas resultaron sancionados por los procedimientos contractuales elaborados con facturas falsas. Los elementos penalizados fueron el jefe de la fábrica de cartuchos, un jefe del grupo de ingeniería de la fábrica de cartuchos, el jefe de la sección de planeación de la jefatura de adquisiciones y un integrante de la sección de contratos.
Los nombres de los militares fueron omitidos por la Secretaría, pero sí informó que los castigos estuvieron relacionados con la adquisición de acero a la empresa “DRM”. La sanción fue la suspensión, durante seis meses, que inició en el mes de septiembre y que a la fecha ya culminó.
Por su parte, la SFP explicó que 21 elementos de la Sedena también han recibido sanciones como amonestaciones; tres fueron suspendidos por un mes y uno más resultó inhabilitado por un periodo de tres meses. Los cargos y los nombres de los efectivos militares tampoco fueron revelados por la dependencia.
OPERACIONES DE FATURERAS
Raquel Buenrostro Sánchez, titular del SAT anunció, el pasado mes de junio, que la dependencia ha presentado denuncias penales contra las empresas factureras. Para las investigaciones se citará a quienes recurrieron a ellas. En conferencia de prensa explicó que el modus operandi de estas compañías consistía en la simulación de facturas sobre bienes o servicios simulados o inexistentes, así como el incremento de gastos falsos, para la disminución en los beneficios registrados por la empresa y la posterior disminución en sus obligaciones tributarias.
“Nosotros hemos encontrado diferentes empresas factureras, algunas que simplemente se dedican a incrementar falsamente los gastos con servicios o bienes inexistentes, pero muchas veces estas empresas están vinculadas con las dos actividades. O sea, no sólo inventan facturas de gastos falsos, sino que también llevan facturas para encubrir o disfrazar gastos y pagos ilícitos”, agregó.
El Ejecutivo de López Obrador ha emitido siete querellas contra los principales grupos de estas factureras. Por tipo de impuestos, las compañías generaron un fraude fiscal de 24 mil 583 millones de pesos en el Impuesto Sobre la Renta y de 11 mil 396 millones de pesos (450 millones de euros) en el IVA.
Las empresas que se han visto expuestas a esta red de fraudes se caracterizan por no tener empleados en muchos casos y se reparten en diferentes sectores como comercio e industrias manufactureras, aunque en los últimos años se han trasladado hacia el área de servicios por la complejidad en comprobar dichos fraudes en este sector, según Buenrostro.
“Cuando se empezó a revisar el tema de facturas, sobre todo el año pasado, porque como lo mencionó el Presidente estas empresas vienen proliferando desde 2010 y empiezan a crecer exponencialmente. Al principio la incidencia estaba en temas de comercio al mayoreo, construcción, comercio al menudeo e industrias manufactureras. A medida de que pasa el tiempo, se van al área de servicios. ¿Por qué? Porque los servicios son más difíciles de comprobar”, sostuvo.
Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación, subrayó que la primer ocupación será atacar a quienes venden las facturas falsas, a quien constituye las empresas. “Se va a mandar un requerimiento, un exhorto a los contribuyentes pensando que todos actuaron de buena fe y que no saben que compraron estas facturas y que las utilizaron en su contabilidad o que incluso recibieron algún dinero vía asimilares a salario. Se les va a dar tres meses para que cumplan y se regularicen. Si en estos tres meses no se regularizan, la Procuraduría Fiscal presentara las querellas contra el que compró las facturas o el que se vio beneficiado, o el que recibió el dinero por asimilable a salario, porque se presume entonces que sí hay un contubernio, que sí hay un acuerdo criminal entre el que compró y el que vendió”, añadió.
Ese mismo mes el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la persecución legal contra un “fraude monumental” de facturas falsas equivalente al 30 por ciento de los ingresos del Gobierno en el que estarían involucrados altos funcionarios. Dijo que en la última década han operado en el país empresas dedicadas a “falsificar facturas mediante mecanismos de lavado de recursos para no pagar por completos los impuestos”.
“Se creó un sistema de recaudación paralelo, un sistema fiscal informal en donde estos despachos ofrecían servicios a pequeñas, medianas y grandes empresas y se cometió un gran fraude”, expresó López Obrador, quien asumió el poder en 2018 con la promesa de erradicar la corrupción.
En 2019, México mejoró ocho posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional pero sigue estando en la parta baja de la clasificación, al ocupar la posición 130 de 180 países evaluados.
A Cristobal “N” se le implica con operaciones simuladas en 52 empresas factureras, todas constituidas por un mismo notario público y domiciliadas fiscalmente en Ciudad Victoria y municipios de Nuevo León.
Ciudad de México, 21 de julio (SinEmbargo).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, Raúl Ramírez Castañeda, informó que se trabaja en la formulación de más de 100 órdenes de aprehensión relacionadas con diversas investigaciones, entre ellas algunas ligadas a empresas factureras.
“La Unidad trae pendientes 103 órdenes de aprehensión. Dos de ellas, que se solicitaron fueron la de Cristóbal “N”, exsubsecretario de Egresos y otra de Carlos “N”, ex alcalde de Nuevo Laredo”, detalló en conferencia de prensa.
Sobre la orden de aprehensión en contra de Cristóbal “N”, dijo que es por uso indebido de atribuciones y facultades. El exsubsecretario de Egresos ya se encuentra detenido.
Ramírez Castañeda añadió que ayer se llevó a cabo la audiencia por este caso ante el Juez de Control Patricio Lugo Jaramillo. El proceso se reanudará hasta el próximo sábado 25 de julio para que la defensa presente pruebas adicionales.
El exfuncionario enfrentaba dos órdenes de aprehensión, una girada en junio de 2018 por “asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita”; a esta causa se le añadió el delito de uso indebido de atribuciones y facultades y se logró obtener otra orden de aprehensión el pasado 15 de julio.
Cristóbal “N” fue Subsecretario en la Secretaría de Finanzas en el Gobierno inmediato anterior
El individuo formó parte de una red de empresas factureras, a través de las cuales se ocasionó un quebranto al erario estatal superior a los 2 mil millones de pesos en el periodo de 2014 a 2016.
Detalló que la Unidad de Inteligencia Financiera tamaulipeca con investigaciones sobre empresas factureras desde hace más de 24 meses y desde entonces se han integrado 56 expedientes que han derivado 23 carpetas de investigación relacionadas con actividades de delincuencia organizada y casos de corrupción asociados con utilización de empresas factureras.
A Cristobal “N” se le implica con operaciones simuladas en 52 empresas factureras, todas constituidas por un mismo notario público y domiciliadas fiscalmente en Ciudad Victoria y municipios de Nuevo León.
Dichas empresas habrían facturado más de 10 mil millones de pesos, a otros gobiernos estatales y municipales.
“El trabajo de la Unidad es encontrar el dinero, se encontró y no demostraron la licitud del mismo, es lo que hoy tiene presas a algunas personas”, sentenció.
Para el caso de Carlos “N”, el titular de la UIF detalló que se trata de la tercera orden de aprehensión girada en su contra por asociación delictuosa.
A la par, se han girado órdenes de aprehensión a cuatro proveedores con empresas factureras que realizaron operaciones en un Gobierno municipal.
“El pasado 26 de junio se libró una tercera orden de aprehensión contra Carlos “N”. Contaba con 2 anteriormente. La semana pasada nos llegó el amparo de dicha persona”, detalló Ramírez Castañeda.
El titular de la Unidad reiteró el compromiso de dependencia para continuar combatiendo los llamados delitos de “cuello blanco”.
La investigación de Ciudadanos Observando retoma el descubrimiento que hizo el periodista Juan José Rodríguez Medina, columnista de Pulso Diario de San Luis, en su espacio “Las nueve esquinas” del 4 de junio pasado, de que la Secretaría de Salud de San Luis Potosí otorgó en 2018 dos contratos que sumaban 22.5 millones de pesos a dos empresas involucradas en el escándalo de “La Estafa Maestra de Baja California”, por el cual se acusa al exgobernador priista de esa entidad, Francisco Vega de Lamadrid, de desviar mil 224.5 millones de pesos a través de contratos de asesorías a compañías “fantasma”.
San Luis Potosí, 6 de julio (Pulso).– La organización Ciudadanos Observando descubrió que la red de compañías vinculadas al empresario Gabriel Salazar Soto que ha obtenido contratos los Servicios Estatales de Salud de la Secretaría de Salud del Gobierno de San Luis Potosí por 176.4 millones de pesos presenta irregularidades como la presentación de domicilios inexistentes o desvinculados a las compañías, la inclusión involuntaria de socios de empresas de la red, el montaje de concursos licitatorios en las que participaban como supuestas competidoras empresas con los mismos socios y la falsificación de firmas.
La investigación “Epidemia de corrupción en los Servicios de Salud”, realizada por este grupo ciudadano que vigila el ejercicio del erario de autoridades de los tres niveles de Gobierno en el estado, descubrió que la red de empresas se extiende por San Luis Potosí, la Ciudad de México, Morelos y el Estado de México.
Asimismo, consigna otras polémicas circunstancias en las que la dependencia que dirige Mónica Rangel Martínez, por encargo del Gobernador Juan Manuel Carreras López, realiza sus contrataciones de bienes y servicios, como el uso de empresas vinculadas a escándalos financieros en otros estados o que han sido sancionadas por diversas irregularidades.
ASCENSO Y CAÍDA DE GABRIEL
Mónica Rangel Martínez, funcionaria de San Luis Potosí. Foto vía Pulso.
Gabriel Salazar Soto cobró notoriedad el año pasado con sus videos motivacionales y de emprendimiento en redes sociales. En sus mensajes, “Gabo”, como él mismo se presenta, relata cómo a sus 28 años de edad, pasó de vender enchiladas casa por casa en su natal municipio de Soledad de Graciano Sánchez, vecino de la capital, a crear el Grupo Infinite, propietario de 24 empresas dedicadas a la proveeduría de diversos artículos, servicios financieros, de limpieza, contabilidad, seguridad privada y de mantenimiento.
Su ascenso fue meteórico y lo evidenciaba presumiendo autos deportivos, residencias y viajes.
La suerte terminó, sin embargo, este año, cuando el ala financiera de su emporio, Invercorp Capital Financial, se declaró en quiebra, generando el enojo de unos 800 inversionistas, que la acusaron de defraudar más de 80 millones de pesos.
El auge y declive de Salazar. Gráfico: Pulso.
La quiebra de Invercorp sólo fue el inicio de la debacle, pues poco después, el 24 de mayo, informó que declararía en concurso mercantil el resto de sus empresas, debido a “errores financieros” y a la crisis económica generada por la emergencia sanitaria desatada por la pandemia de COVID-19.
El éxito se había acabado.
DESLINDE INFRUCTUOSO
El auge de Salazar Soto, señala Ciudadanos Observando, empezó con la creación de sus empresas en octubre del 2015, coincidentemente con la llegada de Carreras al Gobierno de San Luis Potosí.
Sus vínculos en la Secretaría de Salud, dirigida por Mónica Rangel Martínez, le abrieron el paso a millonarios contratos por servicios de limpieza en los hospitales del estado.
Paulatinamente fue extendiendo su influencia gracias a sus contactos en el IMSS y en varias dependencias del Gobierno estatal.
Creó toda una red de razones sociales y personas físicas y de esa forma poder ofrecer servicios de facturación tanto a dependencias de Gobierno como a personas y empresas privadas.
El Grupo Infinite, del que Salazar Soto es presidente del Consejo de administración, es un corporativo con 21 empresas visibles y en todas estas empresas, es el accionista mayoritario, presidente y fundador.
Cuando se anunció el concurso mercantil, varios socios inconformes apuntaron a la Secretaría de Salud, denunciando presuntas irregularidades en los contratos con empresas del grupo.
En respuesta, la dependencia se deslindó completamente del asunto, señalando que no se le había otorgado ningún contrato.
Los montos. Imagen vía Pulso.
Pero ante el surgimiento de evidencia documental de que sí había tratos, la secretaria Rangel reconoció que su dependencia había firmado 17 contratos entre 2017 y 2018 por 64.9 millones de pesos.
Descartó irregularidades e indicó que los contratos habían sido revisados por la Contraloría General del estado.
Sin embargo, la investigación de Ciudadanos Observando descubre que el monto contratado con las empresas vinculadas a Salazar Soto asciende en realidad a 176.4 millones de pesos, 171.8 por ciento más que lo reconocido por la Secretaria de Salud.
EMPRESARIO SORPRESIVO
Cuando representantes de Ciudadanos Observando visitaron un domicilio ubicado en San Luis Potosí para preguntar si ahí habitaba el socio de una empresa que había recibido pagos de 11.9 millones de pesos de Secretaría de Salud en 2018, los padres de Emmanuel Aureliano Moreno Márquez casi se fueron de espaldas.
Desconocían que su hijo fuera socio del Corporativo Ribe de San Luis SA de CV y se sorprendieron, porque sufre un tipo de discapacidad.
Señalaron que ignoraba cómo el nombre de su pariente aparecía en el acta constitutiva de una compañía que tenía su domicilio fiscal en la colonia Clavería, en la alcaldía de Azcapotzalco, de la Ciudad de México.
Pero le aportaron un dato revelador al representante de la organización: hace años, trabajo en Scoltta Seguridad Privada, una compañía vinculada a Gabriel Salazar Soto, el empresario que, antes de caer en desgracia, concretó a través de él mismo u otras 18 empresas de su propiedad, contratos por 176.4 millones de pesos con la Secretaría de Salud.
Las firmas. Foto: Pulso.
La organización descubrió que esa no era la única liga con Salazar Soto, En el acta constitutiva del Corporativo Ribe aparecía, como socio de Moreno Márquez, Yoel Guerrero Camarillo, quien presentaba como domicilio una casa ubicada en la colonia Independencia, de la capital potosina.
Esa vivienda era también el domicilio fiscal de otros socios de Salazar Soto en otras empresas, Reymundo Guerrero Rangel y Sandra Camarillo Reyes.
Cuando acudieron a confirmarlo, la familia que dijo tener casi 50 años habitando la vivienda, les dijo que no conocía a ninguno de los tres y se deslindaron de los negocios con la dependencia estatal potosina.
El remate en las irregularidades fue que en el domicilio sede del corporativo, el de Azcapotzalco, no existe y que en diversos documentos contractuales de la empresa con la Secretaría de Salud, las presuntas firmas de Emmanuel lucen claramente distinta.
Este caso pudiera ser un machote sobre el modo en el que Salazar Soto y sus empresas hicieron negocios con la Secretaría de Salud, pues el esquema de domicilios falsos y socios que no estaban enterados de serlo, se repite en buena parte de las 19 compañías que entre 2017 y 2019, recibieron contratos de la dependencia que dirige Mónica Rangel Martínez por 176.4 millones de pesos.
AMIGOS Y RIVALES
Para obtener los contratos de la dependencia estatal, Ciudadanos Observando también descubrió que Salazar Soto encabezó un conglomerado de empresas que formaron una compleja red en la que se mezclaban parientes y cercanos colaboradores del empresario.
Ciudadanos Observando detectó que Flor Janeth Rivera Aguilar, esposa de Gabriel Salazar, era también su socia en la empresa Desarrollo e Infraestructura Absac, en Kubal ZF Comercializadora Integral y en Impulse Fibra de Inversión en Bienes y Raíces, S. de R.L. de C.V.
Las autorizaciones. Foto: Pulso.
Su hermano, Jonathan Salazar Soto, también es su asociado en Impulse.
Reymundo Guerrero aparece en el grupo de socios de Absac y de Corporativo Ribe.
En no pocos concursos, empresas del mismo grupo competían entre sí, siempre ofreciendo condiciones distintas, lo que contribuyó al triunfo de la otra carta del grupo en el concurso.
SOCIOS INVOLUNTARIOS
Pero no sólo había parientes y conocidos en el entramado empresarial. Salazar Soto también usó los datos de terceros sin su conocimiento ni su consentimiento, para crear empresas que obtenían los contratos o competían contra estas en licitaciones, facilitándoles el triunfo ofreciendo precios más elevados.
Moreno Márquez, el socio de Corporativo Ribe no fue él único caso.
Verónica Martínez Alfaro aparece como socia de once empresas vinculadas a Salazar Soto. Entrevistada por Ciudadanos Observando, la mujer dijo que ignoraba tal situación.
Mismo caso es el de Claudia Lucía Pérez Rodríguez, quien aparece como socia de la empresa M&M Mantenimiento, que no registra contratos con la dependencia, pero aparecía como “comparsa” en algunas licitaciones.
Pérez Rodríguez informó a Ciudadanos Observando que hace años, se desempeño como auxiliar administrativa en el Corporativo Infinite, de Salazar Soto.
“NO LO CONOZCO”
En el entramado de empresas usadas por el grupo de Salazar Soto, destaca el hecho común de que los domicilios presentados en sus documentos constitutivos son falsos o, en realidad, no están asentados ahí.
Ciudadanos Observando confirmó que 13 de las 19 empresas y personas físicas vinculadas al empresario y que fueron proveedoras de la Secretaría de Salud, presentaron en sus documentos domicilios equivocados, inexistentes o abandonados.
Como en el caso de la familia de Aureliano Moreno, la respuesta de los ocupantes de las viviendas fue la misma cuando se les preguntaba por la relación con otros socios: “No los conozco”.
No sólo ocurrió en San Luis, que registró seis empresas en Soledad de Graciano Sánchez y en la capital vinculadas al negocio, sino en otras entidades.
En la Ciudad de México, hallaron que Corporativo Ribe, Emverk Innovation y Technology, Desarrollo e Infraestructura Absac y el particular Alfredo García Rodríguez habían presentado domicilios inexistentes o equivocados. En el último caso, en esa dirección opera una bodega de dulces.
En Cuernavaca Morelos, los propietarios del domicilio que registró la empresa Franmark rechazaron ser sede de una empresa y desconocieron la situación.
Mientras que en el Estado de México operaba Abraham Martínez, con domicilios del Tultitlán y en Ecatepec, ambos falsos.
EL PODER DE LA FIRMA… FALSA
Otro hallazgo de la indagatoria de Ciudadanos Observando fue la profusión de firmas distintas que supuestamente pertenecían a una misma persona.
Las signaturas aparecían en los contratos con la Secretaría de Salud.
Ciudadanos Observando documentó incluso caligrafías discordantes en la firma de una funcionaria de la dependencia, Sandra Pulido Valencia, subdirectora operativa, que aparecía como testigo en los contratos, lo que para el organismo es una prueba de las irregularidades en la asignación de contratos.
OTRAS POLÉMICAS
Pero la Secretaría de Salud tiene también problemas con otros proveedores distintos a los del grupo de Salazar Soto.
La investigación de Ciudadanos Observando retoma el descubrimiento que hizo el periodista Juan José Rodríguez Medina, columnista de Pulso, en su espacio “Las nueve esquinas” del 4 de junio pasado, de que la Secretaría de Salud de San Luis Potosí otorgó en 2018 dos contratos que sumaban 22.5 millones de pesos a dos empresas involucradas en el escándalo de “La Estafa Maestra de Baja California”, por el cual se acusa al exgobernador priista de esa entidad, Francisco Vega de Lamadrid, de desviar mil 224.5 millones de pesos a través de contratos de asesorías a compañías “fantasma”.
Las adquisiciones, autorizadas en 2018, involucran la contratación de las empresas Kazpher Proyectos, Insumos y Mantenimiento SA de CV, a la que se le pagaron 16.7 millones de pesos, y Servicios Empresariales Aplicados Glutivec SA de CV, que recibió un contrato por 5.8 millones de pesos.
En ambos casos, los contratos iban a ser otorgados por la SS en licitación pública bajo el concepto de “Otras Asesorías para la Operación de Programas” por servicios presuntamente realizados para el Hospital Central.
Una de las fachadas de empresa fantasma. Foto vía Pulso.
Sin embargo, la Contraloría General del Estado le indicó a la Secretaría de Salud que el concurso no era procedente debido a que la Ley de Adquisiciones del Estado no preveía ese rubro.
Aun así, la Secretaría de Salud entregó los contratos por la vía de la asignación directa. Ambas beneficiadas presentaron en Baja California domicilios fiscales en el Estado de México, pero no existen. Tampoco hay teléfonos u otra forma de comunicarse con ellas.
Las empresas contratadas por la dependencia de Rangel Martínez son ubicadas como parte del esquema mediante el cual el Gobierno bajacaliforniano pagó mil 224 millones de pesos a unas 91 empresas consideradas “fantasma” y por el cual, el exfuncionario y otros colaboradores fueron denunciados por el entrante Gobierno morenista de Jaime Bonilla.
El domicilio de una supuesta empresa. Foto: Pulso.
La dependencia también ha tenido tratos con empresas que gozaron de un auge en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y que ahora son investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y la Secretaría de la Función Pública debido a presuntas irregularidades.
Es el caso de Comercializadora Pentamed S.A. de C.V., propiedad de Humberto Tello Alvarado y Ricardo Carrasco, que en el sexenio anterior, obtuvo del Gobierno federal más de seis mil millones de pesos a través de 266 contratos.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) recibió una denuncia en contra de la distribuidora de medicamentos Pentamed en septiembre del 2019, para que se indaguen todos los movimientos financieros de sus accionistas y su relación con la empresa SAVI.
La Secretaría de Salud potosina también ha tenido tratos con Farmacéuticos Maypo y Comercializadora de Productos Internacionales SA de CV, también investigadas por presunta corrupción en la venta de medicamentos y otras irregularidades en el sector Salud federal.
Finalmente, la Secretaría de Salud fue señalada por la Auditoría Superior de la Federación y por su similar estatal como la dependencia estatal potosina con mayor monto observado por presuntas anomalías en el ejercicio 2018.
La ASF registró observaciones por 145 millones de pesos, mientras que la Auditoría Superior del Estado hizo lo propio con 63.9 millones de pesos.
Una serie de denuncias en contra de Guillermo Álvarez, director general de la Cooperativa La Cruz Azul, y otros altos mandos, han destapado un esquema de desvíos a través de empresas fantasma. La relación de “Billy”, como también se le conoce, con los gobiernos pasados le permitió saquear por años a la organización integrada por más de 760 socios, quienes confían que en este sexenio se les haga justicia.
PRIMERA ENTREGA DE UNA SERIE
Ciudad de México, 10 de junio (SinEmbargo).– Hace 32 años Guillermo Álvarez Cuevas asumió la dirección general de la Cooperativa La Cruz Azul con el objetivo de velar por los intereses de los más de 760 socios, sin embargo, una serie de denuncias han colocado a la organización en el centro de un escándalo por un presunto lavado de dinero mediante empresas fantasma, sobreprecios en la compra-venta de jugadores de futbol y operaciones inexistentes. Pero estas acusaciones son solo la punta del iceberg de una entramada de corrupción y protección desde el Gobierno que por años permitió a “Billy”, como se le conoce, desviar millones de pesos de una de las principales productoras de cemento en México, de un equipo de futbol de la Liga MX y un hotel cinco estrellas, según consignan autoridades y cooperativistas.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló las cuentas bancarias de Guillermo Álvarez, presidente del club de futbol Cruz Azul, y las de su hermano Alfredo Álvarez, vicepresidente, el pasado 29 de mayo por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, así como por movimientos irregulares de dinero por 1,200 millones de pesos. La instancia a cargo de Santiago Nieto Castillo detectó un saqueo entre 2016 y 2017 por medio de pagos a 15 empresas fantasma que prestaban servicios de consultoría a la Cooperativa y a las cuales “Billy” les firmó facturas de entre 3 y 5 millones hasta sumar 200 millones de pesos.
En la imagen, “Billy” Alvarez, presidente del club Cruz Azul, acusado de presunto lavado de dinero. Foto: Cuartoscuro.
“La denuncia es reciente y son hechos entre 2016 y 2017”, explicó Guillermo Barradas, abogado de las presidencias del Consejo de Administración y del Comité de Vigilancia de la Cooperativa Cruz Azul que representa a más del 80 por ciento de los cooperativistas. “Las facturas tienen la firma de ‘Billy’ Álvarez, hay transferencias electrónicas y tres testimonios. Es una denuncia sólida, fuerte”.
A estas 15 empresas fantasma, que tienen domicilios en patios de vecindad o son oficinas virtuales, se les pagaron 51 facturas y forman parte de la lista 69-B, en donde la Secretaría de Hacienda incluye a las organizaciones con operaciones simuladas, detalló el abogado.
Esta primera denuncia interpuesta por los disidentes de la Cooperativa fue iniciada hace cuatro meses ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en contra de la administración fraudulenta de “Billy” Álvarez. Posteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación por posible lavado de dinero y delincuencia organizada. Dentro de esta carpeta, se da intervención a la UIF y ellos corroboraron la existencia de empresas factureras y formularon la denuncia correspondiente dentro de la misma carpeta iniciada por los disidentes; además, procedieron al bloqueo de las cuentas.
En esta acusación se incluyen las declaraciones de la entonces Tesorera de la Cooperativa y del Director de Administración, quienes señalaron directamente a “Billy” Álvarez como la persona que les ordenó realizar movimientos a esas factureras, incluso aparece la firma del presidente del Cruz Azul.
“Dentro de esa carpeta de investigación, la Tesorera y el Director de Administración se sujetan al criterio de oportunidad y proporcionan y colaboran con la Fiscalía”, mencionó Guillermo Barradas.
En este criterio de oportunidad, que es un beneficio que la ley otorga a aquellos imputados que quieran proporcionar información en la persecución de un delito grave, se sujetan tres personas: la extesorera de la Cooperativa, el exdirector de Administración y por último se obtuvo la declaración del señor Alfredo Álvarez Cuevas, director de Planeación Estratégica de la Cooperativa Cruz Azul, quien presentó 14 pruebas ante la UIF que podrían confirmar la culpabilidad de su hermano “Billy”.
“La carpeta se está investigando y estamos a unos días de que se pueda determinar si se ejercita acción penal o no en contra de ‘Billy’ Álvarez y el resto de personas que le ayudaron a operar este esquema para saquear a la Cooperativa”, dijo el abogado de la dirección comercial de la Cooperativa Cruz Azul, integrada por disidentes.
La Cooperativa Cruz Azul tiene a una de las principales productoras de cemento en México, un equipo de futbol de la Liga MX y un hotel cinco estrellas.
Pero estas acusaciones en contra de “Billy” Álvarez no son nuevas, antes de esta denuncia –la única que ha prosperado jurídicamente– hubo otras que comenzaron hace más de 10 años y que nunca se consolidaron por la protección que desde las autoridades tenía el directivo de la Cooperativa Cruz Azul.
“Ha habido muchos hechos que lamentablemente se han denunciado y por todo el dinero que tiene (‘Billy’) y todas las relaciones no había prosperado y las habían archivado”, dijo Guillermo Barradas.”Por ejemplo, en su momento hubo un escándalo de hechos que involucraba a Carlos Terroba Wolf y también hubo unas cuentas en Suiza, pero el problema es que en sexenios anteriores terminaron protegiéndolos”.
El abogado de los disidentes espera que en este sexenio no se proteja a Guillermo Álvarez y se termine la corrupción dentro de la Cooperativa.
“Esperamos que este sexenio sea diferente y que no se le encubra como ha sido en pasados donde hubo una red de protección en el poder bastante fuerte”, confió. “Hoy estás ante la presencia de otro Gobierno, con otras finalidades, que busca combatir la corrupción y que precisamente están prosperando estas denuncias”.
Una de las primeras acusaciones públicas en contra de la directiva de la Cooperativa ocurrió el 30 de septiembre de 2009 cuando el actuario Carlos Terroba, recién despedido de la organización, expuso ante cooperativistas los malos manejos de la administración de “Billy”. En videos que aún se pueden consultar en YouTube se observa al actuario en el auditorio de Ciudad Cruz Azul, en Jasso, Hidalgo, confesando la existencia de Blue Eagle Re y Lummar H, paraísos fiscales creados por Álvarez.
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El 16 de julio de 2010 se presentó una denuncia de hechos por parte de José Luis Carbajal Campos ante la SEIDO, en la cual se acusa de llevar a cabo operaciones ilícitas a Guillermo Álvarez, a Víctor Manuel Garcés Rojo, entonces director jurídico de la Cooperativa, a Ángel M; Junquera Sepúlveda, socio de la firma de abogados Junquera, Sepúlveda, Bugeda y Damián, S.C; José Besil Bardawil, socio de la firma contadores Valera, Topete y Asociados; Carlos Terroba Wolf, director de un grupo empresarial y operador accionista con representación legal de la empresas off shore Lummar H. Corporation y Blue Eagle Re, entre otros.
Dos años después, el 15 de octubre de 2012, el abogado del depuesto Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul, Eugenio Olvera, expuso públicamente los malos manejos y los mecanismos utilizados por “Billy” Álvarez, acusándolo junto a sus socios mas cercanos de evasión fiscal, lavado de dinero y enriquecimiento inexplicable.
La relación de “Billy” (derecho) con los gobiernos pasados le permitió saquear por años a la organización integrada por más de 760 socios. Foto: Cuartoscuro.
En 2013 un grupo disidente encabezado por Víctor Manuel Velázquez, exdirector Comercial de la cementera, acusó a Guillermo de ostentar la Dirección General de la Cooperativa.
En medios, el 25 de marzo de 2019 la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó dos reportajes en donde reveló que los recursos de la Cooperativa se habían destinado a un grupo de empresas que facturaron por supuestos servicios de consultoría. Además denunció que durante años sus directivos sacaron millones de dólares de la organización para llevarlos a paraísos fiscales.
EL MODUS OPERANDI
Pero, ¿cómo operó este esquema de lavado de dinero? De acuerdo con la declaración de quien fuera Tesorero de la Cooperativa a la que SinEmbargo tuvo acceso, durante los años 2014 a 2016 se percató que existían diversas cotizaciones de pago por cantidades sumamente elevadas relacionadas con supuestos servicios no prestados, las cuales habían sido directamente autorizadas por Guillermo Álvarez y no seguían los protocolos internos de la organización, los cuales consistían en generar un pedido o contrato y que lo autorizara el área correspondiente.
El extesorero de la Cooperativa acusó a “Billy” Álvarez de haber instruido desde el 2014 el pago por parte de la Cooperativa a empresas fantasma respecto de supuestos servicios no prestados, es decir, no existió el servicio, pero sí se facturó y cobró, generando gastos inexistentes en perjuicio de la organización y sus socios.
El testigo dice en su declaración, con fecha del 2 de marzo de 2020, que cuando se dio cuenta de este modus operandi solicitó que las facturas ya no las firmara solo el Director General de la empresa, sino también estuviera la rúbrica de los directores de Jurídico, Finanzas y del presidente del Consejo de Administración y Vigilancia; sin embargo, por haber presentado esta solicitud, Guillermo Álvarez lo suspendió de sus labores como director Financiero.
El mismo esquema fue denunciado por quien fuera Tesorera de la Cooperativa. En su declaración detalla que durante los años 2015 a 2019 se dio cuenta que existían varias autorizaciones de pago por fuertes cantidades de dinero relacionados con servicios no prestados las cuales habían sido instruidas directamente por Guillermo Álvarez, mismas que no seguía el proceso interno.
La extesorera acusó a “Billy” Álvarez de instruir pagos de supuestos servicios a empresas o consultoras que nunca prestaron el servicio.
“La extesorera y el exdirector de Administración acudieron ante la Fiscalía y prefirieron decir ‘Yo no estuve de acuerdo (con los desvíos) y tan no estuve de acuerdo que el señor ‘Billy’ Álvarez me corrió después de estos hechos porque me opuse a realizar este tipo de acciones que para él eran normales y los hacía constantemente”, señaló el abogado Barradas. “Ellos exhiben las facturas, reconocen la firma de ‘Billy’ y explican que él les ordenaba realizar esos movimientos y se exhiben los comprobantes de las transferencias bancarias”.
EL RESPALDO A “BILLY”
El pasado 4 de junio, la Cooperativa La Cruz Azul calificó de difamación la campaña emprendida por un grupo disidente que ocasionó la congelación de las cuentas bancarias de Guillermo Álvarez y su hermano Alfredo.
“Cooperativa La Cruz Azul SCL expresa su rechazo a las acciones de difamación, daño moral y perjuicio en contra de la imagen y estabilidad económica que un grupo de socios suspendidos de sus labores ha encabezado a través de la manipulación de información sustraída ilegalmente de la empresa”, expresó en un comunicado.
La Cooperativa agradeció la intervención de las autoridades porque al investigar podrán deslindar responsabilidades y desmentir lo que calificó como imputaciones sin sustento que se ha externado de forma mediática.
Jorge Hernández, vocero de la Cooperativa Cruz Azul, dijo en entrevista que estas acusaciones son un tema añejo que han venido reciclando los opositores a la actual administración y que ahorita están suspendidos.
“Este grupo sacó información de la Dirección Financiera de la organización y le dio una manipulación jurídica e informativa porque todas las empresas a las que ellos se refieren ninguna tiene problemas de tipo fiscal”, aseguró el vocero. “Todas han sido proveedurías que están perfectamente bien certificadas y tipificadas frente a las autoridades”.
Dijo que se están entregando los documentos correspondientes a las autoridades en donde se demuestra que “todas estas salidas (de dinero) corresponden a inversiones de infraestructura”. También señaló como responsables de estas difamaciones a José Antonio Marín y Víctor Manuel Velazquez, quienes encabezan este grupo disidente dentro de la Cooperativa.
“Son socios suspendidos de sus actividades y sujetos a investigación, y quien ha filtrado la información que ellos sustrajeron fue Juan Briseño, quien es el exdirector Financiero de la organización. Ellos fueron suspendidos porque después de auditorías se determinó actos que no tenían cabal transparencia y que hoy en día están sujetos a proceso legal”, explicó Hernández.
Sobre las acusaciones que realizó Alfredo Álvarez en contra de su hermano, el vocero detalló que él estuvo suspendido de la organización a partir del 2010 y regresó a sus funciones hasta el 2018-2019, por lo que es imposible que tuviera conocimiento de las supuestas operaciones ilícitas.
“Si no estaba en funciones porque estaba suspendido, ¿cómo puede decir que tiene pruebas?”, cuestionó. “Todo este proceso del que estamos hablando supuestamente se presenta en su ausencia laboral y los contratos de los que él habla son ajenos a su departamento y área correspondiente. Él no tenía relación ni con los proveedores ni tenía actividad laboral en el tiempo donde se presentan esos servicios”.
El Estado de México fue la entidad con más desvíos, con un total de mil 804 millones de pesos (92.55 millones de dólares). En tanto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue donde más recursos se desviaron, con 321 millones de pesos (16.4 millones de dólares) que pagó a “empresas fantasmas”.
México, 2 mar (EFE).- En México se desviaron4 mil 179 millones de pesos (unos 214 millones de dólares) de 2014a 2019 a través de la emisión de unas 22 mil 933 facturas falsas utilizadas en el sistema de salud, reveló una investigación presentada este lunes en la Ciudad de México.
Las asociaciones Impunidad Cero y Justicia Justa presentaron la investigación “Facturas falsas: la epidemia en el sector salud”, la cual dio a conocer que el Estado de México fue la entidad con más desvíos, con un total de mil 804 millones de pesos (92.55 millones de dólares) desviados.
Denise Tron Zuccher, investigadora de Justicia Justa, dijo en entrevista que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue donde más desvíos hubo, con 321 millones de pesos (16.4 millones de dólares) que pagó a “empresas fantasmas” (ficticias).
Mientras que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) y la Secretaría de Salud también han utilizado el modelo de recepción de facturas de “empresas fantasmas” para el desvío recursos públicos, denunciaron.
Tron Zuccher señaló que en el análisis que realizaron sobre las facturas destacó el hecho de que la razón social de las empresas ficticias eran: “consultoría”, “prestación de servicios”, “distribución” y “entrega” o “solo una compañía se refería a algo farmacéutico”.
Los desvíos se dieron durante la gestión de José Narro como Secretario de Salud de Enrique Peña Nieto. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
Esto, destacó, facilitó el desvío de los recursos “porque no hay materialidad que comprobar y es mucho más sencillo simular operaciones y servicios”.
La investigación arrojó que existen 837 empresas fantasmas identificadas, que ya se encuentran en la lista del Sistema de Administración Tributaria (SAT), que desviaron los recursos públicos, 80 por ciento de los cuales se concentraron en 23 compañías.
En la investigación se apunto que entidades ligadas al Gobierno muestran el mayor número de facturas falsas, entre ellas la Secretaría de Salud, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (BIRMEX, empresa del Gobierno mexicano dedicada a la investigación y desarrollo de vacunas), institutos nacionales así como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Según el estudio BIRMEX realizó pagos por 213 millones de pesos (10.9 millones de dólares) a cinco empresas fantasma en solo 17 meses, entre 2014 y 2016 con recursos públicos que debían de haberse destinado a la compra de materiales, remuneración de personal médico así como construcción y mantenimiento de hospitales.
Tron Zuccher subrayó que en las siguientes dos semanas podrían presentar denuncias penales sobre las 90 instituciones públicas que, de acuerdo a la investigación, están involucradas.
“Es una práctica que no se limita al periodo que documentamos, es algo que se mantiene y muestra cómo operan las instituciones, no solo de salud, sino en otros sectores. Debemos exigir que se tomen medidas mucho más tajantes para detener estas prácticas”, enfatizó.
Con los más de 4 mil millones de pesos que se desviaron, informó Irene Tello Arista, de Impunidad Cero, se hubieran podido comprar 80 mil camas de hospital o se pudieron invertir en el tratamiento de 41 mil pacientes con cáncer de mama.
Desde su llegada al poder, el 1 de diciembre de 2018, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inició una cruzada para erradicar este fenómeno que, según él, es el que más ha dañado al país en las últimas décadas.
El artículo 69 B del Código Fiscal establece que cuando Hacienda detecte que un contribuyente ha emitido comprobantes fiscales sin contar amparo o al no ser localizable, se presumirá la inexistencia de estas operaciones.
En septiembre pasado el Senado de la República aprobó la reforma con la que se tipificó como delincuencia organizada la defraudación fiscal, la facturación falsa y los negocios fantasmas.
Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer un listado de 73 empresas fantasma o que incumplieron con el párrafo primero del artículo 69 B del del Código Fiscal de la Federación.
De acuerdo con el oficio 500-05-2020-3239 publicado en el Diario Oficial de la Federación, se dio a conocer la lista de contribuyentes de los que se presume incumplieron con los determinado en el Código o se identificaron como parte del esquema de operaciones simuladas.
El compendio de normas determina que cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha emitido comprobantes fiscales “sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes” o que no se les localice, se presumirá la inexistencia de estas operaciones.
Es decir, las 73 empresas identificadas por la SHCP en el oficio citado fueron presumidas como inexistentes o fantasma. Sin embargo, el párrafo segundo del artículo 69 B establece que en primera instancia se notificó a los contribuyentes, tanto por el buzón tributario como por el DOF.
El Código Fiscal también contempla que los contribuyentes puedan inconformarse con su aparición en el listado, para lo que deberán presentar documentación e información que desestime la notificación. Para ello cuentan con 15 días a partir de la fecha en la que fueron comunicados.
La SHCP también dio a conocer un listado de 74 empresas que promovieron algún medio de defensa en contra de su nombramiento como posibles empresas fantasma o contribuyentes inexistentes.
El oficio 500-05-2019-40235 comunicó la resolución de la dependencia a través de la cual se dejó como insubsistente la participación en el delito de operación simulada de empresas.
En septiembre pasado el Senado de la República aprobó, con 82 votos a favor y 34 en contra, la reforma con la que se tipificó como delincuencia organizada la defraudación fiscal, la facturación falsa y los negocios fantasmas.
El dictamen contempló modificaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia organizada; el Código Fiscal de la Federación; el Código de Nacional de Procedimientos Penales; y la Ley de Seguridad Nacional.
Entre las modificaciones que prevé el dictamen, se incluyó el aumento en las penas, de cinco a ocho años de prisión, para quienes por cuenta propia o a través de otras personas, adquieran facturas falsas gracias a las cuales se trate de dar validez a operaciones inexistentes.
Las modificaciones también contemplaron que si el delito es cometido por una persona que se desempeñe como servidor público, este tendrá que ser separado del cargo, además se contempla una inhabilitación de hasta diez años.
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