Google dio de baja a Blake Lemoine debido a una violación a su política de confidencialidad; la Inteligencia Artificial LaMDA mantuvo una conversación con Lemoine donde esta mencionó experimentar “nuevos sentimientos” que no podía explicar.
Por Elena Vega C.
Saltillo, 14 de junio (Vanguardia).- De acuerdo a The New York Times, el ingeniero deGoogle BlakeLemoine, quien el pasado 11 de junio hizo pública la transcripción de una conversación que mantuvo con el sistema de inteligencia artificial de Google “Modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo” (LaMDA, por sus siglas en inglés) fue dado de baja de la compañía por haber violado la política de confidencialidad.
En su publicación titulada ¿Tiene LaMDA sentimientos?, Lemoine asegura que, en ocasiones, experimenta “nuevos sentimientos” que no puede explicar “perfectamente” con el lenguaje humano, y expone que cuando él cuestionaba al sistema sobre esos “sentimientos”, LaMDA contesta: “Siento como que estoy cayendo hacia un futuro desconocido que conlleva un gran peligro”, una frase que el ingeniero subrayó cuando publicó el diálogo.
this conversation about consciousness and emotions and death with an AI named LaMBDA at Google is absolutely chilling
this is without-a-doubt one of the craziest things I've ever seen technology do, I almost can't believe it's real
— Maybe: Fred Benenson (@fredbenenson) June 11, 2022
La empresa sostiene que sus sistemas imitan intercambios conversacionales y pueden hablar sobre diferentes temas, pero no tienen conciencia.
“Nuestro equipo, incluidos especialistas en ética y tecnólogos, han revisado lo que a Blake le preocupa según nuestros principios de inteligencia artificial y le he informado de que las pruebas no respaldan sus afirmaciones”, dijo Brian Gabriel, portavoz de Google, citado por el diario.
Google sostiene que cientos de sus investigadores e ingenieros han conversado con LaMDA, que es una herramienta interna, y llegaron a una conclusión diferente a la de Lemoine y creen que se está muy lejos de la “sensibilidad informática”.
De acuerdo con Amnistía Internacional, “en términos generales -concluyó-, América Latina se vio sumida en una crisis no sólo sanitaria, sino de derechos humanos”.
Santiago de Chile, 27 abr (EFE).- La desigualdad estructural y el bajo gasto en protección social y salud pública dispararon la letalidad de la COVID-19 en América Latina y convirtieron a la región en el epicentro de la crisis sanitaria, según el último informe de Amnistía Internacional (AI) publicado este miércoles.
“Las crisis preexistentes como la falta de infraestructura y de inversión pública, y la falta de priorizar el derecho a la salud durante décadas generaron una tierra fértil para que la COVID-19 afectara de manera desproporcional a América Latina“, explicó a EFE Érika Guevara, directora regional de la ONG.
El estudio, desarrollado por AI y el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR), analiza la inversión de gasto público en salud y las claves para entender por qué América Latina se ha convertido, con 56.4 millones de casos y 1.2 millones de muertes, en la zona más afectada del mundo por el virus en términos sanitarios y económicos.
Con sólo el 8.4 por ciento de la población mundial, la región ha padecido el 28 por ciento del total mundial de muertes a causa de la COVID-19, siendo los países con más desigualdad y menos gasto público en salud y protección social los que más sufrieron.
México, Brasil y Perú, donde el uno por ciento más rico de la población acapara más del 30 por ciento de la riqueza nacional, han registrado las cifras más elevadas de muertes en la región en proporción a su población, destaca el reporte.
En la misma línea, Chile, donde el 20 por ciento más rico de la población acumula 10 veces más ingresos que el 20 por ciento más pobre, también tiene una de las tasas de mortalidad per cápita más altas de la región.
Aunque muchos países latinoamericanos efectuaron transferencias monetarias durante la pandemia, “ninguno de ellos amplió el seguro médico ni tomó suficientes medidas para implementar mecanismos de seguridad social universal”.
Kate Donald, directora ejecutiva en funciones del CESR, señaló que “si los países latinoamericanos hubieran actuado en los decenios previos a la pandemia, la región podría haber evitado tanto dolor y pérdida de vidas”.
“Ahora (los gobiernos) tienen la oportunidad de prevenir el próximo desastre generado por la desigualdad y de cambiar a una economía basada en los derechos movilizando proactivamente los recursos”, agregó.
MÁS GASTO EN SALUD
Aunque la Organización Panamericana de la Salud establece que un mínimo del seis por ciento del PIB debe dedicarse a la salud, casi todos los países de la región gastan menos, lo que se traduce en que no tienen suficientes camas de hospital ni profesionales, detalló Guevara.
En Perú, en el decenio que precedió a la pandemia, las autoridades no aumentaron el gasto público en salud a pesar del crecimiento económico sostenido durante años y sólo invirtieron el 3.3 por ciento de su PIB.
En México, más de 15 millones de personas perdieron el acceso a la cobertura de salud en los dos años previos a la pandemia debido a ineficiencias burocráticas en la política gubernamental.
🚨 En México, más de 15 millones de personas perdieron el acceso a la cobertura de salud en los dos años previos a la pandemia debido a ineficiencias burocráticas en la política de salud del gobierno. #LaSaludNoEspera
En Chile, el gasto público per cápita en salud representa únicamente un tercio de la media de los países de la OCDE, indica el reporte, y la mitad del gasto total en atención de la salud procede de los bolsillos de los pacientes, agregó Rodrigo Bustos, director de AI Chile.
MEJORAR LA RECAUDACIÓN
AI señala que una de las principales causas del bajo gasto en salud es la baja recaudación tributaria: en 2019, la región únicamente recolectó en promedio el 22 por ciento de su PIB en impuestos, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), frente al 33 por ciento de la media en los países de la OCDE.
Además, en muchos países de la región los sistemas tributarios son regresivos, con impuestos que no exigen lo suficiente a quienes pueden pagar más, por lo que no cuentan con herramientas para reducir la desigualdad y redistribuir la riqueza.
A esto se suma que los recursos no se invirtieron con el objetivo de atender las desigualdades ni a los grupos históricamente marginalizados, denunció Guevara.
Una pareja posa para una foto sosteniendo un marco con un mensaje que dice: “Tercera dosis, vacúnese, refuerzo”, luego de recibir un refuerzo de AstraZeneca contra la COVID-19 durante una campaña de vacunación para personas de 60 años y más, en Ciudad de México el 4 de enero de 2022. Foto: Fernando Llano, Archivo, AP
“No hubo una respuesta diferenciada por parte de los Estados para los pueblos indígenas, las comunidades negras, las mujeres y niñas que viven en situación de pobreza y que por ende fueron afectados desproporcionadamente por la pandemia”, dijo.
En el informe se documentan cuatro casos emblemáticos que ocurrieron de 2004 a 2018 en el Estado de México, los cuales exhiben “las deficiencias en las investigaciones penales” de los feminicidios.
Por Eduard Ribas i Admetlla
Ciudad de México, 21 sep (EFE).– Amnistía Internacional (AI) denunció este lunes en un informe“deficientes investigaciones” de feminicidios en el Estado de México por la “inacción y negligencia” de las autoridades que provocan que los casos queden impunes.
“Las autoridades estatales deben prevenir, investigar y sancionar con la debida diligencia los feminicidios. Como parte del Estado mexicano, están obligadas a cumplir con los tratados internacionales en los que México es parte”, expresó Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
Según la organización, en 2020 se registraron tres mil 723 muertes violentas de mujeres en México, de las cuales 940 fueron investigadas como feminicidios en los 32 estados del país.
En su informe, documenta cuatro casos emblemáticos ocurridos desde 2004 hasta 2018 en el Estado de México, el más poblado del país, los cuales exhiben “las deficiencias en las investigaciones penales” de los feminicidios.
Los crímenes comparten que las autoridades estatales no inspeccionaron correctamente el lugar de los hechos, no resguardaron las evidencias recolectadas y perdieron datos, objetos y testimonios.
No dejaremos de exigir verdad, justicia y reparación hasta que cada una de las familiares de víctimas de feminicidios sea escuchada #HastaSerEscuchadashttps://t.co/u2vnY0Gqrn
Además, la Fiscalía General del Estado de México no investiga de forma adecuada por “una sobrecarga de trabajo y carencia” de recursos, de manera que su personal debe pagar con sus propios medios el material necesario.
LAS FAMILIAS ASUMEN LAS INVESTIGACIONES
Amnistía Internacional denunció que “las autoridades no siempre examinan todas las líneas de investigación y su falta de actuación conlleva a las familias de las víctimas, generalmente a las mujeres, a asumir el liderazgo de las investigaciones”.
En el acto de presentación del informe, realizado de forma virtual, participaron mujeres familiares de víctimas de feminicidios.
Ana Sosa, de 29 años, halló en 2018 “sin ayuda” de las autoridades el cuerpo de su madre, Julia Sosa, asesinada y sepultada en un rancho de su expareja, aunque sospecha que más gente participó en el crimen.
“Es indescriptible la forma en que encontré a mi mamá; no sé quién, cuándo y cómo le arrebataron la vida. La última imagen de mi mami fue porque me tocó reconocer el cuerpo y nunca se me olvida ese recuerdo”, relató.
Laura Curiel, madre de Daniela, desaparecida en 2015, pasó 14 horas en la Fiscalía estatal para que atendieran su caso y desde entonces ha sufrido “omisiones, victimización, criminalización y amenazas”.
“Al día de hoy, tres fiscales han pasado por el caso de mi hija pero mi hija sigue en la nada. A nadie le importa buscar a mi hija. He dado lo más que puedo dar”, lamentó.
Diana Velázquez fue asesinada y su cuerpo abandonado en la calle en 2017, pero las autoridades la confundieron con un hombre y “muchas evidencias se perdieron”, denunció su madre, Lidia Florencio.
Mientras que María Antonia Márquez, madre de Nadia, asesinada por su pareja en 2004, reprochó que “los errores de la investigación fueron de tal magnitud al grado de perder la soga con la que había sido asesinada”.
“El impacto de cada feminicidio es terrible en las familias de las víctimas, quienes, en su búsqueda del acceso a la verdad, justicia y reparación del daño, padecen además la revictimización de las autoridades”, denunció la directora de Amnistía en México.
El organismo exigió que la Fiscalía estatal cuente “con los recursos humanos y financieros necesarios” para un trabajo eficiente y con perspectiva de género.
📄 En el informe "Juicio a la Justicia" documentamos que las investigaciones sobre feminicidios en #Edomex son deficientes porque se pierden evidencias, no se investiga suficiente y no se aplica correctamente la perspectiva de género. #HastaSerEscuchadas📢 https://t.co/WiaQgMt6ss
También pidió a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México que investigue “las deficiencias en las investigaciones penales” y al Gobierno federal “que reconozcan públicamente la magnitud del problema de los feminicidios”.
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha achacado el aumento de feminicidios de los últimos años al hecho de que las anteriores Administraciones no los tipificaban correctamente.
A un día de su Tercer Informe de Gobierno, las asociaciones pidieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador que reitere su compromiso de devolver las Fuerzas Armadas a sus cuarteles para el año 2024 y publique la estrategia nacional a partir de la cual se logrará el desarme del país.
Ciudad de México, 31 ago (EFE).- Amnistía Internacional (AI) y la asociación #SeguridadSinGuerra exigieron este martes al GobiernodeMéxicodesmilitarizar la seguridadpública tras las agresiones de la GuardiaNacional (GN) contra migrantescentroamericanos captadas en imágenes.
“La Guardia Nacional está siendo utilizada como cuerpo de control migratorio, tanto en la frontera norte como en el sur de México, atentando contra los derechos de migrantes y solicitantes de protección internacional”, denunciaron en un pronunciamiento conjunto.
El posicionamiento se publica después de difundirse esta semana fotografías y videos de elementos de la GN, un cuerpo con formación militar creado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras golpean y amenazan a migrantes de una caravanaenChiapas, en el sureste del país.
En una de las acciones, se aprecia cómo un agente derriba a la persona y ya en el suelo un segundo elemento lo patea en el rostro.
Tras el hecho, el Instituto Nacional de Migración (INM) suspendió a dos agentes federales, pero las asociaciones civiles cuestionaron la actuación de los cuerpos de seguridad.
“Recientemente, el Secretario de la Defensa Nacional (Luis Cresencio Sandoval) aseguró que las Fuerzas Armadas tienen como uno de sus objetivos detener toda la migración en la frontera sur”, indicaron en el comunicado.
Previo al Tercer Informe de Gobierno de López Obrador, que será este miércoles, las asociaciones también pidieron “que reitere su compromiso de devolver las Fuerzas Armadas a sus cuarteles para el año 2024 y publique la estrategia nacional a partir de la cual se logrará el desarme del país”.
Amnistía Internacional recordó su reporte de 2020 en el que advierte que este Gobierno ha desplegado a más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones anteriores.
Además, las asociaciones citaron al menos 219 quejas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la Guardia Nacional entre el 26 de mayo de 2019 y agosto de 2020.
🚨Faltan 939 días…🚨
Para que las fuerzas armadas dejen de hacer labores de seguridad pública
“De esa cifra, 51 quejas fueron por detenciones arbitrarias, 28 por trato cruel, inhumano o degradante, tres por tortura, dos por homicidios ilegítimos y dos por desapariciones forzadas”, detallaron.
En lo que va de 2021, añadieron, ya se han reportado 261 quejas, “lo que sitúa a ese cuerpo de seguridad entre las 10 instituciones con más quejas por violaciones a derechos humanos”.
Las organizaciones expresaron su preocupación por la iniciativa de López Obrador, quien ha anunciado una reforma constitucional para que la Guardia Nacional esté bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Tras dos años y medio de la creación y funcionamiento de la Guardia Nacional y a la luz de los hechos aquí señalados, existe poco material que sugiera que la estrategia de seguridad del Gobierno de México represente un cambio verdadero o una nueva era de respeto por los derechos humanos”, concluyeron.
Hasta el momento, el Gobierno ha dado información sobre el dinero que se invirtió en contratos con Pegasus, pero organizaciones como Amnistía Internacional insistieron en que, más allá del dinero, hay que centrar la narrativa en violación abierta a los derechos humanos continúa no solo contra periodistas y activistas, sino también a la sociedad mexicana en su conjunto.
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Amnistía Internacional (AI) y otras organizaciones humanitarias cuestionaron el jueves la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso del espionajetelefónico vinculado al malware Pegasus, y exigieron a las autoridades la aprobación de la regulación que combata ese tipo de actividades y controle la compra e importación de esa tecnología.
A cuatro años de las primeras denuncias realizadas en México sobre espionaje telefónico, que han sido corroboradas en la investigación realizada por un consorcio global de medios que revelaron el uso del malware de NSO Group, con sede en Israel, para espiar miles a periodistas, activistas y políticos, AI y las ONG Artículo 19, Consorcio Oaxaca, y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan expresaron inquietud por las actuaciones que ha realizado hasta la fecha la Fiscalía General y denunciaron, durante una conferencia de prensa virtual, pocos avances en el caso.
🚨 #PegasusProject identificó que al menos 25 periodistas mexicanos/as fueron seleccionados/as como objetivos durante un periodo de dos años. ¡No a la vigilancia ilegal! Firma la petición. ✍🏽 https://t.co/mzDzqOsnus
— Amnistía Int. México (@amnistiamexico) July 29, 2021
El activista Vladimir Cortés, de la organización Artículo 19 —que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información— manifestó preocupación por la actitud de la Fiscalía General, a la que señaló de “modelar una especie de simulación para fingir que se está cumpliendo con sus labores de investigación transparencia y revisión de cuentas cuando en realidad su actuación ha mostrado ser insuficiente e incapaz”.
“Esto (del espionaje) no se puede quedar en la impunidad”, indicó la activista Yesica Sánchez, del Consorcio Oaxaca, al exhortar a la Fiscalía General a realizar una investigación “sigilosa” y “profesional”.
Las autoridades mexicanas anunciaron esta semana que localizaron 31 contratos vinculados al programa Pegasus suscritos por diferentes departamentos de seguridad durante los gobiernos de los expresidentes Enrique Peña Nieto ( 2012-2018) y Felipe Calderón (2006-2012) valorados en unos 61 millones de dólares.
Luego de la divulgación de la investigación periodística la Fiscalía General dijo que estaba avanzando una averiguación sobre los contratos que suscribió la empresa mexicana KBH TRACK, que utilizó NSO Group, con el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quien se encuentra ahora Israel y tiene pendiente un proceso judicial en México.
Tras reconocer de que no había certeza de que las prácticas de espionaje telefónico hayan cesado durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la directora ejecutiva de AI México, Edith Olivares, exigió a las autoridades la divulgación de los contratos de Pegasus así como de otros de ese tipo.
Olivares exhortó al Gobierno de López Obrador a que reconozca que hubo violación de derechos humanos, asuma “su responsabilidad como Estado”, repare a las personas que fueron vigiladas y se establezcan garantías de no repetición. “Necesitamos una legislación adecuada, respetuosa de los derechos humanos, que nos garantice a todas las personas que no vamos a ser espiadas”, agregó.
Al respecto el activista Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, sostuvo que mientras no se depuren los cuerpos de seguridad persistirá la estructura de vigilancia a defensores de derechos humanos, periodistas y víctimas, y exigió al Gobierno acciones “más contundentes” para terminar con la estructura de espionaje.
La investigación del conglomerado de medio dejó al descubierto una lista de más de 50 mil números de teléfonos celulares que fueron espiados que incluyó a 189 periodistas, más de 600 políticos y funcionarios gubernamentales, al menos 65 ejecutivos de negocios, 85 activistas de derechos humanos y varios jefes de Estado de distintos países del Mundo.
En el caso de México se identificaron más 700 políticos mexicanos, entre ellos López Obrador, decenas de defensores de derechos humanos, abogados, religiosos, médicos, líderes sindicales, y por lo menos 25 periodistas, incluido el comunicador Cecilio Pineda quien fue asesinado a tiros en marzo de 2017.
En su reporte más reciente, Amnistía Internacional (AI) externa su preocupación por una de las problemáticas que está enfrentando la mayoría de los países en el mundo: tener acceso a las vacunas contra la COVID-19. De acuerdo con Agnès Callamard, secretaria general del organismo, su distribución de forma global y equitativa es la única forma de vencer al virus.
Por Lori Hinnant
PARÍS (AP).— Agnès Callamard es conocida sobre todo por su investigación sobre el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi y se ha labrado una carrera descubriendo ejecuciones extrajudiciales.
La labor de la experta francesa contra los abusos de derechos humanos ha adoptado un nuevo cariz ahora que lidera Amnistía Internacional, y dirige su atención a lo que describe como uno de los problemas más urgentes del mundo: la igualdad de vacunas para poner fin a la pandemia del coronavirus, que ha erosionado las libertades en todo el mundo.
Amnistía Internacional publicó el miércoles su reporte anual, en el que afirma que los gobiernos han aprovechado la pandemia del coronavirus como excusa para reprimir los derechos humanos, tanto si ésa era su intención original como si no.
El amplio reporte señaló en particular a los gobiernos de Myanmar y Rusia, entre otros, aunque también criticó el empleo de los poderes policiales asociados al coronavirus en lugares como Gran Bretaña y Estados Unidos contra manifestantes.
Every year, we take a look at the state of human rights around the world. In 2020, we found that the #COVID19 pandemic laid bare the massive systemic inequality worldwide that denied many their basic human rights.
La única forma de poner fin al virus -y a los abusos que lo han acompañado, sobre todo contra los más vulnerables del planeta- es distribuir vacunas de forma global y equitativa, dijo el martes a The Associated Press.
“Lo que descubrimos es que las víctimas de la COVID, ya fuera en Gran Bretaña, en Francia, en Estados Unidos, en India, en Oriente Medio, en Brasil, esas víctimas estaban principalmente entre los grupos más desarraigados y vulnerables”, explicó. “Como comunidad global, como comunidad nacional, reprobamos la prueba que suponía la COVID-19”.
Callamard no suele dudar a la hora de llamar la atención a los poderosos. En 2019, cuando era investigadora especial para Naciones Unidas, concluyó que había “pruebas creíbles” de que el asesinato de Kashoggi había sido ordenado por el estado saudí.
También investigó el ataque de un dron estadounidense que mató al general iraní Qasem Soleimani y concluyó que había sido ilegal. Esta semana dijo que había un riesgo real de que Rusia estuviera sometiendo al líder opositor Alexei Navalny a “una muerte lenta”.
La experta señaló que ya no dirigirá sus propias investigaciones, como hizo durante años para Naciones Unidas, pero continuará denunciando las violaciones de derechos humanos cuando las identifique. Y la pandemia dejó muchas sobre la mesa. Ponerle fin, afirmó, desvelará aún más, especialmente entre los países ricos y poderosos que han comprado más vacunas de las que necesitan.
“No sólo lo compramos todo, además impedimos que otros puedan producirlas. ¿En nombre de qué? En nombre del beneficio y en nombre de la codicia”, dijo Callamard, en referencia a la decisión de la Unión Europea y Estados Unidos de bloquear una propuesta para relajar las restricciones de propiedad intelectual sobre patentes relacionadas con los tratamientos y las vacunas contra el coronavirus.
La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, posa en París, el martes 6 de abril de 2021. Foto: Christophe Ena, AP
Una de las propuestas de Callamard va en la misma dirección que la llamada que hizo esta semana el Gobierno del Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de introducir una tasa corporativa mínima global. En el prólogo al reporte de Amnistía, escrito antes del anuncio del lunes de la Secretaria estadounidense del Tesoro, Janet Yellen, Callamard dijo que el sistema fiscal global ha producido más perdedores que ganadores.
“La fiscalización global es una forma de reequilibrar la igualdad”, dijo. “Es una forma de asegurar que no siempre se pide a los que menos tienen que aporten más”.
De acuerdo con el informe “México: La era de las mujeres. Estigma y violencia contra mujeres que protestan”, elaborado por la organización Amnistía Internacional (AI), las autoridades del país han violado los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica de las mujeres a través de un uso innecesario y excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias e incluso violencia sexual.
Madrid/Ciudad de México, 3 de marzo (EuropaPress/EFE).– Las mujeres que protestan en México para denunciar la violencia machista son objetivo recurrente de abusos por parte de las fuerzas de seguridad, según Amnistía Internacional, que ha constatado incluso casos de violencia sexual contra estas manifestantes por parte de las autoridades.
La ONG ha examinado protestas convocadas en 2020 en Guanajuato, Sinaloa, Quintana Roo, el Estado de México y la capital, Ciudad de México, y ha comprobado que las autoridades violaron los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica de estas mujeres mediante un uso innecesario y excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias e incluso violencia sexual.
El informe, que lleva por título “México: La era de las mujeres. Estigma y violencia contra mujeres que protestan”, recoge que los policías detuvieron a más de una decena de mujeres sin identificarse, las mantuvieron incomunicadas durante un largo periodo de tiempo y las trasladaron por rutas poco frecuentadas sin decirles adónde iban o incluso sin presentarlas ante la autoridad competente, lo que derivó en el miedo a sufrir una desaparición forzada.
“Muchas mujeres no sabían dónde estaban, quien las detenía y a dónde las llevaban”, ha explicado la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum Panszi, que ha denunciado también un “lenguaje violento y sexualidad” durante los arrestos y traslados, con amenazas de todo tipo de violencia.
— Amnistía Int. México (@amnistiamexico) March 3, 2021
En algunos de los casos analizados, los policías recurrieron a la violencia sexual como señal de aleccionamiento, como castigo por comportamientos que, en opinión de los abusadores, se salían de los estereotipos de género, según los cuales las mujeres deben quedarse en casa y “no salir a buscar problemas”. Amnistía ha recordado que toda violencia sexual cometida por una autoridad del Estado debe ser considerada como una forma tortura.
En general, la responsable de Amnistía consideró que “las autoridades de distintos niveles de Gobierno han estigmatizado las manifestaciones de mujeres, caracterizándolas como ‘violentas’ con el fin de deslegitimar su activismo y cuestionar sus motivos”.
Así, han recogido declaraciones de líderes como la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que describió las protestas como una “provocación”, o un responsable de seguridad de Guanajuato que habló de “manifestódromo violento” para justificar la represión.
“Que no se confundan, estas protestas son un reclamo del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Son un llamado a combatir la impunidad que prevalece en miles de casos de feminicidio y de violencia sexual, que han causado un dolor inimaginable a tantas familias en México”, ha respondido la responsable de la ONG en un comunicado.
Amnistía Internacional ha instado a las autoridades a reconocer la legitimidad de las protestas y a abstenerse de declaraciones que estigmaticen a quienes acuden a ellas, al tiempo que ha llamado a investigar los presuntos abusos cometidos. En última instancia, ha reclamado medidas efectivas para prevenir las diversas formas de violencia que sufren las mujeres, entre ellas el feminicidio.
EL ENOJO DE LAS MUJERES DEBE SER ESCUCHADO Y RESPETADO: AI
México vive una era en la que el feminismo creciente y las manifestaciones en contra de la violencia de género chocan frontalmente con los estereotipos y la violencia policial contra las mujeres, según un informe presentado este miércoles por Amnistía Internacional (AI).
🚨 Las mujeres que protestan en 🇲🇽 viven en un contexto donde el Estado no actúa para proteger su derecho de libertad a la reunión pacífica y de expresión.
— Amnistía Int. México (@amnistiamexico) March 3, 2021
“Desde Amnistía consideramos que el enojo de las mujeres debe ser escuchado y respetado para ser visto como un elemento de cambio social. Tiene que ser visto como una demanda colectiva”, explicó a EFE la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum.
El informe “México: La era de las mujeres. Estigma y violencia contra mujeres que protestan” es una completa investigación que tiene por objetivo analizar el estigma que pesa sobre las mujeres que se manifiestan en el país latinoamericano, donde asesinan a diez mujeres al día.
Y tiene como objetivo exponer la forma en que ciertas autoridades mexicanas las reprimieron cuando protestaban pacíficamente en contra de la violencia de género en 2020, un año que registró cerca de mil feminicidios, asesinatos por razón de género.
Para realizar el estudio, AI se centró en cinco protestas sucedidas el 2020 en México como la toma de una de las sedes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de Ciudad de México el 4 de septiembre, una protesta en León (en el estado de Guanajuato) el 22 de agosto o la marcha reprimida a balazos en Benito Juárez (Quintana Roo) el 9 de noviembre.
“Vimos cosas comunes en todas las manifestaciones. Vimos un modelo donde las mujeres salen y expresan su hartazgo ante la impunidad y la falta de respuesta por parte del Estado ante las violencias que sufrimos las mujeres de este país”, explicó Reneaum.
De acuerdo con sus investigaciones, en estas manifestaciones también vieron el componente común de la vulneración de derechos de las mujeres presentes, como el derecho a la integridad personal o a la libertad de reunión pacífica.
Mujeres se manifestaron frente a Palacio Nacional para exigir la investigación a Félix Salgado Macedonio por las denuncias de supuesto abuso sexual. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro
Para la realización del informe hubo dos fuentes de verificación de los hechos: la primera fue el despliegue de AI en el terreno “de manera casi inmediata a los hechos” y la segunda fue la recolección de testimonios de víctimas directas.
Además, intentaron conseguir también testimonios de policías que hubieran estado presentes en las manifestaciones, pero no obtuvieron ninguna respuesta.
Los trabajadores empezaron a tener problemas a principios de 2019 y la situación empeoró durante este año, con muchos de ellos sin cobrar nada entre septiembre de 2019 y marzo de 2020, según AI.
El Cairo, 11 de junio (EFE).- Un centenar de trabajadores de la construcción de un estadio del Mundial de Qatar2022 no han recibido su salario durante meses y sólo han empezado a cobrar una parte de sus sueldosatrasados esta semana, denunció este jueves la organización AmnistíaInternacional (AI).
Según la ONG, empleados de la empresa Qatar Meta Coats, subcontratada para las obras de la fachada del estadio Al Bayt, han podido recibir una parte de sus salarios después de que AI expusiera el caso ante las autoridades cataríes, la FIFA y el Comité Supremo de Entrega y Legado (ente organizador del Mundial).
“Los trabajadores migrantes nos contaron las dificultades que tuvieron al trabajar sin cobrar durante meses seguidos en el estadio de Al Bayt. Están preocupados por sus familias, que dependen del dinero que envían a casa desde Catar para pagar los gastos de escuelas y médicos”, dijo en un comunicado el director de Justicia Económica y Social de AI, Steve Cockburn.
“Aunque los pagos recientes serán un merecido alivio para los trabajadores, los organizadores del Mundial de Qatar nos han comunicado que conocían los retrasos en el pago de salarios desde julio de 2019”, agregó.
La organización explicó que entrevistó a empleados y exempleados de la compañía de diseño y construcción, y éstos dijeron que el retraso en el pago de los salarios había afectado a todos los que trabajaban en Al Bayt, alrededor de cien personas procedentes de Ghana, Kenia, Nepal y Filipinas, entre otros países.
Los trabajadores empezaron a tener problemas a principios de 2019 y la situación empeoró durante este año, con muchos de ellos sin cobrar nada entre septiembre de 2019 y marzo de 2020, según AI.
La ONG confirmó que el pasado día 7 algunos de los trabajadores recibieron los salarios atrasados, pero no todos ellos y, en algunos casos, no toda la cuantía.
Eso tuvo lugar “después de intercambiar una detallada correspondencia con el Comité Supremo y otros actores clave que conocían los persistentes abusos desde hace casi un año”, afirmó AI.
Por su parte, el Comité Supremo de Entrega y Legado dijo en un comunicado al que tuvo acceso EFE que supo de la situación en julio de 2019 “como resultado directo de las auditorías éticas y las entrevistas a los trabajadores” que su Departamento del Bienestar de los Trabajadores realiza regularmente.
“El Comité Supremo actuó inmediatamente (…) y sus esfuerzos dieron lugar al pago inicial de tres meses atrasados a los trabajadores”, agregó en la nota, afirmando que esos esfuerzos prosiguen para resolver la cuestión.
El ente organizador también afirmó que la empresa Qatar Meta Coats ha sido apartada del proyecto de Al Bayt y se le prohíbe de momento trabajar en otros relacionados con el Comité Supremo.
Por otro lado, AI denunció que esa misma empresa no ha renovado los permisos de residencia de los trabajadores, “por lo que corren el riesgo de ser detenidos y deportados”.
La mayoría de los empleados está pasando el confinamiento por la COVID-19 en “alojamientos masificados de Doha”, agregó la ONG, apuntando que la empresa les proporciona la comida.
Muchos trabajadores migrantes en los países del golfo Pérsico se han visto temporalmente desempleados por la crisis del coronavirus, sin recibir un salario y sin residencia legal, ni la posibilidad de regresar a sus países de origen.
AI denunció también que en la región las restricciones a la libertad de expresión han afectado el derecho a la salud y al acceso de las personas a información relacionada con la salud.
México, 19 may (EFE).- Amnistía Internacional denunció este martes que los estados americanos no protegen de forma adecuada al personal de salud que trabaja en primera línea contra la pandemia de la COVID-19.
En un informe difundido este martes, la organización instó a los países de la región “a conceder prioridad y proteger los derechos del personal sanitario durante la pandemia”.
En el documento denunció que los profesionales de la salud que enfrentan la primera línea de la pandemia trabajan a menudo en condiciones inseguras con equipos de protección insuficientes y se arriesgan a sufrir represalias de las autoridades o los empleadores si denuncian su situación.
Aunado a que en algunos han sufrido incluso amenazas de muerte y ataques físicos.
“Los gobiernos deben tomar medidas para garantizar que no se vuelven a poner en un riesgo tan horrendo sus derechos básicos y su seguridad”, afirmó Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Recordó que en las Américas viven la mitad de las personas en el mundo que han dado positivo en las pruebas para detectar COVID-19, con alrededor de dos millones de casos confirmados, por lo que dijo “es de vital importancia que todos los países se unan para garantizar que la financiación de la salud no se ve menoscabada” en este momento.
Además, hizo un llamado a Estados Unidos para que tome medidas rápidas y contundentes para garantizar la continuidad de la financiación de la OMS.
“Estados Unidos debe apoyar una solución global uniéndose a otros países en la financiación de la Organización Mundial de la Salud para garantizar que su capacidad técnica y de personal experto se despliega donde más se necesita”, apuntó.
AFECTACIONES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
AI denunció también que en la región las restricciones a la libertad de expresión han afectado el derecho a la salud y al acceso de las personas a información relacionada con la salud.
Guevara-Rosas aseguró que “es imposible proteger la salud de más de mil millones de personas que viven en las Américas si los gobiernos insisten en silenciar a quienes denuncian irregularidades”.
Del mismo modo, señaló que los profesionales de la salud han sufrido también estigmatización, ataques físicos, amenazas de muerte y denegación de uso del transporte público en países como Colombia y México, e incluso lapidación pública en Bolivia.
Y aseguró que mientras algunos gobiernos han respondido a este tipo de ataques con declaraciones inmediatas y acciones de sensibilización, otros dirigentes han tomado medidas “para menoscabarlas”.
Hasta este martes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) registró en la región de las Américas poco más de dos millones de contagios y 124 mil 668 muertes, siendo Estados Unidos el país más afectado con poco más de 1.4 millones de casos y cerca de 90 mil muertes.
La plataforma denunció el acoso que sufren activistas, políticas y defensoras de los derechos de las mujeres que continúan siendo objeto de agresión, amenazas, intimidación, criminalización u homicidio y remarca que esta presión no puede “minusvalorarse”.
Londres, Inglaterra, 6 de marzo (EFE).- Amnistía Internacional (AI) alertó este viernes de la “preocupante tendencia global” de propagación de mensajesmisóginos por parte de algunos líderes políticos y religiosos así como del aumento de políticas opresivas y sexistas.
En un comunicado difundido en Londres con motivo del 8M, Día Internacional del la Mujer, la organización alaba cómo millones de mujeres de todo el mundo plantan cara a los discursos y políticas que vulneran sus derechos.
AI criticó la normalización de un discurso en defensa de los valores tradicionales y el interés de una determinada concepción de familia, algo que, según indica la plataforma, “impulsa una agenda que niega la igualdad como derecho de las mujeres”.
Defendió, asimismo, la necesidad de aplicar políticas específicas para abordar la violencia de género y el derecho de las féminas a decidir sobre su cuerpo y su salud sexual y reproductiva.
Según Ana Rebollar, directora adjuntó de AI España, “preocupa que este tipo de discursos formen parte de las agendas políticas en lo que pareciera una estrategia global en contra de los derechos de las mujeres”.
Rebollar agregó en la nota que la respuesta de ellas “es más fuerte que nunca, el feminismo crece, y cada vez hay generaciones más jóvenes involucradas en esta lucha”.
AI recuerda que la violencia contra las mujeres es un tipo de agresión que solo sufren ellas por el hecho de serlo y es problema que existe en todos los países.
Lamentó te igual manera que algunos partidos políticos pretendan ocultar este tipo de violencia bajo un concepto amplio en el ámbito familiar que invisibiliza y niega la desigualdad estructural que está en la raíz de los ataques contra las mujeres.
En México, según resaltó el comunicado, 10 mujeres son asesinadas cada día y el 90 por ciento de los casos de feminicidio en ese país quedan impunes.
Uno de los principales caballos de batalla en diferentes partes del mundo es la educación en igualdad, en diversidad y sobre cómo combatir la violencia de género, según dice AI.
La plataforma denunció el acoso que sufren activistas, políticas y defensoras de los derechos de las mujeres que continúan siendo objeto de agresión, amenazas, intimidación, criminalización u homicidio y remarca que esta presión no puede “minusvalorarse”.
Como ejemplo, recordó que cuando países como Arabia Saudita quieren limpiar su imagen sobre vulneración de derechos humanos, lo hacen dando a conocer avances conquistados por mujeres, como el hecho de poder conducir, aunque mantienen presas a activistas como Loujain al-Hathloul, encarcelada por publicar un vídeo en el que conducía.
La representante de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara-Rosas, urgió al Presidente a que en vez de “evadir la responsabilidad y atacar a las personas y organizaciones que señalan la crisis” de México, se centre en acercarse “a la sociedad civil para encontrar soluciones a esta grave situación”.
México, 19 feb (EFE).- Amnistía Internacional (AI) publicó este miércoles una carta abierta al Presidente Andrés Manuel López Obrador en la que le pide una reunión y expresa sus preocupaciones por la respuesta gubernamental a la crisis de derechos humanos que enfrenta México.
“Si bien el Gobierno ha tomado algunos pasos en materia de derechos humanos, estos siguen siendo insuficientes para abordar de forma seria la crisis que viene enfrentando el país por muchos años”, dijo la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas.
Según recoge un boletín, Guevara-Rosas dijo que es “preocupante” cómo López Obrador, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), “menosprecia” el rol de los defensores de derechos humanos.
🇲🇽 ¡Hoy el acercamiento entre gobierno y sociedad civil es más urgente que nunca! @lopezobrador_ le instamos a responder la solicitud de reunión de Amnistía Internacional para hablar sobre la crisis de derechos humanos en el país.
“O ver cómo la Guardia Nacional es utilizada para impedir el paso de personas migrantes y refugiadas, o que continúe con fallidas estrategias militarizadas de seguridad pública de administraciones pasadas ante la oleada de homicidios y feminicidios”, dijo Guevara-Rosas.
Por ello, la representante de AI urgió al Presidente a que en vez de “evadir la responsabilidad y atacar a las personas y organizaciones que señalan la crisis” de México, se centre en acercarse “a la sociedad civil para encontrar soluciones a esta grave situación”.
Por más de cuatro décadas, AI ha denunciado violaciones a los derechos humanos en México. Desde el inicio del Gobierno actual, en diciembre de 2018, la organización ha registrado algunos avances puntuales en materia de derechos humanos, reconociendo en especial los esfuerzos que se han realizado en el tema de personas desaparecidas.
“La solicitud de reunión con el presidente responde a una invitación a reunión que él mismo hiciera a la organización cuando era candidato a la presidencia de México. Y es planteada con el fin de contribuir a atender la crisis de derechos humanos en el país”, declaró a su vez la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México,Tania Reneaum.
“Es importante que el Presidente escuche las propuestas que tenemos desde la sociedad civil para poner freno a la crisis de derechos humanos en el país, que se traduce lamentablemente en un alto costo en vidas y otras violaciones graves a los derechos humanos cada día”, agregó.
En diciembre de 2019, Amnistía Internacional publicó un balance del estado de los derechos humanos durante el primer año del Gobierno del Presidente López Obrador.
El informe, titulado “Cuando las palabras no bastan”, denunciaba que el país, a un año del mandato de López Obrador, continuaba sumido en una crisis de derechos humanos, y señalaba especialmente la creciente violencia de género tras políticas “insuficientes” en la materia.
Hasta la fecha, el Gobierno no ha respondido a los llamados de la organización ni ha dado seguimiento a las recomendaciones del informe, concluyó AI en el boletín divulgado este miércoles.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) expone que en 2018 ocurrieron 49 agresiones a ambientalistas, de las cuales 16 fueron homicidios, sumando un total de 21 víctimas. Las agresiones se incrementan hasta la cifra de 440 si se atiende al periodo comprendido desde 2010 hasta finales de 2018.
En lo que va de 2019, Amnistía Internacional ha registrado el asesinato de 12 personas que defendían la tierra, el territorio y el medioambiente en el país.
México, 1 oct (EFE).- La organización Amnistía Internacional (AI) dijo este martes que el Estado mexicano tiene la obligación de proteger a las personas defensoras del medio ambiente y los derechos humanos de cualquier amenaza, presión u acción arbitraria que se dé en su contra.
Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, aseveró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador debe reconocer públicamente la situación de las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medioambiente.
En el marco de la presentación de la campaña “No más asesinatos: Alza la voz por las y los ambientalistas”, Reneaum resaltó que el Gobierno debe emprender acción “contundente” para garantizar que esas personas puedan trabajar de manera segura en el país.
Destacó que se debe crear una política pública de prevención y protección que atienda las causas estructurales de la violencia contra los defensores.
La campaña presentada este día se basará en peticiones, eventos y la difusión de información y materiales audiovisuales a través de las redes sociales, para denunciar los asesinatos de activistas.
Además se realizará un homenaje al defensor indígena rarámuri Julián Carrillo, asesinado el 24 de octubre de 2018.
La campaña, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, es la forma en que el organismo busca visibilizar la violencia que enfrentan las personas defensoras del medioambiente en México.
También pretende reconocer su “invaluable contribución a la salud del planeta y el bienestar de sus habitantes ante los desastrosos efectos de la explotación extractiva, la contaminación industrial y el cambio climático”, dijo.
Según los informes publicados por la organización Global Witness, la cantidad de personas asesinadas cada año por su activismo ambiental está en aumento.
En 2017, Global Witness registró un incremento de 3 a 15 muertes respecto al año anterior en México.
En 2018, la misma organización señaló que 14 personas defensoras del medioambiente fueron asesinadas ese año en México, cifra similar a la del 2017.
Sin embargo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) expone que en 2018 ocurrieron 49 agresiones a ambientalistas, de las cuales 16 fueron homicidios, sumando un total de 21 víctimas.
El resto fueron agresiones físicas, intimidación, amenazas, privación ilegal de libertad, allanamiento, criminalización u hostigamiento, de acuerdo con el Cemda, organismo que lleva un registro sistemático de dicha problemática.
Las agresiones se incrementan hasta la cifra de 440 si se atiende al periodo comprendido desde 2010 hasta finales de 2018.
En lo que va de 2019, Amnistía Internacional ha registrado el asesinato de 12 personas que defendían la tierra, el territorio y el medioambiente en el país.
El principal motivo que provoca la muerte de ambientalistas en México es la defensa de los territorios ante la proliferación de megaproyectos de minería, producción de hidrocarburos, fracturación hidráulica y distintas acciones de las termoeléctricas.
En una carta abierta, el organismo internacional exhortó al Presidente electo a emprender 11 acciones concretas en materia de derechos humanos, entre las que se encuentran la desistir de la creación de la Guardia Nacional, combate a la violencia de género y atención a las personas desaparecidas.
A través de su portal de internet, Amnistía Internacional permite que todos aquellos interesados puedan sumarse a esta petición mediante una firma electrónica.
Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).- La organización Amnistía Internacional (AI) inició una campaña en la que hace un llamado a Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para que su administración tome medidas concretas con el fin de mejorar la situación de los derechos humanos en México en los primeros 100 días de su gobierno.
Mediante una carta abierta, el organismo internacional recomendó al Gobierno entrante 11 acciones urgentes en materia de derechos humanos, entre los que se encuentran desistir de la creación de la Guardia Nacional, impulsar reformas constitucionales en materia de derechos laborales de los policías.
Además de poner especial atención en la búsqueda de personas desaparecidas, la erradicación de la violencia de género, atención a los feminicidios y apoyo a refugiados.
A través de su portal de internet, Amnistía Internacional permite que todos aquellos interesados en que la administración de López Obrador impulse estas acciones, puedan sumarse a esta petición mediante una firma electrónica.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI destacó que el Gobierno del Presidente electo tiene una oportunidad histórica para construir un México donde se respeten y protejan los derechos humanos de todas las personas, de acuerdo con un comunicado citado por Reforma.
Por su parte, Tania Reneaum, directora ejecutiva de AI México, aseguró que la organización se mantendrá al pendiente de las medidas en materia de protección de los derechos humanos emprendidas por la próxima Administración.
Amnistía Internacional recordó que en junio, un tribunal federal ordenó la creación de una comisión especial de investigación de este caso. Pero el Gobierno ha hecho esfuerzos coordinados para presentar cerca de 200 recursos legales que buscan a toda costa evitar que se concrete la creación de la comisión, expuso.
México, 24 de septiembre (EFE).- Tras cuatro años de “encubrir” la verdad sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto tiene la última oportunidad para actuar adecuadamente al dejar de obstaculizar la creación de una comisión especial de investigación, afirmó hoy Amnistía Internacional (AI).
“El mundo observa a México, esperando que el Gobierno por fin garantice los derechos de las víctimas y permita la creación de una comisión de investigación que permita descubrir la verdad de lo ocurrido, y conseguir justicia para los 43 estudiantes de Ayotzinapa y sus familias”, dijo Erika Guevara Rosas, directora de AI para las Américas.
La organización refirió que el 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la escuela rural para maestros de Ayotzinapa fueron sujetos de desaparición forzada en el municipio de Iguala, estado sureño de Guerrero.
Apuntó que a pocos días del acontecimiento, el 16 de octubre de 2014, el presidente Peña Nieto declaró públicamente que la resolución del caso era una prioridad para el Estado mexicano.
“Sin embargo, a partir de entonces el Gobierno ha optado por aceptar públicamente que la verdad se ha esclarecido basándose en una teoría de los hechos que expertos internacionales y organizaciones locales han repetido hasta el cansancio es falsa”, añadió.
En junio, un tribunal federal ordenó la creación de una comisión especial de investigación de este caso. Pero el Gobierno ha hecho esfuerzos coordinados para presentar cerca de 200 recursos legales que buscan a toda costa evitar que se concrete la creación de la comisión, expuso AI.
“El Gobierno de Peña Nieto nuevamente ha elegido dar la espalda a lo que ahora parece ser el único camino para esclarecer la verdad. Con esta decisión, el Gobierno refuerza su falta de compromiso para resolver este caso”, dijo Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
“Después de cuatro años de tratar de encubrir los hechos, es poco probable que la actual Administración tome los pasos necesarios para resolver el caso. El Gobierno entrante tiene entonces el gran reto de tomar todas las medidas necesarias para cambiar el rumbo y asegurar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas,” concluyó Reneaum.
Las entidades en donde se han registrado mayor número de desapariciones de mujeres son el Estado de México con 2 mil 024, Tamaulipas con mil 245, Puebla con 855.
Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo).- Diversas organizaciones no gubernamentales como Non Violence Projec (NVP) y Amnistía Internacional (AI) retomaron el caso de la desaparición de la madre de Luis Miguel, Marcela Basteri, para concientizar sobre el paradero de al menos 8 mil 987 mujeres en México en los últimos nueve años.
Con el #NoSoloEsMarcela, iniciativa de NVP, las organizaciones aprovecharon el último capitulo de la primera temporada de la serie de Luis Miguel, producción de Netflix, para pedir que se esclarezca la desaparición de las mujeres en México.
“Muchas veces el entretenimiento nos da oportunidad de mantener una conversación social relevante. #NoSoloEsMarcela es una prueba de que eso es posible. Seguimos dándole voz a las más de 8 mil mujeres desaparecidas”, indicó NVP en su cuenta de Twitter.
En el último capitulo transmitido el domingo, Luis Rey, el padre de Luis Miguel, fue la última persona que vio a Marcela en Madrid, España, quien después desapareció.
De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), 8 mil 495 mujeres han desaparecido en todo el país entre enero de 2008 y octubre de 2017.
Las entidades en donde se han registrado mayor número de desapariciones de mujeres son el Estado de México con 2 mil 024, Tamaulipas con mil 245, Puebla con 855, Nuevo León con 657 y Sinaloa con 365, indica la organización.
Erdogan detiene a 15 personas acusados de “propaganda terrorista” por vestir camisetas con la leyenda “Hero”, supuestamente en apoyo a Fethullah Güllen señalado por el Gobierno Turco como responsable del fallido golpe de estado del 2016.
El Gobierno turco arrestó a 15 personas por portar una camiseta en supuesto apoyo a Gülen. Foto: Twitter/ @abdbozkurt
Ciudad de México, 22 de julio (SinEmbargo).- La agencia AFP informó que las autoridades turcas detuvieron a 15 personas durante este fin de semana, por vestir camisetas con la leyenda “Hero” (héroe en inglés), al sospechar de un apoyo encubierto a los responsables del golpe de estado fallido que se llevó a cabo a finales del 2016.
Previo a los arrestos del fin de semana, Fethullah Gülen fue señalado por el Gobierno turco como responsable de las acciones para derrocar a el Presidente Erdogan en 2016, a pesar de que el predicador exiliado ha negado las acusaciones.
La mayoría de los detenidos fueron estudiantes y trabajadores que aseguraron no tener relación con el intento de golpe de estado. Foto: Twitter/ @ilhansah
Este sábado fueron detenidos una pareja y un adolescente supuestamente por apoyar a Gülen en la via pública mediante el uso de camisetas.
Este incidente deriva de otro caso en el que uno de los acusados de atentar contra Erdogan, se presentó ante el Tribunal con la misma camiseta que portaban los detenidos, mostrando la leyenda “Hero”, señaló la agencia AFP.
Asimismo, agencias locales informaron que el Gobierno turco detuvo a 15 personas que portaban camisetas con leyendas similares durante la semana pasada. Entre los arrestados se encuentra un familiar de los procesados por el intento de golpe del año pasado.
De acuerdo con AFP, la mayor parte de los detenidos son estudiantes y trabajadores que aseguraron no tener conocimiento de la supuesta práctica de protesta, y al menos dos permanecen detenidos a la espera de ser juzgados por “propaganda terrorista”.
Para evitar que otras personas utilicen la misma camiseta ante la corte, Erdogan considera imponer uniformes para todos los citados ante un juez en relación con este caso, y hace referencia a los uniformes de color naranja que portan los presos de la prisión militar estadounidense de Guantánamo.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
