A un día de su Tercer Informe de Gobierno, las asociaciones pidieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador que reitere su compromiso de devolver las Fuerzas Armadas a sus cuarteles para el año 2024 y publique la estrategia nacional a partir de la cual se logrará el desarme del país.
Ciudad de México, 31 ago (EFE).- Amnistía Internacional (AI) y la asociación #SeguridadSinGuerra exigieron este martes al GobiernodeMéxicodesmilitarizar la seguridadpública tras las agresiones de la GuardiaNacional (GN) contra migrantescentroamericanos captadas en imágenes.
“La Guardia Nacional está siendo utilizada como cuerpo de control migratorio, tanto en la frontera norte como en el sur de México, atentando contra los derechos de migrantes y solicitantes de protección internacional”, denunciaron en un pronunciamiento conjunto.
El posicionamiento se publica después de difundirse esta semana fotografías y videos de elementos de la GN, un cuerpo con formación militar creado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras golpean y amenazan a migrantes de una caravanaenChiapas, en el sureste del país.
En una de las acciones, se aprecia cómo un agente derriba a la persona y ya en el suelo un segundo elemento lo patea en el rostro.
Tras el hecho, el Instituto Nacional de Migración (INM) suspendió a dos agentes federales, pero las asociaciones civiles cuestionaron la actuación de los cuerpos de seguridad.
“Recientemente, el Secretario de la Defensa Nacional (Luis Cresencio Sandoval) aseguró que las Fuerzas Armadas tienen como uno de sus objetivos detener toda la migración en la frontera sur”, indicaron en el comunicado.
Previo al Tercer Informe de Gobierno de López Obrador, que será este miércoles, las asociaciones también pidieron “que reitere su compromiso de devolver las Fuerzas Armadas a sus cuarteles para el año 2024 y publique la estrategia nacional a partir de la cual se logrará el desarme del país”.
Amnistía Internacional recordó su reporte de 2020 en el que advierte que este Gobierno ha desplegado a más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones anteriores.
Además, las asociaciones citaron al menos 219 quejas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la Guardia Nacional entre el 26 de mayo de 2019 y agosto de 2020.
🚨Faltan 939 días…🚨
Para que las fuerzas armadas dejen de hacer labores de seguridad pública
“De esa cifra, 51 quejas fueron por detenciones arbitrarias, 28 por trato cruel, inhumano o degradante, tres por tortura, dos por homicidios ilegítimos y dos por desapariciones forzadas”, detallaron.
En lo que va de 2021, añadieron, ya se han reportado 261 quejas, “lo que sitúa a ese cuerpo de seguridad entre las 10 instituciones con más quejas por violaciones a derechos humanos”.
Las organizaciones expresaron su preocupación por la iniciativa de López Obrador, quien ha anunciado una reforma constitucional para que la Guardia Nacional esté bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Tras dos años y medio de la creación y funcionamiento de la Guardia Nacional y a la luz de los hechos aquí señalados, existe poco material que sugiera que la estrategia de seguridad del Gobierno de México represente un cambio verdadero o una nueva era de respeto por los derechos humanos”, concluyeron.
El Colectivo denunció que la presente administración ha dado al menos 14 tareas civiles a los cuerpo militares sin controles ni reglas claras de transparencia y rendición de cuentas, aunque son tareas que van acompañadas de vastos recursos presupuestales.
Ciudad de México, 18 octubre (SinEmbargo).- El Colectivo #SeguridadSinGuerra pidió al Gobierno de México detener el proceso de militarización y restituir el orden constitucional tras la detención del extitular de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos.
De acuerdo al Colectivo, la acusación contra Cienfuegos pone nuevamente en el centro de la discusión pública la profunda militarización y la guerra contra el narcotráfico que ha tenido lugar en el país a lo largo de lo últimos tres sexenios.
“Se cumple 14 años desde que nuestras Fuerzas Armadas ejercen funciones de seguridad pública, que no les corresponden, en buena parte del territorio nacional”, señalaron a través de un comunicado.
Asimismo, se expuso que actualmente las Fuerzas Armadas asumen tareas de Gobierno como la construcción de infraestructura, operación de aeropuertos, capitanías de puertos marítimos, programas sociales, instituciones de educación media superior y recursos financieros.
Urge poner un #AltoALaMilitarización del país. Este gobierno prometió regresar a las FFAA a sus cuarteles. En lugar de eso, les han dado al menos 14 tareas civiles a los cuerpos castrenses sin control ni transparencia.
La instancia denunció que la presente administración ha dado al menos 14 tareas civiles a los cuerpo militares sin controles ni reglas claras de transparencia y rendición de cuentas, aunque son tareas que van acompañadas de vastos recursos presupuestales.
“El Presidente López Obrador ha justificado una y otra vez que se apoya en el Ejército por ser una institución en la que no hay corrupción”, se enfatizó.
#SeguridadSinGuerra advirtió que de comprobarse las acusaciones contra el exsecretario de la Sedena quedaría más claro el grave problema de la corrupción en el Ejército mexicano, pues el simple hecho de la investigación es un llamado de atención.
El colectivo recalcó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador hace caso omiso al mandato constitucional establecido en el artículo 129, el cual ordena que en tiempos de paz las Fuerzas Armadas limiten tareas propias de disciplina militar, al dejar el mando operativo de la Guardia Nacional en manos del Ejército Mexicano.
“Las Fuerzas Armadas deben estar sujetas al poder civil y con reglas claras de transparencia y fiscalización. Basta de fraudes a la Constitución y del empoderamiento económico opaco, como las adjudicaciones directas que reciben a pesar de su historial de irregularidades como contratistas”, se lee en el documento.
Por otro lado exigieron a la Fiscalía General de la República cumplir con la obligación de investigar las redes de corrupción y delitos señalados en el país contra Cienfuegos y no limitarse a los hechos señalados en Estados Unidos, sino también incluir en las investigaciones la múltiples violaciones de derechos humanos cometidas por los miembros de las Fuerzas Armadas.
Y solicitaron al Senado suspender la discusión de la Reforma legislativa que pretende otorgar a la Secretaría de Marina el control total de los puertos de comercio marítimo.
“La corrupción, la impunidad y la militarización siguen carcomiendo nuestras instituciones. Así no se puede construir la paz”, exaltaron.
#MetaDatos: Diversos grupos utilizaron las redes sociales para expresar su preocupación sobre el decreto que permite a las Fuerzas Armadas durante cinco años asumir asumir funciones de seguridad pública, ya que consideran que permitirá detenciones a civiles y militarizará al país. #SeguridadSinGuerra, el PRI y algunos grupos de opositores sostuvieron activo el tema durante esta tarde.
Ciudad de México, 11 de mayo (SinEmbargo).– El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación(DOF) para atribuir a las Fuerza Armadas labores de seguridad pública extraordinarias durante los próximos cinco años fue cuestionado a lo largo de este lunes en Twitter.
Por la tarde, el colectivo #SeguridadSinGuerra, integrado por diversas organizaciones civiles, entre ellas México Unido Contra la Delincuencia A.C. dirigida por María Elena Morena, y otras más que se opusieron desde el inicio del sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador a la conformación de la Guardia Nacional con mando militar, externaron a través de un comunicado su rechazo al decreto publicado este lunes en el DOF.
El texto en el que mencionan que el acuerdo tiene una serie de vacíos, entre ellos que no se precisa el ámbito temporal y geográfico en que actuarán las Fuerzas Armadas con atribuciones de seguridad pública, no contempla mecanismos de rendición de cuentas ni tampoco garantiza que las fuerzas armadas se subordinen a un poder civil.
La politóloga Denise Dresser fue una de las usuarias que difundieron el comunicado en Twitter. Dresser había acumulado entonces un importante número de interacciones en la plataforma por su rechazo al decreto.
“Este gobierno se ha quitado la máscara” dice #SeguridadSinGuerra ante poderes ampliados para las fuerzas armadas, decretados hoy por @lopezobrador_
Aquí el comunicado, congruente con la posición que el colectivo asumió contra Calderón y la Ley de Seguridad Interior de @EPNpic.twitter.com/1kqpxkHh38
El documento también mencionó que el acuerdo “normaliza la práctica establecida desde el Gobierno de Felipe Calderón” a la militarización de la seguridad pública sin ningún tipo de control. También se señala que es anticonstitucional y que se opone a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a que la Fuerzas Armadas deben subordinar sus acciones de manera permanente a las autoridades civiles.
TEMOR A LA MILITARIZACIÓN
A través de la etiqueta #FueraDictaduraMilitar, grupos de tuiteros orientados a llevar una agenda de oposición al Presidente también expresaron preocupación porque las tareas que asumirán las Fuerzas Armadas, en lo que la Guardia Nacional terminar de consolidarse, podrían afectar las libertades de los ciudadanos.
Quienes expresaron su inconformidad por el decreto acusaron a López Obrador de sostener un discurso incongruente al oponerse a la militarización de las calles durante los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa, y Enrique Peña Nieto y ahora autorizar que se faculte a las Fuerzas Armadas para realizar acciones de seguridad pública.
Las principales preocupaciones se generaron en torno a la posibilidad de que las secretarías de la Defensa Naciobal y la Marina (Semar) puedan llevar a cabo detenciones de civiles. Ambas instancias estuvieron entre las más mencionadas en la conversación de esta tarde.
La agrupación de opositores llamado #ResistenciaPorMéxico externó su inconformidad en la plataforma y pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que diera reversa al decreto.
“#FueraDictaduraMilitar 11 De mayo 2020 una fecha que quedara en la historia de México, como el día en que un hombre resentido lleno de odio y venganza le otorgo todas las facilidades al ejercito para detener a los ciudadanos según su criterio @SCJN acaso no somos un estado civil [sic]”, expresó la agrupación.
POSICIONES DESDE LA POLÍTICA OPOSITORA
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) consideró desde su cuenta oficial de Twitter que el decreto es embestida para la Semar y la Sedena. La cuenta del tricolor fue preponderante en la discusión.
Expresamos nuestro rechazo al decreto por el que se ordena a las Fuerzas Armadas asumir funciones de seguridad pública.
Nuestro respaldo total a los hombres y mujeres que forman parte de la SEDENA y de la SEMAR ante esta embestida.
El contingente digital en contra de la atribución de las Fuerzas Armadas para tener labores de seguridad pública terminó de consumarse con las expresiones Denise Dresser y Jorge Triana, ex legislador por el Partido Acción Nacional (PAN).
De acuerdo con Dresser “AMLO acabará exacerbando la barbarie que criticó” en referencia a las medidas tomadas en los sexenios anteriores para mantener al Ejército patrullando las calles. Triana pro otro lado, consideró que ni en el periodo de Gobierno del expresidente Gustavo Díaz Ordaz se contó con una medida similar. Diaz Ordaz es recordado por haber ordenado la represión de estudiantes en 1968.
“Hoy quedó oficialmente militarizada la seguridad pública en México, y por decreto. Sin rubor alguno, y basado en la Ley de la Guardia Nacional, @lopezobrador_ ordena al ejército patrullar calles, hacer labores de investigación, hacer detenciones… Ni con Díaz Ordaz…” Expresó Triana.
Además de la participación del ala más aguerrida en la escena de tuitera de la oposición a la Cuarta Transformación en este debate, la movilización que generaron, vinculó la frase “Fuerzas Armadas” y “Guardia Nacional” esta última rebasó los 24 mil tuits a las 18:00.
Las etiquetas #FueraDictaduraMilitar, #MéxicoRepudiaALopez también se desprendieron de la misma conversación. Un análisis sobre la organización que presentaron en la plataforma mostró que fueron expresiones con muy poca diversificiación en la interacción, es decir, fueron temas de una conversación entre un grupo de usuarios sin que trascendiera a su comunidad.
Un ejemplo de la manera en que se movilizó la discusión este lunes, es el comportamiento de la etiqueta #FueraDictaduraMilitar en donde se observa que las interaccione se organizaron en pequeños. Foto: Hoaxy
Por un lado, el Primer Mandatario se posicionó años atrás en contra de poner al Ejército en las calles, y ahora la medida decretada permitiría a las Fuerzas Armadas realizar acciones similares a las que ejecutaron durante los sexenios de los expresidnetes Felipe Calderón Hinojosa, y Enrique Peña Nieto. Estos usuarios comparan, esto según la percepción de los usuarios que condenaron esta medida.
La designación de Alejandro Gertz Manero y la aprobación de la Guardia Nacional provocaron una tunda contra el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, en la que participaron organizaciones civiles, activistas y el sector empresarial.
Por Ivonne Ojeda y Sugeyry Gándara
Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).– Fueron dos momentos. Primero la Cámara de Diputados avaló la creación de la Guardia Nacional; después se asignó a Alejandro Gertz Manero como Fiscal General. Los votos del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fueron determinantes en ambos casos. Ahora el partido y el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reciben críticas.
“En lugar de dar el paso hacía adelante, dimos un paso hacía atrás”, expresó Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo, en relación a la designación de Gertz Manero como Fiscal.
El especialista en seguridad dijo se trata de un Fiscal a modo porque en realidad fue “designado” por el Presidente. “Es muy claro que se decidió por los tres candidatos que eran amigos, conocidos o ex colaboradores de él […] ¿de qué nos sirve contar con un Fiscal en lugar de un Procurador, cuando el proceso muestra que el Presidente puede poder a quien él quiera”, señaló.
Roel calificó como decepcionante el proceso y la elección de quien estará a cargo del órgano de justicia. “No era lo que estábamos esperando la sociedad, gran parte de los electores, de las asociaciones civiles. Es decepcionante porque creo que México se merece mucho mejor calidad de decisiones.
La designación de un “Fiscal a modo”, así como la Guardia Nacional son decisiones para fortalecer el poder político en turno y no para fortalecer la paz en México, explicó el especialista.
Se asignó a Alejandro Gertz Manero como Fiscal General. Foto: Cuartoscuro.
Andrés Manuel López Obrador, recordó el especialista, recibió la simpatía de organizaciones civiles, sociales y de gran parte de población por diversas ideas como: la elección de un fiscal autónomo para contar con un sistema judicial que no dependiera del poder político en turno, de regresar eventualmente al Ejército a los cuarteles, regular las drogas, entre otros. “Todas esas ideas nos gustaban; ¿dónde quedaron?, ¿qué fue lo que pasó con esta administración que tan pronto olvidó sus promesas de campaña?”, dijo Roel.
“Yo creo que el voto de gran parte de la población fue hacía el futuro, no hacía el pasado. Muchos de los electores votaron por el cambio […] pero ahora pareciera que vamos manejando el auto solo viendo el espejo retrovisor, que estamos viendo hacia el pasado, con crear la guardia militarizada, con este fiscal que es a modo. Vemos en la administración actual, un temor por avanzar hacía el futuro y cumplir con esas promesas que lo llevaron al poder, y nos preocupa mucho que en tan corto plazo, no solo haya olvidado las promesas sino que esté tomando decisiones en sentido contrario”, añadió.
Roel insistió en que “un fiscal independiente, eso es lo que estábamos esperado en México con este cambio, no un fiscal a modo que depende de la voluntad del Presidente, entonces en lugar de dar el paso hacía delante dimos un paso hacia atrás”.
Francisco Rivas, director del Observatorio Ciudadano, lamentó la designación del Fiscal General de la República, pues dijo que se realizó bajo un proceso que no garantiza la autonomía que requiere y necesita en la institución.
En entrevista con SinEmbargo, Rivas consideró que la designación manda un claro mensaje de que la administración de Andrés Manuel López Obrador “es un Gobierno que sigue repitiendo todos los vicios que criticó: que usa el poder a su conveniencia, va a mayoritear, todas las veces que sea necesario y por el otro lado, que simula”.
“El proceso de designación acabó siendo lo que desde los colectivo, #FiscalíaqueSirva y Vamos buscamos evitar, que era la designación de una persona cercana al ejecutivo, sino que fuese una persona que pasara por un proceso que permitiera generar condiciones de independencia de la Fiscalía”, indicó.
Para el especialista también hay una incongruencia por parte de Movimiento Regeneración Nacional, pues manifestó que la forma en que se selección al Fiscal, además de no cumplir con independencia, es un método que el mismo partido criticó cuando era oposición.
“Yo no entiendo si la crítica finalmente era que no lo podían hacer ellos [Morena] o que las designaciones eran negativas”, dijo.
Para Rivas los recientes cambios también evidencian que la actual administración federal también será de simulaciones, mismas que ya se han visto en diversos procesos, dijo.
“Fue una simulación
los Foros Escucha en el país, porque parte de lo que surgió de esos foros era la petición de la independencia de la Fiscalía, que no hubiese un fiscal carnal y que no hubiese una militarizacon de la seguridad y hoy vemos, por un lado, un fiscal carnal, y una militarización de la seguridad”, finalizó.
UN MURMULLO Y LA GUARDIA
Líderes de opinión y organizaciones de la sociedad civil mantienen este día otra jornada de la fuerte campaña en contra de la aprobación de la Guardia Nacional, pero no todos parecen unánimes en la desaprobación. En estados como Guerrero, Tamaulipas y Veracruz, en manos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), respectivamente, hay muestras de apoyo a ese cuerpo de mando mixto.
Pero es un murmullo frente a la apabullante campaña en contra. A través de la iniciativa #SeguridadSinGuerra, más de 300 colectivos y organizaciones, entre ellas El Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y Artículo 19, consideran que la conformación de la Guardia Nacional es una continuación de las estrategias castrenses de los gobierno anteriores que resultaron fallidas para combatir el incremento del crimen organizado.
La Guardia Nacional no es vista con buenos ojos por organizaciones extranjeras como Human Right Watch o Amnistía Internacional. Citan el mismo ejemplo mexicano, donde los militares tienen una muy mala fama. Pero además la experiencia internacional: los soldados en las calles son garantía de violaciones a los derechos humanos, han documentado.
El debate se intensificó en las redes sociales a partir de este miércoles tras la aprobación del dictamen en la Cámara de Diputados para conformar el cuerpo de seguridad. A pesar de los riesgos considerados por los expertos y organizaciones, que se manifestaron en contra de que las Fuerzas Armadas dirijan al nuevo cuerpo policíaco, las opiniones en torno a este tema son más complejas.
72 HORAS CONTINUAS DE PROTESTAS
Desde el pasado miércoles múltiples protestas han surgido en las redes sociales. Los reclamos al Gobierno federal y a López Obrador se han materializado a través de etiquetas como #GuardiaNacionalMilitar, #Fiscalíaquesirva y #seguridadsinguerra han sido empleadas por miles de usuarios. A estas se sumó #FiscalCarnal tras la designación de Alejandro Gertz Manero como Fiscal General de la República, quien fue elegido de una terna propuesta por el Presidente.
Las protestas no son nuevas, surgieron desde el sexenio del ex Presidente Enrique Peña Nieto. Diversas organizaciones civiles y personalidades han empleado los mismos hashtags desde la Administración pasada para exigir un fiscal independiente del poder Ejecutivo. Esta tarde, las protestas por la Guardia Nacional y el Fiscal se interconectaron. De acuerd0 con la herramienta de análisis de Twitter, Tweet Binder más de 3 mil 600 usuarios expresaron desacuerdo con la designación de Gertz Manero entre el 14 y el 18 de enero.
A partir de las 18:00 horas de este viernes la, entre En Twitter la Guardia Nacional se visibiliza desde diferentes perspectivas. En este foro se manifiestan numerosos grupos en contra de la iniciativa, pero también hay reacciones de apoyo. Durante el miércoles, la etiqueta #GuardiaNacionalMilitar fue parte de una serie de movilizaciones en contra de la este nuevo mando que convocaron a más de 5 mil usuarios.
Los usuarios de Morena tampoco aprueban de manera contundente la iniciativa. Una muestra de la manera de la postura de la militancia de Morena respecto al tema se desprende de un ejercicio realizado por la Diputada morenista Tatiana Clouthier el pasado 16 de enero.
A través de su cuenta [@TatClouthier], la Diputada cuestionó a sus seguidores si estaban a favor de la conformación de la Guardia nacional. Su convocatoria obtuvo 38 por ciento de respuestas a favor del cuerpo con mando mixto, 37 por ciento pidieron más información y el 25 por ciento de respuestas fue contra. Participaron 19 mil 700 usuarios.
APOYO EN TAMAULIPAS, VERACRUZ Y GUERRERO
El apoyo parece ser mayor cuando los usuarios dejan de lado el contexto político y analizan problemáticas de inseguridad padecidas en entidades como Tamaulipas, Veracruz y Guerrero. En los últimos días diversos usuarios han coincidido que en estas entidades la Guardia Nacional es necesaria para hacer frente al crimen organizado.
De acuerdo datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el año 2018 fue el más violento del que se tenga registro en México. El incremento de los asesinatos ocurrió en 27 de las 32 entidades federativas, siendo Veracruz, Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Morelos, Campeche y Chiapas, las más violentas.
“Cuantas personas que integran los colectivos que están en contra de la #GuardiaNacional viven en Ciudades/Estados secuestrados por el crimen organizado? Ejemplo. Tijuana, Cd. Juárez, Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato. Donde viven?. Pegunten y comprenderán su negativa”, expresó el usuario @Alan_Dominguez.
“Es muy fácil criticar la #GuardiaNacional desde la CDMX pero hay lugares del país como Tamaulipas donde es indispensable el trabajo del Ejército para proveer seguridad. Entiendo que el objetivo es q la GN sea de orden civil pero al inicio la capacitación y mando serán militares”, indicó @zappingall.
“La #GuardiaNacional es un mal necesario. En muchos estados, los municipales han sido rebasados y/o domesticados. Veracruz es un claro ejemplo donde cobran piso y renta el narco”, expresó @Cresef.
“Los que no están de acuerdo con la #GuardiaNacional que vivan una semana en Guerrero o ya de pérdida que lean las noticias de Guerrero y sientan el miedo que tiene la gente para ver si siguen de negativos Y viendo todo mal”, externó @tiolucas60
Sin embargo, no todos los usuarios que hablan de la inseguridad que se padece en estas entidades se han mostrado a favor, algunos también han expresado escepticismo ante la implementación de una estrategia que les resulta similar a las de anteriores gobiernos.
“Pues los de Veracruz ni siquiera notaremos el cambio con la #GuardiaNacional, estamos acostumbrados a ver ejército en las calles como si de policía se tratase”, comentó @LaraAlexisJ.
Los resultados en sondeos como el de la encuestadora Parametría, con corte al 24 de diciembre del 2018, muestran 87 por ciento de aprobación en la conformación de la Guardia Nacional. De acuerdo con los datos, que el Ejército nacional patrulle las calles llegó a su nivel más bajo de aprobación en diciembre del 2017, fecha en que obtuvo 54 por ciento. Sin embargo, en diciembre de 2018 el apoyo a esta estrategia alcanzó el 85 por ciento, un dato histórico de acuerdo con la encuestadora.
Desde la sede de la SCJN, miembros del colectivo #SeguridadSinGuerra, entre ellos el actor Diego Luna, entregaron un documento en el que solicitan que se hagan audiencias públicas antes de que se resuelva sobre las acciones contra la Ley de Seguridad Interior, aprobada y promulgada en diciembre pasado por el Congreso de la Unión.
El documento indica que la Ley, promovida por el Presidente Enrique Peña Nieto, se promulgó pese a que organismos como la CNDH, la ONU y la CIDH, advirtieron “sobre los riesgos que conlleva la normalización de la presencia militar en tareas de seguridad pública”.
Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).- Este 2 de octubre, cuando se cumplen 50 años de la represión del Movimiento de 1968, el colectivo #SeguridadSinGuerra solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se lleven a cabo audiencias públicas ciudadanas previas a la resolución de las acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior.
El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, prometió que en México “nunca más va a haber guerra” y aseguró que su plan de seguridad para el país, que dará a conocer a finales de mes, tendrá absoluto respeto a los derechos humanos y no hará uso excesivo de la fuerza.
Durante la entrega del documento del colectivo, la politóloga Denisse Dresser alertó que el modelo militarizado de seguridad del país es incongruente con el discurso de pacificación del nuevo Gobierno.
Luego de montar una guardia de honor en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, el Presidente electo dijo que su Gobierno atenderá las causas que han originado la inseguridad y la violencia en el país y que en México ya no se hablará de guerra, en alusión a la guerra contra el narcotráfico.
“En su momento vamos a hacer un planteamiento sobre nuestra estrategia en materia de seguridad, vamos a buscar la paz, queremos que se acabe la guerra, queremos que ya no se utilice esa palabra. Ese término lo queremos borrar del lenguaje del nuevo Gobierno. Está ya suprimido el utilizar ese término, ya no va a haber guerra en México, nunca más va a haber guerra”, dijo a medios de comunicación en Tlatelolco.
Detalló que la Guardia Civil de la que ha hablado se encargará de garantizar la seguridad pública y adelantó que a finales de octubre dará a conocer los detalles de su plan en materia de seguridad y los nombramientos de la Marina y el Ejército.
“Se va a aplicar la Ley, no va a haber impunidad, no va a haber autoritarismo, no vamos a reprimir a nadie. Cuando hablo de una Guardia civil es para garantizar la seguridad pública sin el uso excesivo de la fuerza y con el respeto absoluto a derechos humanos”, indicó.
El Colectivo #SeguridadSinGuerra entregó hoy su solicitud en la SCJN. Foto: Cuartoscuro
PIDEN CONGRUENCIA A AMLO
Desde la sede de la SCJN, miembros del colectivo #SeguridadSinGuerra, entre ellos la politóloga Denise Dresser, el actor Diego Luna, entregaron un documento en el que solicitan que se hagan audiencias públicas antes de que se resuelva sobre las acciones contra la Ley de Seguridad Interior, aprobada y promulgada en diciembre pasado por el Congreso de la Unión.
El Artículo 26 de la Ley de Seguridad indica que “las autoridades federales, incluidas las Fuerzas Armadas , llevarán a cabo las Acciones de Seguridad Interior que sean necesarias, pertinentes y eficaces para identificar, prevenir y atender riesgos en aquellas zonas o áreas geográficas del país, vías Generales de Comunicación e Instalaciones estratégicas que lo requieran, así como para garantizar el cumplimiento del Programa de Seguridad Nacional y la Agenda Nacional de Riesgos”.
Denise Dresser se pronunció por que el Gobierno de López Obrador sea congruente con su discurso de pacificación y destacó que para transitar a un nuevo paradigma en materia de seguridad se necesita derogar la Ley de Seguridad.
“Estamos aquí, precisamente, exigiendo congruencia, porque es incompatible un discurso de pacificación con la permanencia del modelo militarizado que hemos padecido durante los últimos 12 años”, dijo.
El actor Diego Luna leyó la misiva entregada a la SCJN. Foto: Cuartoscuro
En el documento dirigido a los ministros, leído por Diego Luna, se detalla: “en este día histórico en el que se cumplen 50 años de la masacre de 1968 en Tlatelolco, es más importante que nunca, reafirmar la defensa de las libertades y derechos”.
“Después de la noche trágica del 2 de octubre de 1968, no debió permitirse más excesos ni ausencias bajo la complicidad del Estado. Aun así, en los últimos 12 años cientos de miles de personas han muerto de forma violenta, hay más de 250 mil desplazadas y más de 37 mil familias buscando a sus seres amados”, agrega.
El documento indica que la Ley, promovida por el Presidente Enrique Peña Nieto, se promulgó pese a que organismos como la CNDH, la ONU y la CIDH, advirtieron “sobre los riesgos que conlleva la normalización de la presencia militar en tareas de seguridad pública”.
También recuerda que una gran cantidad de académicos y organizaciones de la sociedad civil advirtieron sobre los peligros que para la ciudadanía tiene la presencia militar en la calle, y pidieron que en lugar de promulgar una Ley de Seguridad Interior se optara por el retiro paulatino de las fuerzas armadas, a la par de fortalecer a las policías civiles a quienes constitucionalmente les corresponde esa labor.
“Es fundamental, para la exitosa resolución del debate nacional en la materia que la decisión de la Suprema Corte sea tomada con base en la evidencia empírica y de cara a la sociedad”, pidió el Colectivo.
En un comunicado, el colectivo #SeguridadSinGuerra reiteró su llamado a los ministros de la SCJN a convertirse en un “contrapeso democrático” que detenga la normalización del Ejército y la Marina en las tareas de Seguridad Pública.
Ciudad de México, 13 de febrero, (SinEmbargo).- La iniciativa ciudadana #SeguridadSinGuerra llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior (LSI) debido a que la reglamentación “contiene diversas disposiciones que violan diversos derechos y transgreden el orden federal, haciéndola incompatible con nuestra constitución y con los tratados internacionales de los que México forma parte”.
Dentro de los puntos que el colectivo destaca como preocupantes, se encuentran: la nula distinción entre seguridad publica,m seguridad interior y seguridad nacional; no contiene plazos definitivos de duración de intervenciones federales; la falta de principios claros sobre el uso legítimo de la fuerza.
Además de la ausencia de protocolos y mecanismos para la rendición de cuentas, en caso de violación a derechos humanos; la violación al derecho de la información y al principio máximo de publicidad; y el aumento de incertidumbre jurídica, riesgo y costos en la defensa de derechos fundamentales.
Ante ello, #SeguridadSinGuerra reiteró su llamado a los ministros de la SCJN a convertirse en un “contrapeso democrático” que detenga la normalización del Ejército y la Marina en las tareas de Seguridad Pública.
Organizaciones Sociales, ciudadanos inconformes durante protesta contra aprobación de Ley de Seguridad Interior. Foto: Victoria Valtierra/Cuartoscuro.
En su comunicado, el colectivo acusó que la LSI contiene “conceptos vagos e imprecisos” que faculta a las instituciones de seguridad a actuar sin mecanismos de control y transparencia.
Recordó que la presencia del Ejército y la Marina en las calles “ha resultado ser un fracaso”. Por lo que la implementación de la LSI sólo “agravará las condiciones de violencia e inseguridad que todos los días se viven en las calles del país.
El colectivo destacó que no existen evidencias de que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad haya disminuido los índices de homicidios, robos, secuestros y otros delitos, sino que, al contrario, se han documentado más violaciones a los derechos humanos.
La iniciativa ciudadana recordó que tanto organizaciones civiles como periodistas, defensores de derechos humanos, municipios, Gobiernos estatales y ciudadanos han emitido un “número histórico de Acciones de Inconstitucionalidad, Controversias Constitucionales y Juicios de Amparo”.
Finalmente, recalcaron que comparten la urgencia por atender los problemas de seguridad pero con otros enfoques que garanticen el respeto a los derechos humanos y las libertades básicas de todas las personas.
“La amicus curiae es una figura que nos permite hacer una aportación respecto al dictamen que tendrá que emitir la Corte con respecto a las acciones de inconstitucionalidad que contra la Ley han presentando en toda la república”, explicó el Senador independiente Alejandro Encinas, después de entregar el documento.
Los integrentes de la asociación entregaron el documento hoy ante la Corte. Foto: Por México Hoy
Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- La organización Por México Hoy encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un documento para abonar, bajo la figura “Amicus Curiae”, información al dictamen referente a las acciones de inconstitucionalidad de Ley de Seguridad Interior.
Acompañado por Alejando Encinas, Clara Jusidman y Jorge Fernández Souza, el fundador del Partido de la Revolución Democratica (PRD) presentó el documento.
“La amicus curiae es una figura que nos permite hacer una aportación respecto al dictamen que tendrá que emitir la Corte con respecto a las acciones de inconstitucionalidad que contra la Ley han presentando en toda la república”, explicó el Senador independiente Alejandro Encinas.
Por su parte, Cuauhtémoc Cárdenas aseguró que la preocupación por la citada Ley quedó manifestó desde que fue enviada como iniciativa por parte de Peña Nieto al Congreso.
Según dijo el ordenamiento pone en riesgo de que sean las fuerzas armadas quienes, sin ninguna mandato de la autoridad civil, tomarán decisiones que afectan o podrían afectar la vida cotidiana y sobre todo los derechos.
“Se estaría dejando a las fuerzas armadas como cabeza de decisiones y como renuncia de la autoridad civivl para responsabilizarse”, señaló Cárdenas en entrevista con medios.
“Dicho ordenamiento nos regresa al Estado absolutista en donde no existe el principio de división de poderes y fortalece desmedidamente a las fuerzas armadas para crear por medio de una ley secundaria un tipo de Estado diferente: `Un Estado policíaco-militar´”, señaló la Asociación en un comunicado difundido después de la presentación del documento a la Corte.
La Ley de Seguridad, promulgada en diciembre pasado, ha sido blanco de acciones de inconstitucionalidad promovidas por distintas instancias, incluyendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
También ha sido criticada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y agrupaciones internacionales de derechos humanos.
Entre las críticas esgrimidas contra esta legislación destaca el argumento de que la participación de militares no ha logrado abatir los niveles de violencia en el país.
La Ley de Seguridad Interior fue avalada la madrugada del 16 de diciembre en el Senado de la República, con 71 votos a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados de Acción Nacional (PAN) y de Verde Ecologista (PVEM), y con 34 en contra de la oposición, además de tres abstenciones. La votación se dio luego de más de 12 horas de discusión.
Ese mismo día, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que estaba en proceso de preparar un estudio de acción de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior y exhortó el Ejecutivo Federal para que formule observaciones a la norma.
La ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 21 de diciembre.
Las fracciones parlamentarias de oposición también coincidieron en la necesidad de presentar una acción de inconstitucionalidad.
El pasado 16 de enero, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de México anunció la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior, al considerar que vulnera el derecho de acceso a la información.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), Human Rights Watch y Amnistía Internacional son algunos grupos que desde el exterior del país han alertado que la Ley de Seguridad garantizará más violaciones a derechos humanos, desapariciones forzadas y ejecuciones extraoficiales.
La iniciativa #SeguridadSinGuerra llamó a los ciudadanos a enviar una carta al Presidente Peña Nieto para exigirle que vete la Ley que él mismo envió al Congreso, igual que lo hizo secretario general de Amnistía Internacional (AI), Salil Shetty. “Tenemos poco tiempo para probar si el Presidente es capaz de cumplir su palabra y llamar a un diálogo más amplio y serio”, dice un boletín que circula en redes sociales.
En una carta abierta a Peña Nieto, Salil Shetty, reiteró que la Ley, sin duda alguna, no hará más que aumentar la larga lista de violaciones graves a los derechos humanos en México, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas. En un nuevo pronunciamiento, la ONU-DH señaló que el Poder Ejecutivo aún tiene la posibilidad de materializar su propio llamado y evitar la entrada en vigor de la Ley.
Además, en un video, el actor Damián Alcazar criticó al mandatario y los legisladores por aprobar la Ley sin tener criterio, y mandó una reflexión: “Imagínese que los ciudadanos pudiéramos lograr que la Marina salga a buscar y matar a todos los políticos y funcionarios corruptos que son los que están desangrando al país”.
Ciudad de México, 18 de diciembre (EFE/SinEmbargo).- El secretario general de Amnistía Internacional (AI), Salil Shetty, instó hoy al Presidente Enrique Peña Nieto a vetar la polémica Ley de Seguridad Interior, recientemente aprobada por el Congreso y que formaliza el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
“Bajo la vaga e indeterminada frase ‘seguridad interior’, la ley no hace más que esconder un esfuerzo concertado y peligroso de mantener a las fuerzas armadas en labores que deben corresponder a las Policías”, expresó el secretario general en na carta abierta.
Shetty instó a Peña Nieto– en nombre de una organización que representa un movimiento de más de 7 millones de personas en todo el mundo– a vetar la Ley de Seguridad Interior que fue aprobada en el Congreso el pasado viernes.
AI es uno de las voces internacionales que se encuentra “enormemente preocupada que la implementación de esta ley”, indicó el texto.
“Sin duda alguna, no hará más que aumentar la larga lista de violaciones graves a los derechos humanos en México, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas”, agregó.
Esto a pesar de que la evidencia demuestra que esta estrategia “ha fallado en brindar seguridad durante más de una década”, cuando se desplegaron militares en las calles de México en el marco de la llamada guerra contra el narcotráfico del entonces Presidente Felipe Calderón (2006-2012).
En un visita a México hace cuatro años, Shetty ya alertó al Presidente sobre la estrategia militarizada.
“El número de militares desplegados en tareas de seguridad pública ha aumentado de manera significativa durante el actual periodo presidencial. Este aumento no ha contribuido a una disminución del delito en el país”, refirió la carta.
El año 2017 terminará como el año más violento de la actual administración, y vislumbra registrar la tasa de homicidio más alta en por lo menos una década.
“Esto es un momento de agonía para los y las ciudadanos mexicanos, quienes han sido ignorados por un Congreso que, de manera intencional, ha hecho caso omiso del clamor público alrededor de esta ley. Si el presidente decide firmar esta legislación, estaría poniendo en riesgo los derechos humanos de millones de personas,” dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI.
Finalmente, AI pidió a los candidatos y las candidatas para la elección presidencial de 2018 que pidan al presidente Peña Nieto el veto de la ley.
El nuevo ordenamiento ha causado gran controversia. Mientras para algunos es una forma de regular el papel de los militares en actividades que llevan realizando una década, para otros perpetúa su presencia en las calles en un país con 150 mil muertes vinculadas al crimen organizado en ese lapso y más de 30 mil desaparecidos.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reiteró la necesidad de que el Estado mexicano ponga en práctica medidas que atiendan realmente la crisis de violencia que vive el país, combatan las graves violaciones de derechos humanos y erradiquen la impunidad que reproduce la criminalidad.
En un nuevo pronunciamiento, la ONU-DH señaló que el Poder Ejecutivo aún tiene la posibilidad de materializar su propio llamado y evitar la entrada en vigor de la Ley.
Asimismo, lamentó que el Proyecto de Ley se haya aprobado de forma aislada sin hacerse cargo integralmente de los serios desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad y justicia.
“El Proyecto de Ley presenta riesgos al disfrute efectivo de los derechos humanos; no brinda certeza al emplear conceptos imprecisos sobre su marco de operación; genera confusión entre la nociones de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública, y consolida un modelo de seguridad que no ha dado los resultados esperados y ha causado un gran sufrimiento a las personas en el país”, reiteró.
“ENVÍA UN CORREO AL PRESIDENTE”
La iniciativa #SeguridadSinGuerra llamó a los ciudadanos a enviar, igual que lo hizo Salil Shetty, una carta al Presidente Peña para exigirle que frene la Ley que él mismo envió al Congreso.
“Tenemos poco tiempo para probar si el Presidente es capaz de cumplir su palabra y llamar a un diálogo más amplio y serio”, dice un boletín que circula en redes sociales.
#SeguridadSinGuerra comparte dos correos electrónicos a los que los ciudadanos pueden enviar sus exigencias sobre la Ley: [email protected] y [email protected].
Este domingo, tras la aprobación de la Ley, cientos de ciudadanos, activistas y opositores protestaron, en un intento por llegar a la Residencia Oficial de Los Pinos, para exigirle al mandatario federal que vete la Ley de Seguridad Interior.
“Peña, fascista, veta la ley golpista” y “Queremos paz, queremos paz, contra la guerra y la impunidad, queremos paz” eran algunos de los lemas que coreaban los manifestantes, en su gran mayoría jóvenes, durante el trayecto de casi cuatro kilómetros.
La portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Elisabeth Throssell, calificó el viernes de “lamentable” la aprobación e indicó que la posición del Alto Comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, es que el principal defensor de la seguridad nacional debe ser la Policía no las Fuerzas Armadas.
También el viernes, el grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano anunció que presentará en la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad contra la ley, al considerar que “esconde la intención de militarizar el país”.
A su vez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reiteró el sábado su “preocupación porque el contenido de la Ley de Seguridad Interior contravenga o propicie que se vulneren los derechos humanos” y anunció que estudiará presentar por su parte una acción de inconstitucionalidad.
Pese a la oposición, un sondeo reveló el jueves que 59 por ciento de los mexicanos apoyan que los militares participen legalmente y de manera continua en seguridad pública, al considerar que están mejor preparados.
La debilidad de las policías municipales, a menudo faltas de recursos o coludidas con criminales, es una de las razones que alegan quienes favorecen la presencia de militares en las calles.
El actor Damián Alcazar mandó a través de un video un mensaje al Presidente de la República, a quien le recordó que para la aprobación de la Ley no se tomó en cuenta al principal afectado: el ciudadano.
“Ustedes acaban de imponer una nueva ley, la Ley de Seguridad Interior, los soldados nunca han respetado los derechos humanos […] eso esta registrado por la historia, nosotros los ciudadanos no estamos de acuerdo que el ejercito salga a las calles […] porque a los únicos que amedrenta con su prepotencia y sus armas listas para disparar es a los ciudadanos los delincuentes no están a la vista”, expresó Alcázar.
El también activista acusó a Peña Nieto y sus funcionarios de que, “sin criterio propio”, avalaron la acción del ejército en las calles aun en contra de los ciudadanos.
“Imagínese que los ciudadanos pudiéramos lograr que la Marina salga a buscar y matar a todos los políticos y funcionarios corruptos que son los que están desangrando al país, que verdaderamente son los culpables de la situación de los valores humanos que están en crisis ¿verdad que le haríamos un bien al país?”, cuestionó el actor.
Los sacerdotes Alejandro Solalinde, Raúl Vera (Saltillo) y Salvador Rangel (Chilpancingo) repudiaron la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, al considerar que los legisladores hicieron caso omiso a las advertencias de organismos defensores de derechos humanos, y que la estudiaron sólo durante 12 horas, y que, aunque algunos estados, como Guerrero, ya están militarizados, la violencia sigue al alza.
Chilpancingo/Saltillo/Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo/Vanguardia/El Sur).- La Ley con la que el Estado mexicano pretende contener la violencia en el país ha atraído la atención incluso de miembros de la Iglesia católica, que condenaron a los legisladores que la aprobaron sin siquiera revisarla detalladamente.
La Ley de Seguridad Interior fue aprobada el pasado viernes– en sólo 12 horas de discusión– con 71 votos a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados del Acción Nacional (PAN) y del Verde Ecologista de México (PVEM); hubo 34 legisladores de la oposición en contra y tres abstenciones.
La propuesta de Ley fue enviada por el mismo Presidente Enrique Peña Nieto y durante meses causó controversia al otorgar a la Marina y el Ejército facultades en materia de seguridad pública, lo cual agravará las violaciones a derechos humanos y ejecuciones extraoficiales, como alertaron durante semanas activistas y organizaciones nacionales e internacionales.
El sacerdote y activista Alejandro Solalinde Guerra ha sido una de las voces más representativas en contra de la Ley de Seguridad.
En cuenta de Twitter, el defensor de los derechos de los migrantes expresó: “Me niego a creer que en el PRI no haya personas honestas, que amen a México y reconozcan el daño que nos hará la Ley de Seguridad Interior, a la ciudadanía, a las mismas fuerzas armadas, a los derechos humanos”.
Asimismo, urgió a aquellos legisladores priistas que están en contra de la aprobación de la Ley a que se pronuncien.
En tanto, el Obispo de Saltillo (Coahuila), Raúl Vera López, señaló en su homilía del domingo que la Ley recién aprobada “sí se puede echar abajo”, pues carece de sustentos.
“La Ley se puede echar abajo. Estos bárbaros senadores empezaron a las tres de la tarde y terminaron a las seis de la mañana aprobando esta porquería; vamos a echar abajo esa Ley. La Constitución Mexicana es la base de todos los derechos que tenemos”, expresó.
“No tiene sustento… si el Consejo de Derechos Humanos, no sólo el Alto Comisionado, y ex miembros del Consejo que conocen México están de acuerdo; tampoco la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la acepta, ni Amnistía Internacional. Yo dirijo dos centro de derechos humanos y no estamos a favor”, puntualizó el Obispo.
Raúl Vera criticó que el Congreso de la Unión tome decisiones tan importantes a fin de año y cuando se aproximan las elecciones presidenciales.
“Ya se van y han hecho pedazos al país con sus reformas estructurales. La sociedad está muy enojada y se quieren ‘proteger’. ¿Qué reflexión puede tener que a unos tipos, que sólo en 12 horas ‘estudiaron’ y aprobaron la Ley, y los ponen a votar a las 06:00 de la mañana? Felipe Calderón firmó la extinción de Luz y Fuerza del Centro a las 11:00 de la noche en su casa. Esas son las costumbres de los políticos mexicanos”, agregó.
Vera López también aseguró que la polémica propuesta de Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), de dar amnistía a criminales es una práctica que ejerce el Estado mexicano desde hace años.
“¡[Los criminales] ya tienen amnistía, por amor de Dios! Y [el Gobierno] los tienen en impunidad total. Eso ni discutirlo. [Por ejemplo], ‘El Chapo’ entró y salió de los penales, y mientras están en los penales tienen todos los privilegios”, afirmó.
Para el Obispo de Chilpancingo (Guerrero), Salvador Rangel Mendoza, es curioso que en el año que más militares llegaron a la entidad, más ejecuciones se registraron.
Rangel Mendoza consideró de suma importancia que los militares y marinos sean capacitados para no violentar los derechos humanos de los ciudadanos, “que también se les debe de hacer sentir que custodiar a la comunidad es algo, para que se basen en esa motivación”.
“Yo insistiría en el cumplimiento de esa responsabilidad, presentarnos a quien miran mejor capacitados y mejor proyecto para que la ciudadanía miremos, escuchemos y en mera liberar cada uno exprese su decisión en torno a lo que ha percibido o expuesto”.
Lamentó que el 2017 esté cerrando con una tasa de criminalidad “altísima” y que Guerrero ocupe uno de los primeros lugares. “Por más que se ha querido militarizar o se militarizó el estado, con la Policía Federal, la Marina, el Ejército, la criminalidad va al alza.
“Yo digo que metiendo soldados a las calles, la Marina y federales no se va a arreglar (la violencia), tiene que haber un diálogo, un acercamiento, de cómo tratar que eso baje la criminalidad, el secuestro, porque al último la que está perjudicada es la gente, a veces gente inocente”, sostuvo.
Por lo tanto, reiteró que no está de acuerdo con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que lo que siempre ha abogado es que se preparen mejor a las policías federales, municipales y estatales, que se les capacite mucho mejor.
“En las elecciones incluso yo temo hasta un golpe de Estado, por eso yo no estoy de acuerdo que se militarice y luego no soy yo, es la ONU, son los de los derechos humanos, grandes personajes. Ojalá que el presidente de la República (Enrique Peña Nieto) escuche otras voces, escuche, porque eso de aprobarse la ley en el Senado, a una hora y a vapor, eso no le conviene a nadie”, agregó.
Finalmente, hizo un llamado a legisladores de todos los políticos para que sus candidatos no cometan actos de corrupción o realicen malos gobiernos, pues, dijo, es su responsabilidad mirar la realidad que se vive y ver cómo se responde a la situación concreta de la construcción del bien común.
-Con información de Mariana Labastida (El Sur) y Christian Martínez (Vanguardia).
El Partido Acción Nacional (PAN) lamentó que la Ley de Seguridad Interior se aprobara sin tomar en cuenta las opiniones de los especialistas y organizaciones en derechos humanos, como la del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Morena, que pretende impugnar la Ley, señaló que esta debió dar claridad para que las Fuerzas Armadas salgan de las calles y regresen a los cuarteles como mecanismos para salvaguardar la seguridad pública.
Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).- Organizaciones civiles, ciudadanos y políticos opositores marcharon este día en la capital del país para exigir al Presidente Enrique Peña Nieto que vete la Ley de Seguridad Interior, aprobada por el Congreso el pasado viernes.
La marcha partió a las 12:00 horas de la Estela de Luz, en Paseo de la Reforma, y se dirige a la Residencia Oficial de Los Pinos, donde pedirán al mandatario federal detener la le Ley de Seguridad, propuesta por él mismo.
“Ya basta de hacernos la guerra a nosotros mismos”, “Senadores fascistas, la patria es primero” y “No a la ley golpista” fueron algunas consignas que se leían en los carteles de los manifestantes.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos reportó en su cuenta de Twitter que la protesta fue frenada por un cerco policial. “Esta es la respuesta de un gobierno que hace oídos sordos a sus representados, a expertas/os y organismos internacionales de derechos humanos”.
Cerco policiaco en Reforma contra manifestantes. Foto: Twitter @CMDPDH
En tanto, el Partido Acción Nacional (PAN) lamentó este día que la nueva Ley de Seguridad Interior no refleje las opiniones de los especialistas en derechos humanos, como la del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“El debate en el tema debió tener como eje central el fortalecimiento de las policías civiles de todo el país y el respeto a los derechos humanos; se debieron escuchar los llamados de la sociedad civil y de organizaciones expertas, como el que esta mañana hizo la Organización de las Naciones Unidas”, dijo el nuevo presidente nacional del blanquiazul, Damián Zepeda Vidales.
El dirigente panista reconoció la actitud de la mayoría de los diputados de los partidos que integran la Coalición “Por México al Frente”, quienes, dijo, con el objetivo de emitir su aprobación y propiciar una mayor reflexión trataron de impedir que se llevara a cabo la sesión del pasado viernes, así como de los senadores que defendieron la postura.
“Es un tema muy delicado que debió abordarse con mayor cuidado. Es lamentable que la ley que se aprobó de forma precipitada el día de hoy no refleje las importantes opiniones de las organizaciones de derechos humanos”, agregó.
Zepeda Vidales insistió en que la forma de aprobar la legislación confirma el autoritarismo del partido gobernante, el Revolucionario Institucional (PRI), mismo que ni siquiera dejó revisar con tiempo los cambios que venían en la minuta del Senado.
Por su parte, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aseguró que impulsará todos los mecanismos jurídicos para impugnar la Ley de Seguridad Interior, ya sea en una acción de inconstitucionalidad o acudiendo a instancias internacionales.
Horacio Duarte Olivares, presidente de Morena en el Estado de México y representante ante el Instituto Nacional Electoral (INE), consideró que esta norma es un retroceso en términos de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos.
“Es lamentable que los priístas y un grupo panista en el Congreso hagan leyes que impulsen la represión, así como la violación de los derechos humanos”, afirmó.
Señaló que la Ley debió dar claridad para que las Fuerzas Armadas salgan de las calles y regresen a los cuarteles como mecanismos para salvaguardar la seguridad pública.
A pesar de ello, dijo que los mexicanos saldrán a votar en 2018 sin recurrir a las movilizaciones más allá de la intentona de mantener al Ejército en labores civiles o de usarlo con fines políticos.
“El Gobierno quiere enviar una señal de dureza, pero tiene que ser derrotada por la mayoría de los ciudadanos”, refirió.
Rechazó que los electores se vayan a intimidar, porque saben distinguir los proyectos de cada fuerza política, sobre todo cuando el priísmo y sus aliados atentan contra los derechos de la sociedad.
A la Ley de Seguridad Interior le sigue un camino de acciones de inconstitucionalidad, así lo vaticinan diputados federales opositores a esa legislación, quienes apuestan por derrumbar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la Ley que da facultades al Ejército para realizar tareas de seguridad pública.
Los ojos de las organizaciones civiles y de las instancias internacionales que han condenado los riesgos que representa la aprobación hecha hoy por la Cámara de Diputados se encuentran en los legisladores que pueden presentar estos recursos legales.
Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).- A la aprobación en la Cámara de Diputados de los cambios hechos en la Ley de Seguridad Interior por el Senado, las fracciones parlamentarias de oposición coinciden en la necesidad de presentar una acción de inconstitucionalidad.
“Estamos en diálogo con los grupos parlamentarios necesitamos 167 firmas y creemos que las podemos lograr si la mayoría PAN, PRD y Movimiento Ciudadano [MC] suman esfuerzos”, dijo José Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador de la bancada de MC.
Al contraataque de las fracciones que conforman el llamado Frente Ciudadano por México, que rechazaron la Ley de Seguridad Interior, también podría sumarse por separado la bancada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
“Es una posibilidad que la ley se caiga en la Suprema Corte, varios juristas así lo han dicho. Habría que ver, lo que importa es promover la acción de inconstitucionalidad”, sostuvo el Diputado federal Vidal Llerenas Morales de Morena.
El acto de inconstitucionalidad que puede solicitar la Cámara de Diputados aún no encuentra fechas. Castañeda indicó que primero el Presidente Enrique Peña Nieto tiene que promulgar la Ley para que se pueda presentar esta acción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La consumación de esta presentación en la Cámara de Diputados oscila sobre el Partido Acción Nacional (PAN). Hoy 11 panistas votaron a favor de los últimos cambios que necesitaba la Ley de Seguridad Interior, en tanto que 95 se ausentaron de la votación.
La votación de los senadores que dio luz verde a la Ley de Seguridad Interior. Foto: Cuartoscuro
El jefe de la bancada blanquiazul Marko Cortés justificó que aún con sin los votos del PAN, el PRI tenía los suficientes como para pasar la ley que regulará las operaciones del Ejército en las calles. De los 262 votos que terminaron por aprobar la ley, 199 fueron del PRI.
“La gran mayoría decidimos no estar presentes en la votación. Igualmente así lo hizo el PRD y MC, que conformamos el frente ciudadano por México porque consideramos que se requeriría fortalecer a las policías de nuestro país”, explicó Cortés.
Hoy la organizaciones del Colectivo Seguridad Sin Guerra acusaron al PRI y a un sector aliado del PAN de darse la espalda a las voces de alerta.
Ante la pregunta expresa sobre si la mayor bancada de oposición apoyará la votación para enviar un acto de inconstitucionalidad a la SCJN, Cortés contestó: “Lo tendremos que revisar con nuestros abogados la pertinencia y los alcances de la misma”.
La Constitución marca que los diputados o senadores tienen 30 días una vez publicada la norma para presentar este acto, en el que se requiere el respaldo de al menos el 33 por ciento de sus integrantes.
El 4 de noviembre del 2016, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados César Camacho Quiroz presentó la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior. Y hoy, más de un año después, en el día de su aprobación final, considera que está blindada de controversial constitucionales, pero no desestima que la acción de inconstitucionalidad llegue a la SCJN.
“A mí juicio dado el apego a la Constitución y a los tratados, [esta Ley] los soporta. Pero la última palabra la tendrá la Suprema Corte. Entendemos de este régimen de pesos y contra pesos, que la Corte tiene un papel fundamental”, dijo Camacho, quien insistió en que la Ley garantiza el respeto a los derechos humanos.
Una visión contraria a la del Colectivo Seguridad Sin Guerra que consideró que el resultado final de la Ley amenaza los derechos humanos, no soluciona los problemas de inseguridad y no cuenta con controles para supervisar un despliegue militar extraordinario.
Ley de Seguridad, en camino a la SCJN. Foto: Cuartoscuro
En 15 días, desde su aprobación el 30 de noviembre en la Cámara de Diputados, los 34 artículos de la Ley de Seguridad Interior fueron aprobados. Castañeda señaló que existe cree que no hay coincidencia entre la aprobación “fast track” con el periodo de electoral que atraviesa el país.
“Yo creo que es una Ley que le urge al Presidente de la República, porque le paga un favor a las Fuerzas Armadas. Segundo, porque podrá disponer de ellas sin contrapesos. Y tercero, porque lo que se asoma en el ambiente electoral es un esquema de mantener una política de miedo sobre la población civil, a eso le va a apostar el PRI”, señaló el jefe de la bancada de Movimiento Ciudadano.
También el Ejecutivo puede presentar una acción de inconstitucionalidad, pero el Presidente Enrique Peña Nieto hizo oídos sordos a los llamados internacionales, recordó el Diputado del Sol Azteca Jesús Zambrano.
Sobre este punto el Colectivo Seguridad sin Guerra refirió ante la inacción presidencial también puede la Comisión nacional de Derechos Humanos puede presentarla, en concordancia con los pronunciamientos hechos en los que advertían su peligro.
Ayer, siete áreas de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas hicieron un llamado al Congreso mexicano para considerar los peligros a los derechos humanos que esconde dar facultades a las Fuerzas Armadas para realizar labores de seguridad en las calles.
“Cualquier nueva Ley de Seguridad debería hacer hincapié en el papel primordial de las autoridades civiles, principales responsables de proteger los derechos humanos mediante la inclusión de estrictos controles”, reza el comunicado.
Los diputados dijeron que alimentarán la acción de inconstitucionalidad por lo expuesto en los órganos nacionales e internacionales.
Hoy, el Colectivo Seguridad Sin Guerra demandó activar controles sobre el papel del Ejército.
Lucía Chávez, coordinadora del área de investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), refirió que la emisión de un estado de Seguridad Interior va mucho más allá de lo que ya estaba previsto en el artículo 29 de la Constitución, en el que se prevé la suspensión de garantías.
Asimismo, señaló que la Ley perpetua la presencia de los militares en tareas que no le corresponden.
“El articulado de la Ley es que podría determinar a hacer acciones a Seguridad Interior que en realidad son acciones a brindar apoyo a seguridad pública. El Concepto de Seguridad Interior es inventado y no tiene que ver con tener militares haciendo acciones de seguridad pública”, destacó Chávez.
Las organizaciones civiles coincidieron en que la designación que hará el Ejecutivo, junto a la Secretaría de la Defensa y Marina, de un Comandante para dirigir las acciones de seguridad interior en un lugar y plazo no mayor a un año es un importante revés a la democracia.
“El corazón de nuestro cuestionamiento era que la ley modifica en 180 grados lo que debería ser una democracia y un Estado de Derechos. Donde los militares están bajo mando de los civiles. A esta regla se le dio un giro, para quedar al revés, son los militares ahora quienes van a tener el mando”, reclamó Edgar Cortés Morales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).
El 8 de diciembre, Peña Nieto llamó a los senadores a incluir todas las voces. Un proceso que Camacho aseguró que se cumplió al aprobar esta ley. No obstante, las organizaciones calificaron a los legisladores de cerrarse a sus propuestas.
Chávez indicó que las discusiones carecieron de sustento técnico.
“Hicimos señalamientos en todos los artículos que tiene la Ley, en particular el 20, y fue uno de los que no se movió [en las discusiones del Senado]. La conclusión fue que hubo simulación. Ningún Senador a favor se prestó a hacer un debate técnico, sino político”.
El proyecto de Ley de Seguridad Interior es ambiguo y contiene una definición excesivamente laxa de las situaciones en que las autoridades podrían usar la fuerza, incluso en el contexto de movilizaciones de protesta, alertó un grupo de expertos del Consejo de Derechos Humano de la ONU. Y aún así, se prevé que este día el Senado apruebe dicho dictamen.
“Resulta muy alarmante que una iniciativa legislativa de tal envergadura– con un impacto potencial tan profundo en los derechos humanos–se lleve a cabo de una manera precipitada y sin la participación adecuada de víctimas de violaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos de derechos humanos y organismos internacionales”, resaltaron los expertos.
Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).- Expertos del Consejo de Derechos Humanos de la Organización Nacional de Unidas (ONU) expresaron este día su preocupación por la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que supone “un riesgo para los derechos humanos” al carecer de “mecanismos sólidos de control” en las Fuerzas Armadas.
El dictamen de la Ley de Seguridad Interior fue aprobado ayer en el Senado en las Comisiones Unidas de Defensa, Estudios Legislativos, Marina y Gobernación pese a que ciudadanos, activistas y políticos opositores pidieron extender el diálogo y realizar audiencias públicas.
Los 20 senadores que decidieron por 119 millones 530 mil 753 mexicanos –que es la población que se calcula hasta 2015, tomando en cuenta el Censo de 2010– son los siguientes:
1. Roberto Gil Zuarth (PAN)
2. Jorge Luis Preciado (PAN)
3. Fernando Torres Graciano (PAN)
4. Sandra Luz García Guajardo (PAN)
5. Ricardo Barroso Agramont (PRI)
6. Marcela Guerra Castillo (PRI)
7. José María Tapia Franco (PRI)
8. José Marco Antonio Olvera Acevedo (PRI)
9. Miguel Ángel Chico Herrera (PRI)
10. Esteban Albarrán Mendoza (PRI)
11. Carlos Romero Deschamps (PRI)
12. María Cristina Díaz Salazar (PRI)
13. Patricio Martínez (PRI)
14. Joel Ayala Almeida (PRI)
15. Manuel Cavazos (PRI)
16. Francisco Yunes (PRI)
17. Ernesto Gándara (PRI)
18. Gerardo Sánchez García (PRI)
19. María Verónica Martínez Esponiza (PRI)
20 Carlos Alberto Puente Salas (PVEM)
A las 11:00 horas de este jueves, se prevé que el Senado apruebe el proyecto de ley– enviado por el Presidente Enrique Peña Nieto–, ignorando a las peticiones de la sociedad civil y a los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales.
En un pronunciamiento emitido este día, expertos internacionales de la ONU instaron, una vez más, al Estado mexicano a rechazar el proyecto de Ley de Seguridad Interior, advirtiendo que dar a las Fuerzas Armadas un papel de liderazgo en materia de seguridad podría debilitar la protección de los derechos humanos.
“Nos preocupa que el Proyecto de Ley otorgue a las Fuerzas Armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles”, señalaron.
El pronunciamiento es emitido por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; el Relator Especial sobre el derecho a la privacidad; el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; y el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.
El grupo de expertos enfatizó que “el proyecto de Ley carece de mecanismos sólidos de control que garanticen que las operaciones se lleven a cabo con pleno respeto de los derechos humanos”. Además, indicó, no prevé que las actividades de inteligencia se realicen con la debida supervisión civil y judicial, y, al categorizar toda la información resultante de la aplicación de la ley como de Seguridad Nacional, la excluye de las leyes de transparencia apartándola del escrutinio público.
Los expertos coincidieron en que es muy alarmante que una iniciativa legislativa de tal envergadura– con un impacto potencial tan profundo en los derechos humanos–se lleve a cabo de una manera precipitada y sin la participación adecuada de víctimas de violaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos de derechos humanos y organismos internacionales.
Cualquier nueva ley de seguridad debería, insistieron, hacer hincapié en el papel primordial de las autoridades civiles, principales responsables de proteger los derechos humanos mediante la inclusión de estrictos controles.
“[Los legisladores] también deberían prever la capacitación y el fortalecimiento adecuados de las fuerzas policiales y la investigación pronta, independiente e imparcial de todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos”.
El grupo recordó que, durante años, la ONU ha emitido recomendaciones al Estado mexicano para que se restrinjan las funciones de las Fuerzas Armadas a las propias de su misión, y que se investigue y sancione debidamente a los miembros que hayan cometido violaciones de derechos humanos, incluidos numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, incluyendo la violencia sexual, y otras formas de malos tratos.
Como ejemplo, mencionaron la recomendación formulada en 2011 por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, en la que se solicitó que las Fuerzas Armadas se retiraran de las operaciones de seguridad pública.
Esta recomendación se dio tras el alarmante número de víctimas por la participación de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad interior en todo el continente, y la cual ha estado asociada a la práctica sistemática y generalizada de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, la mayoría de las cuales se han mantenido en la impunidad.
La guerra contra las drogas en México, lanzada por el entonces Presidente panista Felipe Calderón Hinojosa, sacó al Ejército a las calles en diciembre de 2006 y ha provocado más de 200 mil muertos hasta hoy, así como otras miles de víctimas de tortura y desaparición forzada.
El proyecto de Ley de seguridad Interna que hoy se somete a consideración de las comisiones dictaminadoras del Senado, después de haber sido aprobado por los diputados el 30 de noviembre, establece los parámetros para la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, y ha sido criticado por organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Este miércoles, el actor Diego Luna ofreció una rueda de prensa en la Cámara alta donde pidió a los senadores que se escuche a las “voces calificadas” para no repetir los mismos errores que se cometieron en Argentina o en otros países de Centroamérica. “La militarización de un país no es la solución”, sentenció.
México, 13 dic (EFE).- El actor mexicano Diego Luna hizo hoy un llamado para que los ciudadanos no se queden “con los brazos cruzados” ante la posible aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que está siendo discutida en el Senado, y pidió que se cree una norma “a la altura” del contexto que atraviesa el país.
Acompañado por integrantes del movimiento Seguridad sin guerra, el actor ofreció una rueda de prensa en la Cámara alta en la que llamó a la acción porque el país lleva once años -momento en el que inició la llamada guerra contra las drogas emprendida por el expresidente Felipe Calderón- “viviendo en el horror”.
El proyecto de ley que hoy se somete a consideración de las comisiones dictaminadoras del Senado, después de haber sido aprobado por los diputados el 30 de noviembre, establece los parámetros para la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, y ha sido criticado por organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Luna matizó que “no se trata de detener las cosas para que no haya una ley”. El cambio, resaltó, es necesario, pero tiene que venir acompañado de la “pluralidad”.
“Creo que los militares de este país, los policías, los ciudadanos, todos merecemos una ley a la altura de lo que estamos viviendo”, mencionó, en referencia a que este año previsiblemente cerrará, según cifras oficiales, como el más violento desde la llegada al poder del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Pidió a los senadores que se escuche a las “voces calificadas” para no repetir los mismos errores que se cometieron en Argentina o en otros países de Centroamérica. “La militarización de un país no es la solución”, sentenció.
“Todos queremos vivir en un país donde no nos dé miedo viajar, recorrerlo por las noches, donde les podamos decir a nuestros hijos ‘sí, sal al parque, no pasa nada’; yo quiero ese país”, argumentó.
El actor recordó que hay numerosos pronunciamientos a favor de detener un “proceso acelerado que lo único que hace es levantar sospechas”.
“Simplemente es un llamado a la cordura, a que piensen (los políticos) un poquito en quiénes representan, y no lo que les va a pasar el año próximo en las elecciones”, apuntó Luna.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidieron hoy de forma “urgente” al Estado no aprobar el proyecto de ley y abrir un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad en el país.
“Aún cuando se han hecho públicos algunos cambios que se aplicarían al proyecto de ley (…), sigue presentando aspectos altamente preocupantes para la vigencia y respeto de los derechos humanos en México”, resaltaron las instituciones.
La ONU y la CNDH consideraron que no existen las condiciones propicias para aprobar la Ley de Seguridad Interior durante el proceso legislativo que termina el próximo viernes 15 de diciembre, por lo que exhortaron al Senado a que amplíen el debate y discusión a efecto de prevenir situaciones que actualicen o propicien que se vulneren los derechos humanos al amparo de la ley antes mencionada.
En los últimos días, el Senado, en donde se discute la Ley de Seguridad Interior que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y una parte del Acción Nacional (PAN) pretenden aprobar, ha estado resguardado por agentes de la Policía Federal y de la capitalina.
Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).- Organizaciones de los colectivos #SeguridadSinGuerra y #FiscalíaQueSirva se pronunciaron esta mañana en contra de las dictaminaciones exprés de Ley de Seguridad Interior y la Fiscalía General de la República.
La semana pasada, el Presidente Enrique Peña Nieto solicitó al Senado escuchar las posiciones contrarias a la Ley de Seguridad Interior, sin embargo, organizaciones civiles y políticos opositores acusaron al Estado mexicano de simulación en el proceso.
“Me parece que lo que está sucediendo ahorita de abrir el micrófono para que las organizaciones habláramos es un mero trámite para salir a decir ‘les dimos el espacio’. Pero no hicieron ningún cambio de fondo”, dijo Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
Hoy, las comisiones de Defensa Nacional, Estudios Legislativos Segunda, Gobernación y Marina están convocadas para discutir un dictamen sobre la ley de Seguridad Interior en el que se modificaron nueve artículos a lo aprobado en la Cámara de Diputados.
“Lo que nos deja ver la clase política es que ellos ya tenían armado un plan de impunidad. Y trataron de hacernos creer de que los temas estaban separados, cuando ya lo tenían armados y permitir que avanzará el tema de justicia y un sistema autoritario de militarización en el país”, puntaulizó Delgadillo.
El actor Diego Luna, quien ha sido una voz importante en estos movimientos, señaló que la ley debería detallar un plan de regreso de los castrenses a los cuarteles, así como una propuesta de regulación jurídica de su actuar en las calles que no ha quedado claro.
“Yo no quiero vivir en un país donde los derechos humanos no son prioridad”, dijo Luna, quien aseguró que una minuta aprobada “en lo oscurito y en chinga” levanta sospechas. “No podemos repetir los errores que se han cometido en Centroamérica y en Argentina”.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD), así como la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional–Partido del Trabajo (Morena-PT), han desechado la minuta de Seguridad Interior.
“La fracción del PRD no participó en los 9 cambios”, dijo el Senador Luis Sánchez Jiménez , quien propuso que se abra la discusión en comisiones a la participación de las ONGs e instituciones de derechos humanos.
Sin embargo, los partidos de izquierda saben que no cuentan con la mayoría para frenar la iniciativa. “ El PRI y Verde nunca han tenido mayoría simple, y no la tendrían sino fuera por parte de la bancada del PAN”, acusó el legislador.
En lo que respecta a la Fiscalía General, ayer dictaminó el proyecto en la Comisión de Justicia con el único cambio de la eliminación del pase automático del titular de la Procuraduría General de la República.
Sin embargo, sin una modificación al artículo 102 constitucional, la Fiscalía seguirá careciendo de autonomía, indicó la Senadora Ángelica de la Peña del PRD.
“Lo mismo nos pasa con la fiscalía una simulación. Estuvimos aquí presentando el dictamen ciudadano, todos los partidos se tomaron la foto con nosotros. Y a que se reduce, a quitar el pase automático, ¿eso de qué nos sirve? Nos quieren llevar al fortalecimiento del Ejército y debilitamiento de instituciones”, dijo Delgadillo.
Los Colectivos hicieron una convocatoria a la sociedad civil para manifestarse hoy por estos temas a las 19 horas en el Ángel de la Independencia con rumbo al Senado de la República.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hicieron un nuevo llamado “al Estado mexicano” y al Senado para que se abstenga de aprobar el proyecto de la Ley de Seguridad Interior.
En un comunicado conjunto, las organizaciones instaron a los legisladores a abrir un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad que debe regir el país bajo un esquema que, sin inhibir la actuación legítima del Estado, “preserve y garantice los derechos fundamentales de las personas”.
La ONU y la CNDH refirieron que a pesar de que se han hecho algunas modificaciones al proyecto de ley– enviado por el Presidente Enrique Peña Nieto y aprobado en la Cámara de Diputados– este sigue presentando aspectos altamente preocupantes para la vigencia y respeto de los derechos humanos en México.
“La vasta mayoría de las observaciones hechas al proyecto original se mantendrían vigentes en tanto las eventuales modificaciones no implicarían cambios sustantivos”, señalaron.
Además, agregaron, las observaciones son de tal envergadura, y las voces en contra que se han manifestado, de tal diversidad, que resulta indispensable la materialización de una deliberación amplia, honesta e inclusiva que atienda de manera efectiva los múltiples señalamientos formulados, en el marco del respeto a la dignidad humana.
Finalmente, ambos organismos consideraron que no existen las condiciones propicias para aprobar el proyecto de ley durante el proceso legislativo que termina el próximo viernes 15 de diciembre, por lo que exhortaron al Senado a que amplíen el debate y discusión a efecto de prevenir situaciones que actualicen o propicien que se vulneren los derechos humanos al amparo de la ley antes mencionada.
Ayer, los colectivos #SeguridadSinGuerra y #FiscalíaQueSirva convocaron a marchar este día del Ángel de la Independencia al Senado de la República, con el fin de levantar la voz por la paz.
Se prevé que la hora de partida para dar arranque con la marcha “Velada por la paz” será a las 19:00 horas. Los colectivos pidieron a los asistentes que lleven veladoras para hacer con ellas una clausura simbólica.
En los últimos días, el Senado, en donde se discute la Ley de Seguridad Interior que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y una parte del Acción Nacional (PAN) pretenden aprobar, ha estado resguardado por agentes de la Policía Federal y de la capitalina.
La organización Artículo 19 emprendió una campaña en redes sociales para denunciar que la Ley de Seguridad Interior “es opaca, permite el espionaje, la intervención militar arbitraria y vulnera los derechos humanos”.
La guerra contra las drogas, lanzada por el entonces Presidente panista Felipe Calderón Hinojosa, sacó al Ejército a las calles en diciembre de 2006 y ha provocado más de 200 mil muertos hasta hoy.
El colectivo #SeguridadSinGuerra propone que el dialogo nacional sobre seguridad ciudadana se lleve a acabo los días 23 y 24 de enero de 2018 en la Ciudad de México.
Foto: TW @Ambulante
Ciudad de México, 12 de diciembre, (SinEmbargo).- Diego Luna, Gael García, El Alto Comisionado de la ONU, Jan Jarab, y el Colectivo #SeguridadSinGuerra, entre otros protestaron el día ayer a fuera del Senado de la República en contra de la Ley de Seguridad Interior.
Durante la protesta se leyó la Convocatoria Diálogos para la #SeguridadSinGuerra, convocada por el Colectivo #SeguridadSinGuerra, que tiene como objetivo la construcción de una agenda legislativa que permita avanzar a un modelo se seguridad no militarizado y compatible con la Constitución, la elaboración de una propuesta legislativa de regulación de las Fuerzas Armadas así como la creación de una mesa técnica que represente a ambas partes dialogante.
“Un país sano es donde las voces en contra se escuchan donde los argumentos se debaten y aquí parece que el debate es solo una simulación, no invitaron a un debate que parece que iba a durar el tiempo necesario, y ahora solo parece que va durar un día […] espero que con la presión de todos cambie”, señaló Diego Luna.
Se propone que el dialogo nacional sobre seguridad ciudadana se lleve a acabo los días 23 y 24 de enero de 2018 en la Ciudad de México.
Para tal caso están convocados los representantes de los partidos políticos, el Secretario de Gobernación, Integrantes de las Comisiones de la Cámara de Diputados, un representante de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos así como representantes del Colectivo #SeguridadSinGuerra.
Además se presentó el documental “La libertad del diablo” de Everardo Gonzalez que trata sobre los daños que provoca la intervención de la Fuerza Armada en la sociedad.
Por su parte el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Jan Jarab, señaló que la Ley de Seguridad Interior es una idea equivocada y refutó que fue un error el haber enviado a los militares a las calles hace 11 año.
Los gobernadores de Durango, Guerrero, Colima, Tlaxcala, Querétaro, Jalisco, y San Luis Potosí urgieron a los senadores a aprobar la controvertida Ley de Seguridad Interior que ha recibido críticas por parte de expertos y organismo internacionales de derechos humanos, así como de grupos civiles nacionales y extranjeros.
Académicos de la UNAM y de la Ibero dieron a conocer cartas en las que manifiestan su rechazo a la minuta tal cual está redactada y piden profundizar el análisis debido a que consideran que abre la puerta a violaciones a las garantías de los mexicanos.
En tanto, decenas de organizaciones de la sociedad civil dijeron en una carta que dada la trascendencia de la discusión que está teniendo lugar, “reiteramos nuestro llamado a que no aprueben la Ley de Seguridad Interior pues existe un amplio consenso internacional, regional y nacional sobre los riesgos de las propuestas albergadas en la minuta” (VER DOCUMENTO AL FINAL).
Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).– Gobernadores de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional respaldaron este día la Ley de Seguridad Interior, mientras que académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Iberoamericana alertaron sobre posibles violaciones a los derechos humanos.
Senadores se reunieron este día con los mandatarios de Durango, José Rosas Aispuro; Guerrero, Héctor Astudillo; de Colima, José Ignacio Peralta; de Tlaxcala, Marco Mena; de Querétaro, Francisco Domínguez; de Jalisco, Aristóteles Sandoval, y de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, y de la Ciudad de México, Miguel Ángel mancera Espinosa.
El Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, aseguró que la Ley de Seguridad Interior “ha generado controversia, pero su servidor cree que es conveniente, con los arreglos que se puedan consensuar, salga adelante en beneficio de las mexicanas y los mexicanos”.
Marco Mena, mandatario de Tlaxcala, sostuvo que “es impostergable que se deba aprobar la ley” y aseguró que “a los estados nos pone en la vía de fortalecer a nuestras policías”.
A su vez, el Gobernador de Colima, Ignacio Peralta, apuntó que “ley no buscaría sustituir a las autoridades civiles y menos militarizar al país, sino establecer una adecuada coordinación entre los tres órdenes de Gobierno para enfrentar el reto de la seguridad interior”.
Y agrego que “por ningún motivo estaríamos de acuerdo con que se invadan las esferas de competencia de lo que nos corresponde a las autoridades locales e intermedias”.
“Nosotros no venimos a renunciar a nuestra responsabilidad constitucional y legal que tenemos en materia de seguridad pública pero habrá que reconocer que el país vive problemas muy complejos que se han originado de años atrás y, hoy en día, la colaboración de las fuerzas armadas, en los temas no de seguridad necesariamente, sino en los temas de seguridad interior, que es algo que sobrepasa las responsabilidades de la seguridad publica, seguirá siendo de los tres órdenes de gobierno”, sostuvo el Gobernador de Durango, José Rosas Aispuro.
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, señaló que el proyecto contiene excesos “que incluso han solicitado las Fuerzas Armadas”.
Directivos y docentes de la Universidad Iberoamericana (IBERO) se pronunciaron este día en contra de la Ley de Seguridad Interior– aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 30 de noviembre–, a la cual calificaron de “ambigua” y “problemática”.
La casa de estudios urgió al Senado de la República atender, antes de aprobar la Ley, las obligaciones de interpretación que tienen en relación con el marco constitucional y convencional de derechos humanos.
Recordó que entre las obligaciones que tiene el Congreso de la Unión en el marco de la expedición de las leyes, se encuentra, necesariamente, realizar un análisis de compatibilidad que nos rige en materia de derechos humanos para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas de Derecho Constitucional en la materia.
“La aprobación de una legislación sobre la seguridad interior que reconoce la posibilidad de realización de tareas de seguridad ciudadana a cargo de las fuerzas armadas no puede, desde ninguna arista, superar los estándares elementales de constitucionalidad/convencionalidad”.
La IBERO señaló que el concepto de “Seguridad Interior” que se discute en el Congreso es ambiguo y problemático, y su empleo diluye la separación que debería existir entre las acciones relacionadas con la seguridad nacional– que se encomiendan a las fuerzas armadas– y las tareas de seguridad ciudadana–que se encomiendan a los cuerpos civiles de la policía–.
“La ley de seguridad interior constituye, desde su concepción, una clara expresión del intento de extender el alcance de las tareas de las fuerzas armadas a la realización de tareas de seguridad pública (ciudadana), a través de una interpretación del concepto de ‘Seguridad Interior’ que no es compatible con el marco constitucional/convencional”, reiteró.
Asimismo, citó a la Constitución Mexicana en su artículo 21, que establece que “las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil”.
“De este modo, la propuesta de Ley de Seguridad Interior vulnera en su concepción y diseño algunos de los principios constitucionales más elementales para la vida de una democracia constitucional. Uno de esos principios es el que se relaciona con la subordinación de las autoridades militares a las autoridades civiles, y que se marca la importancia de que la vida democrática y el ejercicio de las libertades se lleven a cabo en un contexto de normalidad constitucional y sin interferencias”.
Más allá del debate y problemáticas que suscita el concepto e interpretación que pretende darse a la seguridad interior, resultan particularmente preocupante las consecuencias que el diseño de una legislación con este enfoque ocasiona, resaltó la casa de estudios.
Así, explicó, cuando se analiza cuáles son las implicaciones que tiene la realización de tareas de seguridad pública o ciudadana a cargo de las fuerzas armadas, los incentivos para la generación de afectaciones sistemáticas a los derechos humanos están dadas, generando con ello una suerte de estado inconstitucional de cosas.
“La propuesta de Ley de Seguridad Interior no se encuentra orientada al fortalecimiento de las corporaciones civiles de policía y, por el contrario, constituye un importante aliciente para la ‘normalización constitucional’ de ese estado de cosas inconstitucional que se ha mantenido en México desde hace más de una década”, expresó.
Un grupo de académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) coincidió en que la Ley de Seguridad Interior es incompatible con las obligaciones internacionales del Estado mexicano, además de ser “contraria al desarrollo jurisprudencial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
En un pronunciamiento, académicos y especialistas en derecho sobre la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Iniciativa de Ley de Seguridad Interior señalaron que esta vulneraría el equilibrio de poderes al otorgar excesivas facultades al Poder Ejecutivo sin establecer contrapesos del Poder Legislativo o Judicial.
Igual que la IBERO, refirieron que la Constitución Política no faculta al Congreso de la Unión para legislar sobre seguridad interior ni a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo las tareas de seguridad que hoy realizan.
También coincidieron en que la definición de Seguridad Interior es vaga e imprecisa, por lo tanto podría permitir calificar un conjunto muy amplio de conductas como riesgosas a la misma. “La iniciativa incluye diversas definiciones (tales como uso legítimo de la fuerza) que posibilitan al Ejecutivo utilizar a las Fuerzas Armadas con propósitos ambiguos y en un marco amplio de discrecionalidad”.
Los especialistas de la UNAM resaltaron que la iniciativa contiene disposiciones, como la reserva de la información, cuya aplicación violaría garantías procesales, poniendo en riesgo el acceso a la justicia de las víctimas.
CARTA DE ORGANIZACIONES CIVILES
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo. Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.
Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo. Sen. Emilio Gamboa Patrón. Sen. Fernando Herrera Ávila. Sen. Manuel Bartlet Díaz. Sen. Luis Sánchez Jiménez. Sen. Carlos Alberto Puente Salas. Sen. Miguel Romero Medina. Sen. Sonia Mendoza Díaz. Integrantes de la Junta de Coordinación Política.
Sen. María Cristina Díaz Salazar. Presidenta de la Comisión de Gobernación.
Sen. Angélica de la Peña Gómez. Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.
Sen. Ernesto Gándara Camou. Presidente de la Comisión de Seguridad Pública.
Sen. Fernando Torres Graciano. Presidente de la Comisión de Defensa.
Sen. Ricardo Barroso Agramont. Presidente de la Comisión de Marina.
Sen. Benjamín Robles Montoya. Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda.
P r e s e n t e .-
En seguimiento a la interpelación pública que hemos hecho por la preocupación que genera la posible aprobación de una Ley de Seguridad Interior, expresamos lo siguiente:
Hasta el momento, las preocupaciones puntuales que el Dictamen genera no han sido atendidas ni contestadas técnicamente. Como lo señalaron sus respectivos representantes incluso ante el Senado, no se han observado las múltiples observaciones -agrupadas en 14 rubros- formuladas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ni los 10 puntos que propuso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Subsisten preocupaciones específicas y concretas sobre aspectos tan relevantes como la convencionalidad del concepto de seguridad interior; la inexistencia de límites temporales precisos respecto de la vigencia de las declaratorias de afectación a la seguridad interior al preverse la posibilidad de que se soliciten prórrogas ad infinitum sin controles agravados de carácter progresivo (artículo 15); la ausencia de controles adicionales en materia de derechos humanos durante la vigencia de las declaratorias (artículos 7 y 12); y la ausencia de contrapesos legislativos ex post para evaluar los resultados de las declaratorias (artículo 33), por mencionar puntualmente algunos numerales en un esquema meramente enunciativo y no limitativo.
Dada la trascendencia de la discusión que está teniendo lugar, reiteramos nuestro llamado a que no aprueben la Ley de Seguridad Interior pues existe un amplio consenso internacional, regional y nacional sobre los riesgos de las propuestas albergadas en la minuta. Así lo han advertido, cabe señalar, instancias de Estado, como la CNDH y el INAI; organismos intergubernamentales nacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los Relatores sobre Libertad de Expresión tanto de la ONU como de la CIDH, el propio Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tanto a través de su titular Zaid Ra´a Al Hussein como por medio de su representante en México; organismos empresariales, como la COPARMEX; instancias académicas; y organismos civiles de derechos humanos. Aunque el debate sobre el tema ha sido prolongado, en realidad la discusión sobre un Dictamen en concreto apenas lleva una semana, pues la opacidad de la Cámara de Diputados no permitió su conocimiento y revisión previa.
Por la relevancia del tema que nos ocupa, es fundamental que el debate ocurra sin premura, que sea robusto e inclusivo; celebrar reuniones para dialogar sobre la Minuta, para terminar aprobando un Dictamen sin cambios esta semana, no implica realizar un debate serio. El viernes 8 de diciembre de este año, ante las fundadas críticas de la CNDH a la Minuta aprobada por su Colegisladora, el Titular del Ejecutivo y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas se pronunció a favor de ampliar el debate sobre la Ley de Seguridad Interior. En respuesta, ha sido pospuesta la sesión de Comisiones Unidas a la que se había convocado para, previsiblemente, aprobar un Dictamen. Sin embargo, considerando que aún es posible que esta semana intenten sesionar las respectivas Comisiones, pues se ha expresado la determinación de dirimir este asunto antes de que concluya el presente Período Ordinario de sesiones, reiteramos que el debate sobre este tema debe ser genuino y no precipitado. Consideramos que las respectivas discusiones deberían ser abiertas al público, con el máximo de transparencia, en formato de “Parlamento Abierto” y estimamos también que en ellas tendrían que oírse las diversas voces que se han pronunciado sobre el tema, incorporando el máximo de evidencia empírica posible, conforme a un cronograma claro y en cumplimiento cabal de lo que algunos legisladores han denominado “ruta crítica de discusión”. Es materialmente imposible que esto ocurra durante la última semana del Período de Sesiones. En consecuencia, si las referidas reuniones se realizan a puerta cerrada, con el Senado bajo resguardo y sin transmisión en el Canal del Congreso; y si al término de la semana las Comisiones Unidas aprueban con precipitación el deficiente dictamen, y éste se remite apresuradamente al Pleno; entonces se confirmaría que la apertura a revisar la Minuta no es tal; que este proceso legislativo no se guía por parámetros democráticos y ello, en última instancia, lesionará a las Fuerzas Armadas.
La Minuta que está bajo su análisis tiene profundos problemas de constitucionalidad, de convencionalidad y de ausencia de contrapesos y controles democráticos. Y lo que es más grave aún, no contribuye a transitar hacia el México seguro y en paz que anhelamos. Aún están a tiempo de no perpetuar el fallido modelo de seguridad que tenemos y que tanto dolor ha causado.
A t e n t a m e n t e,
Cauce Ciudadano, A.C.
Causa en Común, A.C.
Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. (CENCOS)
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan Larios, A.C.
Colectivo Germen Crew
Colectivo de Investigaciones Interdisciplinaris en Derechos Humanos y Género
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Enjambre Digital
Estudiantes por una política sensata de drogas, México A.C.
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C.
FUNDEM
FUUNDEC
Greenpeace México
Idheas Litigio Estratégico en DH
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia
Instituto de Justicia Procesal Penal
Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir
Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C.
Junto por tu Durango es A.C.
Laboratorio de innovación para la Paz
Legalidad por México A.C.
México Unido Contra la Delincuencia
Parlamento Cultural del Estado de México
Participación responsable y democrática a favor de las mujeres
PARDEM OVIDIS AC
Poder Femenino
Proyecto 21
Red de Apoyo al CIG/Marichuy del Estado de Sonora
Red de Mujeres contra la Violencia de La Magdalena Contreras
RED VIRAL
Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz)
Sustenta XXI
Unidas A.C.
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos. “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):
Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).; Personas
Adriana García Gómez
Adriana González Mateos
Adriana Portillo
Alberto Athié
Aldo Iván González Cuevas
Aldo Rodrigo Álvarez Álvarez
Alejandro Espriú
Alejandro Perla Macías
Alejandro Valenzuela Landeros
Alfredo Lecona
Ana Rocío Antúnez Soria
Ángel Eugenio Hinojosa Salas
Angie Ariadna Villa Villanueva
Aram Barra
Argelia Guerrero Rentería
Azomali A.C.
Benjamín Ruíz García
Catalina Pérez Correa
Carlos Cruz Santiago
Carlos González Martínez
Cinthia Isabel Flores Ceron
Daniel Antunez Rutiaga
Daniel Antúnez Soria
Denise Dresser
Diana Paolina Orta Córdoba
Dulce Nataly Pineda Bustamante
Edgardo Prieto
Edith Estrada García
Eliana García
Emilia Fernanda Hernández García
Emma Rodríguez Romero
Emma Rosa Tenorio Bueno
Emmanuel Alejandro Hernández
Emmanuel Valdés
Enrique Provencio
Ernesto López Portillo
Eunice Rendón
Evelyn Valladolid Pérez
Fernanda Chazaro
Gabriela Morales
Gabriela Pérez Torres
Gerardo Espino Balderas
Hassid Rojas
Helga Jáuregui Ballesteros
Idalia Arvizú
Isabel García Pérez
Ixchel Cisneros
Jesús Robles Maloof
Jorge Javier Romero
José Alberto Patiño Basurto
José Luis Escamilla Díaz
Juan Carlos Arjona Estévez
Juan Carlos Islas Hernández
Juan Francisco Marín Hernández
Layda Negrete
Lisa Sánchez
Lizeth Rocío Fuentes Cervantes
Luis Fernando
Luz Abril Reza López
Maite Azuela
Marco Antonio Reyes Velázquez
María Astrid Carrillo Abrego
María Elena Morera
Maricela Moreno Rodíguez
Marieclaire Acosta
Maritza Islas Vargas
Martha Socorro Reyes Martínez
Mely Carreón
Miguel Concha Malo
Mirel García
Nayely García Sánchez
Noemí Guzmán Romero
Norma Angélica Ruiz Salas
Omar Cano Ramírez
Pablo Giralt
Paulina Elsa Zepeda García
Ramiro Antúnez Soria
Rodrigo Zamora Castillo
Rogelio Moreno Guinea
Rosa Elia Soria Ceniceros
Rosa María Cabrera Lotfe
Saldaña Bárcenas
Seidy Daniela
Vanessa Michelle Vázquez
Vania Sisaí Rodríguez
Vázquez Acevedo Jennifer
Xóchitl Daniela Mejía Pacheco
Xóchitl Libertad Mejía Valderrama
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
