La Policía Federal ejecutó extrajudicialmente a 22 personas en Tanhuato, Michoacán, torturó a detenidos, manipuló la escena de los acontecimientos, sembró y cambió armas al igual que elementos balísticos a las víctimas, y mintió en los informes, determinó la CNDH al presentar el informe sobre los hechos ocurridos el 22 de mayo de 2015.
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Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).– La Policía Federal ejecutó arbitrariamente a 22 personas en Tanhuato, Michoacán, en 2015, además, torturó a detenidos, manipuló la escena, sembró armas y cartuchos, informó hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El organismo autónomo presentó hoy su informe sobre los hechos ocurridos en el Rancho de El Sol, en el que perdieron la vida 22 personas, en el que el descartó el presunto enfrentamiento entre los efectivos de seguridad federales y supuestos miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En tanto que el Gobierno negó dichas ejecuciones extrajudiciales, al asegurar que hubo un “uso racional” de la fuerza por parte de la Policía Federal.
El titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales, aceptó las 14 recomendaciones emitidas, pero aseguró que en este caso no se configura “la hipótesis de ejecuciones arbitrarias” de 22 civiles, como sostiene esta institución.
“El uso de las armas fue necesario y se actuó, en nuestra consideración, en legítima defensa”, afirmó Sales tras asegurar que los agentes se identificaron y exigieron a los civiles que estaban en el rancho que depusieran las armas y “la respuesta fue con disparos de arma de fuego”.
La periodista Sanjuana Martínez denunció, en agosto de 2015, esta matanza. En SinEmbargo dio a conocer que el 22 de mayo de ese año, en el Rancho El Sol, situado en Tanhuato, Michoacán, y en un área limítrofe con Jalisco, un enfrentamiento entre federales y un supuesto “grupo armado”, como plantearon las autoridades federales, dejó un saldo de 22 hombres muertos, tres más detenidos y un Policía Federal caído.
Hasta ahora, parece, se asoma la justicia.
En una rueda de prensa, el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, afirmó que hubo violaciones graves a los derechos humanos atribuibles a funcionarios de la Policía Federal.
Entre ellas, “violaciones al derecho a la vida por el uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución arbitraria (extrajudicial) de 22 civiles”, así como torturas, trato inhumano y degradante a detenidos.
A su vez, Ismael Eslava, Primer Visitador General de la CNDH y quien leyó el informe, señaló que “las evidencias permiten establecer el uso excesivo de la fuerza derivó en la ejecución arbitraria de 22 civiles” ya que, las pruebas clínicas, balísticas, necropsias detallan que las víctimas estaban en posición de desventaja”.
La Policía Federal había dicho que encontró un camión desde el cual le dispararon, y que después llegó a la hacienda. En su informe, la comisión dijo que el gobierno no proporcionó evidencia que respaldara dicha versión y aseguró que los efectivos federales entraron de manera sigilosa y en las primeras de la noche al rancho.
De acuerdo con los testimonios recabados, aseguró el organismo, se estableció que el operativo federal empezó entre las 06:00 horas y 07:00 horas del 22 de mayor donde 41 servidores ingresaron al rancho y aseguraron a las personas, la mayoría de ellas estaban dormidas.
“Posteriormente llevaron el operativo lo que contradice la versión oficial de los hechos” señaló el funcionario de la CNDH.
“Se observó que seis cadáveres estaban descalzos y con el torso descubierto, 11 cuerpos estaban descalzos, uno más presentó el torso descubierto y otro únicamente vestía trusa lo que establece que dichas personas estaban dormidas cuando inició el operativo” explicó.
MANIPULACIÓN DE LA ESCENA Y SIEMBRA DE ARMAS
Respecto a la siembra de armas y cartuchos, Eslava reportó que las armas de fuego que la Policía Federal movió cuerpos, sembró 16 armas y cartuchos a las víctimas, a otros 7 les cambiaron las armas y los cartuchos por otros de diferente calibre y mintieron en los informes,según informó Eslava.
“Hubo uso excesivo de la fuerza lo que derivó en la ejecución arbitraria, estableció la CNDH, ya que las 22 víctimas estaban en una posición de desventaja y vulnerabilidad: 13 estaban de espalda, a 5 les dispararon desde el helicóptero, otra una víctima estuvo expuesta a fuego directo y tres víctimas, a pesar de que ya estaban sometidas, las privaron de la vida, [..], la gran cantidad de disparos constitución una demostraron innecesario de la capacidad del uso excesiva de la fuerza” agregó.
A 16 de los cuerpos les colocaron deliberadamente armas de fuego, y las armas halladas a siete cuerpos fueron manipuladas y movidas de su posición original. Otra arma asociada a un cuerpo fue sustituida por otra de distinto calibre. “las armas de fuego que se vincularon con dos cadáveres fueron despojadas de sus cargadores y fueron sustituidos por otros de calibre distinto”
El informe destacó las hora del operativo y en la que llegaron las autoridades de la Procuraduría General de Michoacán, ya que, hubo un lapso de cuatro horas en las que la PF tuvo presuntamente tiempo de manipular la escena.
“El operativo se realizó entre las 6:20 y las 07: 30 de la mañana, y la hora en la que llegó personal de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán empezó la diligencia formal a las 14:00 horas”, resaltó.
TORTURA
Además del uso excesivo de la fuerza, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, acreditó que existió tortura. Por evidencias fotográficas se presume que dos de las víctimas fueron quemadas, y a los detenidos los torturaron:
“De la cuenta Valor por Michoacán hay imágenes relativas en donde se observa que los cadáveres no presentaban quemaduras pero en las fotos que dio la PGJE de Michoacán de dos cuerpos, las víctimas presentaban quemaduras por fuego directo después de ser privadas de la vida, lo que también deberá de ser investigado por la autoridad ministerial”.
Se acreditaron también, aseguró, actos de tortura contra dos detenidos a quienes obligaron a ver tres ejecuciones, los amenazaron de muerte a ellos y a sus familias.
“De las evidencias se advirtió que fueron sometidos a sufrimiento severo, los obligaron a presencial algunas circunstancias de al ejecuciones de tres personas, luego fueron sometidos a interrogatorio del por qué estaban en el citado inmueble, sobre droga, mediante de amenazas de privarlos de la vida a ellos y a su familias” abundó.
El tiroteo se dio en el marco de la llamada “Operación Jalisco” y luego de que, según la versión oficial, los propios pobladores de la zona denunciaron extorsiones, invasiones de predios, secuestros y asesinatos presuntamente realizados por miembros del CJNG.
Monte Alejandro Rubido García, titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), explicó entonces que el enfrentamiento se prolongó por tres horas, pues los presuntos delincuentes comenzaron a atacar “con intensidad” e incluso se pidió apoyo tanto terrestre como aéreo.
Sin embargo, cuando las familias de los muertos, la mayoría originarios de Ocotlán, Jalisco, comenzaron a recoger los cuerpos en el Semefo de Morelia, dieron cuenta de que los cadáveres presentaban huellas de tortura: estaban mutilados, destrozados, calcinados e incluso algunos tenían el tiro de gracia, dicen…
Algunos de ellos ni siquiera sabían portar armas, eran hijos y esposos de familias pobres que fueron a ese rancho a trabajar. Las madres y padres, hermanas y hermanos, que vieron las primeras fotografías de los muertos en redes sociales, corroboraron en los cuerpos de sus familiares muertos una violencia extrema que, aseguran, responde no a un enfrentamiento, como dijeron las autoridades, sino a una masacre.
Sin embargo, ninguna autoridad, ni siquiera la CNDH, había hecho caso a sus reclamos por esclarecer el hecho y “limpiar” el nombre de los muchachos. Ellos calificaron ese hecho como una “matanza” y señalaron al Gobierno federal como responsable de un exceso que derivó en la muerte de personas inocentes.
Con información de EFE.
