El representante de HRW recordó que México se negó, junto a Argentina, a acompañar una resolución aprobada el 15 de junio por 26 países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para condenar la persecución de los opositores, con el argumento de la “no intervención en asuntos internos”.
Ciudad de México, 5 noviembre (EFE).- Human Rights Watch (HRW) calificó este viernes de “vergonzosa y decepcionante” la respuesta del Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a la crisis de Nicaragua, que este domingo tiene unas elecciones en las que el mandatario Daniel Ortega busca otra reelección.
“La respuesta del Presidente López Obrador sobre la brutal represión contra opositores y críticos orquestada por Ortega en Nicaragua ha sido vergonzosa y decepcionante”, tuiteó José Miguel Vivanco, director ejecutivo de HRW para las Américas.
La respuesta del Presidente López Obrador sobre la brutal represión contra opositores y críticos orquestada por Ortega en Nicaragua ha sido vergonzosa y decepcionante.
Vivanco compartió la entrevista que dio al diario mexicano Reforma previo a las elecciones del domingo, para las que siete aspirantes a la Presidencia de la oposición fueron detenidos, lo que ha allanado el camino a Ortega, en el poder desde 2007, para ganar su quinto mandato y cuarto consecutivo.
El representante de HRW recordó que México se negó, junto a Argentina, a acompañar una resolución aprobada el 15 de junio por 26 países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para condenar la persecución de los opositores, con el argumento de la “no intervención en asuntos internos”.
“Lo que sí ha hecho es esconderse detrás del principio obsoleto de la ‘no intervención’ mientras la democracia y el Estado de derecho se desintegran en América Latina”, declaró Vivanco a Reforma.
López Obrador se limitó a pedir “garantizar las libertades”, evitar la “represión” y “no encarcelar”, cuestionado sobre la situación política en Nicaragua en su rueda de prensa matutina del 25 de junio pasado.
Por ello, el líder de HRW cuestionó las pretensiones de liderazgo latinoamericano del Presidente de México, quien ha pedido reemplazar la OEA con un mecanismo “similar” la Unión Europea (UE) y ha condenado el embargo de Estados Unidos a Cuba.
“López Obrador dice que quiere ser un líder regional. Pero no ha hecho ni el más mínimo intento de liderar en respuesta a la crisis en Nicaragua”, observó Vivanco.
Antes, HRW denunció en un manifiesto firmado con Amnistía Internacional (AI), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y otras organizaciones que “no existen condiciones” para realizar las elecciones del próximo domingo en Nicaragua.
Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea (UE) han advertido de sanciones tras los comicios del próximo domingo entre cuestionamientos a su legitimidad.
Durante el mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador han sido asesinados 22 periodistas, crímenes que están relacionados con su labor informativa, lo que se suma a las constantes descalificaciones del mandatario federal contra la prensa crítica.
Ciudad de México, 3 de noviembre (EFE).- El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW),José Miguel Vivanco, condenó este miércoles los dos asesinatos recientes de periodistas en México y se preguntó cuándo el Presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, se tomará esta problemática en serio.
“Otra vez, dos periodistas son brutalmente asesinados en una semana en México. La impunidad y la falta de mecanismos eficaces de protección siguen exponiendo la vida de los periodistas mexicanos en riesgo. ¿Cuándo se tomará en serio este problema AMLO?”, escribió en su perfil personal de Twitter.
Fredy López, quien trabajó para diversos medios como El Universal, la revista Panorama y Notimex, fue asesinado el jueves pasado afuera de su domicilio en San Cristóbal de las Casas cuando llegaba en compañía de su familia de un festejo familiar.
Por otra parte, la madrugada del pasado viernes, el fotoperiodistaAlfredo Cardoso fue privado de su libertad en su domicilio por un grupo de hombresarmados, quienes se lo llevaron con rumbo desconocido para horas después dejarlo a unos cuantos metros de su casa con huellas de tortura y cinco impactos de bala.
Otra vez, dos periodistas son brutalmente asesinados en una semana en México.
La impunidad y la falta de mecanismos eficaces de protección siguen exponiendo la vida de los periodistas mexicanos en riesgo.
Según Artículo 19, un total de 142 periodistas han sido asesinados desde el año 2000 hasta la fecha en posible relación con su labor.
De estos, 22 han ocurrido durante el mandato de López Obrador, quien asumió el poder el 1 de diciembre de 2018.
Pero no sólo son asesinatos. Artículo 19 contabilizó en el primer semestre del presente año 362 agresionescontra la prensa, la inmensa mayoría intimidaciones y amenazas.
Reporteros Sin Fronteras informó que México encabezó en 2020 la lista mundial de periodistas asesinados con ocho crímenes, seguido de Afganistán e Irak, con seis.
Y en lo que va de año, han matado al menos a siete reporteros por su labor periodística.
En medio de este clima, López Obrador ha sido señalado por múltiples organizaciones por sus constantes descalificaciones a la prensa crítica durante sus ruedas de prensa matutinas.
La organización de derechos humanos, que recibió denuncias sobre 36 muertes durante las protestas en Colombia, pidió al Ministerio de Defensa de ese país dar explicaciones.
Colombia, 7 de mayo (RT).– El director ejecutivo para las Américas de la organización de derechos humanos Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, publicó el pasado miércoles un video en el cual se puede ver cómo policíasdisparan desde una tanqueta proyectiles múltiples hacia los manifestantes en Colombia.
“Con testigos presenciales y verificación digital de videos hemos corroborado el uso de tanquetas con lanzadores de proyectiles múltiples dirigidos a manifestantes”, escribió Vivanco en su cuenta de Twitter, advirtiendo que se trata de un “arma peligrosa e indiscriminada”.
Por consiguiente, pidió al Ministerio de Defensa del país dar explicaciones.
Colombia: Con testigos presenciales y verificación digital de videos hemos corroborado el uso de tanquetas con lanzadores de proyectiles múltiples dirigidos a manifestantes.
Vivanco también publicó otro video, filmado el 3 de mayo en Cali, en el cual la policía disparó gases lacrimógenos hacia manifestantes desde un puente. “Esos cartuchos pueden causar heridas muy graves. La policía nunca debería dispararlos directamente contra personas”, aseveró el director para las Américas de Human Rights Watch.
Las manifestaciones en Colombia comenzaron el pasado 28 de abril en respuesta a la polémica reforma tributaria presentada por el Gobierno de Iván Duque. Aunque el mandatario retiró la iniciativa ante la presión social, la brutal represión de la policía y el ejército contra inconformes reavivó el reclamo en las calles.
Vivanco informó que Human Rights Watch recibió denuncias sobre 36 muertes en Colombia. Previamente, señaló que la organización pudo confirmar 11 muertes ocurridas en el contexto de las protestas.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo reportó que para el 6 de mayo ocurrieron 26 homicidios durante las protestas, de los cuales 11 están “ligados a los hechos” y siete están en verificación, mientras que otros siete “no están relacionados” con las manifestaciones. La ONG Temblores, sin embargo, eleva el número de víctimas mortales durante las protestas a 37.
“Las protestas en los últimos años en Colombia generan enormes dudas sobre si la policía—y en especial el Esmad [Escuadrón Móvil Antidisturbios]— son capaces de respetar plenamente los derechos humanos en estas circunstancias. El debate sobre una reforma policial es impostergable”, declaró a principios de la semana Vivanco.
Se estima que 792 millones de personas tienen problemas mentales, incluidos uno de cada cinco niños, pero los gobiernos gastan menos del 2 por ciento de su presupuesto sanitario en la salud mental.
Londres, Inglaterra, 6 de octubre (EFE).- Cientos de miles de personas con problemas de salud mental son encadenados en todo el mundo, y en algunos países hombres, mujeres y niños permanecen confinados durante largos periodos de tiempo, alerta este martes Human Rights Watch (HRW).
En un informe, la organización humanitaria señala que en muchos casos estas personas están encadenadas en contra de su voluntad en sus hogares o en instituciones con falta de higiene y saturadas de gente, debido a una falta de servicios de atenciónmental.
Además, muchas de ellas son forzadas a comer, dormir, orinar o defecar en un mismo lugar, agrega el documento, para el que se tomaron testimonios en países como Afganistán, Burkina Faso, Camboya, China, Ghana, Indonesia, Kenia, Liberia, México, Mozambique, Nigeria, Sierra Leona, Sudán del Sur o Yemen.
Encadenar a enfermos con problemas mentales “es una práctica brutal extendida, es un secreto a voces en muchas comunidades”, señala Kriti Sharma, investigadora de la división de Derechos de las Personas de HRW y autora del informe.
“La gente puede pasar años atada a un árbol, encerrada en una jaula o en apriscos porque las familias tienen problemas para lidiar con ellos y los gobiernos no facilitan adecuados servicios de salud mental”, añade la investigadora.
Incluso cuando algunos países prestan más atención a la salud mental, las cadenas siguen utilizándose, denuncia la organización defensora de los derechos humanos, que indica, además, que no hay esfuerzos regionales o internacionales para erradicar estas prácticas.
Human Rights Watch ha trabajado con otras organizaciones humanitarias del mundo para poner en marcha una campaña global denominada “BreakTheChains” (Rompe las cadenas), a fin de acabar con el uso de las cadenas en personas con dificultades mentales de cara al Día Mundial de la Salud Mental este 10 de octubre.
La organización afirma haber entrevistado a más de 350 personas con estos problemas, así como a líderes religiosos, profesionales sanitarios o funcionarios de Gobierno.
A partir de un estudio en 110 países, Human Rights Watch pudo constatar el uso de las cadenas en 60 de ellos.
A nivel global, se estima que 792 millones de personas tienen problemas mentales, incluidos uno de cada cinco niños, pero los gobiernos gastan menos del 2 por ciento de su presupuesto sanitario en la salud mental, añade el informe.
En algunos de los casos, los detenidos sufrieron “abusos, incluyendo agresiones verbales y físicas, golpizas y haber sido esposados por períodos prolongados”.
Washington, EU, 28 de agosto (EFE).- La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció este viernes que las fuerzas de seguridad y las autoridades venezolanas han usado las medidas para contrarrestar la propagación de la COVID-19 como una “excusa para reprimir voces disidentes e intensificar su control férreo sobre la población”.
Desde que se declaró el estado de excepción para contener el contagio, a mediados de marzo pasado, las autoridades venezolanas detuvieron de manera “arbitraria” y procesaron “penalmente” a periodistas, trabajadores de la sanidad, abogados de derechos humanos y opositores políticos que critican al Gobierno del Presidente Nicolás Maduro, según un informe de HRW.
A muchos de los detenidos se les imputan delitos previstos en la “ley contra el odio” de 2017, que es “absurda y excesivamente amplia”, y son procesados por un poder judicial “sin la más mínima independencia”.
A los abogados de los acusados se les concede un acceso “muy limitado” a los expedientes judiciales y a los fiscales, debido al “cierre de tribunales”. Algunos detenidos sufrieron “abusos físicos” que podrían constituir “torturas”.
“El estado de excepción ha hecho que las fuerzas de seguridad y los grupos armados partidarios del Gobierno, que ya cuentan con un récord deplorable de torturas y ejecuciones extrajudiciales, sientan que tienen la facultad de reprimir con mayor ferocidad a los venezolanos”, alertó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
El 13 de marzo, recuerda la organización de derechos humanos, Maduro decretó un estado de “excepción y alarma” en todo el país y dispuso medidas para limitar la propagación de la COVID-19, incluidas restricciones de la circulación, la suspensión de algunas actividades y el uso obligatorio de mascarillas.
Maduro prorrogó el estado de excepción cinco veces, superando “el límite constitucional de 60 días”. La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, no aprobó las medidas, aunque la ley lo exige, según HRW.
EL GOBIERNO VENEZOLANO PERSIGUE Y HOSTIGA
En la práctica, quienes se encargan de que la población cumpla las normas de cuarentena son las Fuerzas Armadas; los cuerpos de seguridad, incluida la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), que han estado implicadas en “ejecuciones extrajudiciales”; y grupos armados partidarios del Gobierno conocidos como “colectivos”
A partir de un análisis de casos reportados por ONG y medios de comunicación venezolanos, Human Rights Watch identificó a 162 personas que habrían sido víctimas de “hostigamiento, detención o persecución penal” entre marzo y junio pasados. La ONG venezolana Foro Penal informó de que hubo 257 detenciones “arbitrarias” en ese tiempo.
En algunos de los casos, los detenidos sufrieron “abusos, incluyendo agresiones verbales y físicas, golpizas y haber sido esposados por períodos prolongados”.
La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), explica HRW, informó en julio que hubo una “aplicación discrecional” del estado de emergencia por parte de militares, fuerzas del orden y autoridades locales. Y documentó, asimismo, que los “colectivos” intimidaron y atacaron a opositores políticos, manifestantes y periodistas antes y durante la pandemia
En definitiva, las detenciones, los procesos penales arbitrarios y los abusos contra detenidos desde la declaración del estado de excepción siguen “el mismo patrón que los abusos sistemáticos” perpetrados por agentes de las fuerzas de seguridad que Human Rights Watch documentó en las “brutales arremetidas” contra opositores desde 2014.
La organización insta al Gobierno a asignar “urgentemente” fondos y recursos para que en los centros de salud se asegure “la mejor calidad de atención posible”.
Budapest, 5 de agosto (EFE).- La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció este miércoles las “malas condiciones” que ha encontrado en hospitales de Hungría, y alertó a este país de que debería aumentar sus gastos en sanidad para hacer frente a los retos de la pandemia del coronavirus.
“La negligencia del Gobierno ha dejado al sistema público de salud húngaro poco preparado para manejar la pandemia de la COVID-19“, señala la organización defensora de los derechos humanos en un comunicado.
La nota alude a investigaciones de sus expertos que han dejado de manifiesto, entre otros, falta de jabón y de desinfectantes, así como de equipos de protección para los trabajadores en los centros hospitalarios del país magiar.
Estos fallos en el sistema sanitario “ponen en peligro la vida” de pacientes, señala el comunicado publicado hoy en Budapest.
“La gente no debería tener miedo al ir a un hospital de que allí se enfermará”, subraya Tom Porteous, subdirector del programa en HRW, en la nota.
Aunque HRW reconoce que Hungría ha estado hasta ahora menos afectada por la pandemia que otros países europeos, recuerda que el virus no ha desaparecido y por ello las autoridades húngaras deben iniciar urgentes reformas para proteger a los pacientes y empleados de los hospitales.
La organización también considera que las estadísticas y otras informaciones sobre la situación epidemiológica hechas públicas hasta ahora en el país centroeuropeo no son adecuadas.
Según los datos oficiales, Hungría ha confirmado hasta ahora 4 mil 553 contagios por coronavirus, que causó la muerte de 598 personas.
Hasta el 25 por ciento de esas infecciones y muertes se han producido en hospitales y centros de mayores, mientras que casi el 15 por ciento de los contagiados fueron trabajadores de la salud.
Durante los 10 años que lleva en el poder el conservador partido Fidesz del Primer Ministro, el nacionalista Viktor Orbán, “la salud pública no ha sido una prioridad, con un gasto inferior al 5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB)”, claramente inferior a la media de la Unión Europea (UE), de casi el 8 por ciento, resalta HRW.
La organización insta al Gobierno a asignar “urgentemente” fondos y recursos para que en los centros de salud se asegure “la mejor calidad de atención posible”, y a que publique “de una manera regular y transparente” los datos sobre contagios y muertes.
Por su parte, el Secretario de Estado del Ministerio de Finanzas, András Tállai, informó de que el Gobierno húngaro ha designado más de 26 mil millones de euros para financiar medidas contra los efectos del coronavirus.
Según Tállai, Hungría es uno de los países que mejor se ha defendido hasta ahora de la pandemia, tanto en la salud pública como en sus efectos económicos.
Entre las medidas adoptadas por el Gobierno para evitar la propagación del virus figura el confinamiento obligatorio en todo el país, decretado a finales de marzo pasado y que sigue vigente.
Bogotá, Colombia, 15 de julio (EFE).- Las “brutales medidas” impuestas por grupos armados en Colombia contra la propagación del coronavirus incluyen “asesinatos y otros abusos contra civiles”, señaló hoy la organización pro Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW).
Según HRW, los grupos implicados en estos “brutales castigos”, incluidos asesinatos, incluyen al ELN y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que emergieron de la supuesta desmovilización de grupos paramilitares a mediados de la década del 2000.
Desde la llegada de la COVID-19 a Colombia, alerta la ONG, varios grupos armados en numerosas partes del país han impuesto toques de queda, cuarentenas y otras medidas para evitar que se propague el virus. Y para hacerlas cumplir, “han amenazado, asesinado y atacado a quienes consideran que no están cumpliendo las normas”.
“En diversas comunidades a lo largo de Colombia, grupos armados han impuesto violentamente sus propias reglas para prevenir la propagación de la COVID-19”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW en un comunicado difundido en la web de la ONG.
“Este brutal control social refleja las históricas falencias del Estado para establecer una presencia significativa en zonas remotas del país que permita proteger a las comunidades en riesgo”, añadió Vivanco horas antes de la presentación de un informe al respecto en una rueda de prensa virtual.
Hasta el pasado lunes, Colombia había confirmado más de 150 mil casos y de 5 mil muertes vinculadas con el coronavirus. Entre las medidas adoptadas por el Gobierno para evitar su propagación figura el confinamiento obligatorio en todo el país, decretado a finales de marzo pasado y que sigue vigente.
Para elaborar su informe, HRW entrevistó telefónicamente, entre marzo y junio pasados, a 55 personas en 13 departamentos del país, incluidos líderes comunitarios, fiscales, funcionarios de organizaciones humanitarias, policías y residentes locales.
Asimismo, examinó y verificó la autenticidad de panfletos firmados por grupos armados, así como numerosas fuentes secundarias, incluidas publicaciones de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones locales de derechos humanos, además de artículos de prensa.
Esas investigaciones “demuestran que los grupos armados informaron a las poblaciones locales de que estaban imponiendo reglas para evitar la propagación de Covid-19 en al menos 11 de los 32 departamentos de Colombia: Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Nariño, Norte de Santander y Putumayo”
En al menos cinco de estos departamentos, los grupos utilizaron la violencia para imponer el cumplimiento y en al menos otros cuatro amenazaron con recurrir a la violencia.
“Los grupos han comunicado, generalmente a través de panfletos y mensajes de Whatsapp, una amplia variedad de medidas que incluyen toques de queda, cuarentenas, restricciones a la circulación de personas, automóviles y embarcaciones; límites con respecto a los días y horarios de apertura de tiendas y la prohibición de acceso a las comunidades para extranjeros y personas de otras zonas del país”, se indica en la nota.
Human Rights Watch “examinó 20 panfletos firmados por grupos armados que parecen ser auténticos, según entrevistas con funcionarios de organizaciones humanitarias, líderes comunitarios, policías y fiscales”.
Y cita como ejemplo a miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Bolívar (norte) que difundieron un panfleto a principios de abril en el que “anunciaban que se sentían ‘forzados a dar bajas humanas con fines de preservar vidas’ debido a que la población no había ‘acatado las órdenes de prevención en contra del Covid-19′”.
“En el panfleto se indica que ‘sólo pueden trabajar graneros, droguerías y panaderías’, y aclara que las demás personas deberán cumplir el ‘aislamiento’ en sus casas”, añade la ONG.
“Los ‘castigos’ brutales y draconianos que imponen los grupos armados para impedir la propagación de la COVID-19 exponen a individuos en comunidades remotas y pobres a lo largo de Colombia a ser atacados, e incluso asesinados, si salen de sus casas”, dijo Vivanco.
“El Gobierno debe intensificar sus esfuerzos para proteger a estas comunidades, garantizar que tengan acceso adecuado a alimentos y agua, así como para proteger su salud”, añadió.
La única ayuda institucional a la que pueden optar es a una cuantía económica de mil 310 pesos (unos 60 dólares) mensuales, lo que resulta “claramente insuficiente para que puedan mantenerse”, expresó el especialista.
México, 4 de junio (EFE).- La organización internacional Human Rights Watch (HRW) solicitó al Gobierno mexicano que aumente sus esfuerzos para proteger a las personas con discapacidad de situaciones de abuso ante la invisibilidad a la que son relegados, según detectaron en un informe publicado este jueves.
En el informe “Es mejor hacerte invisible: Violencia familiar contra personas con discapacidad en México”, la organización no gubernamental documenta el abuso y la desatención que enfrentan muchas personas con discapacidad por parte de sus familias, junto a quienes tienen que vivir por falta de apoyos en lugar de poder llevar una vida independiente.
El documento de 71 páginas recoge testimonios de personas en esta situación de los estados de Nuevo León, Jalisco, Oaxaca y Ciudad de México, además de conclusiones derivadas de estas declaraciones y de visitas a edificios gubernamentales, y también recomendaciones para revertir la situación actual de desprotección.
De acuerdo a lo explicado por Carlos Ríos Espinosa, investigador de Human Rights Watch, este jueves en videoconferencia, la violencia intrafamiliar es una de las mayores amenazas para las personas con discapacidad y en HRW recopilaron casos de violencia física, sexual y emocional de personas con diversos tipos de discapacidades.
Incluso, dijo, atestiguaron que algunas personas vivían, obligados por sus familiares, en cuartos habitualmente utilizados por animales y también supieron de casos en los que la violencia llegaba hasta el punto de que algunos perdieron la vida.
Estas situaciones son consecuencia de las escasas posibilidades que tienen para llevar una vida independiente y estar integrados en la sociedad debido a la escasa ayuda gubernamental.
La única ayuda institucional a la que pueden optar es a una cuantía económica de mil 310 pesos (unos 60 dólares) mensuales, lo que resulta “claramente insuficiente para que puedan mantenerse”, expresó el especialista.
Las personas con discapacidad tampoco están incluidas como un apartado en las encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ni la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) tiene un capítulo dedicado a las mujeres con discapacidad. Foto: victoria Valtierra, Cuartoscuro.
Las personas con discapacidad tampoco están incluidas como un apartado en las encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ni la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) tiene un capítulo dedicado a las mujeres con discapacidad.
“Lo que debemos plantear es política para que sean sujetos de derecho y lograr apoyos para que tengan una vida independiente y la posibilidad de contar con poder de decisión sobre que sea lo mejor para cada quien”, sentenció Ríos Espinosa.
De acuerdo a la postura de HRW, los organismos públicos deberían formular un plan integral con un plazo definitivo para ampliar el apoyo y los servicios que favorezcan la vida dependiente de las personas con discapacidad.
Y esto solo se podrá conseguir a través de la generación de oportunidades de empleo, vivienda y transportes accesibles y asequibles.
“El Gobierno mexicano debe redoblar sus esfuerzos para incluir plenamente a las personas con discapacidad en su respuesta a la violencia familiar, sobre todo en un contexto en el que el COVID-19 amenaza con exponer a muchas más personas a un riesgo mayor”, terminó Ríos Espinosa.
México suma al momento más de 100 mil casos de COVID-19 y 11 mil 729 muertos.
Las declaraciones del director para las Américas de HRW llegan tras las medidas adoptadas por el Gobierno de Bukele para enfrentar la violencia de las pandillas en el país centroamericano, que este fin de semana registró 58 homicidios.
Washington, 27 abr (EFE).- El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, comparó este lunes al Presidente salvadoreño, Nayib Bukele, con un “caudillo” y alertó del riesgo de que convierta al país centroamericano “en otra dictadura latinoamericana“.
“Si Nayib Bukele continúa por el mismo camino, se graduará muy pronto de caudillo. Tenemos la obligación de hacer todo lo posible por evitar que El Salvador se convierta en otra dictadura latinoamericana”, afirmó Vivanco en uno de varios mensajes en Twitter.
El director para las Américas de HRW también sostuvo que “todos los días de la pandemia, Bukele aprovecha para degradar más la democracia de El Salvador, concentrar poder y autorizar violaciones a los derechos humanos”.
Asimismo, consideró que “el estilo de Gobierno de Bukele, además de autoritario y polarizante, estigmatiza sistemáticamente a los órganos de control judicial en El Salvador” y afirmó que “en su mundo, el propio Bukele decide quién es culpable o inocente”.
Las declaraciones de Vivanco llegan tras las medidas adoptadas por el Gobierno de Bukele para enfrentar la violencia de las pandillas en el país centroamericano, que este fin de semana registró 58 homicidios.
Este domingo, Bukele autorizó a los cuerpos de seguridad el “uso de la fuerza letal” en defensa de sus vidas y de los ciudadanos.
El mandatario salvadoreño dijo que las pandillas se aprovechan de que la fuerza pública está concentrada en el control de la pandemia y afirmó que “el Gobierno se encargará de la defensa legal de quienes sean injustamente acusados por defender la vida de la gente honrada”.
En las cárceles, el Gobierno de Bukele ha decidido mezclar a los miembros de pandillas rivales en las celdas de las diferentes prisiones del país, en las que se encontraban separados por grupos.
También se ha sellado con planchas metálicas las puertas de las celdas para asegurar el régimen de aislamiento.
“No va a entrar ni un solo rayo de sol a ninguna de la celdas”, aseguró este lunes el director general de Centros Penales, Osiris Luna.
Para HRW la decisión muestra la preferencia del Gobierno de “excluir y discriminar” a la gente según su orientación sexual o identidad de género, “los niños LGTB, a menudo víctimas de acoso, necesitan información precisa y fiable” .
Introducing Teddy, cuenta la historia de un oso de peluche que se siente una hembra y quiere hacerse llamar Tilly en lugar de Thomas. Foto: How Hwee Young, EFE, Archivo
Pekín, 11 julio (EFE).- Las autoridades de Hong Kong han decidido colocar 10 libros infantiles de temática LGTB (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero) en una zona restringida de las bibliotecas públicas, informó Human Right Watch (HRW).
La ONG ha solicitado en una carta al Departamento de Asuntos Internos de Hong Kong que revoque la decisión argumentando el mensaje “estigmatizador” e “inapropiado” que se transmite con esta decisión.
Los libros, que tendrán que ser solicitados por los visitantes para poder tener acceso a ellos, fueron declarados por el Departamento de Asuntos Internos como “neutrales” el pasado 15 de junio en respuesta a las quejas de un grupo de ciudadanos.
Uno de los libros, And the tango makes three, es un libro para niños basado en una historia real sobre dos pingüinos macho que incuban un huevo y lo crían.
“En lugar de esconder un libro para niños sobre una pareja de pingüinos del mismo sexo, el Gobierno de Hong Kong debería respaldar la no discriminación y poner los libros en estanterías para todos los públicos” declaró Boris Dittrich, director de asuntos LGTB de HRW.
Otro de ellos, Introducing Teddy, cuenta la historia de un oso de peluche que se siente una hembra y quiere hacerse llamar Tilly en lugar de Thomas.
Para HRW la decisión muestra la preferencia del Gobierno de “excluir y discriminar” a la gente según su orientación sexual o identidad de género, “los niños LGTB, a menudo víctimas de acoso, necesitan información precisa y fiable” declaró Dittrich.
El caso de China es un ejemplo de que la legalidad de la homosexualidad no es suficiente por sí sola, ya que el colectivo LGTB sigue enfrentándose a barreras en una sociedad tradicional donde se siguen pactando matrimonios, la soltería es motivo de vergüenza y la perpetuación del linaje es vital.
El Presidente Enrique Peña Nieto cerrará su administración sin haber frenado la crisis de inseguridad y de violencia, los altos índices de corrupción y de impunidad, y la pobreza y la desigualdad que estancan la economía y que afectan a más de la mitad de los mexicanos, refieren distintos informes de 13 organizaciones nacionales e internacionales presentados durante el actual sexenio.
Para politólogos consultados por SinEmbargo, a este panorama se suma el desgaste ocasionado por una administración “fracasada” y que, para ele electorado, corrobora que el PRI opera en función de la corrupción y carece de habilidad para garantizar la gobernabilidad (estabilidad política) y la gobernanza (capacidad para gobernar).
Las causas de los principales problemas nacionales sobrepasan al actual Gobierno federal, así comosus consecuencias, estas últimas agravadas por políticas deficientes y poco integrales, y casos de negligencia política o acciones interesadas por parte de aquellos que nos representan, coinciden analistas y los resultados de varios estudios.
Ese es el panorama dibujado por instituciones como la Academia de Génova, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, el Centro de Investigación en Economía y Negocios, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Foro Económico Mundial, Human Rights Watch, the Institute for Economics and Peace, International Budget Partnership, México Cómo Vamos, Transparencia Mexicana, la Universidad de las Américas Puebla y the World Justice Project.
Ciudad de México, 23 de junio (SinEmbargo).- En poco más de cinco meses, el Presidente Enrique Peña Nieto entregará la Banda Presidencial a su sucesor. Con el acto simbólico, concluirá su administración y legará los resultados de un sexenio, que según las cifras oficiales y la información de 13 organizaciones nacionales e internacionales, son preocupantes en materia de inseguridad (violencia), corrupción y desarrollo económico (empleo).
Para politólogos consultados por SinEmbargo, el Gobierno de Peña Nieto no sólo no resolvió los problemas que prometió que acabaría, sino que empeoró la circunstancia y dejó en claro que “el problema del Partido Revolucionario Institucional [PRI] no solamente es la mala gestión o los malos resultados en materia económica, de seguridad y de combate a la corrupción”, explicó Enrique Toussaint de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
El problemas es que, explicó, “ya quedó interiorizado, en buena parte del electorado y de la ciudadanía, que el PRI no es un partido que tenga dos o tres cuadros corruptos […] sino que, en general, la forma en que operan los gobiernos del PRI es a través de la corrupción”.
En términos generales, los analistas consultados observan una administración “desastrosa” que le va a pegar a los propios priistas “en el centro de flotación”. Y donde el principal responsable de una segunda “derrota histórica del PRI, es un propio priista”, refirió Juan Luis Hernández Avendaño, director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana en Puebla.
Esta circunstancia, dicen, es beneficiosa, sobre todo, para Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Y en el paquete de responsables, además del Presidente, su partido y sus gobernadores (como los duartes en Veracruz y Chihuahua, los Moreira en Coahuila, entre otros), están también quienes en 2012 apoyaron el denominado “Pacto Por México”, que fue un acuerdo entre el PRI y los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) para sacar adelante una serie de reformas.
Como “la medicina” dejó mucho que desear y el único que se opuso a ella fue López Obrador, explicó Toussaint, el fracaso que manchó al resto no lo tocó a él. Y si a ello sumamos, agrega, que las fallas del neoliberalismo han impulsado a los populismos –no sólo en México sino en el mundo entero–, resulta natural que la opción “antitética” que simboliza el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), salga a flote.
“Peña Nieto no entendió el mensaje [de la gente] en 2012”, que era evitar la corrupción y solucionar dos cuestiones fundamentales: la violencia y el cambio de modelo económico, “encaminado a resolver los problemas de desempleo, marginación, falta de oportunidades, educación, salud, vivienda, alimentación”, entre otros, comentó José Fernández Santillán, analista político de Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
Al final, sentenció Hernández Avendaño de la Ibero Puebla, la responsabilidad del Presidente fue actuar con el autoritarismo de siempre, pero sin el bienestar esperado, lo que se traduce en déficits de gobernabilidad y de gobernanza.
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Para la mayor parte de los mexicanos, la inseguridad, la corrupción y el desarrollo económico son los tres problemas más preocupantes, coinciden El Informe 2017 del Latinobarómetro y la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En materia de inseguridad, la radiografía nacional esboza un crítico escenario de violencia: mientras que el año pasado México rompió un récord en materia de homicidios dolosos (al menos 25 mil 340 registrados por el Gobierno federal), en los primeros cuatro meses de este año se han cometido más asesinatos que en los primeros cuatro meses de los últimos 20 años (entre enero y abril de 2018, 8 mil 900 personas perdieron la vida).
Asimismo, los robos o asaltos con violencia se han disparado. Entre 2015 y 2017 el alza fue de 40.96 por ciento, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Aunque el robo (en general) decreció en poco más de cinco por ciento de 2012 a 2017, en los primeros meses de 2018 fue registrada una cantidad similar a la del mismo periodo en 2012 (lo que quiere decir que es la más alta de los últimos seis años).
La violencia es alarmante y podría ser peor, ya que en nuestro país la cifra negra es de casi 94 por ciento, coinciden el Inegi y la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). Esto significa que sólo el seis por ciento de los delitos cometidos son denunciados o derivan en una averiguación previa.
El escenario se agrava si consideramos que, de ese seis por ciento de crímenes denunciados, sólo una tercera parte llega ante un juez. Y de esa cantidad, el 10 por ciento obtiene sentencia.
El repunte de violencia se debe a políticas “fracasadas”, refiere la Academia de Génova. Y los altos niveles de impunidad, según la UDLAP, “es resultado de los problemas estructurales de las instituciones de seguridad y justicia a nivel estatal: las entidades no tienen agencias de investigación profesionales, independientes y con capacidades suficientes para atender el delito de homicidio”.
Uno de varios problemas ligados al estado generalizado de coacción –que urge acabemos para solucionar los grandes problemas nacionales– es la corrupción, refiere el Institute for Economics and Peace. Y las cifras del Inegi indican que este tipo de cohecho genera pérdidas anuales de más de 7 mil millones de pesos (la “estafa maestra” entre 2013-2014, por ejemplo, generó pérdidas similares), lo que afecta tanto a personas físicas como morales.
Sólo entre 2017 y 2018, México retrocedió una posición en el Índice Global de Corrupción de Transparencia Mexicana. A pesar de que la organización civil reconoció que la corrupción aumentó en el último año, el International Budget Partnership destaca que nuestro país es el sexto más transparente en materia presupuestaria de gobierno.
Dicho contraste, explicó Transparencia Mexicana, se debe a que la transparencia, por sí sola, no reduce la corrupción. Y que si por algo se ha disparado, es porque tenemos instituciones deficitarias, resistencias a establecer un sistema anticorrupción, además de falta de sanciones ejemplares.
En el caso de la economía, los diferentes reportes nacionales e internacionales coinciden en que la desigualdad social, la pérdida de poder adquisitivo, la generación de empleos eventuales sobre empleos permanentes y el ensanchamiento de la economía informal en los últimos años, detienen el crecimiento económico sostenido y desdibujan la posibilidad de generar más movilidad social (o mejorar el estatus socioeconómico).
La economía mexicana crece, en promedio, 2.6 por ciento (debería ser de más del cuatro por ciento), coinciden la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la organización México ¿Cómo Vamos?. Y de acuerdo con el Foro Económico Mundial, nuestra competitividad se estancó en el último año.
En este contexto, la nación no ha podido reducir de manera significativa la pobreza y la desigualdad (las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social o Coneval, indican que la población pobre pasó de 53.3 a 53.4 millones de personas entre 2012 y 2016).
Ello se debe, en parte, a las deficientes reformas estructurales impulsadas por el Presidente Enrique Peña Nieto, que si no son malas, deben de estar acompañadas con mejores políticas sociales, refirió el año pasado Alicia Bárcena Ibarra, secretaria ejecutiva de la Cepal.
El 1 de diciembre, al tomar protesta como Presidente, Peña Nieto mencionó que su gobierno sería “facilitador” y “ejecutor de las mejores ideas de los mexicanos”, y que trabajaría de manera responsable para cumplir, “uno a uno”, sus compromisos. Hoy, sus promesas están incumplidas. Foto: Saúl López, Agencia Cuartoscuro.
INSEGURIDAD, VIOLENCIA Y JUSTICIA
“Cuando el actual Presidente, Enrique Peña Nieto, tomó posesión del cargo en 2013, prometió un cambio de paradigma en el enfoque de Gobierno sobre el crimen organizado. Sin embargo, la mayor parte de su las reformas fracasaron y continuó la estrategia de seguridad militarizada de sus predecesores”, se lee en El Reporte de Guerra 2017: Violencia de Pandillas en Colombia, México y El Salvador de la Academia de Génova.
Según el informe, el aumento del número de integrantes (policiales y militares) de los cuerpos de seguridad en las calles, reforzado con la Ley de Seguridad Interior (que da legitimidad de acción al Ejército en tareas de seguridad pública), en lugar de reducir, “llevó a un aumento generalizado de la violencia”, en parte, porque el crimen organizado comenzó a equiparar la fuerza del Estado (con más y mejores armas y con tácticas de vanguardia) y a fragmentarse también, gracias al continuo descabezamiento de los grupos criminales.
La Academia de Génova estima que “alrededor de un tercio de todos los homicidios en México están relacionados con el crimen organizado”. Y de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre 2006 (cuando inició la guerra contra el narcotráfico) y 2017, hubo al menos 211 mil 765 homicidios dolosos registrados.
De 1997 a 2007, la tasa de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes se redujo en 8 puntos porcentuales (lo que implicó 7 mil 025 asesinatos menos durante el periodo). Y de 2007 a 2017, la tasa fue al alza en 11.18 puntos porcentuales (hubo 14 mil 277 asesinatos más), refiere la información del Secretariado.
El año pasado, no obstante, fue el más violento de los últimos 20 años con al menos 25 mil 340 homicidios dolosos registrados. Sin embargo, la cifra negra (los delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa) fue de 93.6 por ciento a nivel nacional, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública 2017 del Inegi.
Las cifras de enero a abril de 2018 también son alarmantes. El SESNSP registró 8 mil 900 homicidios dolosos, que constituye la cifra más alta de los primeros cuatro meses del año, en los últimos 20 años. En comparación con ese mismo periodo pero de 2017, el incremento para 2018 fue de 14.82 por ciento.
En el caso de los robos o asaltos -el motivo más común de inseguridad pública según el Inegi- hubo una tendencia a la baja durante el sexenio. De 2012 a 2017, el Secretariado registró una reducción de 5.29 por ciento. Sin embargo, entre 2015 y 2017 los robos con violencia aumentaron en 40.96 por ciento.
Durante los primeros cuatro meses de 2018, hubo 234 mil 192 robos registrados. Esta constituye la peor cifra desde 2012, cuando entre enero y abril fueron reportados 240 mil 912 casos.
Los datos del Secretariado enmarcan una crisis de inseguridad y de violencia en todo el territorio nacional, donde según el Índice de Paz México 2018del Institute for Economics and Peace, “no sólo está creciendo la violencia a manos de los grupos de la delincuencia organizada, sino también la delincuencia común y la violencia interpersonal”.
El informe señala también que, además del costo en términos de vidas humanas, la violencia en el país comprometió, en 2017, el 21 por ciento del Producto Interno Bruto (o 4.72 billones de pesos). A pesar de la inversión, la “debilidad institucional” permitió el incremento de la delincuencia organizada.
Pero la violencia en México no sólo responde al crimen organizado o a la circunstancia social. El Reporte de Guerra 2017 menciona que “la población también es víctima de las fuerzas de seguridad” del Estado, “que son asociadas con aumentos dramáticos en casos de tortura, desaparición forzada y asesinatos extrajudiciales”.
Las cifras del Informe Mundial 2017 de Human Rights Watch son alarmantes. Refiere que de 2006 a 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió “casi 10 mil denuncias de abusos cometidos por miembros del Ejército, incluidas más de 2 mil durante el gobierno actual”. De ellas, 100 casos implicaron “violaciones serias de derechos humanos”.
En materia de impartición de justicia, la organización detalló que entre 2012 y 2016, la Procuraduría General de la República (PGR) abrió un total de 505 carpetas de investigación contra militares. No obstante, sólo fueron emitidas 16 sentencias condenatorias en el sistema de justicia civil.
Sobre tortura, menciona que las cifras del Inegi hasta 2016 arrojaron que, el 57.8 por ciento de los presos en las 370 cárceles en todo el territorio nacional, fueron víctimas de violencia física: 19 por ciento sufrió descargas eléctricas; 36 por ciento asfixia; 59 por ciento golpes; y 28 por ciento padeció amenazas contra su seguridad y la de sus familiares.
Como corolario a la falta de impartición de justicia, el Índice Global de Impunidad México 2018 de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), refiere que nuestro país ocupa la cuarta posición como el más impune del mundo (con 93.7 por ciento de cifra negra). En 2016, por ejemplo, encontró que el 32.44 por ciento de las averiguaciones previas terminó ante un juez. De ellas, la tercera parte obtuvo sentencia (es decir, el 10.29 por ciento del total de los delitos denunciados).
Además, el Índice de Estado de Derecho 2017-2018, elaborado por the World Justice Project, refiere que México ocupa el lugar 92 de 113 países (en 2016 estaba en el lugar 88), que significa que mantenemos muy bajos niveles de impartición de justicia. A nivel América Latina, por ejemplo, sólo estamos por encima de Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela.
Para que México se encamine a un proceso de pacificación, el Institute for Economics and Peace refiere que urge, sobre todo, acabar con la corrupción, mejorar el libre flujo de información (desde la sociedad civil y los medios de comunicación), así como impulsar el buen funcionamiento del gobierno (que implica fortalecer la estabilidad política y garantizar el Estado de derecho).
También, dicen, tenemos que mejorar en materia de cohesión social, distribución equitativa de los recursos, mejorar los niveles de capital humano (con educación e instrucción adecuadas) y un entorno empresarial sólido, que implica sana competitividad empresarial y aumento en los niveles reales de producción.
CORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA
México dio un paso atrás en el Índice Global de Corrupción de Transparencia Mexicana. Entre 2017 y 2018 retrocedió un punto para colocarse en el lugar 29 (donde cero es el país peor evaluado y 100 en es el mejor evaluado). De esta forma, nuestra nación se ubicó en la posición 135 de 180 países evaluados en materia anticorrupción.
A pesar de que el Índice de Presupuesto Abierto 2017 de la organización International Budget Partnership nos coloca en el sexto lugar (de 115 países evaluados) con más transparencia presupuestaria a nivel mundial, la corrupción ha ido en aumento. Y de acuerdo con Transparencia Mexicana, el contraste entre el incremento de la corrupción y el de la transparencia presupuestaria, pone de manifiesto “que la transparencia, por sí sola, no necesariamente lleva a una reducción de la corrupción”.
Esta situación se explica, en buena medida, por “las resistencias para instalar el Sistema Anticorrupción en todo el país y la ausencia de una Fiscalía independiente que conduzca las investigaciones”. Asimismo, el Índice Global de Corrupción señala que sus resultados “reflejan también la ausencia de sanciones firmes para los grandes casos de corrupción conocidos por la opinión pública” (Odebrecht, la estafa maestra, etcétera).
Al respecto, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017 del Inegi, refiere que 1.5 de cada 10 personas que realizó un trámite personal, experimentó al menos un acto de corrupción cuando tuvo contacto con algún servidor público. Las cifras del Inegi también indican que entre 2013 y 2017, la “prevalencia de corrupción al realizar un trámite personal” aumentó en 21.15 por ciento.
Además, la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 2016 señala que, después de la inseguridad y la delincuencia, el aumento al precio de los insumos, la economía local y la falta de apoyos gubernamentales, la corrupción es el mayor problema para los comercios. Según el Inegi, al menos uno de cada 10 negocios participó en un acto de corrupción.
El instituto del gobierno resalta que el 64.6 por ciento de los comerciantes reconocieron participar de la corrupción para “agilizar algún trámite”, aunque también lo hicieron para evitar multas y sanciones (39.4 por ciento), obtener licencias (30.7 por ciento) y para ganar contratos gubernamentales o participar de las licitaciones (12.9 por ciento).
La corrupción, el segundo problema más grave que enfrenta el país (según el 88.8 por ciento de los mexicanos entrevistados por el Inegi), le costó 7 mil 218 millones de pesos a México en 2016. Esta cantidad es 12.5 por ciento mayor a la registrada en 2015.
Para revertir el alto índice de corrupción en México, Transparencia Mexicana urge la necesidad de asegurar la correcta implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en todo el territorio nacional; incorporar a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Servicio de Administración Tributaria en el SNA (para fortalecer las investigaciones de lavado de dinero y las llamadas “empresas fantasma”); crear una Fiscalía General de la República capaz, autónoma e independiente; y avanzar hacia sistemas de información “interoperable y automatizada” de todas las instituciones públicas, incluyendo la máxima publicidad y formatos abiertos respecto del financiamiento a partidos políticos y sus proveedores.
DESIGUALDAD, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
México es uno de los países en los que la riqueza está muy mal distribuida y donde la economía crece en un promedio anual de 2.6 por ciento (lo ideal, según la organización México ¿Cómo Vamos?, sería un crecimiento al año de 4.5 por ciento). Esta situación es “motivo de inquietud”, refiere el Informe Panorama Social de América Latina 2016 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Las cifras del estudio, actualizadas hasta 2015, refieren que el 37 por ciento de la riqueza nacional (equivalente a 28 billones de pesos mexicanos) está en manos de las familias mexicanas. El resto es administrado por el Gobierno (23 por ciento), empresas privadas (19 por ciento), empresas gubernamentales (nueve por ciento), extranjeros (siete por ciento) e instituciones financieras (cinco por ciento).
“Lamentablemente”, la repartición de los 28 billones de pesos de las familias mexicanas “es muy desigual”, advierte la Cepal. Ello se debe a que “dos terceras partes de la riqueza total están en manos del 10 por ciento de las familias más ricas del país y el uno por ciento de las familias concentran más de un tercio”.
En el caso de los activos financieros la disparidad es aún más evidente, ya que “el 80 por ciento es propiedad del 10 por ciento más rico” del país. Y en virtud de que muy pocas personas tienen la posibilidad de participar en un fondo de inversión o de mercado, “el vigoroso aumento de estos activos ha provocado una fuerte concentración de la riqueza” (el ingreso aumenta más rápido entre aquellos que tienen inversiones financieras que entre los asalariados).
“Todo esto indica que en México hay una profunda inequidad en la distribución de los activos totales, que impacta en la distribución del ingreso”, considerando que “más riqueza implica más ingreso y viceversa”.
Inclusive, el organismo internacional resalta que el 10 por ciento de las empresas concentran el 93 por ciento de los activos físicos, en tanto que el 90 por ciento restante dispone de muy pocos bienes de capital.
Alicia Bárcena Ibarra, secretaria ejecutiva de la Cepal, dijo el año pasado que las reformas estructurales impulsadas por el Presidente Enrique Peña Nieto habían tenido poca incidencia en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Asimismo, aseveró que para que las reformas den resultados “deben de estar acompañadas de otro tipo de reformas sociales de mayor alcance”, como aquellas al ingreso mínimo vital o al ingreso básico de los ciudadanos.
En ese sentido, urgió solucionar la desigualdad laboral de género. En México, el 32.2 por ciento de las mujeres destina su tiempo a labores no remuneradas, mientras que la cifra en los hombres es de apenas 11.6 por ciento, según la Cepal.
Esta tendencia reproduce la desigualdad, dijo Bárcena, y limita el desarrollo productivo de gran parte de la población mexicana. Y también evita mejores retribuciones del factor trabajo, como derechos y beneficios sociales.
Los resultados de la Cepal abonan a los del reporte Sin mejorar las condiciones del mercado, presentado este año por el Centro de Investigación en Economía y Negocios (Cien), según el cual, el 61.8 por ciento de los trabajadores mexicanos gana sólo tres salarios mínimos (7 mil 952 pesos al mes), mientras que el 4.6 por ciento recibe más de cinco salarios mínimos (de 13 mil 254 pesos en adelante).
El Cien refiere que, en 2017, 400 mil personas más ganaron cuando menos tres salarios mínimos por jornada laboral. No obstante, ese mismo año, el número de personas que percibían más de cinco salarios mínimos disminuyó en 23.2 por ciento (734 mil trabajadores dejaron de ganar más de 13 mil pesos al mes).
A esta creciente falta de poder adquisitivo, se suma el hecho de que la generación de empleos en México es en gran medida eventual y no permanente.
El reporte explica que, del total de nuevas plazas registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entre 2016 y 2017, “el 66 por ciento (75 mil 503 personas) corresponde a trabajadores eventuales y solo el 34 por ciento restante (38 mil 219 individuos) fue para los trabajadores con plaza permanente”.
En contraste, datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi refieren que, al cierre del año pasado, el 57 por ciento de la población económicamente activa (30.2 millones de personas) participó de la economía informal, teniendo un aumento de 1.1 por ciento en comparación con el año anterior. En el caso de los desempleados, el organismo detalló que hay 1.8 millones de individuos.
Las condiciones mencionadas (desigualdad social, pérdida de poder adquisitivo, generación de empleos eventuales sobre empleos permanentes y ensanchamiento de la economía informal) son algunos factores que detienen el crecimiento sostenido de la economía mexicana y también las posibilidades de movilidad social positiva (o de mejorar el estatus socioeconómico).
En ese respecto, el estudio El México del 2018: movilidad social para el bienestar del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) refiere que los siete de cada 10 mexicanos que nacen en condiciones de pobreza, permanecerán así toda su vida.
Además, CEEY menciona que ocho de cada 10 jóvenes que incursionan en el mercado laboral, consigue un trabajo con salario insuficiente. Si la movilidad social es deficiente, la tendencia implica que su condición será su estado permanente.
El panorama laboral coincide con lo establecido en el Índice Global de Competitividad 2017 (IGC) del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), según el cual, “México continúa con el mismo nivel de competitividad que el año pasado”.
El IGC ubica a nuestro país en la posición 51 de 137 naciones. Y aunque reconoce que la economía nacional “continúa mejorando”, pero “es más lenta que el resto de las economías” evaluadas.
Por ello, para el WEF es fundamental que México encuentre políticas para acelerar el impacto de las reformas realizadas, sin lo cual la mejora en el desempeño de sus indicadores podría quedar estancado en los próximos años.
Pérez murió, junto a otras seis personas, el pasado 15 de enero cerca de Caracas después de que “agentes de fuerzas de seguridad, junto con miembros de un grupo armado partidario del Gobierno, que en Venezuela se conocen como “colectivos”, rodearan la vivienda donde se escondían”, afirma Taraciuk Broner.
Foto: RT
Ciudad de México, 25 de enero (EFE).- La organización Human Rights Watch (HRW) afirma que “hay pruebas” que sugieren que el policía venezolano Óscar Pérez, quien se rebeló contra el Gobierno de Nicolás Maduro, “habría sido víctima de una ejecución extrajudicial”.
En un artículo publicado hoy en Firmas de EFE (www.efedocanalisis.com/category/firmas/), la investigadora de HRW Tamara Taraciuk Broner advierte de que la muerte violenta de Pérez “augura un pésimo 2018 para los derechos humanos en Venezuela”.
Pérez murió, junto a otras seis personas, el pasado 15 de enero cerca de Caracas después de que “agentes de fuerzas de seguridad, junto con miembros de un grupo armado partidario del Gobierno, que en Venezuela se conocen como “colectivos”, rodearan la vivienda donde se escondían”, afirma Taraciuk Broner.
Según la investigadora, las autoridades venezolanas calificaron a las víctimas de “terroristas” y afirmaron que fallecieron tras un “enfrentamiento”; pero esta organización afirma que “hay pruebas” de que pudo tratarse de ejecuciones extrajudiciales.
Antes de su muerte, indica Taraciuk Broner, “Pérez publicó en las redes sociales varios vídeos afirmando que él y sus colegas estaban siendo atacados, y que habían iniciado negociaciones con las autoridades para entregarse”.
En una copia de su certificado de defunción se indica que la causa de su muerte fue un único disparo en la cabeza, pero -tras ver el cuerpo- “la hermana de una de las víctimas manifestó que tenía la cabeza destruida y que advirtió orificios de ingreso y salida de bala en la cabeza”, agregó.
La investigadora considera además que “las acciones del Gobierno desde que ocurrieron los hechos sugieren que intentó encubrir lo que realmente ocurrió”, pues las fuerzas de seguridad destruyeron el edificio donde Pérez y los otros estaban ocultos.
Ni la Guardia Nacional Bolivariana ni el Gobierno de Maduro han permitido a los familiares tener acceso a los cuerpos, denuncia HRW, al indicar que también “ignoran la voluntad de los familiares, que querían decidir cuándo, dónde y cómo enterrar a sus seres queridos”.
“El cuerpo de Pérez, el último en ser enterrado, fue llevado sorpresivamente a un cementerio de Caracas en la madrugada del 21 de enero. Solo dos familiares pudieron estar presentes durante el entierro”, recuerda Taraciuk.
“Las autoridades venezolanas comenzaron el año 2018 actuando como si les estuviera permitido encubrir posibles ejecuciones extrajudiciales”, denuncia HRW, al hacer un llamamiento a la comunidad internacional para que exija un esclarecimiento de los hechos.
El director para las Américas de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, calificó como “cifras escandalosas” los más de 23 mil homicidios registrados en México durante los últimos 11 meses, convirtiendo al 2017 en el año más violento de ese país en las últimas dos décadas.
Además recordó que las víctimas incluyeron 12 periodistas asesinados, lo que puso a México junto a Siria como los países más peligrosos del orbe para los comunicadores sociales.
WASHINGTON (AP) — La represión de manifestaciones opositoras multitudinarias en Venezuela, el aumento en Estados Unidos de las detenciones de inmigrantes sin autorización ni antecedentes criminales para deportarlos y el mayor número de homicidios en México en las últimas dos décadas marcaron un retroceso en el respeto a los derechos humanos en 2017 en el continente americano, señaló el jueves la organización Human Rights Watch (HRW).
“El registro es negativo”, dijo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, al presentar el informe anual de la organización con sede en Nueva York. “Fue un año de retrocesos”.
Vivanco consideró que lo sucedido en 2017 “nos hace perder décadas en las que se lograron compromisos colectivos en defensa de derechos humanos”.
En Venezuela, por ejemplo, dijo que la organización percibe una tendencia dictatorial del presidente Nicolás Maduro y subrayó la importancia de la presión internacional para revertir la situación.
Dijo que espera que alguno de los 12 países americanos que integran el llamado Grupo de Lima y que ha sido crítico de Maduro, solicite a la Corte Penal Internacional la apertura de una investigación preliminar sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en la nación sudamericana.
En relación a Estados Unidos, Vivanco indicó que las políticas migratorias del presidente Donald Trump con frecuencia atentan contra el debido proceso de los detenidos y vulneran el derecho a la unidad familiar, por lo que llamó al Congreso a aprobar leyes que protejan los derechos fundamentales para los inmigrantes.
El director de HRW, Kenneth Roth, responsabilizó a Trump de haber promovido la intolerancia durante su primer año de gestión, lo que a su juicio anima a gobiernos represivos de todo el planeta.
“Ha roto todos los tabúes contra el racismo, la misoginia, la xenofobia”, dijo.
Vivanco describió como “cifras escandalosas” los más de 23 mil homicidios registrados en México durante los últimos 11 meses, convirtiendo al 2017 en el año más violento de ese país en las últimas dos décadas.
Las víctimas incluyeron 12 periodistas asesinados, lo que puso a México junto a Siria como los países más peligrosos del orbe para los comunicadores sociales.
El informe indicó que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha conseguido escasos avances para juzgar abusos graves en el marco de la lucha contra el crimen organizado, tales como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura.
Vivanco se refirió a algunos progresos alcanzados en Colombia tras el acuerdo de paz con las FARC, como un descenso sustancial en la cantidad de desplazamientos forzados y homicidios vinculados al conflicto armado.
Pero al mismo tiempo destacó un aumento sostenido en los homicidios de activistas y derechos humanos y responsabilizó a las autoridades colombianas de no investigar debidamente la responsabilidad de altos funcionarios militares con matanzas de civiles a los que se calificó falsamente de rebeldes izquierdistas muertos en combate.
Las críticas por la ley que establece los parámetros para la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no cesa. Políticos y activistas volvieron a protestar frente al Senado, por tercer día consecutivo, para exigir una Ley de Seguridad Interior “sin guerra”.
Heikel Hänsel, Diputada del Parlamento Alemán, expresó este día su “profunda preocupación” por la intención del Congreso mexicano de aprobar esta ley. Una manifiesto que ha sido expresado en el mismo sentido por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El INAI, la Asociación Nacional de Alcaldes, Amnistía Internacional y Human Rights Watch se sumaron a la exigencia al considerar que es un proyecto opaco y que no contribuye, en lo absoluto, a que los militares que cometen abusos rindan cuentas por sus actos.
Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).- Las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) hicieron un llamado Senado mexicano para que rechace el proyecto de la Ley de Seguridad Interior, que “perpetúa institucionalmente” el fracaso del Gobierno ante la violencia.
“Durante más de una década, México ha empleado con frecuencia a las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia organizada y los resultados han sido catastróficos”, destacó Daniel Wilkinson, director adjunto para las Américas de Human Rights Watch en un comunicado.
“Aunque el país necesita urgentemente mejorar su respuesta ante los problemas de seguridad pública, delegar esta tarea a las Fuerzas Armadas, que tienen nefastos antecedentes de derechos humanos, no es la solución”.
Asimismo, criticó que “tras más de 10 años de resultados nefastos y catastróficos, el Congreso mexicano pretenda reforzar una estrategia de seguridad pública militarizada que ya ha demostrado ser errada y costosa”.
Para HRW, “el proyecto legislativo no contribuye en absoluto a incrementar la transparencia de las operaciones militares, ni a que los militares que cometen abusos rindan cuentas por sus actos” y resaltó que entre 2006 y 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió casi 10 mil denuncias de abusos cometidos por militares, incluidas más de 2 mil recibidas durante el actual gobierno.
“Human Rights Watch y otras organizaciones de derechos humanos también han documentado numerosos casos en los cuales militares que habrían participado en actividades de seguridad pública habrían cometido ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual. En estos abusos, la impunidad sigue siendo la regla”, criticó la organización.
En tanto, en una carta que hizo llegar el miércoles al presidente del Senado, Ernesto Cordero, AI expresó su “grave preocupación” por la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, impulsada por el Ejecutivo, aprobada por la Cámara de Diputados el 30 de noviembre y actualmente bajo consideración de los senadores.
La ONG consideró que la aprobación definitiva del proyecto “sería un grave retroceso en materia de derechos humanos”, argumentando que “prolongaría la presencia de las Fuerzas Armadas en funciones policiales regulares para las cuales no están capacitadas, ni por las cuales rindan cuentas”.
Al respecto, la directora de AI para las Américas, Erika Guevara Rosas, dijo que la organización ha documentado desde hace más de 10 años “gravísimas violaciones a los derechos humanos en el contexto de una salida política que ha impuesto el papel de las Fuerzas Armadas en la respuesta a graves situaciones” de violencia en gran parte del país.
La falta de una respuesta efectiva a este problema, sostuvo, “ha “generado una situación caótica y una de las peores crisis en todo el hemisferio”.
La abogada denunció que en la respuesta gubernamental “no ha habido siquiera intentos” por ir corrigiendo los graves fallos de esta política.
A su vez, la Asociación Nacional de Alcaldes, conformada por 469 municipios mexicanos, también rechazó la iniciativa avalada y empujada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“Desde la ANAC señalamos que de ninguna manera vamos apoyar propuestas que tiendan a desaparecer a la policías municipales, pues no obstante no se puede aseverar que las fuerzas federales o estatales sean mejores que las municipales, sin contar con una evaluación detallada de por medio de cada corporación”, destacaron en un comunicado de prensa.
La ANAC expuso los ocho puntos por los que se oponen al dictamen que será discutido la siguiente semana: Es una ley vertical que excluye la coordinación entre los ordenes de Gobierno; se comete el error de prejuzgar sobre protestas y movilizaciones sociales, catalogandolas entre graves y no graves; se realizarán intervenciones en los territorios de los municipios sin haber escuchado la posiciones de los alcaldes; hace falta detallar las hipótesis a acreditar o evaluar para la ampliación del periodo de intervención, de lo contrario se esta sujeto a criterios personales y no técnicos la permanencia de las fuerzas armadas, al restar facultades a los gobiernos municipales, pues parte del supuesto de la ineficiencia de las policías Municipales sin que haya mediado evaluación de cada una de las corporaciones policiales en cada municipio.
Agregó que con esta Ley, la Fuerza Armada Federal se impone sobre la Estatal y la Municipal, por lo tanto no es un asunto de coordinación sino de subordinación, con centralización del poder en usa sola persona y con métodos discrecionales; es una manera de normar a las Fuerzas Armadas en funciones policiales, y trasciende al ámbito personal de cada individuo, vulnera y viola derechos y libertades básicas de los mexicanos.
Hoy,un grupo de alrededor de 50 manifestantes se hicieron presente enfrente del Senado de la República para continuar las manifestaciones en contra de la Ley de Seguridad Interior.
El político Gerardo Fernández Noroña, quien estuvo presente en el lugar, criticó al Presidente del Senado Ernesto Cordero Arroyo por asegurar que la propuesta lleva meses discutiéndose.
“No es cierto qué lleve meses la discusión. ¿Dónde? Mentiroso. Nosotros hemos insistido desde que Calderón dejó a los militares en las calles que es ilegal la presencia. Para Nochixtlán no necesitaron una Ley de Seguridad Interior y mataron a 11, para Tlatlaya no necesitaron y mataron a 22, en Tanhuato mataron 41”, dijo Fernández, quien calificó a Cordero de hacerle el juego al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El jueves pasado, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior, y es ahora en el Senado de la República que la minuta pretende discutirse previo al término del periodo de sesiones el 15 de diciembre.
Heikel Hänsel, Diputada del Parlamento Alemán, expresó este día su “profunda preocupación” por la intención del Congreso mexicano de aprobar esta ley. Una manifiesto que ha sido expresado en el mismo sentido por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La legisladora se dijo consciente de los problemas de inseguridad que atraviesa el país. “Sin embargo, no creo que la adopción de la Ley de Seguridad Interior, tal como se discute en el Congreso de la Unión, represente una solución”, expuso.
Hänsel recordó que fue el propio Secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos quien reconoció que las tareas de seguridad pública no eran propias del Ejército.
“Preocupa porque parece que da paso a la desaparición forzada. En otros países no se permite que los militares hablen de política y no sé porque aquí sí”, dijo Estefanía Veloz, una de las organizadoras de la protesta.
Fernández Noroña indicó que la iniciativa pone en riesgo la protesta social: “Exigimos que hagan política y no represión, que respeten la decisión de la gente. Y que respeten el derecho de la gente a reclamar las cosas”.
“Yo creo que lo que tenemos que hacer es dar a conocer la fotografía y el nombre de los diputados, senadoras y sonadores que aprueben esta ley”, dijo Fernández Noroña.
Aunque la minuta ha sido turnada a las comisiones de Gobernación, Marina, Estudios Legislativos y Defensa del senado, los trabajos legislativos aún no han sido convocados para iniciar esta semana.
La organización advirtió que el Gobierno chino está explorando nuevas tecnologías para obtener información personal de los ciudadanos, a través de textos, video y imágenes de cámaras de seguridad en tiempo real con el objetivo de identificar a activistas o disidentes.
HRW denunció que el sistema de “policía en la nube” utilizado por las autoridades de China es empleado en realidad para vigilar a disidentes. Foto: Especial
Pekín, 20 de noviembre (EFE).- La organización Human Rights Watch (HRW) pidió hoy al Gobierno chino que deje de construir plataformas de “big data” que almacenan información personal de la población, a las que considera “abusivas” por violar el derecho de privacidad.
Según denuncia la organización en un comunicado, el sistema de “policía en la nube” utilizado por las autoridades de China está realmente diseñado para “rastrear y predecir” los movimientos de activistas, disidentes y minorías étnicas y “no cumple con los estándares de privacidad internacionales”.
“Es aterrador que las autoridades chinas estén recopilando y centralizando todavía más información de cientos de miles de personas corrientes, identificando a las que se desvían de lo que ellos consideran el ‘pensamiento normal’ y después vigilándolas”, afirmó Sophie Richardson, directora de HRW en China.
El Gobierno chino, que durante años ha almacenado información de los ciudadanos, está explorando ahora nuevas tecnologías para agregar información personal de forma más eficiente y poder compartirla de forma transversal con diferentes departamentos gubernamentales, tanto a nivel nacional como local.
La policía china, por ejemplo, utiliza varias aplicaciones para analizar textos, vídeo e imágenes de cámaras de seguridad en tiempo real o casi en tiempo real, con el objetivo de buscar sospechosos de forma más eficiente e intentar prever posibles delitos.
No obstante, estos métodos “también permiten que la policía obtenga información de forma arbitraria sobre la vida de gente corriente, incluida la de aquellos que no tienen nada que ver con el mal comportamiento”, denunció HRW.
Las autoridades del país recopilan información de los ciudadanos a través de la policía, redes de transporte, alojamientos turísticos, grabaciones de cámaras urbanas, otros departamentos gubernamentales e incluso compañías privadas.
HRW denunció que las leyes en vigor en China “no cumplen con los estándares de privacidad internacionales”, que exigen que el almacenaje y uso de datos personales con objetivos políticos se lleve a cabo solo cuando exista “una amenaza real para un interés común, como la seguridad nacional o el orden público” y que sea de la manera menos intrusiva posible para lograr ese fin.
“Prevenir el crimen es un interés legítimo del Estado, pero las herramientas de prevención frecuentemente siguen patrones antiguos y llevan a viejos errores o prejuicios, como culpar a personas de clase socioeconómica inferior. Esto pone en duda si el uso de estas herramientas aporta algo nuevo y son necesarias o si suponen una intrusión en los derechos individuales”, apuntó HRW.
“Y eso les ha dado resultados durante los más de 17 años que llevan en el poder, estigmatizar y desprestigiar a los que se atreven a formular una crítica contra ellos”, criticó José Miguel Vivanco, director para América de Human Rights Watch (HRW).
José Miguel Vivanco, director para América de HRW. Foto: EFE
Washington, 18 de abril (EFE).- La organización Human Rights Watch (HRW) afirmó hoy que la “tiranía” de Venezuela debe dialogar con las democracias de América Latina porque hasta ahora ha habido “una fórmula errada” de “ficción de diálogo” entre Gobierno y oposición que ha dado “oxígeno” al Presidente Nicolás Maduro.
“El diálogo debe ser entre las democracias latinoamericanas y el régimen de tiranía de Maduro, no un diálogo donde está la víctima, la oposición y la sociedad civil, con su victimario (el Gobierno) que concentra todo el poder”, dijo hoy José Miguel Vivanco, director para América de HRW, en rueda de prensa en Washington.
Vivanco consideró que hasta ahora lo que ha existido “no es presión regional” sino “una fórmula profundamente errada de diálogo promovida por varios de los países de la región entre oposición y Gobierno como si el problema de Venezuela fuera falta de diálogo entre oposición y Gobierno”.
“Esa no es la situación de Venezuela -prosiguió-. Un diálogo con una asimetría tan grande, con un Gobierno que lo controla todo, es un monólogo, no es un diálogo”.
Vivanco sostuvo que “por eso no ha habido resultados” y, “mientras se mantuvo la ficción del diálogo, se incrementó el número de prisioneros políticos y la Suprema Corte se atrevió a despojar a la Asamblea (Nacional) de sus funciones como Congreso”.
“Esos son los frutos del diálogo promovido por (el expresidente español José Luis Rodríguez) Zapatero, Unasur bajo la dirección de (Ernesto) Samper y algunos países de la región, incluyendo Argentina, mientras la canciller (Susana Malcorra) se postulaba para la Secretaría General de la ONU”, indicó.
“Esa fórmula permitió a Maduro ganar oxígeno, tener la mayor concentración de poder que existe en América del Sur, un Gobierno que ha perdido incluso su fachada democrática”, añadió.
Vivanco señaló asimismo que Maduro “no está abierto al diálogo” y “se conduce de manera autoritaria” reaccionando como “un ‘bully’, un matón, alguien que agrede y ataca ante la crítica”.
“Con un régimen que opera sobre esas premisas delirantes es muy difícil establecer un diálogo, solo la presión multilateral hará que cambie su discurso, lo otro es ingenuo”, agregó.
Ahora, señaló, “gracias en buena parte al liderazgo de Luis Almagro (secretario general de la OEA), y de algunos países como Canadá, México, Brasil y Perú”, “se ha ido incrementado la presión” y “cada vez el régimen está más aislado y desprestigiado”.
Vivanco pide “medidas firmes” en la Organización de Estados Americanos (OEA) para presionar a Maduro a que “deje de negar la crisis humanitaria y tome medidas al respecto”, porque “la crisis de Venezuela está teniendo impacto ya en otros países de la región”.
Eso es lo que muestra HRW en un informe publicado hoy sobre el éxodo de venezolanos a Brasil: el número de los emigrantes al país vecino se ha quintuplicado desde 2014.
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