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Los 8 ex gobernadores acusados de corrupción sumaron deuda por 186,535 mdp

domingo, noviembre 20th, 2016

Son siete ex Gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y uno del Partido Acción Nacional (PAN), los que enfrentan distintos tipos de acusaciones. Sólo uno está en la cárcel, Guillermo Padrés Elías, ex mandatario de Sonora; otro más está prófugo, Javier Duarte de Ochoa, Gobernador con licencia de Veracruz, y el resto libres. Los ocho tienen en común que aumentaron las deudas de sus estados. La suma de todos los incrementos arroja que son 186 mil 535.7 millones de pesos, cantidad superior al recorte al gasto que hizo para 2017 el Gobierno federal.

Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).– La deuda que acumularon y sumaron a la que recibieron los ocho Gobernadores acusados de corrupción, lavado de dinero, delincuencia organizada y malos manejos en el país, es más elevada que el recorte al gasto que hizo el Gobierno federal en el Presupuesto de Egresos 2017.

En total los ex Gobernadores de Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Nuevo Léon, Sonora y Coahuila incrementaron, de acuerdo con datos de los estados y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 186 mil 535.7 millones de pesos respecto a la que recibieron al llegar al poder.

La suma del incremento de las deudas de estos ocho estados es superior a la reducción al gasto programable que la Cámara de Diputados aprobó el pasado 11 de noviembre para “alcanzar las metas de consolidación fiscal” de 175 mil 849 millones de pesos respecto a 2016.

“De esta forma, se evita recurrir a un mayor endeudamiento y a modificar el marco fiscal con fines recaudatorios”, informó la Cámara de Diputados a través del Informe Semanal de la Vocería.

La suma del incremento de la deuda de las ocho entidades es superior a los 121 mil millones de pesos aprobados para la Secretaría de Salud y 2.7 veces más que los 69 mil millones asignados al Seguro Popular que cubre a 65 mil afiliados en el país.

El incremento del adeudo es también 5.2 veces el recorte de 35 mil 331 millones de pesos a la Secretaría de Educación Pública.

El Presupuesto de Egresos para el próximo año prevé una disminución en el gasto de operación de las dependencias de Gobierno de 33 mil 498 millones “el cual refleja un mayor esfuerzo a lo alcanzado en 2016”, indica la Cámara en su comunicado.

Sólo la deuda que incrementó en su sexenio el ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés (36 mil 186.6 pesos respecto a los 323 millones de pesos que recibió) bastaría para cubrir ese gasto.

La deuda de los ex Gobernadores es 33.9 veces los 5 mil 500 millones de pesos asignados al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), 84.7 veces los 2 mil 200 millones de pesos asignados a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y 195.12 veces los 956 millones de pesos destinados al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).

El endeudamiento es también 20.6 veces más que lo que se incrementó en el Presupuesto de Egresos para apoyo al campo (sólo 9 mil millones de pesos), 909.9 veces más que los 205 millones de pesos que se incrementaron para Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y 709.2 veces más que los 263 millones de pesos asignados al Fondo de Apoyo a Migrantes para “apoyar a los trabajadores migrantes en retorno”.

QUE REGRESEN LO QUE SE ROBARON

Políticos, activistas y analistas reclaman que los ex Gobernadores, siete del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y uno del Partido Acción Nacional (PAN), no sólo sean juzgados por la justicia mexicana, sino también obligados a regresar lo que “se robaron”.

Hace unos días Javier Corral Jurado, Gobernador de Chihuahua, dijo en entrevista con SinEmbargo que el Gobierno federal además de llevar a la cárcel a los ex Gobernadores, debe resarcir y regresar el patrimonio robado a las entidades federativas afectadas.

“Nosotros estamos de acuerdo con que el combate a la corrupción, el atajar la impunidad, no puede terminar en detener o encarcelar a tal o cual ex Gobernador; lo más importante de una política anticorrupción es efectivamente resarcir y regresar al patrimonio de las entidades lo robado. Es regresarle a la gente lo que le corresponde, ese es el mayor objetivo”, explicó el mandatario.

Ivonne Acuña Murillo, académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, consideró que si el PRI y el Gobierno federal tienen una voluntad real de combatir la corrupción política de sus ex gobernadores, deben atraparlos, enjuiciarlos y obligarlos a devolver a las arcas públicas lo que se robaron.

“Una vez que los atrapan, si es que los atrapan, no devuelven lo que se robaron y lo usan para pagar a sus abogados, vivir muy a gusto en la cárcel y pasa lo que pasó con Raúl Salinas de Gortari, que salió con su dinero a pasearse en autos de lujo”, detalló.

José Antonio Crespo Mendoza, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), explicó que las órdenes de aprehensión en contra de Guillermo Padrés Elías, ex Gobernador de Sonora y Javier Duarte de Ochoa, Gobernador con licencia de Veracruz, obedecen al deseo de la ciudadana por combatir la corrupción mostrada en las elecciones de este año.

“Si no hubiera presión ciudadana no pasaría lo de Padrés. Pasó un año desde que salió y tuvo que ocurrir la elección de este año para que se fueran contra él que estaba libre, igual que Rodrigo Medida de Nuevo Léon o los Moreira en Coahuila”, detalló Crespo Mendoza.

Araceli Domínguez, activista y miembro de la organización “Salvemos al Manglar Tajamar”, exigió que Roberto Borge Angulo, ex Gobernador de Quintana Roo, sea perseguido por la justicia mexicana y que además, regrese “todo lo que se robaron”.

LOS EX GOBERNADORES

Javier Duarte de OchoaVeracruzPRI

El Gobernador con licencia Javier Duarte, actualmente prófugo. Foto: Cuartoscuro

Javier Duarte de Ochoa, actualmente prófugo de la justicia, recibió la deuda de Veracruz en 21 mil 499.9 millones de pesos y la dejó en 45 mil 775 millones de pesos. Foto: Cuartoscuro

El Gobernador con licencia de Veracruz es prófugo de la justicia. La Procuraduría General de la República (PGR) ofrece una recompensa por información sobre su paradero. Está acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Duarte de Ochoa recibió una deuda en diciembre de 2010 de 21 mil 499.9 millones de pesos y dejó un endeudamiento, de acuerdo con el Saldo Histórico de Obligaciones Financieras de Entidades Federativas, Municipios y Organismos al 31 de marzo de 2016 de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por 45 mil 775 millones de pesos; es decir, durante su periodo el adeudo se incrementó 24 mil 276.1 millones de pesos.

Roberto Borge Angulo/Quintana Roo/PRI

CANCÚN, QUINTANA ROO, 13JULIO2016.- Durante la ampliación y remodelación de una avenida en Cancún, el gobernador Roberto Borge Angulo, señalo en una entrevista con los medios de comunicación que mañana asistirá a la PGR, el mandatario, quien obtuvo del Congreso local la aprobación del denominado "paquete de impunidad"; que incluye la contratación de escoltas por los próximos 15 años. Estas acciones fueron impugnada a través de un juicio de inconstitucionalidad por parte de la Presidencia de la República "todo es mucho ruido, llamarada de petate afirmó ". FOTO: ELIZABETH RUIZ /CUARTOSCURO.COM

Roberto Borge Angulo heredó una deuda de 22 mil 442 millones de pesos, cuando él la recibió en 10 mil 37 millones de pesos. Foto: Elizabeth Ruiz, Cuartoscuro

Borge Angulo, ex Gobernador de Quintana Roo enfrenta una acusación formal ante la PGR por enajenamiento irregular de 9 mil 500 hectáreas de zonas turísticas de la entidad, mientras que la administración entrante realiza auditorías a todas las dependencias para fundamentar más denuncias. La oposición, empresarios y activistas lo acusa de haber saqueado al estado, de beneficiar a sus amigos y familiares y de despojar de sus terrenos a varias personas para entregárselos a desarrolladores inmobiliarios.

El ex Gobernador recibió una deuda total por 10 mil 037 millones de pesos y la elevó 123 por ciento, es decir 12 mil 405 millones de pesos. Al concluir su mandato dejó un endeudamiento por 22 mil 442 millones de pesos.

César Duarte JáquezChihuahuaPRI

La mitad de los 6 mil millones de pesos serán usados por César Duarte Jáquez para compromisos adquiridos, según él anunció. Foto: Cuartoscuro

César Duarte Jáquez dejó una deuda en Chihuahua de 42 mil 453 millones de pesos; él la recibió en 12 mil 547 millones de pesos. Foto: Cuartoscuro

Desde septiembre de 2014 sobre César Duarte, ex Gobernador de Chihuahua, pesa una denuncia ante la PGR por peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, uso indebido de atribuciones y facultades más lo que resulte.La denuncia fue interpuesta por abogado chihuahuense Jaime García Chávez por el caso del Banco Progreso, donde César Duarte y su esposa obtuvieron acciones. Pero no hay ninguna orden de aprehensión en su contra.

Duarte Jáquez recibió la entidad en 2010 con una deuda de 12 mil 547 millones de pesos. A su salida dejó una deuda 55 mil millones de pesos; es decir, incrementó el endeudamiento de la entidad 42 mil 453 millones de pesos.

El Gobierno del panista Javier Corral Jurado ha señalado que Duarte sólo dejó 21 millones de pesos en caja, que no alcanza para pagar deudas y ni para la gasolina de los vehículos de la policía.

Jorge Herrera CalderaDurangoPRI

Jorge Herrera Caldera, ex Gobernador de Durango. Foto: Cuartoscuro

Jorge Herrera Caldera recibió la deuda de Durango en 3 mil 697 millones de pesos y heredó una de 15 mil millones de pesos, la más grande del país a nivel per cápita. Foto: Cuartoscuro

Hace unos días el ex Gobernador de Durango y 26 de sus colaboradores se ampararon ante una posible orden de aprehensión en su contra, a pesar de que de acuerdo con Adrián Alanís Quiñones, Secretario General de Gobierno entrante, no hay una denuncia aún por parte del estado en contra del ex mandatario.

Herrera Caldera recibió una deuda en 2010 de 3 mil 697 millones de pesos de acuerdo con los datos de la SHCP, y a su salida este año dejó un endeudamiento de 15 mil millones de pesos, de acuerdo con las auditorías realizadas por la administración entrante.

El ex Gobernador incrementó la deuda de Durango 11 mil 302.3 millones de pesos durante su sexenio.

Egidio Torre CantúTamaulipasPRI

Foto: Cuartoscuro

Egidio Torre Cantú dejó una deuda en Tamaulipas de 13 mil 511.9 millones de pesos; cuando inició su sexenio los pasivos del estado sumaban mil millones de pesos. Foto: Cuartoscuro

El ex Gobernador de Tamaulipas Egidio Torres Cantú es propietario de una mansión valorada en 340 millones de pesos, más costosa y grande que la llamada “casa blanca” de la esposa del Presidente Enrique Peña Nieto, de acuerdo con el primer candidato independiente a Gobernador de esa entidad Francisco Chavira Martínez.

El ex Gobernador recibió en 2011 una deuda de mil millones de pesos y en octubre de este año dejó un endeudamiento por 13 mil 511.9 de acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda.

Torre Cantú incrementó la deuda de Tamaulipas 12 mil 511.9 millones de pesos, debido a la adquisición de hasta 11 préstamos con cinco bancos privados.

Rodrigo Medina de la CruzNuevo LeónPRI

Rodrigo Medina, ex Gobernador de Nuevo León. Foto: Cuartoscuro

Rodrigo Medina de la Cruz disparó la deuda de Nuevo León de 27 mil 70 millones de pesos a 62 mil 946 millones de pesos. Foto: Cuartoscuro

En junio de este año el Gobierno de Nuevo León acusó a Medina de la Cruz, a nueve ex funcionarios, cinco ex servidores públicos, dos alcaldes, dos diputados federales, nueve empresarios, dos funcionarios bancarios, socios y familiares por desvíos de recursos e irregularidades por 9 millones de pesos en varias obras.

El ex Gobernador de Nuevo Léon fue acusado por la Subprocuraduría Anticorrupción por peculado, daños patrimoniales y ejercicio indebido de funciones por distintos apoyos a la empresa Kia Motors. Sin embargo un juez lo exoneró en agosto de este año de los delitos de peculado y daños patrimoniales.

En 2009, Medina de la Cruz recibió una deuda del también priista José Natividad González Parás de 27 mil 70 millones. A su salida en 2015, dejó un endeudamiento por 62 mil 946.8 millones de pesos de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda.Medina de la Cruz incrementó más del doble la deuda de Nuevo Léon con 35 mil 878.8 millones de pesos.

Guillermo Padrés ElíasSonoraPAN

Guillermo Padrés Elías, ex Gobernador de Sonora. Foto: Cuartoscuro.

Guillermo Padrés Elías recibió la deuda de Sonora en 11 mil 258 millones de pesos y la dejó en 22 mil 780 millones de pesos. Hoy está en prisión acusado de lavado de dinero y defraudación fiscal. Foto: Cuartoscuro.

Al ex Gobernador de Sonora le fueron dictados dos autos de formal prisión por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada. Su hijo Guillermo Padrés Dagnino recibió un auto de formal prisión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Padrés Elías recibió una deuda en 2009 de 11 mil 258 millones de pesos y, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, dejó un endeudamiento por 22 mil 780 millones de pesos. El ex mandatario incrementó la deuda de Sonora 11 mil 522 millones de pesos.

Humberto Moreira ValdésCoahuilaPRI

La suegra del ex presidente del PRI Humberto Moreira, devolverá una casa en Texas valuada en 12 millones de pesos. Foto: Cuartoscuro

Humberto Moreira Valdés recibió una deuda de 323 millones de pesos y dejó pasivos por 36 mil 509.6 millones de pesos. Foto: Cuartoscuro

En enero de este año, el priista Humberto Moreira Valdés fue detenido en España por una investigación relacionada con lavado de dinero, organización criminal, malversación de caudales públicos, y cohecho; pero fue liberado siete días después.

El 27 de julio de este año Luis Fernando Salazar, Senador de la República por Coahuila, presentó una denuncia ante la PGR en contra de Humberto Moreira y quienes resulten responsables, por los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, cohecho, fraude, encubrimiento y peculado.

El Senador argumentó que mientras en Estados Unidos se han abierto “investigaciones respecto a una red de corrupción que operó en Coahuila para desfalcar al estado, y han seguido juicios en los que se ha condenado a diversos funcionarios y empresarios que han señalado la participación del ex Gobernador Humberto Moreira, en México, las autoridades de procuración de justicia siguen siendo cómplices y omisas en investigar a quienes fueron responsables de la megadeuda”.

El ex Gobernador de Coahuila recibió una deuda en diciembre de 2005 de 323 millones de pesos y a su salida en 2011, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, dejó un endeudamiento de 36 mil 509.6 millones de pesos. El también ex presidente del PRI nacional incrementó la deuda de Coahuila 36 mil 186.6 millones de pesos.

Despojo, robo, extorsión… si lo de Borge está fácil, PGR puede ir por él: Gobierno y grupos civiles

viernes, noviembre 18th, 2016

El nombre de Roberto Borge Angulo, ex Gobernador priista de Quintana Roo, en la lista de los “acusados” por actos de corrupción pesa y se coloca como uno de los casos más graves, afirman funcionarios de la nueva administración en la entidad, activistas y empresarios, consultados por SinEmbargo. El ex mandatario debe ser llamado a cuentas lo más pronto posible, pues hay pruebas contundentes en el tema de la enajenación irregular de terrenos en zonas turísticas, mientras se acumulan otras a través de las auditorías que se realizan en este momento.

Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).– El Gobierno de Quintana Roo realiza auditorías a todas las dependencias estatales que entregó la administración de Roberto Borge Angulo, para presentar de ser necesario, nuevas denuncias penales en contra del ex mandatario y sus colaboradores.

Sin embargo, afirmaron activistas, diputados y empresarios, el Gobierno de Carlos Joaquín González no tendrá problemas en encontrar las pruebas de que todas las dependencias fueron saqueadas y que hubo despojos, cobro por derecho de piso, mordidas, entre otras formas de corrupción.

Rafael Antonio del Pozo Dergal, Secretario de Gestión Pública de Quintana Roo, afirmó en entrevista con SinEmbargo que la administración actual no hará pactos ni negociaciones “bajo la mesa” y que se denunciarán los hallazgos que surjan después de finalizar las auditorías.

“Desde que se inició el proceso de entrega-recepción nos hemos abocado a la revisión de los anexos que van con las actas de cada una de las dependencias y entidades de cada una de las áreas del estado, y que como parte del proceso se han ido detectando algunas inconsistencias sobre la información que contienen las actas y los anexos”, explicó Del Pozo Dergal.

Uno de los primeros hallazgos son las irregularidades detectadas en el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública Estatal (IPAE) en donde se detectó la venta irregular de 9 mil 500 hectáreas de la reserva de la entidad por debajo de su precio real y a personas cercanas a él.

En todos los casos los avalúos carecen de rigor técnico y no se siguió el procedimiento legal. De las 9 mil 500 hectáreas, en 850 se “identificaron vínculos importante entre el ex Gobernador y familiares, trabajadores de la familia y algunas personas con vínculos con servidores públicos”, afirmó.

El funcionario dijo que se solicitó a la PGR que se analice y revise la situación patrimonial de los compradores, así como el origen del dinero con el que realizaron las transacciones.

Además la PGR, agregó, ya trabaja en conocer los avalúos reales de los terrenos enajenados durante la administración de Borge.

Para Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la PGR tiene elementos suficientes para liberar al menos una orden de presentación en contra de Roberto Borge.

“Hay suficientes elementos para tener a Borge en la cárcel. Varias áreas de la administración se convertían en entidades asaltadas. Ya se dio la primera denuncia, pero vendrán muchas más y debe ser detenido a la brevedad. Ahorita la PGR y la Fiscalía podrían librar una orden de presentación, pero dudo mucho que lo vayan hacer”, dijo el legislador Ramos Hernández.

El Diputado perredista afirmó que Roberto Borge dejó a Quintana Roo en una “situación muy comprometida”, pues encabezó a una “banda de mafiosos” que se dedicaron a saquear al estado.

Borge recibió una deuda de 10 mil 037 millones de pesos, y la elevó 123 por ciento al entregarla en 22 mil 442 millones de pesos. Repartida entre el millón y medio de personas que conforman su población, cada quintanarroense debería 14 mil 946 pesos en comparación con los 7 mil 571 pesos que debía en 2010.

“Borge era como un pirata que en cada dependencia veía a un corsario para asaltar; saqueó todas las secretarías y entidades que pudo. Su destino será finalmente la cárcel, de él y varios de sus colaboradores”, dijo.

BORGE DEBE IR A LA CÁRCEL, EXIGEN

Hernán Cordero Galindo, ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Cancún y representante en Quintana Roo de la organización civil Ángel Ciudadano, exigió cárcel para Borge Angulo y sus cómplices.

“Él tiene un récord histórico en corrupción, obstaculización, despojo, falta de Estado de Derecho, de certeza jurídica, abuso de poder, inseguridad, violencia contra las mujeres, censura a medios, abuso de autoridad. La deuda yo creo que llega a los 30 mil millones, contando todos los distintos tipos de crédito: deuda a proveedores, bancos, de los créditos a corto plazo”, consideró Cordero Galindo.

Cordero Galindo agregó que la administración de Borge se caracterizó por el despilfarro, los aviadores en dos terceras partes de las dependencias, dádivas, pagos de choferes y personal de limpieza para personas que ni siquiera estaban en la administración pública.

El empresario constructor afirmó que la mayor parte de los diputados locales solaparon a Borge Angulo. Eran delincuentes que vivían de “extorsionar, corromper, cobrar multas y mordidas”.

“Nunca habíamos tenido tanta obstaculización para poder construir. El daño que se causó por la deuda es uno, pero el de los despojos y extorsiones, el daño al sector producto es mucho mayor y es muy difícil medirlo, porque son miles de empresas frenadas por la corrupción”, detalló.

Hernán Cordero exigió cárcel para los diputados que votaron a favor de la protección del ex Gobernador, además de investigar cuánto dinero recibieron por ese voto.

Araceli Domínguez, activista y miembro de la organización “Salvemos al Manglar Tajamar”, aseguró que en la pasada administración hubo despojos de tierras a través de “tranzas” y juicios que nunca eran del conocimiento de los afectados, hasta que llegaban con una orden de desalojo.

“El modus operandi era que alguien metía una demanda contra el propietario por cualquier razón, incluso por despojo; el propietario nunca se enteraba y, cuando terminaba el juicio llegaba la policía a desalojar con la orden de un juez. Eso ocurrió con varios predios de la Riviera Maya. Borge hizo cosas terribles. La universidad era su caja chica, hizo un auditorio que inauguró con la fachada y que no se puede utilizar, no terminó el Hospital General”, dijo Domínguez.

La activista exigió que Roberto Borge sea perseguido por la justicia mexicana y que además, regrese “todo lo que se robaron”.

Lo de Trump está duro, pero ex gobernadores rateros deben ir a prisión: politólogos

domingo, noviembre 13th, 2016

La entrega, no captura, de Guillermo Padrés Elías, ex Gobernador de Sonora, a las autoridades para enfrentar las acusaciones en su contra, abre un nuevo capítulo para los ex mandatarios priistas acusados también de corrupción, lavado de dinero y delincuencia organizada que continúan libres; la mayoría de ellos sin una orden de aprensión y con todas las facilidades para huir, dicen analistas políticos a SinEmbargo. Además, dijeron, las preocupaciones que abre la presencia de Donald Trump como próximo Presidente de Estados Unidos, no debe desviar la atención de una de las prioridades en México: combatir la impunidad de los malos gobiernos.

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).– La emergencia que significa la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos no debe ser motivo para olvidar a los ex Gobernadores priistas acusados por corrupción, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y hasta delincuencia organizada que hoy disfrutan de libertad amparados por la impunidad que reina en el país, dijeron analistas consultados por SinEmbargo.

El jueves pasado, el ex Gobernador de Sonora, el panista Guillermo Padrés Elías, se entregó a las autoridades para enfrentar las acusaciones que se le imputan. No fue un mérito de la Procuraduría General de la República (PGR) ni del Gobierno del priista Enrique Peña Nieto, sino un cálculo político del ex mandatario.

“Estamos muy atentos a lo que viene con el triunfo de Trump, quizás eso lo aprovechó Padrés para entregarse. Varios medios titularon: ‘Cae Padrés’, como si hubiera sido un éxito de la Procuraduría; la verdad es que el ex Gobernador hizo su cálculo con su abogado y vio conveniente entregarse, enfrentar a la justicia porque posiblemente las inconsistencias que cometieron para armar su expediente, lo ayuden a salir libre por violaciones al debido proceso”, dijo Ivonne Acuña Murillo, académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana.

La académica lamentó la “lentitud” de la PGR para perseguir a los ex gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusados de corrupción, delincuencia organizada y lavado de dinero.

La lista parece agrandarse conforme los gobernadores electos realizan sus auditorías. Ayer, a la par de la aprehensión de Padrés, se sumó a la lista de los acusados Jorge Herrera Caldera, ex mandatario priista de Durango, quien se amparó junto con una veintena de sus colaboradores para averiguar si existe una orden de aprehensión en su contra.

Antes que Herrera Caldera están pendientes las investigaciones sobre Javier Duarte de Ochoa, Gobernador con licencia de Veracruz, hoy prófugo de la justicia, ni la de los ex gobernadores César Duarte Jáquez, de Chihuahua, y Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, sobre quienes ni siquiera pesa una orden de aprensión a pesar de las serias acusaciones en su contra.

“No sé que están pensando; la PGR está actuando con lentitud y es el mismo procedimiento con todos los gobernadores, parece que se les da tiempo para que se vayan, que muevan algo del dinero que se robaron, dejando lo que no se pueden llevar. El país está pasando por una etapa muy difícil, porque lo que vemos es una serie de pactos de impunidad a todos los niveles que deja poca posibilidad para que funcione el Sistema Nacional Anticorrupción[SNA] que el Presidente [Enrique Peña Nieto] presentó hace poco”, explicó.

José Antonio Crespo Mendoza, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), coincidió con Acuña Murillo y agregó que el amparo del ex Gobernador de Durango es la prueba de su culpabilidad.

“El ex Gobernador de Durango, ¿por qué se ampara? Sabe que robó, porque no se lo tiene que decir nadie; él sabe que robó y se ampara. Está confesando por eso se está amparando. Hay otros que ni siquiera ha habido orden de aprehensión ni nada como en el caso de César Duarte, los Moreira, Borge. No hay voluntad para castigar de manera amplia a quienes incurrieron en algo semejante a lo de Javier Duarte”, dijo.

Para Nicolás Loza Otero, analista político de Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), en el caso de Chihuahua– que de acuerdo con el Gobierno entrante César Duarte no dejó ni para la gasolina– podría ocurrir algo similar a lo que pasó en Veracruz, en donde pareciera que hay un acuerdo previo.

“En Veracruz pareciera que hubo un acuerdo para que Javier Duarte pidiera licencia para poder irse, sin ser consignado; con César Duarte, no podemos saber si pasa lo mismo, pero por lo pronto no tenemos ningún caso integrado en la procuraduría”, recordó.

Lorenzo Meyer Cosío, investigador y politólogo de El Colegio de México (Colmex)

Calificó en una entrevista reciente con SinEmbargo como “una pésima coyuntura” la elección estadounidense y la realidad mexicana, de la cual nadie puede estar orgulloso por la cantidad de asesinatos, corrupción e impunidad.

“Tenemos la desgracia de ser productores y corredores de droga hacia el gran mercado norteamericano, lo que ha producido un a pésima imagen de México que no ayuda a mantener la dignidad nacional y el orgullo nacional. Esta elección norteamericana nos toma en un momento en que nosotros mismos dudamos del camino que México ha seguido, y de la calidad de la vida colectiva de México con los asesinatos, la corrupción, la violencia, la impunidad. Nadie puede estar orgulloso de la vida interna de México; luego se nos viene encima el que somos chivo expiatorio porque se señala que nos robamos los empleos norteamericanos, pues es una pésima coyuntura”, consideró.

QUE REGRESEN LO QUE SE ROBARON

Ivonne Acuña dijo que si el PRI y el Gobierno federal tienen una voluntad real de combatir la corrupción política de sus ex gobernadores, deben atraparlos, enjuiciarlos y obligarlos a devolver a las arcas públicas lo que se robaron.

“Una vez que los atrapan, si es que los atrapan, no devuelven lo que se robaron y lo usan para pagar a sus abogados, vivir muy a gusto en la cárcel y pasa lo que pasó con Raúl Salinas de Gortari, que salió con su dinero a pasearse en autos de lujo”, detalló.

Pero si el Gobierno federal no persigue y encarcela a los ex gobernadores priistas, quedará claro que las promesas de Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI, de combatir la corrupción, son sólo palabras, agregó Crespo Mendoza.

“Quedará claro que en realidad hacen como que persiguen a la corrupción, pero no la están persiguiendo en serio, sólo es para darnos atole con el dedo, para reducir los costos de lo que pasó en esta elección [junio 5]. Si no hacen nada con los demás gobernadores, no reducirán la corrupción”, dijo.

Crespo Mendoza explicó que las órdenes de aprehensión en contra de Padrés Elías y Javier Duarte de Ochoa obedecen al deseo de la ciudadana por combatir la corrupción mostrada en las elecciones de este año.

“Si no hubiera presión ciudadana no pasaría lo de Padrés. Pasó un año desde que salió y tuvo que ocurrir la elección de este año para que se fueran contra él que estaba libre, igual que Rodrigo Medida de Nuevo Léon, los Moreira en Coahuila”, detalló.

EL PRI DEJÁRA UN PAÍS DEVASTADO

Los analistas coincidieron en que la corrupción, la impunidad y los resultados en materia de seguridad impactarán en los resultados del PRI en la sucesión presidencial de 2018.

“No creo que puedan evitar que la seguridad sea en las elecciones de 2018 un problema fundamental en el tema de la campaña política. Los números van a ser muy sencillos, son fríos y hablan por sí solos”, dijo en una entrevista con este medio digital hace una semana Tony Payán, director del Centro de Estudios sobre México del Baker Institute for Public Policy de la Universidad Rice, en Estados Unidos

Sin embargo el tema de la corrupción de los gobernadores priistas pesará de manera contundente en el voto de 2018 consideró Ivonne Acuña.

“Si el Gobierno no atrapa a esos gobernadores y pone un freno a la corrupción en todos los estados, no tiene cara para presentarse en 2018. El PRI va a dejar un país devastado; antes había una máxima priista que decía ‘roba pero deja para que el viene’, ya no dejan, ya matan a la gallina de los huevos de oro, dejan quebrado al Estado. Hay un cinismo absoluto, no buscan simular sus robos porque no hay autoridad que les ponga freno”, dijo.

El PRI y el Presidente se hundirán si César Duarte y Borge escapan, dicen politólogos

sábado, noviembre 12th, 2016

El Partido Revolucionario Institucional podría pagar muy caro el dejar ir a César Duarte Jáquez, ex Gobernador de Chihuahua, como ocurrió con Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, coincidieron analistas consultados por SinEmbargo. Aunque existe una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia desde 2014 por peculado en contra del ex mandatario chihuahuense, lo cierto es que actualmente se encuentra completamente libre para salir del país cuando desee, mientras que la administración entrante –la del panista Javier Corral Jurado– lo acusa de no haberle dejado ni para la gasolina.

Pero a Peña Nieto no le interesa saber que su política económica está ahogando a una importante parte de los mexicanos. Foto: Especial

La supuesta lucha anticorrupción del Presidente Enrique Peña Nieto y su partido, el PRI, ha sido “puro teatro”, dice el politólogo José Antonio Crespo Mendoza. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).– Si el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Gobierno de Enrique Peña Nieto dejan pasar el caso de César Duarte Jáquez, ex Gobernador de Chihuahua, como ha hecho con los de Humberto Moreira Valdés, ex mandatario de Coahuila, y con Javier Duarte de Ochoa, ex Gobernador de Veracruz, a quien se presume dieron “tiempo de escapar”, están hundidos: en 2018, el costo político será caer hasta la tercera fuerza política, dijeron analistas entrevistados a SinEmbargo.

La semana pasada y ésta, Arturo Fuentes Vélez, Secretario de Hacienda de Chihuahua, ha informado diversos aspectos sobre del desfalco de Duarte Jáquez en la entidad. Por ejemplo, que dejó en caja sólo 21 millones de pesos para operación y que, antes de irse, se desaparecieron 6 mil millones de pesos de un crédito contratado a última hora. El ex mandatario priista no dejó ni para la gasolina.

“Cuando nos vamos a ver la deuda de los estados en relación al Producto Interno Bruto [PIB] estatal, la de Chihuahua es la más alta en todo el país: un 8.3 por ciento; en contraste, la de Veracruz es un 4.7 por ciento del PIB estatal”, dijo Fuentes Vélez al comparar la situación de Chihuahua con la que dejó Javier Duarte en Veracruz.

José Antonio Crespo Mendoza, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), consideró que si el PRI y el Gobierno federal no hacen nada en el caso de César Duarte e incluso, de Roberto Borge Angulo, ex Gobernador de Quintana Roo, las  expectativas electorales del tricolor se verán reducidas en 2018.

“Cargará [el PRI] con el costo político: se le reducen las expectativas electorales, porque a la gente le queda claro que es puro teatro eso de perseguir la corrupción. En la medida que sigan saliendo cosas de Chihuahua, de Quintana Roo, y no se haga nada al respecto, quedará más claro que es una mera simulación”, dijo el politólogo.

Desde septiembre de 2014 sobre César Duarte pesa una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, uso indebido de atribuciones y facultades más lo que resulte.

La denuncia fue interpuesta por abogado chihuahuense Jaime García Chávez por el caso del Banco Progreso, donde César Duarte y su esposa obtuvieron acciones.

Sin embargo, dos años después el ex Gobernador está libre para salir del país y desaparecer del mapa de la justicia mexicana cuando quiera, como ocurrió con Javier Duarte de Ochoa.

“Le van a facilitar todo para que se vaya igual que Javier Duarte; son complicidades a todos los niveles y nosotros como ciudadanía nada más nos quedamos mirando, mientras que la población perjudicada sufrirá miseria, desabasto de medicamentos, falta de servicios, inseguridad. En los casos de Javier Duarte, César Duarte y Borge vieron que la impunidad era tal, y la protección política, que se robaron todo lo que quisieron”, dijo Crespo Mendoza.

Ivonne Acuña Murillo, académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana (UIA).

La académica agregó que si el PRI y el Gobierno federal no persiguen a los ex Gobernadores que tienen acusaciones de corrupción y malos manejos, el partido en el poder sufrirá las consecuencias.

“El PRI está completamente golpeado: está en tercer lugar en intención del voto y hay un 44 por ciento de rechazo en las encuestas: hay gente que dice que nunca votarían por el PRI sea el candidato que sea. El rechazo está creciendo y en los dos años que quedan de Gobierno de Enrique Peña Nieto va a seguir creciendo si no hay resultados. Lo que estamos esperando de manera importante es que se castigue a los corruptos”, detalló Acuña Murillo.

EN VERACRUZ, ACUERDO; EN CHIHUAHUA, TAMBIÉN

Los analistas coincidieron en que todo parece indicar, que el Gobierno federal permitió la huida de Javier Duarte de Ochoa. El ex Gobernador pidió licencia el 12 de octubre y fue hasta varios días después cuando la PGR informó que había una orden de aprehensión en su contra.

El miércoles 19 de octubre por la mañana cuando Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, dijo que no se sabía nada sobre el paradero de Duarte.

“No sabemos nada de Duarte, tampoco hay información de que haya salido legalmente del país. Creemos que puede estar en México”, reconoció en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula.

Arely Gómez González, entonces Procuradora General de la República, confirmó ese día por la tarde que el Ministerio Público Federal obtuvo una orden de aprehensión en contra de Javier Duarte por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Nicolás Loza Otero, analista político de Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), consideró que en el caso de Chihuahua podría ocurrir algo similar a lo que pasó en Veracruz.

“En Veracruz pareciera que hubo un acuerdo para que Javier Duarte pidiera licencia para poder irse, sin ser consignado; con César Duarte, no podemos saber si pasa lo mismo, pero por lo pronto no tenemos ningún caso integrado en la procuraduría”, recordó Loza Otero.

Para José Antonio Crespo ni el PRI ni el Gobierno federal combaten la corrupción en serio y el escándalo de Javier Duarte se dio por motivos electorales y no por una conciencia de combatir la impunidad entre los gobernadores priistas.

“Si no pasa nada quedará muy claro que es una simulación eso de perseguir la corrupción, en esa medida perderá credibilidad la palabra de [Enrique] Ochoa, presidente del PRI, y del PRI mismo que va en tercer lugar en las encuestas. Una simulación en la que participan todos los partidos: el PAN [Partido Acción Nacional] no hizo gran cosa con lo de [Guillermo] Padrés, le quitó los derechos partidistas, pero un año más tarde. El mensaje es que no quieren combatir la corrupción”, dijo.

SIN FISCALIZACIÓN: IMPUNIDAD ABSOLUTA

Ivonne Acuña Murillo coincidió con Crespo y agregó que en los casos de los gobernadores acusados de corrupción, no existe una actuación previa por parte del Gobierno federal.

Los mandatarios hacen un manejo “criminal” del presupuesto sin ser monitoreados, ni fiscalizados.

“Realmente lo que pasó en Veracruz y lo que está pasando en Chihuahua y Quintana Roo es de un cinismo absoluto”, dijo Acuña Murillo.

Loza Otero precisó que por oficio todos los gobernadores deberían ser fiscalizados en sus cuentas públicas, a través de sistemas de contabilidad armonizados y auditables.

“No tenemos nada de eso. En la actualidad se ha avanzado un poco pero siguen definidos por los estados con criterios locales, para que no se pierdan auditar. A través de la armonización de cuentas públicas ayudaría a controlar a los gobernadores. En el caso particular de un ex Gobernador del que se presume uso ilegal de recursos debería actuarse de inmediato, con bastante profesionalismo, prontitud, precisión, inteligencia. Pero no, hay una gran impunidad y los gobernadores son beneficiados de ella”, concluyó Nicolás Loza.

El priista que denunció a Javier Duarte pregunta al PRI: ¿Y César Duarte? ¿Y Medina? ¿Y Borge?

jueves, octubre 6th, 2016

Suspender los derechos partidistas sólo a César Duarte de Ochoa manda un mensaje anticorrupción incompleto por parte del PRI, pues faltan las sanciones para los ahora ex gobernadores César Duarte Jáquez, Roberto Borge Angulo y Rodrigo Medina de la Cruz, quienes están incluidos en la demanda interna de expulsión por supuestos actos de corrupción, interpuesta por el también priista Armando Barajas Ruiz. El integrante de la corriente Solidaridad afirma que esperará el plazo –no más de 15 días– para conocer si la Comisión de Justicia del tricolor procederá contra esos mandatarios. De lo contrario, dice, irá al Tribunal Electoral de la Federación para inconformarse contra ese órgano interno del Partido Revolucionario Institucional.

Ciudad de México, 5 de octubre (SinEmbargo).– Aún dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la suspensión de derechos como militante al todavía Gobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa está considerada como un mensaje anticorrupción incompleto.

De acuerdo con Armando Barajas Ruiz, integrante de la corriente Solidaridad y quien puso la denuncia contra el mandatario, todavía falta que el Partido Revolucionario Institucional aplique el mismo procedimiento en contra de los ex gobernadores César Duarte Jáquez, de Chihuahua; Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, y Rodrigo Medina de la Cruz, de Nuevo León, también incluidos en la demanda interna de expulsión por probables actos de corrupción.

En entrevista, Barajas Ruiz informó estar a la espera de que la Comisión de Nacional de Justicia Partidaria del tricolor proceda en contra de los otros tres mandatarios en los próximos 15 días; periodo en el que también, previó, debe desahogarse la audiencia de defensa del veracruzano.

Y si para entonces el partido no ha actuado contra Duarte Jáquez, Medina y Borge, informó Barajas, acudirá a la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación para inconformarse contra la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del tricolor, encabezada por Fernando Elías Calles.

“Estoy esperando que actúe la Comisión Nacional de Justicia Partidaria en los mismos términos que en los que se actuó en el caso de Veracruz, porque los asuntos son similares: denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y del Servicio de Administración Tributaria”, dijo Barajas.

“Entonces, estoy esperando los tiempos, entre una o dos semanas a lo máximo, para, en caso de que no vea actividad procesal en estos tres asuntos, acudir ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a fin de quejarme e iniciar un juicio contra la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, por la negativa a darle celeridad a estos procedimientos”, agregó.

LOS PERJUICIOS DE LOS DUARTE Y BORGE

Desde julio pasado, y luego de que el PRI perdiera siete de los 12 estados en disputa en las elecciones del 5 de junio, la corriente priísta interna denominada Solidaridad interpuso ante la citada Comisión partidaria dos demandas –una contra Duarte Jáquez, Duarte de Ochoa y Borge, y una más contra Medina– para que fueran expulsados del tricolor.

El argumento, de acuerdo con los documentos, es que las presuntas irregularidades cometidas por los mandatarios estatales “constituyen un hecho público y notorio y que influyeron negativamente en las elecciones constitucionales locales en perjuicio de nuestro instituto político”.

Tan sólo Duarte de Ochoa, Duarte Jáquez y Borge Angulo, argumenta la denuncia hecha el 20 de julio, acumulan en su contra al menos 78 procedimientos legales por probables irregularidades durante sus gobiernos; los tres iniciados en 2010.

A la fecha, sin embargo, el procedimiento ha avanzado únicamente en contra de Duarte de Ochoa, cuyos derechos como militante del tricolor fueron suspendidos el pasado 26 de septiembre.

En su contra, de acuerdo con la denuncia de Solidaridad, pesan dos denuncias de la Universidad Veracruzana (UV), que lo acusa de no pagar subsidios por más de 2 mil millones de pesos; 32 procedimientos del SAT ante la Procuraduría General de la República (PGR) por contratos con “empresas fantasma”, así como 26 denuncias generadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) “relacionadas con el desvío de recursos públicos provenientes de partidas federales”.

El mismo documento menciona que Duarte Jáquez tiene 17 procedimientos legales en su contra por probables irregularidades encontradas también por la ASF, mientras que Roberto Borge Angulo, Gobernador de Quintana Roo, enfrenta una denuncia penal ante la PGR desde 2014, así como una solicitud del Congreso de la Unión para que se investigue el destino de más de 16 mil millones de pesos.

Rodrigo Medina, ex Gobernador de Nuevo León hasta 2015, recibió en agosto pasado una vinculación a proceso [antes llamado “auto de formal prisión”] por ejercicio indebido de sus funciones.

Los procedimientos de suspensión de derechos como militantes priistas y la eventual expulsión de los mencionados está considerada por una parte del Comité Ejecutivo Nacional del PRI como una medida “preventiva” para evitar que las denuncias de corrupción que los rodean causen más derrotas electorales, sobre todo ante los comicios de 2018.

Este medio solicitó al PRI información sobre los procedimientos con los tres ex mandatarios mencionados. Al cierre de esta información, sin embargo, la petición no había sido respondida.

EL PRI Y LA SIMULACIÓN

La supuesta persecución del Partido Revolucionario Institucional contra Javier Duarte de Ochoa, Gobernador de Veracruz, y unos cuantos colaboradores de su administración, es una jugada del viejo priismo que busca acallar “el mal humor social” , con un “chivo expiatorio” para simular un combate a la corrupción, dijeron ayer expertos en entrevista con SinEmbargo.

Si el PRI realmente estuviera dispuesto a combatir la corrupción, dijo José Antonio Crespo Mendoza, tendría que ir contra los hermanos Moreira [Humberto y Rubén], contra los ex gobernadores César Duarte, Rodrigo Medina, Roberto Borge e incluso contra el Senador Emilio Gamboa Patrón –quien recientemente protagonizó un escándalo por el aterrizaje del helicóptero en el viajaba, propiedad de un empresario, en un sistema de arrecifes considerado Área Natural Protegida, en la Isla Alacranes en Yucatán–, sólo por mencionar algunos.

Si eso sucediera, si el PRI fuera contra todos sus militantes corruptos, agregó el politólogo, se quedaría sin partido, perderían hasta el registro, dijo el investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Con Crespo Mendoza coincidió Ivonne Acuña Murillo, académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, quien afirma que el PRI usa a Duarte de Ochoa, un político ya de desecho, para calmar lo que el Presidente Enrique Peña Nieto llama “el mal humor social”. Pero si realmente se tratara de combatir la corrupción, el tráfico de influencias, el uso ilegal de los recursos públicos y el enriquecimiento ilícito de sus políticos, “se quedaría sin cuadros dentro del partido”.

También Salvador Mora Velázquez, politólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), asegura que aunque el PRI trate de limpiar su imagen, los escándalos en torno a sus principales exponentes continúan evidenciando situaciones viejas e irregulares que no ha podido desterrar.

Si el PRI va por corruptos… se acaba el PRI: Crespo; Duarte es “chivo expiatorio”: politólogos

martes, octubre 4th, 2016

Javier Duarte de Ochoa, quien está a unas semanas de dejar el cargo de Gobernador en Veracruz, no es más que un “chivo expiatorio”, un político ahora de desecho, con el que el PRI simula combatir la corrupción, plantearon los politólogos José Antonio Crespo, Ivonne Acuña y Salvador Mora. Si el tricolor realmente tuviera la voluntad política de combatir ese delito tendría que ir por todos: gobernadores y ex gobernadores corruptos, funcionarios públicos e incluso legisladores, como Emilio Gamboa Patrón, dijeron. Si el Revolucionario Institucional realmente hiciera eso, coincidieron los especialistas, se quedaría sin cuadros… perdería hasta el registro.

Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).– La persecución del Partido Revolucionario Institucional (PRI) contra Javier Duarte de Ochoa, Gobernador de Veracruz, y unos cuantos colaboradores de su administración, es una jugada del viejo priismo que busca acallar “el mal humor social” , con un “chivo expiatorio” para simular un combate a la corrupción, dijeron expertos en entrevista con SinEmbargo.

Si el PRI realmente estuviera dispuesto a combatir la corrupción tendría que ir contra los hermanos Moreira [Humberto y Rubén], contra el hoy ex Gobernador César Duarte Jáquez, contra el ex Gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, contra el ex Gobernador Roberto Borge Angulo, contra el Senador Emilio Gamboa Patrón, sólo por mencionar a algunos; es decir, se quedaría sin partido, perderían hasta el registro, expuso José Antonio Crespo Mendoza, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Con Crespo Mendoza coincide Ivonne Acuña Murillo, académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, quien afirma que el PRI usa a Duarte de Ochoa, un político ya de desecho, para calmar lo que el Presidente Enrique Peña Nieto llama “el mal humor social”. Pero si realmente se tratara de combatir la corrupción, el tráfico de influencias, el uso ilegal de los recursos públicos y el enriquecimiento ilícito de sus políticos, “se quedaría sin cuadros dentro del partido”.

También Salvador Mora Velázquez, politólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), asegura que aunque el PRI trate de limpiar su imagen, los escándalos en torno a sus principales exponentes continúan evidenciando situaciones viejas e irregulares que no ha podido desterrar.

Cita como ejemplo el caso de Emilio Gamboa Patrón, Senador de la República, quien se encuentra envuelto en una polémica tras aterrizar en una zona natural protegida –el Arrecife Alacranes– en la costa de Yucatán. El Senador priista viajó en un helicóptero propiedad de Emilio Díaz Castellanos, un contratista del Gobierno federal, para luego abordar un yate del propio Díaz Castellanos.

“Cuando el Presidente de la República dice que nadie está exento, que todos somos corruptos, está enviando un mensaje desproporcionado y en favor de la impunidad”, opinó Mora Velázquez.

El politólogo consideró que expulsar del partido a los gobernadores acusados por corrupción, no es un castigo: “Si el PRI quiere enviar un mensaje creíble de combate a los políticos corruptos, debe buscar sanciones a través de la Procuraduría General de la República (PGR) e incluir a todos”.

Incluso en el caso de Gamboa Patrón, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), debe investigar al priista y debe hacerlo a fondo, añadió.

“Una disculpa pública no es suficiente. Hay que ver qué sanciones puede ejecutar la Profepa, porque no es un error: son cuestiones que deben ser sancionadas de manera rigurosa y dar ejemplos a la ciudadanía, si no se hace todo queda en una simulación”, dijo.

EL PRI CONTRA DUARTE: ¿Y LOS OTROS?

El pasado 26 de septiembre, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI presidida por Fernando Elías Calles, retiró los derechos que como militante tenía Duarte de Ochoa e hizo lo mismo con cuatro ex colaboradores del Gobernador de Veracruz y dos notarios vinculados con el polémico mandatario.

La decisión, que respondió a acusaciones de corrupción, los inhabilitó para buscar puestos de elección popular e incluso para participar en procesos electorales al interior del partido.

“El hecho de que el PRI esté utilizando a su ya casi ex Gobernador, no es más que demostrar, con un solo caso, que está haciendo algo y que está dispuesto a realizar un combate contra la corrupción. Pero si realmente la intención fuera profunda y seria, el PRI se quedaría sin cuadros. Ahí están Humberto Moreira [Valdés] en Coahuila; César Duarte en Chihuahua y Roberto Borge en Quintana Roo. Entonces, Javier Duarte es un chivo expiatorio. Es una tradición del PRI clásico hacer esto con los políticos que ya no le sirven para calmar lo que ahora el Presidente [Enrique Peña Nieto] llama ‘mal humor social’”, dijo Ivonne Acuña Murillo, académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana.

La experta consideró que habrá que esperar y observar si el PRI va más allá con los casos de los ex gobernadores y gobernadores corruptos pues, para quedar satisfechos, los mexicanos y, en este caso, los veracruzanos requieren algo más que quitarle los derechos políticos a Duarte de Ochoa y unos cuantos allegados.

“Se deben dar un procedimiento e investigaciones legales para llegar a un castigo. Lo que le preocupa a la sociedad es que regrese lo que se llevó y pague por los supuestos delitos que cometió haciendo uso ilegal de las atribuciones que le dio el cargo público”, dijo la politóloga.

El caso de persecución contra Javier Duarte se da también en medio del polémico finiquito millonario de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a Enrique Ochoa Reza, quien presidente nacional del tricolor, lo que para Ivonne Acuña resulta “escandaloso”.

“Ochoa Reza podrá decir que es un golpe político y sí, es posible, pero sustentado en un dinero que, aunque sea legal, no deja de ser escandaloso y nos habla de una política pública poco sensible, en un país con la mitad de sus habitantes en pobreza”, planteó.

SI VAN POR TODOS, EL PRI SE QUEDA SIN REGISTRO

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José Antonio Crespo, politólogo del CIDE, considera que el PRI no puede ir contra todos los políticos corruptos y que lo integran y expulsarlos, porque se quedaría hasta sin registro. Foto: Especial

José Antonio Crespo Mendoza, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), consideró que el PRI intenta lanzar un mensaje de que sí le importa combatir la corrupción, luego de los deplorables resultados electorales que consiguió este año.

“Se supone que podrían ser otros gobernadores los que estarían en la misma situación [de Javier Duarte de Ochoa] como el de Chihuahua, el de Quintana Roo, el de Nuevo León, de eso se habla. En realidad, la lista tendría que agrandarse muchísimo y se quedarían ya sin nada. No pueden irse contra todos los corruptos porque se quedan sin partido, perderían hasta el registro”, dijo Crespo Mendoza.

El politólogo explicó que para que la estrategia pudiera ser creíble, tendrían que ir por más gobernadores e incluso ex gobernadores, además de legisladores y funcionarios públicos de todos niveles. El primero de la lista, afirmó, de debe ser Humberto Moreira Valdés, ex Gobernador de Coahuila y también ex presidente nacional de partido tricolor.

“El primero debe ser Moreira, pero lo han dejado de lado, lo han protegido y no creo que lo vayan a tocar. Algún acuerdo tiene que lo protegen; no creo que esté en la lista, ni siquiera lo han mencionado”, dijo.

El dejar fuera a Moreira, expuso, lleva la lucha contra la corrupción del PRI al terreno de la simulación, pues la medida debería ser sistemática e indiscriminada, agregó.

“Pero sabemos que en la política real eso no existe ni siquiera en otros países, no se aplica como se debería aplicar la Ley. La cosa es que se aplique más que antes: si vemos a un PRI que castiga a algunos de los gobernadores corruptos, aunque no sea todos, la gente dice: ‘bueno, ya se está haciendo algo al respecto’ y genera una presión para que el PAN [Partido Acción Nacional] haga lo mismo, para que el PRD [Partido de la Revolución Democrática] y Morena [Movimiento Regeneración Nacional] también lo hagan. Porque si el corrupto hace eso, si el PRI lo está haciendo –que es el partido corrupto por definición– surge el: ‘ustedes tendrían que hacer lo mismo’, se genera una presión para todos”, detalló Crespo.

SIMULACIÓN DE ORIGEN

En el caso de Veracruz, el PRI dejó intacta y sin castigo a la principal red de operadores del Gobernador, a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la denunció ante la PGR por varios delitos.

El diario Reforma publicó que la propia Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI decidió mantener como miembros del partido a cinco diputados federales y dos diputados locales que estarían involucrados en las irregularidades que se atribuyen a Duarte de Ochoa y a funcionarios y políticos de su entorno más cercano.

Todos estarían siendo investigados por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en relación con el otorgamiento, por parte del Gobierno de Veracruz, de contratos millonarios a varias empresas fantasmas en la entidad.

Reforma menciona entre los funcionarios del Gobierno veracruzano en la mira del SAT a los siguientes:

–Édgar Spinoso, ex Oficial M,ayor y ex Subsecretario de Finanzas del Estado.

–Alberto Silva Ramos, ex Secretario de Desarrollo Social, vinculado con la contratación de empresas fantasmas.

–Antonio Tarek Abdala, Diputado federal y ex Tesorero de Duarte, quien habría sido acusado en otras ocasiones de desvío de recursos. Diputados opositores han pedido se le retire el fuero para que sea juzgado.

–Adolfo Mota, ex Secretario de Educación y actualmente Diputado federal, a quien la auditoría investigaría por desvío de recursos.

–Jorge Carvallo Delfín, quien fuera Secretario de Desarrollo Social del Estado, también investigado por contratos con compañías inexistentes.

Por otro lado, también quedaron sin sanción los priistas Vicente Benítez y Juan Manuel del Castillo, quienes se convertirán en diputados del Congreso de Veracruz a partir del 5 de noviembre.

El homicidio de un hombre de Borge crea sospechas de “ajuste de cuentas”

lunes, agosto 8th, 2016

Si las transiciones de los gobiernos priistas de Veracruz y Chihuahua a manos de los gobernadores electos del PAN están siendo turbulentas, la del Quintana Roo que aún comanda el también priista Roberto Borge Angulo no se queda atrás. Sumido en una crisis financiera y, además, de credibilidad, al mandatario se le acusa, entre otras cosas, de querer blindarse contra la justicia, de armar una red para despojar a decenas de ciudadanos de sus terrenos y propiedades y de encabezar acciones de crimen organizado. El asesinato de uno de sus operadores, Isaías Capeline Lizárraga, muestra que el Gobierno de Borge Angulo se condujo fuera de la Ley apoyado por personajes oscuros, afirma el equipo de Carlos Joaquín González, Gobernador electo de esa entidad.

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).– La Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo calificó como un acto del crimen organizado el asesinato del director de Gobernación de aquella entidad, Isaías Capeline Lizárraga, quien murió en el interior de su camioneta Ford Lobo abatido a disparos junto con uno de sus guardias.

El crimen se registró el pasado 14 de julio en Cancún, principal destino turístico de México y donde dos días antes se había registrado la fuga de 10 reos.

De 75 años, Capeline Lizárraga era considerado un funcionario que recibía órdenes directas del saliente Gobernador priísta Roberto Borge Angulo. De acuerdo con la oposición, lo mismo encabezaba las actividades policiacas que los programas sociales, el espionaje, el “trabajo sucio” y la mano dura contra los adversarios políticos.

“Yo creo que sabía mucho”, dice el Diputado local independiente Jorge Aguilar Osorio en entrevista vía telefónica. “Era un personaje muy obscuro, de toda la confianza del Gobernador del estado y que tenía información que podía afectar a muchos”, agrega el ex perredista, a quien Capeline acusó en una entrevista de lanzarle amenazas de muerte.

La administración de Borge Angulo deja más de 22 mil 400 millones de pesos en deuda pública y, ante la derrota frente a la oposición, buscó “blindaje” con el nombramiento de magistrados y un fiscal anticorrupción emanado de su gabinete.

Una de las denuncias de corrupción difundida en los últimos meses señala la existencia de una red de servidores públicos de su administración dedicados a operar decenas de actos de despojo en las costas del estado.

El método, publicó el pasado mes de julio la organización de investigación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, consistió en crear, desde el Gobierno local, falsas demandas laborales e incluso compras inscritas de manera ilegal en el Registro Público de la Propiedad y que, a través de la fuerza pública, habrían logrado afectar a decenas de dueños de terrenos costeros.

En la red, agregó la investigación publicada, están involucrados funcionarios como el ex Secretario del Trabajo, Patricio de la Peña Ruiz de Chávez, y el subsecretario del trabajo en la zona norte, Enrique de la Cruz Pineda, además del ex director del Registro Público de la Propiedad, Carlos Alejandro Lima Carvajal, nombrado recientemente Magistrado por Borge.

“El asunto es que tenemos un Gobierno estatal que actúa más allá de sus obligaciones y mandatos legales, que hacía cosas que estaban fuera de la Ley, soterradas”, dice Julián Ricalde Magaña, integrante del equipo de transición del Gobernador electo, Carlos Joaquín González, en entrevista con SinEmbargo.

“Y precisamente este personaje [Isaías Capeline Lizárraga] representa eso: el trabajo que no está dentro de las facultades y órdenes constitucionales. Era director de Gobernación, pero al mismo tiempo director de programas sociales, y lo mismo operaba cuestiones políticas que era el brazo ejecutor de acciones delictivas, como mandar a quemar autos, golpear opositores allanar oficinas, ordenar asaltos; en fin, un personaje grotesco”, agrega Ricalde Magaña, también ex Alcalde perredista de Benito Juárez.

Por eso el crimen, en el contexto del fin de la administración, fue considerado de inmediato en Quintana Roo parte de la búsqueda de protección de quienes podrían verse afectados por la información oficial que poseía.

“No tenemos las pruebas para poder asumir algo al respecto –dice Ricalde–, pero le voy a decir lo que algunos periódicos consignaron al dar la noticia: ‘silencian a Capeline’”.

TRANSICIÓN “ENRARECIDA”

Foto: Cuartoscuro

Julian Ricalde Magaña, ex Alcalde de Cancún e integrante del equipo de transición del próximo Gobierno de Quintana Roo, y Carlos Joaquín González, Gobernador electo de esa entidad. Foto: Cuartoscuro

Los entrevistados coinciden en que el reto de la administración entrante –el ex priísta Joaquín González ganó como candidato de una alianza del PAN y el PRD– es dar resultados inmediatos debido que está claro, dice Julián Ricalde, que el triunfo fue un castigo a los excesos de Borge.

“Ya no era noticia que nosotros los políticos denunciáramos agresiones de Roberto Borge y de sus testaferros, sino que fue metiéndose no sólo con los políticos sino con los ciudadanos, al acabarse los recursos públicos, al convertir a Quintana Roo en el último lugar de transparencia; desde los despojos, que es un ejemplo, hasta sus escándalos personales, ya en el ‘todo se puede y en el todo se vale’, y eso ha generado en la sociedad crispación”, plantea el ex Edil de Cancún.

Pero si bien el Gobernador electo ha anunciado investigaciones, agrega, Borge maniobró de manera “abrupta” para protegerse.

“No hay que olvidar que en Quintana Roo hubo el nombramiento abrupto de un Fiscal por siete años, que es parte del blindaje (…) Y el Tribunal de Justicia lo retacaron con personajes de Borge, como Carlos Lima, que era director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, y desde el mes pasado ya es Magistrado. Es parte de todo ese blindaje”, afirma.

Por los asesinatos tipo “ejecución”, las “narcomantas”, el aumento de los feminicidios y las incursiones de personas armadas incluso en la zona hotelera, para el legislador Aguilar Osorio es clara en Quintana Roo la presencia del crimen organizado e infiltrado, dice, en los cuerpos de seguridad pública.

El homicidio de Isaías Capeline ocurrió además mientras Roberto Borge Angulo se encontraba en la Ciudad de México, tratando con la Procuradora General de la República, Arely Gómez González, su paquete de medidas para “blindarse” de sanciones. Y es esa suma de elementos, agrega Jorge Aguilar, lo que en aquella entidad ha generado todo tipo de conjeturas y “enrarecido” el ambiente previo al cambio de Gobierno, previsto para el próximo domingo 25 de septiembre.

3 años y 7 meses: el batidero crece

martes, julio 12th, 2016
El Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Foto: Cuartoscuro

El priista Javier Duarte de Ochoa, Gobernador de Veracruz. Foto: Cuartoscuro

Entramos apenas a la segunda semana de julio de 2016. Al actual sexenio le faltan cuatro meses para cumplir sus primeros cuatro años, y hoy el país se parece más a una carreta destartalada –que jalan millones de bueyes cansados y agraviados– que al tren de alta velocidad que se prometió el 1 de diciembre de 2012, en el que, se suponía, los mexicanos nos moveríamos en primera clase hacia el desarrollo.

Hoy, con un Gobierno federal encabezado por un Presidente con una aceptación en mínimos históricos, la decepción es absoluta. Pocos, con excepción de unos cuantos priistas anacrónicos, creen que el equipo que encabeza Enrique Peña Nieto ha hecho un buen trabajo y ha puesto los cimientos para un mejor país.

El mismo PRI, endeble como ahora está, sin un liderazgo sólido –ni en la dirigencia nacional ni en la Presidencia de la República– se ve agobiado por sus errores y su engolosinamiento. Regresaron a Los Pinos en 2012 y volvieron a las andadas de siempre, no se dieron cuenta que la sociedad mexicana era distinta y más crítica, pensaron que los abusos y corruptelas podrían cometerse a plena luz del día, con soberbia y sin la menor esperanza de castigo, como lo han hecho y han dejado hacer. Así han gobernado: desde quien ocupa el puesto más alto, pasando por gobernadores, presidentes municipales y funcionarios públicos de todos los niveles.

Los ciudadanos padecen hoy hasta la médula el batidero en que tienen sumido el país –con problemáticas alarmantes y nunca antes vistas en los temas de corrupción e impunidad, economía, derechos humanos, violencia, pobreza, educación, salud, aplicación de justicia, opacidad, etcétera–.

Este gobernar a ciegas y sin escuchar a la gente ya le pasó factura a los del tricolor en las elecciones de junio pasado, pero al paso que van muchos dudan que incluso retengan la silla presidencial. Es más, se apuesta ya a que tras las elecciones federales de julio de 2018 el PRI se instalará de nuevo como tercera fuerza política a nivel nacional, y en algunos estados incluso caerá hasta el cuarto sitio.

Ayer, sin embargo, en un intento desesperado por parecer justo ante el reclamo social, el Gobierno federal quiso dar una muestra de rigor, un manotazo en la mesa contra dos de los gobernadores priistas más nefastos –no los únicos, por desgracia– y a los que durante estos tres años y siete meses no quiso poner a raya: Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, y a Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo.

Así, la Presidencia anunció que la Procuraduría General de la República (PGR) emprendió acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de los congresos de Veracruz y Quintana Roo, por sus reformas en materia de Anticorrupción y los “nombramientos a modo” de funcionarios encargados de la justicia y de la rendición de cuentas.

Esas reformas fueron calificadas desde hace semanas por partidos de oposición como “blindajes” para los gobernadores salientes Duarte de Ochoa y Borge Ángulo. Pero fue hasta ahora, en que el Gobierno federal se ve inmerso en un huracán de críticas por todos los frentes, cuando resolvió parar los intentos descarados de estos dos mandatarios por evadir acciones de justicia en su contra, cuando hayan dejado sus cargos, que recaerán además en representantes del Partido Acción Nacional (PAN).

El golpe de autoridad, sin embargo, se antoja tan a destiempo que no alcanzará a persuadir a la mayoría de los ciudadanos del actuar recto y firme por parte de la Presidencia; si acaso tendrá efecto entre los priistas locales de Veracruz y Oaxaca, que hoy ya vislumbran en su futuro la oscuridad de una celda.

Al Presidente Peña Nieto se le fue demasiado tiempo en publicitar la agenda del hombre que pasaría a la historia por sus reformas estructurales. Pero resulta que no: ninguna de ellas ha cuajado y algunas, como la educativa, están pendiendo de un hilo.

Se le fue el tiempo también en una estrategia de encierro, que lo alejó de la realidad y del escenario del caos al que han contribuido sus “amigos”, a quienes puso como ejemplos de la nueva forma de gobernar del PRI en mayo de 2012, en una entrevista en el programa “Tercer Grado” de Televisa: Beto Borge, Javier Duarte y César Duarte Jáquez, Gobernador de Chihuahua.

Se le fue el tiempo, además, negando la violencia y todo lo que ésta involucra: el aumento de los cárteles de la droga, los muertos, los desaparecidos, la tortura, los feminicidios, la trata de personas, el abuso a migrantes, las violaciones a los derechos humanos en general… y casos emblemáticos y desdeñados como Tlatlaya, Azotzinapa y ahora Nochixtlán. Esa violencia imposible de tapar con un dedo y por la que hoy México es visto con horror desde el extranjero.

Se le fue el tiempo presumiendo avances en materia de transparencia y rendición de cuentas donde él, quien debió erigirse en el buen juez, no supo empezar por su “casa blanca”… y terminó minando cualquier esbozo de credibilidad.

Se le fue el tiempo, se le fue el tiempo, se le va el tiempo… Ahora, cuando trata de dar golpes de autoridad, parece demasiado tarde, mientras el batidero crece y crece. Y no hemos llegado siquiera al cuarto año del sexenio.

¡Buena semana, y nos vemos el próximo martes!

El PRI tiende manto de impunidad a Borge: le aprueba cuentas; y a Duarte, deuda para Chihuahua

miércoles, julio 6th, 2016

En periodos extraordinarios, el Congreso de Chihuahua avaló que la administración de César Duarte Jáquez pueda endeudarse con 6 mil millones de pesos más, dejando en prenda los ingresos carreteros de los próximos 25 años. Mientras que los diputados de Quintana Roo avalaron la cuenta pública 2015 del Gobierno de Roberto Borge y aprobaron el nombramiento de los tres magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, cargo en el que permanecerán siete años.

El Congreso de Chihuahua avalando el endeudamiento por 6 mil millones de pesos. Foto: Especial

El Congreso de Chihuahua avalando el endeudamiento por 6 mil millones de pesos. Foto: Especial

Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).- Los congresos de Chihuahua y Quintana Roo trabajan a marchas forzadas para planchar la salida de los gobernadores César Duarte Jáquez y Roberto Borge Angulo, respectivamente.

Los dos gobernadores, miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI), perdieron las elecciones ante la oposición y están acusados de impunidad y distintos actos de corrupción.

Los partidos opositores al PRI han llamado al Presidente, Enrique Peña Nieto, para que ponga un freno a un intento de los miembros del Tricolor para impedir que estos servidores públicos paguen los posibles actos cometidos contra el erario.

Este día, la mayoría de los diputados chihuahuenses aprobaron que la administración de César Duarte Jáquez pueda endeudarse por 6 mil millones de pesos más. Mientras que sus homólogos de Quintana Roo avalaron la cuenta pública 2015 de Roberto Borge y aprobaron el nombramiento de los tres magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.

Ambas cámaras convocaron periodos extraordinarios para poder sacar adelante los pendientes.

La tarde de este día, los legisladores aprobaron por mayoría que el Gobierno estatal pueda adquirir los recursos que serán pagados con los ingresos carreteros de los próximos 25 años.

Tras más de dos horas de discusión, fue aprobada la nueva deuda con 23 votos a favor, 8 en contra y dos ausencias.

Los diputados de los partidos PRI, Movimiento Ciudadano (MC) y Nueva Alianza (Panal) argumentaron que no se trata de contratar más deuda pública sino de aprovechar los recursos por adelantado.

El Gobernador César Duarte también se ha posicionado en el mismo sentido al asegurar que su administración gestionó con el Gobierno federal este esquema de bursatilización de recursos y por lo que le correspondería darle uso.

La legisladora panista Paloma Aguirre Serna acusó que a la deuda estatal de 50 mil millones de pesos se le pretenden sumarle otros 6 mil millones bajo un esquema engañoso, comprometiendo los recursos de la siguiente administración.

“Hay una gestión de mi gobierno que hizo concesiones que el señor Presidente de la República [Enrique Peña Nieto] nos otorgó, concesiones al fideicomiso carretero y el tema fundamental es que el fideicomiso carretero es una figura única del país […] y que esos recursos de aprovechamiento de carreteras no son deuda y el discurso de la oposición dice que es deuda.

“Entonces se ha pretendido platearle que es deuda […], son recursos de ingresos de peajes futuros que no eran del estado y eran federales y nos las otorgó para sufragar”, dijo la semana pasada a Radio Formula.

El Gobernador de Chihuahua, Cesar Duarte, podrá contar con 6 mil millones de pesos comprometiendo los ingresos carreteros de los próximos 25 años. Foto: Cuartoscuro

El Gobernador de Chihuahua, César Duarte, podrá contar con 6 mil millones de pesos comprometiendo los ingresos carreteros de los próximos 25 años. Foto: Cuartoscuro

QUINTANA ROO AVALA CUENTAS DE BORGE

LA XIV Legislatura de Quintana Roo aprobó el día de hoy los asuntos pendientes del denominado “paquete de impunidad” del Gobernador Roberto Borge Angulo.

Dicho paquete refiere a las iniciativas para la aprobación de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2015 del Gobernador y del ayuntamiento de Solidaridad, cuyo alcalde con licencia, Mauricio Góngora, fungió como candidato del PRI a la gubernatura.

Las propuestas que habían sido bloqueadas fueron sometidas a votación en un periodo extraordinario convocado por la Diputación Permanente.

Además del aval de las cuentas del Ejecutivo estatal, el Congreso local acreditó la designación de los tres magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Las cuentas sólo fueron rechazadas por Luis Miguel Ramírez Razo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD); Trinidad García Argüelles, Sergio Bolio Rosado y Eugenia Azcorra Lugo, del Partido Acción Nacional (PAN); y Víctor Mas Tah, del PRI.

Borge logró colocar a sus tres aspirante a magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. Foto: Cuartoscuro

Borge logró colocar a sus tres aspirante a magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. Foto: Cuartoscuro

De este modo, los candidatos a magistrado propuestos por Borge Angulo pasaron a rendir protesta para un periodo de siete años. Los tres jueces recién elegidos son Jorge Herrera Aguilar, quien fue director jurídico del Congreso del estado; así como Minerva Maribel Moreno y César Cervera Paniagua.

En uno de los salones del Great Parnassus Resort & Spa, en la zona hotelera de Cancún, los legisladores de los partidos PRI, Verde Ecologista de México (PVEM), Panal, MC y del Trabajo (PT) votaron a favor de la propuesta del Gobernador.

Asimismo, durante el desahogo de diligencias, se aprobaron las cuentas del Poder Legislativo, del Tribunal Electoral de Quintana Roo, y los informes de resultados de los municipios de Bacalar, Isla Mujeres, José María Morelos, Cozumel, Benito Juárez, Solidaridad y Alcaldía de Puerto Morelos, todos ellos correspondientes al ejercicio fiscal 2015.

En el caso de otros cuatro ayuntamientos restantes, habrá de ser esperada la resolución pero en un nuevo período extraordinario o en la siguiente Legislatura.

Finalmente, como parte del paquete legislativo que el Congreso de Quintana Roo aprobó en sesión extraordinaria, desde el martes pasado y hasta este sábado, se encuentran las reformas a la Ley de Seguridad Pública, entre las cuales está la modificación del artículo 51, detalla la agencia Cuartoscuro.

Dicho artículo ahora establece que “el Gobernador del estado tendrá derecho a continuar con la protección de manera automática; así como para su cónyuge e hijos, una vez que haya concluido el encargo por un tiempo irrevocable de 15 años”, de acuerdo con el dictamen aprobado por el Congreso.

Los errores de Roberto Borge en Quintana Roo podrían costarle al PRI una derrota histórica

domingo, mayo 8th, 2016

Un nuevo escándalo de despojos a familias de Bacalar se suma a la cadena de reclamos contra la administración de Roberto Borge Angulo, Gobernador de Quintana Roo, quien debido a los fuertes cuestionamientos por irregularidades en su administración podría ser el primer priista en entregar el Gobierno de esa entidad a un partido opositor.

El priista Roberto Borge, Gobernador de Quintana Roo. Foto: Cuartoscuro

El priista Roberto Borge, Gobernador de Quintana Roo. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 8 de mayo (SinEmbargo).– A un mes de las elecciones en Quintana Roo, los errores del Gobernador Roberto Borge Angulo empiezan a pesar en contra de las aspiraciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de mantenerse en el poder, algo que parecía difícil en un estado que no conoce la alternancia.

Los despojos en la entidad volvieron a salir a la luz pública después de que en la última semana alrededor de 30 familias del municipio de Bacalar denunciaron a Borge Angulo de quitarles diversos predios en el boulevard de la localidad.

Los afectados expusieron que Borge Angulo, a través del Instituto de Patrimonio de la Administración del Estado (IPAE), pretende invalidar constancias de ocupación y ejidales concedidas por las autoridades ediles, con el fin de entregarlas a manos de desarrolladores inmobiliarios.

“La soberanía de las tierras esta siendo amenazada por un grupo de políticos y funcionarios públicos corruptos que velan intereses privados”, expusieron en una misiva los ciudadanos.

Los afectados destacaron que desde el 24 de abril representantes del IPAE se han presentado en terrenos para amenazar con ejecutar un desalojo. Estos casos serían orquestados por el mismo Roberto Borge, acusaron, quien ha sido señalado en el pasado por instigar pobladores con el fin de quedarse con sus tierras.

Una investigación de la periodista Lydia Cacho, publicada en septiembre en el sitio Aristegui Noticias, expuso que el Gobierno estatal ha despojado a pobladores de Tulum de al menos 20 terrenos.

Estos despojos se gestan a través de la Secretaría estatal del Trabajo y Previsión social, con el subsecretario Enrique de la Cruz Pineda, con el fin de inventar conflictos laborales por supuestos empleados que demandan a dueños de terrenos u hoteles ubicados en la zona costera de Tulum-Boca Paila y el Ejido Pino Suárez; los casos se resuelven más tarde con el despojo de los terrenos en la Junta de Conciliación y Arbitraje de Playa del Carmen, refiere la investigación de Cacho.

A la reiteración de estas expropiaciones, se suma la facilitación del Gobernador para conceder terrenos a desarrolladores de infraestructura y turísticos en zonas de alta vulnerabilidad ambiental.

Activistas señalaron al Gobernador de ser el artífice de la destrucción de 57 hectáreas del manglar en Tajamar, en Cancún, Quintana Roo.

El 16 de enero un grupo de trabajadores con maquinaria pesada, escoltados por policías, ingresaran al Malecón Tajamar para preparar la construcción de desarrollos inmobiliarios. Aunque las obras fueron suspendidas después, el daño ya estaba hecho.

Entre varios proyectos, uno de alto impacto ambiental fue Dragon Mart Cancún, el que sería el centro más grande de exhibición y venta de productos chinos, afuera de ese país.

En el 2014, la Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó elementos probatorios para presumir anomalías cometidas por ex funcionarios de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

LA ELECCIÓN DEL 5 DE JUNIO

Si bien Borge buscó callar la señales de división dentro de su partido, cuando se reunió en enero con el presidente del PRI Manlio Fabio Beltrones, lo cierto es que el partido lo aíslo con fines estratégicos; de no afectar las posibilidades de sus candidato en las próximas elecciones.

Quintana Roo no conoce más que gobiernos del PRI. Sin embargo, esta elección es distinta, porque se trata de un duelo entre viejas cúpulas priistas de la localidad.

Por un lado, Roberto Borge vetó la candidatura por el PRI de Carlos Joaquín González, de acuerdo con la versión de quien es medio hermano del Secretario de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell.

Carlos Joaquín halló un espacio para buscar sus aspiraciones políticas en el seno de la oposición. Renunció al PRI el 8 de febrero y anunció su candidatura días más tarde por la alianza Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El disgusto mayor se lo llevó Borge Angulo cuando encuestas como la de la empresa Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), pusieron a Joaquín González por encima del aspirante priísta José Mauricio Góngora Escalante cinco puntos porcentuales.

Por otro lado, el mismo Góngora Escalante no tendría mayor simpatía por Borge; el Gobernador impulsó a José Luis Toledo Medina, “Chanito”, para sucederle; Toledo Medina fungió como Diputado local, pero a la hora de la hora, fue censurado por la cúpula nacional del PRI.

En tanto, el candidato por la alianza PAN-PRD ha hecho una campaña de mejora de salarios a los quintanarroenses, y promoción de proyectos de negocios de los jóvenes.

Hasta ahora la entidad ocupa la mayor deuda por persona en México y Carlos Joaquín ve una oportunidad en esto para incentivar proyectos particulares que no dependan del estado, que tiene 97 por ciento de sus ingresos comprometidos en deuda.

Otro elemento clave en las elecciones será cuántos votos pueda atraer José Luis Pech Várguez por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a quien Joaquín González ha tratado de convencer para que se una a su alianza; hasta el momento, el candidato de Morena acapara al menos 10 por ciento de la intención del voto, ubicándose así en tercer lugar, de acuerdo con diversas encuestas.

Por ahora, Roberto Borge Angulo no sólo ha permanecido invisibilizado sino que no ha sido un referente para el candidato del PRI durante el discurso de su campaña, quien sí ha sido apadrinado por el Senador tricolor Félix González Canto.

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BREVES

 

virreyes_01El Gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, ha sido acusado por el Colectivo Indignación de detener ilegalmente a cinco pobladores de Chablekal, después de la acometida de la policía estatal en la localidad. La explosión del enfrentamiento sucedió después de que al menos 100 agentes pretendieron desalojar a pobladores de un predio. Lugareños hicieron sonar las campanas de la iglesia, lo que alertó a otros vecinos salieran a las calles. Al menos 15 denuncias penales han sido interpuestas por los afectados debido a lesiones y supuestos robos cometidos por las fuerzas de seguridad pública.

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virreyes_02Organizaciones civiles acusaron al Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, de manipular la elección de los integrantes del comité que analiza emitir la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad. El Observatorio de Género de la Universidad Iberoamericana descartó que se vaya a emitir este mecanismo, ya que los grupos críticos quedaron fuera de este equipo analizador. La directora del Observatorio, María de Lourdes Pérez Oseguera, lamentó ante diversos medios de comunicación que el grupo de trabajo no considere trabajos previos que ya apuntan la problemática de violencia que sufre la mujer. En Puebla 28 feminicidios han sido registrados en lo que va del año. Un alza angustiante; el año pasado la cifra total ascendió a 50 casos.

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virreyes_03El Gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, encontró más animadversión de la que esperaba durante el desfile del día del trabajo en el municipio Los Mochis. Grupos de trabajadores del Ingenio Azucarero de la localidad, cuyos 990 trabajadores contaron con la promesa de ser liquidados de acuerdo con un acuerdo entre trabajadores y sindicato, increparon al Gobernador “Malova” por su supuesta responsabilidad en el cierre del ingenio. El dirigente se deslindó de las acusaciones, según reportó el diario Noroeste: “Algunos por ignorancia acusan al Gobierno de ser el responsable de la desaparición de la empresa, pero no es más que ignorancia, si alguien ha ayudado a los trabajadores, si alguien los entiende y los demanda es precisamente mi Gobierno”.

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virreyes_04El candidato por el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática a la gubernatura de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, se deslindó de haber tenido pláticas con Javier Duarte de Ochoa. Pese a haber amenazado con llevarlo a la cárcel, el Gobernador de Veracruz declaró esta semana que hace cuatro años se reunió con en “muchas ocasiones” en reuniones privadas, que fueron para acordar negociaciones políticas. El candidato a Gobernador por el Partido Encuentro Social, Víctor Alejandro Vásquez, denunció que en el 2012 Yunes Linares acordó con Duarte de Ochoa quitar su apoyo a Josefina Vázquez Mota, y de esta forma evitar que el partido blanquiazul mantuviera la Presidencia de la República.

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virreyes_05El Movimiento Migrante Mesoamericano pidió al Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, devolver el servicio de agua a sitios vulnerables, tal y como lo prometió, como al albergue migrante Hogar de la Misericordia, ubicado en Arriaga, y donde al menos 100 personas se recuperan del desgaste del camino. Velasco Coello publicó en su cuenta de Twitter la asistencia del agua para el albergue de Arriaga. Sin embargo, la sequía se habrá extendido a 36 municipios, pero de manera particular en las localidades de Las Margaritas, Arriaga, Tonalá y Pijijiapan. La campaña #AguaParaLosMigrantes ha sido promovida en redes sociales por diversos albergues.

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FRASES

 

Astudillo_virreyes_derecha“Yo lo que creo es que un tiempo correcto es un año más”, contestó el Gobernador de Guerrero, el priista Héctor Astudillo Flores, al conductor Carlos Loret de Mola, de Televisa, sobre cuánto tiempo de resistir la gente la ola de violencia para que la situación cambie.

 

Bronco_virreyes_izquierda“Lo mismo dicen de Trump en Estados Unidos. Va a ganar aunque no queramos nosotros, hay una percepción, hoy los ciudadanos están hartos de muchas cosas, están hartos de los partidos políticos, hartos de los medios de comunicación, hartos de la burocracia, hartos de la corrupción”, aseveró el mandatario estatal”, dijo el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, “El Bronco” durante una visita a Saltillo, Coahuila, para una reunión regional de educación.

 

virreyes_eruviel“Es importante que los niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios o cardiovasculares estén en espacios cerrados mientras permanece esta contingencia; a los municipios les hemos pedido suspender actividades de pinta de vehículos, mobiliario o equipos a cielo abierto, así como casetas que no cuenten con pintura”, dijo en un evento público el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, en el contexto de la contaminación ambiental.

PERFIL | Paul Carrillo: El Edil de Cancún que auxilia en ecocidios por ambición política

lunes, febrero 1st, 2016

Fiel militante del Partido Revolucionario Institucional, Paul Carrillo de Cáceres, Alcalde de Benito Juárez, Quintana Roo, podría ser el próximo candidato a la gubernatura de su estado. Ambientalistas y partidos de oposición aseveran que su ascenso en la política local se ha dado sirviendo a los intereses privados a costa del medio ambiente, como lo demuestran sus decisiones en el caso del Manglar Tajamar.

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Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- Paul Carrillo de Cáceres saltó recientemente al centro de la atención mediática nacional a raíz del ecocidio en el malecón Tajamar, en Quintana Roo, pero sus opositores advierten que éste sólo fue el caso de mayor resonancia entre varios que están por suceder en Cancún.

En coordinación con los gobiernos federal y estatal, Carrillo de Cáceres se ha encargado de proteger las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA), aún con presuntas irregularidades, que aprueba la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

“En Tajamar, el Alcalde es más que cómplice. Incluso, maquinaria del Ayuntamiento estuvo en el lugar, en el desmonte. Dos, hay un espacio que es del Ayuntamiento, ahí en Tajamar, una esquina completa, que también está desmontada. Parece delincuencia organizada, metieron en la noche 50 camiones que estuvieron esperando todo el día”, destacó el Diputado local independiente Jorge Carlos Aguilar Osorio.

El 90 por ciento de los terrenos en el malecón fueron devastados para iniciar construcciones que van desde comercios hasta una catedral, sepultando, incluso vivos, a los animales nativos y destruyendo la flora del área.

Además, Carrillo resguardó con granaderos la intervención en el malecón para que la maquinaria pudiera iniciar los trabajos que derivaron en una ecocidio. Por ahora la obra se encuentra suspendida provisionalmente por la orden de un Juez, quien deberá decidir en la primera semana de febrero nuevamente.

“Fue el poder fáctico el que apoyó de los grandes inversionistas, protegiendo sus intereses como particulares cuando no se podía vigilar la norma, por falta de luz, no había ni siquiera la cantidad de luz, sin embargo, la policía protegió de los ciudadanos a las constructoras”, consideró Humberto Aldana Navarro, ex vocero estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

EL “VISIONARIO”

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En agosto del año pasado, el beneplácito de los empresarios quedó evidenciado cuando la élite empresarial turística del estado respaldó el trabajo de Carrillo de Cáceres, calificándolo como un “visionario”. Principalmente, Carlos Gosselin Maurel, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos.

Por su parte, Katerine Ender Córdova, del colectivo Guardianes del Manglar Cancún, denunció que en una reunión con el Alcalde, éste se deslindó de la devastación aduciendo que las ordenes llegaron del orden federal.

Dicha coordinación, acusan partidos de oposición se remonta, mucho antes de que Carrillo llegara al Ayuntamiento de Benito Juárez en julio del 2013 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). El político de 43 años fue secretario general, entre 1997 y 1998, del ahora extinto Frente Juvenil Revolucionario en Cancún Benito Juárez.

Se abrió paso como Secretario Privado del Presidente de Cozumel, en el 2003, y después fue director general de Participación ciudadana en el municipio de Benito Juárez, bajo el mando del Alcalde Francisco Alor Quesada.

Dicha administración fue investigada en el 2007 por la Secretaría de Hacienda y tres años más tarde por la Procuraduría General de la República por el presunto desvío de 56 y 202 millones de pesos, que pudo invertirse en inmuebles para la familia del Alor Quesada.

Entre el 2011 y el 2013, Carrillo fungió como Diputado local de la XIII Legislatura del estado y fue presidente de la Comisión de Turismo.

Durante esos años se avaló un proyecto llamado Desarrollo Turístico Costa Mujeres en el municipio de Isla Mujeres, que iniciará a construirse este año, y que grupos ambientalistas, como el Grupo Ecologista del Mayab (Gema) prevén que será un ecocidio mayor al de Tajamar. Sin embargo, el entonces Diputado no utilizó sus facultades para auditar el caso, ni hacer pronunciamiento alguno.

“CABALLO” DEL PRI

El Alcalde durante una gira por tianguis de Cancún. Foto: @PaulCarrillo2

El Alcalde durante una gira por tianguis de Cancún. Foto: @PaulCarrillo2

Carrillo, de acuerdo con políticos locales, será el siguiente candidato del PRI para gobernar Quintana Roo. El Alcalde de Benito Juárez cuenta con el apoyo del Gobernador Roberto Borge Angulo, a quien se encargó de defender de opositores cuando fungió como presidente municipal del PRI.

“Tanto el Gobernador, como el Presidente Municipal, y algunas otras alcaldías fueron consensuadas entre las grandes esferas del PRI, un poquito después de que tomará protesta Enrique Peña Nieto, porque ninguno de ellos era una gran figura política”, opinó Aldana Navarro.

Ya en el poder, Carrillo junto con Borge, son dos funcionarios que no han reconocido uno de los principales problemas que atañen al estado: los feminicidios.

El 2015 se cometieron siete feminicidios en Cancún, ninguno reconocido por la autoridad, cinco en tres semanas, y alrededor de una veintena en todo el estado. Un problema que se ha venido incrementando, ya que en el 2012 se documentaron 15, un año después 20 y durante 2014, se contabilizaron 12.

Mientras que dos de cada 10 homicidios dolosos contra mujeres en el país ocurren en el Estado de México, su tasa de incidencia es de 1.3 por ciento por cada 100 mil habitantes, en perspectiva la de Quintana Roo fue de 13.7 por ciento, 10 veces mayor, de acuerdo con un punto de acuerdo discutido en noviembre en el Congreso local.

En cambio la gestión de Carrillo sí se ha caracterizado, además de consentir los proyectos inmobiliarios, en centrar sus esfuerzos en el ornato de la ciudad. Su Primer Informe de Gobierno refiere la pavimentación y reencarpetamiento de más de 153 mil 600 metros cuadrados en las principales vialidades de la ciudad, las avenidas Kohunlich, Tulum, Sayil, Labná, y diversos tramos de la avenida Tules, con una inversión de 40 millones de pesos. Así como la construcción de 31 mil 800 metros cuadrados de banquetas y 17 mil metros lineales de guarniciones, con una inversión fue de 8 millones 500 mil pesos.

“Ha sido distante de la gente, se ha preocupado mucho de la parte cosmética. Hay nuevas calles. Pero sí ha sido una administración distante. Los programas sociales no han sido efectivos. Hay mucha pobreza, y necesidad”, consideró Aldana.

Activistas acuden a CIDH y ONU por Tajamar; la tragedia tiene huellas de PAN, PRI y Verde

lunes, enero 25th, 2016

El proyecto que recién arrasó con el Manglar Tajamar fue aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en 2005, cuando el panista Vicente Fox Quesada era Presidente de México, pero los permisos se dieron un año después, en 2006, en el sexenio de Felipe Calderón. Es en el actual Gobierno federal, a cargo de Enrique Peña Nieto, cuando intentó consolidarse con el apoyo del Gobernador de Quintana Roo, el Edil de Cancún y funcionarios federales, tanto de la Semarnat, el Fonatur y la Profepa.

PROMO-FONATUR

Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).– Los abogados Leonardo Kumul Salazar y Raúl Fernández León, miembros de la Comisión Nacional e Internacional de Organizaciones y Confederaciones de Derechos Humanos (CNIOCDH), informaron este día que presentaron una denuncia el pasado 22 de enero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con sede en Washington y Nueva York, respectivamente, con la finalidad de que sean emitidas medidas provisionales y se inicie una investigación para detener el proyecto en el Manglar Tajamar.

Fernández de León, quien se desempeña como Delegado Estatal de la CNIOCDH en Quintana Roo, señaló que otro de los objetivos de llevar el caso Tajamar a instancias internacionales es que sepan que “todo daño al ecosistema va a traer repercusiones y la naturaleza misma nos va a cobrar la factura. Les vamos a ampliar todo el panorama real de lo que está sucediendo y de lo que siguen haciendo aquí en Quintana Roo porque siguen destruyendo”.

“Si hay una medida preventiva de la CIDH o de la ONU esto se tiene que detener”, subrayó el abogado en entrevista para SinEmbargo.

Kumul Salazar, director Jurídico de la CNIOCDH puntualizó: “dimos parte a estas organizaciones internacionales con el objeto de que emitan medidas provisionales o precautorias para que inicien investigaciones a violaciones de derechos humanos”.

El especialista explicó que el caso fue turnado a la ONU “para que ellos den parte a la conferencia del Cambio Climático, donde México ratifica el Protocolo de Kyoto y la Carta de la Tierra, los cuales no aplicaron al momento de emitir la manifestación de impacto ambiental que utilizaron para el Malecón Tajamar. Estas serias omisiones del Estado que ya habían ratificado a nivel internacional son un incumplimiento claro”.

Asimismo destacó que nuestro país “se compromete tanto en el Protocolo de Kyoto como en la Carta de la Tierra a mantener la estabilidad ecológica para las generaciones venideras y esto en ningún momento lo cumplió y las investigaciones que estos órganos internacionales tienen que solicitar versan mucho sobre lo que [el Gobierno mexicano] dejó de observar al emitir permisos sobre esta devastación del manglar”.

“Hay una violación clara tanto al derecho humano de la personalidad jurídica al medio ambiente. Además, el estado mexicano violó tratados internacionales de relevancia ecológica”, concluyó.

Este lunes, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) informó que las ampliaciones y autorizaciones de Impacto Ambiental para el proyecto en el Malecón Tajamar en Cancún, Quintana Roo, se dieron durante la administración del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, en 2006, y adelantó que las obras continuarán en la zona.

En conferencia de prensa, Manuel Mercado, Jurídico del Fonatur presentó una serie de documentos en los que, según él, demuestran que el Manglar Tajamar no se encuentra dentro de las zonas protegidas por Ramsar (iniciativa sobre humedales, manglares y corales) como lo han denunciado diversas organizaciones, por lo que los trabajos en la zona son legales.

“No existe ninguna razón ni jurídica ni técnica para que los trabajos [en Tajamar] no continúen”, dijo.

Fonatur afirmó que se ha cumplido con los términos y autorizaciones para la realización del proyecto y aseguró que se informó previamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

LOS ROSTROS TRAS EL ECOCIDIO

El Malecón Tajamar, y en especial un manglar de 59 hectáreas situado en esa zona, han estado en el ojo público a nivel nacional e internacional durante toda esta semana, debido al ecocidio perpetrado por empresas privadas el pasado 16 de enero. Activistas y ciudadanos de Quintana Roo y de todo el país han externado por diversas vías su indignación por la ruina ambiental generada, además, con la aprobación de autoridades federales, estales y locales en el municipio Benito Juárez, mejor conocido como Cancún.

Decenas de hectáreas de manglar fueron devastadas en apenas unas horas por maquinaria pesada e, incluso, muchos animales nativos de ese manglar fueron enterrados vivos; otros más presentaron graves heridas por los trabajos de relleno del terreno y el resto fue despojado del que fuera su hogar, su hábitat natural. Pero, ¿quiénes son los personajes que permitieron que fuera devastado un ecosistema único y de tal importancia?

El proyecto que fue aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en 2005, cuando el panista Vicente Fox Quesada era el Presidente de México, finalmente intentó consolidarse en el actual Gobierno priista a cargo de Enrique Peña Nieto. Y en todos estos años, por supuestos, se sumaron muchos culpables. Sin embargo, los permisos que permitieron ese desaste ecológico fueron otorgados en las actuales administraciones en México, Quintana Roo y Cancún. Por lo que la escala de las responsabilidades se puede indentificar fácilmente.

ROBERTO BORGE ANGULO, GOBERNADOR de QROO

Borge defiende el proyecto que termina con Tajamar. Foto:

Roberto Borge defiende el proyecto inmobiliario que prácticamente ha acabado con el Manglar de Tajamar. Foto: Cuartoscuro

Roberto Borge Angulo, Gobernador de Quintana Roo, es calificado por activistas y ciudadanos como un “ecocida”, luego de que la madrugada del sábado 16 de enero un grupo de trabajadores con maquinaria pesada, escoltados por policías estatales, municipales y granaderos ingresaran al Malecón Tajamar para devastarlo y preparar la construcción de desarrollos inmobiliarios, promovidos por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Sin embargo, el Gobernador se defendió mediante un comunicado en el que aseguró que los trabajos de chapeo y desmonte en el Malecón Tajamar fueron realizados “con apego a la Ley”.

Asimismo, destacó que el Fonatur, desarrollador del Malecón Tajamar, obtuvo en 2005 de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la cual se está vigente y por lo tanto le permite realizar trabajos en el área de Tajamar, donde decenas de especies han sido sepultadas vivas y otras han quedado sin hábitat.

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PAUL MICHELL CARRILLO DE CÁCERES, EDIL DE BENITO JUÁREZ

Carrillo permitió que la policía municipal resguardara mientras Tajamar era devastado. Foto: Cuartoscuro

Paul Michell Carrillo permitió que la policía municipal resguardara la zona, mientras el Manglar Tajamar era devastado. Foto: Cuartoscuro

Paul Michell Carrillo de Cáceres, Presidente Municipal de Benito Juárez, permitió que la policía municipal apoyara con patrullas y elementos para que maquinaria pesada y trabajadores tuvieran acceso al manglar y lograran destruir el noventa por ciento del ecosistema.

Por ello, un grupo de activistas llevó el pasado 20 de enero al Ayuntamiento Benito Juárez, en Cancún, algunos de los animales que han muerto durante la devastación del Manglar Tajamar.

Los ambientalistas, quienes se oponen al proyecto por el daño ecológico que provoca, pidieron reunirse con Carrillo de Cáceres, por lo que colocaron los cadáveres de dos iguanas y una ardilla en la antesala de la oficina del Edil.

Tras el encuentro, el gobierno local lanzó un comunicado en el que reiteró que “en todo momento el Ayuntamiento 2013-2016 ha ejercido una gestión transparente y apegada a la ley, así como de respeto a proyectos que cuentan con sustento legal”.

Sin embargo, medios locales reportaron que, en palabras de Katherine Ender Córdoba de “Guardianes del Manglar Cancún”, el Edil se deslindó de la culpa, “dice que él no fue, que fue el gobernador. En Quintana Roo tenemos el Mando Único que viene de la Federación”, declaró la ambientalista.

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RICARDO JUÁREZ PALACIO, TITULAR DE LA DGIRA EN 2005

Activistas han señalado a Ricardo Juárez Palacio “por aprobar proyectos con ilegalidades e inconsistencias”. Foto:

Activistas han señalado como uno de los principales responsables de la tragedia a Ricardo Juárez Palacio “por aprobar proyectos con ilegalidades e inconsistencias”. Foto:

Quien firmó el permiso otorgado a Fonatur fue el entonces director de Impacto y Riesgo Ambiental, el biólogo Ricardo Juárez Palacio, quien ha sido señalado “por aprobar proyectos con ilegalidades e inconsistencias”, dijo Araceli Domínguez Rodríguez, presidenta de la asociación civil Grupo Ecologista del Mayab (Gema), en entrevista para SinEmbargo.

El Fonatur hizo una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que presentó ante la Dirección de Riesgo e Impacto Ambiental de la Semarnat en julio de 2005 con la finalidad de solicitar el cambio de uso de suelo forestal de las casi 59 hectáreas, hacer la urbanización y presentar un proyecto para desarrollar los lotes.

“Al presentar la MIA, [Fonatur] pone información falsa respecto al manglar, dice que no existe manglar allí”, puntualizó la activista.

“En 2007, el Congreso de la Unión hizo una solicitud de destitución del biólogo a la Semarnat porque tenían documentados 70 proyectos en los que había irregularidades, ilegalidades, inconsistencias y falsedades”, recordó la activista.

El 17 de octubre de 2007, la Diputada Aleida Alavez Ruiz comentó durante su intervención en la comparecencia del ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, entonces secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales: “la destitución disfrazada de renuncia, del biólogo Ricardo Juárez Palacio, nos otorga la razón en torno a la conducta criminal, negligente y ejemplarmente corrupta, que exhibió el funcionario al frente de la Dirección General de Impacto Medioambiental, durante todo el foxismo [2000-2006]“.

Actualmente la Secretaría se encuentra a cargo de Rafael Pacchiano Alamán.

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ARTHUR EDWARD JOHN McCARTHY, DIRECTOR DE FONATUR (2000-2006)

De acuerdo con medios locales, McCarthy ha sido el principal desfalcador de Fonatur. Foto:

De acuerdo con medios locales, Arthur McCarthy ha sido el principal desfalcador del Fonatur. Foto:

Arthur Edward John McCarthy fue director del Fonatur durante el Gobierno foxista. De acuerdo con el medio local Noticaribe, “McCarthy es el principal desfalcador de Fonatur, pues en su gestión no sólo se vendieron terrenos a empresas que ya estaban predestinadas a ser beneficiadas con precios irrisorios, sino que además se dejaron de cumplir muchas obligaciones y compromisos”.

La empresa Bi&Di compró en el año 2005 a Fonatur, un lote en una playa pública llamada “El Mirador”; sin embargo, no fue posible que se llevaran a cabo las construcciones planeadas debido a que el lote no contó con las condiciones apropiadas, así que ni el Programa de Ordenamiento Ecológico ni el Plan Director de Desarrollo Urbano lo permitieron.

Por ello, la constructora demandó a Fonatur y al ganar el caso le fueron entregados los terrenos en Tajamar.

En julio de 2015, Fonatur hizo un llamado para presionar a la empresa para que ingresara a “limpiar el predio porque el permiso estaba por vencer. Bi&Di se mete, limpia los terrenos, pero incumple las condicionantes porque además el permiso de cambio de uso forestal es intransferible, por lo tanto no lo podía hacer un particular, lo tendría que haber hecho el propio Fonatur”, señala Araceli Domínguez.

Por su parte, Alejandra Serrano  aseguró que existe un evidente incumplimiento del permiso otorgado en 2005 “y por ello Semarnat tiene que hacer la revocación inmediata para evitar que se haga un mayor impacto al ecosistema”.

Asimismo destacó que entre las condicionantes que la Semarnat exigió en dicha autorización se encuentra el rescate de fauna, lo cual no fue llevado a cabo adecuadamente por Fonatur, prueba de ello es que durante la remoción del manglar la madrugada del pasado 16 de enero murieron diversas especies, algunas de ellas en categorías de riesgo, y muchas otras perdieron su hábitat natural.

“Fonatur señala que hizo recuperación de fauna, sin embargo sólo hace falta ver las fotografías en las redes para evidenciar que no se llevó a cabo. Una de las condicionantes del permiso era precisamente que se hiciera el rescate de fauna. Fonatur no cumplió con esa condicionante y se debe hacer la revocación inmediata del permiso”, dijo.

De darse cumplimiento a la Ley, la experta señala que de acuerdo con el Código Penal tendría que llevarse a cabo una sanción penal y por la Ley de Responsabilidad Ambiental “se tendría que restaurar el ecosistema y en la medida de lo posible dejarlo en las condiciones en las que se encontraba, lo cual implicaría un trabajo de reforestación del manglar.

Hoy por hoy, el actual director General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo es Héctor Martín Gómez Barraza.

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GUILLERMO HARO, TITULAR DE LA PROFEPA, Y CAROLINA GARCÍA, DELEGADA EN QROO

Ni Guillermo Haro ni la delegada Carolina García Cañón en Quintana Roo han actuado para reubicar a los animales que se quedaron sin hábitat. Foto:

Ni Guillermo Haro Bélchez, titular de la Profepa, ni Carolina García Cañón, delegada de esa Procuraduría en Quintana Roo, han actuado para reubicar a los animales que se quedaron sin hábitat. Foto:

A raíz de la destrucción del manglar, activistas han denunciado en reiteradas ocasiones que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a cargo de Guillermo Haro Bélchez a nivel federal no ha actuado para rescatar  y reubicar a los animales que quedaron sin hábitat. Tampoco la delegada Carolina García Cañón en Quintana Roo lo ha hecho.

“Nos hemos acercado a Profepa, no hay forma de que nos contacten bajo ninguna circunstancia. No responden, no se presentan, incluso yo pienso que ni siquiera al llamado de las autoridades municipales porque lo que tratamos de hacer nosotros con los animales [rescatarlos] es algo que tendría que estar haciendo la Profepa, pero no hace su trabajo. Profepa brilla por su ausencia, no se han aparecido por Tajamar ni una sola vez”, acusó Domínguez.

Dragón Mart, Tajamar, Nizuc… Borge arrasa áreas naturales por dinero: activistas

domingo, enero 24th, 2016

Gerardo Solís, miembro de la asociación Cancún Salvemos el Manglar y presidente honorario de la Defensoría Internacional de Derechos Humanos AC en Quintana Roo, asegura que “desde el Malecón Tajamar hasta el aeropuerto, el Gobierno de Borge ha dado permiso para destrozar las áreas naturales y así dar paso a construcciones que sirvan como atractivo turístico”.

Borge se encuentra en su último año de gobierno. Foto: Cuartoscuro.

Borge se encuentra en su último año de gobierno. Foto: Cuartoscuro.

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).- El priista Roberto Borge Angulo tomó posesión como Gobernador de Quintana Roo en 2011. El estado ocupa el lugar número 13 en feminicidios dentro del territorio mexicano y el segundo lugar en agresiones a la prensa, sólo por debajo de la Ciudad de México, donde fue asesinado el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, y está incluso por encima de Veracruz, la entidad que concentra más asesinatos de periodistas, de acuerdo con el informe anual de violencia contra la prensa 2015, de la organización Artículo 19.

Por si fuera poco, el estado se encuentra ahora en el ojo público a nivel internacional por motivos nada honrosos: Borge Angulo es calificado por activistas como “un ecocida” que ha vendido áreas naturales de suma importancia para dar paso a complejos turísticos .

Gerardo Solís, miembro de la asociación Cancún Salvemos el Manglar y presidente honorario de la Defensoría Internacional de Derechos Humanos AC en Quintana Roo, asegura que “desde el Malecón Tajamar hasta el aeropuerto, el Gobierno de Borge ha dado permiso para destrozar las áreas naturales y así dar paso a construcciones que sirvan como atractivo turístico”.

Asimismo el activista acusa que “los políticos son ambiciosos (…) Buscan el dinero a toda costa. La playa es de todos, pero aquí [en México] te quieren vender hasta ese espacio, es algo completamente absurdo, solamente en México se puede ver esto. En México pasa todo lamentablemente”.

“El Gobierno de Borge es un gobierno de amiguismos, de negocios al amparo del poder. No hay protección al medio ambiente, ya hemos y seguiremos pagando el precio, uno de ellos es la enorme cantidad de sargazo que llegó a las playas, antes teníamos barreras naturales, pero la destrucción de la naturaleza ha traído esa y otras consecuencias”, destaca.

Para Alejandra Serrano Pavón, directora de la Oficina Sureste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), el del priista “ha sido un Gobierno que a pesar de señalar que tiene una agenda verde, y el tema ambiental es de sus temas prioritarios, creemos que tiene mucho trabajo por hacer porque desafortunadamente han impulsado proyectos como Dragon Mart, que fue anunciado como el proyecto de esta administración. Hace falta que en los programas de ordenamiento ecológico el Gobierno estatal tenga una posición más de sustentabilidad porque vemos muchas veces que no logra conciliar el tema de conservación con desarrollo. Creemos que el mismo Gobierno debería ser el que impulsara para que se encontrara un punto medio y aún no encuentra esa fórmula en los programas de ordenamiento”.

“[El Gobierno] todavía se encuentra en un conflicto de no entender que conservación de recursos también es calidad de vida y una mejor inversión”, condena.

DRAGON MART

Protesta en contra del proyecto con inversión asiática. Foto: Cuartoscuro

Protesta en contra del proyecto con inversión asiática. Foto: Cuartoscuro

En octubre de 2012, apenas un año después de que Borge Angulo asumiera la gubernatura de Quintana Roo se planteó que Dragon Mart Cancún sería el más grande centro de exhibición y venta de productos chinos, fuera del aquel país, el más poblado del mundo.

Los desarrolladores del proyecto informaron en agosto de 2014 que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) envió una notificación sobre una multa por más de 7 millones de pesos por no tener registro de impacto ambiental; sin embargo, declararon que el proyecto contaba con la aprobación de los tres órdenes de Gobierno en materia de impacto ambiental.

Días antes, la Profepa informó que dicha resolución se emitió tras concluir el análisis de las pruebas presentadas por los responsables del proyecto que hasta entonces era construido en el predio “El Tucán”, en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, y que había sido fuertemente cuestionado por ambientalistas, empresarios y políticos de oposición al Gobierno Borge.

Además, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció en mayo del mismo año que la obra no contaba con registro de evaluación de impacto ambiental y, por tanto, se desconocían los riesgos que podría representar para el medio ambiente y los recursos naturales, a pesar de las permanentes denuncias de organizaciones sociales de la región en las que destacan las afectaciones y daños en las más de 500 hectáreas que contemplaba el proyecto.

Sin embargo, la empresa informó que en noviembre de 2012 la Profepa determinó que el anterior propietario de “El Tucán” contaba con todas sus autorizaciones para remover la vegetación y realizar trabajos de extracción de material pétreo, emitiendo así en “Resolución Definitiva que causó ejecutoria que no existía irregularidad alguna en el inmueble”.

Dijo que presentó la Manifestación de Impacto Ambiental ante el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del Gobierno de Quintana Roo, autoridad competente en la materia, y le fue otorgada la autorización para la construcción del proyecto.

La empresa detalló que en septiembre de 2013 el Ayuntamiento de Benito Juárez le otorgó la Licencia de Construcción. “Por ello, en el mes de diciembre del 2013 inició la ejecución de los trabajos de construcción”, informó.

Para establecerse, removió 87 hectáreas de selva y la construcción cuenta “con la influencia y el legado de la cultura china ancestral divididos en cuatro áreas fundamentales: área de intercambio comercial para exhibición y venta de mercancías al mayoreo y menudeo; áreas funcionales con instalaciones para centros de negocios; oficinas, restaurantes, centros culturales y turísticos. Zona libre para el almacenamiento de mercancías y espacios habitacionales”.

El 26 de enero de 2015, Eduardo Sánchez, vocero de Presidencia de la República, informó que  la Profepa clausuró las obras del proyecto, por daño ambiental en la zona. Hasta hoy continúa clausurado.

Semarnat ni siquiera se esperó a la consulta pública. Foto: Facebook.

Semarnat ni siquiera se esperó a la consulta pública. Foto: Facebook.

Entre protestas de organizaciones ambientalistas, la Semarnat avaló la construcción de un complejo turístico de la compañía RIUSA II, filial de Riu, que afecta áreas protegidas de mangle en Punta Nizuc, Quintana Roo. El 18 de diciembre, la dependencia federal aprobó el polémico proyecto sin esperar a que concluyera el periodo de consulta pública.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) se ha manifestado en contra del proyecto, el cual ha sido frenado una y otra vez por irregularidades en los permisos que ostenta.

El proyecto original del hotel de 565 cuartos fue modificado ligeramente a 530 cuartos luego de que la Semarnat negó en el mes de marzo la autorización del quinto hotel de la compañía en Cancún.

De acuerdo con las organizaciones ambientalistas, el “Estudio de la Vulnerabilidad y Programa de Adaptación ante la Viabilidad Climática y el Cambio Climático”, elaborado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (Conacyt), revela que, con una tasa de erosión promedio anual de 13.9 metros, Punta Nizuc –donde se edificarán las torres de 15 niveles del Riu– registra una de las tasas de erosión de playas más altas de Cancún y en ocho años reportó una erosión total de 111 metros de arenales.

La zona donde se instalaría el complejo de la compañía española, señalan, también posee el máximo valor de ponderación e índice de vulnerabilidad costera en Cancún.

Medios locales refieren que el predio donde Riu podría construir su complejo fue beneficiado por el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de la actual administración municipal.

Ante la situación, Cemda interpuso un amparo contra la aplicación del PDU por las violaciones a las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Quintana Roo, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como por no incluir las especificaciones de la Ley General de Cambio Climático.

En noviembre pasado, el Poder Judicial suspendió la licencia de construcción que le había otorgado el ayuntamiento cancunense. Cabe mencionar que el hotel “Riviera Cancún” es un proyecto que ya había sido rechazado por el impacto que genera a dos áreas naturales protegidas: las áreas de Nichupte y Cancún Punta Nizuc.

De acuerdo con las organizaciones, en la manifestación aprobada por la Semarnat no se justifica cómo van a impedir el impacto en el sitio, y persisten las razones por las que fue rechazada la primera vez. El hotel de 530 cuartos impacta la zona de duna, e incluye la construcción de una planta desalinizadora para el consumo de agua, cuyos residuos de salmuera son importantes contaminantes del manto acuífero.

TULUM

Foto: Cuartoscuro

Foto: Cuartoscuro

Otro complejo turístico rechazado por diversas organizaciones en pro del medio ambiente es el del Hotel Punta Jade, en Tulum, Quintana Roo, por considerar que pone en riesgo áreas de manglar y otras especies protegidas.

El 11 de diciembre pasado, el Cemda solicitó a la Semarnat negar la Autorización de Impacto Ambiental solicitada para la obra. El proyecto, ubicado en Bahía Príncipe, fue rechazado originalmente por haber autorizado más cuartos de los que se debía. A pesar de que el caso se encuentra en litigio, el Cemda destacó que los promotores del proyecto han ingresado don Manifestaciones de Impacto Ambiental adicionales, lo cual es improcedente hasta que se resuelva el litigio pendiente.

Entre los comentarios que el Cemda emitió en la consulta pública para oponerse al proyecto se encuentran, por un lado, que el sitio propuesto para el desarrollo del proyecto se encuentra ubicado a una distancia de 61 metros lineales de vegetación de manglar, contraviniendo con ello lo establecido en la legislación correspondiente.

Asimismo, el proyecto pone en riesgo especies protegidas que habitan o arriban al sitio para anidar, las cuales no han sido contempladas dentro la evaluación de impactos y entre las que figuran la iguana gris, la chara yucateca, el cenzonte tropical, el zanate, el vireo manglero, el teveo menor, la garza blanca, el pato real y tres especies de tortuga: laud, blanca y caguama.

“La operación de este tipo de proyectos en las condiciones propuestas, ocasionan un aumento en la demanda de insumos, la generación de residuos, demandas sociales, pérdida en la calidad del paisaje, modificación del medio físico, especialmente importante en el caso de los recursos naturales que prevalecen en la localidad”, señaló Cemda en sus comentarios al proyecto.

En lo que respecta al Programa de Ordenamiento Ecológico del Corredor Cancún – Tulum, expone la organización, “el proyecto contraviene diversas disposiciones como la referida al número de cuartos, toda vez que está planteando construir 401 habitaciones, cuando para un desarrollo turístico únicamente podría construir 200″.

El proyecto propone desmotar 2.57 hectáreas de la cobertura vegetal del predio, que corresponden al 19.1 por ciento del total, incumpliendo con el criterio que establece como máximo un 15 por ciento de desmonte.

TAJAMAR

PROMO-SEMARNAT

Ciudadanos y activistas acusan como responsables de ecocidio en Cancún, Quintana Roo, al Gobernador Roberto Borge Angulo y a Paul Michell Carrillo de Cáceres, Presidente Municipal de Benito Juárez, luego de que la madrugada del sábado un grupo de trabajadores con maquinaria pesada, escoltados por policías, ingresaran al Malecón Tajamar para devastarlo y preparar la construcción de desarrollos inmobiliarios, promovidos por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

“Ellos orquestaron un operativo en un lugar donde las familias se reúnen porque todas la playas de Cancún están vendidas prácticamente a intereses de particulares. Es increíble cómo en unas cuantas horas acabaron con lo que la naturaleza tardó tanto en formar. Es increíble la capacidad de destrucción que nuestro Gobernador y nuestro Presidente Municipal tienen, es terrible”, denunció Gerardo Solís, miembro de Cancún Salvemos el Manglar y presidente honorario de la Defensoría Internacional de Derechos Humanos AC en Quintana Roo.

El activista acusó que existe una serie de irregularidades. Recuerda que el fin de semana pasado, las autoridades acordonaron el área, no permitieron el acceso a nadie y “cual bandidos se pusieron a rellenar el manglar, sepultaron cocodrilos vivos, no reubicaron a la fauna que está en peligro de extinción”.

En la página de Facebook “Salvemos Manglar Tajamar”, defensores del medio ambiente acusan que en un par de días han devastado más del 90 por ciento del total del manglar.

Por si fuera poco, días después de la devastación, se sabría que el Fonatur vendió Tajamar a empresarios que antes, y por distintos desarrollos, habían sido acusados e incluso sancionados por devastar otros manglares en el estado.

La destrucción en Tajamar, QRoo: “Rellenaron el manglar y sepultaron cocodrilos vivos”

lunes, enero 18th, 2016

“Roberto Borge es un ecocida (…) Hay una doble moral del Gobierno federal: por un lado castiga a los pobres, se va contra todos los pobres y a los ricos les ofrece apoyo legal y la fuerza militar y policiaca para que desbaraten el manglar. Esta doble moral de Peña Nieto y de Borge los hace cobardes porque se meten con la gente pobre y ahora se están metiendo con los defensores del manglar”, dice el periodista Pedro Canché.

Malecón antes y después. Fotos: Twitter y Facebook.

El Malecón de Cancún antes y después de la devastación del Manglar Tajamar. Fotos: Twitter y Facebook.

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).– Ciudadanos y activistas acusan como responsables de ecocidio en Cancún, Quintana Roo, al Gobernador Roberto Borge Angulo y a Paul Michell Carrillo de Cáceres, Presidente Municipal de Benito Juárez, luego de que la madrugada del sábado un grupo de trabajadores con maquinaria pesada, escoltados por policías, ingresaran al Malecón Tajamar para devastarlo y preparar la construcción de desarrollos inmobiliarios, promovidos por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

“Ellos orquestaron un operativo en un lugar donde las familias se reúnen porque todas la playas de Cancún están vendidas prácticamente a intereses de particulares. Es increíble cómo en unas cuantas horas acabaron con lo que la naturaleza tardó tanto en formar. Es increíble la capacidad de destrucción que nuestro Gobernador y nuestro Presidente Municipal tienen, es terrible”, denunció Gerardo Solís, miembro de Cancún Salvemos el Manglar y presidente honorario de la Defensoría Internacional de Derechos Humanos AC en Quintana Roo.

El activista acusó que existe una serie de irregularidades. Recuerda que el fin de semana pasado, las autoridades acordonaron el área, no permitieron el acceso a nadie y “cual bandidos se pusieron a rellenar el manglar, sepultaron cocodrilos vivos, no reubicaron a la fauna que está en peligro de extinción”.

En la página de Facebook “Salvemos Manglar Tajamar”, defensores del medio ambiente acusan que en un par de días han devastado más del 90 por ciento del total del manglar.

promo-MANGLAR

Asimismo aseguran que en Cancún existe una gran desigualdad social y por lo tanto muchos cancunenses no tienen los recursos económicos para pagar por una entrada a los diversos parques que existen en la región debido a los elevados costos que mantienen, por esa razón –dice Solís– acuden al manglar a divertirse.

“Es triste y lamentable que Cancún sea un municipio líder en turismo y también en inseguridad jurídica”, afirma.

En julio pasado, cuando comenzaron los trabajos en el manglar, los activistas presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado Quintana Roo dictó las medidas cautelares donde se estipuló que la autoridad debía respetar la ecología del lugar, pero “el poder económico corrompe al poder político, seguramente le llegaron al precio a las autoridades o son socios también del proyecto y obviamente se pasaron por el arco del triunfo las medidas cautelares, devastaron toda la zona y hasta la fecha la [Comisión nacional de los derechos Humanos] CNDH no ha hecho nada”, subraya.

“La queja que fue presentada ante la CNDH porque de acuerdo con el artículo cuarto constitucional todos tenemos derecho a un medio ambiente sano y al momento de talar árboles, rellenar los humedales, nos están vulnerando nuestros derechos humanos”, acusa.

Este lunes presentaron una ampliación de la denuncia que se presentó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en julio pasado, dicho organismo se declaró incompetente por lo que se turnó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos; sin embargo “parece ser que está congelada esta queja”, lamenta.

Apenas algunos días después, Sara Rincón Gallardo, miembro de la Sociedad Protectora de Animales de Cancún, presentó una denuncia por delitos ambientales ante la Procuraduría General de la República (PGR), donde señaló a la Semarnat y a la Profepa de complicidad en el ecocidio en Tajamar, no obstante, “está congelada”, denuncian.

“No hay estado de derecho, es una vergüenza, supuestamente Cancún había sido calificado como uno de los lugares para poder vivir con mayor calidad de vida y no es cierto. A lo mejor en la cuadra donde vive el Presidente Municipal hay una excelente calidad de vida, pero hay enormes diferencias sociales. Es terrible lo que pasa y la autoridad hace como que no pasa nada”, enfatiza Rincón Gallardo.

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ACTIVISTAS Y PRENSA DENUNCIAN AMENAZAS

Además los activistas denuncian que la prensa local ha sido obligada a callar sobre el tema, los periodistas han manifestado que las autoridades amagan con quitar la publicidad oficial de sus medios, por ejemplo.

El también abogado litigante acusa que él y varios activistas han sido amenazados por policías que resguardan el lugar “nos dicen ‘van a amanecer allí en el manglar'”, acusa.

La vida animal que sobrevive al día de hoy en la zona devastada. Foto: Cuartoscuro

La vida animal que sobrevive al día de hoy en la zona devastada. Foto: Cuartoscuro

El periodista Pedro Canché Herrera, quien permaneció encarcelado 272 días bajo el cargo de sabotaje en Quintana Roo, denunció que ha sido blanco de amenazas tanto por parte del Gobierno de Borge como por los propios empresarios, en su caso, las amenazas han sido de muerte y desaparición por publicar fotos y videos sobre la destrucción del manglar, cuenta en entrevista para SinEmbargo.

Además dice que “la persecución continúa a pesar de que debe disculparse [Roberto Borge] porque la ONU pidió que se disculpe conmigo y la Comisión Nacional de Derechos Humanos está dormida, no me reciben”.

“Roberto Borge es un ecocida (…) Hay una doble moral del Gobierno federal, por un lado castiga a los pobres, se va contra todos los pobres y a los ricos les ofrece apoyo legal y la fuerza militar y policiaca para que desbaraten el manglar. Esta doble moral de Peña Nieto y de Borge los hace cobardes porque se meten con la gente pobre y ahora se están metiendo con los defensores del manglar”, dice el reportero maya.

“Le dieron una puñalada al corazón de Cancún, a la ecología”, señala el activista quien visitó el Distrito Federal para recibir atención por las secuelas físicas que le provocó la tortura en la cárcel.

Fotos: Cuartoscuro.

La madrugada del sábado un convoy de trabajadores ingresó al manglar Tajamar para reanudar las obras para los desarrollos inmobiliarios Foto: Cuartoscuro.

BORGE DEFIENDE EL PROYECTO

Mediante un comunicado, Roberto Borge manifestó el sábado que los trabajos de chapeo y desmonte en el Malecón Tajamar se han llevado a cabo “con apego a la ley”.

Asimismo, destacó que el Fonatur, desarrollador del Malecón Tajamar, obtuvo en 2005 de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la cual está vigente y le permite realizar trabajos en el área del Malecón Tajamar.

“Como Gobierno y como autoridad estamos obligados al cuidado del medio ambiente, pero también somos promotores de la inversión y del desarrollo, porque nos interesa que Quintana Roo se mantenga como líder turístico en México y Latinoamérica, aunque es nuestra obligación garantizar que nuestros atractivos naturales sean preservados y puedan ser disfrutados por las futuras generaciones”, concluyó.

PROMO-PUNTA

Borge cuenta dólares pero no los cuerpos: 20 feminicidios en 2015

lunes, noviembre 16th, 2015

El asesinato de siete mujeres en menos de tres semanas en Quintana Roo, a la luz del día o en la tiniebla, volvió a conmocionar a México porque fue reflejo de uno de sus problemas más insoportables: el feminicidio. El Gobernador Roberto Borge Angulo rechazó una Alerta de Género, minimizó las muertes y pidió que no fueran “politizadas” para “no afectar” la derrama económica en ese destino turístico. Tanto la incidencia del delito como el mensaje político han hecho que en ese territorio del Caribe se haya instalado el riesgo.

Miles marchan para  exigir justicia por Karen, la universitaria asesinada en Cancún. Foto: Cuartoscuro.

Miles marcharon el 1 de noviembre para exigir justicia por las mujeres asesinadas en Cancún, Quintana Roo, durante las últimas semanas. Foto: Cuartoscuro.

Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).– De seguir los números, no hay ninguna duda que, para los turistas del mundo, Quintana Roo es el paraíso en la Tierra. En las oficinas de la Secretaría de Turismo del estado se analizan datos que engolosinan: dado un volumen de reservaciones que llegó al 84.3 por ciento, este año cerrará con una derrama histórica de poco más de ocho mil 200 millones de dólares debido a la imparable afluencia por mar, aire y tierra. Los cruceros no dejaron de llegar; tampoco los aviones repletos de hombres y mujeres atraídos por la brillantez de Cancún y la Riviera Maya.

Las cifras oficiales brindan un relato espléndido. En el primer cuatrimestre del año, Quintana Roo recibió tres millones 740 mil 497 turistas, 5.9 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado, cuando ya se había impuesto un récord.

Es más, debido al Cancún Travel Mart –una feria magna para proveedores turísticos de todo el mundo– la demanda superó a la oferta de infraestructura.

Quintana Roo es el primer destino turístico de México.

***

De seguir los números, no hay ninguna duda de que, para sus mujeres, Quintana Roo es la parada del infierno. 2015 cerrará con datos macabros: casi veinte asesinatos, siete de los cuales ocurrieron en las últimas dos semanas. Será un número que se añada a la montaña de cadáveres que figuradamente tiene la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Quintana Roo en sus archivos. En 2012 se documentaron 15, un año después 20 y durante 2014, se contabilizaron 12.

Cuchilladas, puñaladas, labios que simulan flores desgranadas, charcos de sangre en baños y habitaciones, articulaciones rotas, cuellos amoratados. La muerte no anda rondando; se ha hecho presente. Y parece que ha encontrado aliados para que este territorio sea propicio. Cuando, el 4 de noviembre pasado, el cuerpo de Abril Alejandra López Valencia (36 años, originaria de Mérida, migrante en su propio país) fue encontrado en una zona verde que rodea la zona hotelera de Cancún, el Gobernador Roberto Borge Angulo iniciaba una visita a Londres, Inglaterra, para visitar la feria del Travel Market, organizada allá. Fue en su calidad de presidente de la Comisión de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Al lado de la Secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Masseiu, inauguró el pabellón de México.

Desde allá, envió un comunicado.

“Los que hablan de feminicidios y promueven que se emita esta alerta sólo buscan atentar contra el éxito de Quintana Roo, frenar el desarrollo y crecimiento sostenido en turismo, generación de empleos, economía familiar. Quienes hacen esta propuesta, estoy seguro, no conocen siquiera la ley.

“Lo que vemos es que se dispararon en 15 días los casos de violencia intrafamiliar (…) Hay grupos que se han querido aprovechar de estos hechos lamentables… para querer generar un estado de psicosis”, dijo el Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.

Quintana Roo es el estado número 13 en feminicidios de la República Mexicana.

¿POR QUÉ BORGE DICE LO QUE DICE?

El priista Roberto Borge Angulo. Foto: Cuartoscuro

El priista Roberto Borge Angulo ha minimizado el asesinato de mujeres. Foto: Cuartoscuro

El boletín del gobernante fue emitido después de que el Colectivo Ciudadano de Avance Legislativo (Aval) de Quintana Roo y el grupo #Niunamenos de la Universidad del Caribe solicitaron al Gobierno Estatal y al Congreso del Estado su intervención para que se envíe a la Secretaría de Gobernación (Segob) la a solicitud de alerta de género para Quintana Roo. Hasta el cierre de este texto, la solicitud tenía cinco mil firmas.

No hay grandes expectativas. Porque en aquella península del Caribe mexicano, la historia para darle frente a la muerte de mujer ha ocurrido al revés:

En 2011, cuando tomó posesión, Roberto Borge Angulo recibió un estado con “nivel medio” de riesgo para las mujeres, de acuerdo con el primer índice para Alerta de Violencia de Género (IAVG), elaborado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim). Un año después, el entonces Procurador General de Justicia del Estado de Quintana Roo, Gaspar Armando García Torres, se presentó en la Cámara de Diputados federal con el “Informe Relativo a las Acciones Implementadas en Quintana Roo, en relación a los Feminicidios Registrados en el País”, del que este sitio digital tiene una copia.  En ese entonces y de acuerdo con el documento archivado en el Congreso de la Unión, el funcionario dijo:

“Conscientes de la imperiosa necesidad de reducir al menor número que sea posible la incidencia de la violencia de género, en particular de las muertas y desapariciones de mujeres y de niñas, hemos emprendido acciones que buscan su protección. Nos encontramos ante conductas que amenazan con el orden social, por ende una de las primeras medidas que debemos adoptar es reconocer e identificar dichas conductas; por su incidencia, por el sector específico al que pertenecen las víctimas, a través de un estudio de sus principales rasgos socio-demográficos, por las circunstancias en las que ocurren y por el tratamiento que se le da a cada una de ellas”.

Prosiguió: “En segundo término, es necesario investigar los factores que favorecen o condicionan su realización, teniendo en cuenta que los factores no determinan las conductas sociales, sino que las propician …”.

El 24 de mayo de ese mismo 2012, el Congreso del estado emitió un decreto para modificar diversos artículos del Código Penal y tipificar el feminicidio. En el artículo 89 bis del Código Penal quedó estipulado que este delito se comete por razones de género. En las fracciones de la uno a la seis las describe. Una es que existan antecedentes de que el asesino haya ejercido sobre la victima violencia familiar.

Ya con un marco jurídico, el Procurador logró su cometido. Para 2014, sólo había un caso de feminicidio en la entidad.

¿Cómo le hizo este funcionario para erradicar en apenas dos años uno de los problemas más insoportables de México? Él mismo dio la respuesta en una rueda de prensa. Informó que la PGJE determinó tipificar como feminicidios sólo cuando se tratara de asesinatos seriales en contra de mujeres.

“No hemos tenido casos que pudiéramos catalogar como feminicidios. Porque nosotros no hacemos, incluso cuando tenemos un hecho (de homicidio contra una mujer) aunque sea violento, porque corremos el riesgo de que si no se dan los elementos de feminicidio como tal, puede el acusado obtener su libertad”, dijo.

Entonces, indicó que el único proceso de feminicidio en la entidad fue contra Jorge Rosales Piña, quien está bajo proceso por el asesinato de cuatro prostitutas en Chetumal. Así, el Procurador desechó el caso de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado desnudo en una colonia popular en diciembre de 2013. Y también el de una joven chiapaneca quien apareció muerta en un cuarto de hotel de Cancún. Y ya no tomó en cuenta ni los charcos de sangre ni las huellas púrpura en ninguno de los cuerpos que aparecieron después. Ni siquiera cuando el asesino fue la pareja amorosa.

Sus palabras acentuaron la idea jurídica: “El feminicidio, en términos generales, va enfocado a que el delito se comete por el asunto de género. Es decir, es sólo una fobia, un coraje al solo hecho de que se trata de una mujer”.

Italy Ciani es autora de “Si te callas, te mueres. La violencia contra las mujeres en México”. Fue Subprocuradora para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género en el Estado de México, la primera instancia de este tipo creada en México. Experta en la incidencia de feminicidios, expone: “La tipificación del feminicidio ayuda mucho. Brinda la posibilidad de diferenciarlo de los homicidios dolosos donde muchas veces, las mujeres quedan invisibles en las estadísticas. Las víctimas terminan como un número entre atropellados o víctimas del crimen organizado. Después, es imposible conocer la causa de su muerte”.

Para Ciani Sotomayor, las palabras del Gobernador Roberto Borge en su boletín desde Londres, extrañan si se lee al pie de la letra la fracción primera del artículo 89 bis del Código penal de Quintana Roo, el reformado en 2012. “Que existan antecedentes de que el sujeto activo haya ejercido sobre la víctima violencia familiar [en términos del artículo 176 BIS del Código Penal]. [Borge sostuvo que las muertes en Quintana Roo se debían a una violencia intrafamiliar exacerbada y que por lo tanto, no encuadraban en la tipificación de feminicidios].

Cuando el pasado 15 de septiembre, Gaspar Armando García dejó el cargo de Procurador; el Secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti Loria resaltó que en su gestión la incidencia delictiva había disminuido y además, se había aplicado con éxito el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Pero hubo un delito por el cual, no se castigó a nadie: el feminicidio. La PGJE de Quintana Roo respondió a una solicitud de información a través de los mecanismos de Transparencia que no cuenta con información sobre si alguna persona había sido procesada o se le sigue proceso en este momento por tal delito.

FEMINICIDIOS NEGADOS

La joven estudiaba la Licenciatura de Turismo en la Universidad del Caribe (Unicaribe) y fue reportada como desaparecida el lunes. Foto: Facebook

La joven Karen Carrasco, de 19 años,  estudiaba la Licenciatura de Turismo en la Universidad del Caribe (Unicaribe). Su cuerpo fue localizado el 27 de octubre. Foto: Facebook

Aunque hay un abismo entre las cifras de antes y después de la modificación del Código Penal de Quintana Roo mediante la cual se tipificó el feminicidio, la muerte no descansa. Si se escarba un poco entre los casos que la misma PGJE ha hecho públicos, se infiere que las mujeres en la entidad paradisiaca están muriendo por una causa: machismo. En los siguientes asesinatos se alcanza a ver como constante. Ninguno está tipificado como feminicidio, por lo que estos nombres tienen el riesgo de ser olvidados en las estadísticas de la muerte que esconde causas, motivos y patologías sociales.

Karen Carrasco Castilla: Su cuerpo estaba en un lote baldío de la Región 217 de Cancún. Presentaba signos de violación. La necropsia reveló que la causa de la muerte fue por traumatismo cráneo-encefálico y trauma toráxico severos. Era estudiante de la Licenciatura de Turismo en la Universidad del Caribe. Su presunto asesino fue Carmen Ramos López, de 40 años de edad, adicto a las drogas. El mismo Gobernador Roberto Borge Angulo informó de su detención en rueda de prensa. Este asesinato, reportado el 27 de octubre pasado, prendió el coraje para realizar una manifestación por la zona hotelera de Cancún. No será recordado como feminicidio porque no corresponde a un asesinato serial.

Abril Alejandra López Valencia: Ella se fue el 1 de noviembre. La vida se la arrancó César Neri quien ya está detenido. En las horas en que Abril Alejandra no aparecía, él colgó un video en Facebook para informar sobre su desaparición. Lloró mucho frente a la cámara de la computadora y entre sollozos ofreció una recompensa económica a quien brindara información. Él fue su pareja. Ambos trabajaban en el Hotel Parnassus. Los elementos de la PGJE que investigan el caso creen que la tarde fatídica, ella le informó que se casaría con otro. A Abril la identificó su padre por un tatuaje y un collar con un dije. La necropsia reveló una hemorragia cerebral y traumatismo cráneo-encefálico severos. El asesinato no pasó a la historia como feminicidio porque el cuerpo de Abril no presentó signos de ataque sexual.

Rebeca Rivera Neri: Fue encontrada el domingo 18 de octubre. Su cuerpo reveló que perdió la vida por estrangulación. Tenía golpes salvajes y el rostro destrozado. Ella integraba el fenómeno de migración interna que vive Quintana Roo dada su derrama turística. Iba de Veracruz. Tenía signos de haber tenido relaciones sexuales antes de la muerte. La PGJE informó que puede presumirse que Rebeca conocía a su asesino. Por esta muerte no se ha detenido a nadie. Esta historia no está encuadrada en el delito de feminicidio porque no hubo agresión sexual ni se trata de un serial.

María Fernanda Vargas Sánchez: Tenía 13 años de edad. Fue violada y asesinada a golpes de pica hielo en abril de este año. Por su desaparición se lanzó la alerta Amber. 12 horas después, fue encontrada en un camino de terracería frente al fraccionamiento Paseos del Mar en la Región 251. Por la investigación de su muerte, la PGJE abrió dos líneas de investigación. Una, la venganza. La otra: un crimen cometido por un drogadicto. La primera se fincó por el hecho de que la menor y todos los habitantes del fraccionamiento Paseos del Mar utilizaban el camino de terracería para ir a las tiendas ubicadas en la colonia Cuna Maya. El otro posible móvil es que la zona del asesinato está llena de maleza. Se impuso la segunda y siete meses después, la PGJE detuvo a Luis Enrique Meza Calderón “El Peke” en Acapulco, Guerrero.  El sujeto, cuya edad no fue revelada; pero en apariencia está en sus treinta, aceptó que él fue quien asesinó a la menor cuando se encontraba bajo los influjos de varias drogas. Se investigó por homicidio grave y no por feminicidio porque no se trató de un serial.

LA ALERTA DE GÉNERO: NO, NO, NO

El priista Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Estado de México. Foto: Cuartoscuro

El priista Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Estado de México, se vio obligado a solicitar la Alerta de Género para 11 municipios de la entidad, luego de una década de lucha de familiares de víctimas y grupos civiles. Foto: Cuartoscuro

Acéfala durante el primer semestre de Gobierno de Enrique Peña Nieto, la Conavim tiene el encargo de instalar el mecanismo de Alerta de Género en una demarcación cuando alguna Organización no Gubernamental o el mismo gobierno lo solicite. Pero de ocho millones de pesos etiquetados para ese fin, este año sólo ha gastado 179 mil 949.71 pesos, de acuerdo con la respuesta a una solicitud de información en el folio 0000400156615 del Infomex. El gasto fue para viáticos y pasajes de los expertos que hicieron trabajo en terreno.

En julio, el propio Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, solicitó la Alerta para 11 municipios de su entidad. Después de una década de violencia en contra de las mujeres de manera sistemática, después de muchos cadáveres encontrados debajo de los puentes o en plena vía pública, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultilán, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Cuautitlán Izcalli y Chalco instalaron por primera vez en el país el mecanismo.

Promulgada en 2007, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, marcó que la alerta no sólo es la declaración de riesgo en un territorio, también implica otorgar satisfacción en cuatro puntos: la aceptación de los Gobiernos de su responsabilidad ante el daño causado y su compromiso de repararlo; la investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes que llevaron la violación de los derechos humanos de las víctimas a la impunidad; la instrumentación de políticas públicas que eviten la comisión de delitos contra las mujeres, y la verificación de los hechos y la publicidad de la verdad.

En Quintana Roo, el Gobernador Roberto Borge Angulo se resiste a la alerta de Género. Primero en un boletín y luego en entrevista radiofónica con Grupo Imagen descartó que en la entidad que gobierna haya condiciones para decretarla. Su argumento es que ninguna de las muertes reúne las condiciones para ser consideradas como feminicidios. Los últimos, sostuvo el Mandatario, son casos de violencia intrafamiliar.

‒ ¿No se dan los elementos para que se declare Alerta de Género; descartas que detrás de esto haya causas de género? ‒preguntó la periodista Adela Micha de ese grupo multimedia.

‒Estamos totalmente seguros de ello. Lo he platicado con los juristas que se encargan del tema en la Procuraduría General de Justicia del Estado, con los colegios de abogados, y también hay que destacar que la Alerta de Género es un mecanismo que no lo decreta el gobierno del estado; esto sería decretado por una instancia federal, y en este momento no están esas condiciones.

Alfredo Narváez, Maestro en Estudios de Género por el Colegio de México, exclama: “El mecanismo de alerta de género no funciona, porque los gobiernos estatales y el federal son juez y parte. Debe ser ejercido en la CNDH o alguna autoridad autónoma de los gobiernos. Por ello está estancada, porque nadie quiere mala prensa, perder votos, verse como un gobierno misógino”.

Para el experto, Borge Angulo politizó las muertes de mujeres en Quintana Roo, justo al pedir que no se politizaran.

“… No quiere nombrar como feminicidio lo que es. Y es por miedo a aceptar la realidad. La negación en México es muy poderosa, y más si se es un gobierno sin política de género. La perspectiva de género es peligrosa: hace visible lo invisible”.

Italy Ciani, estudiosa de los feminicidios en México, abunda: “Más que Alerta lo que se requiere es un reconocimiento por parte del Gobernador. Su discurso político ha logrado que el conflicto crezca. Con sus palabras y actitud, se colocó como el primer macho del estado”.

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Era 1 de noviembre, la celebración del Hanal Pixan, la tradición del pueblo maya para recordar a los que se adelantaron en el viaje a la eternidad. Las calles de uno de los principales destinos turísticos de México se colmaron para honrar a las estudiantes, la niñas, las amas de casas, las migrantes, las putas. Todas, víctimas de feminicidios. Por lo menos, así se leía en las pancartas.

El Quintana Roo de Borge: leyes “a modo” y feminicidios en 4 años de su sexenio

domingo, noviembre 15th, 2015

A la lista de acusaciones en contra de la administración del priista Roberto Borge Angulo en Quintana Roo se le suman las legislaciones “a modo”, como lo han señalado diversas organizaciones sociales. En este año suman dos, las cuales restringen las libertades políticas y de expresión.

Foto: Cuartoscuro

El priista Roberto Borge Angulo, Gobernador de Quintana Roo. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).– Represión en contra de periodistas y activistas, legislaciones “a modo” y los recientes asesinatos de mujeres en Quintana Roo, han colocado esta semana de nueva cuenta en el ojo público al Gobernador Roberto Borge Angulo y a su administración, la cual se ha convertido en una de las más cuestionadas por las organizaciones defensoras de los derechos humanos.

En menos de un mes se han registrado al menos siete feminicidios en la entidad. El cuerpo de la primera víctima fue encontrado el pasado domingo 18 de octubre, en el fraccionamiento Puertas del Mar, en la Región 251 en Cancún. La joven se encontraba desnuda, con el rostro destrozado por los golpes.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana  Roo, identificó a la víctima como Rebeca Rivera Neri, de 24 años de edad, originaria de Veracruz. Según la necropsia, la mujer fue estrangulada por sus victimarios.

La segunda mujer asesinada fue María Karen Carrasco Castilla, estudiante de la Universidad del Caribe, joven que fue violada y asesinada el martes 27 de octubre, en un lote baldío del fraccionamiento La Guadalupana, en ese centro turístico.

Luego del asesinato de la universitaria, el pasado domingo 1 de noviembre, miles de personas se movilizaron para reclamar más seguridad al Gobierno del priista Roberto Borge y también exigieron que se declare una alerta de género en Cancún ante los continuos casos de mujeres asesinadas.

Horas después, el lunes 2 de noviembre por la mañana fue localizada una tercera mujer asesinada. El cuerpo fue hallado en la calle Tercera Privada de Petunia del fraccionamiento Villas del Mar 3, al final de la Avenida Kabah, en la Región 248.

El Procurador del Estado Carlos Arturo Álvarez confirmó el homicidio de la mujer a través de la estación de radio del Gobierno del estado. El funcionario afirmó que la víctima aún no había sido identificada, pero que ya tenían a una persona presentada presuntamente relacionada con el crimen.

Abril Alejandra López Valencia, la cuarta de las víctimas, fue hallada la tarde del martes 3 de noviembre cerca del hotel Parnassus, ubicado en el kilómetro 17 de la zona hotelera.

A pesar del llamado de la sociedad civil a que se atienda el creciente problema de feminicidios en la entidad, Borge Angulo se justificó y  desde Londres declaró: “hay un par de casos que apuntan al tema pasional”.

El 6 de noviembre se informó también del asesinato de Elsy del Rosario Sánchez Pist, una instructora de zumba, cuyo cuerpo fue localizado al interior de su domicilio ubicado en el fraccionamiento Paseos Kabah, en Cancún.

La mujer presentaba signos de estrangulamiento y estaba desnuda sobre su cama. Con el asesinato de Sánchez Pist, sumaban ya el viernes cinco los feminicidios en menos de un mes, tan sólo en Cancún.

Ese mismo día, la prensa local dio cuenta del hallazgo del cuerpo de una con diversas puñaladas en Playa del Carmen. Sin embargo esto no ha sido confirmado por las autoridades.

Datos extraoficiales señalan que la mujer falleció debido a una hemorragia por las heridas que le fueron causadas con un arma blanca.

Días después, el 9 de noviembre, la Secretaría Estatal de Seguridad Pública (SESP) informó del asesinato de otra mujer en Quintana Roo, ahora en Chetumal. A través de un comunicado, el Gobierno de Quintana Roo informó que policías estatales y municipales lograron aprehender a Jaime Abraham May Alfaro, quien golpeó y mató a su esposa, Yolanda Sánchez Pérez.

El Gobierno de Roberto Borge agregó sobre el asesinato: “fue un solo lamentable caso derivado de violencia familiar”.

Incluso precisó que “el marido agresor tenía antecedentes de violencia contra su esposa a la que hoy golpeó y mató. En este momento está detenido y puesto a disposición de la procuraduría General de Justicia del Estado que ya trabaja en las investigaciones de los hechos”.

De acuerdo con organizaciones, en lo que va del año se han registrado al menos 14 mujeres asesinadas en Quintana Roo; sin embargo, la administración de Borge Angulo niega el auge de los feminicidios en la entidad.

LEYES “A MODO” Y REPRESIÓN

A la lista de acusaciones en contra de la administración de Roberto Borge se le suman las legislaciones “a modo”, como lo han señalado diversas organizaciones sociales. En este año suman dos, las cuales restringen las libertades políticas y de expresión.

El pasado 10 de noviembre, el Congreso de Quintana Roo aprobó reformas a diversos ordenamientos en materia político-electoral entre las que incluyó la denominada “Ley AntiBronco”.

Asimismo se votó en contra de la iniciativa de decreto para modificar la Ley Electoral en su artículo 159, para establecer la paridad de género. Las siete diputadas priistas, respaldaron la negativa.

La nueva Ley, que promovieron los partidos Revolucionario Institucional (PRI), el Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), incluye candados para los candidatos independientes, por ejemplo, el impedir a los aspirantes a cargos de elección popular que participen en procesos internos de selección en dos partidos diferentes y que hayan militado en algún partido político tres años antes de la elección.

A principios de agosto, el Congreso de Quintana Roo aprobó la también llamada “Ley Borge”, que contiene disposiciones restrictivas para el ejercicio periodístico. De acuerdo con la organización Artículo 19, constituye “un acto de simulación” de un gobierno que continúa agrediendo a periodistas críticos e independientes.

En el artículo 3, fracción XII de la nueva Ley de Quintana Roo, al definir el término “periodista”, se incorporan criterios restrictivos que no van de acuerdo con la concepción de este oficio como el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, señalando que debe ser una actividad de carácter “permanente con remuneración”.

Por ejemplo, la legislación deja a Pedro Canché Herrera y a Rubén Espinosa Becerril fuera de la protección: simplemente no califican como periodistas porque no están (estaban, en el caso del fotógrafo) en una nómina. Rubén era freelance y Canché no está en ningún medio reconocido por el Gobierno de Borge.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) argumentó respecto al artículo 3 fracción XII, en la que se delimita la calidad de periodistas con la condición de que la actividad sea “permanente”, que este concepto deja “fuera a aquellos que ejerzan el periodismo de manera no permanente, lo cual adolece de razonabilidad al excluir a tales personas del reconocimiento como periodistas, aun cuando ejercitan la libertad de expresión”.

Quintana Roo es la segunda entidad con mayor número de agresiones a la prensa,  debajo del Distrito Federal, donde fue asesinado el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, y por arriba de Veracruz, el estado que concentra más asesinatos de periodistas, de acuerdo con el más reciente informe de la organización Artículo 19.

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BREVES

virreyes_breves01“EL BRONCO” LANZA CONSULTA SOBRE PRESUPUESTO

El Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, a través de su cuenta en Facebook realizó una consulta sobre vetar o no la decisión del Congreso local que busca reducir el presupuesto de la entidad. Mientras que el Congreso lo acusa de mentir para poder seguir reteniendo recursos en lugar de entregarlos a los municipios.

La consulta la lanzó el pasado 10 de noviembre y la mayoría de los comentarios expresan que el Gobernador vete la Ley de Coordinación Hacendaria que aprobó el Congreso de la entidad.

El Gobernador aseguró que la decisión tomada por el Congreso de Nuevo León haría imposible llevar a cabo diferentes proyectos como la reconstrucción de carreteras, “apoyar a los estudiantes que necesitan transporte gratuito para que puedan ir a la escuela, tampoco nos alcanzaría para dar mantenimiento a las escuelas más amoladas y tampoco podríamos apoyar con más recursos a las familias que más nos necesitan”.

Por lo que pidió a los usuario de redes sociales que le ayudaran a decidir qué hacer; “¿vetarles la decisión o aceptarla? Lo que la mayoría diga eso haré”, escribió en su cuenta de Facebook.

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virreyes_breves02 DUARTE OCULTÓ FOSA CON 28 CUERPOS

En la comunidad de Portezuelos, en el municipio de Manlio Fabio Altamirano, en noviembre de 2011, exhumaron 28 cadáveres de unas fosas clandestinas, con el mayor sigilo, sin que nunca el Gobierno de Veracruz, encabezado por Javier Duarte de Ochoa, hiciera pública una sola línea. Sobre el entierro clandestino sólo las autoridades de Veracruz y los habitantes de esa comunidad sabían. Unos guardaron silencio por miedo, otros por cálculo político.

La información sobre la matanza fue confirmada por la Procuraduría General de la República (PGR) mediante la solicitud de información 0001700251115 en la que expone que el sangriento hecho se ubicó “en noviembre de 2011, con el hallazgo de dos fosas ubicadas en un mismo terreno, la primera con 11 hombres y cuatro mujeres; la otra, con seis hombres y una mujer”.

En el documento obtenido por medio de la Ley Federal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la PGR indica que hasta la fecha, “los restos de 27 cadáveres se encuentran en el laboratorio de Genética Forense de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, siendo que sólo se logró la identificación de los restos óseos de un cadáver, mismo que ya fue entregado a sus familiares”.

Es decir, todos esos restos están allí a la espera de que algún familiar los reclame. Desconocidos para las madres que se han organizado a la búsqueda de sus hijos y los de otras en Veracruz, pues para la administración duartista, simplemente, fue mejor el silencio de las fosas.

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virreyes_breves03CUÑADA DE EX GOBERNADOR PIDE AUDIENCIA CON MOREIRA

Gabriela Mac Gregor solicitó una audiencia con el Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, para saber cómo van las investigaciones del asesinato de su hijo,  Jorge Torres Mac Gregor, sobrino de Jorge Torres, ex Gobernador interino de Coahuila.

Torres Mac Gregor fue asesinado por 40 impactos de bala, la noche del 10 de  noviembre de 2011.

En un video de casi cuatro minutos que subió a su cuenta de Facebook, la madre del joven de 22 años expresó:

“Buenos días, soy Gabriela Mac Gregor, mamá de Jorge Torres Mac Gregor, joven de 22 años acribillado brutalmente en la vía pública con armas de alto calibre hace cuatro años. Fue la única víctima de tan terrible hecho, siendo sobrino del Gobernador interino del estado de Coahuila en aquel entonces y a 45 días de tomar posesión el Gobernador Electo de esta nueva administración.

“Es tiempo de romper el silencio para hablar de algo tan triste y doloroso para mi familia. El día 10 de noviembre de 2011, época de luto para cientos de coahuilenses, porque día a día muchas familias vivían hechos similares, tan injustas y terribles quedando en el anonimato y bajo tierra, pero no en el olvido para quienes las sufrimos.

“Pido al Ejecutivo del Gobierno (Rubén Moreira), que no eche en saco roto este suceso y no olvide a los coahuilenses vulnerables a estos acontecimientos. Durante estos años he intentado en innumerables ocasiones tener una cita con usted, sin ningún éxito, para poder recibir una explicación, una razón o un compromiso de su parte para darle seguimiento al cumplimiento de la ley en este caso…”

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virreyes_breves04SOLALINDE EXIGE A GRACO EXPLICAR FOSAS ILEGALES

El padre Alejandro Solalinde Guerra, activista por los derechos de los migrantes y director del albergue Amigos en el Camino, exigió al Gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, que haga pública la identificación de 150 cadáveres encontrados en fosas clandestinas, en las que la Fiscalía del Estado habría enterrado ilegalmente los cuerpos.

El 6 de noviembre se dio a conocer que la Fiscalía General de Morelos inició un proceso penal y administrativo contra quien resulte responsable por la inhumación clandestina de al menos 150 cadáveres en dos fosas en 2013, año en que Ramírez Garrido Abreu ya era Gobernador.

Solalinde Guerra cuestionó duramente al Gobernador a través de su cuenta de Twitter [@padresolalinde], en la que exigió al Mandatario estatal que “haga pública la identificación de los cadáveres encontrados en la fosa para buscar a lxs desaparecidx (sic) en su gobierno @gracoramirez”.

Después cuestionó: “Es Morelos más seguro con @gracoramirez, a lo que el Gobernador respondió: “Si, y ahí están las cifras. Se reducen delitos de alto impacto y 100 mil jóvenes tienen beca para ir a la escuela”.

Sin embargo, Solalinde no quedó conforme con la respuesta y señaló: “Ahí están ONG´s percibiendo todo lo contrario”.

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virreyes_breves05CASOS DE PRESOS POLÍTICOS DE MORENO VALLE SERÁN LLEVADOS ANTE LA ONU

Más de 250 casos de presos y perseguidos políticos en Puebla durante la gestión del Gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, serán llevados ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El consultor de Derechos Humanos de la ONU, Marcel Chalreo, adelantó al finalizar el “Primer foro de evaluación ciudadana sobre derechos humanos y presos políticos en Puebla” que presentará un informe sobre los presos políticos en el estado.

En el evento convocado por el Comité para la Libertad de los Presos Políticos Contra la Represión Social en Puebla, Chalreo se dijo sorprendido del retroceso y la creciente cifra de personas procesadas luego de su reciente visita en febrero de este año al penal de San Miguel para encontrarse con el líder social Rubén Sarabia, “Simitrio”, reportó el diario local e- Consulta.

El Comité actualizó las cifras presentadas en mayo de este año. Los nuevos datos arrojan que en el sexenio de Moreno Valle suman 17 personas presas, 122 procesados, 66 órdenes de aprehensión libradas y 21 que están por verificarse.

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FRASES

ruben_moreira_circulo“Si ya dijo [la SCJN] que se podía fumar mariguana, ahora que nos diga si se puede matar toros”, expresó el Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez.

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miguel_angel_mancera_circulo“Calculo yo, que para el próximo año tengamos un proyecto de rescate de nuestra plancha del Zócalo, que ya se encuentra dañada, que se encuentra, pues, con un desgaste natural, por el uso, pero que requiere volver, con ese orgullo que sentimos de nuestro Zócalo capitalino”, expresó el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

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Claudia-Pavlovich_circulo“[el gasoducto en Sonora] va bien en estos momentos, es un tema que va a abrir grandes oportunidades a Sonora (…) Yo estoy segura que este tema va a abrir una gama de inversiones y oportunidades. Yo creo que el tema del gasoducto tiene que avanzar”, señaló la Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano.