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La Suprema Corte determinó que el politólogo no pagaría la condena derivada de una demanda civil presentada por el exgobernador de Coahuila.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación atraer para su conocimiento, el amparo promovido por el analista Sergio Aguayo en contra de la sentencia emitida por la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la cual lo obliga a pagar 10 millones de pesos por daño moral a Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila.
Sergio Aguayo Quezada, académico mexicano, tendrá que pagar 10 millones de pesos a Humberto Moreira Valdés, ex Gobernador de Coahuila, por daño moral, determinó un magistrado de la Ciudad de México.
El abogado de Humberto Moreira Valdés, Manuel Ollé Sesé, dijo este día que la reapertura del caso en contra su cliente tiene que ver con nuevos testimonios brindados por Héctor Javier Villareal y Rolando González Treviño ante la Fiscalía de España.
Humberto y Rubén Moreira, los hermanos que han gobernado Coahuila por ya casi 12 años, dejan en esa entidad, de acuerdo con analistas, una cauda de pendientes en el tema de la seguridad y muchas dudas ligadas a la mala administración de recursos públicos, además de diversos escándalos por presunta corrupción en los dos sexenios en que han administrado ese estado.
“Son un ejemplo de lo que somos como sociedad”, dice Marco Leopoldo Arellano Toledo, profesor de ciencia Política en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “Lo más lamentable son las murallas de protección que han impedido una investigación de instituciones mexicanas a profundidad de lo qué hizo y dejó de hacer Humberto Moreira”, dice Aguayo, investigador del Colegio de México.
“Salió el borracho, Calderón como siempre. Este hombre aparece en todos lados, siempre ebrio y cometiendo errores. Su estado de ebriedad actual obedece a que su conciencia no lo deja tranquilo de todas las muertes y desapariciones de mexicanos que tuvo (durante su sexenio)», dijo.
El ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés hizo un llamado a los que integran la cúpula del Revolucionario Institucional, para que entiendan que es una coalición, y que no se les esté intimidando a ciudadanos que les van a quitar algún beneficio social, si apoyan a los candidatos del Partido Joven.
La candidatura del ex Gobernador, Humberto Moreira Valdés, para contender por una diputación plurinominal al Congreso de Coahuila por el Partido Joven fue aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, la tarde de este sábado.
Además, la prueba es indispensable para que, a través de una valoración profesional, se acredite el daño que supuestamente ha sufrido Moreira con motivo de las declaraciones del demandado y al adminicular esta prueba con los demás probanzas, la misma alcanzará pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles.
El Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, volvió a atacar a sus adversarios y aseguró que en Coahuila habrá una rebelión de militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) debido a que se le está negando la oportunidad de contender por un puesto de elección popular.
El apellido Moreira ha marcado la vida política y social de Coahuila desde hace 11 años, cuando Humberto asumió la gubernatura en 2005 y cuya administración estaría marcada por la violencia derivada de las disputas entre los grupos delincuenciales, así como por la corrupción. Esa fue la entidad que heredó Rubén con la promesa, sin culpar a nadie, de que las condiciones (de inseguridad y endeudamiento) mejorarían.
Son siete ex Gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y uno del Partido Acción Nacional (PAN), los que enfrentan distintos tipos de acusaciones. Sólo uno está en la cárcel, Guillermo Padrés Elías, ex mandatario de Sonora, uno prófugo, Javier Duarte de Ochoa, Gobernador con licencia de Veracruz, y el resto libres. Los ocho tienen en común que aumentaron las deudas de sus estados. La suma de todos los incrementos arroja que son 186 mil 535.7 millones de pesos, cantidad superior al recorte al gasto que hizo para 2017 el Gobierno federal.
Suspender los derechos partidistas sólo a César Duarte de Ochoa manda un mensaje anticorrupción incompleto por parte del PRI, pues faltan las sanciones para los ahora ex gobernadores César Duarte Jáquez, Roberto Borge Angulo y Rodrigo Medina de la Cruz, quienes están incluidos en la demanda interna de expulsión por supuestos actos de corrupción, interpuesta por el también priista Armando Barajas Ruiz. El integrante de la corriente Solidaridad afirma que esperará el plazo –no más de 15 días– para conocer si la Comisión de Justicia del tricolor procederá contra esos mandatarios. De lo contrario, dice, irá al Tribunal Electoral de la Federación para inconformarse contra ese órgano interno del Partido Revolucionario Institucional.
Javier Duarte de Ochoa, quien está a unas semanas de dejar el cargo de Gobernador en Veracruz, no es más que un “chivo expiatorio”, un político ahora de desecho, con el que el PRI simula combatir la corrupción, plantearon los politólogos José Antonio Crespo, Ivonne Acuña y Salvador Mora. Si el tricolor realmente tuviera la voluntad política de combatir ese delito tendría que ir por todos: gobernadores y ex gobernadores corruptos, funcionarios públicos e incluso legisladores, como Emilio Gamboa Patrón, dijeron. Si el Revolucionario Institucional realmente hiciera eso, coincidieron los especialistas, se quedaría sin cuadros… perdería hasta el registro.
A principios de este año un juez dictaminó que el Gobierno de Estados Unidos podría tomar el control de las propiedades residenciales y comerciales. El diario San Antonio Express informó que la primera de las 10 propiedades confiscadas saldrá a la venta el próximo jueves. También destaca que el Gobierno de México no ha presentado ninguna solicitud para que le regresen el dinero incautado como parte de la investigación.