El empresario y exdirector jurídico de Gobernación durante la administración de Roberto Borge Angulo, recibió un disparo en la cabeza tras sufrir un asalto en Tulum.
Ciudad de México, 22 de julio (SinEmbargo).– Raúl Labastida Mendoza, quien fuera director jurídico del exgobernador Roberto Borge Angulo, recibió un disparo en la cabeza tras sufrir un asalto a mano armada en Tulum, Quintana Roo.
De acuerdo con los primeros reportes que consigna el diario local PorEsto, el exfuncionario acudió a una sucursal bancaria cuando fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta, sobre la calle Centauro Norte con Avenida Tulum, en la colonia Centro.
Presuntamente se habría resistido al asalto, por lo que los delincuentes le dispararon y le arrebataron una fuerte suma de dinero que sería usado para el pago de nómina en la empresa inmobiliaria Desarrollos Tankah.
El empresario fue lesionado de gravedad en Tulum. Foto: vía Por Esto.
La víctima fue trasladada al hospital CostaMED, mientras que los agresores huyeron del lugar.
La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo mantiene un fuerte dispositivo en varios puntos de Tulum.
Raúl Labastida fue titular de la Consejería Jurídica del Gobierno de Quintana Roo y en febrero de 2020 fue vinculado a proceso por el delito de peculado.
La violencia en el estado de Quintana Roo se ha incrementado en el último año y ha afectado también las zonas turísticas. Por ejemplo. el pasado 21 de enero, un tiroteo ocurrido al interior de un hotel ubicado en Playa del Carmen, de la prestigiosa cadena Xcaret, dejó dos turistas canadienses muertos y un herido.
Tal ha sido el impacto negativo de los grupos del crimen organizado en Quintana Roo, que Estados Unidos ha emitido alertas para viajar al estado.
El pasado 30 octubre, un juez federal amparó al ex Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, y ordenó que se revise si debe continuar o no sujeto a proceso por el presunto delito de lavado de dinero, al que había sido vinculado el pasado 5 de enero.
Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).- Roberto Borge Angulo, ex Gobernador de Quintana Roo, fue vinculado a proceso por presunto desempeño irregular de la función pública.
Un Juez de control atribuyó a Borge Angulo por la entrega indebida de cinco concesiones de transporte (carros de golf) en Isla Mujeres.
El ex mandatario y su defensa, encabezada por el abogado Karim de la Rosa Peláez, anticiparon que promoverán una demanda de amparo con la certeza de que en siete meses, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva a favor de Borge Angulo.
Borge Angulo permanecerá en el Centro Federal de Readaptación Psicosocial (Ceferepsi) de Ayala, Morelos hasta el cierre de investigaciones, en dos meses.
El pasado 30 octubre, un juez federal amparó al ex Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, y ordenó que se revise si debe continuar o no sujeto a proceso por el presunto delito de lavado de dinero, al que había sido vinculado el pasado 5 de enero.
El Juez Sexto de Distrito en el Estado de México ordenó que se cite a una nueva audiencia donde se defina si el ex mandatario es vinculado a proceso pues se determinó que la ocasión anterior el fallo que lo vinculó no cumple con la motivación y fundamentación adecuada, según informó Reforma.
El pasado 5 de enero, Borge fue vinculado a proceso por el presunto lavado de 900 millones de pesos que fueron desviados del erario público de Quintana Roo.
Al ex Gobernador se le acusa de rematar 22 predios que formaban parte de una reserva natural con precios por debajo de las valuaciones a familiares y amigos. Según las autoridades los terrenos fueron adquiridos por 238 millones 790 mil 121.98 pesos, sin embargo, el precio real era de mil 138 millones 889 mil 540 pesos.
Los 900 millones 99 mil 418 pesos de diferencia fue señalada como quebranto al patrimonio de la entidad.
El 4 de enero, Borge fue extraditado de Panamá a México, luego de ser detenido el 4 de junio de 2017 por policías de esa nación en el aeropuerto de Tocumen, a petición de la PGR.
En abril pasado, 22 inmuebles a nombre de Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre de Borge Angulo, fueron embargados. Un Juez de control de Quintana Roo ordenó al Registro Público de la Propiedad la incautación de las propiedades. Los predios están ubicados en Cancún [uno], Playa del Carmen [uno] y Cozumel [20].
Mario Castro Basto, quien se desempeñó como director de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) durante la Administración de Roberto Borge Angulo, es señalado por supuestos vínculos en los desvíos de la paraestatal Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V. (VIP Saesa).
Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- Mario Castro Basto, quien se desempeñó como director de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) durante la Administración de Roberto Borge Angulo, fue detenido este domingo en Mérida, Yucatán.
La Fiscalía General del Quintana Roo informó que, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, se cumplió una orden de aprehensión en contra de Castro Basto, señalado por el delito de peculado.
“La aprehensión se realizó en la ciudad de Mérida, en coordinación con las autoridades de dicha ciudad y se están realizando las diligencias para que sea trasladado a la ciudad como lo marca los lineamientos de ley y respetando los derechos humanos que le asisten”, detalló la dependencia.
Castro es señalado por supuestos vínculos en los desvíos de la paraestatal Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V. (VIP Saesa).
Celso González Hermosillo es investigado por ser parte de una red de corrupción de la que era participe Borge Angulo, quien está preso. Al ex mandatario se le acusa de rematar 22 predios con un valor menor al avalúo a familiares y amigos, el nombre del abogado aparece en varios contratos.
Borge, quien gobernó el estado del sureste mexicano de 2011 a septiembre de 2016 representando al Partido Revolucionario Institucional (PRI), enfrenta un proceso penal por quebrantar al patrimonio de la entidad con más de 900 millones de pesos.
Ciudad de México, 14 de julio (SinEmbargo).– César Celso González Hermosillo y Melgarejo, el abogado del ex Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, fue detenido este sábado en Cancún por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), se le acusa por lavado de dinero.
González Melgarejo fue detenido por elementos de la PGR cuando acudió al Hospital Victoria de Cancún la madrugada de hoy para internarse, informaron medios locales y nacionales. Un juez federal de Nezahualcóyotl, Estado de México, solicitó su traslado para continuar su proceso por lavado de dinero.
El abogado es investigado por ser parte de una red de corrupción de la que era participe Borge Angulo, quien está preso. Al ex mandatario se le acusa de rematar 22 predios con un valor menor al avalúo a familiares y amigos, el nombre del abogado Celso González aparece en varios contratos.
Los predios fueron rematados de forma irregular, de acuerdo con la Fiscalía Federal se gastaron más de 900 millones 99 mil 418 pesos en predios que pertenecían a áreas protegidas y se ubicaban en zonas turísticas. De acuerdo con la PGR, los terrenos fueron adquiridos por 238 millones 790 mil 121.98 pesos, sin embargo, el precio real era de mil 138 millones 889 mil 540 pesos, la diferencia fue señalada como quebranto al patrimonio de la entidad.
Además, César Celso González Hermosillo y Melgarejo figura como uno de los accionistas de la empresa naviera Barcos Caribe, promovida por el ex gobernador priísta y cuyos dueños eran trabajadores de su familia y que el Sistema de Administración Tributaria investiga por ocultar la compra de cinco embarcaciones que costaron en total 299.9 millones de pesos, informaron medios locales.
Borge, quien gobernó el estado del sureste mexicano de 2011 a septiembre de 2016, fue arrestado por la policía de Panamá el 4 de junio de 2017 en el aeropuerto, a petición de la PGR.
Luego de ser extraditado, el ex mandatario fue vinculado a proceso por un desfalco al erario el pasado 5 de enero, cuando el juez del centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con sede en Ciudad Nezahualcóyotl le dictó prisión preventiva y fue trasladado al Cefereso No. 16, ubicado en Ayala, Morelos.
En abril de este año 22 inmuebles a nombre de Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre de Borge Angulo, fueron embargados. Un Juez de control de Quintana Roo ordenó al Registro Público de la Propiedad la incautación de las propiedades. Los predios están ubicados en Cancún [uno], Playa del Carmen [uno] y Cozumel [20].
Más de dos decenas de predios, repartidos en Cancún [uno], Playa del Carmen [uno] y Cozumel [20], fueron embargados en Quintana Roo. Estaban a nombre de Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del ex Gobernador Roberto Borge Angulo, acusado básicamente de depredar la entidad que dirigió bajo las siglas del Revolucionario Institucional (PRI).
Ciudad de México, 12 de abril (SinEmbargo).- 22 inmuebles a nombre de Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del ex Gobernador Roberto Borge Angulo, fueron embargados.
Un Juez de control del Estado de Quintana Roo, entidad que dirigió Borge Angulo, ordenó al Registro Público de la Propiedad la incautación de las propiedades.
A través del oficio 1576/2018, los juzgados de control y tribunales de juicio oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal informaron sobre la medida cautelar.
Los predios incautados están ubicados en Cancún [uno], Playa del Carmen [uno] y Cozumel [20].
Entre las propiedades se encuentra “el inscrito con el folio 88749, como compraventa con reserva de dominio, según la escritura 98024, de fecha 4 de octubre de 2017, a favor de The Elements Condos, que ofrece apartamentos de lujo y spa frente a la playa”.
“Sin embargo, dada la reserva de dominio a favor de la C. Rosa Yolanda Angulo Castilla, se procedió al embargo requerido”, señaló el director del Registro Público de la Propiedad, Carlos Humberto Pereira, en la misiva a los juzgados.
Borge, acusado básicamente de depredar la entidad que gobernó bajo las siglas del Revolucionario Institucional (PRI), fue detenido en Panamá. Cuando fue candidato presidencial, Enrique Peña Nieto lo consideró como parte de la “nueva generación del PRI”.
Roberto Borge Angulo nació, creció y se desarrolló en una familia priista. Estudió administración de empresas y se integró a la vida política. Fue Diputado federal hasta 2011, año en el que llegó, gracias al partido tricolor, a ocupar el puesto que su tío Miguel Borge Martín desempeñó de 1987 a 1993: el de Gobernador de Quintana Roo. Dijo que haría bien las cosas, pero no específico cómo y para quiénes serían los beneficios. El ejemplo “del nuevo PRI” volverá esta mañana esposado a México.
“Vamos a hacer mejor las cosas durante mi administración”, dijo Borge Angulo en agosto de 2011. Seis años después, en septiembre del 2017, el ex mandatario quintanarroense fue aprehendido por la Interpol y elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) mexicana en el Aeropuerto Internacional de Tocumén, Panamá, por su probable participación en el uso de recursos de procedencia ilícita.
El ex candidato priista, Mauricio Góngora Escalante, fue ingresado al Centro de Rehabilitación Social de Chetumal, en Chetumal, la madrugada de este día.
Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- Mauricio Góngora Escalante, ex tesorero del ex Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, fue ingresado al Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Chetumal, tras ser detenido el día de ayer en la Ciudad de México.
De acuerdo con los primeros reportes, el también ex candidato priista habría sido ingresado al Centro de Rehabilitación Social de Chetumal a las dos de la mañana de este día, aproximadamente.
Trascendió que el ex funcionario fue trasladado en avión a Chetumal durante el transcurso de la medianoche, además de que le fueron practicadas dos certificaciones médicas: una en la Ciudad de México y otra en Quintana Roo.
El pasado 25 de enero. elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo, en conjunto con elementos Ministeriales capitalinos, detuvieron a Góngora Escalante en las inmediaciones de una tienda de autoservicio, en la Ciudad de México.
El ex candidato a la Gubernatura de Quintana Roo por el Partido de la Revolución Institucional (PRI) estaba acompañado de su esposa al momento de su arresto.
Góngora Escalante se le imputa por el presunto desvío de 154 millones de pesos y quebranto financiero del Gobierno municipal de Solidaridad por 594 millones de pesos, donde fue Alcalde del 2013 al 2016.
La cantidad habría sido usada por el ex Presidente Municipal para su campaña a la gubernatura del estado. Góngora fue postulado por Manlio Fabio Beltrones, entonces dirigente del PRI, para contender por la gubernatura de Quintana Roo, en 2016.
Góngora nació en Yucatán y entre los cargos que ha ocupado en el Gobierno de Solidaridad, cabecera municipal de Playa del Carmen, fue como Tesorero y Secretario de Hacienda.
Roosevelt Ercé Barrón Barrera es acusado de su probable responsabilidad en la comisión del delito de desempeño irregular de la función pública durante la administración de ex Gobernador Roberto Borge, actualmente en prisión.
Foto: Twitter vía @FGEQuintanaRoo
Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).- Este sábado fue detenido Roosevelt Ercé Barrón Barrera, ex funcionario del Gobierno de Quintana Roo durante la administración de Roberto Borge Ángulo.
La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción informó que autoridades migratorias detuvieron en el Aeropuerto Internacional de Tijuana-San Diego a el ex tesorero.
Roosevelt Ercé Barrón Barrera es acusado de su probable responsabilidad en la comisión del delito de desempeño irregular de la función pública durante la administración de ex Gobernador Roberto Borge, actualmente en prisión.
La retención se da con la orden de aprehensión 151/2017 girada por el juez de control de Primera Instancia del distrito judicial de Chetumal, en Quintana Roo, y la cual, explica la Fiscalía, derivó en una alerta migratoria y notificación roja por Interpol con numero de control A-9818/2017.
La Fiscal Especializada, Rosaura Villanueva Arzápalo, señaló que elementos de la Policía Federal Migratoria dieron aviso al personal de la Procuraduría General de República (PGR), con sede en la ciudad de Tijuana, para iniciar con los tramites correspondientes y para su posterior entrega al personal de la Fiscalía Especializada quien será la encargada de vincular ante un juez de control competente para conocer los hechos por los cuales se le acusa.
El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, dijo que se está trabajando en el proceso jurídico en Panamá para que el ex Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, sea entregado a las autoridades mexicanas y es seguro que se concederá la extradición.
Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).- El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, estima que en menos de dos meses el ex Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, será extraditado a México desde Panamá.
Durante su participación en el Simposio Nacional de Ciencias Forenses, y tras ser cuestionado sobre la situación legal del ex funcionario priista, el subprocurador dijo:”Calculo que en 60 días a más tardar pudiera ya estar en México enfrentando la justicia federal y también del estado de Quintana Roo”.
Alberto Elías precisó que se está trabajando en el proceso jurídico en Panamá para que sea entregado a las autoridades mexicanas y es seguro que se concederá la extradición.
Además, informó que en el caso del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, autoridades de México y Estados Unidos ya presentaron las solicitudes de extradición para juzgarlo.
Explicó que de acuerdo con los tratados que tiene México y Estados Unidos con Italia, donde fue aprendido Yarrington, enfrentará primero la justicia estadunidense y después la mexicana.
DE QUÉ SE ACUSA A BORGE
Borge Angulo está acusado de al menos seis delitos cometidos durante su administración. Cuatro denuncias han sido interpuestas en la Procuraduría General de la República (PGR) y dos en la Fiscalía General del Estado (FGE) que gobernó corrompiendo y sometiendo a la prensa.
Entre todos los delitos destaca la “venta ilegal de bienes públicos, sobre todo en los terrenos que son reserva territorial del estado de Quintana Roo”.
A Roberto Borge se le atribuye el ecocidio cometido en el manglar Tajamar, en Cancún, por aprobar un proyecto inmobiliario que afectó al menos 57 hectáreas y el cual, gracias a la intervención de activistas, se suspendió.
Durante toda su administración, Roberto Borge, quien hasta abril pasado contaba con más de 200 escoltas, vendió 9 mil 500 hectáreas de la reserva de Quintana Roo.
Además, usó decenas de prestanombres, la mayoría familiares y amigos. Ante la PGR sólo fueron acusadas 11 personas relacionadas con la compra y venta de terrenos a sobreprecio.
Borge Angulo recibió una deuda total por 10 mil 037 millones de pesos, y la elevó 123 por ciento al entregarla en 22 mil 442 millones de pesos. Repartida entre el millón y medio de personas que conforman su población, cada quintanarroense debería 14 mil 946 pesos en comparación con los 7 mil 571 pesos que cargaba en sus espaldas en el 2010.
Las deficiencias ministeriales en la integración de la carpeta de investigación contra el ex Gobernador de Veracruz, extraditado el lunes 17 de julio y la decepcionante actuación del Ministerio Público federal en la audiencia inicial, hacen peligrar la causa penal federal e incentiva el descrédito hacia la justicia mexicana. En Panamá y en Italia avanzan los procedimientos de extradición contra los ex mandatarios de Quintana Roo y Tamaulipas, Roberto Borge y Tomás Yarrington.
Por Luis Carlos Sáinz
Baja California/Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo/Zeta).- Javier Duarte de Ochoa sabía a lo que le tiraba cuando a finales de junio, en Guatemala, se acogió voluntariamente a la extradición a México. Sus abogados le tenían al tanto de las pifias que obraban en la carpeta de investigación integrada por delitos federales en su contra. Nueve meses no bastaron para que la Procuraduría General de la República (PGR) articulara una indagatoria bien sustentada contra el ex Gobernador de Veracruz.
Duarte, también abogado, calculadoramente jugó sus cartas y sabía que el delito de delincuencia organizada sería el único que podría mantenerle en prisión preventiva oficiosa. No así el de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Tampoco los cinco cargos que obran en su contra en dos causas penales en Juzgados del fuero común en Xalapa, Veracruz.
El ex mandatario y sus avezados defensores, quienes han representado en juicios y averiguaciones a políticos y ex líderes sindicales como Elba Esther Gordillo, Napoleón Gómez Urrutia y José Ángel Gurría, había calculado su estrategia. Quizá lo que no tenía presupuestado fue la patética actuación, incapacidad e ineptitud de los agentes del Ministerio Público de la Federación asignados por la PGR para formularle imputaciones.
Duarte en su trasladado a la Fuerza Aérea Guatemalteca para cumplir con el procedimiento de extradición a México. Foto: Cuaartoscuro
El antiguo sistema penal mixto tradicional mostraba los yerros o la mala integración de las averiguaciones previas a mediano o largo plazo, pues aun cuando eran visibles a las primeras de cambio, los juzgadores eran comparsa de las fiscalías para mantener por algún tiempo en prisión a los imputados. Hoy el nuevo sistema de justicia acusatorio, a través de sus principios de publicidad, inmediación, contradicción, concentración y continuidad, y desde luego la oralidad, desnudan en las audiencias cualquier torpeza.
Los representantes sociales se dieron la exhibida de su vida al desconocer el contenido de los señalamientos, los montos del supuesto lavado de dinero y los documentos que amparaban los datos de prueba dentro de la indagatoria. El juez se encargó de enfatizar la falta de capacitación de los funcionarios de PGR en el nuevo sistema y su desconocimiento sobre el caso concreto. Situación que podría incidir en el resultado, al dictarse la audiencia de vinculación mañana sábado 22 de julio.
El grave descrédito social del órgano investigador y persecutor de los delitos en México por la abominable actuación de sus fiscales en el asunto Duarte, pretendió ser minimizado tanto por la PGR, como por la Secretaría de Gobernación (Segob).
En la Procuraduría General de la República se dijo que las “imprecisiones” registradas durante la audiencia son ‘‘irrelevantes en esta etapa del proceso’’, mientras que el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, pidió esperar el resultado del proceso que realiza el Ministerio Público contra el ex Gobernador veracruzano, pues “el asunto apenas inicia”.
Para atenuar la tempestad, la PGR informó que investiga en bancos de Suiza la presunta existencia de cuentas bancarias en las que Moisés Mansur, etiquetado como prestanombres de Javier Duarte de Ochoa, habría transferido parte de los 223 millones de pesos que recibió de la venta de terrenos del Ejido Lerma, en Campeche, al Consorcio Brades, a sobreprecio.
Como estaba previsto, y una vez cumplido el protocolo del procedimiento de extradición internacional, el ex Gobernador de Veracruz que estuvo preso en Guatemala durante 93 días, fue entregado a nuestro país por las autoridades centroamericanas. El traslado ocurrió por la mañana, a bordo de una aeronave de la PGR y el arribo al aeropuerto de la Ciudad de México fue a las 12:23 pm. Ataviado con un chaleco blindado, Duarte de Ochoa fue llevado de inmediato al Reclusorio Norte para ser presentado ante el Juzgado que le reclamaba mediante orden de aprehensión.
El ex mandatario fue ingresado a una camioneta que en convoy con otra serie de automotores “placosos”, desfilaron desde la terminal aérea hasta el penal, donde decenas de periodistas aguardaban su arribo y, confundidos por la cantidad de unidades con vidrios polarizados, no atinaron identificar al objetivo. Horas más tarde, tras el trámite de ingreso y filiación penitenciaria, Javier Duarte compareció ante el juez de control, quien le notificó de la causa abierta en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Nueve minutos fueron suficientes para que Marco Antonio del Toro Carazo, abogado del ex Gobernador y su equipo de defensores, le pusieran “hielo” a la audiencia inicial. Solicitaron un receso de una hora para analizar la carpeta de investigación y sus anexos, contenidos dentro de tres cajas, información a la que el Ministerio Público federal les había negado el acceso.
Una vez reanudada la audiencia, el juzgador invitó a los fiscales a exponer su “teoría del caso”. Un agente del MPF afirmó que durante su gestión como Gobernador de Veracruz, Javier Duarte encabezó una organización delictiva que operó en esa entidad, Ciudad de México y Campeche, y facilitó recursos económicos que desvió a través de transacciones bancarias para establecer empresas “fachada”.
Duarte de Ochoa solicitó al juez que los fiscales desglosaran cada hecho que le imputaban y de forma detallada precisaran el tiempo de la presunta comisión de los delitos para establecer sí ya era Gobernador en funciones. Los representantes sociales se mostraron erráticos y contrariados, poniéndose a buscar la información solicitada en los diversos legajos de las tres cajas, durante aproximadamente una hora.
Los fiscales variaron las cantidades económicas que anteriormente otros de sus compañeros de la PGR habían expresado en audiencias de otros coacusados del ex mandatario. Lograron sumar 38 millones de pesos presuntamente desviados del erario público por el priista en la transacción de 21 parcelas en el Ejido Lerma, en Campeche, y no los 438 millones de pesos que inicialmente eran objeto de la acusación. También fallaron en las fechas de los hechos, asegurando que habían sucedido entre 2010 y 2011, cuando Duarte aún no asumía la gubernatura.
En respuesta, Marco del Toro hizo notar la diferencia de cifras y el desconocimiento de los “emepés” sobre el asunto. El juez asintió lo evidente y dijo que efectivamente “los números no cuadraban” y no habían sido capaces de responder a preguntas sencillas formuladas por la defensa. “Es evidente la dificultad para encontrar los datos que les están siendo requeridos”. La audiencia concluyó.
Con toda seriedad, el abogado Del Toro Carazo declaró a los medios de comunicación sobre la debilidad de la causa penal: “Una acusación que le hemos encontrado flaquezas impresionantes desde un punto de vista jurídico. El Gobierno Federal hizo unos planteamientos que respetamos, pero no compartimos, creo que es una acusación que como siempre, pretenden abusar de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero”.
Roberto Borge, ex Gobernador de Quintana Roo. Foto: Cuartoscuro
DECLARACIONES Y ENCIERRO
El mismo día que el ex Gobernador de Veracruz llegó a México, su equipo legal promovió un juicio de garantías contra dos órdenes de aprehensión dictadas en su contra en el Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito XI Judicial de Xalapa. Los mandamientos de captura están registrados bajo las causas criminales 38/2017 y 56/2017. El Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México concedió la suspensión provisional del acto reclamado, a cambio de una garantía de 6 mil pesos.
El fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler, negó que las órdenes de aprehensión contra Duarte, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencia y coalición, hayan sido canceladas. Aclaró que el hecho de que le hayan concedido la suspensión provisional de la ejecución de las órdenes de aprehensión libradas no significa que le hayan concedido el amparo.
Este segundo hecho, conocido el martes 18 durante la mañana, junto con la frustrante actuación de los fiscales durante la audiencia del día anterior, motivaron la reacción de diversos ámbitos. En redes sociales se replicaban las cabezas de los diarios que en primera plana dieron a conocer la torpeza de la autoridad ministerial y después se volvió viral el hashtag “#DuarteExhibe”.
Legisladores de las fracciones del Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, fustigaron a la PGR por la capacitación y capacidad de sus funcionarios en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Coincidieron al acusar a la Procuraduría General de la República como ente del sistema gubernamental emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de integrar mal intencionalmente la carpeta de investigación en contra de Javier Duarte para favorecerle, ya sea liberándole de prisión o para que purgue una condena menor por sus delitos.
Por su parte, el secretario de Salud, José Narro Robles, aseguró que los cargos federales contra el ex Gobernador de Veracruz podrían incrementarse, pues hay 23 denuncias penales en su contra por desvíos de recursos correspondientes a programas sociales, abasto e infraestructura en esa entidad. Duarte deberá comprobar el destino de más de 650 millones de pesos, aseguró el doctor.
Durante la audiencia de vinculación, también se resolverá sobre la prisión que albergará a Javier Duarte durante el proceso. Es decir, si permanecerá en el Reclusorio Norte capitalino o se le trasladará a un penal federal, en este caso, el Centro Federal Psicosocial (Ceferepsi), en Ayala, Morelos, propuesto por el Ministerio Público federal. Al respecto, el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, aseguró que de ocurrir el traslado, el imputado recibiría medidas de vigilancia especial.
El Gobierno de la Ciudad de México expresó que el ex mandatario está internado en un área del penal donde no convive con otros reos, no cuenta con privilegios y es observado las 24 horas por personal de seguridad penitenciaria. Sin embargo, la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, se manifestó a favor de que el recluso sea enviado a una cárcel del sistema federal, pues el Reclusorio Norte “no cuenta con las condiciones de seguridad necesarias” para mantener preso a un personaje como Duarte.
BORGE Y YARRIGTON TAMBIÉN SE DEFIENDEN
Preso en Panamá, el ex Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, dio muestra del “músculo” legal de sus defensores en México, quienes tramitaron un juicio de amparo para evitar la ejecución de órdenes de aprehensión, comparecencia o arraigo en contra de su cliente y le dieron la noticia de que le fue concedida la suspensión provisional del acto reclamado.
Sometido a procedimiento de extradición internacional para que en México se determine su probable responsabilidad en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, Borge exhibió a través de sus abogados una garantía por 59 mil pesos para que surta efectos la protección parcial.
El fiscal general en Quintana Roo, Miguel Ángel Pech, aclaró que la resolución del Juzgado de amparo, que aún no resuelve el fondo de la litis constitucional, no significa que el ex mandatario vaya a ser puesto en libertad cuando pise suelo mexicano, sino que en este momento no se ejecutaría dicha orden de aprehensión.
Según Pech, la fiscalía bajo su mando ha cumplido ante las autoridades federales para presentar las carpetas de investigación sobre los delitos imputados a Roberto Borge y actualmente transcurre el plazo de 60 días hábiles para la presentación de solicitud formal de extradición ante el gobierno de Panamá.
En una imagen difundida en redes sociales, se aprecia el momento en que fue capturado Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas. Foto: Especial/Cuartoscuro
En caso de que el ex Gobernador quintanarroense no se allane a la extradición y prosiga el procedimiento internacional, su entrega a México ocurriría entre diciembre de este año y febrero de 2018.
Mientras tanto, en una audiencia desahogada en Italia, el ex Gobernador de Tamaulipas, Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, insistió en su inocencia y declaró ser un perseguido político. Dijo que las imputaciones por delincuencia organizada y delitos contra la salud, formuladas por México y Estados Unidos, no tienen sustento ni pruebas fehacientes.
En la diligencia, las autoridades judiciales del Tribunal de Apelación de Florencia estimaron que la decisión sobre la entrega o no del ex Gobernador mexicano podría realizarse el próximo 21 de septiembre.
Yarrington fue detenido el 9 de abril del año en curso en el país europeo, y permanece encarcelado en espera de la extradición.
[NdeR: El fact checking o verificación de hechos ha sido retomado masivamente en el mundo. Sobre todo en la prensa de Estados Unidos, donde tienen un Presidente que acostumbra hablar –diríamos los mexicanos– sin los pelos de la burra en la mano. O con mentiras. La Unidad de Datos de SinEmbargo lanza este ejercicio, llamado simplemente “Dichos y Hechos”, para revisar frases, afirmaciones o documentos de figuras públicas para saber si están sustentados.]
EL DICHO: “Vamos a hacer mejor las cosas durante mi administración […]. A mí lo que me compete es trabajar por todos los quintanarroenses […]. Y desde el momento en que uno jura la Constitución del estado y protesta este cargo, pues tiene esa enorme responsabilidad [para con la gente]. Entonces me siento en plenitud para gobernar […] y sobre todo, nunca dejaré de hacer lo que yo considere, consensuadamente, con los ciudadanos, qué es lo mejor para Quintana Roo” (Roberto Borge Angulo, ex Gobernador de Quintana Roo, en entrevista con los periodistas Agustín Ambriz y Luciano Núñez (Luces del Siglo TV), el 10 de agosto de 2011).
EL HECHO: La noche del domingo, elementos de la Interpol y de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR) detuvieron a Roberto Borge Angulo en Panamá, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Según los reportes oficiales, desde el 25 de mayo se hospedaba en un departamento de la Torre Trump, ubicado en la Punta Colón, cuyo costo por noche se acerca a los 30 mil pesos. El priista se disponía a viajar a París, Francia, para después dirigirse a Madrid, España. Además de las imputaciones en contra de Borge Angulo, para enero de este año, según los legisladores del Congreso local de Quintana Roo, la Secretaría de la Gestión Pública tenía alistadas al menos 30 demandas en contra de algunos de los colaboradores del ex Gobernador, por diversas irregularidades encontradas.
Cuando en 2011, Borge apenas había recibido la investidura de Gobernador, cómodo, en el despacho particular de la Casa de Gobierno ubicada en Chetumal, Quintana Roo, y a unas horas de presentar su Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, con toda tranquilidad, habló de acciones para transformar a la entidad: mejoras para todos, mayor productividad, la redención de los estratos poblacionales más endebles de aquel estado del sureste del país, entre otros. Entonces dijo hallarse en paz y feliz, sobre todo porque estaba rodeado por familiares y amigos, “porque ahí es donde no hay las mentiras; ahí es donde siempre hay el respaldo, el cariño”. Quizá, sin querer, las palabras de entonces develaban que, en el ámbito de la política, el embuste es la moneda de cambio necesaria o inevitable. O tal vez vaticinaban que el otrora mandatario, lejos de ser un ejemplo de la nueva y plausible generación de priistas –presumida por el Presidente Enrique Peña Nieto– sería, como dijo el año pasado la Diputada local panista, Mayuli Latifa Martínez Simón, un ejemplo nacional de “falta de transparencia, corrupción, deuda pública e inseguridad”.
#DichosyHechos dice que las promesas de Borge Angulo de “trabajar por todos los quintanarroenses” y hacer lo mejor para ellos y con ellos, se esfumaron tan rápido como él se enriqueció. Hoy nada queda de la ofrenda de 2011, cuando propuso grandeza. En cambio, dejó un estado raído por los desfalcos y la traición a la confianza pública. Su “hacer mejor las cosas” fue en beneficio propio. A continuación los datos que lo corroboran.
· Violencia:De 2011a 2016, el periodo borgista, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa de “víctimas de delitos que afectan de manera directa a las personas y a los hogares” -como robos, amenazas, extorsiones, fraudes, lesiones, entre otros- tuvo un aumento del 2 por ciento. Pasó de 28 mil 740 a 29 mil 321 víctimas por cada 100 mil habitantes. El Inegi refiere que entre 2011 y 2015, la cifra negra -los delitos que no se denuncian por diferentes razones- pasó de 85.9 a 90.1 por ciento. En cambio, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública -que sólo incluyen las denuncias de delitos, y por tanto obvia la cifra negra- indican que, de 2011 a 2016, algunos delitos de alto impacto fueron a la baja: los homicidios en 39 por ciento (pasando de 269 a 165 casos registrados); los secuestros en 62 por ciento (de 21 a 8); y los robos con violencia en 38 por ciento (de 2 mil 316 a 1 mil 434).
De manera general, los datos anteriores refieren que mientras hubo un decremento en los delitos de alto impacto denunciados, por alguna razón, hubo menos denuncias -la cifra negra aumentó-, situación que podría indicar una pérdida de confianza en las autoridades al momento de acusar los actos criminales. La cifra negra y la tasa de víctimas de delitos del Inegi revelan un aumento en la violencia cotidiana. Por lo anterior, en materia de combate a la violencia durante el sexenio de Borge Angulo, no es posible indicar un avance contundente.
· Crecimiento económico: Datos del Índice Trimestral de Actividad Económica Estatal del Inegi arrojan que el crecimiento económico de Quintana Roo, entre 2011 y 2015, se mantuvo, en promedio, en 4.6 por ciento anual. Esta cifra pareciera positiva si consideramos que, de acuerdo con la organización México ¿cómo vamos?, la tasa de crecimiento por año en la entidad debe de ser de al menos 4.5 por ciento. Empero, la economía local no fue del todo estable: los años 2011 y 2012 mantuvieron promedios de 5.2 y 5.4 por ciento, respectivamente. En 2013 la economía comenzó a decaer (4.9 por ciento) hasta llegar al declive máximo de la administración en 2014 (3.6 por ciento). Un año después, en 2015, el crecimiento se mantuvo por debajo del mínimo, en 3.9 por ciento. Sin embargo, para el tercer trimestre de 2016, el Inegi refiere que la actividad económica comenzó a recuperarse al registrar un crecimiento de 9.9 por ciento, colocándose en el primer lugar a nivel nacional -superando a estados como Aguascalientes (8.1 por ciento), Guanajuato (7.6 por ciento), Baja California Sur /7 por ciento), entre otros-.
· Carencias sociales:De 2012 a 2015, refiere el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Quintana Roo fue una gran paleta de grises. Por un lado, el rezago educativo se redujo en 2.3 puntos porcentuales -de afectar al 17.6 por ciento de la población en 2012, afligió al 15.3 por ciento en 2015-; la carencia por acceso a servicios de salud decayó en 4.7 puntos porcentuales (de21.2 a 16.5); la carencia por acceso a la seguridad social tuvo una variación de 2.8 puntos (de 54.9 a 52.1 por ciento); y la carencia por calidad y espacios de la vivienda aminoró en 1.6 puntos (de 19.7 a 18.1 por ciento). En contraste, la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda y la carencia por acceso a la alimentación aumentaron en 4.3 (de 14.5 a 18.8 por ciento) y 3.6 (de 18.6 a 22.2 por ciento) puntos porcentuales, cada uno. Además, el Coneval indica que la pobreza apenas se redujo: de 2012 a 2014, su afectación pasó de 38.8 por ciento de la población (563 mil personas), a 35.9 por ciento (553 mil personas). Es decir, en ese periodo sólo 10 mil personas cruzaron el umbral de la carencia.
· Los abusos de Borge:La organización “Somos tus Ojos”, dedicada a analizar la transparencia, el acceso a la información, la protección de datos personales y la rendición de cuentas en el estado de Quintana Roo, tiene levantada una demanda en contra del ex mandatario por la presunta venta, a precios subvaluados, de por lo menos 44 predios considerados como parte del patrimonio del estado, para “beneficiar a amigos, empresarios y políticos”, señala la asociación. Según “Somos tus Ojos”, el daño patrimonial causado por Borge Angulo asciende a 99 millones 492 mil 370 pesos. Entre abril de 2011 y julio de 2014, los activistas dan cuenta de al menos 15 operaciones ilícitas millonarias. La organización dio a conocer que, en Cozumel, la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda, de la PGR, aseguró varios inmuebles pertenecientes al patrimonio cultural del estado, que terminaron en manos de María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del ex Gobernador, y de César Celso González Hermosillo y Melgarejo, presunto prestanombre de Borge. Mencionan dos predios: uno de 44 mil 421 metros cuadrados valuado en 6 millones 108 mil pesos; y otro de 4 mil 432 metros cuadrados, vendido a María Rosa por 886 mil pesos.
Además, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, la administración de Roberto Borge Angulo tiene irregularidades por 3 mil 279 millones de pesos, registradas durante el periodo de tiempo que va de 2011 a 2013. Cabe destacar que en enero de este año, los diputados del Congreso quintanarroense informaron que la Secretaría de la Gestión Pública preparaba al menos 30 demandas en contra de algunos colaboradores de Borge. Un mes después, Rafael del Pozo Dergal, titular de la Secretaría de Gestión Pública, aseveró que el Gobierno estatal debe devolver más de 4 mil 700 millones de pesos no comprobados entre 2012 y 2014 -que supuestamente fueron utilizados en inversión de obra pública-.
· Las detenciones:Además de Roberto Borge, dos personas han sido arrestadas por delitos de desvíos de recursos: Mauricio Rodríguez Marrufo, extitular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (preso en la cárcel de Chetumal) y Paulina García Achach, otrora subdelegada de la misma dependencia local. Los dos ex funcionarios son acusados de un daño patrimonial de cerca de 40 millones de pesos. Por otro lado, tres ex colaboradores de Borge se han amparado para evitar ser arrestados. Se trata de Alonso Ovando, ex titular de la Secretaría de Educación y Cultura; Juan Pablo Guillermo Molina, ex tesorero de Borge; y Claudia Romanillos, ex titular del Instituto del Patrimonio de la Administración Pública del estado.
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¿Verdad o mentira? MENTIRA.Que Roberto Borge Angulo haya hecho “mejor las cosas” y que tuviera una “enorme responsabilidad” para con la gente de Quintana Roo contrasta con su detención en Panamá y su afán de huida. Pero sus resultados en el estado que gobernó son pocos en favor de la sociedad y muchos para sus intereses personales. La violencia se mantuvo, la pobreza pervivió y el crecimiento económico decayó.
La pregunta que subsiste es si habrá justicia para los quintanarroenses, y por ende, que el daño patrimonial realizado no quede impune. Porque muchas veces hay cárcel, pero no las consecuencias que todo el peso de la Ley es capaz de ejercer -lo que recuerda la famosa frase del célebre cacique de la huasteca potosina, Gonzalo N. Santos: “En política, la moral es un árbol que da moras y sirve para pura chingada”-.
Este 11 de abril, Javier Duarte de Ochoa, ex Gobernador de Veracruz cumple 181 días prófugo de la justicia mexicana, un día más de lo que la administración del Presidente Enrique Peña Nieto tardó en recapturar a Joaquín Guzmán Loera, el supuesto narcotraficante más poderoso del mundo. Para analistas como José Antonio Crespo, Alberto Aziz Nassif y Daniel Vázquez Valencia el caso de Javier Duarte es una expresión mayúscula de la corrupción y la impunidad de la clase política en México, y de la falta de voluntad del actual Gobierno federal para ejercer la justicia, ya sea por complicidad o por omisión.
Ciudad de México, 11 de abril (SinEmbargo).– Cayó su ex Secretario de Finanzas y Planeación, Mauricio Audirac Murillo, acusado del delito de “coalición” y detenido el pasado 29 de marzo. Cayó su ex Secretario de Seguridad, Arturo Bermúdez Zurita, e incluso el Gobernador que lo sucedió como interino y a quien se le ha atribuido permitir su fuga, Flavino Ríos Alvarado.
El ex Gobernador priista de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, sin embargo, sigue prófugo y, hoy, cumple 181 días sin que se conozca sobre su paradero; periodo de impunidad que rebasa al que gozó incluso Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” el presunto narcotraficante más poderoso del mundo.
“La pregunta para mí es si hay voluntad de atraparlo y de traerlo, porque se sospecha también que tiene mucha información comprometedora, porque sí estuvo ayudando la campaña presidencia de 2012; eso lo sabemos”, consideró el investigador de temas políticos, José Antonio Crespo.
“Él podría decir: ‘yo también tengo mi versión de las cosas’, que puede comprometer muy fuertemente al Presidente, y que por eso pensamos que lo dejaron ir; entonces, no sé si les convendría atraparlo”, agregó Crespo, académico del Centro de Investigación y Docencia Económica.
Electo Gobernador de Veracruz en 2010, Duarte de Ochoa formó parte del grupo de mandatarios que incluyó al chihuahuense César Duarte Jáquez y al quintanarroense Roberto Borge Angulo y sobre quienes, en mayo de 2012, el entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto aseguró que eran “el nuevo rostro” del Partido Revolucionario Institucional.
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Cinco años después, los tres enfrentan cargos de corrupción y, por el veracruzano, el Gobierno del hoy Presidente Peña Nieto ofrece una recompensa de 15 millones de pesos para quien entregue información que dé con su paradero.
De los 34 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México aparece en el primer lugar cuya población percibe con mayores niveles de corrupción política. El actual sexenio, además, está marcado por las residencias que tanto Peña Nieto como su Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, adquirieron de parte de uno de los principales contratistas de esa administración. El chihuahuense César Duarte está también prófugo y tiene una denuncia pendiente por haber adquirido, mientras era mandatario, las acciones de un banco regional.
Ni él, sin embargo, iguala la cantidad de recursos públicos de origen federal cuyo destino no pudo probar el veracruzano [más de 35 mil millones], además de los excesos develados por las autoridades oficiales que lo están persiguiendo.
“El caso de Javier Duarte es una expresión mayúscula de la corrupción política en México”, consideró Alberto Aziz Nassif, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
“Dejó su estado en una situación de total debilidad en términos de seguridad, se robó el dinero, se amafió con los grupos del crimen organizado y, a final de cuentas, tuvo la posibilidad de escapar de la justicia y sigue como un prófugo que, en efecto, ha superado esta fecha que marcan con respecto a la cantidad de días que estuvo prófugo El Chapo”, agregó el académico.
La presión política en contra de Duarte de Ochoa empezó a ser pública a partir de febrero de 2016, después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) difundió el resultado de la revisión a la cuenta pública de 2014 y encontró que el Gobierno del veracruzano presentaba más de 35 mil millones en recursos no explicados.
Un día después de ese informe, el Senado de la República aceptó un punto de acuerdo promovido por la bancada del Partido Acción Nacional para realizar un juicio político contra el mandatario y, ese mismo día 23 de febrero, el hoy Gobernador panista, Miguel Ángel Yunes Linares, advirtió que el mismo Partido Revolucionario Institucional buscaba pedirle la renuncia.
“Estoy en D.F, tengo información de que van a quitar a @Javier_Duarte para proteger al PRI y a @HectorYunes el candidato tapadera. Pendientes”, escribió Yunes Linares en su cuenta de la red social Twitter.
La intención de la dirigencia nacional del PRI, entonces a cargo del Manlio Fabio Beltrones, era remover a Duarte de Ochoa de la gubernatura antes de la elección de junio, a fin de enviar un mensaje de castigo a la corrupción que, preveían en el tricolor, les costaría la primera derrota en el tercer estado con el padrón electoral más grande de México.
Una intervención de Duarte ante la Presidencia de la República, sin embargo, habría detenido su salida. El argumento del veracruzano, de acuerdo con una versión consultada, fue que “no olvidaran que el destino [de los recursos] había sido para la campaña” de Peña Nieto.
En abril de ese año, como primer acto de su campaña, el mismo Yunes Linares presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y, el 5 de junio siguiente, en alianza con el Partido de la Revolución Democrática, ganó la elección en la que el Partido Revolucionario Institucional perdió por primera vez el Poder Ejecutivo en la entidad.
El Gobierno de Enrique Peña Nieto, hasta entonces, mantuvo su relación con el mandatario. Datos oficiales indican que, todavía el 1 de septiembre, la Secretaría de Salud hizo una transferencia de más de 327.4 millones de pesos al Gobierno del todavía mandatario.
La PGR, mientras, de acuerdo con la versión oficial, recibió desde el 19 de septiembre el oficio de la Fiscalía de Veracruz para atraer las carpeta de investigación FESP/013/2016/1-04 y FESP/216/2016/14-07, ambas por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal.
Aun así, Duarte estuvo en la Ciudad de México hasta el 11 de octubre siguiente, cuando se reunió con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de acuerdo con el mismo integrante del gabinete presidencial, le notificó sobre su solicitud de licencia.
“Yo lo recibí [a Duarte] un día de antes de que pidiera licencia. Él me dijo que habría de dejar el Gobierno. Señaló que no tenía nada que ver en todo lo que le señalaban y yo le comenté que eso lo tenía que decir ante la justicia”, explicó Osorio Chong el 24 de octubre pasado en entrevista con Joaquín López Dóriga para Grupo Fórmula.
“Al otro día renunció”, dijo el mismo funcionario.
El 12 de octubre, el veracruzano acudió a una entrevista con Carlos Loret de Mola, de Televisa, que le recordó las acusaciones de la PGR, de la ASF, las denuncias por mil 45 millones de adeudos a los trabajadores del Estado, más de 30 empresas detectadas por el Servicio de Administración Tributaria y que habrían recibido contratos fantasmas, entre otros cargos.
“Hay que analizar dos cosas: uno son las denuncias presentadas contra mi persona y otra cosa son las denuncias que hay contra la administración, en donde probablemente exista alguna situación que las instituciones habrán de determinar si hay responsabilidad o hubo uso indebido de atribuciones”, dijo Duarte.
“Vengo hoy aquí a tu estudio a hacer un anuncio de la manera más clara y un anuncio de la mayor importancia y trascendencia: precisamente a raíz de esta situación es que he tomado la determinación de, el día de hoy, solicitar al Congreso del Estado licencia para poder separarme del cargo de Gobernador”, agregó Duarte.
Fue la última vez que se le vio en público. El 17 de octubre siguiente, Yunes Linares, entonces ya Gobernador electo de Veracruz, aseguró también en Televisa tener información de que Duarte de Ochoa se habría ido de la entidad en un helicóptero facilitado por Flavino Ríos.
Dos días después, la entonces Procuradora Arely Gómez confirmó el inicio de la búsqueda del ex mandatario y nueve personas más por cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero y, el 21 de octubre, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) catearon diversos inmuebles del priísta en la ciudad de México.
El acuerdo federal para el ofrecimiento de una recompensa de 15 millones para quien aporte información sobre el paradero de Duarte fue publicado el 11 de noviembre y, el 13 de ese mes, se le congelaron 112 cuentas y se le aseguraron cinco empresas y cuatro propiedades, entre ellas el Rancho Las Mesas, en el estado de México, y cuyas dimensiones –92 hectáreas– y lujos fueron difundidas en un video por la PGR.
“Se han realizado cuatro operativos en el Estado de Veracruz, en los cuales participaron más de 150 elementos ministeriales quienes han realizado diversas diligencias en instituciones estatales”, informó la PGR entonces.
“A efecto de obtener información sobre inmuebles adquiridos, cuentas bancarias en el extranjero y localización de empresas y personas relacionadas con los hechos investigados, se han tenido reuniones interinstitucionales y solicitado asistencia jurídica a los gobiernos de Estados Unidos de América, España y Costa Rica”, agregó el Ministerio Público del estado.
Nada, sin embargo, ha tenido éxito en la ubicación de un mandatario cuyo nivel de excesos fueron evidenciados en febrero pasado, cuando el nuevo Gobierno veracruzano reportó haber encontrado en la localidad de Córdoba una bodega con objetos y documentos de Duarte de Ochoa y de su esposa, a quien se le atribuye una libreta con la frase “sí merezco abundancia” escrita decenas de veces.
“Los excesos en el poder, de lo que nos están hablando es de este pacto de impunidad: en la medida en la que ellos se saben que son abiertamente intocables, pues también en esa medida llegan a ciertos niveles de cinismo como estos que estamos viendo, y no solamente en el caso de Duarte; me parece que se repiten de forma sistemática, el caso de la Casa Blanca”, consideró Daniel Vázquez Valencia, investigador de temas de política y derechos humanos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Una supuesta vivienda de los padres del ex Gobernador de Cancún Roberto Borge Angulo fue asegurada por agentes de la Procuraduría General de la República y elementos del Ejército y de la Marina; al parecer en el lugar no se registró ninguna detención y lo único que se realizó fue el aseguramiento de documentos.
Ciudad de México, 24 de febrero (SinEmbargo/PorEsto).- La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró anoche una supuesta vivienda de los padres del ex Gobernador de Cancún Roberto Borge Angulo, o de este mismo, ubicada en la Supermanzana 3 sobre calle Cazón número 25 y 27, en el centro de la ciudad.
Agentes de la Procuraduría General de la República, elementos del Ejército y de la Marina arribaron aproximadamente a las 10 de la noche al domicilio de los padres del ex Mandatario de Quintana Roo para realizar el cateo el cual se extendió hasta la madrugada de este viernes.
Durante las inspección al interior de la casa por parte de la PGR, personal del Ejército y de la Secretaría de Marina cerró por completo la calle Cazón impidiendo de esta forma la entrada a todo vehículo.
El cateo al supuesto domicilio propiedad de los padres de Roberto Borge o del mismo Gobernador, se dio luego de que la PGR obtuvo una orden de un juez mediante una “denuncia anónima” realizada por medio de las redes sociales.
En el operativo participaron al menos 60 elementos del Ejército y de la Marina, fuertemente armados, que llegaron en cinco camionetas al domicilio ubicado en la citada calle.
Durante varias horas permanecieron herméticos apostados en las calle que conduce al inmueble brindando seguridad en tanto que personal de la Procuraduría General de la República inspeccionaba la casa.
Al parecer en el lugar no se registró ninguna detención y lo único que se realizó fue el aseguramiento de documentos.
El operativo interrumpió la circulación vehicular en la zona y alteró por momentos la tranquilidad de la zona.
Vecinos comentaron que afuera y dentro de ese domicilio siempre hay guaruras.
Anuario2016 | Este 2016 inició con la devastación del manglar de Tajamar, en Quintana Roo: el 16 de enero camiones de volteo, excavadoras y pipas de agua ingresaron a la zona, custodiados por policías, pese a que activistas resguardaban el lugar. Ése fue sólo el inicio de un año, que de acuerdo con los especialistas, quedaría marcado por el desinterés del Gobierno federal en la preservación del medio ambiente.
Para la Ciudad de México, el año que está por terminar será recordado como el que vivió al menos una decena de contingencias ambientales, que obligaron incluso a hacer más restrictivo el programa Hoy No Circula que dejó a millones de autos nuevo y viejos varados. Medida, que más allá de ser efectiva o no, fue duramente criticada por la ciudadanía y los expertos.
Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).- El año que está por concluir se vio mermado por distintos hechos que demostraron –de acuerdo con especialistas– el desinterés del Gobierno mexicano en temas de medio ambiente y conservación de especies. Del caso Tajamar a daños provocados por la minería, las autoridades exhibieron que el interés económico rebasa en prioridades al público.
La madrugada del 16 de enero más de 70 camiones de volteo, excavadoras y pipas de agua entraron a Tajamar, en Quintana Roo, respaldados por elementos de la policía municipal y federal, mientras alrededor de 20 activistas se encontraban resguardando el lugar ante la inminente amenaza de daño al ecosistema. Policías antimotines cercaron el perímetro con vallas y permanecieron allí por más de 24 horas, hasta terminar de devastar.
En su momento, ciudadanos y activistas acusaron como responsables al Gobernador Roberto Borge Angulo y a Paul Michell Carrillo de Cáceres, Presidente Municipal de Benito Juárez, quienes fueron acusados por los inconformes de dar paso a una construcción de desarrollos inmobiliarios, promovidos por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y calificaron el hecho como un ecocidio.
Javier Riojas, académico del departamento de estudios internacionales en la Universidad Iberoamericana, dijo en entrevista para SinEmbargo que “se puso en entredicho el tema de la protección de la riqueza natural, de la posible corrupción en el manejo de los permisos para desmontar y construir, así como del costo ambiental de los llamados desarrollos turísticos en zonas ‘delicadas’ desde el punto de vista ecológico”.
“[El Gobierno] está más preocupado por promover lo que ellos llaman ‘proyectos de desarrollo’ por encima del buen manejo de los recursos naturales. Están subordinados a intereses muy fuertes de empresas muy poderosas económicamente que imponen su ley por encima del interés público. Ahí sí se ve claramente la debilidad y una posible corrupción de los gobiernos estatales, frente a estos casos de deterioro ambiental”, sentenció.
Y agregó que uno de los rasgos de la actual administración ha sido disminuir la prioridad que debe tener la política ambiental y la conservación de los recursos naturales. “Se prioriza el crecimiento económico por encima del buen manejo de los recursos naturales y de la calidad de vida de la gente”, criticó.
“En materia ambiental, a lo largo de 2016, no parece haber un resultado positivo […] Es difícil rechazar la hipótesis de que las autoridades favorecen los intereses económicos por encima de los ambientales y sociales”, dijo en su oportunidad Roberto Constantino Toto, profesor-investigador del Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Otro tema importante a destacar es la mala calidad del aire. Durante 2016, la Ciudad de México vivió una decena de contingencias ambientales. Ante esta situación, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) implementó el Hoy No Circula para todos los autos en la Zona Metropolitana del Valle de México que se mantuvo desde el 5 de abril hasta el 30 de junio para mejorar la situación y en algunas ocasiones ofreció gratis el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.
Sin embargo, las medidas fueron duramente criticadas por la ciudadanía e incluso expertos en materia, organizaciones de la sociedad civil y hasta políticos las calificaron como “aisladas” e “insuficientes”.
En ese sentido, el maestro Rojas subrayó que el tema no le atañe únicamente al Gobierno de la Ciudad de México, a cargo de Miguel Ángel Mancera Espinosa y sí a todos los que componen la CAMe, o sea, la capital, el Estado de México, Morelos, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala.
“El tema de la calidad del aire en la capital dejó ver las limitaciones que tiene esa comisión”, dijo, no obstante, reclamó que tanto Hidalgo como Puebla “se resisten a implementar medidas más estrictas”.
Cabe mencionar que el presupuesto para medio ambiente no es suficiente. En diciembre pasado, más de 40 organizaciones civiles y científicos de todo el país escribieron una carta a Peña Nieto para exigirle duplicar el presupuesto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y triplicarlo para el final del sexenio, luego de que se redujera 27 por ciento del presupuesto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en la iniciativa para 2016.
“Todavía en la historia de México, el medio ambiente se considera como un tema de categoría tres […] El sector ambiental ha sido uno de los más afectados en cuanto a los recortes presupuestales, a pesar de ser el que nos provee de todos los bienes y servicios que usamos como economía. No hay congruencia en la prioridad que se le da”, dijo a este medio hace un par de meses la investigadora Vanesa Pérez- Cirera, del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo Sostenible y la Equidad Social (IIDSES) de la Universidad Iberoamericana.
Además, en agosto pasado se cumplieron dos años del peor derrame de tóxicos en la historia de la minería en el país. Shaila Rosagel, periodista de este medio, documentó que los cerca de 24 mil habitantes de la periferia del río Sonora y Bacanuchi aún continúan sin acceso a la justicia, mientras el daño ecológico sigue sin ser reparado, tras el derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico.
La situación, de acuerdo con Riojas, refleja el “ostensible debilitamiento de la política ambiental” en México. “El caso del río Sonora –aunque no fue este año– en 2016 se demostró que ha quedado impune […] Allí y en Tajamar quedó muy claro –y es una vergüenza– la laxitud con la que los gobiernos estatales ejercen sus facultades”, subrayó.
En julio pasado, organizaciones de la sociedad civil denunciaron durante la presentación del Manual para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de Pueblos y Comunidades frente a los Megaproyectos Mineros en México, que la minería –a pesar de ser una de las actividades extractivas más depredadores en las comunidades–, invade la República Mexicana, bajo el cobijo del Gobierno.
México –en palabras de Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC– “está invadido por megaproyectos de muerte”, hasta 2013 existían en total 26 mil 823 concesiones mineras que ocupan más de 31 millones de hectáreas en el territorio nacional. Y aseguró que únicamente dos de los 32 estados que conforman la República Mexicana están libres de concesiones mineras: la Ciudad de México y Quintana Roo.
En contraste, Sonora –estado donde ocurrió el derrame–es el que más actividad minera presenta, con 4 mil 590 concesiones; seguido por Durango, con 3 mil 642; en el tercer peldaño se encuentra Chihuahua, con 3 mil 496 y en el cuarto lugar está Zacatecas con 2 mil 570.
“El Gobierno federal ha impuesto una política ambiental más centrada en que la sustentabilidad no sea un obstáculo para la competitividad económica, a que sea una prioridad”, lamentó Riojas.
La conservación es otro tema en el que las autoridades mexicanas han quedado a deber durante el año. La vaquita marina –especie endémica del país– se encuentra en inminente riesgo de extinción sin que hasta el momento se implementen medidas estrictas que contribuyan a protegerla.
El Comité Internacional para la Recuperación de esta especie planea –en 2017– atrapar y proteger la mayor cantidad posible de ejemplares, en un último esfuerzo para salvarla de la extinción. Sin embargo, en diversas ocasiones, Greenpeace México y el Centro para la Diversidad Biológica (CDB) han alertado que, principalmente, la pesca ilegal de la totoaba –también en peligro de extinción– ha causado el declive continuo de la vaquita.
Hace apenas algunos días las organizaciones denunciaron que la pesca no ha parado y las autoridades ambientales y pesqueras no han informado qué planean implementar tras la conclusión de la veda anunciada el año pasado por Enrique Peña Nieto para prohibir –por dos años– el uso de redes de enmalle por resultar dañinas para la especie.
Miguel Rivas, coordinador de la campaña de Océanos de Greenpeace en México, dijo a este medio que mantener a las vaquitas en cautiverio supone una “medida desesperada”, derivada de un programa integral de conservación que hasta el momento no ha funcionado. Por ello, señaló, las autoridades deben evaluar si será una opción acertada y asumir el riesgo, no obstante, reconoció, implementar el programa podría generar incertidumbre para la especie.
Riojas aseguró que a nivel internacional, México mantiene una imagen positiva en términos ambientales por los acuerdos y compromisos que firma y promueve. Apenas hace un par de semanas Cancún, Quintana Roo, fue sede de la Conferencia de las Partes (COP13) del Convenio de Diversidad Biológica (CDB), donde participaron 196 países, lo cual le dio al país “un lustre internacional”, sin embargo, acusó, “al interior no se ven reflejados en prácticas concretas”.
Punto en el que coincidió Constantino, quien señaló que existe una tendencia a incrementar la presencia de México en los foros multilaterales, pero a nivel local el Gobierno no es coherente. “Mi abuela lo hubiera resumido así: ‘México es candil de la calle y oscuridad de su casa'”.
El académico Riojas advirtió que el año próximo “viene bien complicado” por el factor internacional de la llegada a la Presidencia de Estados Unidos de “una persona clara y abiertamente desinteresada en temas medioambientales”: Donald Trump cree que el cambio climático es un “engaño” de China para frenar la economía de Estados Unidos y volverse competitivo.
“La elección de Donald Trump como próximo Presidente de los Estados Unidos, yo pienso, es un factor de alto riesgo en muchos sentidos, incluyendo el ambiental. Es un gran riesgo el hecho de que una persona abiertamente despreocupada de los temas ambientales, que descalifica de manera muy irresponsable temas como el cambio climático y la crisis de la biodiversidad, ocupe el cargo”, dijo.
Finalmente, hizo un llamado al Gobierno de México para recapacitar y tomar en cuenta que una de las grandes posibilidades de mejoramiento de la calidad y las condiciones de vida de las personas en el país es con la conservación de la riqueza natural con que se cuenta.
“Es necesario hacer un viraje en la política ambiental para proteger los recursos y priorizar las políticas de sustentabilidad”, dijo.
Un total de siete funcionarios que laboraron en la administración de Roberto Borge Angulo en Quinta Roo fueron demandados por manejo indebido y el desvío de dos mil 388 millones de pesos. El pasado viernes, el Partido Revolucionario Institucional acordó suspender al ex Gobernador sus derechos como militante de esa fuerza política, una decisión que supone el paso previo a la expulsión.
Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).– El Gobierno de Quintana Roo presentó siete denuncias penales por desvíos de recursos en contra de ex colaboradores del ex Gobernador Roberto Borge Angulo, informó el Secretario de Gobierno, Francisco López Mena.
En total, estas denuncias son por 2 mil 388 millones de pesos contra titulares de diversas áreas, como el ex secretario de Infraestructura y Transporte de Quintana Roo, Fernando Escamilla Carrillo; Javier Federico Meza; Andrés Zarur; Eliezer Villanueva, de la Secretaría de Finanzas; Paulina García Chang, ex secretaria de Desarrollo Urbano; además de Mauricio Rodríguez Marrufo y Juan Pablo Guillermo.
Las denuncias fueron presentadas por los delitos de peculado, desempeño irregular de la función pública, abuso de autoridad, desvío de recursos y usurpación de funciones.
La administración estatal estimó que 14 denuncias adicionales podrían presentarse en las próximas semanas.
Por la mañana en entrevista con Carlos Loret de Mola, el Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, adelantó que interpondría 7 denuncias por distintas causas, que se suman a las presentadas por la venta de 9 mil 500 hectáreas de reserva territorial.
Se trata, explicó el propio Gobernador en entrevista, de denunciar por renta de maquinaria, en 2013, por centra de 430 millones de pesos; además de otra por el mismo concepto, por un monto de 348 millones de pesos, toda vez que se trata de transacciones confusas, para las que no existe documentación ni evidencia de los servicios presentados.
Además de una denuncia por desempeño irregular de la función pública y abuso, por casi 41 millones de pesos, otra por usurpación de funciones, por 8.5 millones de pesos, contra funcionarios que se desempeñaron como tales aun cuando ya habían renunciado a sus cargos; habrá otras por desvío de recursos, porque el titular del agua potable desvío 507 millones de pesos a otra dependencia en un año, y al año siguiente el desvío fue de 1,055 millones de pesos, para estas transferencias.
Carlos Joaquín González dijo que llegarán al exG Roberto Borge, “si las investigaciones así lo concluyen”.
Destacó que su gobierno lleva un plan de austeridad, “hemos trabajado fuerte en la reestructura financiera, se veía de manera complicada evitar el desequilibrio, y hemos logrado salir con todos los compromisos del gobierno, aun cuando el inicio se veía complicado”.
Al ser cuestionado sobre la fiesta quee Secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Quintana Roo, Juan Melquíades Vergara Fernández, realizó con motivo de su cumpleaños número 50 y donde hubo relojes Rolex y Cartier de regalo y un día gratis en un campo de golf, el mandatario estatal dijo que se está investigando para transparentar si fue con sus propios recursos.
El pasado viernes, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) acordó suspender al ex Gobernador de Quintana Roo Roberto Borge (2011-2016) sus derechos como militante de esa fuerza política, una decisión que supone el paso previo a la expulsión.
El partido afirmó a través de su cuenta de Twitter que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria aprobó suspender los derechos partidarios del ex mandatario en una de las sesiones ordinarias de trabajo del organismo.
Borge está denunciado ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la venta irregular de 9 mil 500 hectáreas de la reserva estatal a sus familiares y colaboradores.
La denuncia federal fue presentada contra el ex Gobernador, familiares y ex colaboradores, así como contra la ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública Estatal, Claudia Romanillos.
Roberto Borge fue sucedido en septiembre pasado en el Gobierno de Quintana Roo por Carlos Joaquín González, a quien apoyaba una coalición formada por el conservador Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
El caso de Borge se suma al del ex Gobernador de Veracruz Javier Duarte (PRI), hoy prófugo de la justicia, y el ex Gobernador de Sonora Guillermo Padrés (PAN), preso en una cárcel de la Ciudad de México, acusados ambos de actos de corrupción.
Carlos Arturo Álvarez Escalera, Fiscal General de Quintana Roo, debe renunciar o de lo contrario, podría darse un juicio político en su contra en los próximos meses, pues existen denuncias ciudadanas y organizaciones civiles que afirman que obstruye la justicia y protege las espaldas del ex Gobernador Roberto Borge Angulo, dijeron legisladores del Congreso local a SinEmbargo.
Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).– El Congreso de Quintana Roo está listo para iniciar con un juicio político en contra de Carlos Arturo Álvarez Escalera, Fiscal General de la entidad, nombrado por el ex Gobernador Roberto Borge Angulo para cubrirse las espaldas, dijo en entrevista con SinEmbargo Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
De acuerdo con el legislador existe ya una denuncia de juicio político por parte de una organización civil en contra del Fiscal, además de varias denuncias de ciudadanos que afirman que el funcionario obstruye la justicia.
Si a estas denuncias se suma el poder Ejecutivo, podría darse un juicio político en los próximos dos meses para probar que el Fiscal no cuenta con la autoridad moral para llevar el cargo.
“Se debe valorar la posibilidad de realizar un juicio político; no es sencillo removerlos porque se blindaron bien, pero el Congreso no debe quitar el dedo del renglón. El Ejecutivo tiene que revisar las denuncias que existen. El Ejecutivo no lo puede destituir, pero en la mayoría que ganamos el Congreso sí existe el compromiso para que se pueda remover al Fiscal y también al Auditor Superior del Estado [Javier Félix Zetina]”, dijo Ramos Hernández.
Emiliano Ramos recordó que Carlos Arturo Álvarez está señalado de tortura, junto con otros 60 funcionarios, en contra Héctor Cacique Fernández alias “El Diablo”, quien fue vinculado con el asesinato de siete personas en el bar “La Sirenita” en marzo de 2013.
“Álvarez Escalera fungía como Procurador, y había sido antes Subprocudador, hay denuncias que pesan contra él. No sé cuánto tiempo puede llevar; la Comisión de Justicia tendrá que determinar, pero es un tema que puede estar listo en un par de meses”, consideró el legislador del Sol Azteca.
Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado de Quintana Roo y Diputado del Partido Acción Nacional (PAN), llamó al Fiscal Álvarez Escalera a renunciar, debido a que hay un “clamor” ciudadano que exige su salida de la Fiscalía.
“Hay un clamor ciudadano que dice que tiene duda fundada si este Fiscal será capaz de atender de manera objetiva e imparcial las denuncias que el Gobierno del estado ha presentado y que ha señalado a la clase política del ex Gobernador. El Fiscal debe considerar separarse del cargo”, dijo el panista Martínez Arcila.
Martínez Arcila agregó que hay organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos que denuncian “haber sido dañados por el Fiscal cuando era Procurador”.
El legislador argumentó que legalmente el Congreso no tiene un procedimiento para destituirlo, pero existe la posibilidad de juicio político si los ciudadanos lo exigen.
“Es un llamado a que tenga sensibilidad y que la situación no se politice, para no llegar a ese grado. Ahorita que hay delitos de ato impacto, el Fiscal debe estar dedicado a eso”, dijo.
El martes pasado, Fabiola Cortés Miranda, presidenta de la organización Somos tus ojos, transparencia por Quintana Roo, dijo que la organización presentó la denuncia FGE/QR/SOL/09/3943/2016 en contra de Roberto Borge el 25 de septiembre, el día que perdió el fuero, por el delito de peculado y enriquecimiento ilícito ante la Fiscalía General del Estado por la venta a un menor precio de 34 terrenos ubicados en Tulum, Cancún, Puerto Morelos, Cozumel, Mahahual y Chetumal, propiedad del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE).
Sin embargo, el Fiscal Carlos Arturo Álvarez Escalera mantiene el caso detenido, afirmó la también abogada.
“Es un hombre fiel a Roberto Borge y no se ha avanzando en nada en las denuncias presentadas, aún cuando se le han dado los elementos de pruebas para que se proceda. El Gobierno debe de pedirle su renuncia, hay casos que no se pueden llevar a la Federación y con la Fiscalía seremos dependientes de que la Federación quiera o no quiera proceder”, dijo Cortés Miranda.
Hernán Cordero Galindo, ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Cancún y representante en Quintana Roo de la organización civil Ángel Ciudadano, dijo que el Fiscal está utilizando el cargo para cubrir a Roberto Borge y para venganzas políticas en contra de los detractares del ex Gobernador.
“A mi me consta: está deteniendo un caso mío de un fraude, porque soy de oposición y crítico me frenan, ¿cuántos casos están frenando? La Fiscalía se está utilizando para proteger, para venganzas políticas, para obstruir las invasiones de los terrenos”, expuso Cordero Galindo.
El empresario y activista recordó que el Fiscal representa la “impunidad y el blindaje de Borge”, por lo que debe renunciar de inmediato y “dejar trabajar al nuevo Gobernador”.
“Mientras más se tarde en renunciar, más daño para el estado, más ingobernabilidad y más raspado saldrá él también. Es importantísimo que se vaya para el tema de justicia, porque nomás está ahí para cubrirle las espaldas al ex Gobernador”, dijo Hernán Cordero.
Luego de la salida de Álvarez Escalera, el poder Judicial debe ser el encargado de nombrar al próximo Fiscal, debido a que no puede ser elegido por el actual Gobernador, ni por el poder Legislativo, opinó.
“Que sea el consenso de magistrados, jueces, con instituciones ciudadanas, con abogados”, dijo.
Las denuncias en contra de Roberto Borge Angulo, ex Gobernador de Quintana Roo, son suficientes para que el nuevo Gobierno de la entidad y la Procuraduría General de la República (PGR) actúen lo más pronto posible en contra del ex mandatario, dijo en entrevista con SinEmbargo Fabiola Cortés Miranda, presidenta de la organización Somos tus ojos, transparencia por Quintana Roo. La abogada agregóque Carlos Arturo Álvarez Escalera, Fiscal del Estado, debe ser removido de su cargo, debido a que obstaculiza las investigaciones.
El Gobierno de Carlos Joaquín González no ha actuado con la celeridad esperada en contra del priista Roberto Borge, lo que hace sospechar a ciudadanos de su imparcialidad. Foto: Cuartoscuro.
Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).– La nueva administración de Quintana Roo debe actuar lo más pronto posible en contra de Roberto Borge Ángulo, ex Gobernador de la entidad, pues ya existen los elementos de prueba para ir por él, dijo Fabiola Cortés Miranda, presidenta de la organización Somos tus ojos, transparencia por Quintana Roo.
Cortés Miranda encabeza la asociación que este lunes interpuso tres denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de 11 personas cercanas a Roberto Borge, entre ellas la mamá del ex Gobernador María Rosa Yolanda Angulo Castillo, quien, sin registrar actividad económica, compró un terreno de 111 mil metros cuadrados en una zona privilegiada de Cozumel, por el que pagó 15 millones de pesos.
Sin embargo, antes de estas denuncias ante la PGR, la organización presentó la denuncia FGE/QR/SOL/09/3943/2016 en contra de Roberto Borge el 25 de septiembre, el día que perdió el fuero, por el delito de peculado y enriquecimiento ilícito ante la Fiscalía General del Estado por la venta a un menor precio de 34 terrenos ubicados en Tulum, Cancún, Puerto Morelos, Cozumel, Mahahual y Chetumal, propiedad del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE).
“Sería importante que desde el Gobierno del estado llevaran a cabo las investigaciones pertinentes, sobre todo porque ya llevan 60 días en el cargo y son ellos los que tienen acceso a todas las dependencias, las operaciones que se realizaron, los actos, las acciones, las omisiones. Sí esperaría una actuación más rápida y más contundente de las autoridades locales, definidamente sí”, dijo Fabiola Cortés en entrevista con SinEmbargo.
La presidenta de Somos tus ojos precisó que desde el 25 de septiembre que se interpuso la denuncia por delitos del fuero común, la Fiscalía de Quintana Roo tenía elementos para configurar un delito federal, pues hay operaciones de las que Borge y sus prestanombres no dieron aviso al Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Pero, dijo Fabiola Cortés, el Fiscal Carlos Arturo Álvarez Escalera, que fue nombrado por Borge como parte de su “paquete de impunidad”, y que ocupará ese puesto durante nueve años, mantiene el caso detenido.
La también abogada precisó que mientras Álvarez Escalera permanezca al frente de la Fiscalía, estará obstaculizando las investigaciones en contra de Borge y sus funcionarios, pues hay casos que no se pueden llevar a la Federación.
“Es un hombre fiel a Roberto Borge y no se ha avanzando en nada en las denuncias presentadas, aún cuando se le han dado los elementos de pruebas para que se proceda. El Gobierno debe de pedirle su renuncia, hay casos que no se pueden llevar a la Federación y con la Fiscalía seremos dependientes de que la Federación quiera o no quiera proceder”, afirmó.
Cortés Miranda agregó que hasta el momento no se han reunido con el nuevo Gobernador ni con algún funcionario de su gabinete.
Hace unos días Rafael Antonio del Pozo Dergal, Secretario de Gestión Pública de Quintana Roo, afirmó que la administración actual no hará pactos ni negociaciones “bajo la mesa” y que se denunciarán los hallazgos que surjan después de finalizar las auditorías.
“Desde que se inició el proceso de entrega-recepción nos hemos abocado a la revisión de los anexos que van con las actas de cada una de las dependencias y entidades de cada una de las áreas del estado, y que como parte del proceso se han ido detectando algunas inconsistencias sobre la información que contienen las actas y los anexos”, dijo en entrevista con este medio digital.
El Gobierno de la entidad denunció la venta irregular de 9 mil 500 hectáreas de la reserva de Quintana Roo por debajo de su precio real y a personas cercanas a él.
En todos los casos los avalúos carecen de rigor técnico y no se siguió el procedimiento legal. De las 9 mil 500 hectáreas, en 850 se “identificaron vínculos importante entre el ex Gobernador y familiares, trabajadores de la familia y algunas personas con vínculos con servidores públicos”, afirmó.
El funcionario dijo que se solicitó a la PGR que se analice y revise la situación patrimonial de los compradores, así como el origen del dinero con el que realizaron las transacciones.
Fabiola Cortés dijo que el caso que llevó ante la PGR el Gobierno del estado es el mismo que ellas denunciaron desde septiembre, aunque con algunas variantes como la cantidad de hectáreas y terrenos distintos.
El lunes pasado, la organización interpuso tres denuncias ante la PGR, entre ellas una por operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra de 11 presuntos prestanombres de Borge, incluida su mamá.
Los principales señalados son María Rosa Yolanda Angulo Castillo, madre de Roberto Borge, Juan y Raúl González Angulo, tíos del también ex Gobernador Félix González Canto.
“La PGR apenas ingresó por Oficialía de Partes las denuncias; le corresponde ahora a la autoridad investigadora allegarse de todas las pruebas y verificar lo que dijimos, los datos de prueba que aportamos como son las referencias de que estas personas que realizaron operaciones no tenían recursos suficientes para llevarlos a cabo”, dijo Fabiola Cortés.
Las pruebas entregadas por la organización son sólidas, agregó, por lo que la PGR “no podrá dejar de investigar” la denuncias.
“No existe un plazo, se puede llevar lo que considere pertinente para corroborar estos datos”, consideró.
La organización entregó datos que sustentan que María Rosa Angulo compró un terreno de 111 mil metros cuadrados en una zona privilegiada de Cozumel por 15 millones de pesos. Después que adquirió el terreno, la madre de Roberto Borge cedió una parte a la empresa Siyenat del Caribe representada por César Celso González Hermosillo.
Además la organización acusó a Juan González de comprar, a través de Isla Cábalas, un terreno de 15 mil 772 metros cuadrados en la carretera costera sur de Cozumel por 8 millones de dólares, en el cual construyó el hotel The Westin Cozumel.
Otros de los acusados son César Celso González Hermosillo, abogado de la familia de Roberto Borge, y Franco González, otro pariente de González Canto, por ser los operadores de Barcos Caribe.
También se vincula a María Pinelo, secretaria de Roberto Borge y cuidadora de su madre, pues fundó junto con César Celso González Hermosillo la empresa Caracol 65, del sector inmobiliario.
En la denuncia figuran los nombres de Fernando Escamilla Carrilla, Fernando Villanueva Sauri, Rafael Manuel Ponce Pacheco, Raymundo Cámara, Pedro Pech Bolom, Noemí Rodríguez Ramos y Darío Flota Ocampo.
“A la PGR se le entregaron diversos documentos, como actas constitutivas de las empresas, contratos de compraventa notariados y datos de prueba relacionados con los ingresos reportados por las personas físicas ante el SAT donde se pone en evidencia su falta de capacidad económica para efectuar operaciones de la cuantía de las efectuadas; por lo que fundadamente se puede presumir que los recursos que utilizaron tienen procedencia ilícita”, informó la organización en un comunicado.
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