Posts Tagged ‘prisiones’

Tres de cada 10 reos han sido víctimas de extorsiones, robos, agresiones sexuales…

viernes, diciembre 24th, 2021

En México al menos 3 de cada diez personas privadas de la libertad fue víctima de actos de corrupción en alguna de las etapas de su proceso penal, desde la detención hasta su encarcelamientos. En los centros penitenciarios, la corrupción creció al pasar de un 10 por ciento en 2016 a un 17 por ciento en 2017.

Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).- La corrupción al interior de las cárceles de México creció, pero es poco denunciada debido a la normalización, al temor a represalias y a la desconfianza que existe hacia las autoridades, refiere la Encuesta Nacional de Población Privada de su Libertad (Enpol) del Inegi, estudio que también revela que más de una tercera parte de las personas privadas de su libertad han sido víctimas de algún delito como extorsión, hostigamiento sexual, robo, entre otros.

Para el doctor Víctor Hernández, coordinador del diplomado de Seguridad Nacional en la Universidad Iberoamericana de Puebla, la encuesta demuestra que en México el sistema penal es garantista sólo en el papel, ya que, en la ley establece que las personas detenidas tienen derechos, sin embargo, en la practica de la política criminal las personas, sin importar si son culpables o no son torturadas.

“Es una radiografía de cómo funciona el sistema de impartición de justicia en México, en el sentido que nos pinta de cuerpo completo una realidad: que nuestra política criminal no es una política de justicia sino una política de venganza”, expresó el experto en entrevista con SinEmbargo.

En tanto que el derecho de las personas a una justicia pronta y expedita es otro aspecto que la encuesta ENPOL, dijo el experto, demuestra que es sólo teoría porque en la practica muchas de las personas privadas de la libertad pueden pasar años en la cárcel sin una sentencia. En ese sentido, la corrupción ha sido un mecanismo que se usa para saltarse las trabas burocráticas.

Casi la mitad de las personas detenidas han sufrido de agresiones. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro

CORRUPCIÓN CARCELARIA

En México al menos 3 de cada diez personas privadas de la libertad fue víctima de actos de corrupción en las etapas de su proceso penal, desde la detención hasta su encarcelamientos. En los centros penitenciarios, la corrupción creció al pasar de un 10 por ciento en 2016 a un 17 por ciento en este año.

La encuesta señala que del total de personas procesadas, al menos el 16.4 fue víctima de actos de corrupción durante su detención, el 14.7 por ciento cuando fue presentada ante el Ministerio Público; el 6.2 por ciento durante su proceso judicial y 17.2 por ciento en el centro penitenciario.

La corrupción dentro de los centros penitenciarios creció en cinco años; en el 2016, de acuerdo a la ENPOL de ese año, al menos un 10.8 por ciento de las personas que estaban en prisiones fueron víctima de corrupción, en tanto que para este 2021, el porcentaje creció a 17.2.

“En términos generales, el porcentaje de población que fue víctima de actos de corrupción en al menos una de las etapas del proceso penal desde su detención hasta la realización de su juicio y vida intracarcelaria fue de 36.2 por ciento”, compartió el Inegi.

El estudio también apunta que más de la mitad de las personas en prisiones han pagado para recibir servicios, bienes, beneficios o permisos donde a menos el 55 .3 por ciento pagó por el pase de lista, el 43.2 por ciento para tener aparatos eléctricos; un 34 por ciento pagó para cambiar de celda, el 31.9 por ciento para tener agua potable, el 18 por ciento para acceder a servicios médicos y usar baños y un 8.4 pagó por protección.

En tanto que, de acuerdo con el estudio, al menos un 24 por ciento pagaron para tener teléfono y un 18 por ciento para tener otro tipo de dispositivos de comunicación.

La mayoría de los pagos ilegales (el 88.9 por ciento) para obtener un servicio, bien, beneficio o permiso al interior de los centros penitenciarios fueron entregados a los personas de custodia, añade el estudio.

Sobre ese tema, también se revela que del total de las personas internas que pagaron, el 96.4 por ciento, no presentó una queja o denuncia ante alguna autoridad.

El 33.6 por ciento no denunció por considerar que la corrupción es una práctica común, el 29.9 por ciento por miedo a represalias; el 15.9 por ciento porque considera que sería inútil y un 14.2 por ciento porque obtuvo un beneficio a cambio del pago.

En los resultados de la encuesta también se refleja que el 27.8 por ciento de los reos está en proceso de recibir sentencia y de ese porcentaje un 39.2 por ciento lleva dos años o más dentro de un centro penitenciario.

De las personas que sí recibieron sentencia, el 32.7 por ciento fue condenada por robo, un 29.8 por ciento fue condenada por homicidio y un 12.2 por ciento por secuestro.

La violación de los derechos humanos es lo común en las prisiones. Foto: Cuartoscuro/Archivo

TORTURA, UN ABUSO GENERALIZADO

La tortura en México persiste y de acuerdo a los datos del Inegi es muy común, desde el momento de la detención hasta la vida carcelería. De acuerdo con la encuesta, de las más de 220 mil 500 personas que están las cárceles (94.3 por ciento hombres y 5.7 por ciento de mujeres) casi la mitad (48.6 por ciento) recibió agresiones físicas en el momento de su detención.

El 38.4 por ciento de quienes sufrieron agresiones físicas detalló que recibió “patadas o puñetazos” por parte de la autoridad que lo detuvo, mientras que el 23 por ciento mencionó haber sido asfixiada o ahorcada.

“En un país con tantas leyes con tantos procedimientos y con un sistema penal tan engorroso, en muchas ocasiones, la corrupción es una de las formas para salvarse de esas trabas”, expresó Hernández quien se desempeñó como asesor de la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional durante el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto.

El doctor Victor Hernández destacó que lo revelado en este apartado de violencia física y psicológica que hay en las prisiones es un tema que debe de levantar las alertas.

“Hay un altísimo porcentaje de detenidos que reportan muy diversas formas de abuso sexual, agresiones físicas y en este punto siempre suele haber opiniones encontradas en la población mexicana, hay quienes defienden este tipo de prácticas bajo la lógica de que son ‘delincuentes’ y que ellos se lo buscaron, pero también la propia encuesta nos refleja que muchos de estos presos fueron obligados a declararse culpables.

En México la tortura es una grave violación de derechos humanos que se mantiene impune.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha abierto al menos 1 mil 259 denuncias por presuntos actos de tortura, de las cuales, sólo tres fueron enviados ante un juez y apenas se obtuvo una sentencia condenatoria, según consigna el informe México: La tortura y la impunidad se agudizan en tiempos de pandemia”, elaborado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y Red Todos los Derechos para Todas y Todos, tras una misión virtual de seguimiento realidad del 4 al 11 de febrero de 2021.

Para el doctor Víctor Hernández, coordinador del diplomado de Seguridad Nacional en la Universidad Iberoamericana de Puebla, la encuesta demuestra que en México el sistema penal es garantista solo en el pap. Foto: EFE

Para el doctor Víctor Hernández, coordinador del diplomado de Seguridad Nacional en la Universidad Iberoamericana de Puebla, la encuesta demuestra que en México el sistema penal es garantista solo en el papel. Foto: EFE

El documento también destaca que la FGR recibió al menos 522 denuncias por presuntos actos de tortura cometidos por agentes federales en los primeros 18 meses del actual sexenio. En el ámbito local, tan sólo en el año 2018 se iniciaron casi 4 mil investigaciones, pero en apenas 2 casos hubo cargos penales por tortura ante algún juez.

De las 222 mil 018 personas privadas de libertad en prisiones mexicanas, 126 mil 799 cuentan con sentencias condenatorias; es decir, el 57.1 por ciento. Mientras que 95 mil 219 presos tienen la calidad de procesados y están en espera de su sentencia, lo que representa el 42.9 por ciento en esa fase de prisión preventiva que les mantiene encarcelados, a pesar de que el veredicto final de un juez pudiese declararles inocentes de la imputación.

De los internos sentenciados, 111 mil 224 lo fueron por su responsabilidad en la comisión de delitos del fuero común y 15 mil 575 por ilícitos del ámbito federal. Además, hay 82 mil 356 reclusos que aguardan sentencia por delitos del fuero local y otros 12 mil 863 por su presunta participación en conductas sancionadas por el Código Penal federal.

136 penales en México están sobrepoblados. Gente pobre o joven es la que los ocupa

jueves, noviembre 11th, 2021

Exceso y abuso de la medida cautelar de prisión preventiva satura prisiones. Sistema penitenciario nacional reporta 222 mil 018 presos en 288 cárceles del país. Con AMLO, hay 24 mil 030 personas privadas de la libertad más que en diciembre de 2018. Aunque el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco y Baja California tienen la mayor población carcelaria, sólo el primero presenta hacinamiento. Sobrepoblación propicia carencias en atención y servicios, problemas de seguridad y autogobierno, refiere experto. Penales federales tienen 42.33 por ciento de espacios disponibles.

Por Luis Carlos Sáinzlunes

Ciudad de México, 11 de noviembre (ZETA).- Los llamados que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realiza en forma reiterada a países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) a disminuir la sobrepoblación y hacinamiento de las prisiones no hacen eco en México, por el contrario, cada vez hay más personas privadas de la libertad, pese a que desde la Política Criminal no se combate a la delincuencia organizada.

No obstante, la pandemia de COVID-19, la creación de una Ley de Amnistía en 2020 y un decreto presidencial en el actual 2021 para liberar a miles de personas presas, no se ha posibilitado la despresurización de las cárceles mexicanas, y hasta finales de agosto, el Sistema Penitenciario Nacional reporta una población de 222 mil 018 internos en 288 establecimientos penales en el país.

La cifra es mucho mayor a la que recibió el Presidente Andrés Manuel López Obrador al iniciar su administración, pues a diciembre de 2018, la cantidad de personas encarceladas era de 197 mil 988 internadas en 308 prisiones. Es decir, que en lo que va del sexenio de la Cuarta Transformación hay 24 mil 030 reclusos más que hace casi tres años, lo que ocasiona que exista sobrepoblación en muchos de los centros penitenciarios.

De acuerdo con los indicadores del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), los 288 reclusorios existentes -entre federales y estatales- tienen capacidad para albergar a 216 mil 867 internos, por lo que a la fecha hay un excedente de 5 mil 151 reos que no cuenta con un espacio propio para pernoctar y llevar una vida digna en contexto de encierro.

El abogado penalista Jorge Huerta Partida, conocedor del fenómeno de las cárceles nacionales, refiere que el incremento se ha dado por el exceso de punitivismo de las autoridades mexicanas.

“Ya no hay detenciones de narcotraficantes importantes o ‘peces gordos’ de la delincuencia organizada, que porque ya no es prioridad su combate. Entonces, ¿quiénes son los detenidos que están enviando a prisión? Es muy claro que son los pobres y los jóvenes, que no tienen acceso a una defensa adecuada”, asegura el jurista.

Pese a la recomendación de la CIDH al inicio de la pandemia, de liberar a los presos con mayor riesgo de contagio (enfermos y adultos mayores) y de no priorizar la medida de prisión preventiva procurando medidas cautelares diversas, en México se cuenta actualmente con sobrepoblación en 136 de las prisiones, según los propios indicadores oficiales.

“El llamado de la Corte Interamericana les valió sorbete, cuando el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la vida y a la salud de todas las personas”, comentó el maestro Huerta.

SOBREPOBLACIÓN

De las 222 mil 018 personas privadas de libertad en prisiones mexicanas, 126 mil 799 cuentan con sentencias condenatorias; es decir, el 57.1%. Mientras que 95 mil 219 presos tienen la calidad de procesados y están en espera de su sentencia, lo que representa el 42.9% en esa fase de prisión preventiva que les mantiene encarcelados, a pesar de que el veredicto final de un juez pudiese declararles inocentes de la imputación.

De los internos sentenciados, 111 mil 224 lo fueron por su responsabilidad en la comisión de delitos del fuero común y 15 mil 575 por ilícitos del ámbito federal. Además, hay 82 mil 356 reclusos que aguardan sentencia por delitos del fuero local y otros 12 mil 863 por su presunta participación en conductas sancionadas por el Código Penal federal.

Vale mencionar que no todos los estados que tienen la mayor cantidad de personas recluidas, son los mismos con la mayor cantidad de prisiones con sobrepoblación. Ejemplo de ello son Ciudad de México, Jalisco, Baja California y Sonora, que ocupan los primeros lugares de población penitenciaria, pero de forma global no figuran en los primeros sitios en espacios sobresaturados.

Muchos de los estados comenzaron a reducir su población penitenciaria a raíz de la implementación total del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en junio de 2016. De existir casi 260 mil personas privadas de libertad entre 2013 y 2014, durante la pasada administración federal y los sexenios estatales se tuvo una disminución a 197 mil 988 presos, abatiendo la sobrepoblación de manera global entre el número de espacios disponibles y los ocupados, aunque el problema continuó focalizado en penales muy específicos.

La única entidad que no presentó disminución alguna en su tasa de personas encarceladas fue el Estado de México, que tuvo un crecimiento constante, al grado de desbancar del primer lugar a la Capital de la República, pese a que dicha entidad federativa fue una de las primeras en adoptar el nuevo sistema de justicia con juicios orales.

El hacinamiento es terrible, asfixiante e inhumano en sus 23 centros penitenciarios. Otros estados tienen un sobrecupo relevante influido por la mínima capacidad de sus prisiones, a pesar de que no contengan grandes cantidades de internos.

PRISIÓN PREVENTIVA

La principal causa de la sobrepoblación en las cárceles, es la llamada “mano dura” de las autoridades “que no soluciona los problemas de la inseguridad y la violencia, pues aunque tengamos a tantas miles de personas en los penales, acá afuera la situación sigue igual de grave o peor; la política criminal de meter a prisión a cuanta gente se pueda para que el Estado justifique que es eficaz en su tarea de brindar seguridad y justicia es falaz, es demagogia para cubrir la debilidad institucional”, asegura el abogado Jorge Huerta Partida.

Sobrepoblacion en penitenciarias. Foto: ZETA.

A mayor cantidad de presos en un reclusorio, la capacidad de atención y de brindarle servicios se fragmenta, “no hay un número de elementos de seguridad suficiente para cuidarles, no hay personal técnico -psicólogos, criminólogos, médicos, pedagogos, trabajadores sociales- que alcancen para llevar a cabo las tareas de la reinserción social, escasea el alimento, la atención médica y los medicamentos. Los internos llenan ese vacío de poder de la autoridad formal y se surge el autogobierno”, agregó.

El maestro Huerta detalla que en esa política criminal de dureza, donde una autoridad rebasada por la criminalidad se decanta por la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa que se aplica para quienes cometen delitos graves y deban ser segregados de la sociedad en tanto se les procesa, “está muy claro cuáles son esos delitos, porque están en el Artículo 19 constitucional y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y que en el Sistema Penal Acusatorio no eran tantos porque se debe privilegiar la presunción de inocencia y la libertad.

“Lamentablemente ese catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa incrementa día a día, y también se dicta prisión preventiva ‘justificada’ por delitos no graves, con lo que los gobiernos tratan de paliar el clamor social que de que la delincuencia no para sus acciones y la autoridad poco hace para frenar la impunidad, situación que ha pervertido al nuevo sistema de justicia, que cada día se parece más al anterior, en un revoltijo que tiene de cabeza a la procuración y administración de justicia” enfatizó Jorge Huerta.

De los primeros diez penales más sobrepoblados de la República Mexicana, seis se encuentran en el sistema penitenciario del Estado de México, acompañado de algunas cárceles que se ubican en las entidades de Morelos, Puebla y Tabasco. El hacinamiento es grave, y en esos casos va desde el 231 hasta más del 559%, sin que las autoridades hagan algo al respecto, sólo esperar el devenir diario ante la llegada de cada vez más reclusos e intentar contener riñas, fugas y motines.

REINSERCIÓN SOCIAL

La reforma penal de 2008 a la Constitución trajo consigo el incremento de las herramientas para favorecer el proceso en prisión de los reclusos. Se transitó del modelo de la readaptación social que consideraba al delincuente como un enfermo social al que había que darle un tratamiento, al modelo de la reinserción social, donde el sujeto que delinquió no es un enfermo, sino una persona con derechos y obligaciones, al que en vez de tratar de cambiarle su forma de pensar, se le debe dotar de herramientas que sean útiles a su reincorporación a la sociedad, con la finalidad de que no reincida.

Sin embargo, a decir del maestro en Derecho Penal y Juicios Orales, “¿Cómo va a tener acceso a esas bases de la reinserción social, si no existen los medios y las condiciones para se lleven a cabo? Por ejemplo, nos habla de los ejes del trabajo, capacitación para el trabajo, educación, salud y deporte, bajo un esquema de respeto a sus derechos humanos. El solo hecho de que exista sobrepoblación ya dio al traste a ese derecho constitucional. No hay trabajo suficiente, menos bien remunerado, no todos acceden a la escuela y la atención de su salud es infame, además de las condiciones de internamiento infrahumanas. Así cómo queremos que el delincuente salga y se reinserte, si acá afuera también lo vamos a orillar a que regrese a la cárcel”, reflexionó Jorge Huerta Partida.

Se ha demostrado que en los centros penitenciarios sin sobrepoblación, o en las prisiones más pequeñas con menos población, se tienen casos de éxito en cuanto a una reinserción social efectiva. Sin embargo, al crearse la Ley Nacional de Ejecución Penal se dejó de lado la asistencia y el control postpenitenciario que permitía dar seguimiento y apoyar a los liberados en esa difícil misión de que no vuelvan a delinquir.

También es de destacar que en el país existen algunas prisiones subutilizadas con el pretexto de que no sufran los mismos efectos que los centros sobrepoblados:

Hasta el momento, el Gobierno Federal presume que la situación que priva en los sistemas penitenciarios estatales con sobrepoblación y problemas de carencias, inseguridad y violencia, no es la misma que tienen los penales federales bajo su tutela, como los Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) con capacidad total de 28 mil 520 espacios y sólo albergan a 16 mil 448 personas privadas de libertad, contando con una disponibilidad actual de 42.33%.

Los penales federales, unos de máxima seguridad, otros de seguridad media, mantienen estándares que no escapan de incidencias negativas, pero les permite tener un control estricto y una secrecía que les aleja de los escándalos en los que las cárceles estatales se ven a menudo inmiscuidas. El Cefereso con mayor población es el Número 11, ubicado en Hermosillo, Sonora, que tiene 2 mil 082 reos; en tanto, el famoso penal federal de Altiplano, en Almoloya de Juárez, apenas cuenta con 489 presos, en espera de su próxima desincorporación del sistema penitenciario.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ZETA. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

CNDH a gobiernos: mujeres presas deberán tener productos para menstruación gratuitos

domingo, septiembre 12th, 2021

Prisiones civiles y militares deberán contar con el presupuesto específico para la adquisición de toallas femeninas y elementos de gestión menstrual. Además, deberán dotar, de manera gratuita, productos tanto a mujeres privadas de la libertad, como a las mujeres que ingresan como visita familiar, y reforzar programas para brindar máxima protección a su derecho a la salud sexual y reproductiva, señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación a los gobiernos estatales, al comisionado de Prevención y Readaptación Social, así como al Secretario de la Defensa Nacional, al acreditar violaciones al derecho humano a la protección de la salud en transversalidad con el derecho a la salud sexual y reproductiva, así como al acceso a una gestión e higiene menstrual digna de las mujeres y personas menstruantes privadas de la libertad.

Durante diversas visitas efectuadas por personal del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) a los centros penitenciarios del país que albergan mujeres, de manera generalizada hay restricción y dificultad para el acceso a las toallas femeninas, y en la mayoría no se garantiza el acceso y el abasto suficiente, aunado a que las autoridades penitenciarias de diferentes estados reconocen que no existe una partida presupuestal para adquirir los enseres menstruales, por lo que para la mayoría se distribuye lo que se recibe en donaciones y/o son los familiares quienes tienen que obtenerlas, dijo la Comisión en un comunicado.

Por lo anterior, el 10 de noviembre de 2020, la CNDH inició de oficio la investigación y ejerció la facultad de atracción al estar involucradas autoridades de carácter local. Se solicitó información a las autoridades penitenciarias de las 32 entidades federativas, a Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Mujeres del colectivo Menstruación Digna. Imagen ilustrativa: Cuartoscuro.

Manifestación en México. Foto: Cuartoscuro.

“De las constancias recabadas durante la integración del expediente se confirmó que en la mayoría de los estados no se cuenta con una partida presupuestal específica para la adquisición de elementos de gestión menstrual, que permitiera proporcionarlos de manera gratuita y suficiente a las mujeres y personas menstruantes privadas de la libertad. En algunas entidades, la adquisición de tales productos se contempla dentro del presupuesto o gastos en general designados al centro penitenciario del que se trate, o en su caso, están incluidos en programas o partidas presupuestarias asignadas a material sanitario, de limpieza o medicina y productos farmacéuticos, lo que no dignifica el proceso que implica su periodo con el uso adecuado de su higiene menstrual. Así también, una de las vías para que las menstruantes accedan a elementos de gestión del período, principalmente las toallas femeninas, es mediante la compra en tiendas al interior de los centros penitenciarios, a costos poco accesibles para ellas”, destacó la CNDH.

La CNDH afirmó que el Estado, en su calidad de garante, “debe salvaguardar el derecho a la protección de la salud y seguridad sanitaria de la población penitenciaria femenina, proporcionando elementos de gestión menstrual, incluidas las copas menstruales, en este caso, previo estudio sobre la viabilidad de que estas sean adquiridas y distribuidas a las internas en cada entidad federativa, como una inversión a largo plazo”.

“Es importante señalar que una gestión menstrual digna no solo implica el acceso a los insumos, sino a espacios dignos y de suministro de agua potable, suficiente, salubre, aceptable, asequible, ininterrumpido y equitativo, como factor determinante para ello. En algunos centros penitenciarios de entidades federativas como Guerrero, Hidalgo, Puebla, Morelos, Sonora y Tabasco, no se cuenta con espacios dignos para la higiene de las internas; en otras como la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Sonora y Tamaulipas, se confirmó falta o deficiencias para el suministro del agua. Finalmente, se observó la importancia de fortalecer al derecho a la salud sexual y reproductiva en beneficio de las mujeres y personas menstruantes privadas de la libertad, que contemple también la planificación familiar y educación sexual como derechos”, explicó.

En la recomendación se solicitó “a la señora y señores gobernadores de los estados y Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, incluir en el próximo proyecto de presupuesto de egresos que se presente ante el Poder Legislativo, la propuesta para asignar a las autoridades penitenciarias el recurso específico para la adquisición de elementos de gestión menstrual suficientes, a fin de que se les dote o continúe otorgando de tales productos de manera gratuita, mensualmente o cuando sea necesario, a todas las internas en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna; dichos insumos estarán también disponibles para las mujeres que accedan a visita en los establecimientos penitenciarios”.

A las autoridades recomendadas se pidió que, en coadyuvancia con las autoridades corresponsables del Sector Salud de cada entidad federativa o federales según sea el caso, se refuercen y ejecuten todas las acciones y programas necesarios para brindar máxima protección al derecho a la salud sexual y reproductiva de las internas, con perspectiva de género, incluyendo el acceso irrestricto a la especialidad de ginecología.

Asimismo, se lleven a cabo cursos de capacitación realizados por personal especializado desde un enfoque de género y de derechos humanos, dirigidos al personal de seguridad y custodia y médico de los establecimientos penitenciarios femeniles, así como al que se encuentra en las áreas de acceso y revisión de los centros de reclusión varoniles, a fin de que estos conozcan la importancia del respeto al acceso a una gestión menstrual digna y actúen en ese marco hacia las mujeres y personas menstruantes privadas de la libertad, así como con aquéllas que ingresan como visita, evitando actos discriminatorios, todo ello como un acto de sensibilización sobre el tema en particular.

De igual forma, realizar las acciones necesarias para la recolección, almacenaje y destino de las toallas, compresas y demás desechos sanitarios relacionados con la gestión menstruante, dotando de los espacios específicos para ello y evitar la exposición y riesgo sanitario.

Al Comisionado de Prevención y Readaptación Social y al secretario de la Defensa Nacional, se les pidió “crear y ejecutar un programa que permita, de manera permanente, dotar mensualmente de elementos de gestión menstrual a todas las personas menstruantes privadas de la libertad, tanto en el Centro Federal de Readaptación Social en Coatlán del Río, Morelos, como en Prisiones Militares que albergan mujeres, en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna”.

“A la Gobernadora de Sonora y gobernadores de Guerrero, Hidalgo, Puebla, Morelos y Tabasco, se les pide llevar a cabo, a la brevedad, las acciones y arreglos en la infraestructura necesaria para dignificar los espacios destinados a la higiene de estas personas. A la Jefa de gobierno de la Ciudad de México, así como a los gobernadores de Guerrero, Tamaulipas y Estado de México, se les solicita garantizar el suministro de agua potable en las prisiones”.

CNDH: homicidios y suicidios en cárceles aumentaron en 2020

sábado, junio 5th, 2021

Los incidentes violentos dentro de las prisiones de México —homicidios, suicidios, riñas, motines, desórdenes y abusos— crecieron al menos un 11.95 por ciento durante el año anterior con respecto al año 2019, periodo en el que se reportaron al menos mil 205 casos.

Ciudad de México, 4 de junio (SinEmbargo).- Los homicidios y suicidios son los incidentes violentos dentro de las prisiones de México que más crecieron durante el año 2020 con respecto al año anterior inmediato, de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El organismo autónomo publicó durante esta semana el “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria” (DNSP), en el cual revela que durante el año 2020 se registraron al menos mil 349 incidentes violentos —homicidios, suicidios, riñas, motines desórdenes y abusos— en los centros penitenciarios estatales y federales.

La mayoría de estos eventos comprenden riñas, con un total de 926; desórdenes con 183; suicidios, con 114; homicidios, con 70 casos; abusos, con 48, y finalmente motines con ocho registros.

En México existen al menos 254 cárceles, de las cuales, 234 son centros de reinserción social estatales (Ceresos); 17 son Ceferesos y  tres son prisiones militares.

Los Ceresos y los Ceferesos son los que concentran el total de los incidentes violentos con 902 y 330 eventos respectivamente, en tanto que las prisiones militares reportaron “cero” eventos de violencia.

Casi la mitad de las prisiones del país padecen hacinamiento. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro

CRECEN HOMICIDIOS Y SUICIDIOS

Las muertes violentas dentro de los penales se dispararon durante el 2020. Los homicidios crecieron al menos 75 por ciento con 70 casos el año anterior frente a 41 homicidios de 2019; mientras que los suicidios casi se multiplicaron (90 por ciento de crecimiento), pues pasaron de 60 en 2019 a 114 en 2020.

La mayoría de los homicidios (54) se perpetraron con armas punzocortantes, mientras que cuatro fueron por agresiones físicas y al menos nueve casos se cometieron con armas de fuego.

Al menos 15 de los asesinatos se registraron por riñas; 14 fueron adjudicados a “diferencias entre las personas privadas de la libertad”; 31 por “causas diversas” y en 10 casos no se ha esclarecido el posible móvil.

El estado de Morelos concentró el 43 por ciento del total de los asesinatos con 30 casos, seguido por el Estado de México con 10 homicidios y Jalisco con ocho. En contraste, las entidades que reportaron sólo dos casos fueron: Sinaloa, Zacatecas y Chihuahua, mientas que Tamaulipas, Quintana Roo, Tlaxcala, Hidalgo, San Luis Potosí y Guanajuato reportaron un caso cada una.

La alta incidencia de casos en Morelos se podría explicar debido a que en esa entidad hay al menos cinco centros de internamiento (tres estatales y dos federales): el Cereso femenil Atlacholoaya, el distrital de Cuautla, el Cereso varonil Morelos en Atlacholoaya, el Cefereso femenil No. 16 y el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial.

El reporte también detalla que los dormitorios son los lugares más “inseguros” ya que más de la mitad (58 por ciento) de los asesinatos se perpetraron en esas áreas, mientras que el 25.7 por ciento se cometieron en otras áreas o módulos y el 15.7 por ciento en patios o pasillos.

El informe expone que estos lugares, debido a la ausencia de vigilancia tanto personal como tecnológica, se convierten en puntos ciegos para la autoridad y “espacios de alto riesgo” para la comisión de todo tipo de incidentes violentos.

El organismo derechohumanista mostró preocupación de que en los centros penitenciarios se registren asesinatos y homicidios pues recordó que el Estado mexicano, al aceptar la facultad de sancionar a personas, adquiere la responsabilidad de ser garante de las personas que están bajo su custodia.

“La CNDH externa su preocupación cuando este derecho es violentado al interior de los establecimientos penitenciarios reflejándolo en recomendaciones a violaciones graves a derechos fundamentales”, se lee en el informe.

De los 114 suicidios reportados durante el año 2020, el 87.71 por ciento (100) ocurrieron en los Ceresos, y de éstos, en el 77 por ciento se desconoce la causa, mientras que en 12 casos se atribuyó a enfermedades como depresión y/o padecimientos psicológicos y 11 casos a problemas familiares y/o sentimentales.

Las entidades federativas con mayor incidencia de fueron: Estado de México con 18, Sonora 14 y Jalisco con siete. En tanto que Puebla, Querétaro, Campeche, Sinaloa, Baja California y Quintana Roo reportaron dos casos cada una, mientras que los estados que registraron solo un caso fueron Guerrero, Nuevo León, Baja California Sur y Coahuila.

En cuanto a los 14 suicidios referidos en los Ceferesos, no se proporcionó mayor información.

La Comisión detalló que las personas internas que optaron por privarse de la vida ponen en evidencia la poca atención a esta problemática dentro de los penales. También revela la ausencia de personal técnico y en específico, personal de psicología suficiente, así como la inobservancia de los que deban atender la salud mental de las personas privadas de la libertad.

Las muertes violentas dentro de los penales se dispararon durante el 2020. Foto: EFE

VIOLENCIA EN GENERAL

Los incidentes dentro de los penales generan preocupación porque —según se explica en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP)— debilitan, afectan y comprometen la base organizativa del sistema penitenciario nacional; además de que comprometen los derechos humanos, la dignidad, la seguridad y la vida de las personas privadas de la libertad y de las personas que laboran en los centros penitenciarios.

“La violencia dificulta la existencia en estas instituciones de un clima social y moral óptimo que coadyuve en la génesis de una adecuada reinserción para las personas privadas de la libertad y en oposición, exista mayor facilidad de reincidencia […] merma la efectividad de los programas e incrementa la reincidencia, además de los costos sociales, situaciones que desafortunadamente se han vuelto una constante en las prisiones, normalizándose y dejando lamentables consecuencias”.

Los incidentes violentos en general —incluidos riñas, motines, desórdenes y abusos— crecieron al menos un 11.95 por ciento durante el año anterior con respecto al año 2019, periodo en el que se reportaron al menos mil 205 casos.

No obstante, la comparación es imprecisa debido a que, según se aclara en el documento de la CNDH, el número de incidentes reportados por los centros penitenciarios durante el año 2019 sólo abarca el periodo de enero a octubre, en cuanto a las cifras del 2020, no se detalla si comprenden los doce meses del año.

“Agregando que noviembre y diciembre, son periodos, que incluso en libertad, afectan el ánimo y la resiliencia, contimás en las personas privadas de la libertad, lo anterior, pone de manifiesto la existencia de una cifra negra en ese lapso”, se lee en el documento.

Además, el análisis de las cifras “históricas”, las cuales datan desde el año 2016, arroja que no existe una tendencia uniforme de este fenómeno, pues en el año 2016 el total de eventos fue de mil 250, en tanto que en 2017 fue mil 647 y en 2018 se registraron mil 972 eventos.

“Las cifras evidencian que cada periodo es particular, por ejemplo, en este año los sistemas penitenciarios enfrentan la emergencia sanitaria derivada de la COVID-19″, agrega el documento.

Los incidentes dentro de los penales generan preocupación porque comprometen los derechos humanos, la dignidad, la seguridad y la vida de las personas privadas de la libertad. Foto: Cuartoscuro, Archivo

Si bien los incidentes violentos no son un fenómeno nuevo en el sistema penitenciario, “pues son simbióticos a la creación de éste”, el Diagnóstico de la CNDH expone que la violencia se maximiza frente a problemáticas que aún persisten, como el hacinamiento; la carencia de infraestructura, servicios y equipamiento de seguridad; recursos humanos insuficientes e inadecuados; los débiles sistemas de supervisión y evaluación; alta cifra de personas servidoras públicas con escasa preparación, capacitación y motivación para realizar el trabajo; la falta de transparencia, visibilización y rendición de cuentas que impiden identificar las desviaciones, e irregularidades que ocurren en el interior de los centros penitenciarios.

El informe también revela que las cinco irregularidades con mayor incidencia en las prisiones estatales son: la deficiente separación entre procesados y sentenciados; deficiente separación entre procesados y sentenciados; insuficiencia de personal de seguridad y custodia; deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad; inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad y la insuficiencia de los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.

2 mil 185 personas que están en prisión podrán votar en elecciones del 6 de junio, informa el INE

lunes, marzo 22nd, 2021

Del total de personas 505 son mujeres y mil 680 hombres, número que podría disminuir si alguna de éstas no manifiesta su interés de participar o si las que lo hicieren no están inscritos en el padrón (lista ) electoral.

México, 22 de marzo (EFE).- Unas 2 mil 185 personas que se encuentran en prisión preventiva en México podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones intermedias del 6 de junio, informó este lunes la autoridad electoral.

En un comunicado, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que en el actual proceso comicial implementará por primera vez “una prueba piloto” para garantizar estas personas puedan ejercer su derecho al sufragio en total secreto, mediante el voto anticipado.

El INE explicó que la jornada de votación con este modelo se llevará a cabo el 17 de mayo y podrá extenderse hasta por tres días, mientras que el escrutinio y cómputo de los votos se realizará el 6 de junio, día de las elecciones

La determinación está “encaminada a que las personas que están en prisión preventiva y, por ende, no han recibido sentencia condenatoria puedan ejercer su derecho al sufragio, lo que constituye una medida de gran importancia en favor de los derechos humanos”, dijo la consejera Dania Ravel.

Del total de personas 505 son mujeres y mil 680 hombres, número que podría disminuir si alguna de éstas no manifiesta su interés de participar o si las que lo hicieren no están inscritos en el padrón (lista ) electoral.

Con la decisión, dijo el INE, se busca atender la directriz de la Sala Superior del Tribunal Electoral de tener una perspectiva de género e intercultural, por lo que se incorporó entre los cinco Centros Federales de Readaptación Social uno femenino y otro de población indígena.

“El voto de las personas en prisión preventiva será un reto muy importante no solo para la autoridad electoral, sino también para las del Estado mexicano, quienes estarán trabajando de forma muy coordinada”, señaló la consejera Claudia Zavala.

México tiene las elecciones más grandes de su historia el 6 de junio, cuando 94 millones de votantes están llamados a elegir a los 500 diputados federales, 15 gobernadores de un total de 32 estados, 30 congresos estatales y 1.900 ayuntamientos.

50 mexicanos enfrentan procesos penales en EU por los que podrían recibir inyecciones letales

miércoles, febrero 24th, 2021

Connacionales esperan revisiones de sus casos o fecha para la ejecución de la pena de muerte en Estados Unidos. Otro medio centenar de compatriotas están sometidos a procesos, cuya consecuencia podría ser la inyección letal. Por cargos de asesinato, violación y robo, 15 mexicanos han sido ejecutados desde 1926 en el país del Norte. En la incertidumbre, la renovación del permiso a la Cancillería para contratar despachos legales y de asistencia en la Unión Americana.

Por Luis Carlos Sáinz

Tijuana, 24 de febrero (Zeta).– Vicente regresó a su tierra luego de 27 años de estar encarcelado y 25 de estos, condenado a la pena de muerte en Estados Unidos. Todo ese tiempo fue culpado del asesinato por violación de una niña de un año nueve meses, hija de su pareja. Un error en la información médica del deceso era la mayor prueba, que, con el paso de los años, expertos se encargarían de aclarar. Con ello, la sentencia fue revocada y el hombre recuperó su libertad. Hoy está con los suyos.

Sin embargo, no todos han tenido el feliz desenlace del hombre originario de Jalisco, que aún robados sus mejores años, le alcanza para disfrutar la vida como quiera.

Desde 1926 hasta nuestros días, 15 mexicanos han sido ejecutados por sentencias que les hicieron responsables de la comisión de delitos registrados en la Unión Americana. A la fecha 50 connacionales se encuentran en el llamado corredor de la muerte, en espera de fecha para ser ejecutados.

En Estados Unidos existen unos 37 millones de mexicoamericanos y migrantes que, a la menor provocación, pueden ser encarcelados en un país que tiene la tasa más alta de personas privadas de libertad, con dos millones 300 mil presos, de los cuales unos 50 mil son extranjeros, y se estima que siete de cada 10 detenidos son de origen mexicano.

Lista de 15 mexicanos ejecutados en EU. Foto: Zeta.

Aunque los nacidos en México que esperan la ejecución de la pena capital son 50, el investigador Juan Alberto Salinas, profesor de Derecho Internacional del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), estima que hay 54 o 55 mexicanos más bajo procesos penales cuya sentencia sería la pena de muerte.

El especialista advierte que México se ha caracterizado por su política de relaciones exteriores proteccionista de los compatriotas que se hallan en el extranjero en cualquier circunstancia, pero en el caso de la privación de la libertad, se cuenta con una muy buena asistencia y atención de los mexicanos en las prisiones, con programas que han funcionado en las últimas décadas, por lo que el arribo de Esteban Moctezuma Barragán como Embajador de nuestro país en EU, despierta cierta incertidumbre en cuanto a su falta de experiencia.

Desde 2001, México implementó un programa de asistencia y protección a mexicanos, particularmente los que podrían ser afectados con la pena de muerte, que en algunos casos ha conseguido conmutar la pena de ejecución por alguna otra de diversa índole, gracias a la asistencia de despachos de abogados que conocen a la perfección la legislación estadounidense. Por desgracia, desde agosto de 2020 venció la autorización para que la Cancillería celebrara contratos con los referidos bufetes jurídicos y la defensa o acompañamiento estaría en peligro.

Con asesoría de ese tipo de despachos, en 2003, México inició un juicio contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la violación del Artículo 36 de la Convención de Viena, ya que cuatro mexicanos habían sido ejecutados, otros 54 estaban condenados a la pena capital y muchos más sin que se les haya informado ni permitido el acceso a la asistencia consular. Entre los ejecutables estaba el tijuanense Carlos Avena Guillén, acusado de asesinar a dos personas en 1981 en California, motivo por el que el asunto se conoció como “Caso Avena”.

En 2004, la CIJ dictó sentencia en favor de México, al comprobarse que efectivamente en 51 de los 54 casos se violaron los derechos de los mexicanos. Sin embargo, el fallo no fue del todo acatado por algunos de los estados del país del Norte, aunque en casos concretos como el de Avena, se consiguió que una Corte Federal anulara la condena de muerte en agosto de 2019, y en otros asuntos, muy pocos, hubiera la modificación o conmutación la brutal condena.

VICENTE

Muchas cosas cambiaron para Vicente, quien estuvo 27 años preso en la penitenciaría de San Quintín, en California. Fue uno de los que gracias al Caso Avena pudo aplazar su ejecución y probar su inocencia. En 2018 fue revocada su sentencia de pena de muerte y exonerado de una grave acusación. Ese año volvió a su tierra natal, que el día en que fue encarcelado, en noviembre de 1991, se llamaba Venustiano Carranza, Jalisco.

Aunque la llama de la justicia nunca se apagó en el corazón del migrante, se llegó a considerar muerto en vida, pero en marzo de 2018 recibió la noticia de su absolución . Foto: Especial, Zeta.

Dos años después, el municipio habría de recuperar el nombre perdido en 1934: San Gabriel.

Del hombre de 42 años que entró a prisión, al de 69 años que volvió a pisar su terruño y pudo conocer a una familia extendida que floreció con hermosas sobrinas y muchos otros parientes que ya no reconocía, muchos llantos derramó entre sus cuatro paredes, como cuando se enteró, en dos fechas diferentes, de la muerte de su padre y de su madre. En agosto de 2018 el retorno de Vicente fue todo un suceso, el pueblo entero hizo fiesta y las autoridades le rindieron un sencillo, pero muy sentido homenaje.

Cuando cumplió su mayoría de edad, el jalisciense que salió movido por el llamado sueño americano jamás pensó verse en las circunstancias que le acompañaron al alcanzar la madurez, menos aún ser parte del corredor de la muerte.

Vicente iba y venía a California, con algunos de sus hermanos. Esperaba con ansia la pizca de uva para trabajar con empeño y juntar los dólares que reportaba a su familia.

El hombre, que ya contaba con dos hijos en 1991, uno de ellos de 23 años y la más pequeñina de 12 años, cambió su destino el 1 de noviembre de esa anualidad en Delano. Se había hecho pareja de una mujer, enfermera de profesión, quien tenía dos hijas, una de 8 años y otra de apenas un año nueve meses de edad. Aquel día infausto, narró en su declaración Vicente, su mujer salió a trabajar por la tarde y quedó a cargo de las menores. Mientras el mexicano cocinaba, la niña más grade salió a la calle a jugar, y más tarde, se dio cuenta de que la puerta principal estaba abierta. Al intentar cerrarla, vio tirada bocabajo a la bebé.

El migrante salió para recoger a la pequeña pensando que se había caído y se dio cuenta que tenía una herida producida por un golpe en la frente. Se percató de la gravedad del caso cuando la niña no recobraba el sentido y “se le iban los ojitos”. Presto, Vicente llevó a la bebé a un hospital, donde no se le brindó una atención adecuada. Después, al agravar, la llevó a otro sanatorio, donde estuvo internada y falleció días después.

Vicente Benavides Figueroa pasó casi 25 años en el “Pabellón de la Muerte” por un crimen que no cometió. Foto: Araceli Martinez, La Opinión.

Los doctores llamaron a autoridades del Condado de Delano para notificarles que la defunción de la lactante se había producido por una fuerte contusión craneal y por abuso sexual. El jornalero fue arrestado bajo los cargos del asesinato por violación y sodomía, por lo que fue llevado a juicio ante una Corte Superior del Estado de California, en el Condado de Kern, donde en junio de 1993 fue encontrado culpable por el Jurado y el Juez le dictó la pena de muerte.

Los años pasaron y Vicente se encontraba en una lista de los extranjeros a ser ejecutados por inyección letal en Estados Unidos. Sin embargo, la fecha de su muerte se fue aplazando, hasta que la Cancillería mexicana, en el nuevo milenio, comenzó a atender los asuntos de connacionales en dicha circunstancia, a través de despachos especializados. Fueron muchos años de batalla legal, con el condenado proclamando su inocencia y el amor que tenía por las niñas de su pareja, a quienes veía como sus propias hijas.

Tiempo después, Vicente fue asistido por la fundación Habeas Corpus Resource Center, con residencia en San Francisco, California, donde lograron hacer válida la declaración de error médico en 2021 sobre el dictamen de necropsia practicada a la fallecida infante. Médicos reconocieron que por error, un médico reportó graves desgarros en la región anal de la víctima, siendo que esas lesiones, al parecer le fueron producidas durante el tratamiento en los días que estuvo hospitalizada.

Aunque la llama de la justicia nunca se apagó en el corazón del migrante, se llegó a considerar muerto en vida, por lo que al recibir la noticia de su absolución en marzo de 2018, ese llanto que creía agotado, regresó, pero de alegría y agradecimiento a Dios, pues es creyente de la religión católica.

Su regreso definitivo a San Gabriel se ha ido aplazando, ya que entabló demanda en contra del Condado de Kern y la ciudad de Delano por su injusto encarcelamiento. El hombre ya no desea más entrevistas.

PENA DEGRADANTE

El investigador Juan Alberto Salinas, profesor de Derecho Internacional en el ITESO, refrenda la posición del Estado mexicano, en el sentido de que la pena de muerte es una violación a derechos fundamentales de toda persona y la práctica estatal así lo refleja. “Somos Estado parte de diversos instrumentos que condenan, no sólo esta práctica por la privación de la vida, sino como pena que eventualmente, en su proceso, también genera una pena degradante y tortuosa a toda persona”, refirió.

El catedrático lamenta que este tipo de castigo penal persista en muchos países del orbe, entre estos, Estados Unidos. También mostró desagrado por el incumplimiento de autoridades de aquella nación a gran parte de la sentencia del Caso Avena, dictada en 2004, cuando se logró que la Corte Internacional de Justicia ordenó se restaurara en sus derechos a 51 mexicanos condenados a la pena de muerte, entre ellos Vicente, el de Jalisco.

Ramiro Hernández Llanas es otro de los mexicanos condenados a la pena de muerte en EU. Foto: Zeta.

“En aquel momento, el Presidente de los Estados Unidos, George Bush, trata por sus medios legales de implementar la sentencia de la CIJ, pero como desde el punto de vista normativo, no tiene el rango de legislación federal y no hay un estatuto para implementar estas decisiones, entonces señalaron algunos estados y pues continuamos con nuestras sentencias”, recordó Salinas.

De entonces a la fecha, siete mexicanos han sido ejecutados por inyección letal, “mayormente, siempre la presencia de este tipo de procesos en el Estado de Texas, que es el de mayor actividad en estos momentos en este tipo de ejecuciones de pena capital, y en el caso vinculado a Avena y los otros connacionales, también encontramos siempre la presencia de Texas.

Roberto Moreno Ramos es otro de los mexicanos condenados a la pena de muerte en EU. Foto: Zeta.

“Según propios datos de la Cancillería, señalaban que todavía tenemos un número importante de mexicanos. Más o menos estiman, en distintos procesos, que lo tienen tanto a nivel estatal, como a nivel federal, a 50 mexicanos. No es menor. Y aún, también en esta parte del proceso estimaban que había aproximadamente 54 o 55 mexicanos con procesos caminando y que podrían tener como consecuencia una sentencia con pena de muerte”, reiteró el profesor.

Sobre el vencimiento de la autorización para que la Cancillería signe contratos con bufetes legales para atender de manera efectiva a los connacionales como lo señala la Convención de Viena, Juan Alberto Salinas señaló que “no se le ha dado un seguimiento pertinente sobre la contratación de un nuevo bloque de despacho o la continuación de los mismos, sí así lo autorizaba la Secretaría de Hacienda, para efectos de continuar con este programa que brinda una atención esencial a los mexicanos”.

En cuanto a la cuestionada eficacia del Estado mexicano en esa defensa y protección consular, “en un ejercicio de reflexión continua sobre la participación de la Red Consular mexicana, yo la considero, por decirlo así, una de las joyas de la corona de la administración pública general. Una de las buenas historias, de las buenas noticias que tenemos aquí en nuestra administración pública federal, porque la Red Consular es extraordinaria en su operación”.

El especialista destacó que la referida red opera con las consideraciones de la independencia que tiene cada Estado para dotar su sistema legal, “pero en verdad, constantemente se la raja en la defensa y en el ejercicio de las funciones que se le confieren desde el punto de vista de nuestra legislación y que se le reconocen en la Convención de Viena, y en ese sentido de un reconocimiento importante.

“En ciertos casos, tienen simple y sencillamente la obligación de procurar la defensa. Eso es importante, el contrato que hacía referencia hace un momento, donde ya fueran abogados, de manera directa, especialistas en la materia, que dieran la atención y la asistencia, y ya nada más la parte del Consulado sería dar el seguimiento y supervisión a ese tipo de supuestos”, concluyó Salinas.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ZETA. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Bukele metió pandillas rivales en una prisión para que se mataran. No sucedió. Hablaron entre ellas

domingo, julio 5th, 2020

Esta semana se han cumplido dos meses desde que miles de miembros activos de la MS-13 y de las dos 18 están conviviendo en las mismas celdas. No ha habido reporte de muertes ni incidentes.

Por Majo Siscar

El Sakvador, 5 julio (elDiario.es).- Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Miles de presos apelotonados uno tras otro, en plena pandemia. Todos con la cabeza rapada, descalzos, sin camiseta, vestidos únicamente con pantalones cortos y hacinados en cárceles que triplican su capacidad. El menor de los problemas era que no se cumpliese la distancia social. Por primera vez en dos décadas, El Salvador decidió juntar en tres de sus prisiones a sicarios de las tres pandillas mayoritarias y enfrentadas a muerte entre sí, la Mara Salvatrucha 13 (MS-13), y las dos facciones de Barrio 18, Sureños y Revolucionarios, que desde el 2002 tenían espacios diferenciados dentro de las prisiones para evitar asesinatos entre ellos.

Esta semana se han cumplido dos meses desde que miles de miembros activos de la MS-13 y de las dos 18 están conviviendo en las mismas celdas. No ha habido reporte de muertes ni incidentes. Un portavoz de la Mara Salvatrucha en El Salvador ha explicado a elDiario.es cómo se ha gestionado en el interior de las prisiones el “castigo” del Gobierno salvadoreño.

“El Estado nos metió así pensando que nosotros íbamos a caer en su juego”, sostiene el hombre vía telefónica, reticente a dar su nombre real por razones de seguridad. Se hace llamar ‘Presente’, su taka o alias en la pandilla.

“Nos metió así pensando que nos íbamos a matar unos con otros, porque somos rivales, creyendo que íbamos generar un caos… Pero somos seres humanos y podemos pensar así que rápido, ligero, nos pusimos de acuerdo”, detalla Presente para describir los meses de convivencia entre sus compañeros y sus rivales: “Y ahí estamos, revueltos pero tranquilos, tenemos reglas y normas entre nosotros”.

Presente habla desde la capital del país, San Salvador, en nombre de toda la organización, incluidos sus homies (compañeros) presos. Nos contacta a través de otro compañero suyo, preso en España. Para poder hablar con Presente pasamos varios filtros, muchas preguntas y varios días hasta llegar al representante designado. En otros momentos, los presos podían, ilícitamente, hacer llamadas desde la cárcel, ahora, desde que los juntaron, les han cortado casi cualquier vía de comunicación con el exterior. Solo les quedan algunos métodos rudimentarios para hacer llegar algún mensaje a los miembros de su organización que no están encarcelados.

A sus 34 años, Presente, como casi cualquier marero vivo de su edad, también ha estado preso. Él cumplió condena en Zacatecoluca, la prisión de máxima seguridad de El Salvador, donde históricamente han encerrado a los líderes de la Mara Salvatrucha 13 (MS13).

La MS13 es la pandilla más grande y violenta del mundo, la que nació en los años 70 en California, y ahora es considerada una organización terrorista internacional. Aunque de cerca se parece más a un ejército de chicos pobres que se enriquecen con el narcomenudeo y la extorsión. En este país de 6.5 millones de habitantes, tan poblado como la Comunidad de Madrid, la MS13 tiene 40 mil miembros repartidos por todo el territorio. Se organizan en los barrios y asentamientos urbanos a través de clicas, la unidad mínima territorial que goza de autonomía operativa y que le rinde cuentas al programa, una mesa regional sobre la que ya se erige la organización nacional o Mesa de la Ranfla.

Las clicas han dividido ciudades y el país entero en miles de fronteras invisibles, donde quien vive en un barrio controlado por una clica de la MS13, aunque no seas parte de la organización, no puede cruzar al barrio contiguo si lo controla una de las pandillas rivales, a riesgo de ser asaltado, golpeado o hasta asesinado.

Con esta ley del terror, cada pandilla se asegura el control de su territorio donde pueden estar tranquilos con sus familias y hasta conseguir prebendas para sus vecinos. Después de 30 años de existencia en muchos barrios, pandillas y vecindario tienen una relación simbiótica, los mareros necesitan al barrio para sobrevivir y el barrio muchas veces necesita a la pandilla. Como ha ocurrido durante la pandemia. Durante el estado de emergencia en El Salvador, los pandilleros han repartido víveres y han impuesto, demasiadas veces de malas formas, que la gente cumpla el confinamiento.

El Gobierno salvadoreño decretó el 15 de marzo el estado de emergencia, que ha mantenido al país confinado durante cerca de tres meses. El cese de la actividad económica, sumado a las tormentas tropicales Cristóbal y Amanda que dejaron 30 muertos y a más de 12 mil 600 personas sin casa, han disparado el hambre en un país donde la tercera parte de su población vive en la pobreza.

“Somos una estructura pensante, los más grandes de aquí, los más organizados y no solo para cosas malas, también para cosas buenas”, dice Presente, quien tiende la mano al Gobierno salvadoreño. La relación entre las pandillas y la administración de Nayib Bukele, que acaba de cumplir un año, es opaca. Los dos gobiernos anteriores del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) intentaron acuerdos con las pandillas para pacificar el país.

En 2012 se negoció una tregua que no llegó a cumplir los dos años. Su fracaso y la implementación de políticas de mano dura tuvo un importante coste para El Salvador. Las pandillas escalaron la violencia hasta convertir el país en el más violento del mundo. Uno de cada mil salvadoreños era asesinado en 2015 y esta tasa casi se duplicaba en la capital, San Salvador.

Desde la llegada de Bukele al poder, los homicidios han descendido en un 60 por ciento, un logro histórico. El gobierno asegura que es gracias a su Plan de Control Territorial, del cual no hay apenas información pública y ha sido puesto en entredicho el último fin de semana de abril, cuando 70 personas fueron asesinadas, casi una cada hora; pese a la restricción de movimientos y con 50 mil policías y militares desplegados en la calle. “Fue un golpe sobre la mesa de las pandillas, que saben que la violencia es su poder de negociación con el Gobierno”, asegura la experta en Seguridad y Violencia, Jeanette Aguilar.

El Presidente Nayib Bukele respondió públicamente con la vieja receta de mano dura. Autorizó a la Policía y al Ejército a disparar a matar. “El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o de la vida de los salvadoreños”, dijo Bukele a través de su cuenta de Twitter, como suele hacer los anuncios oficiales quién se ha ganado a pulso el apelativo del “Presidente millenial”. Ese mismo día decidió juntar en las prisiones a miembros de las tres pandillas mayoritarias y enfrentadas a muerte entre sí. “De ahora en adelante, todas las celdas de pandilleros en nuestro país, permanecerán selladas. (…) Estarán adentro, en lo oscuro, con sus amigos de la otra pandilla”, tuiteó el mandatario. En El Salvador se calcula que, entre todas las pandillas, hay 60 mil miembros, de los cuales l6 mil están presos.

“En las cárceles aguantamos hambre, golpes, nos tratan peor que los animales ya usted ha visto como los andan…”, describe Presente. “Los tiene tan solo en bóxers, sin comunicación, con una puerta sellada para que no les entre ni un rayo de sol al día, todos hacinados, solo con las mascarillas clínicas”, dice el MS-13.

El portavoz de la Mara Salvatrucha sostiene que, aunque hay un área destinada para gente enferma, la saturación dificulta la atención médica. “Si normalmente no se da abasto, ¿ahora? El año pasado murieron muchos hermanos presos de tuberculosis, imagínese con lo que estamos viviendo ahora… uno está como agonizando en vida”, relata Presente. Pide al Gobierno que se replantee la medida.

“Violando nuestros derechos, el país no vive mejor”
“Nosotros como mareros no pedimos nada más que nos respeten los derechos humanos. Somos delincuentes, pero también somos salvadoreños. El gobierno se debería poner a analizar que violando nuestros derechos el país no vive mejor”, dice el marero.

Roberto Valencia, periodista que ha cubierto el fenómeno de las maras durante una veintena, asegura haber accedido a un documento firmado por las tres pandillas para ratificar su convivencia en el interior de las cárceles. “Ahora tenemos una reglas de convivencia dentro de las prisiones”, dice Presente. Cuesta imaginárselo, cuando se trata de pandilleros rivales. Durante años, se han matado unos a otros.

“Sí, esas rivalidades están, pero ahí dentro no le vamos a dar gusto al sistema”, reitera el joven. “Ahí nosotros convivimos. Si ha habido un problema en alguna ocasión en las calles, no se puede reactivar en la cárcel aunque se quiera. No se puede”, añade. Pero, una cosa es la presión. Otra, las calles.

La tregua no se replica afuera. Solo que, durante la pandemia, cada pandilla está viviendo “en tranquilidad, en su territorio”.

Valencia, que entró a grabar en las celdas el pasado mes de mayo, vio como los rivales convivían hasta el punto de llamarse “amigos” entre ellos. “Si me dicen a mi hace unos años que iba a ver eso, apuesto dinero a que no”, explica el periodista.

Articuladas frente a un enemigo común: el Estado
“Desde 2010 hemos visto cómo las pandillas han logrado articularse entre ellas contra el Estado, su enemigo común. Ahora esta decisión en las cárceles puede favorecer más la cohesión de las bases pandilleras, al margen de sus rivalidades históricas”, contextualiza Aguilar.

“Así pasó en la década pasada ante las políticas de mano dura, cuando las pandillas contestaron usando la extorsión hasta convertirse en las redes de economía criminal que son ahora. Si ahora se fortalecen las estructuras pandilleriles desde las prisiones (dónde están muchos de sus líderes), se pueden convertir en estructuras que funcionen como un solo cuerpo frente al Gobierno. Esto dejaría el país en una posición menos favorable, es un mal cálculo de Bukele”, alerta la investigadora Aguilar y da ejemplos de otras intentonas fallidas. Si en algo son buenas las pandillas es en su capacidad de adaptación.

“Nosotros ya teníamos en mente que un día el gobierno podría hacer esto. Pero aquí está muy equivocado con la población que tenemos adentro. Es una decisión caprichosa y no podemos poner nuestro grano de paz nosotros así, el Gobierno en la actualidad nos sigue matando día tras día”, agrega Presente, antes de envíar por Telegram noticias de mareros muertos en manos de la Policía.

En el informe del primer año de gobierno de Nayib Bukele, el Ministro de Seguridad de El Salvador, Rogelio Rivas se congratulaba de sus resultados. “Hemos cerrado un año sin precedentes en la historia de El Salvador en seguridad pública. El mes de mayo fue el más seguro en la historia del país, con 64 homicidios. Y hoy puede ser el segundo día del mes sin ningún homicidio”, decía el jueves 4 de junio. Menos de 24 horas después y a 50 kilómetros de donde se reúne el Ejecutivo, la policía salvadoreña asesinaba a un pandillero apodado El Dreamer, de la Mara Salvatrucha 13 (MS13). No hubo ningún escándalo, ni manifestaciones contra la acción policial, su muerte fueron apenas unas líneas publicadas en prensa.

¿NUEVOS ACUERDOS ENTRE EL GOBIERNO Y LAS PANDILLAS?

Junio se terminó, al igual que mayo, con apenas dos asesinatos diarios en El Salvador, un hecho a celebrar en el mismo país que el último fin de semana de abril asesinaron a una persona cada hora o donde en 2017 se asesinaba a 10 personas al día. Expertos como Aguilar señalan que el descenso se debe a un pacto bajo el agua entre el actual gobierno y las pandillas. Otras dos fuentes off the record apuntan en la misma dirección. Desde la MS13, Presente rehuye hablar de pactos. “Acuerdo así tal vez no hay, pero sí un acto de buena voluntad por parte de nosotros. Nosotros estábamos de manos cruzadas, queríamos ver qué esperanza o oportunidad traía el nuevo gobierno pero ahora llegó su primer año y las cosas no han cambiado para nosotros”, dice.

La propia ONU ha pedido a Bukele que revise sus actitudes autoritarias. Por ejemplo, durante el inicio de la pandemia, dio orden de detener y encerrar 30 días en instituciones gubernamentales a todo aquel salvadoreño que se saltase el confinamiento domiciliar –pese a que el poder judicial se opuso– y se han sucedido las detenciones arbitrarias y los encierros de aquellos que se atrevieran a salir incluso a la gasolinera, durante la cuarentena. No es el único giro militarista, en febrero el presidente quiso forzar una votación en la Asamblea Legislativa –controlada por la oposición– tomando el pleno con soldados y policías armados.

Al cumplir un año de su mandato en junio, Amnistía Internacional (AI) pidió a Bukele, en una campaña pública, un “giro radical” en su mandato y que fortalezca el Estado de Derecho en un país que todavía tiene fresca en la memoria una sangrienta guerra civil de más de 12 años. En la misma línea considera que la nueva política hacia los pandilleros en las prisiones es un “despliegue mediático y propagandístico”. “Mostrar a las personas privadas de libertad en esos contextos de hacinamiento, maltrato y humillación, genera popularidad porque la gente está harta de la violencia, pero no ve que eso es un reflejo del poco respeto a los derechos humanos de este gobierno”, señala Erika Guevara Rosas, directora de AI para las Américas, quien explica que el presidente fomentan una estrategia militar ante cualquier problema social.

Mientras tanto el apoyo popular al presidente se mantiene en más del 90 por ciento y hasta desde la Mara Salvatrucha, Presente se resiste a criticarlo severamente. “Ha hecho mucho por la gente pero a nosotros nos da la espalda” y no descarta que si el gobierno les da su lugar “el acuerdo en las cárceles puede venir aquí a las calles y vivir en paz todos”, concluye Presente y asegura que él quisiera que sus hijos estudiaran y no entrasen en la Mara.

Pero el descenso de los homicidios no ha comportado un debilitamiento de las pandillas, que siguen practicando los mismos niveles de extorsión para financiarse. Solo el confinamiento militarizado durante la COVID-19 habría frenado los cobros ilícitos de las pandillas, que extorsionan desde empresarios hasta cualquier negocio pequeño pasando por los autobuses o los comerciantes ambulantes.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen para América Central y el Caribe las pandillas tendrías pérdidas de ingreso porque gran parte de esta economía no estaba operando y eso les obligaba a cambiar de estrategia. El principal diario salvadoreño en papel, La Prensa Gráfica, pone de ejemplo que los taxistas seguirían pagándoles la extorsión, pero a través de transferencias bancarias.

Desde la Mara Salvatrucha, Presente no quiere hablar de eso aunque entiende que una gran parte de la sociedad salvadoreña les tiene rencor. Otra las asume como parte de sus males. “En nuestras comunidades, la gente está con nosotros, convivimos en armonía”, se atreve a decir el pandillero. Con orgullo, manda fotos de las bolsas de alimentos que han repartido durante la pandemia. Es la cara del otro lado de la actitud de las pandillas durante la pandemia. La cruz se encuentra, por ejemplo, en uno de los vídeos difundidos durante el estado de emergencia que mostraba a unos adolescentes mareros amenazando con un bate a los vecinos que osasen romper la cuarentena. Zanahoria y garrote.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ELDIARIO.ES. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

La ONU-DH alerta por la rápida expansión de la COVID-19 en muchas cárceles de América

martes, mayo 5th, 2020

“Miles de prisioneros y funcionarios de prisiones se han infectado en América del Norte y del Sur”, destacó en rueda de prensa el portavoz de la oficina, Rupert Colville, quien también alertó sobre la violencia que en algunas instalaciones han desatado el miedo al contagio o las medidas de prevención.

Ginebra, 5 may (EFE).- Las malas condiciones de muchas prisiones en el continente americano, ya antes afectadas por problemas como la falta de higiene o el hacinamiento, han contribuido a la rápida expansión de la COVID-19 en muchas cárceles en esa región, alertó hoy la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“Miles de prisioneros y funcionarios de prisiones se han infectado en América del Norte y del Sur“, destacó en rueda de prensa el portavoz de la oficina, Rupert Colville, quien también alertó sobre la violencia que en algunas instalaciones han desatado el miedo al contagio o las medidas de prevención.

Colville citó como ejemplos un motín el 1 de mayo en la prisión venezolana de Los Llanos, en el que murieron de 47 internos, y otro ocurrido la semana pasada en la cárcel peruana de Miguel Castro Castro, que se saldó con la muerte de nueve reclusos.

Además, el 21 de marzo 23 internos murieron cuando las fuerzas de seguridad intervinieron para sofocar un amotinamiento en la cárcel colombiana de La Modelo, y otros incidentes violentos se han registrado en países como Argentina, Brasil, México o Estados Unidos, enumeró el portavoz.

[youtube 3CUZunsOLPU]

Algunos motines se produjeron después de que se prohibieran las visitas de familiares de presos para prevenir los contagios, algo que en ocasiones priva a muchos internos de su principal acceso a la comida.

“La gravedad de los incidentes parece indicar que en algunos casos los Estados no han tomado medidas apropiadas para prevenir la violencia en estas instalaciones penitenciarias, y que han ejercido un excesivo uso de la fuerza para intentar recuperar el control de éstas”, subrayó Colville.

La oficina que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet pidió ante ello la puesta en marcha de investigaciones imparciales y completas de este tipo de sucesos.

El portavoz indicó que en algunos países de la región se practican detenciones de personas que violan las medidas de cuarentena, lo que “incrementa el riesgo de infecciones”.

La oficina pide a los Estados una mejora de las condiciones sanitarias de las prisiones, amplio acceso a los test de diagnóstico, y permitir al menos un mínimo de contacto entre los internos y sus familiares.

En la parte positiva, la oficina de Naciones Unidas dio la bienvenida a los pasos dados por algunos países de la región para liberar a los presos más vulnerables, tales como enfermos crónicos, ancianos, mujeres embarazadas, discapacitados o seropositivos.

América Latina no ha llegado todavía al pico de la pandemia pero la tensión en los penales, muchos plagados desde antes de violencia, corrupción y con auto gobierno de los presos, no para de crecer. Y los motines se multiplican. Foto: AP.

Colville citó a los gobiernos de Perú, Brasil, Ecuador o Bolivia, que ya han aplicado esas liberaciones selectivas o están preparando decretos en ese sentido.

La élite criminal de América Latina busca indulgencia por COVID-19; una de ellas es la hija de “El Mencho”

domingo, abril 26th, 2020

Dada la incertidumbre en torno a la duración de la crisis del COVID-19 en Latinoamérica, queda la duda sobre qué tan “temporales” podrían ser estas concesiones.

Por Eimihin O’ Reilly

América Latina, 26 de abril (Insight Crime).- A medida que la crisis por el coronavirus deja en evidencia las fragilidades de los sistemas penitenciarios de Latinoamérica, miembros de la élite criminal de la región están buscando que se les conceda libertad condicional o arresto domiciliario de manera temporal.

Dada la incertidumbre en torno a la duración de la crisis, queda la duda sobre qué tan “temporales” podrían ser estas concesiones.

A continuación, InSight Crime presenta la lista de los detenidos más destacados que buscan indulgencia por el coronavirus:

ALEJANDRO TOLEDO

El ex Presidente de Perú (2001-2006) está acusado de recibir US$20 millones en sobornos de la constructora Odebrecht, la cual creó una red de corrupción que ha implicado a decenas de las figuras políticas y empresariales más destacadas de Latinoamérica. Toledo fue arrestado en julio del año pasado por agentes estadounidenses en California, donde se encontraba como académico visitante en la Universidad de Stanford. Desde el momento de su arresto, el equipo de abogados de Toledo ha intentado evitar la solicitud de extradición que, de ser aprobada, lo devolvería a Perú.

El 20 de marzo, un juez de Estados Unidos decidió aceptar la solicitud de libertad de Toledo bajo una fianza de un millón de dólares, informó AP. “El temor de la corte era que Toledo huyera del país”, declaró el magistrado Thomas S. Hixson en su decisión, “pero actualmente es difícil realizar viajes internacionales”. En su decisión, Hixson señaló además que Estados Unidos tiene la obligación de regresar a Toledo vivo a Perú. Con una edad de 74 años, Toledo forma parte de la población que corre más riesgo de desarrollar enfermedades graves por el virus.

[youtube nSfRKdCv9yk]

JESSICA OSEGUERA

Jessica Oseguera es hija del narcotraficante mexicano Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Oseguera fue arrestada el 26 de febrero cuando ingresaba a un tribunal estadounidense para asistir a la audiencia de su hermano, juzgado por cargos de narcotráfico. Un gran jurado secreto la había acusado de crímenes financieros.

Oseguera, que posee la doble ciudadanía estadounidense-mexicana, fue acusada de asociación con negocios vinculados al CJNG a los que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había incluido en su lista negra.

El 19 de marzo, el abogado de Oseguera adujo que su clienta podría adquirir el coronavirus en una solicitud para que se la liberara bajo fianza; ofreció como garantía la casa de la tía de Oseguera en California. Sin embargo, según el Courier Journal de Louisville, los fiscales alegaron que Oseguera sobrevaluó deliberadamente la propiedad para engañar al tribunal.

[youtube YjDZz1TyG4E]

El 24 de marzo, la jueza Beryl A. Howell negó la solicitud tras considerar que hay altas probabilidades de que Oseguera se fugue y que su riesgo de enfermar gravemente es bajo, pues solo tiene 33 años.

SERGIO RODRÍGUEZ ORELLANA Y DOUGLAS BUSTILLO

En diciembre pasado, Sergio Rodríguez Orellana y Douglas Bustillo fueron condenados a 30 años de prisión, junto a otras cinco personas, por su participación material en el asesinato, en 2016, de la activista ambiental hondureña Berta Cáceres. En un comunicado de prensa del 7 de abril, la organización fundada y dirigida por Cáceres hasta su muerte, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), “hizo graves denuncias” de presuntos intentos del equipo de abogados de Orellana y Bustillo de conseguir una liberación temporal.

[youtube dH05DchZCFo]

El documento habla de “enormes esfuerzos” para sacar a Bustillo y Orellana de la cárcel por “supuestas razones médicas” y de intentos similares para obstaculizar el caso contra David Castillo. Acusado de orquestar el asesinato cuando se desempeñaba como coordinador de seguridad de la compañía hidroeléctrica Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), Castillo ha enfrentado un juicio con numerosos retrasos, el cual ha estado prácticamente paralizado desde abril del año pasado.

DARÍO MESSER

Dario Messer, comerciante de divisas brasileño, era la figura clave de un esquema internacional de lavado de dinero desmantelado por las autoridades brasileñas como parte de la investigación anticorrupción Lavado de Autos (Lava Jato). Dicha red, que operaba en 52 países, fue valorada en más de US$ mil 600 millones, e involucró a los niveles más altos del poder en la región. El ex Presidente de Paraguay, Horacio Cartes, quien actualmente enfrenta cargos por lavado de dinero, describió a Messer como su “hermano del alma” y supuestamente le envió US$500 mil entre 2013 y 2018.

Messer, de 61 años, argumentó que su edad, así como antecedentes de tabaquismo e hipertensión lo ponen en alto riesgo de enfermar por el coronavirus. Sus abogados también alegaron que podría poner en riesgo a otros reclusos, pues a finales de marzo había sido sometido a cirugía en un hospital donde hay casos confirmados de coronavirus.

Según ABC Color, el Juez federal Marcelo Bretas decidió aceptar la solicitud el 26 de marzo y concedió el arresto domiciliario por razones humanitarias. Sin embargo, Bretas también declaró que “esta medida se volverá a revisar tan pronto como esta emergencia y las circunstancias excepcionales terminen”.

[youtube 3vmwCHoo2x0]

PETER FERRARI

Pedro Pérez Miranda, más conocido por su alias, “Peter Ferrari”, fue el principal capo del oro en Perú; es acusado por las autoridades peruanas de exportar 13 toneladas de oro ilegal, y es buscado por funcionarios estadounidenses por presuntamente haber lavado miles de millones de dólares. Antes del surgimiento del COVID-19, Ferrari había estado recluido en una cárcel de Lima desde enero de 2017, a la espera de la resolución de su caso, que ha avanzado lentamente en los tribunales peruanos.

El 13 de abril, el equipo de abogados de Ferrari presentó un Habeas Corpus ante el Tribunal Constitucional de Lima en el que solicitaron que fuera trasladado a arresto domiciliario con vigilancia electrónica.

[youtube eZtuYyP0V1c]

La moción, que fue publicada por La República, afirma que la continua detención de Ferrari representa “un retraso indebido e inconstitucional, que, debido a la situación de la pandemia actual, podría causar un grave impacto en la salud [de Ferrari], e incluso podría llevar a su muerte”.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE INSIGHT CRIME. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

La Ministra de justicia de Francia, Nicole Belloubet, pide a Google Maps pixelear imágenes de prisiones

martes, octubre 9th, 2018

En Google Maps se encuentra igualmente disponible una vista aérea del centro penitenciario de Réau, en la región parisina, de la que Faïd, capturado de nuevo el pasado 3 de octubre, se escapó el 1 de julio gracias a un comando que secuestró un helicóptero para sacarle de ese lugar.

París, 9 de octubre (EFE).- La Ministra francesa de Justicia, Nicole Belloubet, anunció hoy que ha pedido a Google que pixele las vistas aéreas de prisiones disponibles en Google Maps y Google Earth, entre las que se incluye la de Vendin-le-Vieil, donde está encarcelado Redoine Faïd, quien fuera el fugitivo más buscado del país.

“Creo que no es normal que establecimientos vigilados como las prisiones estén en internet”, indicó en la emisora RTL.

En Google Maps se encuentra igualmente disponible una vista aérea del centro penitenciario de Réau, en la región parisina, de la que Faïd, capturado de nuevo el pasado 3 de octubre, se escapó el 1 de julio gracias a un comando que secuestró un helicóptero para sacarle de ese lugar.

Al ampliar la imagen, se pueden distinguir perfectamente sus diversos edificios e instalaciones deportivas.

Prisiones como la de Baumettes, en Marsella, o la de Bois d’Arcy, en la región parisina, sí están pixeladas.

La titular de Justicia apuntó que su petición todavía no ha sido satisfecha y avanzó que planea solicitar un encuentro personalmente con las personas encargadas de esa gestión en Google para retirar esas imágenes del buscador.

Autoridades de EU posponen ejecución por no encontrar la vena del sentenciado para suministrar la inyección letal

miércoles, noviembre 15th, 2017

El sentenciado previamente fingió sufrir una parálisis corporal para ser trasladado en silla de ruedas a los juzgados donde sometió a una alguacil. La fecha de su ejecución fue reprogramada para el 5 de junio del 2019.

Los verdugos no pudieron encontrar una vena para suministrar la inyección letal a Alva Campbell. Foto: AP

Washington, 15 de noviembre (EFE).- El estado de Ohio (EU) pospuso para 2019 la ejecución prevista para hoy del preso Alva Campbell después de que los verdugos no pudieran encontrar las venas para administrarle la inyección letal.

Campbell, un hombre blanco de 69 años, tiene un delicado estado de salud con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y sus abogados habían advertido de que la ejecución podía generar problemas.

También necesita un andador para caminar y depende de una bolsa de colostomía, según su abogado.

Pasadas las 10:00 horas, los verdugos del Centro Correccional del Sur de Ohio (Lucasville) trataron de insertar líneas intravenosas en ambos brazos de Campbell y en una de sus piernas, pero tras 25 minutos decidieron suspender la ejecución.

Esta es la tercera vez en la historia reciente de Estados Unidos que se detiene una ejecución una vez empezado el procedimiento.

El director de Departamento Correccional y de Rehabilitación de Ohio, Gary Mohr, dijo tras el intento fallido de ejecución que el estado de las venas de Campbell había cambiado desde que fueron examinadas este martes.

En algunas ocasiones, los presos no toman líquidos durante las horas previas a la ejecución para deshidratarse y dificultar el hallazgo de una vena.

El Gobernador de Ohio, John Kasich, reprogramó la ejecución de Campbell para el 5 de junio de 2019.

Campbell ya era un viejo conocido de la Justicia cuando fue detenido en 1997 por un robo a mano armada.

Había cumplido 20 años de cárcel por asesinar a un hombre en un bar en 1972, y desde 1992 gozaba de libertad condicionada.

Una vez detenido, Campbell fingió sufrir parálisis corporal para ser trasladado a los juzgados en una silla de ruedas. Una vez ahí, redujo a la agente del alguacil que lo custodiaba y le robó el arma, consciente de que una nueva condena significaba cadena perpetua, aunque fuera por robo.

En el estacionamiento de los juzgados, Campbell asaltó al joven Charles Dials, de 18 años, que había acudido a pagar una multa de tráfico.

Campbell obligó a Dials a conducir durante unas dos horas hasta que decidió matarlo de un disparo en la cara. Fue detenido tras el asesinato y condenado a muerte un año después.

Drogas, celulares y aparatos electrónicos son hallados en penal de Cuautitlán; destituyen al director

miércoles, noviembre 8th, 2017

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, detalló que en total se aseguraron 632 objetos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Los objetos y droga asegurados en el penal. Foto: FGJEM

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- Cientos de envoltorios de marihuana, asi como otras drogas, celulares, aparatos electrónicos y armas punzocortantes son parte de los más de 600 objetos que encontraron en un operativo realizado en el Centro Penitenciario y Reinserción de Cuautitlán México, en donde destituyeron a su director.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó en un comunicado de prensa sobre el operativo realizado en ocho dormitorios de dicha penitenciaria en donde destituyeron al director y nombraron a José Nava Téllez como el nuevo titular.

El resultado de la citada revisión fue la localización de 446 envoltorios de hierba verde con las características de la marihuana con un peso aproximado de un gramo cada uno, 60 envoltorios de una sustancia color blanco en forma de piedra, 16 envoltorios de un cuarto de gramo de la misma sustancia, 16 gurbias, 16 radios de música, 14 cargadores para teléfonos celulares, 10 Paquetes con hierba verde y seca con apariencia de marihuana, 9 bocinas de audio, 8 teléfonos celulares, 7 fragmentos de metal con punta de diferentes tamaños, 7 dispositivos de manos libres para teléfonos celulares, 6 perfumes, 4 pipas para fumar, 1 lámpara de luz, 1 cautín para soldar, 1 rollo de cinta canela, 1 botella que contenía un litro de un líquido fermentado, 1 desarmador y 1 tijeras de punta, detalló la autoridad.

“La revisión también se le practicó a las mil 193 internos, respetando en todo momento los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad”, segun señala el boletín.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, detalló que en total se aseguraron 632 objetos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público “para que determine la situación jurídica de los imputables y el destino de los bienes y droga asegurados”, apuntó.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), advirtió que en los penales del Estado de México prevalece el autogobierno, lo que propicia actos de tortura y tráfico de sustancias prohibidas, por toque ayer emitió una recomendación dirigida al Gobernador Alfredo del Mazo Maza para acabar con estas prácticas.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) del organismo constató que persisten situaciones apremiantes, que son motivo de riesgo en materia de tortura o maltrato para los internos, en los Centros Preventivos y de Readaptación Social (CERESOS) ubicados en Almoloya de Juárez, Chalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, Otumba, Texcoco, Tlalnepantla de Baz y Valle de Bravo.

Por ello, emitió la Recomendación M-6/2017, dirigida al Gobernador del Estado de México, a quien le solicitó atender aspectos relacionados con instalaciones inapropiadas, sobrepoblación y hacinamiento, autogobierno, deficiencias en instalaciones para mujeres, alimentación inadecuada, falta de programas para la prevención y atención de incidentes violentos y deficiente clasificación y normatividad en dichos centros dependientes de la Secretaría de Seguridad de esa entidad.

Se estima que entre enero y agosto fallecieron 185 personas en custodia, es decir, una persona cada 24 horas.

Entre enero y agosto se registraron mil 22 incidentes violentos en las cárceles del país. Destacan los recientes casos de tortura para extorsión dentro de los penales de Xochicaca y Chiconautla en el Estado de México, así como las riñas en Topo Chico y Cadereyta en Nuevo León.

En los primeros ocho meses del año hubo 515 riñas, 213 agresiones a terceros y siete homicidios en custodia del Estado.

De acuerdo con al Órgano de prevención y readaptación social 14 entidades federativas no tienen capacidad de albergar población penitenciaria. De 401 centros en el país, 159 están sobrepoblados. Asimismo, el 56 por ciento de estos centros podrían tener problemas de autogobierno

“Sólo en la Ciudad de México tenemos registrados 50 incidentes, 12 riñas, seis huelgas de hambre, cinco suicidios y el reciente homicidio de una persona tras una riña en Reclusorio Oriente el lunes pasado”, dijo Bravo.

Actualmente, la Penitenciaria del Distrito Federal cuenta con una sobrepoblación del 143 por ciento , el Reclusorio Sur del 114 porciento, el Reclusorio Norte del 136 por ciento, y el Reclusorio Oriente del 137 por ciento.

Boxeo mexicano abre oportunidad a mujeres presas que aspiran a levantarse de la lona

miércoles, octubre 12th, 2016

Vigiladas por sus guardianes en azul marino, medio centenar de prisioneras con sus reconocibles uniformes en color beige, escucharon las bondades del deporte y del boxeo.

Conferencia en el Centro Federal de Readaptación Social femenino No.16 de Coatlán del Río, en el estado de Morelos. Foto: EFE.

Conferencia en el Centro Federal de Readaptación Social femenino No.16 de Coatlán del Río, en el estado de Morelos. Foto: EFE.

Por José Antonio Torres

Coatlán del Río (México), 12 de octubre (EFE).- Las prisioneras de la cárcel de Coatlán del Río abrieron una ventana a su futuro al sumarse al programa de boxeo que la Comisión Nacional de Seguridad aplicará en 19 prisiones de México.

Vigiladas por sus guardianes en azul marino, medio centenar de prisioneras con sus reconocibles uniformes en color beige, escucharon las bondades del deporte y del boxeo en boca del mismo Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia.

“Es muy importante que participen en acciones deportivas como el boxeo que ayuda mucho a todos… educación, cultura y deporte y que mejor que sea el boxeo que es tan querido por los mexicanos”, aseguró.

Sales precisó que las prisioneras, y en general los reos que participen en este proyecto no necesariamente tienen que subir a un ring a intercambiar golpes.

“No necesariamente tienen que competir, pueden entrenar, pueden practicar la disciplina, creo que eso ayuda muchísimo”, dijo Sales en la presentación de programa en el Centro Federal de Readaptación Social femenino No.16 de Coatlán del Río, estado central de Morelos.

El programa se celebrará con el apoyo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que preside el mexicano Mauricio Sulaimán, mediante su estructura deportiva formada por jueces, entrenadores, médicos y ex boxeadores que aconsejarán a las prisioneras.

Fue el ex campeón de peso gallo del CMB, Carlos “Cañas” Zárate, padrino del programa, quien les dijo que el deporte del pugilismo les ofrece una posibilidad para volver a vivir en libertad y con sus familias.

El torneo tendrá lugar en 18 cárceles del país además de en el penal de las Islas Marías, en el Pacífico, confirmó Sulaimán al señalar que el deporte del boxeo puede verse como una ventana de oportunidades para los reclusos.

“Es una ventana en su celda, es hacer deporte y eso te permite mejores tratos, te permite que la familia se acerque, no tiene nada negativo”, aseguró el titular del CMB, entidad fundada en 1964.

Ante un público formado por presas, vigilantes, policías federales e invitados, Sulaimán les dijo a todos que el boxeo ofrece siempre la oportunidad de levantarse de la lona, lo que puede compararse con la desgracia de caer en prisión.

El lanzamiento del programa de boxeo alteró la tranquilidad de la prisión de Coatlán del Río, una fortaleza del tamaño de 100 hectáreas (un millón de metros cuadrados), que alberga a mil 258 prisioneras.

Construida y administrada por grupo Carso Morelos, sin ser una prisión de máxima seguridad, la de Coatlán cuenta con los sistemas más modernos en materia de seguridad tanto para los internos como para sus visitantes.

Los boxeadores y sus acompañantes entraron a la prisión sin teléfonos móviles y prácticamente sin carteras ni dinero y las cámaras fotográficas fueron revisadas al final de la visita para asegurarse de que no se tomaron fotografías a las prisioneras.

“Es por un asunto de derechos humanos”, señalaron los guardias sobre la prohibición de fotografiar a las presas con su uniforme de pantalones y blusa en color beige y todas con el pelo recogido.

Al final disfrutaron de una exhibición de boxeo con dos luchadores que son miembros de la policía federal de México, y escucharon los primeros consejos para su entrenamiento. La presentación terminó con canapés en sus manos.

Reos en México carecen de mecanismos para denunciar abusos en prisiones: CIDH

viernes, octubre 16th, 2015

La CIDH detectó casos en los que reas de las prisiones femeniles pueden pasar hasta tres meses en celdas de castigo. Enfatiza la falta de información que existe sobre este tema.

Uno de los reclusorios visitados por el representante de la CIDH fue el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla. Foto: Cuartoscuro

Uno de los reclusorios visitados por el representante de la CIDH fue el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- México carece de un órgano imparcial e independiente que permita hacer frente al hacinamiento, corrupción, indebida atención médica, falta de privacidad, ausencia de oportunidades reales para la reinserción social y maltrato por parte del personal en cárceles estatales y federales, concluyó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Comisionado James Cavallaro, en calidad Relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad y Relator de país, realizó una visita de trabajo a México entre el 22 y el 24 de septiembre, que tuvo como objetivo monitorear la situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad en este país, además de realizar actividades relativas a los mecanismos de soluciones amistosas y seguimiento de peticiones y casos.

El Relator visitó el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano” (CEFERESO No. 1), en el Estado de México, así como el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha, el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y el Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Oriente, en el Distrito Federal.

En su visita al Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha, el Relator observó condiciones “deplorables” en las celdas de castigo utilizadas, y especialmente por el prolongado tiempo de aplicación de este tipo de sanciones. Al respecto, una de las internas refirió llevar encerrada tres meses en celdas de castigo; este periodo de tiempo fue también confirmado por las autoridades. Por su parte, en su visita al Recurso Preventivo Varonil Oriente, se comprobó que este contaba al día de la visita, con una población de 12 mil 883 personas privadas de libertad, cuando su capacidad es para 5 mil 604 personas.

LAS CONSECUENCIAS DE LA FUGA DE “EL CHAPO”

El penal de máxima seguridad del Altiplano. Foto: Cuartoscuro.

El penal de máxima seguridad del Altiplano. Foto: Cuartoscuro.

Según la información recabada por la Relatoría, los reclusorios federales presentarían mejores condiciones físicas y más control, pero también un ambiente de extrema represión. “En este sentido, se caracterizan por la utilización de prolongados regímenes de aislamiento, hasta por 23 horas al día, restricción de comunicación entre internos y graves dificultades para tener contacto con el exterior.

En particular, la Relatoría recibió testimonios sobre los hechos ocurridos el 19 de septiembre del 2015 en el CEFERESO, cuando fuerzas federales de seguridad habrían ingresado y sacado de forma violenta a los internos de sus celdas, a fin de quitarles sus mini televisores y relojes personales. Esta situación, junto con otras inconformidades relacionadas con sus condiciones de detención como el prolongado encierro por 22 o 23 horas diarias en celdas que miden 2 por 3 metros en las que se encuentran dos o tres personas, habría dado pie a una huelga de hambre iniciada ese mismo día”.

En el caso del CEFERESO del Altiplano, desde la fuga del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, el 12 de julio de este año, tanto familiares como abogados de los reclusos han denunciado que en el penal se ha recrudecido la represión en contra de los internos, quienes, incluso, publicaron un desplegado en distintos diarios para protestar por la situación.

De acuerdo con el informe de la Relatoría, la CIDH observa con preocupación lo manifestado por organizaciones de la sociedad civil, respecto de la falta de disponibilidad de información sobre lo que pasa en este tipo de reclusorios.

Advierte que en los penales federales y estatales en México se presentan patrones comunes y estructurales, tales como hacinamiento, corrupción, indebida atención médica, falta de privacidad, ausencia de oportunidades reales para la reinserción social, maltrato por parte del personal penitenciario a cargo de la custodia de las personas privadas de libertad, e imposibilidad de éstas para presentar quejas ante un órgano independiente que cumpla con los estándares de independencia e imparcialidad reconocidos.

Asimismo, la Comisión observa que se presenta en gran medida un uso excesivo de la prisión preventiva y la falta de aplicación de medidas sustantivas. “En particular, en la visita a los centros realizada por esta Relatoría, se recibieron numerosos testimonios de personas cuyos casos habrían excedido ampliamente el límite constitucional de dos años para la aplicación de la prisión preventiva. La Relatoría también observó que las personas procesadas y sentenciadas compartirían las mismas celdas y se encontrarían en las mismas áreas comunes”.

Esta semana, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer también un informe en el que destacó que existe un problema de sobrepoblación en los penales del país, lo cual afecta no sólo la rehabilitación y reinserción de internos, sino que además les mina la posibilidad de una vida digna y no permite generar buenas prácticas en el sistema penitenciario.

El documento llamado “La Sobrepoblación en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana. Análisis y Pronunciamiento” expone que actualmente hay una sobrepoblación penitenciaria del 25.4 por ciento, lo que significa que en las 388 prisiones mexicanas hay capacidad para 203 mil 084 personas, pero habitan en ella 254 mil 705 internos. Por tanto existen 51 mil 621 presos que no cuentan con un espacio óptimo de habitabilidad.

Ruth Villanueva, Tercera Visitadora General de la CNDH, advirtió que la sobrepoblación en las cárceles “es resultado del uso desmesurado de la prisión, que incluye rezago judicial, el cual se refleja en que casi el 50 por ciento de la población interna es procesada, así como la imposición de penas excesivas, a veces sin la posibilidad de medidas cautelares, o el otorgamiento de libertades anticipadas, y la falta de utilización de penas alternativas o sustitutivas de la pena privativa de libertad”.