La continuación de la audiencia inicial será este miércoles para que el Juez federal resuelva si vinculará o no a proceso a estos exfuncionarios penitenciarios.
Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un Juez federal la vinculación a proceso de 18 exfuncionarios penitenciarios por su presunta responsabilidad en los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, además de asociación delictuosa.
Ganther Alejandro Villar Ceballos, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, declaró improcedente el alegato de prescripción con el que la defensa de los del sistema penitenciario federal intentó cancelar la imputación en su contra por irregularidades en los procesos de adjudicación, contratación y construcción de ocho Centros Penitenciarios durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Este miércoles, se llevará a cabo la continuación de la audiencia inicial para que el Juez resuelva si vinculará o no a proceso a estos exfuncionarios penitenciarios.
Los exfuncionarios son señalados de presuntamente haber pagado un sobreprecio de 62 mil 840 millones de pesos en ocho contratos en los que se invirtieron 270 mil millones de pesos para la construcción ocho Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), ubicados en Michoacán, Sonora, Durango, Guanajuato, Chiapas, Oaxaca, Coahuila y Morelos.
Los exfuncionarios son señalados de presuntamente haber pagado un sobreprecio de 62 mil 840 millones de pesos en ocho contratos en los que se invirtieron 270 mil millones de pesos para la construcción ocho Centros Federales de Readaptación Social. Imagen ilustrativa. Foto: Gabriela Pérez, Cuartoscuro.
Por este mismo caso, en 2020, un Juez libró una orden de aprehensión contra Genaro García Luna, entonces Secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, por la firma de los ocho contratos por adjudicación directa.
En tanto, la FGR imputa por delito de asociación delictuosa a Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, exdirector de adquisiciones de los centros federales; a Gonzalo Villarreal Guerra, y Arturo Sosa Viderique, exdirector general de administración del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (Oadprs).
Mientras que los señalados por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades son exfuncionarios del Oadprs, Javier de Haro Alva, Antonio Corona Rodríguez, Jannet Miriam Martínez Sánchez, María Lidia Alcantar Vargas y Celina Oseguera Parra, y el coordinador de centros federales, el General Sergio Alberto Martínez Castuera.
Las autoridades de Ecuador han culpado de la creciente violencia a las dos organizaciones criminales más grandes de México: el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los acusan de estar proporcionando armas y dinero en efectivo a sus socios elegidos dentro y fuera de las prisiones.
Por Chris Dalby
Ciudad de México, 27 de diciembre (InsightCrime).- El aumento de la violencia en Ecuador ha mostrado una trayectoria ya conocida: la presencia de más cocaína significó más dinero en efectivo y más armas para las pandillas. El Gobierno, enfocado en controlar la pandemia de COVID-19, no logró contener el creciente conflicto, especialmente en el hacinado sistemapenitenciario del país. La diferencia en Ecuador durante 2021 fue que todo esto sucedió más rápido que en cualquier otro lugar del continente.
Esta espiral inició el 28 de diciembre de 2020, cuando Jorge Luis Zambrano González se encontraba en la cafetería de un centro comercial con su esposa y su hija en Manta, una ciudad en la costa central de Ecuador. El hombre, conocido como Rasquiña, había salido de prisión de manera anticipada seis meses antes, después de pasar casi ocho años tras las rejas por delitos relacionados con narcotráfico.
Desde 2011, a pesar de estar en prisión durante la mayor parte de este periodo, Rasquiña había supervisado el crecimiento de la banda de narcotraficantes más grande y sofisticada de Ecuador, Los Choneros. Desde que surgieron como una pandilla de microtráfico en la ciudad de Chone, al occidente del país, de donde viene su nombre, Los Choneros empezaron a crecer y llegaron a controlar el transporte de numerosos cargamentos de cocaína desde Colombia hasta los puertos de Ecuador en el Pacífico.
A medida que el perfil del grupo fue creciendo, se fue convirtiendo en objetivo de las autoridades. Muchos de sus miembros, entre ellos Rasquiña, fueron arrestados, por lo que se convirtieron en una pandilla carcelaria. Usando sus celdas como cuarteles fortificados, controlaban las acciones en las calles. Las cárceles se convirtieron también en un campo de reclutamiento de nuevos integrantes. Hacia 2020, Los Choneros ya tenían unos 12.000 miembros dentro y fuera de las prisiones.
Mientras los gobiernos estaban ocupado en controlar la pandemia de COVID-19, el narcotráfico iba en ascenso más rápido que en cualquier otro lugar del continente. Foto: Cuartoscuro
Pero la ambición de Rasquiña se expandió más allá del control de los cargamentos de cocaína. Las actividades de Los Choneros empezaron a incluir asesinatos por contrato, extorsión, tráfico de armas y otras acciones.
Cuando fue liberado en junio de 2020, Rasquiña sabía que era un hombre buscado. Había pretendientes al trono de Los Choneros. El día de su asesinato en Manta tenía tres guardaespaldas, que se dirigieron al centro comercial en un automóvil aparte. Dos de ellos protegían a su familia, y uno se quedó con él.
Pero aquellas medidas no fueron suficientes. En un momento en que Rasquiña estaba sólo con su guardaespaldas, un asesino le propinó tres disparos.
Cuatro días después, llegaría el 2021, año en que comenzó la desgracia de Los Choneros. Y también la de Ecuador.
LA FRAGMENTACIÓN DE LAS PANDILLAS
Los Choneros eran socios codiciados por quienes pretendían aprovechar la posición de Ecuador como un importante punto de tránsito de cocaína. Si bien su base era originalmente la ciudad portuaria de Manta, la pandilla conformó una fuerte presencia en todo el país, tanto dentro como fuera de las prisiones, con el fin de garantizar la pronta entrega de los cargamentos de cocaína desde la frontera sur de Colombia hasta las ciudades portuarias, como Guayaquil. Desde allí, las drogas eran subidas a contenedores o contrabandeadas a Estados Unidos y Europa. La banda también utilizaba la subcontratación criminal, conformando subgrupos para manejar negocios de manera local, como los Chone Killers en Guayaquil y los Tiguerones en Esmeraldas, cerca de la frontera con Colombia.
Esta infraestructura fue lo que llamó la atención del Cartel de Sinaloa. Según el Washington Post, Los Choneros podían trasladar cargamentos de cocaína dirigidos al legendario grupo mexicano, desde la frontera con Colombia hasta el puerto de Guayaquil, en sólo seis horas.
Ese flujo no ha hecho más que crecer. Dado que la producción de cocaína en Colombia ha alcanzado niveles récord en 2021, lo mismo ha sucedido con las incautaciones en Ecuador. De enero a diciembre de 2021, el país incautó casi 192 toneladas de cocaína, frente a 120 toneladas en 2020.
Pero esta situación generó mucha competencia. Y tras el asesinato de Rasquiña, se derrumbó gran parte de la fuerza unificadora que quedaba al interior de Los Choneros.
Los Choneros tenían una fuerte presencia en todo el país, tanto dentro como fuera de las prisiones. Las subpandillas se rebelaron con masacres en tres de las prisiones más grandes del país. Foto: AP
Los grupos que antes defendían a capa y espada el territorio de Los Choneros en Ecuador cambiaron repentinamente de bando. Los Tiguerones y los Chone Killers, por ejemplo, se pusieron del lado de Los Lobos para conformar un frente unido contra Los Choneros.
Lo mismo sucedió dentro del sistema penitenciario, especialmente en la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil, que se convirtió en el foco de la violencia carcelaria de Ecuador este año. En febrero, cuando las subpandillas de Los Choneros se rebelaron por primera vez, se presentaron masacres en tres de las prisiones más grandes del país. En el Litoral hubo la mayor cantidad de muertos, 34 en total. En septiembre, 119 más murieron en el Litoral en un sólo día, cuando Los Choneros y Los Lobos se enfrentaron nuevamente. En noviembre, hubo otras 68 muertes.
“Los Choneros como unidad cohesiva ya no existen. Se han fragmentado en cinco grupos, los Chone Killers, los Tiguerones, Los Lobos, los Águilas y los Fatales”, dijo a InSight Crime una alta fuente oficial en Guayaquil, quien pidió el anonimato debido a que no tenía la autorización para hablar sobre el tema.
José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, es el actual líder de lo que queda de Los Choneros y parece tener la lealtad de los Águilas y los Fatales. El problema es que Fito está recluido en el Litoral, al igual que sus peores enemigos. A principios de octubre, Fito presuntamente recibió una herida en el brazo en medio de un motín más pequeño. A mediados de noviembre, su hija y un amigo de ella fueron secuestrados por personas cuya identidad no se conoce hasta la fecha.
Estas tres masacres, en conjunto con otras pérdidas de vidas a menor escala, han llevado a que en el litoral murieran más de 330 prisioneros en 2021.
CULPABILIZANDO A LOS MEXICANOS
No hay un gran secreto que explique el aumento de la violencia en Ecuador. En 2019, el país incautó 79 toneladas de drogas, en su mayor parte cocaína, y 128 toneladas en 2020. De enero a mediados de octubre de 2021, se incautaron 146 toneladas. En tanto la región lucha contra una producción récord de cocaína, Ecuador es una “superautopista” muy conveniente para llevarla por todo el mundo.
Ecuador lucha contra una producción récord de cocaína y con ser una “superautopista” para llevarla por todo el mundo. Foto: Insight Crime
Las autoridades ecuatorianas han culpado de esta violencia a las dos organizaciones criminales más grandes de México. Dicen que los dos grupos, el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), están proporcionando armas y dinero en efectivo a sus socios elegidos dentro y fuera de las prisiones.
“Ya no nos enfrentamos a la delincuencia común sino a los más grandes cárteles de la droga de todo el mundo”, dijo el Presidente Guillermo Lasso en una alocución ante la nación el 15 de noviembre. “Ecuador se encuentra bajo una grave amenaza externa por el ataque de las mafias del narcotráfico”.
Algunos exfuncionarios han hecho eco de estas afirmaciones, señalando fallas oficiales como la causa del problema.
“El nivel de corrupción es tan alto, que el personal y los funcionarios de la prisión son totalmente corruptos y los prisioneros son quienes dirigen la cárcel”, dice Mario Pazmiño, exjefe de inteligencia militar de Ecuador, en un informe de The Guardian.
Pero la participación real de los principales carteles de México en Ecuador es difícil de comprobar. Está claro que los grupos mexicanos necesitan socios. Además, el armamento de alto calibre que llega a manos de Los Choneros y Los Lobos, así como las conexiones necesarias para mover las colosales cantidades de cocaína que pasan por Ecuador, apuntan a que existe cooperación entre estas organizaciones criminales. Además, antes de la explosión de la violencia, Los Choneros tenían una conocida sociedad con el Cartel de Sinaloa.
La participación real de los principales carteles de México en Ecuador es difícil de comprobar, aunque se sabe que Los Choneros tenían una conocida sociedad con el Cartel de Sinaloa. Foto: Cuartoscuro
También es muy probable que el CJNG hiciera alianzas con los rivales de Los Choneros y les ayudaran a armarse para pelear por el control de las mejores rutas del narcotráfico en Ecuador. Varios informes de medios ecuatorianos señalan que Los Lobos, los Tiguerones, los Chone Killers y los Lagartos aparentemente se han unido bajo el nombre de Nueva Generación, en honor a sus supuestos socios del CJNG. InSight Crime no pudo confirmar hasta qué punto este nombre es realmente utilizado por las pandillas.
“Es claro que hay cierto nivel de cooperación (con los carteles mexicanos)”, dijo una fuente diplomática extranjera en Guayaquil, que pidió mantenerse en anonimato por razones de seguridad. “De Guayaquil están saliendo contenedores con cocaína, y regresan llenos de efectivo y armas”.
Pero estos acuerdos eran flexibles y volátiles. Tomemos el caso de Telmo Castro, el “hombre del Cartel de Sinaloa en Ecuador” que fue clave para la conformación del puente de cocaína entre la organización criminal mexicana y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Después de que Castro fue asesinado en la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil, en diciembre de 2019, la investigación de InSightCrime descubrió que el Cartel de Sinaloa dejó de recurrir a los operadores que permanecían fijos en Ecuador. Por el contrario, enviaban pequeños grupos de operadores que establecían la logística de tráfico con otros grupos y luego se marchaban. Dejar de hacer esto para respaldar a una pandilla específica y proveerle armas para que librara violentas guerras contra sus rivales, representaría una gran escalada y un cambio de estrategia.
El CJNG podría haber hecho lo mismo, gracias a su alcance y sus finanzas. Los recientes arrestos de ciudadanos mexicanos en Ecuador confirman esas conexiones con el narcotráfico, pero no en la medida que se sugiere en relación con las masacres en las prisiones.
Las autoridades sospechan que el CJNG hizo alianzas con los rivales de Los Choneros y les ayudan a armarse para pelear por el control de las mejores rutas del narcotráfico en Ecuador. Foto: Cuartoscuro
Al igual que en Colombia y Venezuela, la huella del crimen organizado mexicano en Ecuador sigue siendo difícil de determinar. En marzo, algunos agentes del ejército hablaron de 13 grupos a lo largo de la frontera entre Ecuador y Colombia que tienen conexiones con el crimen organizado mexicano, pero no dieron mayores detalles sobre el tema.
Para Arturo Torres, periodista local con amplia experiencia en el cubrimiento del crimen organizado en Ecuador, esto no es nada nuevo.
“Las investigaciones policiales no han demostrado de manera concluyente cómo operan las relaciones entre las pandillas ecuatorianas y los carteles mexicanos”, dijo Torres a InSight Crime, agregando que la policía se ha centrado tanto en las incautaciones de drogas que las investigaciones de largo aliento sobre los carteles mexicanos parecen haberse quedado rezagadas.
Las conexiones internacionales se extienden más allá de México. El crimen organizado albanés tiene huellas y vínculos con la violencia en Ecuador, al igual que narcotraficantes de otros países balcánicos, como Serbia, Montenegro y Kosovo. La ‘Ndrangheta italiana supuestamente tiene cierta presencia, mediante la vigilancia de sus propios cargamentos frente a las incautaciones en Guayaquil, aunque probablemente en menor medida que las conexiones en el puerto de Santos, Brasil.
Agentes del ejército hablaron de 13 grupos en la frontera entre Ecuador y Colombia que tienen conexiones con el crimen organizado mexicano. Imagen ilustrativa. Foto: Cuartoscuro.
Para algunos expertos, sin embargo, es erróneo considerar que esta situación es completamente nueva. “La violencia en Ecuador no es inaudita. Tuvimos un pico de violencia a principios de la década de 2000 […] cuando hubo una tasa de homicidios similar a la de México. En ese entonces, hablamos mucho sobre pandillas como los Latin Kings y los Ñetas en ciudades como Guayaquil”, recuerda Carla Álvarez, experta en crimen y seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) de Ecuador.
¿ES HORA DE UN PLAN ECUADOR?
Al Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, no le ha tocado jugar con las mejores cartas. Asumió el poder en mayo de 2021, cuando la tasa de homicidios ya venía aumentando, al igual que las incautaciones de drogas en Guayaquil y en otros lugares del país. Para colmo de males, se acababa de imponer un confinamiento debido a la COVID-19, pues el país se había convertido en ese momento en una de las áreas más afectadas del mundo.
Al principio, su respuesta no parecía ser muy diferente de las que se habían dado anteriormente. En el mes de octubre, desplegó a miles de militares y policías para “garantizar la seguridad”. Esa estrategia ya se había intentado antes: en 2019, se suponía que los soldados debían proteger el exterior de las prisiones, mientras que la policía garantizaba la seguridad al interior. Esta estrategia no funcionó.
Las crisis fundamentales permanecen. El hacinamiento en las cárceles es de más del 30 por ciento, lo que facilita el reclutamiento de nuevos miembros. Las prisiones carecen de personal y los guardias son mal remunerados; según informes de prensa, en 2019 sólo había mil 500 guardias para atender a 40 mil prisioneros en todo el país.
Los funcionarios están en lo cierto. En agosto, el Gobierno prometió que invertiría 75 millones de dólares en las prisiones durante los próximos cuatro años, en comparación con los míseros 665 mil dólares en 2020. Los observadores, sin embargo, son incrédulos.
“No pueden solucionar la sobrepoblación carcelaria. Ellos controlan los muros, pero no las prisiones”, le dijo a InSight Crime una fuente del Gobierno.
El Plan Ecuador hace referencia a la estrategia liderada por EU para combatir a los carteles de la droga en Colombia entre 2000 y 2015. Imagen ilustrativa. Foto: Cortesía Sedena
“Los superan en armas”, afirma Torres, el periodista, refiriéndose al Gobierno. Los Choneros y sus grupos cuentan con 12 mil miembros, según informes de prensa, y Los Lobos y sus aliados tienen otros ocho mil. Recientemente, el Presidente Lasso ha buscado ayuda internacional.
“Necesitamos el apoyo internacional de Estados Unidos, Colombia y la Unión Europea de manera crucial”, dijo a la BBC durante la cumbre climática de las Naciones Unidas en Glasgow. “Es hora de un Plan Ecuador”.
El Plan Ecuador hace referencia al Plan Colombia, la estrategia liderada por Estados Unidos para combatir a los carteles de la droga en Colombia entre 2000 y 2015. A dicho plan se le ha atribuido el aumento de la presión sobre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que llevó a su eventual desmovilización. Pero este plan también ha dejado una estela de graves violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos masivos y procesos judiciales muy lentos para quienes cometieron actos criminales de manera generalizada.
“La cooperación de Estados Unidos contra el narcotráfico en América Latina se ha caracterizado por un fuerte componente militar y policial. Pero esta no es la forma más eficiente de realizar esta tarea. Si lo fuera, el Plan Colombia y las siete bases estadounidenses ubicadas en ese país habrían terminado con este negocio ilícito […] Si el Plan Colombia no logró reducir la producción de coca en un solo gramo… por qué habríamos de esperar que lo hiciera en Ecuador”, apunta Álvarez.
Existen preocupaciones similares en torno a este tipo de esfuerzos en Ecuador. En una ocasión, Associated Press descubrió que la policía sabía que los grupos estaban planeando un ataque, después de que este se produjo. El día de la masacre, en horas de la mañana, tres hombres fueron capturados cuando intentaban ingresar armas de fuego, granadas, dinamita y municiones a la Penitenciaría del Litoral.
El Presidente de Ecuador ha buscado ayuda internacional para combatir el narcotráfico. Imagen ilustrativa. Foto: Cuartoscuro
En noviembre, después de la masacre más reciente en el sistema penitenciario, Lasso reemplazó al jefe de penitenciarías, dijo que el ejército crearía “corredores” dentro de las prisiones, que planeaba liberar a miles de delincuentes menores y que comenzaría la mediación con las pandillas. Además, extendió un estado de emergencia que permite tomar estas medidas y que se asignen más fondos a las prisiones de manera inmediata.
UNA VIOLENTA CORTINA DE HUMO
Para Torres, es comprensible enfocarse en las pandillas carcelarias, pero ello abarca solo una parte de todo el problema.
“Las guerras entre pandillas en las cárceles son una distracción. El fenómeno del narcotráfico tiene otros focos además de la guerra entre Los Choneros y Los Lobos”, explica Torres.
En primer lugar, si bien la mayor parte de la cocaína se confisca en Guayaquil, otra gran parte cruza por otras provincias, dejando un rastro de violencia a su paso.
Esmeraldas se convirtió en un punto estratégico tanto en el Océano Pacífico como en la frontera con Colombia donde el tráfico de drogas ha trastocado la vida de los residente. Foto: Insight Crime
En Esmeraldas, un punto estratégico tanto en el Océano Pacífico como en la frontera con Colombia, el tráfico de drogas ha trastocado la vida de los residentes, dado que los remanentes de las FARC se han apoderado del territorio que fue abandonado después de la desmovilización de la guerrilla. De hecho, antes de la desmovilización de las FARC en 2016, muchas comunidades de Ecuador ubicadas cerca de la frontera dependían de las economías criminales transfronterizas para su subsistencia. En 2021, hay grupos más pequeños de disidentes de las FARC que les ofrecen alternativas más violentas, y el Gobierno no ha intervenido.
Sucumbíos, una remota provincia en el noreste de Ecuador que también limita con Colombia, se ha convertido en un santuario para los traficantes desde 2019. Por esta apartada frontera con poca presencia estatal fluyen drogas, bienes de contrabando, minerales, combustible, armas y migrantes.
Las incautaciones de drogas de varias toneladas son ya frecuentes tanto en Esmeraldas como en Sucumbíos.
Esto está en parte relacionado con la situación socioeconómica. Tanto en Esmeraldas como en Sucumbíos, según estadísticas del Gobierno, cerca de la mitad de la población vive en la pobreza. Los pescadores, por ejemplo, han sido puestos al servicio de las bandas de narcotraficantes para que les ayuden a transportar drogas al mar, a menudo hasta embarcaciones más grandes que llevan los cargamentos hacia el norte.
“¿Qué pueden hacer?”, pregunta Torres. “Si trabajar con los delincuentes es la única forma de ganarse la vida, por supuesto que lo harán”.
Sucumbíos se ha convertido en un santuario para los traficantes desde 2019; por ahí fluyen drogas, bienes de contrabando, minerales, combustible, armas y migrantes. Foto: Insight Crime
Esta misma cárcel protagonizó un motín en donde fallecieron casi 120 personas y otras 80 resultaron heridas. Tras los incidentes, el Presidente del país, Guillermo Lasso, decretó el estado de excepción en el sistema carcelario de Ecuador.
Guayaquil, 24 de octubre (Europa Press).- Las autoridades penitenciarias de Ecuador han confirmado este sábado el hallazgo de siete presos ahorcados en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, el mismo lugar donde a finales de septiembre se produjo un motín en el que murieron casi 120 reclusos.
Los cuerpos se encontraban colgados dentro del área de visitas íntimas de la prisión. Según las investigaciones iniciales, los reclusos se habrían suicidado.
El pasado 14 de octubre, cuatro presos fueron encontrados en las mismas circunstancias en la cárcel del Litoral, donde existe una disputa entre bandas de narcotraficantes, como en otras prisiones del país, recoge el diario ecuatoriano El Universo.
El enfrentamiento entre bandas delincienciales propició que se decretara estado de excepción en todo el sistema penitenciario. Foto: Angel DeJesus, AP
Esta misma cárcel protagonizó unos días más tarde un motín a cuenta del que fallecieron casi 120 personas y otras 80 resultaron heridas. Tras los incidentes, el Presidente del país, Guillermo Lasso, decretó el estado de excepción en el sistema carcelario de Ecuador.
Además, este lunes el mandatario ha declarado el estado de excepción en el país con el fin de combatir la reciente ola de violencia, delincuencia e inseguridad derivada del narcotráfico.
La Penitenciaría del Litoral será el primer centro penitenciario intervenido por las autoridades dentro del plan de acción para controlar la situación de inseguridad en las prisiones ecuatorianas, según avanza el medio El Telégrafo.
García Harfuch expuso que el proceso busca transferir el Sistema Penitenciario de la Segob a la SSC para tener un control más efectivo de los Centros Penitenciarios.
Ciudad de México, 23 de julio (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se envió una iniciativa al Congreso capitalino para que el Sistema Penitenciario pase a ser cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Durante la conferencia de la mandataria capitalina estuvo presente el titular de la SSC, Omar García Harfuch, quien indicó que este proceso busca transferir el Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno (Segob) a la SSC.
“Desde hace tiempo estamos haciendo un proceso para cambiar el sistema penitenciario de la Ciudad de México al sistema penitenciario nacional, como está en todas la entidades y a nivel nacional. Es un proceso gradual, pero requiere un cambio en la Ley Orgánica de la Ciudad de México y hemos enviado una iniciativa ayer para hacer este proceso, que tiene beneficios para la seguridad, las personas privadas de su libertad, sus familias y las personas que trabajan en el sistema”, dijo Sheibaum.
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Por su parte, García Harfuch aseguró que el cambio representa un paso hacia la consolidación del sistema, con el objetivo de dar carrera a los trabajadores y mejorar la calidad de vida de los internos.
“Esto representa un paso firme para la consolidación del sistema penitenciario, es un fortalecimiento institucional de manera gradual, pero ese es el objetivo, fortalecer el sistema penitenciario, dar un proyecto y un servicio de carrera, mejorar la calidad de vida de los internos y sus familias”, expuso el funcionario.
El Sistema Penitenciario de la Ciudad de México está conformado por tres reclusorios (Norte, Sur y Oriente), dos centros de sanciones penales varoniles (Norte y Oriente), una penitenciaría, un centro varonil de rehabilitación psicosocial, un centro varonil de reinserción social y dos centros femeniles de reinserción social. En todos estos espacios actualmente hay una población privada de su libertad de 26 mil 229 personas.
En el país hay 241 centros penitenciarios con una capacidad para 158 mil 994 reos y 47 centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes con cupo para 6 mil 730 personas. Las cifras de internamientos ascienden a 155 mil 400 personas en los primeros y 1 mil 322 adolescentes.
Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).- La poblaciónprivada de la libertad y adolescentes internados en centros especializados de tratamiento al cierre de 2019 ascendió a 156 mil 722 personas, de las que el 5.3 por ciento eran mujeres. El 37.5 por ciento del total de la ciudadanía encarcelada se encontraba sin sentencia, de acuerdo con los resultados del undécimo Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer las cifras actualizadas al cierre de 2019 del número de personas en la administración pública, el sistema penitenciario, en seguridad pública y en las dependencias encargadas del medio ambiente.
El número de servidores públicos adscritos a las 1 mil 998 instituciones de las administraciones públicas estatales ascendió a 2 millones 091 mil 865 personas. De los 1 mil 950 titulares al frente de estas, el 72.1 por ciento eran hombres y sólo el 23.3 mujeres.
En ese periodo 120 mil 155 personas pertenecían a las instituciones encargadas de la función de seguridad pública; además se registraron 12 millones 785 mil 150 llamadas a los sistemas de emergencia (911, 066, 089 u otros), a nivel nacional.
SISTEMA PENITENCIARIO
En el país hay 241 centros penitenciarios contabilizados hasta el final del año anterior, con una capacidad instalada de 158 mil 994 espacios (camas útiles); además se ubicaron 47 centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes con cupo para 6 mil 730 personas.
Sin embargo, sólo durante 2019, ingresaron 102 mil 700 personas a los centros penitenciarios y 1 mil 452 a los centros para adolescentes, de los que el 92.6 por ciento eran hombres y 7.4 mujeres. Baja California fue la entidad con mas encarcelamientos con 13 mil 232 personas.
En el mismo periodo salieron de la reclusión 92 mil 057 personas y 1 mil 304 de los centros especializados: 92.7 por ciento fueron hombres y 7.3 mujeres, una proporción similar al numero de ingresos registrados durante el año. Destacó el Estado de México con más egresos (11 mil 500 personas).
Hay 155 mil 400 personas en los centros penitenciarios y 1 mil 322 adolescentes en los centros especializados, de los que el 94.7 por ciento eran hombres y 5.3 mujeres.
Con relación al estatus jurídico 58 mil 753 personas se encontraban sin sentencia en los centros penitenciarios y 96 mil 647 sí la tenían. En los centros para menores, 314 adolescentes contaban con la Medida cautelar de internamiento preventivo y 1 mil 008 estaban en la modalidad de Internamiento y Semi-internamiento o internamiento en tiempo libre.
Robo fue el delito de mayor frecuencia con 34.6 por ciento del total nacional; en los centros penitenciarios se reportaron ingresos por la comisión de 249 mil 601 delitos y en los centros especializados la cifra fue de 1 mil 520.
Elementos de seguridad, pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), dieron a conocer la captura de un hombre de 30 años de edad, luego de ser señalado por presuntamente realizar tocamientos contra una mujer en el transporte público, en la Alcaldía Gustavo A. Madero.
Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo).- Policías adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) lograron arrestar a un hombre señalado como el presunto responsable de abusar sexualmente de una persona.
Mediante un comunicado, las autoridades de seguridad de la capital informaron que el sujeto cuenta con nueve ingresos al Sistema Penitenciario por delitos como robo agravado, violencia familiar, extorsión y robo en pandilla, cometidos entre los años de 2010 y 2015.
El ahora detenido es señalado por realizar tocamientos a una mujer, en la colonia Vasco de Quiroga, correspondiente a la Alcaldía Gustavo A. Madero.
Los elementos de la SSC realizaban labores de vigilancia y seguridad e la Avenida Centenario, cuando fue solicitada su ayuda por una mujer de 29 años de edad, quien indicó que momentos antes, al abordar el transporte público para dirigirse a su domicilio, un hombre le realizó tocamientos en el área de los glúteos y además le quitó dinero en efectivo.
El hombre, que aún se mantenía a la vista, intentó huir al notar la presencia de los uniformados, pero fue detenido.
Luego de la detención, se le realizó una revisión preventiva de acuerdo al protocolo de actuación policial mediante el que se le encontró, entre sus pertenecías, el dinero en efectivo que la afectada reconoció como suyo.
Derivado de las acciones y a petición de la afectada, el hombre de 30 años de edad fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público correspondiente en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales (FDS), que será la autoridad encargada de definir su situación jurídica.
Por último, las autoridades señalaron que al realizar una consulta del sujeto detenido, se conoció que contaba con nueve ingresos en el Sistema Penitenciario.
La primera en el año 2003 por robo calificado en pandilla; por robo agravado también en 2003 y en 2011, 2013 y 2015; por robo calificado en 2003 y 2011; en 2010 por robo agravado por disposición; en 2013 por extorsión y en 2014 por violencia familiar.
En prisiones del Estado de México se ha registrado el fallecimiento de cuatro reos y 12 empleados por la COVID-19, según datos de la Secretaría se Seguridad de la entidad; las autoridades señalan que se han tomado medidas para evitar la propagación del virus en las cárceles estatales.
Ciudad de México, 27 de mayo (Xinhua) — El sistema penitenciario del Estado de México (centro), el más poblado del país, ha registrado el fallecimiento de cuatro reos y 12 empleados por la COVID-19 durante la pandemia, informó este miércoles la Secretaría de Seguridad de la entidad.
La dependencia local detalló, en un comunicado, que hasta el momento se reportaba el deceso de cuatro presos de tres distintas cárceles, 10 guardias, un médico y un abogado que resultaron positivo por coronavirus.
A la fecha, 38 reos de tres prisiones han sido atendidos en el hospital que el sistema penitenciario local habilitó en una cárcel para recibir casos de contagios de la COVID-19, de los cuales 32 presos ya fueron dados de alta y el resto presentaba un pronóstico positivo, señaló.
El Estado de México es la entidad más poblada del país con alrededor de 17.2 millones de habitantes, e igualmente es la que cuenta con una mayor cantidad de presos en su red de 22 cárceles.
Pese a que se han tomado medidas de prevención para evitar la propagación del virus en centros penitenciarios del Estado de México, se han registrado muertes a causa de la COVID-19. Foto: Imagen de referencia, Fernando Carranza, Cuartoscuro
La Secretaría de Seguridad recordó que el sistema penitenciario de la entidad es el más grande de México porque las 22 prisiones tienen, en suma, una población de 31 mil reos y 4 mil 500 funcionarios.
Las autoridades implementaron desde inicios de marzo medidas para reducir el riesgo de contagios en las prisiones, entre ellos cercos sanitarios para el ingreso, aislamiento de grupos vulnerables, desinfección diaria de áreas comunes y distribución de insumos de protección, apuntó.
“Entre una población de más de 31 mil privados de la libertad y 4 mil 500 funcionarios penitenciarios se continúan tomando todas las medidas preventivas a fin de reducir la probabilidad de contagios”, agregó la dependencia.
El Estado de México es la segunda entidad del país con un mayor número de casos confirmados y decesos por coronavirus sólo detrás de la Ciudad de México, de la cual es contigua, según autoridades de salud mexicanas.
En el país, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó que hasta el pasado lunes sumaban 177 casos confirmados y 37 fallecimientos por la COVID-19 en prisiones en 16 entidades, incluido el Estado de México.
Según el último reporte oficial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México, las cárceles mexicanas acumulan 100 enfermos por COVID-19, 79 casos sospechosos, nueve decesos y tres motines relacionados con el virus desde el inicio de la pandemia.
Por Eduard Ribas i Admetlla
México, 14 may (EFE).- Las cárceles de México viven la crisis del coronavirus con críticas por el hacinamiento y la corrupción imperante en los penales, que no han podido frenar la entrada del virus y han evidenciando que liberar a presos es la mejor medida para protegerlos de la COVID–19.
Lorena llevaba seis años en una cárcel de Tijuana, donde participaba en el grupo de danza. El 6 de mayo fue aislada con problemas para respirar y falleció.
Las autoridades de la cárcel descartaron que fuera por coronavirus pero sus compañeras creen que la COVID–19 -que suma 40 mil 186 casos y 4 mil 220 muertos en el país– ya entró al penal.
Según el último reporte oficial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México, las cárceles mexicanas acumulan 100 enfermos por la COVID-19, 79 casos sospechosos, nueve decesos y tres motines relacionados con el virus desde el inicio de la pandemia.
Unos datos cuanto menos extraños dado que, por ejemplo, Baja California, donde se encuentra Tijuana, no ha reportado casos oficiales de coronavirus en sus cárceles pero sí cinco de las nueve defunciones en prisiones que se han dado en todo el país.
Organizaciones de la sociedad civil ponen en cuestión las cifras oficiales y creen que el impacto de la pandemia es mucho mayor en las cárceles, donde se da la paradoja de que mientras el país está en cuarentena, estar encerrado en prisiones no protege de la enfermedad.
“El hecho de estar en una cárcel no significa que estén en una isla fuera del mundo. El hecho de que no puedan salir no significa que el virus no pueda entrar a través del personal penitenciario”, resumió a Efe Maïssa Hubert, integrante del colectivo EQUIS Justicia para las Mujeres.
UN SISTEMA PENAL OBSOLETO
En México hay 19 prisiones federales de alta seguridad con cerca de 17 mil reclusos y 309 penales estatales con unos 176 mil encarcelados, según las cifras oficiales, siendo el segundo país latinoamericano con más presos por detrás de Brasil.
De acuerdo con organizaciones civiles, casi la mitad de los reclusos están en prisión preventiva sin haber recibido una sentencia firme, lo que ha saturado las cárceles, pues el 37 por ciento tienen problemas de hacinamiento.
“El Gobierno pide sana distancia entre las personas pero eso es imposible en una celda de 4×4 con 40 personas en el interior”, dijo a Efe la directora de la asociación Reinserta, Saskia Niño de Rivera, quien opinó que “la pandemia ha confrontado el sistema carcelario con su propia corrupción”.
Según la activista, la ingobernabilidad de algunos penales, controlados por los propios presos, y la corrupción del personal penitenciario dificulta aplicar las “medidas sanitarias” contra el virus.
Por un lado, varios estados han prohibido las visitas en las cárceles, pero la inmensa mayoría de reclusos depende de la comida y jabón que reciben de sus familiares, mientras que personal penitenciario vive de sobornos por dejar pasar estos productos.
Y con todo, se han evidenciado las carencias sanitarias en las cárceles.
María, compañera de Lorena en el penal La Mesa de Tijuana (nombres falsos para proteger su identidad) contó por teléfono a Efe que ella y varias reclusas tienen síntomas, pero ni las aislan ni les hacen la prueba de coronavirus.
“En mi celda, hemos tenido temperatura (fiebre), hemos perdido el gusto y el olfato, dolor de huesos y dolor de cabeza. Gracias a Dios no hemos llegado al punto de no poder respirar”, relató.
LAS EXCARCELACIONES COMO SOLUCIÓN
Ante esta situación, tanto la Ciudad de México como el vecino Estado de México, las dos entidades con más reclusos del país, han optado por liberar a decenas de presos con brazaletes que permiten su seguimiento.
“Nuestro objetivo principal es despresurizar los penales ante la sobrepoblación que tenemos”, dijo a Efe Maribel Cervantes, secretaria de Seguridad del Estado de México, cuyas cárceles tienen capacidad para 13 mil 500 personas pero albergan a 31 mil reclusos.
El Gobierno del Estado de México ha solicitado al Poder Judicial la liberación de al menos 380 personas con sentencias menores a cinco años o con enfermedades crónicas.
Cervantes señaló que la pandemia “vino muy bien” para que los jueces se mostraran abiertos a las preliberaciones y señaló que antes de la crisis sanitaria el Estado de México ya tenía “un ambicioso plan” para liberar hasta a 4 mil personas.
Sin embargo, advirtió que de poco servirán estos mecanismos si no se reduce el número de gente encerrada en prisión preventiva: “No ayuda mucho si ingresa a prisión la misma cantidad o más de personas que salen”, dijo.
Y es que para las organizaciones sociales, México necesita un cambio radical hacia un sistema penal que no se base en encarcelaciones masivas.
“México ha generado un sistema donde justicia es sinónima de venganza. Los jueces no se atreven a implementar medidas alternas. El número de gente en prisión por delitos que no deberían serlo es una locura”, opinó Niño de Rivera.
El Senado dio un paso en ese sentido al aprobar en abril una ley de amnistía que prevé la liberación de mujeres encerradas por abortar, indígenas que no contaron con traductores en el juicio, personas que robaron sin violencia o poseedores de pequeñas cantidades de droga.
Aunque el alcance de esta ley se prevé reducido – unas 4 mil personas-, dado que solo aplicará en los penales federales y no en los estatales, desde EQUIS celebran que simboliza “un proceso de restitución de derechos y un reconocimiento de injusticias estructurales”.
De todos modos, Maïssa Hubert avisó que “se necesitan miles de otras reformas para resolver la situación de justicia en el país”, especialmente de las mujeres, que representan el 5 por ciento de la población penitenciaria.
“Por su falta de recursos, muchas mujeres son utilizadas por los cárteles para transportar cantidades chiquitas y acaban en prisión. La política de drogas tiene que ser reformada por completo”, concluyó.
“Miles de prisioneros y funcionarios de prisiones se han infectado en América del Norte y del Sur”, destacó en rueda de prensa el portavoz de la oficina, Rupert Colville, quien también alertó sobre la violencia que en algunas instalaciones han desatado el miedo al contagio o las medidas de prevención.
Ginebra, 5 may (EFE).- Las malas condiciones de muchas prisiones en el continente americano, ya antes afectadas por problemas como la falta de higiene o el hacinamiento, han contribuido a la rápidaexpansión de la COVID-19 en muchas cárceles en esa región, alertó hoy la Oficina de NacionesUnidas para los Derechos Humanos.
“Miles de prisioneros y funcionarios de prisiones se han infectado en América del Norte y del Sur“, destacó en rueda de prensa el portavoz de la oficina, Rupert Colville, quien también alertó sobre la violencia que en algunas instalaciones han desatado el miedo al contagio o las medidas de prevención.
Colville citó como ejemplos un motín el 1 de mayo en la prisiónvenezolana de Los Llanos, en el que murieron de 47 internos, y otro ocurrido la semana pasada en la cárcelperuana de Miguel Castro Castro, que se saldó con la muerte de nueve reclusos.
Además, el 21 de marzo 23 internos murieron cuando las fuerzas de seguridad intervinieron para sofocar un amotinamiento en la cárcel colombiana de La Modelo, y otros incidentes violentos se han registrado en países como Argentina, Brasil, México o Estados Unidos, enumeró el portavoz.
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Algunos motines se produjeron después de que se prohibieran las visitas de familiares de presos para prevenir los contagios, algo que en ocasiones priva a muchos internos de su principal acceso a la comida.
“La gravedad de los incidentes parece indicar que en algunos casos los Estados no han tomado medidas apropiadas para prevenir la violencia en estas instalaciones penitenciarias, y que han ejercido un excesivo uso de la fuerza para intentar recuperar el control de éstas”, subrayó Colville.
La oficina que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet pidió ante ello la puesta en marcha de investigaciones imparciales y completas de este tipo de sucesos.
El portavoz indicó que en algunos países de la región se practican detenciones de personas que violan las medidas de cuarentena, lo que “incrementa el riesgo de infecciones”.
La oficina pide a los Estados una mejora de las condiciones sanitarias de las prisiones, amplio acceso a los test de diagnóstico, y permitir al menos un mínimo de contacto entre los internos y sus familiares.
En la parte positiva, la oficina de Naciones Unidas dio la bienvenida a los pasos dados por algunos países de la región para liberar a los presos más vulnerables, tales como enfermos crónicos, ancianos, mujeres embarazadas, discapacitados o seropositivos.
América Latina no ha llegado todavía al pico de la pandemia pero la tensión en los penales, muchos plagados desde antes de violencia, corrupción y con auto gobierno de los presos, no para de crecer. Y los motines se multiplican. Foto: AP.
Colville citó a los gobiernos de Perú, Brasil, Ecuador o Bolivia, que ya han aplicado esas liberaciones selectivas o están preparando decretos en ese sentido.
Las directoras de las organizaciones de CEA Justicia Social y Reinserta coincidieron en que la Ley de Amnistía quedó a deber en el tema de reinserción social.
Ciudad de México, 24 de abril (SinEmbargo).- Representantes de organizaciones civiles enfocadas a la reinserción social aplaudieron la aprobación de la Ley de Amnistía con la que se pretende que personas salgan de prisión por la epidemia del COVID-19 y con la que se busca despresurizar los reclusorios del país; sin embargo, consideraron que la legislación quedó a deber en el tema de reinserción.
Ángela Guerrero Alcántara, coordinadora del Centro de Estudios y Acción para la Justicia (CEA-Justicia Social) y Saskia Niño Rivera, de la organización Reinserta, celebraron la Ley, pues dijeron que es el primer paso –de muchos a seguir– para visibilizar que en México no solo se envían inocentes a prisión sino que encarcelar a las personas por delitos menores no está bien.
Sin embargo, ambas defensoras consideraron que la legislación queda a deber en el tema de reinserción y debido seguimiento para las personas liberadas, pues “no hay claridad en cuanto a los procesos jurídicos que Gobernación va a implementar una vez que libere a estas personas” y de las medidas o programas sociales para garantizar su reintegración a la sociedad.
Para Ángela Guerrero, al aprobar esta Ley en un contexto de COVID-19, se debió haber previsto cuatro medidas clave para las personas que salgan de ahí: atención médica inmediata, garantizar la movilidad de las personas ( desde prisión a sus viviendas) garantizar un albergue a quienes no tengan techo y que salgan con un documento de identidad oficial.
¿QUÉ DICE LA LEY?
El Senado de la República aprobó el pasado 20 de abril la Ley de Amnistía impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Se espera que sean al menos 6 mil 200 personas las que puedan ser liberadas después de que entre en vigor, según dio a conocer la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, desde hace meses, en diciembre pasado, cuando el dictamen fue aprobado por la Cámara de Diputados.
De acuerdo con la Ley, personas que están en los supuestos de vulnerabilidad podrán ser liberadas, como indígenas que no tuvieron un proceso adecuado, personas encarceladas por delitos como consumo y posesión de estupefacientes, también incluye el delito de aborto y adultos mayores que corren alto riesgo de contagio por COVID-19 dentro de las penitenciarías.
Del mismo modo, la ley contempla liberar a internos que no sean reincidentes o que no hayan cometido delitos como homicidios, secuestros o lesiones graves.
“La Ley de Amnistía es básicamente un mecanismo legal mediante el cual las personas que están privadas de la libertad y entran en los supuestos de vulnerabilidad establecidos en la Ley, podrían ser liberadas. Los que están en estos supuestos podrán enviar una solicitud a una Comisión de la Secretaría de Gobernación quien, en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR), el Poder Judicial e integrantes del Poder Legislativo, harán una revisión para ver si son proclives a ser beneficiados”, dijo Angela Guerrero Alcántara.
La activista señaló que las personas que hayan sido procesadas por los delitos de aborto (madres, médicos y familiares), homicidio en grado de parentesco (muy vinculado al tema de aborto); robo simple sin violencia; delitos contra la salud, y delitos de sedición”, podrán enviar esta solicitud a la Comisión que la Secretaría de Gobernación debe instalar la liberación.
El Senado aprobó la Ley de Amnistía para “despresurizar” las cárceles del país durante la contingencia sanitaria. Foto: Sáshenka Gutiérrez, EFE
La ley sólo aplica para los internos federales, ya sea que estén en centros penitenciarios federales o estatales, pero que fueron procesados por delitos federales.
Guerrero Alcántara especificó que en el caso de aborto, la ley aplicaría para todo aquel que esté procesado por este delito, más allá de las mujeres, es decir, incluiría también a enfermeras, médicos, o parientes que hayan participado.
A nivel federal, hay 16 hombres que están procesados por aborto “y si son personas que lo practicaron con el consentimiento de la mujer, (también)podrán ser beneficiarios de la Ley”, apuntó la defensora.
En el caso de los delitos contra la salud, hay distintos supuestos de vulnerabilidad por los que los procesados podrán acceder, es decir, no todas las personas que están en prisión por delitos relacionados con drogas van a salir.
“Lo que se buscó con esta iniciativa, es mostrar quienes están en la parte más baja en una cadena delincuencial y que muy probablemente estuvieron inmersos en esta cadena por razones de pobreza, o impulsados por algún familiar, como son muchos de los casos de mujeres, (usadas por sus parejas) y en el caso de personas indígenas, que estaban vinculadas, pero en materia de cultivo, y de personas consumidoras”, agregó la coordinadora de CEA Justicia.
Además, aclaró a experta, ningún reincidente se podrá beneficiar de esta ley, es decir, todos tienen que ser primodelincuentes.
“¿Quienes no van a ser beneficiados? todos los delitos que están relacionados con sangre”, dijo. “Esta es una ley muy clara que no busca sacar a delincuentes sino a personas en vulnerabilidad”, expresó Saskia Nino.
REPENSAR EL SISTEMA DE “CASTIGO”
Saskia Niño Rivera, de la organización civil Reinserta, celebró la aprobación de la ley pues consideró que “no solamente era una deuda que el Presidente tenía, sino que era también una deuda pendiente en materia de derechos humanos y de las fallas en el sistema de justicia penal.
“Desafortunadamente quienes conocemos el sistema de justicia penal, sabemos que las cárceles las están llenando de inocentes o personas que no necesariamente deben de estar en prisión”, dijo.
La activista destacó que es necesario entender la prisión como un espacio de segregación de personas que son una amenaza para la sociedad por los delitos que cometieron, pero hoy en día no es así: “a la fecha hay muchos delitos o muchas cuestiones que se han penalizado y que no necesariamente tienen que ver con personas dañinas”, dijo.
Agregó que debido a esa idea del “sistema de venganza” que se ha instaurado el sistema de justicia penal, pocas veces se aplican medidas alternas a la pena, “entonces hemos llenado las cárceles de personas que no deberían de estar ahí”.
Ángela Guerrero coincidió con Saskia Nino en que un gran porcentaje de quienes están en prisión son personas en pobreza que no tuvieron acceso a juicio justo, un debido proceso y están de manera indebida en un centro penitenciarios.
Para la coordinadora de CEA Justicia, la Ley de Amnistía es un primer paso para hacer justicia y empezar a cambiar las dinámicas en las que la única herramienta que se contempla para la prevención del delito es la cárcel.
“En realidad, esta Ley es el primer paso de un largo camino que tendremos que recorrer para comenzar a repensar en cómo, quienes y en que circunstancia llevamos a personas a prisión”.
CONTEXTO DE COVID-19
Además, ambas defensoras expresaron que en contexto de emergencia sanitaria era fundamental acelerar la aprobación de esta Ley.
“Dada la crisis sanitaria esta medida ayudará a disminuir la población que tienen en los centros penitenciarios. En el caso de coronavirus es una medida humanitaria y urgente”, dijo Ángela Guerrero.
“La realidad es que el sistema penitenciario no está creado para recibir una pandemia de este tamaño; entre más podamos depurar las cárceles y, aunque ya hay varias acciones que los gobiernos toman para empezar a depurar las cárceles, creo que la Ley de Amnistía va a ayudar mucho”, señaló Saskia Nino.
Es por ese motivo que dijeron que en este momento el gran reto lo tienen la Secretaría de Gobernación quien deberá crear de manera casi de manera inmediata la comisión que revisará todos los casos.
“Además también deberá de dar a conocer dentro de todos los centros penitenciarios cómo serán las solicitudes para liberación y entregarles por lo menos el machote de cómo hacerlas; conformar el grupo de expedientes y llegar a los acuerdos necesarios con el Poder Judicial y FGE, para liberar a las personas lo más rápido posible, y lo último, implementar el programa de reinserción social”, destacó Angela Guerrero.
¿QUÉ PASARÁ CON LOS LIBERADOS?
Las especialistas coincidieron que la Ley queda a deber en el tema de reinserción para las personas liberadas y su debido seguimiento. Ambas defensoras señalaron que -ahora en el contexto de pandemia– “no hay claridad en cuanto a los procesos jurídicos que Gobernación va a implementar una vez que libere a estas personas.
De acuerdo con las entrevistadas solo en un punto un transitorio de la Ley de Amnistía establece que se hará un programa de reinserción social integral, pero no se detalla qué acciones en concreto se emitirán de seguimiento y atención a los liberados.
Para Ángela Guerrero, al aprobar esta Ley en un contexto de COVID-19, también se debieron establecer cuatro medidas clave para las personas que salgan de ahí.
La primera de ellas es atención inmediata de salud por parte de la Secretaría de Salud, es decir que a cada una de las personas que salga se le tiene que hacer la prueba de COVID-19 y darles atención médica, “porque además la cárcel enferma”, dijo.
También garantizar la movilidad de las personas que están en prisión a su vivienda, y si no cuentan con una vivienda, tienen garantizar un albergue.
“En la Ciudad de México no existen albergues para las personas que salieron de cárcel, cuando en muchos casos justamente las mujeres en prisión son quienes más abandono sufren”, ejemplificó.
Otro punto que se debió contemplar es que se entregue un documento de identidad oficial al momento de liberarlos.
Explicó que dado que el INE redujo su trabajo no hay manera de entregarles una credencial de elector de manera inmediata, con lo que no pueden ser incorporados a programas sociales, mucho menos conseguir un trabajo, rentar una vivienda. “No tienen manera de asegurar que son ellos y esto es un problema que lleva con el INE”, expresó.
Saskia Nino comentó el Gobierno tendrá que revisar a la brevedad que programas sociales y de reinserción implementarán con la población liberada.
“veo complicado que personas que están en situación de pobreza salgan y tengan una red de apoyo sólida para poder regresar […] La cárcel está llena de gente que ha encontrado en la cárcel manera una estabilidad alimenticia y una estabilidad en cuanto a un techo donde dormir, y eso es algo que el Gobierno va tener que revisar de manera urgente para que un acto humanitario como este se vuelva un problema social mucho más grande”, dijo.
Guerrero Alcántara recordó que la reinserción social es clave para que las personas no reincidan, pero también es esencial para restablecerle los derechos, por ello alertó que “mientras no les restablezcan los derechos de manera adecuada por supuesto que abres la posibilidad a que vuelvan a cometer un delito”.
Las mayoría de las uniones se dan entre hombres o mujeres que están detenidos en algún centro penitenciario con mujeres u hombres que no están privados de su libertad, pero también hay casos de personas que se encuentran en algunos de los centros de reclusión.
México, 29 dic (EFE).- Unas 475 bodas se celebraron en los centros de reclusión de la Ciudad de México durante 2019, informó este sábado el Sistema Penitenciario de la capital mexicana.
Mediante un comunicado, se explicó que el Sistema Penitenciario, en coordinación con la Dirección General de Registro Civil, llevó a cabo ese número de enlaces matrimoniales.
“De esta manera se contribuye a que las personas privadas de la libertad ejerzan su derecho a formar una familia”, dijo el subsecretario de Sistema Penitenciario, Hazael Ruíz Ortega.
El funcionario expresó que estas acciones, a su vez, facilitan los trámites de acceso de visitas en los días de convivencia familiar.
Además, resaltó la importancia “al acto de regulación de la situación jurídica de las personas privadas de la libertad con sus parejas e hijos”.
Las mayoría de las uniones se dan entre hombres o mujeres que están detenidos en algún centro penitenciario con mujeres u hombres que no están privados de su libertad, pero también hay casos de personas que se encuentran en algunos de los centros de reclusión.
El funcionario precisó que la mayoría de matrimonios se celebró en el Reclusorio Norte (211), mientras que en el Reclusorio Oriente, hubo 96 y en el Sur, 48.
En tanto, en la Penitenciaría y en el Módulo Diamante, 21 en cada uno.
Además en el Centro Varonil de Santa Martha huno 20 y 19 en el Femenil, así como 16 en el Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria (Cevasep) I y 18 en el Cevasep II.
Otros tres en el anexo Oriente, uno en el anexo Norte y una más en el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial (Cevarepsi).
Ruíz Ortega detalló que adicional a las 475 bodas, el Registro Civil ofreció la oportunidad de que las personas privadas de la libertad “pudieran registrar o reconocer a sus hijos sin costo alguno”.
Las campañas de matrimonios civiles colectivos que se realizan al interior de los centros penitenciarios de la capital permite la unión civil de las parejas sin costo de trámite y la expedición gratuita de la primera acta certificada.
La Joyita es la cárcel más poblada de Panamá. Algunos medios locales informaron que el hecho estaría vinculado a la supuesta división de la pandilla Bagdad, vinculada a narcotráfico y sicariato.
Panamá, 18 dic (EFE).- La cifra de presos muertos en un tiroteo registrado el martes en la cárcel La Joyita de Panamá se elevó a 14, informaron este miércoles las autoridades, que investigan el ingreso al penal del armamento utilizado en el enfrentamiento y que incluye fusiles y armas automáticas.
El tiroteo ocurrió el martes entre las 14:00 y las 14:30 hora local (19:00 y 19:30 GMT) entre reclusos del pabellón 14 de La Joyita, la cárcel más poblada del país de acuerdo con las estadísticas oficiales, y dejaba hasta ayer al menos 12 muertos.
“Información actualizada: luego de la reyerta de ayer en el pabellón 14 del centro penitenciario La Joyita, informamos que hasta el momento han fallecido 14 privados de libertad y 11 (están) heridos, de los cuales 9 están hospitalizados”, dijo la Dirección General del Sistema Penitenciario a través de su cuenta de Twitter.
Información actualizada: luego de la reyerta de ayer en el pabellón 14 del centro penitenciario La Joyita, informamos que hasta el momento han fallecido 14 privados de libertad y 11 heridos, de los cuales 9 están hospitalizados.
— Dirección General del Sistema Penitenciario (@PenitenciarioPA) December 18, 2019
La Policía Nacional informó el martes que el enfrentamiento fue entre pandilleros, y algunos medios locales señalaron que el hecho estaría vinculado a la supuesta división de la pandilla Bagdad, una de las más fuertes de Panamá y a la que se vincula con el narcotráfico y el sicariato.
La Policía desmintió en las últimas horas que se hayan registrado tiroteos en las zonas de influencia de la pandilla, como se reportaba a través de las redes sociales.
“#Aclaración, no se han registrado intercambios de disparos y heridos en San Miguelito ni en el distrito de Arraiján, como circulan a través de las redes sociales, esas áreas están cubiertas por la PN. #NoFakeNews”, publicó la Policía en su cuenta de Twitter.
#Aclaración No se han registrado intercambios de disparos y heridos en San Miguelito ni en el distrito de Arraiján, como circulan a través de las redes sociales, esas áreas están cubiertas por la PN. #NoFakeNewspic.twitter.com/vgNZmZTNaP
El Ministerio Público ha iniciado una investigación penal y sus fiscales se encuentran este miércoles en la cárcel, confirmaron a Efe fuentes oficiales, mientras que el director del Sistema Penitenciario, Walter Hernández, aseguró a medios locales que se abrió una averiguación administrativa para determinar el origen de las armas.
De acuerdo con la información pública, la policía decomisó el martes tras la reyerta tres fusiles AK-47, tres pistolas de calibre 9 milímetros, una pistola 380 y un revólver calibre 38.
“Un arma de ese calibre no va a entrar por la puerta principal. Es una situación de arrastre, las condiciones son precarias y facilita el ingreso de artículos prohibidos”, declaró Hernández a la radio RPC.
Las visitas han sido suspendidas en La Joyita, una cárcel situada en una población satélite de Panamá, que cuenta con 3 mil 733 presos y una sobrepoblación de 896 personas, de acuerdo con los datos oficiales.
Familiares de los fallecidos en el enfrentamiento dentro del penal se encontraban este miércoles en la morgue judicial.
El Presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, ha advertido que su Administración, que comenzó en julio pasado para el período 2019-2024, no va a permitir que siga la violencia dentro de los centros penales del país, que son una veintena y albergan a casi 17 mil presos, con una sobrepoblación que llega a superar el 100 por ciento en algunos casos.
“El tema de las armas está siendo tratado por el Consejo de Seguridad y ya se están haciendo las investigaciones pertinentes. No tengan ninguna duda que vamos a tomar las decisiones que sean necesarias”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.
Lo que ha pasado hoy en el centro penitenciario no lo vamos a permitir. El tema de las armas está siendo tratado por el Consejo de Seguridad y ya se están haciendo las investigaciones pertinentes. No tengan ninguna duda que vamos a tomar las decisiones que sean necesarias.
No es una denuncia, es la descripción de una realidad de hace 30 años en México, que sin embargo, toca problemáticas actuales y las fibras más sensibles de un sistema penitenciario que nunca ha podido garantizar los mínimos derechos humanos. Es también, una historia de la pérdida de inocencia, de la corrupción de las personalidades y los proyectos. Es la leyenda de Los Perros de Santa Martha y de un grupo de cineastas y actores que se atrevió a grabar dentro de sus muros y contar la leyenda de La 4a Compañía.
Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).– Tres de la mañana. Un motín al interior de la cárcel, desatado por un supuesto pleito entre bandas rivales. Tres heridos y 28 muertos, entre ellos, algunos decapitados. Los cuerpos apilados en áreas comunes y cientos de familiares sin respuestas. Sucedió hace apenas tres días en el penal de Las Cruces, en Acapulco, Guerrero, pero pasó antes en Topo Chico, Nuevo León y en Tijuana, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí… Organismos como México Evalúa, World Justice Project y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han señalado durante años los abusos cometidos en el sistema penitenciario del país: sobrepoblación, hacinamiento, violencia sexual, homicidios, corrupción, tráfico de drogas y más problemáticas a los que se enfrentan a diario las más de 230 mil personas privadas de la libertad.
Dentro de cada uno de los 423 centros penitenciarios que hay actualmente en México, se desarrollan toda clase de historias. De vida, de muerte y sobre todo, de pérdida de inocencia. Esto es lo que la película La 4a Compañía busca reflejar, el proceso que muestra que las cárceles no rehabilitan ni readaptan, sino descomponen las personalidades y los organismos, por igual.
El póster oficial de la película, la más nominada al Ariel desde El Callejón de los Milagros. Imagen: Cortesía
Ambientada a finales de los años 70, durante el sexenio de José López Portillo y la mano dura del jefe del Departamento de Policía y Tránsito, Arturo Durazo Moreno, el filme ganador de 10 premios Ariel de los 20 a los que estaba nominado, cuenta la historia de siete hombres dentro de la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México. Forman parte de Los Perros, el fenómeno deportivo que sacudió la prensa e incomodó a las autoridades, con su estrategia para jugar futbol americano. Pero no sólo eso, formaban parte de “la cuarta compañía”, un grupo interno de seguridad que hacía el trabajo sucio, que los custodios no querían hacer.
“Eran los organizados, los que tenían una disciplina, que entre el universo de presos destacaban porque eran diferentes a los demás, tenían empuje. ¿Y qué hicieron con ese pequeño grupo? Lo utilizaron para sus propios fines. Mostraron cómo se puede corromper algo que de origen pudiera ser muy positivo”, dice Mitzi Vanessa Arreola, co-directora y guionista del filme.
EL PASADO COMO UN CUENTO DE HADAS
“Zambrano creyó que era un vaguillo listo y la cárcel le dio la vuelta, creyó que se robaba algo y la cárcel le robó la inocencia a él”. Foto: Cortesía La 4a Compañía
La película es cruda y en momentos incómoda, los espectadores pueden tener un respiro a la par de los personajes, cuando están en el campo de juego. El resto del tiempo, el público descubre a la par de Zambrano (el ganador del Ariel, Adrián Ladrón) las vejaciones de un sistema penitenciario corrompido.
“No es que nos interese hacer una denuncia, estamos describiendo una realidad. Es de hace 40 años, pero involuntariamente es muy vigente, nosotros estamos hablando de un periodo donde las cárceles tenían ya problemas de auto gobierno importantes. Las cárceles en cada país son un microcosmos de lo que está pasando en grande, cuando ahí no hay control ni un cumplimiento de objetivos, te habla mucho de en qué condiciones está el país. Pareciera que hablar de una cárcel es hablar de algo muy ajeno, no es así, es hablar de algo demasiado cercano, es ahí donde vas a empezar a ver cómo los problemas sociales están ocurriendo afuera en pequeños brotes”, dice Arreola durante la presentación de la película, previa a la 59 premiación de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.
Manuel Ojeda, nominado en la categoría “Mejor Coactuación Masculina”. Foto: Cortesía La 4a Compañía
Para Amir Galván Cervera, también director del filme, uno de los objetivos de la La 4a Compañía es generar agenda y buscar un cambio en las condiciones de las penitenciarías: “es un retrato histórico que también tiene un alcance en el presente, es una historia de crimen organizado, pero de uno que para nuestra desgracia, está organizado por el Estado y eso es la vigencia total ahora. Un 70 por ciento de las cárceles en México hoy tienen algún tipo de auto o co-gobierno y es un eslabón muy delgado en esta cadena del sistema de la seguridad pública que nadie repara y en México, la gran mayoría de las prisiones no están cumpliendo su verdadera función de contención y de readaptación, entonces parte de la estrategia de esta película, es que funcione no solamente como entretenimiento, también para generar una discusión pública.
Al mismo tiempo, también es un cuento de hadas porque los niveles de violencia que vive este país a los que vivía en los 70 también han cambiado diametralmente y la delincuencia no es la misma. Dejar el sistema de esta manera le es conveniente a alguien y éste es el retrato, ¿qué es la cárcel ahora en México? Pues es un sistema de rentas muy conveniente para muchos de la clase política y por eso no conviene transformarla, por eso promueven esta simulación de que tener delincuentes en la cárcel hace una sociedad más segura y eso es completamente falso”, continúa el nominado como Mejor Director.
DENTRO DE LA FÁBRICA DE RESENTIMIENTO
Carlos Valencia interpreta a “El Tripas”, quien termina siendo un antihéroe. Foto: Cortesía La 4a Compañía
La realización del largometraje duró 10 años. Desde la investigación que agotó todas las fuentes disponibles, la escritura de seis años y la grabación de 10 semanas dentro de la Penitenciaría de Santa Martha, que por motivos externos se tuvo que interrumpir un año y medio.
“Siempre recuerdo la frase del maestro de actuación Ludwik Margules que decía que ‘en la incomodidad del actor, está la comodidad del personaje’ y creo que en este rodaje en particular era muy evidente para muchos de nosotros. Estar en ese espacio, rodeado de toda la verdad que existía ahí, de la que no podías huir sino tenías que enfrentarla como actor, como personaje, como persona. Haber hecho esta pausa de más de un año en el que pasaron cosas muy fuertes y retomar ese enfrentamiento, creo que fue un reto doble porque había que regresar a un espacio del que como persona querías huir todo el tiempo, pero te habías hecho el compromiso como actor de enfrentarlo con verdad”, cuenta Carlos Valencia, quien interpreta a “El Tripas”.
Pero meter a un penal a 150 personas, con cámaras, micrófonos, pelucas y todo lo que se necesita para la realización de una película, ante los ojos de miles de presos, no fue fácil. En su escena más grande, los actores estuvieron rodeados de por lo menos 400 reclusos.
“Decidimos que se tenía que filmar en Santa Martha, queríamos que los internos formaran parte del proyecto porque al ser una historia real serían el rostro e iban a salir de la cárcel con esta historia, de alguna manera. Sentíamos que para todo el equipo era muy enriquecedor estar dentro de una cárcel y no ‘jugar’ a que estamos en una”, dice la escritora del guión.
Para que esto fuera posible, Vanessa y Amir tuvieron que involucrarse varios años antes en las actividades culturales del reclusorio.
“Dos años antes nos involucramos en las actividades culturales de esta cárcel, que es muy prolija en estos términos, donde hay una compañía de teatro profesional que llevó su entrenamiento a la par de la realización de la película y que nos volvimos personajes entrañables para ese microcosmos haciendo círculos de confianza con los internos. Eso fue realmente lo que hizo viable esta película, porque de otra manera no podríamos haber filmado tanto tiempo en una cárcel con esos perfiles delincuenciales que son los más altos que existen en este país”, comenta Amir Galván.
“Hablar de una prisión solo desde lo más obscuro podía ser algo muy denso para el espectador, entonces empezamos a tejer también el asunto de lo deportivo”, dice la guionista. Foto: Cortesía La 4a Compañía
A decir de los realizadores, un amplio sector de los internos quedó fascinado con los talleres de apreciación y realización cinematográfica, donde aprendieron el rol de cada uno de los elementos de la filmación, como el sonidista y el fotógrafo, “nosotros éramos responsables de llevar a todo nuestro equipo a filmar en esas condiciones y teníamos que garantizar seguridad, pero también cierta autoridad moral con la población interna como para poder pedirles silencio. Para pedir eso en una prisión toma tiempo, tomó muchos años de estar yendo a conquistar a la gente”, dice Vanessa.
Una vez ganados los internos, ¿qué tan complicado fue conquistar a las autoridades? “Fue un permiso que vino de abajo hacia arriba, nosotros hicimos la base, nos involucramos en la cárcel, fuimos a dar educación ahí y conocimos prácticamente a toda la estructura antes de llegar con el altísimo del que dependía la decisión, era muy fácil llegar y convencer cuando teníamos todas las respuestas de los riesgos que pudiera implicar filmar una película así.
Adaptamos un modelo que existe, esta es de las pocas películas que se han filmado en una cárcel real pero es un modelo que en el cine de Hollywood lo ocupan como un valor de producción, saben lo que implica, que es lento, que hay peligrosidad, que hay que adaptar, pero finalmente sí queda en la pantalla algo que es muy difícil de recrear. A cambio, estas instituciones se benefician, por ejemplo, los índices de violencia cuando ocurrió la filmación, disminuyeron muchísimo, porque hay un elemento disuasivo de la propia criminalidad que se orquesta dentro de las cárceles.
Ya viendo la película como resultado, los espectadores pueden tener la respuesta, si esta película es incómoda para alguna autoridad o no. Si es una historia del pasado, que no tiene nada que ver con lo que pasa ahorita o si es un retrato del sistema carcelario del presente. Es muy abierto, estamos denunciando un sistema, no una cárcel en particular, no un estado”, explica el director.
Zambrano, uno de los que logró salir vivo. Foto: Cortesía La 4a Compañía
“Cuando nosotros hicimos todo este periodo previo de investigación que incluyó los talleres, nos dimos cuenta que había archivos de mucha gente muy joven, que llegaba por un delito que en ese entonces se llamaba ‘vagancia y malvivencia’, entonces si no tenías trabajo, si te agarraban tomándote una chela en la calle, te agarraban. Yo que revisaba cada expediente veía que llegaban por ‘vagancia’ la primera vez, la segunda porque se robó unas llantas, la tercera porque robó con violencia y así, van en crescendo los alcances de los delitos, porque lo que ocurre dentro de la prisión es que es un ambiente criminógeno, donde la gente no se compone sino se descompone y también se vuelve una fábrica de resentimiento, al sentir tanta injusticia, al ver que todo es una simulación, ¿qué vas a sentir estando ahí viéndolo y sufriéndolo cada día? Pues vas a salir enojadísimo con todo el mundo y es algo que en el epílogo quisimos transmitir, que tal vez no te importa la vida en la cárcel pero has tenido pérdidas de la inocencia, que tú crees que las cosas son de tal manera y te das cuenta que son de otra, eso le pasó al personaje principal, creyó que era un vaguillo listo y la cárcel le dio la vuelta, creyó que se robaba algo y la cárcel le robó la inocencia a él”, dice Vanessa.
PRESOS, FUENTES Y TESTIMONIOS
La idea de filmar La 4a Compañía comenzó cuando Amir Galván grababa su mediometraje Lo que quedó de Pancho, material para el que tuvo que visitar Santa Martha a lo largo de siete meses. Al tener cámara en mano y acceso a los reos, fue colectando los testimoniales que serían la columna vertebral de la nueva película, incluyendo el del preso más antiguo del sistema penitenciario mexicano, Raymundo Moreno Reyes, quien ingresó a Lecumberri a los 21 años y ahora tiene su debut cinematográfico.
“Tenemos todas las fuentes posibles, desde un principio conocimos al personaje de Zambrano, lo entrevistamos largamente. Hay muchos que fueron testimonios directos, fuimos a la cárcel a buscar internos viejos que conocieron de primera mano esta historia en la misma penitenciaría. También nos encontramos material audiovisual de los personajes reales históricos, como Arturo Durazo y Juan Alberto Antolín, el video del partido final, encontramos también muchas fotos y documentos que acabaron de darle el contexto debido a la propia película”, explica Amir.
Personajes que ahora son leyenda entre los símbolos de corrupción política del país. Foto: Cortesía La 4a Compañía
Vanessa Arreola comenta que era complicado encontrar información en la prensa de aquel tiempo, pues eran muy pocos los que se atrevían a denunciar, sin embargo, la historia de Los Perros era altamente documentada en la fuente deportiva. “Nos interesaba corroborar que lo que había traído Amir como materia germinal tenía sustento y no era producto de la imaginación de un interno fantasioso. Empezamos a cruzar datos de todas las fuentes y con todo eso construimos esta historia que tiene una construcción dramática para que la ficción funcione mejor y que la gente cuando se siente vea una película, porque sobre todo nos interesa hacer cine. A todo mundo le estremece la historia, el contexto, los temas, tiene muchos niveles de lectura, pero sobre todo me interesa que la gente cuando llegue sienta que es una película que está dirigida a cada uno”, dice.
El actor Carlos Valencia ratifica esta idea y cuenta una teoría por la que el público se siente tan impactado cuando ve el filme: “Pareciera que pensar en una época tan lejana a muchos de nosotros serviría como un bálsamo de tranquilidad para el espectador, pero te das cuenta de que no, que parece que les estamos contando una historia reciente. Creo que como espectadores nos sentimos bastante responsables de lo que estamos viendo, como mexicanos y eso es lo que te separa con tremenda tristeza de la película, porque como actores nos ha tocado intervenir en historias sobre narcotráfico o violencia en el país y esta es una historia de humanos perseguidos por un sistema de justicia bastante corrompido. Creo que la rudeza que siente el espectador o su resistencia al tema, es que la película cumple con mucha fuerza el hacernos responsables de lo que estamos viendo”.
UN CINE DE EMOCIONES
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La entrega de los premios Ariel, será el próximo 11 de Julio en el Palacio de Bellas Artes, donde La 4a Compañía contenderá por la estatuilla de Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Ópera Prima, Mejor Guión Original, Mejor Diseño de Arte, Vestuario, Maquillaje, Música Original, Edición, Sonido, Efectos Especiales y Visuales y con nominaciones para sus siete actores principales.
En este contexto, los directores platicaron a SinEmbargo cuál es su opinión del panorama de cine mexicano actual y aceptaron que, al igual que el personaje de su película, sufrieron una pérdida de inocencia, pues al tratar de aspirar a entrar a los grandes festivales mundiales, es necesario contar con los contactos precisos.
En opinión de Amir Galván, “generalmente las películas en México tienen una intención de su concepción, han pervertido el mercado, han vuelto muy rentable cierto tipo de filmes que son de gran masificación pero al mismo tiempo no están educando al espectador, están propiciando un consumo que es una exportación de la televisión y que llena las carteleras. Por otro lado, hay una tendencia de autores que hacen películas para festivales que también tiene otro grado de perversión porque han creado caminos establecidos y alianzas que facilitan colocar algún tipo de película que tiene esa otra expectativa de festivales de clase A.
Carlos, Amir y Vanessa después de la proyección de la película. Foto: SinEmbargo
Nosotros estamos en una postura de hacer buenas películas, que lleguen al público más amplio posible y que tengan esta no distinción entre película de arte y comercial. Como creador, a mí me gusta el cine con rigor, que tiene un lenguaje propio, tanto en la concepción cinematográfica como en la articulación dramática. Es un momento excepcional en la historia del cine mexicano, en término de oferta, cantidad de creadores, de los directores debutantes, hay muchísimas óperas primas y eso va a marcar toda una generación, pero los resultados y las películas que van a trascender se van a ver al tiempo”.
“Yo prefiero alejarme un poco del mundo de los conceptos, sólo están las películas que parecen buenas y las que no. Las que me parecen buenas es que el cuerpo y las emociones responden y esa es la manera de saber si se trata algo importante en términos artísticos, todo lo demás son etiquetas”, finaliza Vanessa Arreola.
La licitación fue entregada al consorcio Geosatis S.A, DR México de CV y DR Perú SAC, por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a través del Programa de Modernización del Sistema de Administración de Justicia (ACCEDE) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Los dispositivos podrán ser utilizados para sentenciados a penas no mayores a ocho años de prisión Foto: Geosatis Technology
Lima, 25 abril (EFE).- Un consorcio mexicano-peruano fue seleccionado para proporcionar el sistema de grilletes electrónicos que se implementará desde fines de este mes en Perú, informó hoy el Ministerio de Justicia en un comunicado.
La licitación fue entregada al consorcio Geosatis S.A, DR México de CV y DR Perú SAC, por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a través del Programa de Modernización del Sistema de Administración de Justicia (ACCEDE) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El procedimiento de selección para la implementación del llamado Servicio de Vigilancia Electrónica Personal (VEP) como Plan Piloto se hizo mediante el Servicio Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)
El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, informó el sábado que al menos 436 presos han solicitado acogerse al beneficio del uso de grilletes electrónicos en Perú, una medida que entrará en vigencia el próximo 26 de abril.
Rodríguez agregó que, al menos, 4 mil personas están presas por el delito de omisión a la asistencia familiar (falta de pago de pensiones por alimentos) y estas podrían acogerse al beneficio del grillete electrónico.
Los dispositivos podrán ser utilizados para sentenciados a penas no mayores a ocho años de prisión o en procesados con imputaciones de delitos cuyas penas no sean mayores a ocho años de cárcel, según precisó el Poder Judicial.
Los grilletes electrónicos se otorgarán, de manera prioritaria, a personas mayores de 65 años, con enfermedad grave debidamente acreditada y discapacidad física permanente que afecte su desplazamiento.
También a mujeres gestantes, mujeres con hijos menores de tres años y a la madre o el padre que sea cabeza de una familia con un hijo menor de edad con discapacidad permanente bajo su cuidado.
Para ser beneficiado con el dispositivo, el procesado o condenado deberá efectuar el pedido ante el juez correspondiente y asumir el costo íntegro de la instalación y mantenimiento del dispositivo.
Entre las reglas de conducta que impondrán los juzgados para lograr una eficaz ejecución de la vigilancia electrónica figuran no variar de domicilio sin previa autorización judicial, comparecer ante quien vigile la medida y no manipular o dañar el dispositivo.
México Evalúa denunció que las cárceles en nuestro país se han vuelto un negocio para las empresas privadas, situación que se suma a los problemas que asedian a los centros penitenciarios, en los que no sólo existe sobrepoblación, sino también corrupción y autogobierno.
Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- El centro de investigación México Evalúa apuntó que las cárceles en México se han vuelto un negocio para las empresas privadas. El Presidente Enrique Peña Nieto insiste en la construcción de siete preventivos de esta clase pese a que ya no existe hacinamiento en las prisiones federales desde enero.
“El objetivo era tener más internos porque eso eleva la rentabilidad del negocio. Si nuestros contratos están construidos así. Tenemos un problema. Habrá gente que busca que haya más encarcelados [empresarios privados]”, dijo Edna Jaime, la directora de México Evalúa.
Los contratos son opacos, apuntó la investigadora Leslie Solís. Las cárceles privadas son por adjudicación directa, pero la información es reservada por la Secretaría de Gobernación.
Hoy en México hay 236 mil 886 personas recluidas. De las cuales el 59.6 por ciento ha recibido una sentencia, y el 40.4 se encuentra procesada, especificó. Menos que en el 2014, cuando eran 255 mil 638 personas recluidas en el fuero federal y común.
No obstante, el Gobierno persiste en la construcción de nuevos penales, bajo el esquema Contratos de Prestación de Servicios (CPS).
México Evalúa expone que el costo de mantener a una persona en una prisión privada es de mil 500 pesos por día. Mientras que en un centro federal el costo es de 390 pesos, y en uno estatal 350. Asimismo, en los centros privados la custodios continúan siendo proveídos por el Estado.
Después del escándalo por el hacinamiento en la cárcel del Altiplano cuando fue recluido el capo Joaquín “El Chapo Guzmán” se ha visto un descenso importante en los antiguos niveles de sobrepoblación, al grado de que no existe en el ámbito federal desde enero.
Mientras tanto, el hacinamiento continúa en el ámbito estatal, a junio los estados con mayor sobrepoblación en sus cárceles fueron: el Estado de México, con 165.51 por ciento; Nayarit, con 126.44; Hidalgo, con 84.98; Morelos, con 70.20 por ciento; y Jalisco con 67.01.
“No estamos en contra de la inversión privada. Pero siempre y cuando esté en un marco útil”, dijo Jaime. Los contratos no son públicos por la Secretaría de Gobernación (Segob) y se ha reservado información por motivos de seguridad nacional, puntualizó.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha detectado los problemas que aquejan a los centros penitenciarios del Estado, retomó México Evalúa, quienes han acompañado los impactos a los derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los centros privados no se construyen en el lugar más cercano a las poblaciones, sino en los terrenos más baratos.
México Evalúa apuntó que en octubre del año pasado el Centro Federal de Readaptación Social número 3 tenía más de 800 personas, y de un mes a otro, en noviembre, tenía cero. Habían sido trasladadas, una violación a sus derechos.
“El Estado mexicano no provee todo, ropa, productos. Eso lo hace las familias, y es perverso si les queda muy lejos visitar a su ser querido”, dijo la investigadora Layda Negrete.
La investigadora apuntó que el problema penitenciario no está sólo en la sobrepoblación, sino también en la corrupción y el autogobierno.
La privatización de las cárceles en el país, que inició en el Gobierno de Felipe Calderón, no es la solución para la crisis que se vive en los reclusorios de México. Defensores de los derechos humanos y organizaciones alertan sobre el empeoramiento de la situación si se deja en manos de particulares la responsabilidad de construir y administrar los penales.
Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- El Estado mexicano decidió promover la inversión privada en el sistema penitenciario como solución a la grave crisis que generan la sobre población, los casos de autogobierno y los incidentes de tortura en los penales. Pero especialistas en derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil señalan que esta estrategia sólo incrementaría la inseguridad dentro de los reclusorios y las violaciones a derechos humanos, y además reduciría la calidad de los servicios para los internos.
En 2010, el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa anunció en su cuarto Informe de Gobierno la construcción de las primeras cárceles bajo un esquema de Asociación Público-Privada (APP). La justificación del gobierno para implementar el esquema fue que, de esa manera, el sector penitenciario tendría más recursos para brindar mejores condiciones a los detenidos.
En ese mismo año, México otorgó ocho contratos para la construcción y concesión de los Centros Federales de Reinserción Social, bajo la modalidad de Contrato de Prestación de Servicios. Todos fueron atribuidos a las empresas involucradas por adjudicación directa, sin que hasta la fecha se conozcan los criterios de evaluación y selección de los proyectos.
El informe destaca la falta de transparencia con la que se implementó este tipo de Contratos de Prestación de Servicios en el sistema penitenciario en México. Foto: Cuartoscuro.
Este hecho, unido a la certeza de que las empresas tienden a buscar los medios para maximizar sus ganancias, ha provocado que organizaciones como Documenta A.C., Fundación para el Debido Proceso, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana Puebla, el Instituto de Justicia Procesal Penal, Madres y Hermanas de la Plaza Luis Pasteur, y México Evalúa, cuestionen la efectividad de las medidas implementadas por el gobierno de Calderón, y prolongadas durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con un informe difundido por estas organizaciones, lo que el Gobierno mexicano haría es ceder “la conducción de las políticas y responsabilidades estatales en materia de ejecución penal y su trascendencia para la vida de miles de personas”.
Según ellos, el Estado ha mantenido un argumento de escasez de presupuesto para defender la participación de algunas empresas que ni siquiera tienen experiencia en cuestiones penitenciarias pero que han obtenido beneficios importantes de la obra pública.
El informe señala que hay evidencia para demostrar que el Gobierno tiene el presupuesto suficiente para mantener las prisiones sin tener que vincularse con el sector privado. De hecho, aseguran, ha existido un subejercicio de los recursos asignados por alrededor de 40 por ciento del presupuesto.
Maïssa Hubert Chakour, vocera de la organización Documenta A.C., señaló en entrevista para SinEmbargo, que hay informes de la Auditoria Superior de la Federación que revelan que no todo el presupuesto asignado al sistema penitenciario en los últimos años se ha gastado, por lo que es viable seguir sin ayuda de la iniciativa privada.
Esta afirmación, declaró Chakour, no implica que México tenga recursos para construir más penales, lo cual, incluso, no sería lo óptimo. Ella insiste en que, si el Gobierno adoptara ciertas políticas de preliberación y de reinserción social, se podría mantener el sistema penitenciario en mejores condiciones que las actuales.
Documenta A.C. también ha señalado que los problemas de sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno, prácticas de tortura y trato cruel, inhumano y degradante contra los internos, que ya son comunes en las prisiones, sólo se incrementarían con la llegada de los empresarios.
Una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos publicado hace dos semanas muestra que la privatización de su sistema no ha mejorado las condiciones de los reclusos, por el contrario, empeoraron.
En el caso mexicano, las organizaciones señalan que existe la posibilidad de que la atención de los centros penitenciarios, que es responsabilidad del Estado, termine traspasándose a las empresas que construirían y administrarían los penales.
Centro Federal de Readaptación Social No. 9. Foto: Cuartoscuro.
Hubert Chakour también señaló que existe opacidad en el uso de los recursos y las responsabilidades de los funcionarios, pues no se establecen criterios de evaluación claros de las propuestas presentadas vía concurso.
Como ejemplo de ello, el documento presentado por los organismos señala que en 2013, la Auditoria Superior de la Federación, en su Informe de Resultados de la Fiscalización de Cuenta Pública, estableció que el OADPRS, dependencia encargada de celebrar los contratos con las empresas para el sector penitenciario, no había fundamentado la disposición legal que permite su participación en los Centros de Reinserción. Tampoco las contrataciones bajo esquema de CPS estaban reguladas ni por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector público, ni por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
En 2013, la Tercera Visitaduría de la CNDH denunció la opacidad del Gobierno en cuanto al monto de los recursos destinados a los contratos del 2010 en el sector, luego de que la Secretaría de Gobernación calificara la información como “reservada” por un plazo de 12 años a partir de diciembre de ese año.
Además de este problema, la CNDH ha indicado que hay un mayor costo por cada persona en una cárcel concesionada que en una prisión del Estado. Mientras que en los centros privados asciende a mil 500 pesos, el costo promedio en un centro público es de entre 150 y 390 pesos diarios. Además, este costo no representa un mejoramiento en las condiciones de los reclusos, ya que no ha sido verificado por ninguna autoridad.
La vocera de Documenta A.C. recalcó en la entrevista, que si bien es cierto que México atraviesa un momento de crisis en la seguridad de los penales, la solución no se encuentra en transferir a particulares el deber irreductible del Estado, sino encontrar soluciones de fondo que garanticen la correcta implementación de las leyes y la creación de planes de actividades que ayuden a la reinserción social de las personas que se encuentran cumpliendo alguna condena.
“Los graves problemas que caracterizan al sistema penitenciario en México no justifican la incorporación de un modelo que va en detrimento de la dignidad de las personas privadas de libertad y obstaculiza la reinserción social. Para acabar con ellos, el Estado debe proponer una política penitenciaria que ponga el respeto a los derechos humanos en el centro de la discusión”, concluye el informe.
En el informe se expone la situación de los centros penitenciarios en México, donde, pese a las diversas recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos, persisten problemas de hacinamiento y autogobierno. Foto: Cuartoscuro.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
