El plan, avalado por expertos de Alemania y Estados Unidos, pretende excarvar el terreno y hacer un tajo a cielo abierto, por lo que se ocuparán entre seis y 11 meses para el rescate de los “cuerpos” de los mineros, detalló el Gobierno federal.
Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó este domingo que las 10 familias de los mineros atrapados en la mina de “El Pinabete”, en Sabinas, Coahuila, acordaron con el Gobierno federal que se aplique el plan de rescate propuesto, que consiste en hacer un tajo a la tierra, a cielo abierto, y que tardará entre seis y 11 meses.
“Mandamos a consultar con los familiares, se pusieron muy tristes, es una situación muy difícil, mucho muy difícil, estaban muy alterados, no querían nada, y ya han aceptado. También hay un consenso de las 10 familias, están de acuerdo que se lleve a cabo este trabajo”, informó el mandatario mexicano durante un encuentro con trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Nuevo León.
“No aceptaban por el tiempo, nos va a llevar más tiempo y ellos querían que fuera lo más pronto posible. Nos comprometimos a trabajar para sacar los cuerpos”, reveló López Obrador.
Por ello, pidió a los ingenieros de la CFE y a su titular, Manuel Bartlett, que “se apliquen” con el rescate en Sabinas, pero también con el de Pasta de Conchos –ocurrido en 2006 y de donde no se pudieron extraer hasta 65 cuerpos de mineros atrapados desde entonces–. “También pedirle al Subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Devoto, que disponga de los recursos que se requieren, porque también vamos a pagar indemnizaciones”, adelantó el Presidente.
“No será una indemnización convencional, sino que se les va a ayudar con más”, cerró.
Los mineros llevan atrapados 25 días hasta este domingo. En un primer momento, los familiares de los trabajadores habían rechazado el plan de rescate que les propuso la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) que consta en construir un tajo y tardaría de seis a 11 meses en realizarse, el cual además fue avalado por expertos de Alemania y Estados Unidos.
María Elena Chávez, esposa del minero Jaime Montelongo Pérez, informó el viernes pasado que los familiares se reunieron con Laura Velázquez Alzúa, titular de la CNPC, quien expuso el nuevo plan de rescate y que fue rechazado rotundamente, ya que en 11 meses no podrán recuperar nada de sus parientes.
Durante la reunión con CNPC, se les compartió la opción de construir un “tajo”. Sin embargo, familiares reportaron que no les brindaron mayores detalles sobre la ubicación y procedimiento, pero que sería la estrategia para rescatar a los mineros atrapados.
Lo anterior indignó a los familiares, quienes narraron que se retiraron de la reunión con la funcionaria federal. Este domingo, López Obrador confirmó que, a pesar del dolor, ya se había logrado un consenso con sus sobrevivientes.
Con la propuesta aceptada, las autoridades entregarán una indemnización a las víctimas indirectas de la tragedia, pero aún así las familias expresaron que se negarán a aceptar cualquier recurso. “No vamos a aceptar la indemnización hasta que no nos los entreguen”, expuso Idalia Morales, familiar.
Labores de rescate de los 10 mineros atrapados desde en el pozo de carbón “El Pinabete” de la comunidad de “La Agujita” en Sabinas. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro.
López Obrador lamentó la semana pasada que no se ha podido rescatar a los 10 trabajadores que permanecen atrapados desde el pasado 3 de agosto en la mina “El Pinabete”, ubicada en el municipio de Sabinas, Coahuila.
En su rueda de prensa diaria, el Jefe del Ejecutivo federal detalló que ya se estaba avanzando, pero que un nuevo boquete se abrió en la mina contigua a la de “El Pinabete”, lo que ocasionó que los niveles de agua subieran nuevamente.
“Lamentablemente todavía no hemos podido rescatar a los mineros de Sabinas, Coahuila. Ya se iba avanzando, pero se tuvo la mala suerte de que se abrió otro boquete de la mina vecina que está inundada y volvieron a subir los niveles de agua”, dijo desde el Salón de la Tesorería.
Asimismo, el mandatario recordó la petición de los familiares de los mineros para solicitar la opinión de especialistas de Estados Unidos y de Alemania, que coincidió con la estrategia mexicana. “Coinciden en que lo que se está haciendo es lo correcto, pero que es un asunto complicado; sin embargo, estamos allá en la mina”, finalizó.
En las estrechas minas, conocidas como “pocitos”, los mineros trabajan con pistolas neumáticas para extraer el carbón sin mayor protección que un casco y sin salidas de emergencia; los expertos estiman que estas minas son muy inseguras debido a que los mineros operan sin saber dónde están las áreas con riesgo.
Por Fabiola Sánchez y Mark Stevenson
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — A medida que se desvanecen las esperanzas de rescatar a 10 mineros atrapados en un socavón del norte de México inundado desde inicios de mes, aumenta la evidencia de que el actual Gobierno habría impulsado el resurgimiento de una peligrosa minería a baja escala que continúa cobrando vidas.
Hace dos años el Presidente Andrés Manuel López Obrador promovió un plan para reactivar las centrales eléctricas a carbón en el estado norteño de Coahuila y darle preferencia a la adquisición de pequeñas empresas mineras de esa región.
Las compras fueron parte de las políticas de López Obrador para darle ingresos a los mexicanos más pobres.
Al hacerlo la administración resucitó la minería de arrastre a baja escala, que se realiza en profundos pozos, tan peligrosa y primitiva que ambas cámaras del Congreso de México intentaron prohibirla hace una década.
Los expertos estiman que estas minas, tan angostas que sólo puede bajar una persona a la vez por un pozo de unos 100 metros de profundidad, son muy inseguras debido a que los mineros operan sin revisar los gases acumulados y sin mapas hidrogeológicos que les permitan saber dónde están las áreas con riesgo de inundación.
En las estrechas minas, conocidas como “pocitos”, los mineros trabajan con pistolas neumáticas para extraer el carbón sin mayor protección que un casco y sin salidas de emergencia.
Quince hombres estaban trabajando en la mina Pinabete de la localidad de Sabinas, en el estado de Coahuila, cuando la tarde del 3 de agosto se toparon con una pared de una mina abandonada que estaba inundada y que al venirse abajo cubrió de agua el socavón. Cinco mineros lograron salir en medio de la inundación pero los demás quedaron atrapados sin que hasta la fecha se haya tenido algún contacto con ellos.
La promoción de la minería de carbón es parte del esfuerzo de López Obrador para apuntalar la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) encabezada por un político de la vieja guardia, Manuel Bartlett, y darle apoyo a los pequeños mineros de origen pobre.
Voluntarios drenan agua de una mina donde mineros quedaron atrapados en Sabinas, estado de Coahuila, México, 4 de agosto del 2022. Foto: Alfredo Lara, AP
El plan no sólo ha sido cuestionado por ambientalistas sino también por opositores que han advertido sobre los riesgos que enfrentan los mineros.
“La grandiosa idea de Manuel Bartlett de darles más carbón a los productores más pequeños y menos a los productores más grandes provoca que al final termine en la explotación de pozos sin la seguridad necesaria para poder cuidar la vida de los trabajadores”, afirmó Miguel Riquelme, Gobernador de Coahuila y dirigente del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) tras el accidente de Pinabete.
La CFE ha defendido la decisión de comprar alrededor de dos tercios de carbón para la generación de energía a las pequeñas empresas mineras.
“Teníamos que tener una conceptualización en que los más pequeños [mineros] tenían que ser favorecidos porque teníamos que igualar sus condiciones socioeconómicas”, afirmó en julio el Subdirector de Contratación y Servicios de la CFE, Miguel López, y agregó que “como él [López Obrador] bien lo ha dicho, uno de los principales lastres que tiene este país se llama desigualdad”.
Desde el día del accidente, las autoridades iniciaron la extracción de agua de los pozos con la ayuda de bombas. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro.
La política del Gobierno ha permitido que prosperen las pequeñas empresas mineras, pero algunas están operando sin cumplir las normas laborales y requisitos de la CFE. Así lo reconoció recientemente López Obrador quien afirmó que en el caso de Pinabete no se cumplieron una serie de requisitos.
Los accidentes en las minas de carbón han sido frecuentes.
En junio de 2021 siete trabajadores murieron en una mina del municipio Muzquiz, en Coahuila. La mina de la empresa Micarán también se inundó y colapsó parcialmente y tomó días recuperar los cuerpos de los mineros.
En 2006 se registró una tragedia en la mina Pasta de Conchos de Coahuila donde 65 mineros murieron después de que una acumulación de gas provocó un incendio y una explosión que hicieron colapsar varios túneles.
Los congresistas mexicanos conocían bien los peligros de las estrechas minas verticales y es por ello que a partir de 2012 comenzaron a promover leyes para eliminarlas.
En el Senado se impulsó ese año un proyecto de ley que tenía como objetivo central la “prohibición expresa del trabajo en tiros verticales de carbón”, conocidos como “pocitos”, porque tenían “mayores riesgos”.
Un año después en la Cámara de Diputados se presentó otro proyecto en el que se reconocía que “las actividades mineras registran riesgos laborales generalizados en extracción de carbón, debido a que los procesos y técnicas son artesanales y rudimentarios; (y) omiten la normativa en materia de seguridad”. Para hacer frente a esa situación se planteó que era necesario “minimizar o eliminar” esas prácticas mineras.
No está claro por qué esas leyes nunca se aprobaron, pero la fuerte influencia que tiene la política en esa actividad pudo haber tenido algo que ver.
La activista Cristina Auerbach, que defiende los derechos de los mineros, afirmó que el carbón es un tema políticamente delicado en Coahuila, en especial entre las comunidades empobrecidas que alguna vez vivieron de esa actividad.
“El tema del carbón en Coahuila es un tema político, no económico”, sostuvo Auerbach.
Desde 2006 hasta el año pasado al menos 80 mineros han muerto en accidentes en Coahuila, precisó la activista, y agregó que “las empresas más chicas en la región carbonífera son las empresas más precarias como Pinabete”.
Autoridades extraen agua de los pozos de la mina “El Pinabete”, donde se encuentran atrapados 10 trabajadores. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro.
La minería de carbón a pequeña escala parecía estar desapareciendo en Coahuila hasta que López Obrador ordenó a la CFE que aumentara las compras.
“Con los nuevos pedidos de Comisión Federal para las uniones y para ciertos particulares y para empresas, pues obviamente la región revivió”, dijo Diego Martínez, profesor de Ciencias Aplicadas de la Tierra en la Universidad Autónoma de Coahuila.
López Obrador quería eliminar los subterfugios y la corrupción en las compras de carbón, pero aparentemente también fracasó en ese objetivo.
Un hombre fue arrestado este mes en relación con el accidente de Pinabete luego de que se descubrió que la mina aparentemente estaba registrada con diferentes nombres en los contratos de compra de la CFE.
No es la primera vez que se denuncian prácticas ilegales en las pequeñas minas de carbón de Coahuila, donde los trabajadores ganan sólo 200 dólares a la semana.
López Obrador dijo que el contrato de la mina Pinabete con la CFE decía explícitamente que no se podía subcontratar, pero al parecer se hizo de todos modos.
Sobre la posibilidad de que puedan darse cambios en el corto plazo para mejorar las condiciones de seguridad de los mineros, activistas y especialistas manifestaron dudas.
Al respecto Auerbach dijo que a pesar del evento de Pinabete en la actualidad siguen operando en Coahuila “cientos” de pequeñas minas en zonas que, aseguró, son de “alto riesgo”. “Por eso lo que estamos pidiendo es que todas las concesiones de carbón que se otorgaron en zonas de alto riesgo deben ser canceladas porque siempre van a morir (los mineros)”, concluyó.
La SE destacó que entre las concesiones con presuntas irregularidades no se encuentra la de “Las Conchitas Fracc. Norte”, propiedad de la minera “El Pinabete”, donde quedaron atrapados 10 mineros desde hace más de una semana.
Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).- La Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía (SE) suspendió provisionalmente las obras y trabajos en 10 concesiones mineras, hasta que los patrones o representantes de cada uno de los centros de trabajo acrediten el cumplimiento de las medidas dictadas en cada uno de los respectivos expedientes, luego de las inspecciones que realizó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).
La SE destacó que entre las concesiones con presuntas irregularidades no se encuentra la de “Las Conchitas Fracc. Norte”, propiedad de la minera “El Pinabete”, donde quedaron atrapados 10 mineros desde hace más de una semana.
La Dirección General de Minas fue informada por la STPS, el pasado 9 de agosto, sobre la existencia de un oficio del 9 de diciembre de 2021, que solicitaba a Eduardo Enrique Flores Magón y López, director general de Minas de ese entonces, proceder con la suspensión provisional de obras y trabajos en 10 lotes mineros.
Comunicado | Dirección General de Minas suspendió provisionalmente obras de 10 concesiones mineras. pic.twitter.com/r1G6szeml9
El entonces director general de Minas no procedió con la suspensión provisional de las obras y trabajos, al argumentar que la información de la STPS sobre las 10 concesiones no coincidía con los datos registrales en poder de la Dirección General de Minas.
Por tal motivo, la SE consideró que se trataría de una posible irregularidad y con el propósito de que se investigara “se dio la salida del director general de Minas y el director de Revisión de Obligaciones en junio pasado”.
Este 12 agosto, la STPS identificó 12 concesiones mineras que presentan irregularidades en la Región Carbonífera de Coahuila.
⭕️ Informamos sobre las tareas de inspección minera en #Coahuila
En una tarjeta informativa que compartió a los medios la titular de la dependencia, Luisa María Alcalde, dijo que los datos ya habían sido turnados a la SE para que cancelara las concesiones.
Asimismo, la STPS dio a conocer que existen siete expedientes abiertos por incumplimientos a la restricción de acceso a minas ante la Fiscalía del Estado de Coahuila.
La secretaría informó que el 39 por ciento de todas las inspecciones mineras se han realizado en la zona carbonífera de Sabinas, Nueva Rosita y Palaú, y que en los tres años de la actual administración se han cerrado 27 explotaciones mineras por incumplimiento en las medidas de seguridad.
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También informó que el 62 por ciento de las multas económicas impuestas a mineras en el país han sido en Coahuila.
FGR SOLICITARÁ AUDIENCIA
El pasado 11 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una audiencia para imputar el delito de explotación ilícita de un bien de la nación a Cristian Solís, identificado como el dueño de la mina El Pinabete.
La dependencia informó que busca imputar penalmente al empresario por “su responsabilidad en todos los actos de dirección y administración, en la explotación ilícita del subsuelo que es un bien de la nación, a través de la mina”.
La minera “El Pinabete” es donde quedaron atrapados 10 mineros desde hace más de una semana. Foto: Vanguardia.
Adelantó que para formular la imputación informará sobre las personas que han declarado al respecto, presentará datos de prueba, dictámenes en documentación fotográfica, en materia criminalística de campo, en ingeniería y arquitectura, en investigación criminal, así como inspecciones.
La FGR explicó que la investigación contra Cristian Solís por el delito de explotación ilícita de un bien que pertenece a la nación la respaldará con lo que establece el artículo 150 de la Ley de Bienes Nacionales, donde se plantea sancionar “a quien use, aproveche o explote un bien que pertenece a la Nación, sin haber obtenido previamente concesión, permiso o autorización, o celebrado contrato con la autoridad competente”.
Los enfrentamientos en los campamentos de dos importantes proyectos mineros se produjeron debido a conflictos con comunidades indígenas que reclaman el uso de terrenos comunales y la presunta afectación a recursos hídricos.
Por Franklin Briceño
LIMA (AP) — Los campamentos de dos importantes proyectos mineros de cobre en los Andes peruanos, de capitales chinos y mexicanos, sufrieron incendios en el marco de conflictos entre las compañías mineras y las comunidades donde se encuentran emplazadas.
El incendio, cuyos autores no se conocen al momento, ocurrió luego que vecinos de Huancuire se enfrentaron a unos 250 policías y personal de seguridad minero en un choque que dejó dos comuneros heridos por perdigones. Los comuneros dijeron que la Policía los agredió, mientras que la minera afirmó que los comuneros los agredieron cuando buscaban dar mantenimiento a una planta de tratamiento de aguas residuales, ubicada en la zona invadida por los comuneros.
Uno de los incendios ocurrió la noche del martes en el campamento del proyecto cuprífero Los Chancas de la minera Southern Copper, propiedad del Grupo México. El alcalde de Tapairihua, Edwin Carpio, en cuya jurisdicción está el plan minero, confirmó el siniestro a AP.
Southern Copper dijo en un comunicado que unas 300 personas, “entre desconocidos y presuntos mineros informales e ilegales” atacaron el campamento usando explosivos y armas de fuego. Añadió que se destruyeron cuatro camionetas, tres grupos electrógenos, casetas de seguridad, más de quince módulos de viviendas, el comedor, carpas para laboratorio, almacén y los depósitos de combustible.
Mina Cuajone, de Grupo México, en Moquegua, Perú. Imagen ilustrativa. Foto: Grupo México.
La minera pidió la intervención de las autoridades para evitar “nuevos actos delictivos y amenazas contra nuestro personal y la población de los distritos de Pocohuanca y Tapairihua, que también está siendo agredida por este grupo delictivo”.
También, la mina Las Bambas, controlada por la estatal china Minmetals mediante su filial MMG Limited, confirmó el miércoles en un mensaje a The Associated Press que el incendio se registró la víspera y afectó a un taller mecánico, pero al momento no hay un cálculo exacto de los daños.
En algunas fotografías enviadas a AP por Las Bambas también se observan un cargador frontal, dos contenedores marítimos, una carpa y varios neumáticos quemados.
La producción de cobre en Las Bambas está detenida hace 42 días por un conflicto con campesinos indígenas de la comunidad de Huancuire que han ingresado a terrenos de la minera alegando incumplimientos de pactos previos. El Gobierno mantiene un estado de emergencia en la zona.
La producción de cobre en Las Bambas está detenida hace 42 días por un conflicto con campesinos indígenas de la comunidad de Huancuire. Imagen ilustrativa. Foto: Cuartoscuro
El Alcalde de Tapairihua envió además a la AP un comunicado grabado en video donde recordó que la minera está desde hace más de 24 años en la zona y que no tiene buenas relaciones con el distrito porque ha iniciado denuncias judiciales a un centenar de vecinos, incluidos “dirigentes, comuneros y ambientalistas”. No dio más detalles.
La autoridad local dijo que en la zona hay comuneros dedicados a la minería artesanal, pero descartó que ellos hayan tenido motivos “para atentar contra el campamento”. Los Chancas es un proyecto minero aún en estudios, con una inversión prevista de dos mil 600 millones de dólares.
Según la Defensoría del Pueblo, las comunidades de Tiaparo, ubicada en Pocohuanca, y Tapairihua se oponen a la actividad de Southern Copper en el proyecto Los Chancas. Tiaparo por una presunta falta de cumplimiento de acuerdos asumidos por la empresa durante 11 años y Tapairihua porque no contaría con el acuerdo del uso de terrenos comunales y por presunta afectación a recursos hídricos.
El Ministerio de Energía y Minas no ha realizado comentarios al momento.
Ambos proyectos se encuentran lejos uno de otro pero se ubican en Apurímac, una región rica en cobre, un metal del que Perú es el segundo productor mundial.
Ambos proyectos se encuentran lejos uno de otro pero se ubican en Apurímac, una región rica en cobre, un metal del que Perú es el segundo productor mundial. Imagen ilustrativa. Foto: Cuartoscuro
Perú acumula 209 conflictos en todo su territorio, de los cuales el 63 por ciento son de origen socioambiental ligados a actividades extractivas incluida la minería, según la Defensoría del Pueblo. Muchos de estos conflictos tienen más de una década y se fueron acumulando a lo largo de los años sin que los últimos gobiernos lo hayan resuelto.
El Gobierno del Presidente Pedro Castillo, que inició su gestión hace 10 meses, ha cambiado cuatro veces de Primer Ministro y cinco veces de titular del Ministerio de Energía y Minas.
La escasa continuidad de ministros en el cargo y la debilidad política del mandatario, que enfrenta incluso una investigación fiscal por presunta organización criminal, no ha permitido que los funcionarios logren acuerdos para apaciguar los conflictos entre las comunidades y las mineras.
La minería es clave para los ingresos fiscales de Perú y constituye aproximadamente el 60 por ciento de las exportaciones.
En México, las actividades de minería se reanudaron después de que el entonces Secretario de Estado de EU, Michael Pompeo, “presionará al Gobierno mexicano” para exigir su reactivación, menciona el texto.
Toronto (Canadá), 24 may (EFE).- Las políticas de algunos Gobiernos de Latinoamérica han favorecido el sector de la minería en detrimento de las comunidades en que se localizan los proyectos mineros, según un estudio dado a conocer este martes.
El informe “Sin tregua”, elaborado por la Coalición contra la Pandemia Minera, integrada por organizaciones de defensa de los derechos humanos y activistas opuestos a la minería a gran escala, analiza la situación en nueve países desde el comienzo de la covid-19: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Panamá y Perú.
En la mayoría de esos países, la minería fue declarada al inicio de la pandemia una actividad esencial y, por tanto, el sector quedó blindado frente a las limitaciones impuestas para contener la covid-19.
De hecho, el informe concluye que las empresas mineras se han fortalecido durante la pandemia gracias a un trato de favor por parte de los Gobiernos “con la desregulación de actividades y ajustes administrativos, lo que ha facilitado el avance de los proyectos mineros”
La minería aumentó en la zona en detrimento de las comunidades. Imagen ilustrativa. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro
El documento cita el caso de la mina Cobre Panamá, propiedad de la firma canadiense First Quantum Minerals, que en un principio estuvo exenta de las restricciones adoptadas en marzo de 2020, aunque semanas después las autoridades le pidieron que suspendiera su actividad por la aparición de casos de covid entre sus trabajadores.
La empresa afirma que acató la orden entre abril y julio de ese año, pero el estudio recoge las denuncias de sus empleados de que las operaciones continuaron, pese a la muerte de cinco trabajadores a consecuencia del coronavirus.
En México, las actividades de minería se reanudaron después de que el entonces Secretario de Estado de EU, Michael Pompeo, “presionará al Gobierno mexicano” para exigir su reactivación, menciona el texto.
Según la Coalición contra la Pandemia Minera, en los países analizados se han lanzado políticas para promocionar el sector, como “una solución para la reactivación y recuperación económica”.
Además se ha empleado la transición energética (el reemplazo de combustibles fósiles con energía eléctrica) como justificación para intensificar la extracción de minerales como el cobre o el litio, este último utilizado para la producción de baterías de vehículos eléctricos.
Minera en Puebla. Foto: Mireya Novo, Cuartoscuro.
En paralelo, la pandemia ha supuesto una serie de nuevas presiones sobre las comunidades, muchas de ellas indígenas, en las que se asientan proyectos mineros, al tiempo que ha permitido que las empresas del sector y los Gobiernos continúen violando sus derechos.
“Las mineras no han dado tregua, han seguido operando, mientras que las comunidades han tenido que enfrentar nuevos riesgos y amenazas para sostener su trabajo verdaderamente esencial, que va dirigido al cuidado de sus territorios, la tierra, el agua y los procesos de organización local”, continúa el informe.
Al mismo tiempo, señala el documento, el asesinato de líderes comunitarios que defienden los territorios de su destrucción ha sido “un continuo” durante la pandemia.
De acuerdo al reporte anual de 2021 de la organización Global Witness, de los 227 asesinatos de defensores de la tierra ocurridos en 2020, 165 se produjeron en Latinoamérica.
Grupos especiales del Ejército mexicano tomaron el control de la seguridad en el poblado de Naranjo de Chila, en el estado de Michoacán, lugar de nacimiento de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del CJNG. Trabajan para detectar minas antipersona, luego de la explosión de dos artefactos explosivos en los últimos 20 días.
Por Armando Solís
NARANJO DE CHILA, México, 19 de febrero (AP). — La patrulla entra en el camino de tierra. Los soldados se bajan y empiezan a caminar con cuidado, encabezados por un oficial con un detector de metales. “Pi-pi-piiii” se escucha. Al detectar una potencial mina, regresan, se colocan el equipo antiexplosivos y la desactivan.
La escena podría ser usual en otros puntos del mundo, pero en México no lo era hasta ahora.
Esta semana, las autoridades del estado de Michoacán, en el occidente de México, reconocieron formalmente la primera víctima civil por una mina terrestre: un anciano cuya camioneta pasó encima del rudimentario explosivo colocado en territorio que se disputan el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el grupo criminal local Los Viagras. Pero las víctimas podrían ser más.
Grupos especiales del Ejército mexicano tomaron el control de la seguridad en el poblado de Naranjo de Chila, lugar de nacimiento de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”. Foto: Ivan Villanueva, EFE.
Según el militar que hizo la demostración de su trabajo a la prensa, él lleva desactivadas más de 25 minas de este tipo en los territorios donde nació el líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, uno de los fugitivos más buscados por México y Estados Unidos.
Los explosivos caseros pueden ser activados mediante un celular, por la presión o al mezclarse dos sustancias químicas, explicó.
La semana pasada, un vehículo del Ejército quedó inutilizado por un explosivo improvisado colocado en una carretera y diez soldados resultaron heridos, aunque no está claro si a consecuencia de la mina o por otras armas. Ése fue el primer uso exitoso de este tipo de explosivos contra un objetivo militar en México.
Vista de un anuncio con orificios de bala en la comunidad de Naranjo de Chila, en el estado de Michoacán. Foto: Ivan Villanueva, EFE.
Sin embargo, los explosivos a bordo de drones han generado más miedo en Michoacán que las minas, y no es extraño ver tejados de lámina con agujeros por el impacto de esas bombas lanzadas desde el aire.
Las fuerzas armadas ya tienen presencia en municipios que durante meses estuvieron tomados por los cárteles. Los militares dicen que desde que llegaron se ven más personas en las calles, pero en realidad el miedo sigue presente.
Un campesino camina por las calles vacias en la comunidad de Naranjo de Chila. Foto: Ivan Villanueva, EFE.
Una mujer en una moto que se identifica únicamente como María Mercedes sólo repite que todo está tranquilo.
“Estamos bien, gracias a Dios … es lo mismo, antes estaba tranquilo también, era normal. No puedes hablar ni decir nada tampoco”, señaló. Sin embargo, sin dar detalles, dice que ella salió de una comunidad cercana por la violencia.
Michoacán es codiciado por los cárteles de la droga por su puerto marítimo, clave en las rutas del narcotráfico, pero también por la oportunidad de extorsionar a los productores de aguacates y limones, que son amenazados de muerte si no pagan a los grupos criminales.
La producción de carbón aumentó un cuatro por ciento interanual entre enero y agosto, mientras que la de electricidad subió un 11 por ciento.
Shanghái (China), 12 oct (EFECOM).- El precio de los contratos de futuros de carbón térmico más cotizados en la Bolsa de Futuros de Recursos de Zhengzhou alcanzaron su máximo histórico ante las graves inundaciones en una importante región productora y la crisis de suministro que ha causado cortes de energía en partes de China.
Al final de la sesión de ayer, cada tonelada métrica de los contratos ZC201 se situaba en los mil 408 yuanes (218 dólares, 189 euros), un 11.58 por ciento más que al cierre del viernes.
Esto supone una subida de más del doble (+114 por ciento) con respecto a los precios de principios de año.
En un reciente artículo, el diario privado hongkonés South China Morning Post explicó que las limitaciones a las subidas del precio de la luz han supuesto que las compañías energéticas hayan visto mermadas sus cuentas, lo que se une a un aumento de la demanda superior a la capacidad de producción de carbón, materia con la que se sigue produciendo casi un 70 por ciento de la electricidad del país.
Según la consultora Macquarie, la producción de carbón aumentó un cuatro por ciento interanual entre enero y agosto, mientras que la de electricidad subió un 11 por ciento, especialmente debido a la demanda del sector industrial.
La recuperación poscoronavirus de la economía china se tradujo, en el citado período, en un aumento del 13.5 por ciento interanual de la demanda de electricidad.
La producción de carbón aumentó un cuatro por ciento interanual entre enero y agosto, mientras que la de electricidad subió un 11 por ciento. Foto: EFE
En los últimos días, las inundaciones en dos de las tres principales provincias productoras de carbón del país -Shanxi y Shaanxi- han supuesto más problemas para la producción, con Shanxi llegando a cerrar temporalmente unas 60 minas hulleras, aunque la mayoría ya han vuelto a operar con normalidad, según las autoridades.
A esto se suman los planes de Pekín de reducir su huella de carbono -se propuso alcanzar su pico en 2030 y la neutralidad en 2060-, mientras que importantes provincias industriales como Cantón [sureste] siguen incumpliendo con las metas marcadas por el Gobierno para la reducción del uso de energía y de las emisiones.
La presión de la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo (CNRD, principal órgano de planificación económica del país) ha supuesto que al menos 20 de las 31 provincias del país hayan decidido racionar el uso de electricidad, apunta South China Morning Post.
Las consecuencias se han notado especialmente en regiones nororientales como Liaoning y Jilin, donde se han registrado apagones desde mediados de septiembre tras limitarse el suministro a los hogares.
Los sectores más afectados incluyen la producción de acero, aluminio o cemento, pero también incluyen a los trituradores de soja o a la industria textil.
Las autoridades nacionales ya han tomado medidas para tratar de garantizar el suministro de cara al invierno, con órdenes a los bancos para priorizar la concesión de préstamos a minas y compañías eléctricas y la CNRD reclamando impulsar tanto la producción como el transporte de carbón, aunque al mismo tiempo indicó que no planea hacer cambios a sus metas de reducción de consumo de energía.
De cara al futuro, el rotativo hongkonés cita a analistas que pronostican que el racionamiento energético continuará hasta al menos la próxima primavera y que el Gobierno preferiría pasar el aumento de los costes a los usuarios finales para tratar de aliviar la presión a productoras y eléctricas.
Mientras tanto, en el marco de una crisis de suministro que se extiende a nivel internacional, China ha continuado aumentando sus importaciones de carbón desde países africanos, Indonesia o Kazajistán.
Asimismo, la prensa australiana asegura que China ha vuelto a permitir la llegada de envíos de carbón desde la nación insular, restringidos de manera extraoficial desde marzo de 2020 ante la crisis diplomática entre Pekín y Canberra.
Fezeh Rezaye, integrante del primer equipo de desminado femenino en Afganistán, decidió cambiar de profesión después de que la explosión de una mina matara a siete niños de la misma familia en su aldea.
Afganistán, 4 de abril (RT).- Cada 4 de abril se celebra en el mundo el Día Internacional para la Concienciación y Asistencia en la Acción contra las Minas, establecido en 2005 por la Asamblea General de la ONU para llamar la atención sobre la grave amenaza que representan para las poblaciones locales los restos de explosivos de guerra.
Uno de los países más afectados por este problema es Afganistán, donde 30 años de conflicto armado han dejado un peligroso legado de materiales explosivos que se sigue cobrando unas 120 vidas civiles cada mes, pese a los esfuerzos del Programa de Acción contra las Minas en Afganistán (MAPA).
“POR EL BIEN DE MIS HIJOS”
Fezeh Rezaye, una madre afgana de 26 años, forma parte del primer equipo de desminado formado únicamente por mujeres, que en 2019 libró de minas a Bamiyán, una provincia al norte de Afganistán que durante siglos albergó dos inmensas estatuas de Buda, reconocidas como Patrimonio de la Humanidad, que los talibanes destruyeron en 2001 por considerar que eran contrarias a los principios del islam.
Rezaye decidió dejar su trabajo de profesora y dedicarse al desminado después de que una explosión matara a siete niños de una familia que vivía en su pueblo. “Pensé en mis propios hijos, que esto podría haberles pasado a ellos”, señala en un comunicado publicado en el sitio web de la ONU.
Rezaye recuerda que sus dos hijos y otros familiares se opusieron a su decisión de convertirse en desminadora por que consideraban que la profesión era demasiado peligrosa y arriesgada. Pero les decía que, por el bien de mi futuro y el de mis hijos, quería que Bamiyán estuviera libre de minas, para que todos pudieran estudiar y disfrutar de la vida”, recuerda la mujer.
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La joven afgana también hace frente a la desaprobación social en algunos distritos de la provincia, cuyas restricciones culturales consideran que es impropio para una mujer trabajar por dinero. En general, la sociedad de Bamiyán es más abierta que otras partes de Afganistán, recuerda Rezaye. “Esta es una provincia pobre, con alto desempleo, y el desminado es una de las pocas oportunidades para que las mujeres ganen dinero”, asegura.
“PODEMOS TRABAJAR TAN DURO COMO LOS HOMBRES”
En 2019, las mujeres que integran el primer equipo de desminado femenino en Afganistán fueron nominadas por la Asociación de Control de Armas para el Premio a la Mejor Persona del año, por sus “tenaces esfuerzos”, que son un ejemplo de “empoderamiento” de la mujer en el país. “Demostramos que las mujeres pueden trabajar tan duro como los hombres, que somos iguales a ellos”, recalca Rezaye.
De momento, el equipo de Rezaye sigue trabajando en Bamiyán donde aseguran que aún hay artefactos explosivos en algunos campos de tiro. Sin embargo, a la mujer le preocupa que, una vez que la región esté completamente limpia, ya no tendrá nada que hacer, pues muchas de las otras provincias afganas todavía están dominadas por los talibanes.
Además de su trabajo principal, Rezaye también tiene como objetivo aprender inglés y obtener una maestría en el campo de la arqueología o la sociología. La mujer espera que algún día las autoridades locales asignen puestos para mujeres desminadoras en la oficina a cargo de la acción contra las minas, lo que mejoraría su seguridad laboral.
La canadiense Equinox Gold tiene “un programa muy ambicioso de despojo de oro y territorio en México y América Latina”, afirma la Red Mexicana de Afectados por la Minería. Están dispuestos a un diálogo, pero con respeto, responden ejidatarios y niegan que estén bloqueados los caminos.
Llamó a la población a “que pongan atención en lo que sucede en este momento de amenazas e intimidaciones en Carrizalillo y que se solidaricen con este pueblo ante los intentos de Equinox Gold de descalificar y esquivar sus justas y mínimas demandas”.
Por Zacarías Cervantes
Chilpancingo, Guerrero, 7 de septiembre (El Sur).- La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) alertó a las organizaciones y organismos no gubernamentales, ante la crítica situación que enfrentan los ejidatarios de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri (Zumpango) con la minera canadiense Equinox Gbold, pues dijo que esta empresa tiene “un programa muy ambicioso de despojo de oro y territorio en México y América Latina”.
En un comunicado enviado ayer, argumentó que el proyecto es del “multimillonario canadiense e inversionista minero”, Ross Beaty, fundador de la empresa minera canadiense Pan American Silver.
Rema, explicó que Pan American Silver ha operado por dos décadas en México y es responsable del desplazamiento forzado de la comunidad de La Colorada en Zacatecas en 2017, además de operar la mina Dolores en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, “en las mismas condiciones de militarización y violencia que aplica en Carrizalillo, en el supuesto cinturón de oro de Guerrero”.
“Hacemos un llamado de alerta ante la actual situación crítica que enfrenta nuevamente la comunidad de Carrizalillo, a raíz del comportamiento ‘racista y discriminatorio’ que la empresa minera canadiense Equinox Gold (antes Leagold Mining y Goldcorp) ha tenido tanto con los representantes campesinos como en el incumplimiento de su convenio, que contiene la exigencia de condiciones elementales de protección debido a que desde hace 10 años ha generado una grave afectación, progresiva e irreversible a su comunidad”, demanda el escrito.
Recuerda que Equinox Gold apenas tomó control de la mina Los Filos a principios de 2020, y en este breve tiempo, por sus incumplimientos y falta de capacidad para llevar una relación respetuosa con la comunidad, logró que el ejido de Carrizalillo echara abajo el convenio que había firmado por 6 años, iniciado en 2019.
“La nueva propietaria canadiense de la mina no supo mantener una relación de respeto con la comunidad, terminando con la decisión de la comunidad de rescindirlo”, argumenta. Refiere que Equinox Gold es una empresa relativamente nueva que entró a la escena en México con la compra de la mina Los Filos “y con un programa muy ambicioso de despojo de oro y territorio de México y América Latina”.
Explica que el proyecto es del multimillonario canadiense e inversionista minero, Ross Beaty, quien también es fundador de la empresa minera canadiense Pan American Silver.
Agrega que Pan American Silver ha operado por dos décadas en México y es responsable del desplazamiento forzado de la comunidad de La Colorada en Zacatecas en 2017, además de operar la mina Dolores en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, “en las mismas condiciones de militarización y violencia que aplica en Carrizalillo, en el supuesto cinturón de oro de Guerrero”.
Asegura que esta empresa cuenta con procedimientos de ingeniería de conflictos, coerción y presión intimidatoria, “gracias a los cuales compra proyectos a pesar de existir grandes resistencias de las poblaciones locales, como es el caso de la mina Escobal, actualmente suspendida por la resistencia tenaz del pueblo indígena Xinka de Guatemala, y como el proyecto Navidad en la provincia de Chubut de
Argentina, donde la movilización constante de la población ha logrado la prohibición de la actividad minera desde 2003”.
Agrega que no es la primera vez que los propietarios y operadores de la empresa canadiense Equinox Gold han mostrado “el racismo, el desprecio y el dolo hacia las poblaciones afectadas por sus intereses económicos mezquinos”.
Por ello, Rema advierte que la crisis actual en Carrizalillo es el resultado de un largo y sistemático proceso de despojo, “que ha dejado ya una severa alteración en la vida de la comunidad, incluyendo el desplazamiento forzado de la mitad de sus familias ante los niveles de violencia surgidos desde 2015”.
Sostiene que el modelo extractivo, actualmente tolerado e impulsado por el Estado y protegido por su Guardia Nacional, tiene en
Carrizalillo y en toda la región, a consecuencia de engaños y complicidades, una muestra contundente de lo que significa la extracción de
recursos a costa de la vida y del futuro de las poblaciones campesinas e indígenas.
Mientras tanto, agrega que “la prepotencia de la empresa Equinox Gold, aunada a la actitud permisiva y cómplice de los gobiernos estatal
y federal, pretende doblegar la resistencia del Ejido de Carrizalillo, que a pesar de todo exige condiciones mínimas para atenuar los
impactos en sus fuentes de agua y su salud, aunque sea luego de tantas afectaciones”.
Propone que este proceso devastador debe llevar a la opinión pública a exigir la anulación de todas las concesiones de muerte ampliamente evidenciadas.
“La defensa de los territorios nacionales no se hace desde la ignorancia, la desinformación y las falsedades que las empresas imponen a los gobernantes, sino desde la verdad objetiva de los riesgos y daños evidentes, y en particular, desde el sufrimiento y la dignidad de nuestro pueblo”, reprocha.
En estas circunstancias, la agrupación nacional hizo un llamado “enérgico” a la opinión pública, a los periodistas y a los movimientos sociales “que pongan atención en lo que sucede en este momento de amenazas e intimidaciones en Carrizalillo y que se solidaricen con este pueblo ante los intentos de Equinox Gold de descalificar y esquivar sus justas y mínimas demandas en condiciones de respeto, seguridad y dignidad”.
También piden a los diputados y funcionarios que actúen “ante tantas violaciones a los derechos que sigue generando la minería” y que se cancele “este tipo de crimen organizado de alcance nacional”.
Francisco Quiroga se desempeño al frente de la Subsecretaría de Economía desde 2018, cuando triunfó el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Continuará operando en la Administración federal, aunque la Secretaría de Economía no especificó en qué área.
Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).- El cargo del Subsecretario de Minería,Francisco Quiroga, quedará eliminado a partir del 1 de septiembre, anunció la Secretaría de Economía. La cancelación del puesto se justificó como una medida de austeridad y racionalidad administrativa emitida el mes de abril como Decreto Presidencial.
La dependencia federal anunció este lunes que la eliminación del cargo de Subsecretaría no afectará las tareas en el sector metalúrgico, ni en las atribuciones, facultades y trabajos en la materia, que se efectúan a través de la Dirección General de Minas, la Dirección General del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera y la Dirección General de Desarrollo Minero.
Con base en el decreto que el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el 23 de abril en el Diario Oficial de la Federación, para enfrentar con medidas de austeridad en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal la pandemia de la COVID-19, la dependencia determinó cancelar el cargo que hoy ocupa Quiroga.
“Desde el inicio de su gestión, el subsecretario Francisco Quiroga impulsó una minería responsable, basada en el desarrollo socialmente incluyente y ambientalmente sostenible del sector”, destacó Economía en un comunicado.
Además, reconoció que algunos de los logros del Subsecretario fueron la instrumentación de protocolos sanitarios para proteger a los trabajadores mineros durante la reapertura de operaciones metalúrgicas durante la nueva normalidad en medio de los contagios del nuevo coronavirus.
Quiroga Fernández continuará laborando en a administración federal, pues “sentó las bases de una nueva minería en México. Continuaremos esa labor y a él le deseamos mucho éxito en los proyectos que emprenda”.
El hasta ahora funcionario es Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Obtuvo el título de Maestro en Economía por la Universidad de Yale y de Maestro en Operaciones con especialización en Sistemas Estocásticos por la Universidad de Auckland, en Nueva Zelandia.
En el estado de Guerrero se han llegado a acuerdos con el sector minero y el Gobierno para lograr el beneficio del estado, dijo el Presidente.
Reconoció, además, que su administración no ha dado más concesiones a mineras y menos a cielo abierto, que son las e mayor impacto ecológico.
Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno no ha dado más concesiones para la construcción de minas en el país, mucho menos las que son a cielo abierto por el impacto ecológico negativo que representan. Destacó tener buenas relaciones con los empresarios Germán Larrea, Alberto Ballères y Carlos Slim, principales inversionistas en el sector.
Desde el estado de Guerrero, el mandatario mexicano destacó su buena relación con la Minera México, así como con el Senador y lider sindicalista minero, Napoleón Gómez Urrutia.
“Ellos tienen diferencias que son públicas, pero en los dos casos hay respeto hacia nosotros y nos tienen confianza, de modo que sí vamos a intervenir como intermediarios para que se resuelva el problema”, aseguró sobre el conflicto que sostiene el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM) con el empresario por el accidente en Pasta de Conchos.
AMLO ofreció una conferencia hoy desde Acapulco, Guerrero. Foto: Gobierno de México.
López Obrador aseguró que en el estado de Guerrero se han llegado a acuerdos importantes con las empresas mineras. Hay proyectos en los que no es posible continuar, recalcó y aseguró que su Gobierno ya no autorizó concesiones para la explotación minera.
“Ya no hemos autorizado concesiones para la explotación minera ni en Guerrero ni en el país. Menos para la explotación de tierra a cielo abierto, porque tenemos que cuidar el medioambiente”, afirmó.
Dijo que donde ya existen minas que están trabajando, su Gobierno determinó normalizar la cuestión laboral. Como ejemplo destacó la mina de Telolopan hay una mina de Alberto Balleres, porque en ella se beneficia a los trabajadores, sobretodo jóvenes, porque es una fuente de trabajo, aseguró.
“Estamos trabajando con Minera México, el señor Larrea; con Alberto Ballères, son los dos mineros más importantes de México y el tercero es, creo, Carlos Slim. Esas son las mineras más importantes nacionales, las demás son canadienses”, aseguró.
Sin embargo, destacó que las minas son fuente de empleos, aunque generen cierta contaminación.
Manifestantes criticaron las acciones de las mineras canadienses en todo el mundo y se solidarizaron con los jefes hereditarios de los indígenas wet’suwet’en. Bloquearon una de las entradas al Centro de Convenciones de Toronto donde se celebrará PDAC del 1 al 4 de marzo.
Toronto (Canadá), 2 de marzo (EFE).- Varios centenares de personas se manifestaron este domingo en Toronto contra el sector de la minería en la primera jornada de PDAC, la mayor feria minera del mundo y a la que asistirán unas 30 mil personas, según datos de los organizadores.
Los manifestantes, convocados por varias organizaciones opuestas al desarrollo minero, criticaron las acciones de compañías mineras canadienses en todo el mundo y expresaron su solidaridad con los jefes hereditarios de los indígenas wet’suwet’en de Canadá, opuestos a la construcción de un gaseoducto en su territorio tradicional.
Las detenciones por parte de la Policía Montada de Canadá de wet’suwet’en y sus partidarios por bloquear la entrada en su territorio de los trabajadores que tienen que construir el gaseoducto han provocado que, durante semanas, grupos indígenas de todo el país efectúen bloqueos en vías férreas y carreteras en solidaridad.
Los manifestantes, algunos de ellos con pancartas criticando la Policía Montada y otras expresando su apoyo a los wet’suwet’en, bloquearon una de las entradas al Centro de Convenciones de Toronto donde se celebrará PDAC del 1 al 4 de marzo.
Otras pancartas reclamaban a dos compañías mineras canadienses, Inv Metals y Cornerstone, que abandonen sus operaciones en Ecuador. Inv Metals está desarrollando el proyecto Loma Larga, una mina de oro, plata y cobre en la provincia de Azuay ante la oposición de grupos comunitarios locales por el impacto en los recursos acuíferos de la región.
La semana pasada, la Corte Constitucional de Ecuador rechazó la solicitud de estos grupos para la celebración de un referéndum que determinase las actividades mineras en Azuay.
Por su parte, Cornerstone participa en el proyecto Cascabel, una mina de oro y cobre en la zona norte de Ecuador.
Precisamente hoy, en la apertura de PDAC, se celebró el Día de Ecuador en el que el viceministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables de Ecuador, Enrique Gallegos, junto con otras autoridades del país suramericano promovieron el sector para atraer inversores extranjeros.
Durante su presentación, Gallegos señaló que “se implementará el plan nacional minero de Ecuador, que será una herramienta fundamental para la consolidación óptima de las actividades mineras del país”.
En los últimos años, Ecuador ha dedicado numerosos esfuerzos para desarrollar una poderosa industria minera para que para el año 2021 el sector represente el 4 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), más del doble de lo que representa hoy en día.
A finales del año pasado, los planes de desarrollo minero a gran escala de Ecuador avanzaron con la entrada en funcionamiento de la mina Mirador, en la región amazónica del país, con inversión china valorada en mil 348 millones de dólares.
Según las autoridades ecuatorianas, Mirador está entre las 20 mayores minas de cobre del mundo.
Y a finales de este año, está previsto la entrada en funcionamiento de la mina de oro Fruta del Norte, también en la provincia de Zamora Chinchipe, un proyecto de la minera canadiense Lundin Gold.
Además de Ecuador, otros países latinoamericanos también están presentes este año en PDAC, ya sea con pabellones o con sesiones especiales para atraer inversores.
Mañana se celebran el Día de Argentina, el Día de Colombia y el Día de Perú para promover el potencial minero de los tres países. Además, Argentina, Chile, México y Perú cuentan con pabellones en la feria.
Con cifras el Inegi creció la producción de plomo, yeso, zinc, fluorita, plata y la de azufre y disminuyó la de coque, pellets de fierro, carbón no coquizable, oro y la de cobre.
Madrid, 28 de febrero (Economía Hoy).- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó la cifras del la industria minero metalúrgica durante el pasado mes de diciembre en donde se indica que la producción de la industria de México aumentó 0.6 por ciento.
En cifras desestacionalizadas la Producción Minerometalúrgica del país (referida a las actividades de extracción, beneficio, fundición y afinación de minerales metálicos y no metálicos) en su comparación anual, observó una caída de 0.3 por ciento durante diciembre del año pasado respecto al mismo mes de 2018.
En cifras preliminares el plomo tuvo un aumento de 13.3 por ciento durante el año pasado en comparación con el 2018, mientras que el oro retrocedió 14.7 por ciento en el mismo lapso.
Con cifras el Inegi señala que la producción minerometalúrgica ascendió 0.9 por ciento en el mes en cuestión con relación a la de diciembre de 2018; a su interior, creció la producción de plomo, yeso, zinc, fluorita, plata y la de azufre. Por el contrario, retrocedió la de coque, pellets de fierro, carbón no coquizable, oro y la de cobre.
Una demanda presentada por 14 familias de la República Democrática del Congo estableció que los niños, algunos de apenas 6 años, se vieron obligados por la extrema pobreza a abandonar la escuela y trabajar en las minas de cobalto que son propiedad de la británica Glencore, la que ha sido acusada previamente de usar mano de obra infantil.
El cobalto es esencial para fabricar baterías de litio recargables utilizadas en millones de productos vendidos por la industria tecnológica.
Ciudad de México, 18 de diciembre (Economía Hoy).- Cinco de las compañías tecnológicas más grandes del mundo fueron acusadas en Estados Unidos de ser cómplices de la muerte de niños en la República Democrática del Congo (RDC) al obligarlos a extraer cobalto, un metal utilizado para fabricar teléfonos y computadoras.
La demanda legal a nombre de 14 familias congoleñas fue presentada el domingo por International Rights Advocates, una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos, en contra de Tesla, Apple, Alphabet, Microsoft y Dell Technologies.
Las compañías habrían sido parte de un sistema de trabajo forzado que, según la demanda presentada por familiares de las víctimas, provocó lesiones graves e incluso la muerte. El documento judicial, presentado en la Corte de Distrito de Washington, mostró a niños con extremidades desfiguradas o mutiladas.
Seis de los 14 niños involucrados habrían muerto por el derrumbe de túneles. Otros sufrieron lesiones que cambiaron sus vidas, provocándoles incluso parálisis, detalló el documento.
“Estas compañías, las más ricas del mundo, dedicadas a la fabricación de aparatos tecnológicos de gama alta, han permitido que los niños sean mutilados y asesinados para obtener su cobalto barato”, dijo Terrence Collingsworth, el abogado que representa a las familias, a la Thomson Reuters Fundation.
El cobalto es esencial para fabricar baterías de litio recargables utilizadas en millones de productos vendidos por la industria tecnológica. Más de la mitad del metal que se produce a nivel mundial proviene del Congo.
La demanda dice que los niños, algunos de apenas 6 años, se vieron obligados por la extrema pobreza a abandonar la escuela y trabajar en las minas de cobalto que son propiedad de la británica Glencore, la que ha sido acusada previamente de usar mano de obra infantil.
En respuesta a una petición de comentarios, Dell dijo en un correo electrónico que nunca ha usado mano de obra infantil “deliberadamente” en sus operaciones y destacó que inició una investigación por las acusaciones.
Un portavoz de Glencore, en tanto, dijo que la producción de cobalto de la firma en el Congo es un derivado de su producción industrial de cobre y que no tolera “ninguna forma de trabajo infantil, forzada u obligatoria”.
Se estima que más de 40 millones de personas es víctima de formas modernas de esclavitud, como el trabajo y el matrimonio forzado, según Walk Free y la Organización Internacional del Trabajo.
Los agricultores del valle de Tambo se oponen a la construcción de la mina porque consideran que la explotación a tajo abierto contaminará las aguas de un río con las que riegan sus cultivos. En 2015 las protestas provocaron el declive de la popularidad del entonces presidente Ollanta Humala (2011-2016) y el proyecto también se paralizó tras meses de choques entre manifestantes y la policía.
Por Franklin Briceño
LIMA (AP) — Perú suspendió por tiempo indeterminado un proyecto de mil 400 millones de dólares, impulsado por la filial local de la mayor productora de cobre de México, que había provocado extendidas protestas de pobladores en un valle agrícola del sur.
El Ministro de Energía y Minas, Francisco Ismodes, informó a la televisora local N el viernes por la noche que la máxima autoridad administrativa en asuntos mineros decidió la suspensión “hasta que se resuelvan” los recursos de revisión presentados por los grupos de campesinos que protestan en el valle agrícola de Tambo en contra del proyecto. En los últimos días los manifestantes bloquearon un cercano puerto del Pacífico desde donde se exportan los minerales de otras minas.
Según Ismodes, se resolvió la suspensión porque “no se estaban generando los espacios de diálogo” que debían haber ocurrido luego que hace un mes el gobierno peruano le otorgó la licencia de construcción a la filial local del Grupo México, el mayor productor del metal rojo en ese país. Desde entonces los pobladores, que se oponen al proyecto minero llamado Tía María han protestado de forma creciente. Las manifestaciones no son nuevas, en 2015 dejaron cuatro muertos y 300 heridos.
Los agricultores del valle de Tambo se oponen a la construcción de la mina porque consideran que la explotación a tajo abierto contaminará las aguas de un río con las que riegan sus cultivos. En 2015 las protestas provocaron el declive de la popularidad del entonces presidente Ollanta Humala (2011-2016) y el proyecto también se paralizó tras meses de choques entre manifestantes y la policía.
Grupo México afirma que usarán agua de mar desalinizada y, para el transporte de sus suministros y producción de cobre, se construirá un ferrocarril industrial y una vía de acceso al proyecto “a distancia prudente del valle de Tambo”.
El gremio de las empresas mineras calificó a la decisión de “lamentable” e indicó que envía una pésima señal a los inversionistas locales y extranjeros. La minería constituye más del 60% del total de las exportaciones de Perú pero al mismo tiempo es la actividad que ha generado más conflictos socio-ambientales con las poblaciones locales, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo.
El país, un importante exportador global de minerales, es el segundo productor mundial de cobre y el sexto de oro.
De acuerdo con el Panorama Minero del Estado de Sinaloa, publicado por el Servicio Geológico Mexicano, en la entidad se han cedido a la minería 1 millón 750 mil hectáreas de las 5 millones 809 mil 200 que conforman la totalidad del territorio, es decir, casi una tercera parte (30.13 por ciento).
Al ubicar en el mapa los puntos para la explotación de oro, plata, cobre, plomo y zinc, se puede ver copada la franja de la Sierra Madre Occidental colindante con Chihuahua y Durango, donde nacen la mayoría de los ríos que atraviesan la entidad antes de desembocar en el Océano Pacífico.
“Extraen agua de los mantos freáticos y la devuelven contaminada; las concesiones son enormes y se encuentran ubicadas junto a arroyos o ríos”, explicó Sandra Guido, directora de la organización Conselva, Costas y Comunidades.
Por Sibely Cañedo
Sinaloa/Ciudad de México, 23 de septiembre (Noroeste/SinEmbargo).– El 30 por ciento del territorio de Sinaloa se encuentra concesionado a la minería, una de las industrias más intensivas en el uso de agua.
Si bien la vigencia de una concesión no siempre es igual a una mina activa, la mayoría cuenta con permiso para operar hasta por medio siglo y explotar los mantos acuíferos con regulaciones muy laxas, que no protegen a las poblaciones de posibles derrames contaminantes, advierte Conselva, Costas y Comunidades en voz de su directora ejecutiva, Sandra Guido.
Esto es especialmente riesgoso en una geografía como la sinaloense, caracterizada por sus once ríos, y su riqueza en afluentes y grandes represas, de los que depende la economía y la salud humana.
Es algo en lo que ha enfatizado esta asociación civil de la mano del colectivo Voces Unidas por el Agua, que amalgama a una serie de organizaciones, empresarios y activistas en el sur de Sinaloa en favor de la conservación de los recursos hídricos.
“Extraen agua de los mantos freáticos y la devuelven contaminada; las concesiones son enormes, pero cuando tú vas a las minas activas se encuentran ubicadas junto a arroyos o ríos, y esto se debe a los grandes volúmenes de agua que requiere la operación minera”, explicó la activista.
De acuerdo con el Panorama Minero del Estado de Sinaloa, publicado por el Servicio Geológico Mexicano (SGM) en agosto, en Sinaloa se han cedido a la minería 1 millón 750 mil hectáreas de las 5 millones 809 mil 200 que conforman la totalidad del territorio, es decir, casi una tercera parte (30.13 por ciento).
Al ubicar en el mapa los puntos para la explotación de oro, plata, cobre, plomo y zinc, se puede ver copada la franja de la Sierra Madre Occidental colindante con Chihuahua y Durango, donde nacen la mayoría de los ríos que atraviesan la entidad antes de desembocar en el Océano Pacífico.
En la imagen, la mina de Mocorito ubicada en Sinaloa. Foto: Noroeste
En total, son mil 951 concesiones otorgadas a empresas nacionales y extranjeras hasta 2015 en trece regiones: Choix, El Fuerte, San Blas, Sinaloa, Mocorito, Badiraguato, Culiacán, El Salado, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia y Rosario.
Aun cuando el documento no aporta información más reciente, la política del Gobierno del Estado ha sido de puertas abiertas a la industria extractiva, a la cual se ha incluido en las actividades económicas estratégicas. Incluso goza de estímulos y facilidades para la inversión.
En marzo, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel instaló el Comité para la Competitividad del Sector Minero por el cual, se informó, había llegado a Sinaloa una inversión de 2 mil millones de pesos a través de distintos proyectos.
Un mes después en el IV Seminario de Inversión y Promoción Minera, el secretario de Desarrollo Económico, Javier Lizárraga Mercado, expuso que la minería tiene amplio potencial en el estado por aportar desarrollo en zonas marginadas y atraer inversión extranjera directa. Sin embargo, hasta el último año este sector no rebasaba el 1% del PIB.
En total, son mil 951 concesiones otorgadas a empresas nacionales y extranjeras hasta 2015 en trece regiones de Sinaloa. Foto: Noroeste.
MINAS ACABAN CON EL AGUA
Según un estudio de la iniciativa Cartocrítica, la industria minera extrajo casi 437 millones de metros cúbicos de agua durante 2014.
“Esto es agua suficiente como para cubrir las necesidades humanas de toda la población de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit durante el mismo periodo”, ejemplifica el informe.
Los grupos mineros más voraces fueron Grupo México, Goldcorp Inc, Arcelor Mitlal México, Primero Mining Corporation y Pondercel, de acuerdo con la revisión realizada al Registro Público de Derechos de Agua (Redpa).
En Sinaloa se expidieron ocho títulos de concesión de aguas nacionales a compañías mineras. Y en ese año extrajeron 1 millón 483 mil 613.70 metros cúbicos, en un estado donde las actividades económicas compiten fuertemente por el agua, recurso que en mayor proporción es acaparado por el sector agrícola.
Los títulos se hallaban a nombre de: Minerales y Minas Mexicanas SA de CV, First Majestic Silver Corporation, Minera Río Tinto SA de CV, Cementos Sinaloa SA de CV, Minas San Luis SA de CV, Minera Humaya SA de CV y Grupo Calidra SA de CV, que operan en el centro, norte y sur del estado.
En una consulta de Noroeste a las concesiones otorgadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se hallaron autorizaciones adicionales, expedidas de 2015 a la fecha.
Entre ellas aparecen Met Sin Industriales SA de CV (547,500 m3); Oro Gold México SA de CV con dos concesiones donde no se especifica el volumen autorizado para su captación. También se encontró una de 2010 que no había sido contemplada en el primer estudio, otorgado a Minera La Rastra (209,920 m3).
Para Conselva, es preocupante debido a que ya hay mantos freáticos sobreexplotados, mientras el Servicio Geológico Mexicano no considera variables como la localización de cuerpos de agua o poblaciones para seguir autorizando permisos a la minería.
LAS CONCESIONES
Si bien la minería se ha desarrollado en Sinaloa desde la Colonia, la apertura de las autoridades locales se ha visto reflejada en un nuevo auge. Desde 2002, se ha mantenido la tendencia creciente tanto en el número de permisos como en el territorio concesionado. Ese año, se habían expedido 894 permisos sumando los de explotación y exploración en un total de 385 mil hectáreas.
Tres años después, por cambios en la Ley Minera, se expide la concesión única, lo que ha facilitado la tramitología a los consorcios mineros, a tal grado que para 2006 ya iban más de 676 mil hectáreas, distribuidas en mil 138 permisos.
Ni los enfrentamientos entre grupos armados en la zona serrana, durante la guerra contra el narcotráfico del ex Presidente Felipe Calderón, detuvieron la liberación de permisos para la explotación de minerales, ya que el crecimiento se potenció a partir de 2009. Ese año el valor de la producción minera subió de 976.19 millones de pesos, a mil 944.46 millones, con la explotación de oro, plata, cobre, plomo, zinc y fierro.
Y así continuó hasta llegar a un pico, en 2014, de 7 mil 248 millones de pesos. A partir de ahí vino un descenso motivado, en parte, por la baja de los metales en el mercado internacional.
Sin embargo, son varios factores por los cuales la minería no genera los beneficios esperados para los municipios donde se establece ni para sus habitantes. Así lo explica Juan Manuel Mendoza Guerrero, líder del Cuerpo Académico Movimiento Migratorio y Desarrollo Regional de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAS.
En primer lugar señala los costos ambientales, sobre todo la contaminación de mantos freáticos, a las que describió como externalidades que no se valoran en el corto plazo por los promotores del desarrollo económico, pero luego resultan costosos para las comunidades locales.
Y en segunda, que los impuestos no se quedan en los municipios debido a que los domicilios fiscales de las empresas se ubican en otras regiones o países.
“El debate de fondo está entre quienes le apuestan al progreso a corto plazo y quienes ven las consecuencias para el medio ambiente, donde muchos de los impactos no los vemos, como el de la contaminación de los mantos freáticos, hasta que se empiezan a ver daños en la salud de animales o de personas”, reflexionó.
Autor de un estudio del Producto Interno Bruto en los municipios de Sinaloa, auspiciado por el Codesin, el académico comentó que los municipios mineros fueron los que arrojaron menores aportaciones al PIB, por lo menos de 2006 a 2012 en que se hizo la investigación.
Si bien se creó el Fondo Minero con la Reforma Fiscal de 2014 para impulsar obras de impacto social en zonas de extracción minera, con la recaudación del 3 por ciento del valor promedio de producción, en Sinaloa no se han evaluado aún los impactos de esta política pública.
De otro lado, Mendoza apuntó que gran parte de las compañías son extranjeras que evaden una normativa más estricta en sus países, y al trabajar en condiciones relajadas les permiten ampliar operaciones y su margen de utilidad.
¿QUIÉN PROTEGE EL AGUA?
La propuesta de Conselva es revisar la legislación estatal y regular la ubicación de plantas mineras para impedir contaminación en ríos y embalses.
Además de crear un padrón real de quienes se dedican la minería y evitar derrames de jales mineros, como el ocurrido en Pánuco en 2014, y el de este año en Urique, Chihuahua, cuyos residuos habrían llegado al río Fuerte en Sinaloa.
Y es que a pesar de que el marco legal que regula la extracción de minerales es del ámbito federal, los gobiernos estatales pueden recurrir a instrumentos jurídicos para proteger al agua y a sus ciudadanos, señaló Sandra Guido.
Aclaró que el tema no compete sólo a las leyes en materia ambiental, sino a otras que tienen que ver con el desarrollo económico y urbano.
“Aunque hay una legislación federal, es importante que el estado regule la ubicación de la minas, porque es el que a final de cuentas se queda con los residuos y los impactos”, resaltó.
Algo que agrava los riesgos, dijo, es que hay un número indeterminado de gambusinos que trabajan con mercurio, una sustancia altamente tóxica, que no entran en el marco de las leyes federales.
“Son irregulares pero tampoco se les puede llamar ilegales”.
Aunque por otro lado, también se desarrolla la minería ilegal con empresas que no presentan manifestaciones de impacto ambiental, acusó la investigadora, quien es bióloga y maestra en ecología marina.
La problemática es extensa y compleja en todo el estado, pero en el sur de Sinaloa, Conselva ve puntos críticos en los embalses del río Baluarte, donde opera una gran cantidad de minas, y en el ya señalado río Pánuco del municipio de Concordia.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
